Auto 236/20

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

JURISDICCION CONSTITUCIONAL-No corresponde a quienes la ejercen determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC- 3852

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pasto.

 

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

 

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinte (2020).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 1 de junio de 2020, Jorge Fernando Navia Estrada presentó acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Universidad de Nariño, al considerar vulnerado su derecho al mínimo vital comoquiera que el mencionado plantel educativo emitió la circular No. 4 de 2020, a través de la cual se dispone el descuento del tributo solidario al que se refiere el Decreto 568 de 2020, pese a su situación económica actual.

 

2. El 1 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño, instancia a la que le correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia, al considerar que acorde con lo previsto en el Decreto 1893 de 2017, la tutela de la referencia es de conocimiento de los jueces municipales, pues “aunque en el primero de los apartes de su escrito indica que se dirige en contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una somera revisión de la demanda permite establecer que no corresponde a sus agentes cumplir una decisión que pudiera ser favorable a las pretensiones del actor, porque no hace parte de sus facultades jurídicas. Es indudable que acatar cualquier medida al respecto sería del resorte de la Universidad de Nariño”.

 

3. El 3 de junio de 2020, después de realizarse el reparto ordenado, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pasto se apartó de los argumentos expuesto por el Tribunal Administrativo de Nariño, al considerar que hizo una valoración previa sobre las autoridades que podrían tener injerencia en el acto que el accionante estima como lesivo de su derecho fundamental al mínimo vital, análisis que corresponde al fondo del asunto. En consecuencia, plateó un conflicto de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su estudio.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[1]. Asimismo, que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[2] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[3], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

 

En la presente oportunidad, esta corporación está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pues a pesar de integrar la funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

 

2. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial^[4], (ii) el factor subjetivo^[5] y (iii) el factor funcional^[6].

 

3. Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia^[7].

 

4. Asimismo, la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos^[8] ha manifestado que debe rechazarse la postura de aquellos jueces de la República que analizan de manera preliminar la admisión de la demanda y determinan contra quienes ha debido entablarse el contradictorio, a fin de declarar su incompetencia para resolver el fondo del asunto, bajo el argumento de que la inclusión o modificación de entidades demandadas altera tal competencia. En este orden de ideas, cabe destacar que esta Corporación ha dispuesto que el reparto de los expedientes se debe realizar de conformidad con “quién aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela pues tal estudio no procede en el trámite de admisión”^[9].

 

III.           CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.     Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Tribunal Administrativo de Nariño (i) hizo un análisis de fondo en la fase de admisión de la tutela, al considerar que la vulneración alegada solo se atribuyó a una de las entidades demandadas; y (ii) utilizó ese argumento para apartarse de la competencia con base en las reglas de reparto. De esa manera, les otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en el Decreto 1983 de 2017 y contrarió la jurisprudencia de esta corporación, según la cual éstas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.

 

ii.  Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 1 de junio de 2020 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el marco del trámite de la acción de tutela de Jorge Fernando Navia Estrada contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Universidad de Nariño. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3852 a dicha autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar. Adicionalmente, la Sala le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto.

 

IV.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 1 de junio 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño, acorde con lo previsto en la parte motiva de la presente providencia.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3852 al Tribunal Administrativo de Nariño, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Tribunal Administrativo de Nariño que se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que les son repartidas, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello que desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, pone en riesgo la eficacia de los derechos fundamentales y afecta la efectividad de la acción de tutela misma.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de la corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte demandante y al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pasto .

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General