Auto 441/19

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Reglas que deben observarse en caso de reparto caprichoso o arbitrario

 

“(i) El incumplimiento de las normas de reparto no autoriza al juez a remitir la acción de tutela a otra autoridad judicial, salvo que el fallador verifique que el reparto transgrede de manera manifiesta y evidente principios esenciales de la administración de justicia; (ii) La existencia de reparto caprichoso o arbitrario debe establecerse en cada caso concreto; (iii) Respecto de acciones de tutela contra autoridades judiciales (numeral 5º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017), en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente a su especialidad^[29]. En síntesis, el respeto por el principio de jerarquía es un elemento que descarta la existencia de reparto caprichoso o arbitrario; (iv) En contraste, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta reparto caprichoso o arbitrario cuando se transgrede el principio de jerarquía, como en el caso de la distribución equivocada de las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales emanadas de las Altas Cortes; (v) En todo caso, el juez debe verificar que es competente en virtud del factor territorial”.

 

 

Referencia: expediente ICC-3697

 

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil-Familia Unitaria y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué

 

Magistrada Ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá D. C., catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El ciudadano Juan Diego López Pulecio presentó acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (Tolima), pues consideró vulnerados sus derechos “a la debida notificación”^[1] y al debido proceso. Esto, en razón de que la citación para la notificación personal de un embargo en su contra dentro de un proceso ordinario laboral adelantado por la autoridad accionada fue remitida a una dirección en Guamo, pero alega que reside en México desde 2012, por lo que no tuvo conocimiento de la actuación^[2].

 

2. El conocimiento de la acción de tutela fue asignado a la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que mediante providencia del 14 de junio de 2019, resolvió declarar su falta de competencia^[3]. Argumentó que,

 

“pese a que esta Sala ostente la calidad de superior funcional del Juzgado Civil del Circuito del Guamo, lo cierto es que dada la naturaleza laboral sobre la que recae el recurso de amparo es que [sic] deban remitirse las presentes diligencias a la Sala correspondiente de este Tribunal para lo de su competencia”^[4].

 

La autoridad judicial se basó en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, que señala que “las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”. Por lo tanto, resolvió remitir las diligencias a la Oficina Judicial para que se repartieran a la Sala Laboral del Tribunal.

 

3. El asunto fue repartido a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Por medio de Auto del 20 de junio de 2019, dicha autoridad ordenó remitir el expediente a la Sala Civil-Familia Unitaria del mismo Tribunal, que originalmente lo había recibido^[5]. Anotó que las disposiciones citadas por la Sala Civil-Familia Unitaria son simples reglas de reparto, que no determinan la competencia para el conocimiento de las acciones de tutela y no autorizan al juez para declararse incompetente. Adicionalmente, dispuso que, como juez de tutela, el funcionario no obra como juez civil, laboral, penal, o de lo contencioso administrativo, por lo que no falla únicamente sobre derechos o causas que correspondan a su especialidad:

 

 “Así que la función que se realiza en materia de tutela es constitucional, como parte de la jurisdicción constitucional, siendo entonces, para el caso de Jueces del Circuito, su superior funcional, el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo, y no una de sus Salas”^[6].

 

4. Al recibir de nuevo el expediente, la Sala Civil-Familia Unitaria planteó, mediante providencia del 21 de junio de 2019^[7], que “si era el deseo del Despacho de la Sala Laboral rechazar la asignación por reparto de clamor constitucional (…), lo correcto (…) era haber planteado el conflicto negativo, eventualidad que al no acontecer, impone a la suscrita hacerlo”. Para sustentar esta determinación, citó una providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que señaló que, en la medida que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 solo establece la competencia “preventiva y territorial”, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015^[8] introdujo “pautas funcionales en dicha materia, para predeterminar el conocimiento de los asuntos entre diferentes autoridades judiciales y corporaciones”^[9].

