Auto 1120/21

 

ACUMULACION DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Reglas 

 

REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Las tutelas que presenten unidad de objeto, causa y parte pasiva serán repartidas al mismo despacho judicial

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Expediente: ICC-4075

 

Conflicto de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot y el Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla

 

Magistrado ponente:

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

 

 

Bogotá D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5 del Acuerdo 02 de 2015, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                 El 13 de septiembre de 2021, el señor Raúl Antonio Horta Domínguez interpuso una acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) y la Universidad Sergio Arboleda, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital. Sostuvo que las entidades accionadas realizaron una convocatoria pública de empleos de carrera administrativa general denominada “Convocatoria Territorial 2019-II”, cuyos términos y criterios fueron definidos en los Acuerdos 20191000006316 del 17 de junio de 2019 y 20191000008726 del 3 de septiembre de 2019.[1] En ese sentido, pese a que se presentó a la respectiva convocatoria confiando en que se cumplirían los criterios aludidos, entre estos, que la prueba escrita comprendería 90 preguntas, al presentar el examen advirtió que la prueba contenía alrededor de 72 preguntas, es decir, 18 menos de las estipuladas. De ese modo, a su juicio, ello “gener[ó] un impacto [negativo] en la calificación, toda vez que se [le] cercenó la oportunidad de responder alrededor de 18 preguntas que indubitablemente impactarían el puntaje asignado”.[2] En tal virtud, acudió al juez de tutela con el fin de que ampare sus derechos fundamentales y, por esa vía, “suspenda la Convocatoria N° 1344 de 2019 - Territorial 2019 II, y se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Sergio Arboleda realizar nuevamente la prueba de conocimientos, para que el concurso de méritos se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la Convocatoria N° 1344 de 2019”.[3]

 

2.                 Por reparto, la acción de tutela fue asignada al Juzgado Tercero de Familia Oral del Circuito Barranquilla, el cual, mediante Auto del 14 de septiembre de 2021, se abstuvo de asumir el conocimiento del asunto y dispuso la remisión del plenario respectivo al Juzgado Primero Administrativo de Girardot. En sustento de lo anterior, expuso que este asunto se relaciona con un reparto masivo de acciones de tutela en las que un conjunto de ciudadanos han reclamado “la protección de los mismos derechos fundamentales presuntamente o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de las entidades que arriba se relacionan [la CNSC y la Universidad Sergio Arboleda] y contra quienes se dirige la presente acción de tutela, correspondiéndole la primera acción de tutela por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Girardot”. Así las cosas, al advertir tal circunstancia, la autoridad judicial dio aplicación a lo consignado en el Decreto 1834 de 2015 y remitió el expediente al Juzgado Primero Administrativo de Girardot, a fin de que hiciera la respectiva acumulación.[4]

 

3.                 En cumplimiento de dicho proveído, el asunto fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot, el cual, en Auto del 15 de septiembre de 2021, se declaró incompetente para conocer del asunto y, por esa vía, propuso el conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta Corporación. Sobre el particular, sostuvo que en este caso no era dable aplicar lo contenido en el Decreto 1834 de 2015, pues mientras la acción de tutela interpuesta por el señor Raúl Antonio Horta Domínguez “gira en torno a la Convocatoria No. 1344 Territorial 2019–II para proveer planta de personal de la Secretaría de Educación del Atlántico”,[5] la solicitud de amparo conocida por su despacho refiere a la “Convocatoria No. 1352 Territorial 2019–II de la planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte”,[6] razón por la que no se cumple la triple identidad y por lo que tampoco existe mérito para la acumulación solicitada por el Juez de tutela de Barranquilla.[7]

 

 II.     CONSIDERACIONES

 

4.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.^[8] Asimismo, ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, opera en los casos en que las disposiciones del referido cuerpo normativo de rango estatutario no establezcan otra corporación encargada de asumir el trámite;[9] o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia.[10]

 

5.                 En la presente oportunidad, esta Sala está facultada para resolver el conflicto de la referencia porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, a pesar de integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté autorizada para solucionar la colisión suscitada.

