Auto 255/19

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: Expediente ICC- 3630

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) y el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia).

 

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

 

Bogotá, D. C., veintidós (22)  de mayo dos mil diecinueve (2019).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 7 de febrero de 2019, el señor José Alejandro Echavarría Uribe, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela contra la Secretaría de Movilidad de Bello (Antioquia), en procura de obtener la protección de su derecho fundamental de petición. Lo anterior, por cuanto la accionada no ha dado respuesta a una solicitud  formulada el 10 de enero del año en curso mediante la cual requirió información relacionada con un comparendo electrónico que le fue impuesto en el referido municipio de Bello^[1].

 

Se advierte que dentro de la aludida petición, el accionante solicitó ser notificado de la respuesta a su requerimiento en una dirección ubicada en Medellín^[2].

 

2. Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia), autoridad judicial que mediante auto del 08 de febrero de 2019, ordenó remitir el expediente a los juzgados Municipales de Medellín (Antioquia) para que adelantaran la actuación judicial correspondiente.

 

Fundamentó dicha decisión en que, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes para conocer, a prevención, “(…) los jueces del lugar donde ocurrió la violación o la amenaza que motivó presentación de la acción de tutela”^[3] . En ese orden, estimó que comoquiera que el actor solicitó ser notificado de su petición en la ciudad de Medellín, es allí el lugar donde ocurre la presunta vulneración de los derechos invocados^[4], motivo por el cual,  concluyó que son los jueces de la categoría de municipales de la aludida ciudad los llamados a darle trámite a la acción constitucional de la referencia.

 

 3. Efectuado nuevamente el reparto, el expediente fue asignado al Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Medellín, el cual, a través de auto del 14 de febrero de 2019, propuso un conflicto negativo de competencia en relación con el asunto. Sobre particular, precisó que el actor “(…) escogió de manera libre los Despachos Judiciales del Municipio de Bello para tramitar su solicitud, atendiendo a que el demandado tiene su sede administrativa en aquella población, luego es el lugar donde se produjo la presunta vulneración de los derechos reclamados.

 

En ese orden, estimó que, en virtud de la competencia “a prevención”, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) era la autoridad competente para resolver la acción de tutela de la referencia, debido a que es allí donde se generó la violación del derecho que se persigue. Así mismo, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que se ocupe de dirimir el conflicto propuesto.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[7]. 

 

Cabe resaltar que en el presente asunto el conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Medellín, en razón de sus funciones para resolver conflictos de competencia dentro de la justicia ordinaria^[8]. Sin embargo, en aplicación de los referidos principios de celeridad y eficacia, este Tribunal, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional y de su competencia residual, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.

 

2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 superior y 8° transitorio del título transitorio de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[10] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a un fallo de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[11] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[12].

 

3. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[13], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[14].

 

4. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante^[15] https://mail.google.com/mail/u/0/ - m_5572200927865173118__ftn3o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[16]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i. Se planteó un conflicto negativo de competencia fundado en diferentes interpretaciones del factor territorial. Por una parte, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) estimó que no era competente para conocer de la acción de tutela de la referencia por cuanto consideró que en tanto el actor solicitó ser notificado en Medellín de su derecho petición, es allí donde se produce la vulneración del derecho que invoca. Y por otra, el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Medellín estimó que si bien los efectos de la presunta vulneración se extienden a Medellín dado que es allí donde el accionante esperaba recibir la respuesta de su petición, es en el Municipio de Bello donde, en efecto, se origina la afectación del derecho reclamado, por cuanto es la sede administrativa de la accionada.

 

ii. Tanto el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) como el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Medellín tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela en el presente caso. El primero (Bello) por cuanto es el lugar donde la autoridad accionada debe emitir la respuesta a la petición radicada desde el 10 de enero del año en curso, es decir, donde se presenta la vulneración alegada. Y el segundo (Medellín) ya que es en donde el actor debía recibir la respuesta a su solicitud y, en consecuencia, donde se  proyectan los efectos de la presunta vulneración.

 

iii. Así las cosas, esta Corporación dará prevalencia a la elección que el actor hizo “a prevención” y, de esa manera, remitirá el expediente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia), ya que este fue el lugar elegido por el accionante para instaurar el recurso de amparo.  

 

2. Con base en lo anterior, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 08 de febrero 2019 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por José Alejandro Echavarría Uribe contra la Secretaría de Movilidad de Bello (Antioquia). En consecuencia, se remitirá el expediente ICC 3630 a la autoridad judicial en mención, para que, de manera inmediata, tramite y profiera, en primera instancia, la decisión de fondo que haya lugar.

 

3. Así mismo, advertirá al Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Medellín (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018^[17]

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 08 de febrero de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia), mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela impetrada por José Alejandro Echavarría Uribe contra la Secretaría de Movilidad de Bello (Antioquia).

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3630 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Bello (Antioquia) para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Medellín que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia)

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.                                           

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General