 

Adicionalmente, indicó que el Juzgado Civil del Circuito de Guamo conoció del proceso ordinario laboral en virtud de una norma del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que dispone que donde no haya juez laboral del circuito, los procesos asignados a ellos deben ser conocidos por los jueces civiles^[10]. Por consiguiente, argumentó que, en este caso particular, el superior jerárquico del juzgado mencionado es la Sala Laboral del Tribunal. Por lo anterior, de acuerdo con el literal e del artículo 6 del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, que asigna a la Sala de Gobierno de los tribunales superiores de distrito judicial la función de resolver los conflictos que surjan entre los magistrados por el reparto de los asuntos sometidos a las salas especializadas, la Sala Civil-Familia Unitaria ordenó remitirle el asunto a tal Sala.

 

5. Mediante Acta No. 51 del 25 de junio de 2019^[11], la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué acordó por mayoría que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el conocimiento de la acción de tutela correspondía, por reparto, en primera instancia, a la Sala Laboral, por ser el superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso ordinario cuya actuación es atacada. En consecuencia, la Sala de Gobierno ordenó remitir el expediente a la Sala Laboral de la Corporación.

 

6. Tras recibir nuevamente el asunto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal ya referido, mediante Auto del 27 de junio de 2019^[12], consideró que debía inaplicar lo resuelto por la Sala de Gobierno del mencionado Tribunal y declararse incompetente para conocer de la acción, por lo que propuso conflicto negativo de competencia. Así, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional, como superior jerárquico en materia constitucional, para que resuelva el conflicto. Esto, dado que lo cuestionado por la Sala Civil-Familia de este Tribunal

 

“siempre fue su falta de competencia para conocer de la acción y no una simple discusión sobre reglas de reparto respecto de una acción constitucional, como lo entendió la Sala de Gobierno, órgano al interior de la Corporación que no tiene por Ley funciones jurisdiccionales sino administrativas”^[13].

 

Adicionalmente, manifestó que la acción de tutela fue interpuesta contra el Juzgado Civil del Circuito de Guamo, despacho de la jurisdicción civil, que por excepción conoce causas laborales, por lo que su superior funcional es la Sala Civil-Familia.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia, en materia de tutela, les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[14]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[15]. En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018^[16], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[17].

 

En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[18], el conflicto de competencia propuesto debería ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué por conducto de sus Salas Mixtas. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes^[19]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[20]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia^[21].

 

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia^[22].

 

4. En cualquier caso, esta Corporación ha aclarado de manera reiterada que, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso o arbitrario, las consideraciones expuestas no impiden (i) que la autoridad judicial que conozca una controversia suscitada con base en reglas de reparto devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial; o (ii) que la autoridad que recibe una acción de tutela como resultado de un reparto de las características mencionadas la remita a la autoridad que la deba conocer de conformidad con las reglas ya mencionadas^[23]. El reparto de una acción de tutela es caprichoso o arbitrario cuando existe una “manipulación grosera”^[24] o una “tergiversación manifiesta”^[25] de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes”^[26]; o en aquel “en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”^[27].

 

5. En relación con este punto, la Sala Plena ha establecido una serie de criterios para determinar si se configura un reparto caprichoso o arbitrario^[28]:

 

“(i) El incumplimiento de las normas de reparto no autoriza al juez a remitir la acción de tutela a otra autoridad judicial, salvo que el fallador verifique que el reparto transgrede de manera manifiesta y evidente principios esenciales de la administración de justicia.

 

(ii) La existencia de reparto caprichoso o arbitrario debe establecerse en cada caso concreto.

 

(iii) Respecto de acciones de tutela contra autoridades judiciales (numeral 5º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017), en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente a su especialidad^[29]. En síntesis, el respeto por el principio de jerarquía es un elemento que descarta la existencia de reparto caprichoso o arbitrario^[30].

 

(iv) En contraste, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta reparto caprichoso o arbitrario cuando se transgrede el principio de jerarquía, como en el caso de la distribución equivocada de las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales emanadas de las Altas Cortes^[31].

