Auto 306/21

 

RECUSACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance del criterio de pertinencia

 

Esta Corporación ha señalado que se trata de una etapa previa al estudio material de las causales de recusación, es exclusiva de los procesos de constitucionalidad y “no tiene por objeto establecer si un juez debe ser separado del conocimiento de un caso, sino determinar si la solicitud reúne las condiciones para que se adelante el trámite del incidente y para que posteriormente la Corte se pronuncie de fondo sobre los planteamientos del recusante”.

 

RECUSACION CONTRA MAGISTRADOS EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Examen previo de pertinencia

 

Al implicar una valoración preliminar sobre la aptitud de la recusación y no ser, por lo tanto, una resolución del fondo del incidente, el examen de la Corte se limita a determinar: (a) las condiciones adjetivas relativas a la temporalidad en la presentación de la solicitud, la legitimación por activa de quien la formula y la debida justificación; y (b) las condiciones sustantivas concernientes a la indicación de la causal de recusación, la individualización del supuesto fáctico que configura la causal y la conexión entre uno y otro elemento. Tan solo en caso de ser pertinente la recusación, se dará apertura al respectivo incidente, según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto ley 2067 de 1991.

 

PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ EN EL PROCESO-Contenido

 

El legislador consideró que las recusaciones propuestas con un fin distinto a la preservación de la imparcialidad de la administración de justicia y la moralidad procesal pueden ameritar sanciones particulares en atención a las consecuencias que generan para la adecuada administración y celeridad de la justicia.

 

PODER CORRECTIVO DEL JUEZ FRENTE A RECUSACIONES TEMERARIAS O DE MALA FE-Facultad para imponer la sanción de multa, según artículo 147 del C.G.P.

 

… de acuerdo con el artículo 147 del CGP, “[c]uando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto se impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar”.

 

 

Expediente D-13866

 

Asunto: examen de pertinencia de la recusación presentada en contra de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado para conocer la nulidad de la sentencia C-062 de 2021.

 

Peticionario: Harold Eduardo Sua Montaña.

 

Magistrado ponente:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

 

 

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).

 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a resolver el asunto de la referencia.

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.   En la Sentencia C-062 de 2021, la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “[n]umeral 11. Multa general tipo 4; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia” contenida en el parágrafo 2º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. La decisión de constitucionalidad se profirió bajo “el entendido de que dichas consecuencias jurídicas no pueden aplicarse respecto de las personas que habitan la calle”[1]. Igualmente, este tribunal exhortó a:

 

“(…) las autoridades municipales y distritales para que, en caso de que no lo hubiesen adelantado diseñen y en todo caso implemente una política pública que garantice el acceso universal a infraestructura sanitaria en el espacio público, la cual sea disponible a las personas que habitan en la calle. Esto conforme las obligaciones estatales que se derivan de la Constitución y de la Ley 1641 de 2013”[2].

 

2.   Por medio de correo electrónico del 5 de abril de 2021, el señor Harold Eduardo Sua Montaña (quien fue interviniente en el proceso de la referencia) le solicitó a este tribunal que le remitiera una copia de la Sentencia C-062 de 2021, se fijara el edicto correspondiente y se incorporara el fallo en la sección de relatoría de la página web de la Corte Constitucional. Asimismo, el ciudadano le pidió a esta corporación que en la providencia se corrigiera un error de digitación en el que incurrió en su intervención al citar incorrectamente un número de sentencia de tutela.

 

3.   A través de correo electrónico de 8 de abril de 2021, el señor Harold Eduardo Sua Montaña también le solicitó a la Corte que certificara sobre la decisión de la Sala Plena que había aceptado el impedimento de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger en el proceso de la referencia[3]. En iguales términos, el peticionario radicó una nueva solicitud el 14 de abril de 2021.

 

4.   Mediante auto del 16 de abril de 2021, la Corte le informó al peticionario que la Sentencia C-062 de 2021 se encontraba en el proceso de recolección de las firmas. Asimismo, la Sala Plena le explicó al ciudadano Sua Montaña que no había lugar a corregir el error de digitación por cuanto la síntesis de su intervención -incorporada en el fallo- no incluyó el asunto mencionado. Finalmente, este tribunal puso en conocimiento del solicitante que, tal como lo certificó la Secretaría General de la Corte, el impedimento formulado por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger había sido resuelto por la Sala Plena en la sesión del 17 de marzo de 2021. Esa decisión ocurrió de manera previa a la discusión y votación del proyecto de fallo de la referencia.

