Auto 303/19

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

JURISDICCION CONSTITUCIONAL-No corresponde a quienes la ejercen determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3647

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto (Nariño) y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Pasto (Nariño).

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1. El señor Silvio Cesar Burbano Ordóñez, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, formuló acción de tutela contra la Secretaría de Promoción y Asistencia Social de Pasto, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, salud y dignidad humana.

 

2. La referida acción de tutela fue repartida al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto. Dicha autoridad judicial, mediante auto de 24 de abril de 2019, declaró su falta de competencia para resolver la acción de tutela y ordenó remitir el expediente a la oficina de apoyo judicial de Pasto para su correspondiente reparto entre los jueces del circuito^[1].

 

Fundamentó tal decisión en que, a partir del estudio de la acción de tutela, las pretensiones se dirigían a reclamar desembolsos del programa “Más Familias en Acción”, coordinado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el cual es un organismo del orden nacional.

 

Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, según el cual las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, deben ser repartidas entre los jueces del circuito o con igual categoría, declaró su falta de competencia para resolver la acción de tutela.  

 

3. Efectuado el reparto correspondiente, el expediente fue asignado al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Pasto el cual, a través de auto de 29 de abril de 2019, se abstuvo de asumir el conocimiento de la solicitud de amparo y provocó el conflicto de competencia negativo.

 

El fallador consideró que el argumento propuesto por el despacho remitente no era de recibo, por cuanto “en los municipios, la operación del programa [Más Familias en Acción] recae directamente en las alcaldías”^[2]. Por tanto, explicó que la entidad responsable de la presunta vulneración era el municipio de Pasto.

 

Adicionalmente, sostuvo que el conocimiento de la acción de tutela correspondía al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto debido a que fue la primera autoridad con competencia a la cual se asignó el expediente y en razón a la prohibición de promover conflictos aparentes de competencia con fundamento en reglas administrativas de reparto.

 

En consecuencia, ordenó remitir el expediente de la referencia a esta Corporación.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[3]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[4] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[5].

 

2. En el presente asunto, la Ley 270 de 1996 no definió cual autoridad judicial debía resolver el conflicto de competencia que se suscita entre los despachos involucrados, quienes orgánicamente pertenecen a distintas jurisdicciones. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° del Título Transitorio^[6] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991^[7], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i)                el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[8];

 

(ii)             el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial^[9]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[10]; y

 

(iii)           el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[11] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[12].

 

4. Igualmente, la Corte ha aclarado que los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente Decreto 1382 de 2000)^[13] regulan el procedimiento de reparto y, en ningún caso, definen la competencia de los despachos judiciales. Por tanto, esta Corporación ha establecido que la observancia de dicho acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en el mismo son meramente de reparto^[14].

 

5. Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones, aunque fueron modificadas por el Decreto 1983 de 2017, conservan la naturaleza de reglas de reparto y, por tanto, solo fijan pautas para realizar el reparto de las acciones de tutela. En esa medida, se insiste, no definen reglas de competencia en materia de amparo constitucional y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza.

 

En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.

 

6. Por otra parte, ha dispuesto la Corte en múltiples pronunciamientos que debe rechazarse la postura de aquellos jueces que analizan de manera preliminar la admisión de la demanda y toman determinaciones respecto de la conformación del contradictorio, a fin de declarar su incompetencia para resolver el fondo del asunto, bajo el argumento de que la inclusión o modificación de entidades demandadas altera tal competencia^[15].

 

En consecuencia, este Tribunal ha destacado que el juez a quien debe repartirse el expediente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de tutela y, de ningún modo, a partir del análisis de fondo de los hechos narrados debido a que tal estudio no procede en el trámite de admisión. En efecto, no es admisible para la autoridad judicial llevar a cabo un juicio a priori sobre quien es el responsable de la violación o amenaza del derecho fundamental ya que ello pertenece al fondo del asunto y es, precisamente, el objeto de estudio de la sentencia respectiva^[16].

 

III.    CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.       Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto tomó las reglas de reparto contenidas en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.

 

ii.     El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia. No obstante, dicha conducta afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante.

 

iii.  La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por El señor Silvio Cesar Burbano Ordóñez es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto.

 

2. Igualmente, la Corte Constitucional debe resaltar que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto analizó el fondo del asunto fuera de la etapa procesal correspondiente, al pronunciarse sobre la integración del contradictorio de la acción de tutela en el momento de determinar su competencia. De esta manera, se apartó de la posición que este Tribunal ha establecido, de conformidad con la cual el reparto de una acción de tutela debe responder únicamente a las entidades o personas indicadas como accionadas en ella.

 

3. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 24 de abril de 2019 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto, dentro del proceso de tutela promovido por Silvio Cesar Burbano Ordóñez, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, contra la Secretaría de Promoción y Asistencia Social de Pasto.

 

En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-3647, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.

 

3. Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 24 de abril de 2019 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por Silvio Cesar Burbano Ordóñez, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, contra la Secretaría de Promoción y Asistencia Social de Pasto.

 

SEGUNDO.- REMITIR el expediente ICC-3647 al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pasto que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

CUARTO.- Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Pasto la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Ausente en comisión

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Ausente en comisión

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General