 

(v) En todo caso, el juez debe verificar que es competente en virtud del factor territorial”.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, en la medida que la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué usó indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la acción de tutela de la referencia. De esa manera, les otorgó un alcance inexistente y contrarió la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual tales reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.

 

Así mismo, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal, en un primer momento, anotó que las disposiciones citadas por la primera Sala son simples reglas de reparto, que no determinan la competencia para el conocimiento de las acciones de tutela y no autorizan al juez para declararse incompetente. No obstante, tras recibir nuevamente el asunto, consideró que no era la autoridad competente porque en realidad se estaba discutiendo la competencia para conocer de la acción de tutela.

 

2. Con base en las consideraciones expuestas, la Sala encuentra que ninguna de las autoridades judiciales mencionadas estaba facultada para declarar su falta de competencia o para abstenerse de tramitar la acción de tutela con base en reglas de reparto. Al plantear una controversia estrictamente relacionada con las reglas aplicables al reparto de la acción de tutela desconocieron, entre otros, los principios de celeridad, sumariedad y eficacia que rigen el trámite de dicha acción, así como su naturaleza, en cuanto mecanismo constitucional dirigido a la resolución inmediata de una vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Así las cosas, la Corte encuentra que, en la medida que, por regla general, los jueces y corporaciones judiciales no tienen facultad alguna para separarse del trámite de una solicitud de amparo en virtud del supuesto incumplimiento de una regla de reparto, el literal e del artículo 6 del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura no tiene, en principio, aplicación en un proceso de tutela. El carácter célere, sumario y muchas veces urgente de la acción de tutela no permite que en su trámite se propongan “conflictos de reparto”, cuya resolución, en virtud del Acuerdo mencionado, correspondería a las salas de gobierno de los tribunales superiores de distrito judicial.

 

3. Adicionalmente, este Tribunal no encuentra que en el presente caso se haya repartido la acción de tutela de manera caprichosa o arbitraria. Esta Corporación consideró recientemente, en los autos 267^[32], 269^[33] y 417^[34] de 2019, en relación con las acciones de tutela contra autoridades judiciales, que “en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente”^[35] a la especialidad de la autoridad accionada. Por consiguiente, en estos casos, al resolver controversias planteadas como resultado de la regla de reparto respectiva^[36], “salvo que la situación pueda considerarse evidente y manifiestamente caprichosa”^[37], el expediente debe remitirse a la primera autoridad con competencia a la que fue repartido.

 

En consecuencia, en este caso, no se observa que haya existido una asignación caprichosa o arbitraria de la acción de tutela, pues no hubo una manipulación manifiesta o evidente de las reglas de reparto. Se destaca que el asunto fue repartido, desde el principio, a una autoridad judicial con competencia y no se subvirtió el principio de jerarquía de la Rama Judicial.

 

4. La Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la acción de tutela, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó su conocimiento. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena, en primer lugar, inaplicará el Acta No. 51 del 25 de junio de 2019, en la que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué determinó que la acción de tutela debía ser conocida por la Sala Laboral del mismo Tribunal. En segundo lugar, dejará sin efectos los autos del 14 y del 21 de junio de 2019, proferidos por la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dentro del trámite de la acción de tutela formulada por Juan Diego López Pulecio contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3697 a la autoridad judicial referida, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar. Adicionalmente, la Sala advertirá a dicha autoridad judicial y a la Sala Quinta de Decisión Laboral del mismo Tribunal que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia plantear conflictos de competencia o abstenerse de tramitar una acción de tutela con fundamento en reglas de reparto.

 

5. Así mismo, advertirá a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué —autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación— que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional^[38].

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- INAPLICAR el Acta No. 51 del 25 de junio de 2019, en la que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué determinó que la acción de tutela formulada por Juan Diego López Pulecio contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (Tolima) debía ser conocida por la Sala Laboral del mismo Tribunal.

 

Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS los autos del 14 y del 21 de junio de 2019 proferidos por la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por Juan Diego López Pulecio contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (Tolima).

 

Tercero.- REMITIR el expediente ICC-3697 a la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Cuarto.- ADVERTIR a la Sala Civil-Familia Unitaria y a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia, plantear conflictos de competencia o abstenerse de tramitar una acción de tutela con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Quinto.- ADVERTIR a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

 

Sexto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

Ausente en comisión

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO

 JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

AL AUTO 441/19

 

 

Referencia: Expediente ICC 3697

 

Asunto: Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil-Familia Unitaria y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

 

Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera.

 

 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento aclaración de voto al auto proferido en el asunto de la referencia.

 

1. En esta oportunidad, se originó una controversia entre la Sala Civil-Familia Unitaria y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, sobre la acción de tutela presentada por el señor Juan Diego López Pulecio, en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (Tolima), por encontrar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, pues al interior de un proceso ordinario laboral, la notificación personal de un embargo en su contra le fue remitida a una dirección en Guamo, a pesar de que reside en México desde 2012, por lo que no tuvo conocimiento de la actuación.

 

Por reparto, el asunto fue asignado a la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, autoridad judicial que mediante auto del 14 de junio de 2019 declaró su falta de competencia para decidir el asunto de amparo, comoquiera que en virtud del numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, las acciones de tutela dirigidas contra los jueces o tribunales deben ser repartidas al respectivo superior funcional de la autoridad judicial accionada.

 

En esa medida, la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué señaló que, aunque “ostente la calidad de superior funcional del Juzgado Civil del Circuito de Guamo, lo cierto es que dada la naturaleza laboral sobre la que recae el recurso de amparo es que deban remitirse las presentes diligencias a la Sala correspondiente de este Tribunal para lo de su competencia” (sic).

 

En razón de lo anterior, el asunto fue repartido a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual, a través de auto de 20 de junio de 2019, ordenó remitir el asunto nuevamente a la Sala Civil-Familia Unitaria del mismo Tribunal al estimar que lo argumentado por esa autoridad son simples reglas de reparto que no autorizan al juez para declararse incompetente.

 

La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué suscitó el conflicto de competencia negativo, al considerar que Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (Tolima) conoció del proceso laboral en virtud del artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social siendo su superior jerárquico la Sala Laboral del Tribunal. En ese orden, remitió el expediente a la Sala de Gobierno de los tribunales superiores de distrito judicial para que resolviera el conflicto de competencia suscitado.

 

Mediante Acta No. 51 del 25 de junio de 2019, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué acordó que el conocimiento de la acción de tutela correspondía a la Sala Laboral ordenando la remisión del expediente para que dicha autoridad diera trámite al escrito de tutela.

 

No obstante, la Sala Quinta de Decisión Laboral de ese Tribunal mediante auto del 27 de junio de 2019, consideró que debía inaplicarse lo resuelto y propuso conflicto negativo remitió el expediente a la Corte Constitucional. 

 

2. En ese escenario, el pleno de esta Corporación, a través del Auto 441 de 2019, inaplicó el acta por medio de la cual la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué envió la acción de tutela a la Sala Laboral del mismo Tribunal y dejó sin efectos los autos proferidos por la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante la cual había declarado su falta de competencia para conocer la acción de tutela, ordenando que, de manera inmediata, tramitara y adoptara la decisión de fondo que hubiese lugar.

 

Consideró que la observancia de los artículos 2.2.3.1.2.1 al 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017), no puede servir como fundamento para que una autoridad judicial se declare incompetente, pues está prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.

 

Señaló que en el presente caso no se configuró un reparto caprichoso de la acción de tutela tomando como precedente lo considerado en el Auto 267 de 2019, providencia que desechó la posible configuración de un reparto caprichoso cuando en la asignación de una tutela contra providencia judicial, esta no es repartida al superior de la misma especialidad de la autoridad judicial accionada.

