Auto 115/20

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

JURISDICCION CONSTITUCIONAL-No corresponde a quienes la ejercen determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: expediente ICC-3814

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado (Tolima) y el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué (Tolima)

 

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá D. C., primero (1) de abril de dos mil veinte (2020)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Roberto de Jesús Osorio interpuso acción de tutela contra la “Secretaría de Movilidad (Tránsito)” de Alvarado, por considerar que esta Entidad vulneró su derecho fundamental de petición, así como su derecho a recibir información veraz e imparcial. El accionante alegó que la accionada no ha respondido una solicitud relacionada con un comparendo que le fue impuesto. Cabe anotar que la petición fue originalmente presentada ante la Dirección de Rentas e Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Tolima. Sin embargo, tras dos remisiones por competencia^[1], la solicitud fue enviada finalmente a la Secretaría de Tránsito de Alvarado, entidad contra quien se interpuso la acción de tutela.

 

2. El conocimiento de la acción correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado, que mediante providencia del 27 de enero de 2020, consideró que carecía de competencia territorial para conocer del asunto^[2]. En la medida que el accionante presentó inicialmente su solicitud ante la Gobernación del Tolima, el juzgado mencionado estimó que la presunta vulneración de su derecho de petición se dio en Ibagué, donde tiene sede dicha Entidad. Por consiguiente, ordenó enviar el expediente a los jueces municipales de Ibagué.

 

3. Realizado el nuevo reparto, el asunto correspondió al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué. Esta autoridad judicial, en Auto del 30 de enero de 2020, se abstuvo de admitir la acción de tutela, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su resolución^[3]. Argumentó que, si bien es cierto que el accionante presentó inicialmente su solicitud ante la Gobernación del Tolima, “del estudio juicioso al expediente se encuentra que la petición presentada a la citada entidad fue remitida a la Secretaría de Tránsito de Alvarado”. Por lo tanto, concluyó que la presunta vulneración se dio en dicho municipio y no en Ibagué.   

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[4]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[5]. En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018^[6], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[7].

 

En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[8]https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2019/a316-19.htm - _ftn9, el presente conflicto de competencia, en principio, debería ser resuelto por conducto de las salas mixtas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, pues involucra a autoridades pertenecientes al mismo Distrito judicial. Sin embargo, en aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, la Sala Plena, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.

 

2. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes^[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[10], y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una Sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia^[11].

 

3. Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante. Esta conclusión se deriva del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[12], en virtud del cual se ha interpretado que existe un interés del Legislador Estatutario en proteger la libertad de la parte accionante en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[13].

 

4. Adicionalmente, este Tribunal ha dispuesto que el reparto de los expedientes se debe realizar con base en la persona o entidad que “aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela debido a que tal estudio no procede en el trámite de admisión”^[14]. Por consiguiente, no es aceptable cualquier juicio de fondo a priori que realice la autoridad judicial con el propósito de establecer si un accionado es o no el responsable de la violación o amenaza de un derecho fundamental que se alega, pues esas consideraciones atañen al objeto de estudio de la sentencia respectiva.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. Como se sintetizó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades judiciales involucradas en la controversia presentaron una serie de argumentos relacionados con el lugar donde se originó y tiene sus efectos la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

 

2. Esta Corporación dará prevalencia a la elección que el accionante hizo “a prevención” y, de esa manera, remitirá el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado, en la medida que esta autoridad judicial es competente de acuerdo con el factor territorial. Lo anterior, porque es allí donde la Entidad accionada, que es la Secretaría de Tránsito de dicho municipio, ha incurrido supuestamente en la omisión de responder la solicitud del accionante. En este sentido, la Corte llama la atención sobre el hecho de que las dos autoridades involucradas en el conflicto de competencia hayan acudido a argumentos relacionados con el fondo del asunto para defender su falta de competencia. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 27 de enero de 2020 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado, en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por Roberto de Jesús Osorio contra la Secretaría de Tránsito de Alvarado. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3814 a la autoridad judicial mencionada, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar.

 

3. Finalmente, la Sala Plena advertirá al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué –autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación– que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018^[15].

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 27 de enero de 2020 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado (Tolima), dentro del trámite de la acción de tutela formulada por Roberto de Jesús Osorio contra la Secretaría de Tránsito de Alvarado (Tolima). 

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3814 al Juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado (Tolima) para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué (Tolima) que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué (Tolima) la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General