 

5.   El señor Harold Eduardo Sua Montaña solicitó que se declarara la nulidad parcial del auto del 16 de abril de 2021. Además, en escrito separado, el ciudadano pidió “apartar del conocimiento del mismo (sic) al Magistrado Ponente de dicha providencia judicial entendiendo (sic) que conforme a la Sentencia T266 de 1999 (sic) cualquier juez debe declararse impedimento (sic) ante situaciones donde deba entrar a (sic) revisar si su propia actuación es contraria a derecho”.

 

6.   Por medio de la Secretaría General de la Corte y a través de auto del 27 de abril de 2021, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger remitió el escrito de recusación al despacho del suscrito magistrado sustanciador[4].

 

II.              CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

7.   La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir sobre la pertinencia de las recusaciones presentadas contra uno o varios de los magistrados que la integran según lo establecido en los artículos 28 y 29 del Decreto 2067 de 1991.

 

2. Los criterios para determinar la pertinencia de una recusación

 

8.   Sobre el examen de pertinencia, esta Corporación ha señalado que se trata de una etapa previa al estudio material de las causales de recusación[5], es exclusiva de los procesos de constitucionalidad^[6] y “no tiene por objeto establecer si un juez debe ser separado del conocimiento de un caso, sino determinar si la solicitud reúne las condiciones para que se adelante el trámite del incidente y para que posteriormente la Corte se pronuncie de fondo sobre los planteamientos del recusante”^[7].

 

9.   Al implicar una valoración preliminar sobre la aptitud de la recusación y no ser, por lo tanto, una resolución del fondo del incidente, el examen de la Corte se limita a determinar: (a) las condiciones adjetivas relativas a la temporalidad en la presentación de la solicitud, la legitimación por activa de quien la formula y la debida justificación; y (b) las condiciones sustantivas concernientes a la indicación de la causal de recusación, la individualización del supuesto fáctico que configura la causal y la conexión entre uno y otro elemento[8]. Tan solo en caso de ser pertinente la recusación, se dará apertura al respectivo incidente, según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto ley 2067 de 1991.

 

Los poderes correccionales del juez

 

10.            Según el artículo 2º de la Constitución, son fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, así como asegurar la vigencia de un orden justo. El debido proceso y el acceso a la administración de justicia constituyen derechos y deberes comprendidos por esta norma[9]. Además, se trata de garantías fundamentales y complementarias para alcanzar la vigencia de un orden justo. El debido proceso (art. 29 C. Pol.) apunta, en efecto, a “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado”[10]. Con tal propósito, es esencial que los términos procesales se observen con diligencia, sin dilaciones injustificadas y que su incumplimiento sea sancionado por atentar contra los principios de eficacia, economía y celeridad de la función administrativa (art. 209 superior)^[11] y, con ello, evitar obstaculizar el acceso oportuno a la administración de justicia (art. 229 superior).

 

11.            Bajo el entendido de que la administración de justicia es, además, una función pública (art. 228 C. Pol.) dirigida a “hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los ciudadanos”[12], este tribunal, desde sus primeras decisiones, ha subrayado el rol fundamental del principio de celeridad^[13]. Dicho principio fue recogido por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en una disposición^[14] cuya constitucionalidad avaló la Corte por corresponder a un desarrollo de los artículos superiores mencionados[15].

 

12.            En el mismo sentido, el artículo 95.7 de la Constitución consagra el deber de los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. El Estado, a su vez, debe adoptar “medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia”[16], pues de él depende la vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos. En desarrollo de este deber y como manifestación del poder sancionatorio del Estado, el legislador ha atribuido facultades correccionales y sancionatorias a los jueces y magistrados que actúan como directores de los procesos judiciales “para adoptar medidas que garanticen el ejercicio responsable de los derechos procesales y que controlen la creación de obstáculos injustificados para la administración de justicia por las partes y sus apoderados”[17]. Dichas facultades han sido desarrolladas tanto por normas generales como por normas específicas.

 

13.            El Decreto ley 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional” no regula el ejercicio de poderes específicos dirigidos a evitar obstrucciones o dilaciones indebidas en el curso de los procesos a cargo de este tribunal. No obstante, la Corte se encuentra investida de tales potestades en virtud del “reenvío normativo a las reglas comunes sobre procedimiento judicial”[18], cuya procedencia ha sido reiterada por la jurisprudencia constitucional frente a vacíos similares al que se constata sobre este punto[19]. Dichas potestades cobran vital importancia si se tiene en cuenta que, en un contexto como el del proceso de constitucionalidad, el adecuado funcionamiento de la administración de justicia es una condición esencial para asegurar la supremacía e integridad de la Constitución. Al respecto, resultan aplicables las normas que regulan las potestades correccionales previstas por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (LEAJ)[20] y el Código General del Proceso (CGP). Cabe recordar que este último, en particular, se aplica a “todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes”, según lo dispuesto por su artículo 1.

 

14.            En materia de facultades correccionales, la LEAJ habilita a los jueces y magistrados para sancionar a los particulares, con multa de hasta diez salarios mínimos mensuales (art. 60), cuando estos falten al respeto o desobedezcan las órdenes del juez, asuman comportamientos contrarios a la solemnidad de los actos jurisdiccionales o al decoro de los recintos donde éstos se cumplen (art. 58). De igual forma, prevé la posibilidad de sancionar con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales (art. 60A) a las partes del proceso o a sus representantes o abogados cuando estos aleguen hechos contrarios a la realidad, utilicen el proceso o sus actuaciones con fines claramente ilegales, obstruyan o no presten la debida colaboración en la práctica de pruebas; así como cuando “adopten una conducta procesal tendiente a dilatar el proceso o por cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal del proceso”[21]. En dichas hipótesis, la misma ley prevé un procedimiento expedito para imponer la sanción (art. 59)[22] y, con ello, proteger la administración de justicia[23] y garantizar la celeridad del proceso[24].

 

15.            En igual sentido, el artículo 44 del CGP concede al juez la potestad para expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su realización, imponer sanciones a quienes impidan su desarrollo, así como a los empleados que incumplan las órdenes allí proferidas o a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia de sus trabajadores y representados a los despachos judiciales. Dichas medidas permiten al juez asegurar el respeto de deberes, atribuidos a las partes y los apoderados, como los de “proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos”, “obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales” y “abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias”[25].

 

16.            Una potestad adicional a las mencionadas fue prevista por el CGP cuando el incumplimiento de estos deberes se produce al proponer una recusación. La especificidad de dicha potestad atiende a la naturaleza, el propósito y la importancia de esta institución procesal. Al respecto, este tribunal ha señalado que:

 

“Los impedimentos y las recusaciones son instituciones de naturaleza procedimental, concebidas con el propósito de asegurar principios sustantivos de cara al recto cumplimiento de la función pública (art. 209 CP). Con ellas se pretende garantizar condiciones de imparcialidad y transparencia de quien tiene a su cargo el trámite y decisión de un asunto (art. 29 CP), bajo la convicción de que solo de esta forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 13 CP)”[26].

 

17.            Teniendo en cuenta el rol fundamental de dichos principios, cuando se constata la configuración de alguna de las causales de impedimento o recusación taxativamente establecidas en la ley, el juez competente para conocer un asunto es separado inmediatamente del mismo. Pese a los efectos que tal determinación puede generar en términos de celeridad debido a la suspensión temporal del proceso y al cambio de juzgador, el apartamiento se impone como única alternativa posible “para revestir de imparcialidad a la administración de justicia” [27] y garantizar así el derecho a ser oído “por un juez competente, independiente e imparcial”[28]. De ahí que, quien propone una recusación tenga la carga particular de demostrar el supuesto de la causal que invoca y, por esta vía, hacer manifiesta la razón por la cual se justifica suspender el procedimiento y alterar la designación del juez natural[29].

 

18.            De conformidad con lo anterior, el legislador consideró que las recusaciones propuestas con un fin distinto a la preservación de la imparcialidad de la administración de justicia y la moralidad procesal pueden ameritar sanciones particulares en atención a las consecuencias que generan para la adecuada administración y celeridad de la justicia. Así, de acuerdo con el artículo 147 del CGP, “[c]uando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto se impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar”.

 

19.            El supuesto de esta norma debe ser interpretado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código General del Proceso, según el cual, la temeridad y la mala fe se presumen en los siguientes casos:

 

“1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. || 2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes. || 3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. || 4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas. || 5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso. || 6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas”.

 

20.            En las hipótesis señaladas por la norma se presume, entonces, que la recusación propuesta es temeraria por fundarse en móviles o motivos manifiestamente opuestos a la moralidad procesal[30], que no solo atentan “contra la economía procesal, sino también contra los principios de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público de administración de justicia”[31]; o que denotan un “actuar doloso y de mala fe por parte del libelista”[32].

