Auto 318/20

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Reglas que deben observarse en caso de reparto caprichoso o arbitrario

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3868

 

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira

 

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente  

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.       La señora María Ofir Aguirre Aristizábal, por medio de abogado, presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (Boyacá) y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Dosquebradas (Risaralda). Manifestó que dichas entidades vulneraron, entre otros, sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida y a la dignidad humana. Esto con fundamento en que los juzgados accionados decidieron negar, en primera y segunda instancia, la solicitud que efectuó su hijo para ser declarado padre cabeza de familia y, por este motivo, no ordenaron sustituir su pena de prisión intramural, que cumple en Cómbita (Boyacá), por la prisión domiciliaria. La accionante dispuso como lugar de notificaciones de la acción de tutela la ciudad de Pereira (Risaralda)^[1].  

 

2.       El asunto correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que resolvió declarar su falta de competencia mediante Auto del 2 de julio de 2020. Estimó que la acción de tutela debía ser conocida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, debido a que es el “superior funcional” del Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas, juez accionado que resolvió en segunda instancia y de forma definitiva negar la solicitud del hijo de la actora^[2].  

 

3.       El conocimiento del caso fue asignado a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que, por medio del Auto del 7 de julio de 2020, resolvió declarar el conflicto de competencia y remitir el asunto a esta Corporación. Dicha autoridad consideró que el asunto era competencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en razón a que: (i) el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja es quien vigila la ejecución de la pena del hijo de la accionante y, por tanto, el Tribunal, como “superior funcional”, es la autoridad que debe resolver la solicitud de amparo, de conformidad con el numeral 4 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015; (ii) en aplicación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la ocurrencia de los hechos demandados por la accionante tuvo lugar en Tunja, al ser el lugar en el que se encuentra el centro de reclusión donde se encuentra el hijo de la actora; y (iii) la accionante está facultada para decidir dónde interponer la acción de tutela, según la competencia “a prevención”, prevista en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, por lo que se debe respetar su voluntad de presentar la tutela en Tunja.^[3]

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

4.       La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[4]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[5]. En consecuencia, esta Corporación ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018^[6], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[7].

 

5.       En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[8], el conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

6.       De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes^[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[10]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia^[11].

 

7.       Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante. Esta conclusión se deriva del criterio “a prevención”, consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[12], en virtud del cual se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad de la parte accionante en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[13]. Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante^[14] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[15].

 

8.       Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia^[16].

 

9.       En cualquier caso, esta Corporación ha aclarado de manera reiterada que, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso o arbitrario, las consideraciones expuestas no impiden (i) que la autoridad judicial que conozca una controversia suscitada con base en reglas de reparto devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial; o (ii) que la autoridad que recibe una acción de tutela como resultado de un reparto de las características mencionadas la remita a la autoridad que la deba conocer de conformidad con las reglas ya mencionadas^[17]. El reparto de una acción de tutela es caprichoso o arbitrario cuando existe una “manipulación grosera”^[18] o una “tergiversación manifiesta”^[19] de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes”^[20]; o en aquel “en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”^[21].

 

10.   En relación con este punto, la Sala Plena ha establecido una serie de criterios para determinar si se configura un reparto caprichoso o arbitrario^[22]:

 

“(i) El incumplimiento de las normas de reparto no autoriza al juez a remitir la acción de tutela a otra autoridad judicial, salvo que el fallador verifique que el reparto transgrede de manera manifiesta y evidente principios esenciales de la administración de justicia.

 

(ii) La existencia de reparto caprichoso o arbitrario debe establecerse en cada caso concreto.

 

(iii) Respecto de acciones de tutela contra autoridades judiciales (numeral 5º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017), en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente a su especialidad^[23]. En síntesis, el respeto por el principio de jerarquía es un elemento que descarta la existencia de reparto caprichoso o arbitrario^[24].

 

(iv) En contraste, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta reparto caprichoso o arbitrario cuando se transgrede el principio de jerarquía, como en el caso de la distribución equivocada de las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales emanadas de las Altas Cortes^[25].

 

(v) En todo caso, el juez debe verificar que es competente en virtud del factor territorial”.

 

III. CASO CONCRETO

 

11.   De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que, en el presente caso, a pesar de que los argumentos presentados por las autoridades judiciales implicaron que el expediente fuera repartido, en cada momento, en distritos judiciales diferentes, se configuró un conflicto aparente de competencia, pues estuvo basado en una aplicación indebida de las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017. De esa manera, las autoridades judiciales les otorgaron a tales reglas un alcance inexistente y contrariaron la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual tales reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Así, desconocieron los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional para la resolución inmediata de vulneraciones de derechos fundamentales.

 

12.   La Corte no encuentra que en el presente caso se haya repartido la acción de tutela de manera caprichosa o arbitraria. Esta Corporación ha considerado, en relación con las acciones de tutela contra autoridades judiciales, que “en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía”^[26]. Por consiguiente, en estos casos, al resolver controversias planteadas como resultado de la regla de reparto respectiva^[27], “salvo que la situación pueda considerarse evidente y manifiestamente caprichosa”^[28], el expediente debe remitirse a la primera autoridad con competencia a la que fue repartido. En este orden de ideas, no se observa que en el presente caso haya existido una asignación caprichosa o arbitraria de la acción de tutela, pues no hubo una manipulación manifiesta o evidente de las reglas de reparto. Se destaca que el asunto fue repartido, desde el principio, a una autoridad judicial con competencia y no se subvirtió el principio de jerarquía de la Rama Judicial.

 

13.   En consecuencia, la Sala concluye que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la acción de tutela de la referencia, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó su conocimiento. El Tribunal mencionado tiene competencia territorial, en la medida que la accionante considera que una decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja es una de las actuaciones que vulneraron sus derechos.

 

14.    Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja por medio del cual se abstuvo de conocer de la acción de tutela y remitirá el expediente a dicho tribunal para que adopte una decisión de fondo inmediatamente. La Sala Plena advertirá también a las autoridades involucradas que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto. Igualmente, la Corte advertirá a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira —autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación— que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.^[29]

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 2 de julio de 2020 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja dentro del trámite de la acción de tutela formulada por María Ofir Aguirre Aristizábal contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Dosquebradas.  

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-3868 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.  

 

Tercero.- ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

 

Cuarto.- ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Quinto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES

Magistrado (E)

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General