Auto 323/19

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3668

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal para Adolecentes con Función de Control de Garantías de Bogotá y la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.  

 

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

 

 

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                La ciudadana Magda Carolina Restrepo Cifuentes instauró acción de tutela contra el Grupo de Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial -Bogotá- al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y a vivir en libertad, como consecuencia de la omisión por parte del accionado de levantar una orden de captura que se encuentra a su nombre^[1], ocasionándole “graves perjuicios” pues, asegura que, al momento de solicitarle documentos en la calle por parte de la Policía Nacional, la han intentado privar de la libertad en varias ocasiones.

 

2.                Por reparto, el conocimiento de la tutela le correspondió al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien, a través de Auto del 12 de abril de 2019 se declaró sin competencia para asumir el conocimiento y trámite de la misma, al considerar que carecía de competencia atendiendo al que denominó como “factor funcional”. A su parecer, resultaba necesario efectuar el reparto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017; motivo por el cual remitió de forma inmediata la acción de tutela al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y Cundinamarca, haciendo salvedad de que, en caso de no admitirse la remisión, debería plantearse el conflicto negativo de competencia^[2].

 

3.                Con posterioridad, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de Auto con fecha del 24 de abril de 2019, señaló que el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá desconoció que, de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000 y los Autos 124 y 198 de 2009, el proceso debe remitirse al funcionario que le correspondió en principio la demanda.

 

En consecuencia, decidió remitir el expediente al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, para que resuelva lo pertinente en la acción de tutela^[3].

 

4.                Como consecuencia de la anterior decisión, el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante Auto del 30 de abril de 2019, reiteró lo establecido en el Auto del 12 de abril de 2019, propuso el conflicto excepcional y negativo de competencias y remitió de manera inmediata las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que resuelva el presente conflicto de competencias suscitado^[4].

 

II.          CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6]. En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018^[7], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[8].

 

En este sentido, si bien el conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en razón de sus funciones para resolver conflictos de competencia dentro de la justicia ordinaria, de conformidad al artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[9]; en aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, este Tribunal, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional y de su competencia residual, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.

 

2.                La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes^[10]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[11]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”  en los términos establecidos en la jurisprudencia^[12].

 

3. Por otro lado, esta Corporación ha señalado que la aplicación de las reglas previstas en el Decreto 1069 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y recientemente modificadas por el Decreto 1983 de 2017 “por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”, no autorizan al juez de tutela para abstenerse de conocer de los asuntos de amparo que le son asignados, en la medida en que únicamente se refieren a reglas administrativas de reparto, pero no hacen alusión a la competencia de las autoridades judiciales.

 

En razón a ello, el parágrafo segundo del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia". Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones conservan la naturaleza de reglas de reparto en las acciones de tutela. En esa medida, no definen reglas de competencia en materia de tutela y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza.

 

III.           CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.     Se configuró un conflicto aparente de competencia, debido a que el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió aplicar las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de avocar el conocimiento de la tutela de la referencia. Así, dicha autoridad judicial le otorgó un alcance inapropiado a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico, pues, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, éstas normas contienen pautas de reparto; además se evidencia que el mismo cumple con los presupuestos para ser el competente tanto por factor territorial^[13], funcional y subjetivo de acuerdo a la Ley y la jurisprudencia.

 

ii.  En este orden de ideas, la autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por Magda Carolina Restrepo Cifuentes contra el Grupo de Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial -Bogotá-, es a quien primero le fue repartida la misma, esto es, al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá.

 

iii.    Adicionalmente, resulta necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá no podía desprenderse del conocimiento de ésta por razones de reparto, pues, ello implicaría una interponer barreras al acceso a la administración de justicia.

 

Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 12 de abril de 2019 por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, dentro de la acción de tutela formulada por Magda Carolina Restrepo Cifuentes contra el Grupo de Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial -Bogotá-. En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3668 a la mencionada autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Asimismo, se advertirá al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá que, en lo sucesivo, se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que le son repartidas, con base en las reglas contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

 

Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 12 de abril de 2019 proferido por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela presentada por la ciudadana Magda Carolina Restrepo Cifuentes contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial -Bogotá-. 

 

Segundo. - REMITIR el expediente ICC-3668 al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.

 

Tercero. ADVERTIR al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá que, en lo sucesivo, se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que les son repartidas con base en las reglas contenidas en el Decreto 1983 de 2017.

 

Cuarto. ADVERTIR al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Quinto. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y a la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Ausente en comisión

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Ausente en comisión

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General