 

6.                 De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991);^[11]

 

(ii) El factor subjetivo, aplicable a las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991),^[12] y de (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz (artículo 8° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017);^[13] y

 

(iii) El factor funcional, el cual debe ser verificado al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, pues de ella únicamente pueden conocer las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” del a quo (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).^[14]

 

7.                 De otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que las reglas contenidas en el Decreto 1834 de 2015,[15] relativas al reparto de los recursos de amparo que se enmarcan dentro del fenómeno denominado “acciones de tutela masivas”,[16] no constituye un factor de competencia en materia de tutela, ya que se tratan únicamente de directrices de reparto dirigidas a evitar fallos contradictorios frente a una misma situación fáctica, los cuales puedan atentar contra los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.[17]

 

8.                 En este sentido, la Corte ha indicado que es la oficina de reparto la que, prima facie, debe encargarse de la acumulación ante una presentación masiva de tutelas y, en caso de que no pueda determinarlo, son las entidades accionadas quienes deben indicar al juez de la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión.[18] Por consiguiente, la autoridad judicial que así lo determine podrá de manera oficiosa enviar el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto, siempre que de manera previa constate la existencia de identidad de: (i) sujeto pasivo, (ii) causa y (iii) objeto entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento.[19]

 

9.                 La Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Autos 211, 212 y 224 de 2020 fijó pautas dirigidas a determinar el alcance de los elementos que componen la triple identidad del reparto de acciones de tutela masiva. Al respecto señaló:

“existe identidad de objeto en los eventos en los cuales las acciones de tutela cuya acumulación se persiga presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados. En lo que respecta a la identidad de causa, estimó que su materialización ocurre cuando las acciones de amparo que busquen ser acumuladas se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia- es decir, la razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección. Finalmente, como su nombre lo indica, la confluencia del sujeto pasivo se refiere a que el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado”.

 

10.            Asimismo, en el Auto 069 de 2021,[20] la Sala Plena precisó que en los eventos en que un juez constitucional pretenda apartarse del conocimiento de una acción de tutela bajo la figura de tutela masiva, le corresponde a este satisfacer la carga argumentativa respectiva, lo cual implica señalar con “rigor demostrativo y coherencia” el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad. En ese sentido, tal providencia explicó que, en aras a evitar decisiones diferentes en casos que deberían ser fallados de una misma manera para no menoscabar o privilegiar a determinadas personas, es responsabilidad del juez que primero recibió el asunto ubicar la primera autoridad mediante cualquier medio probatorio, de suerte que sea posible satisfacer los aludidos principios de igualdad y seguridad jurídica.[21]

 

11.            No obstante, esta obligación debe interpretarse de manera razonable y en consideración a los principios que rigen la acción de tutela y a la jerarquía normativa del Decreto 1834 de 2015,[22] de modo que la búsqueda de elementos probatorios no implique sobrepasar los términos procesales para definir la acción de tutela en primera instancia. Así las cosas, en el Auto 071 de 2021 se advirtió que la aplicación del Decreto 1834 de 2015, por fuera de los supuestos normativos de identidad de causa, objeto y sujeto pasivo de cada una de las demandas, conduciría a un efecto que desnaturalizaría la regla de competencia “a prevención”, cuya preservación compete a todos los jueces de tutela.

 

12.            Finalmente, vale la pena anotar que recientemente la Sala Plena de esta Corporación decidió un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot,[23] a propósito de la acción de tutela interpuesta por el señor Adalberto Jesús Bermúdez Rivera en contra de la CNSC y la Universidad Sergio Arboleda.[24] Así, mientras la autoridad judicial de Barranquilla aseguró que en este caso era procedente dar aplicación al Decreto 1834 de 2015 por tratarse de una acción constitucional idéntica a una inicialmente conocida por el Juzgado Administrativo de Girardot, esta última autoridad manifestó que las acciones constitucionales no se sustentaban en idénticos supuestos, pues tanto una como otra controvertían convocatorias disímiles. De un lado, la conocida por el Juzgado Administrativo de Girardot refería al proceso de selección de la planta de personal de la Alcaldía de Ricaurte. De otro lado, la conocida por el Juzgado de Barranquilla giraba en torno al proceso de selección de la planta de personal de la Gobernación del Atlántico.[25]

 

13.            Bajo tal contexto, la Corporación concluyó que, tal como lo alegaba el Juzgado Primero Administrativo de Girardot, en este caso no era dable aplicar las disposiciones del Decreto 1834 de 2015, toda vez que las acciones de tutela no tenían identidad de causa y objeto. Por interesar a esta causa, vale resaltar que en el citado Auto 976 de 2021 la Sala Plena sostuvo que las tutelas (i) no compartían la misma causa porque se sustentaban en “convocatorias que están reguladas mediante actos administrativos diferentes y autónomos”; y, (ii) tampoco compartían identidad de objeto “porque las pretensiones que se reclaman ante los jueces de tutela son distintas, puesto que recaen sobre una convocatoria diferente y producen efectos diversos”.[26]

 

Caso concreto

 

14.            De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, ya que el Juzgado Tercero de Familia Oral del Circuito de Barranquilla se apartó del conocimiento de la causa, con base en las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1834 de 2015, pero sin comprobar la concurrencia de identidad de sujeto pasivo, causa y objeto. Como se reseñó supra, la citada autoridad judicial se limitó a indicar que tanto la acción de tutela impetrada por el señor Raúl Antonio Horta Domínguez como la conocida inicialmente por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot reclamaban la protección de los mismos derechos fundamentales y se dirigían contra los mismos sujetos pasivos. Con todo, no argumentó con suficiencia si, en estricto sentido, existía identidad de causa y objeto entre ambas solicitudes de amparo.

