Auto 481/19

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3725

 

Conflicto de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad.

 

Magistrado Sustanciador:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

 

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 26 de julio de 2019, Gustavo Henao Toro interpuso acción de tutela contra Positiva Compañía de Seguros S.A., al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición^[1].

 

2. Por reparto, la referida acción de tutela fue asignada al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante auto del 29 de julio de 2019^[2], declaró su falta de competencia para conocer de la misma, argumentando que conforme a lo previsto en el Decreto 1983 de 2017, los recursos de amparo interpuestos contra particulares deben repartirse para su conocimiento, en primera instancia, ante los jueces municipales. En consecuencia, el funcionario dispuso la remisión del expediente a la oficina judicial de dichas autoridades.

 

3. Al efectuarse un nuevo reparto, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Bogotá que, mediante auto del 5 de agosto de 2019^[3], se abstuvo de asumir el trámite de la acción de tutela, al estimar que el referido juez administrativo no podía declararse incompetente con base en el Decreto 1983 de 2017, ya que el mismo sólo establece reglas de reparto y no de competencia. Por lo anterior, el funcionario planteó conflicto negativo de competencia y remitió el plenario a la Corte Constitucional para que dirima la controversia.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas para el efecto en la Ley 270 de 1996^[4]. Asimismo, este Tribunal ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, sólo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite^[5], o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela^[6] con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[7].

 

2. En la presente oportunidad, la Corte Constitucional está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, a pesar de integrar la funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

 

3. Ahora bien, esta Corte ha explicado que existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991)^[8];

 

(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991)^[9], y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal Especial para la Paz (artículo 8° transitorio del título transitorio de la Constitución)^[10]; y

 

(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[11] en los términos establecidos en la jurisprudencia constitucional (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)^[12].

 

4. Por otro lado, esta Corporación ha señalado que la aplicación de las normas previstas en el Decreto 1069 de 2015^[13], que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017^[14], no autorizan al juez de tutela para abstenerse de conocer de los asuntos de amparo que le son asignados, en la medida en que únicamente se refieren a reglas administrativas para el reparto, pero no hacen alusión a la competencia de las autoridades judiciales^[15]. En este sentido, cabe resaltar que el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 expresamente dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

 

5. En este contexto, considerando que las disposiciones del mencionado decreto reglamentario no son presupuesto para que un juez se aparte del conocimiento de un asunto, este Tribunal ha expresado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[16].

 

III. CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso:

 

(i) Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que, por un lado, el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo; y, de otro lado, el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad se limitó al poner de presente dicha situación y a suscitar la presente controversia^[17].

 

(ii) El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia sobre la solicitud de tutela presentada por Gustavo Henao Toro y, por ello, se apartó injustificadamente de su conocimiento^[18], afectando así la celeridad y eficacia de la administración de justicia.

 

(iii) La autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por Gustavo Henao Toro es a quien primero se repartió^[19], es decir, el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá.

 

2. Con base en los anteriores criterios, esta Corporación dejará sin efectos el auto del 29 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y, en consecuencia, ordenará que se le remita el expediente ICC-3725 para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela interpuesta por Gustavo Henao Toro contra Positiva Compañía de Seguros S.A.

 

3. Adicionalmente, con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a suceder, esta Corporación le advertirá al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de suscitar conflictos aparentes de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 29 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

 

SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá el expediente ICC-3725 para que, de manera inmediata, inicie el trámite y profiera la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela interpuesta por Gustavo Henao Toro contra Positiva Compañía de Seguros S.A.

 

TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá que en lo sucesivo se abstenga de suscitar conflictos aparentes de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017.

 

CUARTO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a la parte actora y al Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Bogotá.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

Con ausencia parcial justificada

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General