Auto 207/21

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC- 3974

 

Conflicto aparente de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- y el Tribunal Administrativo de Caldas.

 

Magistrado Sustanciador:

ALBERTO ROJAS RÍOS

 

 

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral e) del artículo 5 del Reglamento Interno, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.                 El 19 de febrero de 2021, Manuela Bernal solicitó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura la certificación del tiempo de judicatura correspondiente a los meses en que se desempeñó como profesional del derecho en la Caja de Compensación Familiar de Caldas[1].

 

Radicó los documentos en la dirección de correo electrónico dispuesta para tal fin por el Consejo Superior de la Judicatura, debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Sin embargo, la accionante aseveró que, el 25 de febrero de 2021, se enteró de que adicionalmente “la información y documentación debía enviarse al correo nalvarej@cendoj.ramajudicial.gov.co”, razón por la cual, procedió a enviar nuevamente la documentación requerida al correo mencionado[2].

 

2.                 El 9 de marzo de 2021, presentó acción de tutela contra la Unidad Nacional de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo[3]. Ello, pues consideró que la Unidad Nacional de Registro Nacional de Abogados sobrepasó el término legal para resolver de fondo la solicitud presentada y, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no ha recibido una respuesta concreta, lo cual, conlleva una supuesta vulneración a sus derechos fundamentales[4].

 

3.                 Por reparto, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- el cual, mediante Auto del 9 de marzo de 2021, resolvió declararse incompetente para conocer del amparo y, por lo tanto, remitió el asunto para reparto al Tribunal Administrativo de Manizales o al Tribunal Superior de Distrito Judicial[5]. Consideró que, con base en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015[6] y en razón a que la entidad accionada es la Unidad Nacional de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, quien debe conocer la tutela en primera instancia son los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o los Tribunales Contencioso Administrativos[7].

 

4.                  En consecuencia, la acción de tutela fue repartida al Tribunal Administrativo de Manizales -Caldas-, el cual, mediante Auto del 10 de marzo de 2021, propuso conflicto negativo de competencia[8]. Estimó que, de conformidad con la competencia a prevención que rige las reglas de reparto de la acción de tutela, a quien le corresponde decidir sobre el asunto es a la primera autoridad que conoció de dicha acción constitucional, la cual, en el presente asunto, es el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas-[9]. Asimismo, consideró que, conforme con las reglas previstas en el precedente de la Corte Constitucional, no le es dado a las autoridades judiciales sustraerse del conocimiento de las acciones de tutela invocando las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017[10].

 

5.                 Por las anteriores razones, el Tribunal Administrativo de Caldas (i) declaró su falta de competencia para conocer de la acción de tutela formulada por Manuela Bernal contra “la Nación-Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Registro Nacional de Abogados”; (ii) remitió el expediente a la Corte Constitucional para que decidiera sobre el presente conflicto de competencias; y, (iii) notificó a las partes de la decisión adoptada[11].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

6.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas para el efecto en la Ley 270 de 1996^[12]. Asimismo, este Tribunal ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, sólo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite^[13], o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela^[14] con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[15].

 

7.                 En la presente oportunidad, esta Corporación está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, a pesar de integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

 

8.                 Ahora bien, este Tribunal ha determinado que existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991)^[16];

 

(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991)^[17], y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz (artículo 8° transitorio del título transitorio de la Constitución)^[18]; y

 

(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[19] en los términos establecidos en la jurisprudencia constitucional (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)^[20].

 

9.                 Igualmente, esta Sala ha señalado que la aplicación de las normas previstas en el Decreto 1069 de 2015^[21], que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017^[22], no autorizan al juez de tutela para abstenerse de conocer de los asuntos de amparo que le son asignados, en la medida en que únicamente se refieren a reglas administrativas para el reparto, pero no hacen alusión a la competencia de las autoridades judiciales^[23]. En este sentido, cabe resaltar que el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 expresamente dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

 

10.            Así las cosas, teniendo en cuenta que las disposiciones del mencionado decreto reglamentario no son presupuesto para que un juez se aparte del conocimiento de un asunto, este Tribunal ha expresado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[24].

 

III. CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso:

 

11.            Se configuró un conflicto aparente de competencia, en la medida que la controversia entre las dos autoridades judiciales involucradas no se basó en criterio de competencia alguno. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- ordenó remitir el expediente de tutela para el que surta el correspondiente reparto ante el Tribunal Administrativo de Manizales -Caldas-.

 

12.            De esta forma, el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- contrarió la jurisprudencia de esta Corporación citada anteriormente y desconoció los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional dirigido a la resolución inmediata de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. Por lo anterior, la Sala considera que el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la acción de tutela presentada por Manuela Bernal contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la cual se le asignó su conocimiento.

 

13.            Con base en lo anterior, esta Corporación dejará sin efectos el Auto del 9 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- y ordenará que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por Manuela Bernal contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura.

 

14.            Por lo demás, la Sala advertirá al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- que, en lo sucesivo, se abstenga de sustraerse del conocimiento de acciones de tutela con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello desconoce el derecho positivo y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de los fundamentos expuestos, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 9 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas-, dentro del expediente ICC-3974.

 

SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- el expediente ICC-3974, para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por Manuela Bernal Gutiérrez contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura.

 

TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Manizales -Caldas- que, en lo sucesivo, se abstenga de suscitar conflictos de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017.

 

CUARTO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Tribunal Administrativo de Manizales.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General