Auto 239/20

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC- 3861

 

Conflicto de competencia suscitado entre Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales y el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales.

 

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

 

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinte (2020).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 24 de junio de 2020, Norvey de la Pava, en calidad de agente oficioso de la señora Imelda Ramírez Rivera, presentó acción de tutela en contra de la E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A., Clínica Avidanti SAS y SES Hospital de Caldas, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de su agenciada, toda vez que la accionada se niega a brindar una atención integral a las patologías de la señora Ramírez Rivera debido a la falta de recursos económicos para pagar el copago requerido.

 

2. El 25 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, instancia a la que le correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia, al considerar que acorde con lo previsto en el artículo 1 numeral 1 del Decreto 1893 de 2017 la tutela de la referencia es de conocimiento de los jueces municipales, pues “quienes son llamadas por pasiva son entidades particulares en el caso de las dos primeras y del orden municipal en el caso del SES Hospital Caldas”.

 

3. El 25 de junio de 2020, después de realizarse el reparto ordenado, el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial a la que le fue remitido en un primer momento el asunto no podía declarar su incompetencia, invocando las reglas de reparto para el efecto.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[1]. Asimismo, que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[2] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[3], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

 

En la presente oportunidad, esta Corporación está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pues a pesar de integrar la funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

 

2. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial^[4], (ii) el factor subjetivo^[5] y (iii) el factor funcional^[6].

 

3. Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia^[7].

 

III.           CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.     Se configuró un conflicto aparente de competencias, pues el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales utilizó las reglas de reparto previstas en el Decreto 1983 de 2017 para apartarse de la competencia del asunto. De esa manera, les otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico y contrarió la jurisprudencia de esta corporación, según la cual éstas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.

 

ii.  Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 25 de junio de 2020 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, en el marco del trámite de la acción de tutela que Norvey de la Pava, en calidad de agente oficioso de la señora Imelda Ramírez Rivera, presentó en contra de la E.P.S. y Medicina Prepagada Suramericana S.A., Clínica Avidanti SAS y SES Hospital de Caldas. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-3861 a dicha autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar. Adicionalmente, la Sala le advertirá que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto.

 

IV.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 25 de junio 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, acorde con lo previsto en la parte motiva de la presente providencia.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3861 al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales que se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que les son repartidas, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello que desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, pone en riesgo la eficacia de los derechos fundamentales y afecta la efectividad de la acción de tutela misma.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de la corporación, COMUNICAR la presente decisión a las partes y al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General