 

15.            En contraste con lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot sí expuso con claridad y rigor que entre los asuntos objeto de análisis no se cumplía la triple identidad, puesto que una y otra acción de tutela controvertían convocatorias disímiles. En efecto, mientras en la solicitud de amparo impetrada por el señor Raúl Antonio Horta Domínguez se cuestionó la Convocatoria No. 1344 Territorial 2019-II,[27] en la acción de tutela presentada por María Fernanda Carvajal De La Pava –conocida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot– se cuestionó la Convocatoria No. 1352 Territorial 2019–II.[28] De ahí que, en rigor, las solicitudes de amparo no compartan identidad de causa y objeto, ya que se sustentan en actos administrativos distintos y eventualmente afectarían convocatorias y procesos de selección disímiles.

 

16.            Con fundamento en lo expuesto, y a la luz de lo consignado en el Auto 976 de 2021, es claro que en esta ocasión no se acreditaban los presupuestos para dar aplicación a las reglas contenidas en el Decreto 1834 de 2015. Por lo tanto, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 14 de septiembre de 2021 proferido por el Juzgado Tercero de Familia Oral del Circuito de Barranquilla. Por otra parte, la Corte remitirá el expediente ICC-4075 a la citada autoridad judicial para que, de forma inmediata, continúe con el trámite respectivo y profiera la decisión a la que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por Raúl Antonio Horta Domínguez en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Universidad Sergio Arboleda.

 

III.    DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del Auto del 14 de septiembre de 2021 proferido por el Juzgado Tercero de Familia Oral del Circuito de Barranquilla, dentro del Expediente ICC-4075.

 

SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Tercero de Familia Oral del Circuito de Barranquilla el expediente ICC-4075 para que, de forma inmediata, continúe con el trámite respectivo y profiera la decisión a la que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por Raúl Antonio Horta Domínguez en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Universidad Sergio Arboleda.

 

TERCERO.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Con aclaración de voto

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Con aclaración de voto

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

AL AUTO 1120/21

 

 

Referencia: Expediente ICC-4075

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot

 

Magistrado ponente:

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

 

 

1.   Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte y del precedente constitucional me permito expresar las razones que me llevan a aclarar el voto en el auto 1120 de 2021.^[29]

 

2.   Acompañé la decisión de la Sala Plena en la que se constató la configuración de un conflicto aparente de competencia, en atención a que el Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla aplicó las reglas de reparto previstas en el Decreto 1834 de 2015 para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta por el señor Raúl Antonio Horta Domínguez contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Sergio Arboleda. En la providencia se estableció que no se acreditó la triple identidad que se requiere en los casos de acciones de tutela masivas y, específicamente, los elementos relativos a la identidad de causa y objeto.

 

3.   Para arribar a tal decisión, se aplicó al precedente constitucional fijado en los autos 972, 974 y 976 de 2021,^[30] por medio de los cuales, se decidieron los conflictos de competencia suscitados en el marco del trámite de varias acciones de tutela formuladas por aspirantes de la Convocatoria Territorial 2019-II contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Universidad Sergio Arboleda.

 

4.   Ahora bien, considero necesario aclarar mi voto, dado que me aparté de lo decidido en los autos 972, 974 y 976 de 2021 y suscribí salvamentos de voto conjuntos en relación con dichas providencias.^[31]

 

Los salvamentos de voto fueron sustentados con base en los argumentos que se resumen a continuación: 

 

(i)          De conformidad con el Decreto 1834 de 2015, el reparto de acciones de tutela masivas garantiza la efectiva aplicación de los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica.

 

(ii)        En los casos analizados sí se acreditaba la identidad de causa. Los magistrados que suscribimos los salvamentos de voto consideramos que el análisis de la identidad de causa debió hacerse desde una perspectiva amplia, tal como dispone la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, tenía que considerarse que las tutelas objeto de comparación estaban enfocadas en el supuesto desconocimiento de las reglas contempladas en la “Guía de Orientación de Pruebas Escritas”, documento que aplicaba a las 21 convocatorias especiales de la Convocatoria Territorial 2019-II; y, aparentemente, determinaba el número de preguntas por las cuales estaría compuesta la prueba de competencias funcionales y comportamentales.

