Auto 478/19

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: Expediente ICC- 3720

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo (Cundinamarca) y el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

 

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

 

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 16 de julio de 2019 la señora Leidy Angélica Moreno García formuló acción de tutela contra Positiva Compañía de Seguros –Sede Bogotá- en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y a la dignidad humana. Lo anterior, por cuanto la accionada se ha negado a autorizarle los servicios médicos especializados que requiere para tratar una patología que le fue diagnosticada en ejercicio de sus actividades laborales. 

 

Se advierte que dentro del aludido requerimiento, la accionante solicitó ser notificada en una dirección ubicada en el municipio de Nilo^[1], siendo allí mismo, el lugar de su domicilio, de conformidad con el material probatorio que obra en el expediente.

 

2. Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo, autoridad judicial que, mediante auto del 17 de julio de 2019, ordenó remitir el expediente a los juzgados Penales Municipales de Bogotá para que adelantaran la actuación judicial correspondiente.

 

Fundamentó dicha decisión en que, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, numeral 1º del Código General del Proceso, (…) en los procesos contenciosos, es competente el juez del domicilio del demandado” concluyendo que, para el caso concreto, este último tiene su domicilio en Bogotá. En ese orden, remitió la acción de la referencia a los Juzgados Penales Municipales de dicha ciudad.

 

3. Efectuado nuevamente el reparto, el expediente fue asignado al Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,  el cual, a través de auto del 24 de julio de 2019, propuso un conflicto negativo de competencia en relación con el asunto. Sobre particular, precisó que el actor escogió “a prevención” los Despachos Judiciales del Municipio de Nilo para tramitar su solicitud, atendiendo a que es allí donde actualmente tiene su domicilio y que, por lo tanto es el lugar “(…) donde se producen directamente los efectos de presunta vulneración de los derechos cuya protección invoca^[2]”. De allí que, estimara que, en virtud del factor “territorial”, es competencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo avocar el conocimiento de la presente causa.

 

Seguidamente, precisó que si bien para el caso concreto el llamado a resolver el conflicto propuesto era la Corte Suprema de Justicia, en razón de la “naturaleza del asunto, su premura y relevancia constitucional (…)”^[3], le corresponde a la Corte Constitucional dirimir el mismo. En ese orden, remitió la acción de tutela a esta Corporación para tal efecto.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[4]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[5] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[6]. 

 

Cabe resaltar que en el presente asunto el conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en razón de sus funciones para resolver conflictos de competencia dentro de la justicia ordinaria^[7]. Sin embargo, en aplicación de los referidos principios de celeridad y eficacia, este Tribunal, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional y de su competencia residual, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.

 

2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 superior y 8° transitorio del título transitorio de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[8]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[9] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a un fallo de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[10] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[11].

 

3. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[12], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[13].

 

4. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante^[14] https://mail.google.com/mail/u/0/ - m_5572200927865173118__ftn3o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[15]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i. Se planteó un conflicto negativo de competencia fundado en diferentes interpretaciones del factor territorial. Por una parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo estimó que no era competente para conocer de la acción de tutela de la referencia tras advertir que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia radica en los jueces del domicilio de la demandada, es decir, en Bogotá. Y por otra, el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá consideró que la actora escogió “a prevención” las autoridades judiciales del municipio de Nilo para adelantar el trámite tutelar de la referencia. Ello, toda vez que es allí donde tiene su domicilio y, en consecuencia, donde se proyectan los efectos de la vulneración de los derechos que invoca.

 

ii. Tanto el  Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo como el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela en el presente caso. El primero (Nilo) por cuanto es el lugar donde la peticionaria ve proyectados los efectos de la falta de atención médica que requiere para tratar su patología, coincidiendo este, a su vez, con el lugar de su domicilio. Y el segundo,  (Bogotá) ya que es la sede administrativa donde la accionada se ha negado a emitir las autorizaciones para prestar los servicios demandados por la accionante, es decir, donde tiene origen la presunta afectación de los derechos reclamados.

 

iii. En vista de que la accionante escogió interponer la petición de amparo ante las autoridades de Nilo, de acuerdo con la “competencia a prevención” debe respetarse su elección. Por consiguiente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por la señora Leidy Angélica Moreno García.

 

2. Con base en lo anterior, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 17 de julio de 2019 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por Leidy Angélica Moreno García contra Positiva Compañía de Seguros – Sede Bogotá-. En consecuencia, se remitirá el expediente ICC- 3720 a la autoridad judicial en mención, para que, de manera inmediata, tramite y profiera, en primera instancia, la decisión de fondo que haya lugar.

 

3. Así mismo, advertirá al  Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018^[16]

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 17 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela impetrada por Leidy Angélica Moreno García contra Positiva Compañía de Seguros – Sede Bogotá-.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3720 al Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Cuarto.-. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá la decisión adoptada en esta providencia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.                                           

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

Ausente en comisión

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General