 

3. En tal sentido, a pesar de que en aplicación del Decreto 1983 de 2017 el asunto se debió asignar a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el auto emitido por la Sala Plena ordenó a la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué conocer la acción de tutela, siguiendo así la misma línea que el Auto 267 de 2019.

 

Así, al igual que lo señalé en el salvamento de voto al precitado auto, considero que, en concordancia con lo establecido por esta Corte en la sentencia C-154 de 2016 sobre la obligatoriedad de las reglas de reparto para las oficinas de apoyo judicial, y lo señalado en los Autos 124 y 198 de 2009 en relación con el reparto arbitrario en acciones de tutela contra providencia judicial, es dable concluir que existe una tergiversación manifiesta de estas normas cuando, en contravía del numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, la tutela no es repartida al respectivo superior funcional de la autoridad judicial accionada.

 

4. No desconozco que de antaño la Corte ha defendido la idea de que todos los jueces somos constitucionales, y en esa medida la competencia para tramitar una acción de tutela, no ha de detenerse en las particularidades sustantivas del asunto que ocupe la atención del funcionario a quien se ha asignado el conocimiento un específico caso. Con todo, esa visión inicial que logró convencer de que las vicisitudes procedimentales no podían servir para entrabar la protección del derecho fundamental, tuvieron que ser morigeradas al aceptarse la acción de tutela contra providencias judiciales, y en esa medida al entender que la aplicación correcta de las normas sustantivas puede afectar el debido proceso.

 

Por ello las reglas de reparto tienen una función de garantía, pues, al no ser todos jueces, funcionarios con plenas competencias, la especialidad cobra importancia sinigual. En Colombia la proliferación de normas impide que un juez pueda -en principio- ocuparse de todas las especialidades temáticas. Y por ello cada juez domina su particular rama de conocimiento. Para quien esto escribe, y mientras los jueces se ocupen de una parcela y no de todas las materias, el ciudadano tiene derecho a exigir que se respete el mentado ámbito de garantía. Por lo menos en lo que respecta a la acción de tutela contra providencias judiciales.

 

De suerte que si mañana un juez penal del circuito especializado, que se ocupa de asuntos de gran enjundia y complejidad tanto sustantiva como procesal (por ejemplo en el debate procesal y sus mil particularidades^[39]) es acusado de desconocer el debido proceso en un específico y connotado segmento – sustantivo o adjetivo- podrá ser accionado por la vía de tutela ante quien es su superior funcional, quien se presume goza de mayor experticia en el tema , y podrá enrostrarle los vicios endilgados o rubricar la corrección del acto señalado.

 

Pero si ese juez laboral quien como “superior” del juez penal especializado, pretender decirle –por ejemplo– que al tasar las penas este partió de un cuarto que no era el correcto –porque concurrían unas agravantes genéricas–, pero que además el hecho punible a pesar de ser tentado apenas podía ser tildado de un arrepentimiento con menor detracción punitiva, fuera de que el imputado no era cómplice sino interviniente,…Y un largo etcétera de dificultades dogmáticas, el escenario que se advierte es que el juez laboral debería tomar un extenso curso de derecho penal , antes de resolver con el acierto esperado del juez experto, tan delicadas temáticas. Así que aplicar el criterio general de que todos los jueces son jueces constitucionales, y por ella la inexistencia de especialidades, en temas de tutela contra sentencias resulta necesario que sea acotado. Y eso fue lo que se hizo con la legislación de garantía de reparto, para lograr el respeto del juez de la especialidad en materia de acción de tutela contra providencias judiciales.

 

Ahora bien, por respeto al precedente de la Sala Plena^[40] y en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe, confianza legítima y de racionabilidad^[41] acompaño la decisión mayoritaria; no obstante, mi postura en el presente asunto es la de aclarar mi voto^[42], pues considero que la acción de tutela debía resolverse por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, teniendo en cuenta que se alegaba la vulneración del debido proceso por indebida notificación en un proceso ordinario laboral.

 

En estos términos, dejo consignada mi aclaración de voto.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado