Auto 270/21

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual para dirimir conflictos de competencia

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Improcedencia de escindir el extremo pasivo

 

 

Referencia: Expediente ICC-3999

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Tolima y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué

 

Magistrada ponente:                                              

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

 

Bogotá D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente 

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.   El 17 de marzo de 2021, el señor Hernán Alfonso Briceño Rodríguez presentó acción de tutela contra: (i) el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué, (ii) el Tribunal Administrativo del Tolima, (iii) el Juzgado Primero Laboral de Palmira, (iv) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, (v) la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y (vi) la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial.

 

El actor indicó que se desempeñó como presidente de Medimas E.P.S. S.A.S. durante los meses de agosto y septiembre de 2017.

 

Expuso que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira le impusieron sanciones de multa y arresto dentro del trámite de dos incidentes de desacato formulados en contra de Medimas E.P.S. S.A.S. y que el Tribunal Administrativo de Tolima, así como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga confirmaron las sanciones impuestas en sede de consulta. El actor señaló que ya no era el presidente – representante legal de la E.P.S. al momento en que se profirieron los autos.

 

Resaltó que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial dio apertura a una indagación preliminar bajo el radicado IUS E 2018-222417, proceso en el que se acumularon 25 quejas sin importar que las conductas reprochables fueron realizadas por diferentes colaboradores de Medimas E.P.S. S.A.S. A su juicio, dentro del trámite adelantado no se respetaron sus garantías fundamentales.

 

Informó que, debido a las sanciones de multa impuestas, la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué adelantó dos procesos de cobro coactivo en los que no se han respetado sus derechos fundamentales.

 

En consecuencia, el señor Hernán Alfonso Briceño Rodríguez solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, así como al habeas data.

 

2.   Mediante auto del 2 de marzo de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado advirtió que no se cumplían los presupuestos del artículo 88 del Código General del Proceso para que opere la acumulación de pretensiones, norma que consideró aplicable en virtud de los artículos 4 del Decreto 306 de 1992 y 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015. Indicó que en la demanda de tutela se formularon pretensiones contra varios demandados, pero no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y “tampoco tienen relación de dependencia entre sí ni pueden servirse de las mismas pruebas (porque conciernen a determinaciones emitidas en diferentes trámites)”.^[1]

 

Aseguró que “carece de competencia para tramitar la totalidad de las citadas pretensiones, por lo tanto, resulta indispensable dilucidar tal asunto, para cuyo efecto se debe acudir a las reglas de reparto de la acción de tutela, concretamente las contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017”.^[2]

 

Entendió que, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, la Corte Suprema de Justicia era competente para conocer la solicitud de amparo y las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.

 

Aseveró que, de conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, las acciones de amparo promovidas contra el Procurador General de la Nación han de ser tramitadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o los Tribunales Administrativos. Precisó que la tutela contra el director seccional de administración judicial de Ibagué corresponde por reparto al Tribunal Superior de dicha ciudad.

 

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la tutela únicamente en lo relativo al Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué y al Tribunal Administrativo de Tolima. Sin embargo, declaró la falta de competencia “para asumir el conocimiento de este asunto, en lo que concierne a la vulneración constitucional endilgada a las demás autoridades accionadas”.^[3] En consecuencia, remitió copia del escrito de tutela, de los anexos y del auto proferido a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué para que asumieran el conocimiento.

 

De esta manera, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado escindió la tutela radicada por el señor Hernán Alfonso Briceño Rodríguez y la convirtió en 4 acciones de amparo.

 

3.   Por reparto del 15 de marzo de 2021, la tutela contra la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué correspondió a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

 

4.   Por medio de auto del 16 de marzo de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué remitió la actuación contra el Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué a la oficina judicial de esa ciudad para que se sometiera a reparto entre los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima. Para adoptar esa decisión señaló lo que se cita a continuación:

 

“[C]omo quiera que, la tutela cuestiona la actuación tramitada por el Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la cual tiene su origen en la decisión proferida el Juzgado Primero Oral Administrativo de Ibagué dentro del incidente de desacato 2017-00324-00, es que, al revisar las reglas de reparto de la acción de tutela, se tiene que el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por Decreto 1983 de 2017, establece: “(…) Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (…).

 

En ese orden de ideas, esta Corporación carece de competencia para conocer en primera instancia de este mecanismo constitucional, por cuanto, al encontrar que el examen constitucional tiene su origen en decisiones proferidas por el Juzgado Primero Oral Administrativo de Ibagué y de las cuales nace el proceso de cobro coactivo 2018-01288. De donde y como que, cualquier determinación que se adopte en este trámite puede llegar afectar las providencias del citado Despacho Judicial, corresponde entonces la valoración de lo expuesto en la tutela al Tribunal Administrativo del Tolima como superior funcional del Juzgado accionado”.^[4]

 

5.   A través de auto del 18 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima explicó que el Decreto 1983 de 2017 establece reglas de reparto que no pueden ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia y consideró lo siguiente:

 

“[S]e reitera que en lo concerniente a esta Jurisdicción Contenciosa ya está conociendo el honorable Consejo de Estado, así mismo el cobro coactivo de la sanción impuesta al extremo actor a través de las providencias que fueron proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima son consecuencia de las mismas, motivo por el cual esta Corporación no puede ser parte y Juez constitucional al mismo tiempo.

 

En este sentido, se debe advertir que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué – Sala Civil Familia, no ha debido remitir las presentes diligencias a esta Corporación, por cuanto el Consejo de Estado les remitió específicamente a ellos copias para el trámite correspondiente”.

 

En consecuencia, la autoridad judicial declaró el conflicto negativo de competencias y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.^[5] Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual.^[6] En consecuencia, esta Corporación ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018,^[7] que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.^[8]

 

En el presente asunto, los despachos judiciales involucrados en la controversia hacen parte de la jurisdicción ordinaria (Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué), así como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Tribunal Administrativo del Tolima) y la Ley 270 de 1996 no prevé una autoridad para dirimir conflictos de competencia de este tipo, por lo que esta Corte procederá a resolverlo.

 

2. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.^[9]

 

(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz.^[10]

 

(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia.^[11]

 

3. Esta Corporación ha aclarado que los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, modificados por el Decreto 1983 de 2017^[12] regulan el procedimiento de reparto y, en ningún caso, definen la competencia de los despachos judiciales.^[13] En consecuencia, a partir de la jurisprudencia constitucional consolidada en esta materia,^[14] está prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.

 

4. Por otra parte, la Corte advirtió en el auto 024 de 2016^[15] que, dada la oficiosidad de las acciones de amparo, los jueces de tutela deben “orientar el procedimiento para dar una solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible, para tomar una decisión de fondo sobre los hechos puestos en su conocimiento”.

 

Adicionalmente, esta Corporación resaltó en el auto 361 de 2019^[16] que “el concepto de escisión de una acción de tutela comprende el fraccionamiento de sujetos procesales, hechos vulneradores o pretensiones que, en todo caso, supone la separación del extremo pasivo de las solicitudes de amparo”. Además, advirtió que, en algunos casos, las autoridades judiciales escinden acciones de amparo sin importar la etapa procesal en la que se encuentre el trámite y que estas actuaciones desconocen los principios de oficiosidad, economía, prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia, que rigen la acción constitucional. Finalmente, la Sala Plena concluyó que “el fraccionamiento de pretensiones conlleva la segmentación de los posibles remedios judiciales que se puedan proferir en el caso concreto”.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. La Sala Plena constata que, mediante auto del 2 de marzo de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la tutela interpuesta por el señor Hernán Alfonso Briceño Rodríguez, únicamente en lo relativo al Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué y al Tribunal Administrativo de Tolima. Sin embargo, fraccionó en 3 procesos más la acción de tutela, tal como se expone a continuación.

 

Nro.	Autoridad destinataria	Proceso
1.	Corte Suprema de Justicia	Hernán Alfonso Briceño Rodríguez Vs. Juzgado Primero Laboral de Palmira y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
2.	Tribunal Administrativo de Cundinamarca	Hernán Alfonso Briceño Rodríguez Vs. Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial
3.	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué   * Proceso en el que se suscitó el conflicto de competencia de la referencia.	Hernán Alfonso Briceño Rodríguez Vs. Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué

 

2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no hace parte del conflicto de competencia de la referencia y, por lo tanto, no es posible adoptar una decisión sobre los efectos del auto del 2 de marzo de 2021, a través del cual realizó la escisión de la acción de tutela interpuesta por el señor Hernán Alfonso Briceño Rodríguez. No obstante, la Sala Plena le advertirá que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de fraccionar las acciones de tutela que lleguen a su conocimiento, pues tal actuación atenta contra los principios de economía, celeridad y eficacia que orientan los procesos constitucionales. En esos casos, de conformidad con el numeral 11 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, “[c]uando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía”.

 

3. En el asunto de la referencia, a través de auto del 16 de marzo de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué consideró que no era competente para conocer del proceso de tutela contra la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, al concluir que las actuaciones de dicha autoridad se originaron en “las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Oral Administrativo de Ibagué”. A partir de dicha interpretación, estimó que se debía dar aplicación al numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, en el que se establece que “[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.

 

En consecuencia, ordenó remitir el expediente a la oficina judicial de esa ciudad para que lo sometiera a reparto entre los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.

 

4. La Sala Plena considera que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué invocó un criterio basado en las reglas de reparto para negarse a resolver de fondo la solicitud de amparo y omitió que, en materia de tutela, “[n]o le es dable al juez realizar un análisis de fondo de los hechos de la demanda para determinar a priori los destinatarios”.^[17]

 

5. En consecuencia, la Sala Plena dejará sin efecto el auto del 16 de marzo de 2021, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por el señor Hernán Alfonso Briceño Rodríguez. De esta manera, remitirá el expediente ICC-3999 a dicha autoridad judicial para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. 

 

Adicionalmente, se advertirá a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, en lo sucesivo, se abstengan de promover conflictos de competencia con fundamento en reglas de reparto.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 16 de marzo de 2021, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dentro del trámite de la acción de tutela formulada por el señor Hernán Alfonso Briceño Rodríguez.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3999 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. 

 

Tercero.- ADVERTIR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, en lo sucesivo, se abstenga de promover conflictos de competencia con fundamento en reglas de reparto.

 

Cuarto.- ADVERTIR a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de fraccionar las acciones de tutela que lleguen a su conocimiento, pues tal actuación atenta contra los principios de economía, celeridad y eficacia que orientan los procesos constitucionales.

 

Quinto.- Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al Tribunal Administrativo del Tolima y a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

  

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

  

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

  

 

 

 PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

  

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

  

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

  

 

 

 MARTHA VICTORIA SÁCHICHA MÉNDEZ

Secretaria General