 

21.            A diferencia de lo dispuesto respecto de otros poderes correccionales previstos por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y por el Código General del Proceso, en el caso de la potestad consagrada frente a la recusación temeraria o de mala fe, el legislador no previó un procedimiento particular. Lo anterior no supone, sin embargo, que esta facultad no se encuentre sujeta al debido proceso[33]. Al respecto, la Corte ha señalado que “[l]a imposición de la multa debe en todo caso estar antecedida de una actuación que cumpla con los ingredientes mínimos del debido proceso (publicidad, contradicción y defensa)”[34]. Estas garantías permiten, como se manifestó, que la potestad sancionatoria de la cual emanan se ejerza como una herramienta tendiente a asegurar la vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos, y de un orden justo, en tanto fines esenciales del Estado.

 

4. El caso en concreto

 

22.   En este caso el escrito de recusación se presentó de forma oportuna[35] y por quien se encontraba legitimado para presentarlo[36]. Sin embargo, la Sala evidencia que la recusación no cumple en absoluto con las condiciones mínimas necesarias para iniciar el respectivo incidente.

 

23.   La Sala Plena observa que la solicitud presentada por el ciudadano no satisface las exigencias sustantivas de procedencia[37]. En otras palabras, no cumple con las exigencias mínimas que habilitarían la apertura del incidente para resolver la recusación planteada por el ciudadano.

 

24.   En primer lugar, la Corte encuentra que el señor Sua Montaña no identificó una causal en la que eventualmente estuviere incursa la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. Al respecto, este tribunal estima pertinente señalarle al peticionario que las causales de impedimento y recusación son taxativas y, según lo expuesto en el párrafo 9 supra, es necesario que quien alega la recusación identifique la causal sobre la cual se soporta. Esta carga mínima y fundamental no fue satisfecha por el ciudadano. Y resulta pertinente afirmar puntualmente que, si bien el ciudadano tiene derecho a proponer medidas como las que ahora se analizan, cabe exigir un mínimo de seriedad y rigor, porque la Corte debe ocupar su tiempo en su análisis y decisión como si se tratara de una petición responsable y seria.  

 

25.   En segundo lugar, para esta corporación el peticionario no individualizó el supuesto fáctico que configuró la causal de recusación, pues se limitó a señalar que conforme a la “Sentencia T266 de 1999 (sic) cualquier juez debe declararse impedimento (sic) ante situaciones donde deba entrar a (sic) revisar si su propia actuación es contraria a derecho”. Tal afirmación no edifica ninguna causal ni el sustento fáctico que la configura. Es más, se trata de una afirmación copy & paste ya de usanza en el centenar de peticiones con las cuales el señor Sua Montaña distrae, malgasta y dilapida el valioso recurso del tiempo que tiene la Corte y que es evidentemente escaso para ocuparse del cúmulo de labores que debe cumplir con paciencia de artesano, ocupándose, ahí sí, en trámites rigurosos, exigentes y serios. En consecuencia, la afirmación del señor Sua Montaña resulta insuficiente para habilitar el estudio de la recusación propuesta.

26.   En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, la Sala Plena observa que la solicitud de recusación formulada por el ciudadano no argumentó cómo era que existía una relación de conexidad entre la causal de recusación (no indicada) y los supuestos fácticos (no identificados) en los que eventualmente se encontraba la magistrada Ortiz Delgado.

 

27.   Por lo anterior, la Corte concluye que la recusación presentada por el señor Sua Montaña en contra de la magistrada Ortiz Delgado no atiende a la exigencia de una “carga argumentativa, seria y coherente”[38]. Esto por cuanto el recusante no invocó ninguna causal ni brindó ningún detalle o explicación que permitiera comprender por qué habría lugar a apartar del conocimiento de la nulidad a la magistrada Ortiz Delgado. Dicho de otra forma, para este tribunal, de lo expuesto por el recusante no es posible establecer cuál es la causal ni los motivos en los que se sustenta la recusación formulada. En suma, lo pedido por el ciudadano en su escrito carece de sustento jurídico.

 

28.   En consecuencia, debido a que el peticionario no identificó la causal, tampoco justificó mínimamente la recusación ni determinó cuáles eran los hechos sobre los que se fundamentaba su reclamo, la Corte rechazará el escrito de recusación por ser notoriamente impertinente.

 

29.   En efecto, la Sala constata que la solicitud de apartar del conocimiento del trámite de nulidad a la magistrada Gloria Stella Ortiz, no resiste el menor análisis de pertinencia. De acuerdo con el reglamento interno de esta corporación, el trámite de nulidad de una sentencia corresponde al magistrado que ha sido ponente de la misma[39] y, es este también el encargado de resolver las peticiones y solicitudes que, en el marco del trámite tanto de la sentencia como de la nulidad, sean presentadas por quienes intervienen en el proceso. La aplicación de las normas respectivas no puede ser considerado como un motivo legítimo para cuestionar la imparcialidad del respectivo magistrado y, en tal sentido, un escrito de recusación fundado en argumentos difícilmente comprensibles al respecto puede amenazar en forma irrazonable la celeridad del proceso.

 

30.   Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera imperioso evaluar la necesidad de adoptar medidas para salvaguardar el funcionamiento adecuado y eficiente de la administración de justicia en este caso. En efecto, dado el carácter notoriamente infundado de la recusación presentada y su efecto sobre la conducción del proceso de la referencia, este tribunal advierte que se podría estar ante el supuesto previsto por el artículo 147 del CGP. Esto haría procedente la imposición de una multa de entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes como sanción frente a la temeridad o mala fe en la proposición de la recusación.

 

31.   Como se señaló, la Sala Plena cuenta con elementos de juicio para considerar que la recusación presentada por el ciudadano Sua Montaña en el proceso de la referencia se podría fundar en móviles o motivos manifiestamente opuestos a la moralidad procesal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 79 del CGP. Al respecto, corresponde subrayar que, además de la manifiesta falta de fundamento legal de la recusación, esta no es la primera ocasión en la cual el peticionario ha presentado escritos de este tipo[40]. Ese proceder ha sido reiterado pese a que, en todas las providencias proferidas por la Corte con ocasión de las recusaciones presentadas por él, este tribunal ha expuesto en forma detallada los requisitos de pertinencia que deben cumplir las recusaciones[41]. Esta corporación ha llegado incluso a conminarlo para que se abstenga de presentar recusaciones manifiestamente improcedentes[42] y a recibir requerimientos de otros ciudadanos en los que se solicita a la Corte pronunciarse sobre las actuaciones del señor Sua Montaña[43].

 

32.   En este caso, el escrito de recusación es notoriamente impertinente sin que pueda advertirse, en principio, que su presentación se encuentra motivada por el propósito legítimo de salvaguardar el principio de imparcialidad. Por el contrario, dadas las características de la recusación, esta parece apuntar a dilatar u obstruir el desarrollo normal del proceso, excediendo en forma deliberada el objetivo razonable y legítimo de una institución procesal cuyo propósito es el de preservar y no debilitar, como en este caso, la adecuada administración de justicia, haciendo uso de ella en forma opuesta a la celeridad, la economía y la eficacia procesal; desconociendo la obligación de los ciudadanos de colaborar con el funcionamiento de la administración de justicia y, en tal sentido, contraviniendo la prohibición de generar dilaciones injustificadas.

 

33.   Sin perjuicio de contar con la posibilidad de resolver de plano en esta providencia sobre la eventual configuración de una recusación temeraria o de mala fe[44], la Sala estima valioso garantizar el derecho fundamental al debido proceso del señor Harold Eduardo Sua Montaña y permitirle presentar la información que estime esencial para que la Sala adopte finalmente una decisión al respecto[45]. Por consiguiente, se iniciará un trámite destinado a cumplir con este propósito.

 

34.   Como primera actuación dentro del mismo, en aplicación de lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 117 del Código General del Proceso[46], se concederá al ciudadano un término de cinco (5) días para que presente los descargos correspondientes y allegue la información que considere pertinente para ejercer su derecho de defensa.

 

35.   Una vez concluido el término señalado, con fundamento en la información y descargos allegados por el recusante y, bajo el impulso del magistrado ponente[47], la Corte evaluará los elementos de juicio a su disposición y se pronunciará sobre la aplicación del artículo 147 del Código General del Proceso.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- RECHAZAR por notoriamente impertinente la recusación presentada por el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña en contra de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado en el proceso D-13866, por las razones expuestas en la parte motiva.

 

Segundo.- bajo el impulso del magistrado ponente, INICIAR un trámite sancionatorio contra el señor Harold Eduardo Sua Montaña, destinado a establecer la posible temeridad o mala fe en la presentación de la recusación de la referencia, según lo dispuesto, en particular, por el artículo 147 del Código General del Proceso.

 

Tercero.- CONCEDER el término de cinco (5) días al señor Harold Eduardo Sua Montaña, para que presente los descargos correspondientes y allegue la información que considere pertinente para ejercer su derecho de defensa, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de este auto.

 

Cuarto.- contra esta providencia no procede recurso ni nulidad alguna.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

No firma

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General