 

(iii)     En los casos analizados sí se acreditaba la identidad de objeto. Los magistrados que suscribimos los salvamentos de voto estimamos que el estudio de este elemento no podía limitarse a reiterar que las acciones de tutela analizadas se referían a convocatorias diferentes y autónomas. Adicionalmente, se puso de presente que en todos los asuntos existían solicitudes de medidas provisionales para suspender las convocatorias individuales y las pretensiones eran similares.

 

Con mi acostumbrado y profundo respeto,

 

Fecha ut supra

 

  

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA

DIANA FAJARDO RIVERA

AL AUTO 1120/21

 

 

1.   Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la mayoría, me permito manifestar que aclaro el voto en el Auto 1120 de 2021, en el que la Corte determinó que el conflicto de competencia planteado era aparente. La Sala Plena llegó a tal conclusión en atención a que el Juzgado Tercero de Familia Oral del Circuito de Barranquilla aplicó las reglas de reparto previstas en el Decreto 1834 de 2015 para abstenerse de conocer la acción de tutela, sin cumplir con la carga argumentativa que acreditara los supuestos normativos señalados por la Corte Constitucional para la configuración de la triple identidad.

 

2.   La Corte concluyó que no se cumple la identidad de causa y objeto, debido a que la solicitud de amparo cuestiona la Convocatoria No. 1344 y la conocida por la otra autoridad judicial fue la Convocatoria No. 1352. Es decir, las solicitudes de amparo se sustentan en actos administrativos diferentes y eventualmente afectan convocatorias y procesos de selección disímiles.

 

3.   La anterior conclusión reitera la postura que la Sala Plena estableció en los autos 972, 974 y 976 de 2021, correspondientes a los expedientes ICC-4071, ICC-4080 e ICC-4087, sobre los conflictos de competencia suscitados en el marco del trámite de varias acciones de tutela formuladas por aspirantes de la Convocatoria Territorial 2019-II contra la CNSC y la Universidad Sergio Arboleda. En dicha ocasión, la mayoría de la Corte concluyó que existía un conflicto aparente de competencia, en atención a que las autoridades judiciales involucradas en los conflictos aplicaron las mencionadas reglas de reparto de tutela masiva, sin acreditar la triple identidad.

 

4.   Sin embargo, junto con el magistrado José Fernando Reyes y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger nos apartamos respetuosamente de la decisión mayoritaria, puesto que consideramos que en los casos sí se acreditaba la triple identidad. Por un lado, si bien los actores hicieron parte de procesos de selección convocados por actos administrativos diferentes, lo cierto es que todos fueron aspirantes de las convocatorias específicas para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal dentro de la Convocatoria Territorial 2019-II. Las tutelas objeto de comparación estaban enfocadas en el desconocimiento de las reglas contempladas en la “Guía de Orientación de Pruebas Escritas”, la cual aplicaba a todas las convocatorias específicas y determinaba el número de preguntas para las pruebas (identidad de causa).  Por otro lado, en los asuntos existían solicitudes de medidas provisionales para suspender las convocatorias individuales y pretensiones similares como ordenar a la CNSC que desarrollara la convocatoria con total observancia de las reglas previstas para ello (identidad de objeto).

 

5.   Con base en lo anterior y respetando el precedente jurisprudencial que se consolidó al respecto, manifiesto que acompaño la decisión adoptada en el Auto 1120 de 2021, pero considero necesario poner de presente que, al igual que en los conflictos de competencia correspondientes a los autos 972, 974 y 976 de 2021, en este caso sí se acredita la triple identidad.  

 

6.   En primer lugar, se cumple el requisito de la confluencia del sujeto pasivo porque las acciones de tutela presentadas ante el Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot se dirigen contra la CNSC y la Universidad Sergio Arboleda.

 

7.   En segundo lugar, se acredita la identidad de causa puesto que en todas las acciones de tutela los aspirantes consideran que las entidades accionadas desconocieron las pautas establecidas en las convocatorias específicas, que hacen parte de la Convocatoria Territorial 2019-II, la cual se organizó para proveer empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa. En especial, cuestionan la prueba escrita que se aplicó a las convocatorias especiales.

 

8.       En tercer lugar, las acciones de tutela cumplen la identidad de objeto porque tienen pretensiones similares. Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital. Así, solicitaron ordenar a las autoridades adoptar las medidas para que el desarrollo de las convocatorias se diera con total observancia de las reglas establecidas. En consecuencia, queda claro que lo que pretenden ambas acciones de tutela es la verificación de las reglas generales de la Convocatoria Territorial 2019-II.

 

9.       De esta manera, con mi acostumbrado y profundo respeto, planteo las cuestiones por las que aclaro mi voto frente a lo decidido por la mayoría de los integrantes de la Sala Plena.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada