Auto 811/21

 

SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Evaluación de política pública de atención a víctimas de desplazamiento en el contexto de la pandemia COVID-19

 

SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Necesidad de adaptar y flexibilizar los procedimientos de toma de declaraciones de la población desplazada, para valoración e inclusión en el Registro Único de Víctimas

 

AYUDA HUMANITARIA A POBLACION DESPLAZADA-Obligaciones del Estado en relación con atención humanitaria, prórroga de la misma y estabilización socioeconómica

 

SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Vulnerabilidades previas y sobrevinientes de víctimas de desplazamiento en el contexto de la pandemia COVID-19

 

DIFERENCIACION ENTRE SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO, ACCIONES DE ATENCION HUMANITARIA Y MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL-No implica ignorar la necesaria articulación y complementariedad de las distintas políticas públicas

 

SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Lineamientos de política pública integral, para la atención a víctimas de desplazamiento en el contexto de la pandemia COVID-19

 

 

Referencia: Valoración de la continuidad de las medidas de atención y asistencia y, la garantía del principio de igualdad y no discriminación de la población desplazada en el acceso a los programas sociales y a las medidas de reactivación económica, adoptadas con ocasión de la pandemia.

 

Magistrada Sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

 

 

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto en seguimiento a la garantía de los derechos de la población desplazada. Lo anterior, en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la materia y, en particular, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19.

 

De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará: (i) la adaptación y flexibilización de las medidas de atención y asistencia para asegurar la continuidad de la política de víctimas en la pandemia. En particular, los procesos asociados a la superación de la vulnerabilidad que se deriva del desplazamiento forzado; y, (ii) la garantía del principio de igualdad y no discriminación para el acceso de la población desplazada a los programas sociales del Estado adoptados con ocasión de la contingencia de salud pública y la política de reactivación económica. Para este propósito, la providencia examinará la información aportada por diferentes actores del proceso en el marco de los Autos 149, 326 y 357 de 2020 y 328 de 2021. También se integran en este análisis los informes anuales del Gobierno Nacional correspondientes a los años 2020 y 2021.

 

En consecuencia, esta decisión se sustenta en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.            La Sentencia T-025 de 2004 declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (en adelante ECI), como consecuencia de la grave, masiva y sistemática vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada y la falta de correspondencia con la capacidad institucional y presupuestal dispuesta para asegurar estos derechos.

 

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 establece que “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Por esta razón, este Tribunal mantiene la competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios. El propósito del seguimiento es asegurar la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada.

 

Seguimiento a la garantía de los derechos de la población desplazada en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19

 

2.                 El Auto 149 de 2020 reiteró que las víctimas de desplazamiento forzado pueden ser destinatarias de forma concurrente de la atención humanitaria, los programas de asistencia social y de las medidas de reparación integral. Lo expuesto, porque cada una de estas intervenciones se derivan de obligaciones jurídicas diferentes y responden a finalidades distintas. En este sentido, exhortó al Gobierno Nacional para que garantizara el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las víctimas del desplazamiento forzado en el acceso a las medidas que se adoptaran en el marco de la emergencia sanitaria^[1].

 

Adicionalmente, la Sala Especial invitó a los organismos de control y a los acompañantes permanentes del proceso, a que realizaran un seguimiento especial a los avances, rezagos o retrocesos en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada en el contexto de la mitigación de los efectos generados por el COVID-19^[2].

 

3.                 El Auto 326 de 2020 reiteró que, para responder a la vulnerabilidad derivada del desarraigo, el Estado tiene al menos tres deberes: (i) caracterizar a la población de modo que las medidas respondan a sus particularidades, a los riesgos desproporcionados e impactos diferenciados que afrontan las víctimas en contextos de violencia y de conflicto armado; (ii) identificar la vulnerabilidad que sobreviene con el desplazamiento forzado. Particularmente, aquella que compromete el derecho a la subsistencia mínima y, la asociada con la privación de condiciones que posibilitan el autosostenimiento de los hogares desplazados. Y, finalmente, (iii) responder a la vulnerabilidad ocasionada por el desplazamiento forzado. De tal manera, los planes, programas y proyectos dispuestos en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 (prorrogados mediante la Ley 2078 de 2021)^[3], deben materializar la cesación de la condición de vulnerabilidad que se origina con la violación de múltiples derechos fundamentales, y la afectación de las condiciones sociales y económicas de las personas que fueron obligadas a salir de sus tierras y territorios^[4].

 

En virtud de lo dispuesto en esa providencia, los directores del Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP) y de la Unidad para las Víctimas allegaron informes de respuesta sobre el alcance y la función del SISBEN IV tanto en la medición de la situación de vulnerabilidad de la población desplazada, como en la determinación de la cesación de la vulnerabilidad derivada del desarraigo. Por su parte, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado (en adelante la Comisión de Seguimiento)^[5] y la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz^[6], presentaron observaciones sobre los criterios y el procedimiento de medición de superación de la situación de vulnerabilidad.

 

4.                 Con ocasión de la información allegada sobre la situación de la población desplazada en el marco de la coyuntura sanitaria, el Auto 357 de 2020 convocó a una sesión técnica informativa a diferentes actores del proceso. Lo anterior, con la finalidad de abordar, en términos generales, la continuidad de las medidas dispuestas en la política de víctimas, así como el acceso de la población desplazada a los programas adoptados para atender a los hogares vulnerables con ocasión de la pandemia^[7].

 

En el marco de la providencia referida, las comunidades étnicas desplazadas, los representantes de la sociedad civil, los acompañantes permanentes del proceso, los organismos de control y las entidades del Gobierno Nacional, informaron a la Sala Especial sobre la garantía de los derechos de la población desplazada en el contexto de la emergencia sanitaria. De manera particular, allegaron información: (i) el Consejo Comunitario del San Juan (ACADESAN)^[8]; (ii) Voceros y Delegados Wayúu de la comunidad de Zucaramana (Corregimiento de Irraipa) y del pueblo Yukpa de la Serranía del Perijá^[9]; (iii) la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira DUSAKAWI EPSI en representación de los pueblos indígenas Arhuaco (Sierra Nevada de Santa Marta), Wiwa (Cesar y La Guajira) y Yukpa (Serranía del Perijá)^[10]; (iv) la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), que aportó información sobre la situación de los 64 Pueblos Indígenas de los departamentos de la Amazonía de Colombia (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés) donde habitan más de 200.000 indígenas^[11]; (v) la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)^[12]; (vi) la Comisión de Seguimiento^[13]; y (vii) la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante ACNUR).

 

5.                 Adicionalmente, con ocasión de los Autos 149, 326, 357 de 2020, y 328 de 2021^[14], organizaciones de la sociedad civil y representantes de la población desplazada^[15], la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo^[16] y el Gobierno Nacional^[17], presentaron información sobre los derechos de la población desplazada en la coyuntura actual.

 

6.                 Con fundamento en la información enunciada, la Sala Especial de Seguimiento analizará la garantía de los derechos de la población desplazada en el marco de la contingencia de salud pública y adoptará algunas decisiones relacionadas con: (i) la continuidad y la adaptación de las medidas de atención y asistencia a la población desplazada, y (ii) la garantía del principio de igualdad y no discriminación en los programas sociales que se implementan con ocasión de la coyuntura derivada por la pandemia. 

 

II.              CONSIDERACIONES

 

A.  Objeto y estructura de la decisión

 

1.            La vulnerabilidad que se deriva del desplazamiento forzado, con ocasión de las múltiples violaciones a los derechos fundamentales que tal situación entraña, es el elemento esencial que sustenta el análisis del cumplimiento de las obligaciones del Estado. Particularmente, en el contexto actual de la emergencia derivada por la pandemia del COVID-19.

 

Bajo esta premisa, la Sala Especial analizará, por una parte, la continuidad y la adaptación de las medidas dispuestas en la política de víctimas en el contexto de la pandemia. Lo expuesto, porque aquellas responden, prima facie, a la vulnerabilidad que surge del desarraigo. En aras de la finalidad que persiguen, la interrupción o la restricción en el acceso a tales medidas, puede comprometer el reconocimiento e inclusión oportuna en el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV), afectar la subsistencia mínima de los hogares y, alterar los avances en la superación de la vulnerabilidad que se origina con el desplazamiento. Este contexto, incide en la generación de condiciones para el sostenimiento autónomo de los hogares desplazados, en el marco de la consolidación de procesos de retornos y reubicaciones^[18].  

 

2.                 Por otra parte, la Sala examinará la garantía del principio de igualdad y no discriminación en el acceso de la población desplazada a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para responder a los efectos socioeconómicos derivados de la crisis sanitaria. En efecto, además de las vulneraciones a los derechos fundamentales que entraña el desarraigo, pueden converger en los hogares desplazados, privaciones socioeconómicas, como aquellas derivadas de la pandemia. En este sentido, las acciones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones del Estado para atender y asistir a las víctimas del desplazamiento, por la naturaleza y la finalidad que persiguen, no tienen la vocación de sustituir la intervención encaminada a mitigar las consecuencias de la propagación del virus en los ingresos y las capacidades de los hogares. Por consiguiente, las medidas para responder a unas y otras vulnerabilidades no son excluyentes entre sí, sino que, por el contrario, deben ser concurrentes.

 

De este modo, la atención a las víctimas del desplazamiento y los programas sociales dirigidos a la mitigación de los efectos adversos de la pandemia, debe ser, en principio, concurrente y complementaria. Lo anterior, porque: (i) el desplazamiento forzado entraña afectaciones asociadas a la pérdida de medios y limitaciones en las capacidades de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas; (ii) las privaciones socioeconómicas de la población desplazada, debido a los rezagos significativos en la medición de generación de ingresos y de empleo (78% de la población evaluada en 2019 no superaba los criterios de la medición de vulnerabilidad), pudieron incrementar en el contexto de pandemia^[19]; y, (iii) los efectos de la coyuntura sanitaria pueden generar retrocesos en la superación de la vulnerabilidad causada por el desplazamiento. Por lo tanto, en la adopción de medidas para afrontar los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria, el Estado no puede desconocer las vulnerabilidades previas y sobrevinientes que afronta la población desplazada en la coyuntura actual.

 

3.                 Bajo la lógica expuesta, este auto abordará la siguiente metodología: en la sección B, valorará la continuidad del proceso de declaración y registro, así como de la entrega de ayuda y atención humanitaria, en el marco de la contingencia de salud pública. Posteriormente, en la sección C, analizará la flexibilización de las medidas de asistencia para la no interrupción del proceso de superación de la vulnerabilidad que sigue al desarraigo. De igual manera, examinará el acceso de la población desplazada, en condiciones de igualdad, a los programas sociales adoptados para mitigar los efectos de la crisis generada por el COVID-19.

 

Para este propósito, en cada una de las secciones indicadas, se presentará en primer lugar, una síntesis de la información allegada con ocasión de los Autos 149, 326 y 357 de 2020, y 328 de 2021, así como de los informes anuales que entregó el Gobierno Nacional en los años 2020 y 2021. En segundo lugar, a partir del análisis de la información que aportaron los diferentes actores del proceso, la Sala Especial presentará las conclusiones y las respectivas decisiones a adoptar, por cada bloque de derechos.

 

Esta metodología responde al esquema de seguimiento a la superación del ECI que se sustenta, de una parte, en el principio de la colaboración armónica y la separación de poderes de las ramas del poder público; y de otra, en el diálogo propositivo entre los diferentes actores del proceso. Con fundamento en estos elementos, la Sala valora el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales relacionadas con la atención y la asistencia a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

De este modo, las conclusiones de esta providencia se sustentan en el análisis de la triangulación y el contraste de la información aportada por los representantes de la población desplazada, las organizaciones de la sociedad civil que agencian sus derechos, los organismos de control, los acompañantes permanentes y el Gobierno Nacional. Este último, como garante de los derechos de la población desplazada.

 

B. Atención a las víctimas de desplazamiento forzado en el contexto de la emergencia

 

4.            Esta sección analiza la respuesta institucional a la vulnerabilidad inmediata que sobreviene con el desarraigo, en el contexto de la emergencia sanitaria. En este sentido, abordará los procesos de: (i) la toma de la declaración y la valoración para la inclusión en el RUV; (ii) la entrega de asistencia humanitaria; y, (iii) la orientación y el acompañamiento a la población desplazada en el acceso a las medidas de asistencia para las víctimas de la violencia y el conflicto armado.  

 

5.                 El contexto del presente análisis está marcado por las siguientes circunstancias: durante el año 2020 y en el primer semestre del año 2021, se presentó un aumento significativo de los desplazamientos masivos^[20] y los confinamientos^[21]. Lo anterior, fue consecuencia de la interrelación de dos factores: (i) el recrudecimiento de la violencia y el conflicto, particularmente en las zonas con crisis humanitarias recurrentes; y, (ii) la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

 

Así, en el primer trimestre del año en curso, la Defensoría reportó 65 eventos de desplazamientos masivos, lo que significó un incremento del 96% en los hechos ocurridos en esta modalidad, respecto del mismo periodo de la vigencia anterior, en el que ocurrieron 33 eventos. En este contexto, identificó 27.435 personas desplazadas, lo que equivale a un incremento del 177% de las víctimas de este hecho. Igualmente, en solo este trimestre, esa entidad tuvo conocimiento de 111 comunidades confinadas en 53 eventos. Dicha situación representó un incremento del 253% de los confinamientos para este periodo, en relación con los 15 eventos registrados en el mismo periodo en el año 2020.

 

Las emergencias humanitarias en el contexto de la pandemia no fueron situaciones del todo imprevistas para las autoridades encargadas de mantener el orden público en las distintas regiones, debido a la advertencia previa de algunos organismos de control^[22]. La Defensoría del Pueblo en su último informe a la Sala Especial (2021), afirmó que el mayor impacto del conflicto y la violencia lo sufrieron las comunidades ubicadas en 16 zonas del país donde se presentan crisis humanitarias recurrentes: (i) Bajo Cauca, Norte y Urabá (Antioquia); (ii) Medio y Bajo Atrato, Bajo San Juan, Medio, Alto y Bajo Baudó (Chocó); (iii) zona urbana y rural de Buenaventura (Valle del Cauca); (iv) Norte y Pacífico (Cauca); (v) Costa Pacífica (Nariño); (vi) Zona sur (Córdoba); y (vii) Catatumbo (Norte de Santander)^[23]. 

 

En línea con lo anterior, entre enero y mayo de 2021, ACNUR registró 64 desplazamientos masivos, con más de 9.369 familias afectadas (30.700 personas). De acuerdo con dicha agencia, “Estas cifras evidencian un aumento del 128% sobre la afectación en personas ya que en el mismo período de 2020[,] 13.429 personas fueron víctimas de desplazamiento”. Estos eventos se concentraron en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Córdoba, Chocó y Norte de Santander (de mayor a menor incidencia). El 69% del total de las víctimas corresponde a población afrodescendiente, 22% fueron campesinos y 8% pertenecen a pueblos indígenas^[24].

 

En ese mismo periodo, este organismo también reportó 6.860 familias confinadas (26.913 personas). Los departamentos en donde se registraron estos eventos fueron Chocó, Nariño, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca (de mayor a menor incidencia). La mayor incidencia de este hecho afectó a grupos étnicos, dado que las poblaciones más afectadas fueron comunidades afrodescendientes (63%) e indígenas (37%)^[25].

 

Dado que la gravedad del incremento del desplazamiento forzado en los últimos años trasciende el marco de la verificación de los derechos de la población desplazada con ocasión de la pandemia, la Sala examinará en una decisión posterior la respuesta institucional a la situación humanitaria. No obstante, debido a que el panorama expuesto no se puede desligar de las medidas para atender la vulnerabilidad que sigue al desarraigo, la Sala analizará la adaptación de los procesos de registro y la continuidad en la entrega de atención humanitaria, con énfasis en los desplazamientos masivos y los confinamientos. 

 

Las afectaciones a los derechos de la población desplazada y en riesgo de desplazamiento incrementó en los años 2020 y 2021, escenario en el que convergen la pandemia y las limitaciones asociadas a la presencia institucional en los territorios. En este marco de referencia, diferentes actores del proceso informaron a la Sala que la emergencia sanitaria no solo invisibilizó la gravedad de las emergencias humanitarias, sino que también derivó en la ausencia de una respuesta institucional, justificada en la pandemia. Bajo este contexto, a continuación se analizará la continuidad de las medidas de atención y asistencia como manifestación del cumplimiento de las obligaciones legales del Estado para garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada.

 

     i.                   Verificación de la continuidad en los procesos de toma de declaraciones y valoraciones de inclusión en el RUV de desplazamientos masivos y de confinamientos

 

6.                 En el contexto referido previamente, diferentes actores del proceso informaron a la Sala sobre problemas que preceden a la declaración de hechos asociados al desplazamiento forzado. Las principales dificultades son las siguientes: (i) el temor de las comunidades de denunciar violaciones a los derechos de población desplazada o en riesgo de desplazamiento; (ii) la desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado, asociada con las dinámicas de violencia y de conflicto que se gestaron luego de la firma del Acuerdo de Paz. También, los rezagos en su implementación y, en el contexto de la pandemia, la ausencia de presencia institucional en los territorios^[26]; y, (iii) el subregistro de hechos de vulneraciones de derechos fundamentales debido a la prohibición de los actores armados para que la población salga del territorio y, en caso de que esta lo haga, no declare el desplazamiento forzado^[27].

 

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo y varios representantes de la población desplazada señalaron que, con ocasión de la pandemia, hubo problemas de retrasos en la toma de las declaraciones y barreras en su remisión al nivel central para su valoración e inclusión en el RUV^[28]. Esta situación se presentó especialmente en los casos de desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento^[29].

 

7.                 Por su parte, la Unidad para las Víctimas señaló que adaptó el procedimiento para la recepción virtual de las declaraciones, sin destacar mayores inconvenientes para la valoración de declaraciones de desplazamientos masivos y de confinamientos en el marco de la emergencia sanitaria. No obstante, no presentó información precisa sobre la orientación y/o acompañamiento a las alcaldías o las personerías en la recepción de las declaraciones en el procedimiento adoptado en la contingencia sanitaria. Tampoco de los ajustes adoptados para efectos de notificar a las víctimas de su inclusión en el RUV^[30].

 

En este escenario, la Defensoría del Pueblo consideró que el procedimiento enunciado no se adecúa a las capacidades de las alcaldías y las personerías para realizar el diligenciamiento de los censos y los anexos requeridos para el registro de estos eventos, dado que las declaraciones se realizan en contextos de territorios con limitada conectividad y disponibilidad de herramientas tecnológicas^[31].

 

Conclusión: necesidad urgente de adaptar y flexibilizar los procedimientos de toma de declaraciones y su remisión para la valoración e inclusión en el RUV de acuerdo con los contextos de seguridad y la capacidad de los territorios

 

8.                 La Sala Especial concluyó en el Auto 373 de 2016 que, en materia de registro, persistían problemáticas que, si bien eran relevantes, no configuraban bloqueos institucionales o prácticas inconstitucionales que ameritaran su intervención excepcional. Por lo tanto: (i) declaró superado el ECI en este componente, pero se reservó la competencia en el seguimiento a la superación de las falencias asociadas al reconocimiento de las víctimas de pueblos y comunidades étnicas^[32]; y, (ii) solicitó a los organismos de control continuar con el seguimiento a las falencias identificadas. También, les ordenó informar a la Corte sobre la sostenibilidad de los resultados en esta materia. En particular, encomendó a la Procuraduría General de la Nación enfatizar en la optimización del proceso de registro en la etapa de la declaración^[33].

 

Ahora bien, en el marco del seguimiento a la garantía de los derechos de la población desplazada en la emergencia sanitaria, diferentes actores del proceso informaron de dificultades que afrontan las víctimas en la declaración de hechos de desplazamiento masivo y de confinamiento. Estos hechos afectan principalmente a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, como se expuso previamente.

 

Por consiguiente, la Sala concluye que en el marco del ECI que persiste en materia de registro étnico, y el seguimiento encomendado a los organismos de control a las falencias identificadas en el Auto 373 de 2016, es necesario que el Gobierno Nacional adopte medidas inmediatas para adaptar los procedimientos administrativos que preceden la inclusión en el RUV.

 

Esta adaptación debe responder al contexto actual de intensificación de la violencia y el conflicto armado, y a las dificultades en la declaración de hechos que afectan principalmente a grupos étnicos. De este modo, el ajuste requerido debe tener en cuenta: (i) las circunstancias fácticas de seguridad que subyacen a la ocurrencia de estos eventos; (ii) las capacidades técnicas y operativas de los territorios donde se presentan situaciones humanitarias y los mecanismos de comunicación disponibles para surtir todas las etapas asociadas a la inclusión en el RUV (toma de declaración, remisión, valoración y notificación); y, (iii) la situación de urgencia de los hogares desplazados o confinados. En suma, el procedimiento debe estructurase en función de una respuesta célere e integral consecuente con la garantía de los derechos a la vida, libertad e integridad, y la inmediatez de la asistencia humanitaria, sin dilatarse por rigores de orden administrativo.

 

Decisiones para flexibilizar los procedimientos de toma de declaraciones y su remisión para la valoración e inclusión en el RUV

 

9.                 En razón de lo anterior y, dado que los desplazamientos masivos y los confinamientos afectan principalmente a comunidades étnicas, en virtud de lo dispuesto en las órdenes vigésimo octava y vigésimo novena del Auto 373 de 2016, esta Sala Especial adoptará las siguientes decisiones:

 

9.1. Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas adaptar y flexibilizar los procedimientos de toma de declaraciones de desplazamientos masivos y de confinamientos, así como su remisión para la inclusión en el RUV, de acuerdo con el contexto actual y las limitaciones que afrontan las comunidades étnicas afectadas. En particular, debe ser consecuente con la perspectiva diferencial debido a los riesgos diferenciados e impactos que enfrentan las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas en el marco de los desplazamientos masivos y confinamientos. Para el cumplimiento de esta orden, en el informe que presente a la Sala deberá acreditar como mínimo:

 

i.              La adaptación del procedimiento administrativo y la ruta operativa en el proceso de implementación para orientar y acompañar a las alcaldías y personerías en el proceso de toma de declaraciones de desplazamientos masivos y confinamientos. En este procedimiento deberá acreditar asistencia directa a las alcaldías que presentaron en el primer semestre de 2021 desplazamientos masivos y/o confinamientos de comunidades en: (i) el Bajo Cauca, Norte y Urabá (Antioquia); (ii) Medio y Bajo Atrato, Bajo San Juan, Medio, Alto y Bajo Baudó (Chocó); (iii) zona urbana y rural de Buenaventura (Valle del Cauca); (iv) Norte y Pacífico (Cauca); (v) Costa Pacífica (Nariño); (vi) Zona sur (Córdoba); y (vii) Catatumbo (Norte de Santander).  

 

ii.            La identificación de las acciones que requieren adaptarse y/o flexibilizarse en el proceso de declaración y valoración, mediante mecanismos virtuales o no presenciales, que contemplan implementarse en el resto del año en curso y en el año 2022, así como su plan de ejecución.

 

iii.         La incorporación de acciones de pedagogía sobre la ruta de declaración de hechos de desplazamientos masivos y confinamientos con los representantes de las comunidades que se encuentran en las zonas de crisis humanitarias recurrentes.

 

iv.          La perspectiva diferencial que responda a los riesgos diferenciados e impactos que afrontan las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas en el marco de los desplazamientos masivos y confinamientos.

 

Para la adaptación del procedimiento, la Sala ordenará al director de la Unidad para las Víctimas convocar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Su participación tiene el propósito de que presenten recomendaciones sobre la toma de declaraciones y su remisión, en contextos de emergencias humanitarias y capacidades institucionales limitadas. Lo anterior también debe comprender el diálogo previo con los personeros de las zonas enunciadas.

 

Finalmente, para evidenciar que la flexibilización del procedimiento responde al contexto actual y a las capacidades territoriales, la Unidad deberá adelantar las gestiones correspondientes para evaluar como mínimo los siguientes aspectos: (i) los tiempos de toma de declaraciones desde el conocimiento del hecho por las autoridades locales y su respectiva remisión para iniciar el proceso de valoración; (ii) la facilidad y agilidad para subsanar errores en el diligenciamiento de formularios; y, (iii) los tiempos de valoración, registro y notificación de la decisión de la inclusión a las comunidades. Lo anterior tiene por objetivo que el procedimiento responda oportunamente a la reducción en tiempos de toma de declaraciones y la respectiva valoración.

 

El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

Los resultados de la flexibilización del procedimiento, de conformidad con los elementos enunciados en este fundamento, deberán ser acreditados en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del ECI a partir del año 2022.

 

9.2. Solicitará a la Defensoría del Pueblo que realice un acompañamiento particular a las comunidades que afrontaron eventos de desplazamientos masivos y confinamientos entre julio del año 2020 y julio del año 2021 y que no han declarado estos hechos. En este sentido, la Sala solicita que realice un seguimiento especial hasta tanto se decida la valoración sobre la inclusión en el RUV. Para este propósito se deberá informar respecto de los casos identificados que recibieron acompañamiento, cuántos de estos eventos fueron declarados y el término de decisión sobre la inclusión en el registro.

 

Este informe deberá presentarse a esta Sala en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión y, remitirá una copia del mismo a la Procuradora General de la Nación y a la Unidad para las Víctimas.

 

9.3. Solicitará a la Procuradora General de la Nación que informe a esta Sala de las acciones adoptadas por el Ministerio Público asociadas con la toma de declaraciones de desplazamientos masivos y de confinamientos.

 

Este informe deberá presentarse a esta Sala en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión y, remitirá una copia del mismo a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad para las Víctimas.

 

9.4. Solicitará a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo que hagan seguimiento particular a los resultados de la adaptación de los procedimientos para la toma de declaración y el registro de desplazamientos masivos y confinamientos. Lo anterior, en el marco del seguimiento a las falencias identificadas en este componente en el Auto 373 de 2016. En particular, la Sala solicita al Ministerio Público hacer especial énfasis en el análisis de la idoneidad y celeridad de los mecanismos utilizados por las autoridades competentes para la recepción de las declaraciones presentadas por comunidades desplazadas o confinadas, de modo que sean consecuentes con la realidad de los territorios. En dicho seguimiento deberán informar sobre los ajustes incorporados que responden a la perspectiva diferencial para las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. También, insta a los organismos de control a verificar la oportunidad del procedimiento de valoración y de notificación de la inclusión en el registro a las comunidades que declaren estos hechos.

 

Este informe deberá presentarse a esta Sala en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión y, remitirá una copia del mismo al director de la Unidad para las Víctimas.

 

  ii.                   Verificación de la continuidad de la entrega de ayuda humanitaria a comunidades que enfrentan restricciones a la movilidad y difíciles condiciones de seguridad. Análisis de la respuesta institucional a situaciones de confinamiento

 

10.        Los confinamientos, en el contexto de emergencias humanitarias, aluden a las situaciones en las que las comunidades enfrentan limitaciones a la circulación que generan imposibilidad de acceder a bienes esenciales para la supervivencia, debido a la presencia o control que ejercen grupos armados ilegales en los territorios^[34].

 

La Corte Constitucional, en sede de seguimiento, expuso que el confinamiento de la población en el marco del conflicto armado se caracteriza porque: (i) genera vulneraciones a los derechos a la vida digna, la integridad personal, la libertad, la alimentación, la salud y el trabajo; y, (ii) guarda una relación causal con posteriores desplazamientos forzados de alto riesgo^[35]. Estas emergencias se presentan en circunstancias que dificultan la intervención de las autoridades encargadas de responder a las situaciones humanitarias. Además, pueden derivar en desplazamientos masivos y en posteriores retornos no acompañados^[36].

 

11.            Para la activación de la respuesta institucional a los confinamientos, la Unidad para las Víctimas determinó, en la Resolución 171 de 2016, que el confinamiento es un hecho susceptible de registrarse en el RUV. Posteriormente, mediante la Circular 014 de 2018, adoptó el lineamiento técnico para la atención a comunidades confinadas^[37]. Esta normativa establece: (i) el reconocimiento del confinamiento como una situación que configura vulneraciones a derechos fundamentales en el marco del conflicto armado interno; (ii) la entrega de ayuda humanitaria inmediata; y, (iii) la identificación de las afectaciones y la situación humanitaria, las cuales determinan las medidas de atención, asistencia y reparación que proceden para el caso concreto^[38].

 

12.            De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, algunos confinamientos cesaron luego de que las circunstancias fácticas permitieron a las comunidades poner en conocimiento de las autoridades dicha situación, por la dificultad de denunciar tales hechos en estos contextos^[39]. Lo anterior incide en la posterior valoración de la declaración y, en consecuencia, en las medidas contempladas en la política de víctimas conforme al hecho registrado y las correspondientes afectaciones ^[40].

 

Conclusión: la necesidad de regular y asegurar la respuesta institucional integral del Estado para atender a comunidades confinadas

 

13.            Esta Sala reconoce que la ruta planteada por la Unidad para las Víctimas para atender a las comunidades confinadas, consignada en la Resolución 171 de 2016 y la Circular 014 de 2018, representa un avance sustancial para identificar las medidas que proceden para atender este hecho. En este sentido, evidencia avances en la superación de la práctica inconstitucional y en el cumplimiento de la orden trigésimo primera del Auto 373 de 2016. Según esa providencia, la entidad debía implementar un protocolo para la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades que enfrentan restricciones a la movilidad y difíciles condiciones de seguridad^[41].

 

No obstante, por los mismos supuestos fácticos que configuran el confinamiento, la respuesta institucional requerida supera las competencias y la capacidad de atención de dicha entidad. Las deficiencias y vacíos en la articulación de la intervención institucional se hicieron más evidentes y profundas en el contexto actual de recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado que converge con las limitaciones que impuso la pandemia.

 

Por consiguiente, la Sala evidencia que la respuesta institucional es insuficiente para comprender las vulneraciones que afrontan las comunidades confinadas, debido a que los instrumentos que reglamentan la atención de estos eventos son insuficientes para: (i) activar la intervención institucional para el restablecimiento de condiciones de orden público, dado que este elemento es esencial para superar el confinamiento, y ello trasciende las competencias de la Unidad para las Víctimas; (ii) garantizar la atención efectiva a comunidades confinadas o que afrontan restricciones a la movilidad, cuando no existen presupuestos de seguridad que permitan la intervención directa de las instituciones; y, (iii) coordinar la intervención en los territorios de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante “SNARIV”), más allá de la convocatoria y gestión que realicen las Direcciones Territoriales de dicha entidad, a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional^[42].

 

En suma, la reglamentación del procedimiento de atención a los confinamientos mediante instrumentos de alcance interno para la Unidad para las Víctimas adolece de la idoneidad para activar y coordinar una respuesta institucional integral que sea consecuente con los riesgos y las vulneraciones a los derechos que afrontan las  comunidades afectadas por esta situación. Lo anterior es particularmente relevante en las actuales circunstancias de pandemia y violencia generalizada.

 

Decisiones a adoptar para la atención a comunidades confinadas

 

14.            La Sala encuentra imperativo y urgente la adopción de una regulación idónea sobre las competencias e intervención de cada nivel de gobierno para atender comunidades confinadas y restablecer las condiciones de orden público. Dicha reglamentación debe respetar los parámetros reiterados por esta Sala en los Autos 099 de 2013, 205 de 2015 y 373 de 2016^[43], y debe responder a los contextos regionales actuales de violencia y conflicto armado, así como a las barreras asociadas a la emergencia sanitaria y la presencia institucional en los territorios.  Por consiguiente, adoptará las siguientes órdenes con el propósito de asegurar la continuidad de la atención de las comunidades confinadas.

 

14.1. Ordenará al Ministro del Interior que,  junto con el Ministro de Defensa y los directores del Departamento para la Prosperidad Social (en adelante “DPS”) y de la Unidad para las Víctimas adopten, mediante acto administrativo, la regulación de las rutas de respuesta del nivel nacional y territorial a los confinamientos. En particular, la atención debe ser consecuente a los riesgos desproporcionados que afrontan las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, respecto de la incidencia de este hecho en sus territorios y las afectaciones en sus derechos colectivos e individuales Para evidenciar el cumplimiento de esta orden, en el informe que presenten a la Sala, las entidades deberán acreditar como mínimo los siguientes parámetros:

 

i.              Atender los elementos reiterados por esta Sala en los Autos 099 de 2013, 205 de 2015 y 373 de 2016.

 

ii.            Precisar cómo se activa y articula la intervención de las entidades del SNARIV del nivel nacional y territorial, bajo una lógica de ausencia de condiciones regulares de orden público, las cuales no pueden supeditar la activación de la respuesta institucional. El diseño de la ruta de respuesta y el seguimiento a su implementación debe extenderse al menos hasta que se superen las causas que configuraron el confinamiento y se restablezcan los derechos de las comunidades afectadas por este hecho.

 

iii.         Establecer mecanismos para adecuar la intervención institucional a los nuevos contextos humanitarios, a los riesgos que afrontan las comunidades afrodescendientes e indígenas respecto de la incidencia de situaciones de confinamiento en sus territorios y a las limitaciones asociadas a la reactivación de actividades en el contexto de la pandemia.

 

En este sentido, las rutas y procedimientos asociados a la atención de comunidades confinadas se deben revisar como mínimo cada semestre. Lo anterior, con el propósito de que se actualicen conforme a los contextos territoriales de violencia y conflicto armado y las capacidades de intervención institucional desde los territorios. 

 

iv.          Establecer los procedimientos y criterios asociados a la caracterización de este hecho para efectos de la declaración y su posterior valoración para la inclusión en el RUV. También, las medidas que se derivan de las afectaciones asociadas a este hecho deben establecer con claridad los responsables, las acciones puntuales que corresponden a cada momento de la ruta de respuesta y el presupuesto requerido para implementarlas.

 

v.            Definir con precisión los mecanismos de articulación con las acciones encaminadas a restablecer las condiciones de orden público, en todos los momentos de la ruta.

 

vi.          Verificar la intervención oportuna de las entidades competentes, la ejecución real de las medidas correspondientes a los riesgos y afectaciones asociadas al confinamiento, y los tiempos de respuesta de cada entidad, así como el de la intervención conjunta del Estado. En este proceso de verificación deberán participar los organismos de control.

 

En el desarrollo de esta regulación el Gobierno Nacional deberá convocar a: (a) los alcaldes y gobernadores de los territorios que fueron afectados en el primer semestre de 2021 por situaciones de confinamiento, con el propósito de que la ruta adoptada responda a las capacidades reales y actuales de los territorios que afrontan estas situaciones; (b) el Ministerio Público, con la finalidad de que aporten recomendaciones técnicas sobre la reglamentación del procedimiento y, en particular, se involucren en la verificación de la respuesta institucional a comunidades confinadas o que afrontan difíciles condiciones de seguridad. También deberá invitar a las organizaciones y agentes humanitarios que, en virtud de su experticia y presencia en los territorios, puedan contribuir a plantear procedimientos idóneos para responder en la contingencia humanitaria, como el ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante “CICR”). 

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, en consonancia con lo dispuesto en los fundamentos jurídicos 14.2 y 14.3 de esta providencia. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

La Sala advierte que, en todo caso, la adopción del acto administrativo deberá ocurrir antes de finalizar el año 2021. Posteriormente, para acreditar que el acto administrativo cumple la finalidad de articular una respuesta adecuada y oportuna a las comunidades confinadas, los Ministros del Interior y de Defensa, junto con los directores del DPS y de la Unidad para las Víctimas, deberán remitir los resultados en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del ECI a partir del año 2022.

 

14.2. Ordenará a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional que, en virtud del análisis  de la pertinencia y oportunidad de su intervención en cada caso, respondan a las amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, en escenarios de confinamiento. En este sentido, la respuesta institucional del Estado, en su conjunto, debe considerar que la ausencia de condiciones de seguridad, además de ser la primera afectación que afrontan las comunidades confinadas, es el supuesto fáctico que configura la ocurrencia de este hecho, y a su vez, condiciona su cesación.

 

Por lo tanto, aun cuando el restablecimiento de las condiciones de seguridad no puede mediar como presupuesto para atender a las comunidades confinadas, o justificar la ausencia de respuesta del Estado, si es el elemento esencial que debe restablecerse para asegurar los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de los habitantes de estos territorios.

 

14.3. Advertirá a los ministros y los directores de las entidades del SNARIV, en particular al Ministro del Interior, que la respuesta a las amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, en escenarios de confinamiento, no descansa exclusivamente ni se reduce solamente a las medidas que son competencia de la Unidad para las Víctimas. Bajo esta lógica y, en razón de los derechos afectados en estos escenarios, es imperativa la intervención oportuna y concurrente de las entidades con responsabilidades en la atención a las emergencias humanitarias. También, de aquellas a las que les compete la implementación de medidas de la política de víctimas que correspondan a las afectaciones derivadas del confinamiento.

 

iii.                   Continuidad en la entrega de atención humanitaria inmediata

 

15.            La Unidad para las Víctimas reportó que, en el año 2019, ajustó la aplicación del principio de subsidiariedad en los territorios que presentan crisis humanitarias recurrentes y que tienen menores capacidades institucionales, administrativas y financieras. Concretamente, con la Resolución 0021 de 2019, incorporó ajustes para asegurar la subsistencia mínima de la población desplazada a través de: (i) la simplificación de procesos administrativos para las entidades territoriales; (ii) la vinculación de las gobernaciones en la atención a las emergencias; y, (iii) la habilitación de solicitudes de apoyo subsidiario^[44].

 

En el año 2020, en virtud del procedimiento referido, esta entidad entregó atención humanitaria en dinero (mecanismo de atención individual) y en especie (mecanismo de atención a eventos masivos, particularmente desplazamientos y confinamientos)^[45]. La Unidad para las Víctimas informó que, respecto del mecanismo de dinero, se presentó una reducción de los municipios que solicitaron este apoyo^[46]. Por el contrario, las solicitudes para el mecanismo en especie por evento aumentaron debido al incremento de emergencias humanitarias masivas^[47].

 

16.            Por su parte, respecto de la activación del mecanismo de subsidiariedad, la Defensoría planteó que algunas alcaldías, a pesar de conocer el procedimiento para que concurran los otros niveles de gobierno en la atención humanitaria inmediata, no lo aplican de forma efectiva. Lo anterior se convierte en una barrera adicional para la atención de las comunidades, que se agrava en contextos donde las entidades territoriales afrontan crisis humanitarias que desbordan la capacidad institucional local^[48]. Además, en el contexto descrito, la entidad informó que persisten dificultades relacionadas con la continuidad de la entrega de la ayuda inmediata por las autoridades locales, hasta tanto se surtan las etapas que anteceden la valoración para la inclusión en el RUV.

 

En consonancia con lo expuesto, los intervinientes de la sociedad civil y los representantes de la población desplazada manifestaron que la magnitud y la frecuencia de los desplazamientos masivos y los confinamientos, en varios territorios del país, superan la capacidad de respuesta de las alcaldías^[49]. Esta dificultad converge en un escenario en que la crisis ocasionada por la propagación del COVID-19 invisibilizó las emergencias humanitarias y, a su vez, redujo la presencia institucional en los territorios. En suma, la confluencia de estos factores deteriora aún más la atención inmediata que requiere la población que se ve forzada a abandonar sus territorios o no puede salir de los mismos, por razones de violencia y de conflicto armado^[50].

 

Conclusión: la necesidad de flexibilizar los procedimientos de aplicación del principio de subsidiariedad en los territorios con limitaciones en la capacidad técnica y financiera que presentan emergencias humanitarias recurrentes

 

17.            A pesar de que la Unidad para las Víctimas informó que mejoró el procedimiento de subsidiariedad con la adopción de la Resolución 0021 de 2019, los resultados aportados en materia de entrega efectiva de atención humanitaria inmediata no acreditan que los ajustes referidos incidieron en una respuesta oportuna y eficaz en las comunidades afectadas. Tampoco hay evidencia sobre su impacto en la simplificación de los trámites que deben surtir las entidades territoriales para recibir estos recursos destinados a los hogares desplazados y confinados. En este sentido, la Sala encuentra que persiste la práctica inconstitucional advertida en el Auto 373 de 2016, relacionada con el agotamiento de rutas y procedimientos ordinarios cuando las entidades no cuentan con las capacidades para activar el mecanismo de subsidiariedad^[51].

 

Finalmente, para la Sala, no es admisible que además de las vulneraciones que experimentan las personas con el desplazamiento, en su llegada a los territorios receptores no accedan a la atención inmediata para satisfacer necesidades humanas básicas. Dentro de estas necesidades está la garantía mínima de, por ejemplo, el consumo de agua potable, que según algunos reportes, para algunas comunidades que fueron desplazadas, fue de imposible acceso en las zonas de recepción.

 

Decisiones a adoptar respecto de la aplicación del principio de subsidiariedad en territorios que presentan emergencias humanitarias recurrentes

 

18.            Debido a la frecuencia y magnitud de emergencias humanitarias, es imperativa la intervención inmediata y urgente de las gobernaciones y del Nivel Nacional, en aplicación directa del principio de subsidiariedad, en los municipios que afrontan estas situaciones de emergencia permanentes. En consecuencia, la Sala adoptará las siguientes decisiones:

 

18.1. Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas que identifique las razones por las cuales las alcaldías y las gobernaciones no concluyeron los trámites para acceder al mecanismo de subsidiariedad entre julio de 2020 y julio de 2021; a pesar de no tener recursos técnicos y financieros suficientes y, presentar emergencias humanitarias masivas. Esto debe hacerlo en conjunto con los alcaldes y gobernadores que se vieron afectados por esta situación.

 

A partir de este análisis, deberá ajustar  el mecanismo de subsidiariedad, y formular una ruta expedita y flexible para los municipios de afrontan emergencias humanitarias recurrentes en: (i) Bajo Cauca, Norte y Urabá (Antioquia); (ii) Medio y Bajo Atrato, Bajo San Juan, Medio, Alto y Bajo Baudó (Chocó); (iii) zona urbana y rural de Buenaventura (Valle del Cauca); (iv) Norte y Pacífico (Cauca); (v) Costa Pacífica (Nariño); (vi) Zona sur (Córdoba); y, (vii) Catatumbo (Norte de Santander).

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo informe deberá remitirse  a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

Finalmente, para acreditar que la adaptación del procedimiento cumple la finalidad de asegurar la ayuda y atención humanitaria oportuna a la población y la materialización efectiva del principio de subsidiariedad, el director de la Unidad para las Víctimas deberá presentar los resultados en términos de: (i) entidades identificadas previamente con necesidades de apoyo subsidiario y que afrontan emergencias recurrentes; (ii) eventos de desplazamiento y confinamiento que son reportados por las Direcciones Territoriales y la Defensoría del Pueblo; (iii) trámites iniciados respecto de los trámites concluidos con entrega efectiva de recursos a las entidades territoriales; y, (iv) asistencia y trabajo conjunto con las entidades territoriales durante la emergencia para que accedan efectivamente al mecanismo de subsidiariedad y atiendan a las comunidades desplazadas y confinadas.

 

Posteriormente, para acreditar que la adaptación del procedimiento cumple la finalidad de asegurar la ayuda y atención humanitaria, de conformidad con lo dispuesto en previamente, el director de la Unidad para las Víctimas deberá presentar los resultados en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo informe deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional a partir del año 2022.

 

18.2. Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas que sustente los avances en la superación de la práctica inconstitucional relacionada con la activación del mecanismo de subsidiariedad. Para este propósito deberá evidenciar: (i) los municipios con crisis humanitarias recurrentes que, entre julio de 2020 y julio de 2021, iniciaron el trámite de apoyo subsidiario; (ii) los municipios cuya solicitud culminó con la entrega efectiva de atención humanitaria; (iii) los municipios que a pesar de iniciar el trámite de apoyo, no concluyeron el proceso de subsidiariedad; (iv) las causas asociadas a las barreras para activar el apoyo subsidiario en las entidades territoriales referidas y, especificar si obedecen a restricciones en las capacidades operativas, limitaciones sobrevinientes con la pandemia o cambios en las emergencias humanitarias; (v) las medidas específicas que se implementan para que los hogares desplazados o confinados no dejen de recibir atención humanitaria inmediata, en virtud de las deficiencias y/o dificultades operativas identificadas.

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

iv.                   Continuidad en la entrega de atención humanitaria de emergencia y de transición

 

Identificación de carencias en la subsistencia mínima

 

19.            A partir de la valoración de carencias en la subsistencia mínima, el Gobierno Nacional identifica las necesidades en alojamiento temporal y/o alimentación de los hogares desplazados para determinar los montos, componentes y la temporalidad con que se debe entregar la atención humanitaria de emergencia y de transición^[52]. A continuación, la Sala sintetiza los resultados de la aplicación del procedimiento referido, en los años 2019 y 2020:

 

Procedimiento de identificación de carencias en la subsistencia mínima[53]	2019	2020
Hogares a los que aplicó el procedimiento de identificación de carencias en la subsistencia mínima	537.457	253.418
Hogares con carencias en alguno de los 2 componentes (alojamiento y alimentación) de la subsistencia mínima en el año	337.435 (62.78%)	92.623 (36.55%)
Hogares identificados con no carencias en los 2 componentes (alojamiento y alimentación) de la subsistencia mínima en el último año[54]	200.022 (37.22%)	160.795 (63.45%)

*Elaboración propia a partir de los Informes anuales del Gobierno Nacional de 2020 y 2021.

 

Los datos que aportó la Unidad para las Víctimas indican que, en el año anterior, hubo un decrecimiento en las solicitudes de atención humanitaria. De 537.457 hogares que fueron evaluados en 2019, menos de la mitad de esta cifra, equivalente a 253.418 hogares, fueron valorados en 2020. A su vez, en términos porcentuales, hubo un incremento en los hogares que no evidenciaron necesidades en alojamiento temporal ni en alimentación, puesto que pasaron de ser el 37.22% de los hogares evaluados en 2019, a el 63.45% de los hogares valorados en 2020. Conforme a ello, a 160.795 hogares les fue suspendida la entrega de atención humanitaria, dado que el Gobierno concluyó que no presentaban carencias y, por lo tanto, podían ser atendidas con otras medidas de la oferta social del Estado^[55].

 

20.            Ahora bien, para los hogares en los que persistían necesidades en materia de subsistencia mínima, la clasificación y distribución de estos conforme el nivel de carencias se sintetiza a continuación^[56]:  

 

Carencias en la subsistencia mínima en hogares que solicitaron atención humanitaria en el año[57]	2019	2020
Extrema urgencia y vulnerabilidad[58]	230.284[59]	63.309[60]
Carencias graves[61]	52.595	13.786
Carencias leves[62]	54.556	15.528
Total hogares con carencias en subsistencia mínima	337.435	92.623

*Elaboración propia a partir de los Informes anuales del Gobierno Nacional de 2020 y 2021. Información correspondiente a la medición de los indicadores asociados a la entrega de atención humanitaria en los tres (3) meses posteriores a la solicitud de la medida.

 

De acuerdo con los datos aportados por el Gobierno Nacional, los hogares con carencias en alojamiento y/o alimentación, que por lo tanto debían recibir atención humanitaria, pasaron de ser 337.435 hogares en 2019 a 92.623 hogares en 2020. Esto significa que en el término de un año hubo 244.812 hogares menos a los que se les identificaron necesidades en alguno de los componentes de la subsistencia mínima. Este decrecimiento de los hogares que solicitaron atención humanitaria fue más significativo respecto de las familias en situación de urgencia y vulnerabilidad, como se observa a continuación:

 

Fuente: Informe anual de Gobierno 2021. Ilustración 21. Atención hogares en extrema urgencia y vulnerabilidad. Unidad para las Víctimas Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria. Pág. 97.

 

Los hogares clasificados en el mayor nivel urgencia y vulnerabilidad que son aquellos que afrontan mayores niveles de carencias de alojamiento y alimentación, pasaron de ser 230.284 en 2019 a 63.309 en 2020. Esta reducción se presentó en el término año, de acuerdo con los resultados de la comparación de la atención de los hogares en ambas vigencias^[63].

 

Sin embargo, esta información no incluye una justificación precisa respecto del decrecimiento de las solicitudes de atención humanitaria en el 2020. De igual manera, el Gobierno Nacional tampoco planteó dificultades para corroborar, por parte de las autoridades, las condiciones reales de carencias de la población, en ese periodo. Lo anterior especialmente, para los hogares con mayores vulnerabilidades.

 

Dado que la solicitud de la medida referida se realiza por los canales de atención de la Unidad para las Víctimas, la Sala procede a examinar la orientación y la respuesta a los requerimientos de la población desplazada, en época de pandemia.

 

Atención a las víctimas a través de los canales de orientación no presencial

 

21.            En materia de orientación y acompañamiento, la Unidad para las Víctimas implementó diferentes estrategias para la respuesta a las solicitudes de la población, mediante canales telefónicos y virtuales. A través de estos mecanismos, la entidad suministró principalmente información sobre trámites de novedades en el RUV, así como de la entrega de atención humanitaria^[64].

 

Sin embargo, algunos intervinientes identificaron deficiencias en la respuesta a las solicitudes, debido a las barreras de acceso a mecanismos de atención no presencial^[65]. Lo anterior, por las limitaciones de conectividad y de manejo de las herramientas de comunicación por algunos sectores de la población^[66]. En este escenario, los actores del proceso consideran que las dificultades que experimentan algunas víctimas para acceder a las instituciones mediante mecanismos de orientación alternativos, constituyen barreras para la atención y asistencia efectiva a la población desplazada^[67].

 

Continuidad en la entrega de la atención humanitaria

 

22.            Para asegurar la continuidad en la entrega de la atención humanitaria que procede luego de la inclusión en el RUV, la Unidad para las Víctimas realizó: (i) la asignación automática de la medida a los hogares desplazados dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho^[68]; (ii) el giro anticipado a aquellos que habían solicitado la medida y que presentaron carencias en alojamiento y/o vivienda^[69]; (iii) la priorización en la entrega de los recursos a las familias que no fueran beneficiarias de programas sociales; (iv) el incremento del término de 30 a 90 días en el cobro de los recursos^[70]; y, (v) la ampliación de los mecanismos de pago^[71].

 

No obstante, el Gobierno también informó que se presentó una reducción presupuestal significativa en este componente puesto que en el año 2019 fueron apropiados 1.295 miles de millones. Aquellos disminuyeron en el año 2020 a 715 miles de millones destinados para atención humanitaria^[72].

 

Finalmente, la Unidad para las Víctimas indicó que la continuidad en la garantía de la atención humanitaria no limitó el acceso de las víctimas a medidas de la política social adoptadas con ocasión del COVID-19. El Gobierno precisó que, si bien estos programas se analizaron en la identificación de carencias, no fueron descontados de la atención humanitaria. De este modo, 314.081 destinatarios de la medida referida, también fueron beneficiarios de oferta social en la contingencia de la pandemia^[73].

 

23.            Cabe destacar que varios actores del proceso resaltaron los esfuerzos de la Unidad para las Víctimas en continuar la entrega de la atención humanitaria durante la emergencia sanitaria. No obstante, también informaron sobre inconvenientes relacionados con la disposición efectiva de los recursos, debido a problemas en la respuesta a las solicitudes de las víctimas, así como inconvenientes operativos asociados con la notificación de la entrega, como lo precisaron algunos organismos de control^[74]. Adicionalmente, debido al contexto de salud pública generada por el COVID-19, muchas de las víctimas no pudieron trasladarse a las entidades financieras para acceder efectivamente a esta medida^[75].

 

Conclusiones: necesidad de ajustar el procedimiento de valoración de carencias en alojamiento y alimentación para asegurar la continuidad en la entrega de la atención humanitaria para los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad

 

24.            La Unidad para las Víctimas informó que, al finalizar el año 2019, de 537.457 solicitudes de atención humanitaria presentadas, 337.435 hogares (62.78%) tenían privaciones en al menos uno de los componentes de la subsistencia mínima^[76]. Posteriormente, en el año 2020 aplicó el procedimiento a 253.418 hogares que solicitaron esta medida (esto es, 302.039 hogares menos que en el año 2019), y concluyó que solo persistían carencias en 92.623 de los hogares (36.55%) que solicitaron atención humanitaria^[77].

 

El decrecimiento más significativo corresponde a la diferencia entre los 230.284 hogares en la categoría de extrema urgencia y vulnerabilidad identificados en el año 2019, que pasaron a ser solo 63.309 hogares en el año 2020. Al respecto, no se acreditó que la Unidad para las Víctimas asegurara la continuidad en la entrega de atención humanitaria, para las familias con necesidades más apremiantes en alojamiento y alimentación, bajo los presupuestos de la prórroga automática, en consonancia con lo dispuesto en la orden trigésimo segunda del Auto 373 de 2016.

 

En consonancia con lo expuesto, no debía condicionarse la atención humanitaria a la nueva solicitud de los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad cuyas carencias en alojamiento y alimentación fueron reconocidas previamente por dicha entidad. Esto desconoce la regla reiterada por la Corte Constitucional en sede de tutela y en sede de seguimiento, en virtud de la cual “en los casos en los que se presuma una condición de vulnerabilidad acentuada que impida asumir el auto sostenimiento, las autoridades deben invertir el orden del proceso de análisis, por lo cual, deben reconocer y entregar de forma automática esta medida para asegurar las condiciones mínimas de subsistencia, y posteriormente, evaluar la vulnerabilidad para determinar si procede la suspensión de la atención humanitaria^[78]”^[79].

 

Adicionalmente, las limitaciones propias de la pandemia, sumadas a las barreras en conectividad y herramientas de comunicación para la atención no presencial, generan una carga desproporcionada para los hogares con vulnerabilidades extremas, para solicitar nuevamente una medida que corresponde a las necesidades previamente identificadas y reconocidas por dicha entidad. Este requisito desvirtúa la finalidad de la prórroga automática de la atención humanitaria que es asegurar condiciones mínimas de subsistencia, sin perjuicio de que en la evaluación posterior se determine que procede la suspensión de la entrega de esta medida.

 

En línea con lo anterior, llama la atención a la Sala Especial que, en un año atípico como 2020, en el que la pandemia tuvo una afectación particular en los ingresos de los hogares más vulnerables: (i) disminuyeran las solicitudes de entrega de atención humanitaria, y paralelamente, incrementaran porcentualmente los hogares sin carencias en alojamiento y alimentación, a los que el Gobierno les suspendió la atención humanitaria; y, (ii) se redujera en más de una tercera parte los hogares en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad.

 

25.             Finalmente, el Gobierno no aportó una justificación respecto del decrecimiento del presupuesto asignado en materia de atención humanitaria. Aun cuando la pandemia tuvo efectos en la planeación y la destinación de recursos del Estado, la atención humanitaria tiene como fuente la protección de la subsistencia mínima como expresión del derecho al mínimo vital de personas en situación de debilidad manifiesta, por lo cual, esta Corporación en diferentes oportunidades reiteró al Gobierno que no se puede condicionar la entrega de esta medida a las restricciones presupuestales^[80]. Tampoco se evidencia la relación entre los resultados de medición de carencias en la subsistencia mínima al cierre de la vigencia, como elemento que determina el presupuesto apropiado para atención humanitaria en la vigencia posterior.

 

 Decisiones a adoptar respecto de la continuidad en la entrega de atención humanitaria de emergencia y de transición

 

26.            La Sala concluye que a pesar de las alternativas de orientación no presenciales y los esfuerzos de la Unidad para las Víctimas para asegurar la entrega efectiva de la atención humanitaria en el marco de la pandemia, la población tuvo dificultades para solicitar esta medida mediante canales de atención telefónicos y virtuales. Estas barreras están asociadas a la conectividad de los territorios y al acceso a herramientas de comunicación que dificultaron, según la información reportada, la orientación y la respuesta efectiva a las solicitudes de las víctimas.

 

En especial, preocupa a los integrantes de esta Sala el decrecimiento abrupto de las solicitudes y la asignación de esta medida para los hogares en extrema urgencia y vulnerabilidad, y el presunto desconocimiento de las reglas de esta Corporación relacionadas con la prórroga automática de la atención humanitaria^[81]. Por lo anterior, adoptará las siguientes decisiones:

 

26.1. Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas que, de acuerdo con lo dispuesto en los Autos 099 de 2013 y 373 de 2016, evidencie que garantizó la prórroga automática de la atención humanitaria de los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad. Para acreditar el cumplimiento de esta orden deberá precisar cuáles de estos hogares accedieron efectivamente a esta medida, sin que mediara una nueva solicitud para su designación, entre julio de 2020 y julio de 2021,

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse al Contralor delegado para el Posconflicto y a la Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

26.2. Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas que aclare como el procedimiento de valoración de carencias en la subsistencia mínima garantiza la prórroga automática cuando se afirma que para los hogares en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad, “después de finalizada la vigencia del turno de atención, es necesario que adelante nuevamente el procedimiento de identificación de carencias para determinar si en el hogar continúan presentándose factores particulares asociados a la edad, condición de discapacidad, enfermedades crónicas, entre otras, que puedan determinar que el hogar continúa en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad”^[82].

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse al Contralor delegado para el Posconflicto y a la Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

26.3. Ordenará a la Ministra de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones que, de forma conjunta con el director de la Unidad para las Víctimas, dispongan de un plan con acciones concretas para mejorar los procesos de orientación a las víctimas a través de los canales no presenciales a partir del último trimestre del año 2021. En este proceso es necesario que el Ministerio acredite acciones de intervención en los territorios para facilitar el acceso y manejo de herramientas de información y comunicaciones para canalizar la orientación de las medidas de la política de víctimas a la población desplazada.

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

Para verificar el cumplimiento de esta orden, la Ministra de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones y el director de la Unidad para las Víctimas deberán evidenciar, en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, la implementación de un plan con: (i) los territorios identificados, (ii) los avances en la intervención, (iii) la formación a líderes de la población con mecanismos de pedagogía y divulgación sobre el acceso a canales de orientación no presencial. Estas estrategias deben (iv) guardar consonancia con las particularidades de las comunidades que habitan los territorios, de forma que respondan a su pertenencia étnica y/o condiciones de discapacidad, entre otros elementos diferenciales, que aseguren el acceso efectivo a la atención institucional.

 

Una copia del mismo informe deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional a partir del año 2022.

 

27.            Respecto de la reducción en el presupuesto asignado a la atención humanitaria, la Sala adopta las siguientes decisiones:

 

27.1.     Ordenará al Ministro de Hacienda que en conjunto con los directores del DNP y de la Unidad para las Víctimas sustenten: (i) cómo se determina el presupuesto en materia de atención humanitaria; (ii) qué efectos tienen los resultados agregados de la medición de carencias en la subsistencia mínima al finalizar un año, para efectos de definir el presupuesto de la siguiente vigencia; (iii) cómo se valora el universo de las víctimas con carencias en subsistencia mínima y el incremento de las emergencias humanitarias para determinar los recursos que se apropian en cada vigencia para esta medida; (iv) los factores que se analizaron y las razones por las cuales se redujo el presupuesto en la atención humanitaria en 2020; y, (v) la evolución de este rubro en el año 2021.

 

Este informe deberá presentarse en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, y remitirse una copia a la Sala Especial.

 

27.2.     Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas que informe a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz: (i) los criterios de valoración, las fuentes y los cortes de las fuentes de información empleadas para que, en el año 2020, se redujeran en términos generales, los hogares que recibieron atención humanitaria; (ii) el acceso efectivo a la oferta social respecto de los hogares a los que se les suspendió la entrega de esta medida; (iii) el reporte de los análisis o estudios que se adelantaron para determinar la suspensión de las medidas a dichas familias; y, (iv) la ejecución del presupuesto correspondiente a esta medida en el año 2020.

 

Este informe de deberá ser presentado en el término de dos (2) meses a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, y remitirse una copia a la Sala Especial.

 

27.3. Solicitará al Contralor Delegado para el Posconflicto y a la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz que analicen la información que aporten el Ministro de Hacienda, la directora del DNP y el director de la Unidad para las Víctimas. Este análisis se deberá realizar en el término de un (1) mes a partir de la entrega de los documentos que alleguen dichas entidades en virtud de los fundamentos precedentes (fundamentos 27.1. y 27.2.). En este sentido, deberán presentar las conclusiones a la Sala y las recomendaciones al Gobierno Nacional respecto del análisis que precede a la apropiación del presupuesto en materia de atención humanitaria, el proceso de medición de carencias en la subsistencia mínima y la garantía de la entrega de la atención humanitaria en correspondencia con las necesidades actuales y reales de la población desplazada.

 

28.            La Unidad para las Víctimas expuso que en virtud del deber de distinción no excluye a la población destinataria de atención humanitaria de la oferta social que se implementa con ocasión de la pandemia^[83]. No obstante, dado que considera estos programas en el análisis de carencias en la subsistencia mínima, esta Sala:

 

Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas abstenerse de contabilizar los beneficios complementarios de los programas que se implementan para mitigar los efectos sobrevinientes de la pandemia, como las transferencias monetarias no condicionadas correspondientes a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), e Ingreso Solidario, y los demás que se adopten para mitigar los efectos económicos en los hogares vulnerables, en la valoración de carencias en la subsistencia mínima.

 

C. Especiales vulnerabilidades previas y sobrevinientes para la población desplazada en el contexto de la pandemia

 

28.            Esta sección tiene por objetivo examinar la respuesta a la vulnerabilidad de la población desplazada así como aquella que sobreviene con ocasión de la pandemia. De este modo, la Sala analizará la continuidad de las medidas de asistencia en tanto ellas responden a la vulnerabilidad que genera el desarraigo. Posteriormente, la Sala examinará la garantía del principio de igualdad y no discriminación en el acceso de las víctimas del desplazamiento forzado a las medidas para responder a los efectos económicos y sociales derivados de la contingencia de salud pública.

 

Para este propósito, la Sala examinará la medición de superación de vulnerabilidad con dos objetivos. El primero, radica en analizar cómo esta valoración determina la focalización, priorización, flexibilización y/o asignación de oferta relacionada con la estabilización socioeconómica de la población desplazada. El segundo, consiste en determinar cómo las vulnerabilidades previas y derivadas del desarraigo confluyen con el análisis de la vulnerabilidad sobreviniente en los hogares desplazados, con ocasión de la emergencia sanitaria.

 

En este sentido, el flujo de la información entre las entidades del Estado debe evidenciar la integración real de la caracterización de la vulnerabilidad de las víctimas en el diseño, implementación y seguimiento a las medidas de asistencia. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la estabilización socioeconómica de la población desplazada se constata a través del acceso a la política social de dicho grupo, en función de sus condiciones de vulnerabilidad.

 

A su vez, el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a las medidas para atender las vulnerabilidades sobrevinientes de los hogares con ocasión de la pandemia debe evidenciarse en el reconocimiento de la vulnerabilidad acentuada de las víctimas del desplazamiento en la respuesta integral del Estado para para mitigar los efectos socioeconómicos de crisis generada por el COVID-19, así como en las medidas adoptadas en el marco de la reactivación económica.

 

     i.                   Vulnerabilidad de la población derivada del desplazamiento forzado y el direccionamiento a la oferta social

 

Caracterización de la población desplazada

 

29.            En respuesta a los interrogantes formulados en el Auto 326 de 2020, el Gobierno Nacional informó que la Unidad para las Víctimas emplea el “Modelo Integrado” para caracterizar a la población desplazada, con la información que se encuentra en los registros administrativos compartidos por las entidades que pertenecen a la Red Nacional de Información (en adelante RNI)^[84]. La finalidad de este proceso es realizar una identificación integral de las víctimas, que sea útil para determinar sus necesidades y las medidas pendientes de ejecutar en materia de atención, asistencia y reparación. Por tal razón, no se reduce a información socioeconómica de la población desplazada^[85]. 

 

Una de las fuentes de información que integran este modelo es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (en adelante “SISBEN”). Aquel emplea una metodología de encuesta para caracterizar socioeconómicamente a la población general^[86]. Adicionalmente, con esta herramienta, el DNP, a través de un proceso de ordenación de vulnerabilidad, identifica a los potenciales beneficiarios de los programas sociales.

 

Medición de la superación de la situación de vulnerabilidad

 

30.            La medición de la vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento se realiza con las fuentes de información que alimentan el “Modelo Integrado”, entre estas, la encuesta SISBEN^[87]. El Gobierno informó que ella será el principal instrumento de recolección de información de los derechos a la identificación, la salud, la educación, la vivienda y la generación de ingresos. Lo anterior, dado que comparte los objetivos de evaluación de la situación de vulnerabilidad de la población desplazada, de cara a la entrada de la metodología del SISBEN IV^[88].

 

En función de la valoración de la vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado, las entidades del SNARIV deben realizar la focalización, priorización, flexibilización y asignación de la oferta institucional para garantizar los derechos a la salud, la educación, la identificación, la alimentación, la vivienda, la generación de ingresos y de empleo, la reunificación familiar y la atención psicosocial^[89]. Para este propósito, el Gobierno Nacional dispone de dos vías para que las víctimas accedan a los programas sociales: (i) las mediciones de vulnerabilidad y los respectivos listados que identifican los derechos no satisfechos; y, (ii) la focalización de población en situación de pobreza, mediante el puntaje del SISBEN III^[90]. No obstante, en ambas rutas, las entidades pueden demandar el cumplimiento de requisitos adicionales para acceder a los programas que administran, por ejemplo, más allá del puntaje de la encuesta, en el caso de la segunda vía^[91].

 

Para mejorar las debilidades en la información de las víctimas y lograr conectarlas a las demás dinámicas estatales, para que puedan acceder efectivamente a la oferta institucional, el Gobierno planteó la interoperabilidad del “Modelo Integrado”, con el “Registro Social de Hogares”^[92]. Lo anterior, busca reducir las exclusiones que se pudieran presentar, e identificar las vulnerabilidades de la población desplazada con el fin de atenderla a través de la oferta social^[93]. Cabe destacar que este direccionamiento se enmarca en la estrategia de armonización del componente de asistencia de la Política de Víctimas con la Política Social Moderna, adoptada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022^[94].

 

31.         La Comisión de Seguimiento, sin embargo, en el análisis de la respuesta del Gobierno Nacional, expuso que la vulnerabilidad de la población desplazada supera los aspectos socioeconómicos. Por lo tanto, consideró necesario que además de las herramientas de focalización, las entidades adopten medidas afirmativas y diferenciales para esta población, prioricen su acceso y permanencia en los programas y, además, incluyan los resultados de la superación de vulnerabilidad en la definición de los criterios de salida^[95].

 

Dado que la valoración en la superación de la vulnerabilidad mencionada es un criterio determinante en el direccionamiento de la oferta institucional, la Sala procede a exponer la evolución de esa situación en los últimos años.

 

 

Evolución de la vulnerabilidad de la población desplazada entre 2019 y 2020

 

32.            Los informes del Gobierno Nacional dan cuenta de los siguientes avances en materia de superación de vulnerabilidad:

 

Resultados de superación de vulnerabilidad para las personas que solicitaron acompañamiento en el retorno o la reubicación
	Diciembre de 2019	Diciembre de 2020
Víctimas que solicitaron acompañamiento para el retorno / reubicación y superaron la situación de vulnerabilidad	36,33% (598.091 personas)	↑ 46,09% (879.964 personas)
Víctimas que solicitaron acompañamiento para el retorno / reubicación y no superaron la situación de vulnerabilidad	63,67% (1.048.191 personas)	53,91% (1.029.235 personas)
Universo: víctimas de desplazamiento forzado incluidas que solicitaron acompañamiento para el retorno / reubicación (con corte en la vigencia)	1.646.282 personas	↑ 1.909.199 personas

*Elaboración propia basada en los resultados de la medición del indicador: Número de personas que solicitaron el acompañamiento y superan su situación de vulnerabilidad /Número de personas que solicitaron el acompañamiento para el retorno y/o la reubicación. Informes anuales del Gobierno Nacional. Periodos de reporte 2020 y 2021.

 

De acuerdo con los datos expuestos, 598.091 personas que en el año 2019 solicitaron acompañamiento en el retorno o la reubicación, cumplieron de forma integral con la satisfacción de los derechos a la identificación, la salud, la atención psicosocial, la educación, la alimentación, la generación de ingresos, la vivienda y la reunificación familiar^[96]. Al finalizar el año 2020, el Gobierno concluyó que 879.964 personas alcanzaron el cumplimiento de los derechos enunciados y, por lo tanto, ya no requerían acompañamiento institucional^[97].

 

La medición desagregada por derechos fue presentada en el reporte de los resultados correspondientes al año 2019. En términos generales, los derechos a la reunificación familiar (99%), identificación (98%), salud (95%), educación (95%) y atención psicosocial (92%), evidenciaron los mayores avances. Por su parte, los derechos a la alimentación (62%), vivienda (40%) y generación de ingresos (22%) presentaron el mayor rezago en el cumplimiento de los criterios asociados a la superación de la situación de vulnerabilidad. Los resultados del año 2020 no fueron desagregados por los derechos que integran dicha medición. Sin embargo, el Gobierno informó que en este periodo también persistían menores avances en los derechos a la vivienda y a la generación de ingresos^[98].

 

Acompañamiento institucional en el marco de los retornos y las reubicaciones

 

33.            Los resultados de la medición de vulnerabilidad permiten identificar las personas que requieren acceder a oferta institucional para alcanzar la estabilización socioeconómica. Así, en el año 2019, de 135.973 personas que solicitaron acompañamiento para el retorno o la reubicación, 133.153 (97.33%) fueron acompañadas por las instituciones^[99]. Bajo la misma lógica, en el año 2020, de 107.408 personas que solicitaron oferta de las entidades, 41.589 (38.72%) recibieron respuesta a la solicitud de acompañamiento^[100].

 

De acuerdo con el Gobierno, los cambios en los resultados de la gestión obedecen a: (i) que el 57% de las solicitudes de acompañamiento se realizaron en el último trimestre; (ii) las dificultades de las entidades para el desarrollo de los programas en los territorios, así como la atención de la población en la contingencia de la pandemia; y, (iii) las limitaciones que generó la coyuntura sanitaria para que los Comités Territoriales de Justicia Transicional verificaran el principio de seguridad como presupuesto de acompañamiento de la Unidad para las Víctimas^[101].

 

Conclusiones sobre la continuidad de la respuesta institucional a la vulnerabilidad de la población desplazada en el marco de la pandemia 

 

34.        En virtud de la información que aportaron los diferentes actores del proceso, la Sala presenta a continuación las conclusiones sobre la continuidad de las medidas que responden a las vulnerabilidades derivadas del desarraigo relacionadas con: (i) los vacíos y deficiencias en la información de la medición de superación de vulnerabilidad y su función en el direccionamiento a la oferta institucional; (ii) las incongruencias en el procedimiento de medición de la superación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado y la ausencia de mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los resultados en la estabilización socioeconómica; y, (iii) la adaptación de procedimientos para asegurar la continuidad de medidas encaminadas a la superación de la vulnerabilidad.

 

Vacíos y deficiencias en la información de la medición de superación de vulnerabilidad y su función en el direccionamiento a la oferta institucional

 

35.            El Gobierno Nacional indicó que la medición de superación de vulnerabilidad, que se realiza con las fuentes del “Modelo Integrado”, entre las cuales se encuentra el SISBEN, tiene por función direccionar la oferta institucional para garantizar los derechos asociados a la estabilización socioeconómica de la población desplazada^[102].

 

No obstante, respecto de la oferta a la que accedió la población desplazada en el año 2020, el Gobierno Nacional no evidenció que los resultados de la medición de vulnerabilidad fueron empleados por las entidades del SNARIV en la identificación, focalización o definición de criterios de acceso o permanencia de las víctimas en los programas y proyectos para la garantía de los derechos asociados a la estabilización socioeconómica^[103]. En este sentido, la Sala concluye que el acompañamiento de las instituciones no se concretó en función de la vulnerabilidad constatada en la población desplazada mediante la medición destinada para este fin.

 

Por otra parte, si bien el Gobierno presentó los resultados de la medición con corte a diciembre de los años 2019 y 2020, no presentó los avances desagregados para cada uno de los ocho (8) derechos en la última vigencia. Este vacío de información limita el análisis de la trazabilidad de la intervención institucional por cada derecho, los resultados alcanzados, en particular, en materia de generación de ingresos. Lo anterior, dado que la constatación de este derecho a su vez determina la verificación de los derechos a la vivienda y alimentación.

 

Decisiones a adoptar respecto de la medición de superación de vulnerabilidad y su función en el direccionamiento a la oferta institucional

 

36.            En virtud de las conclusiones expuestas, esta Sala adoptará las siguientes decisiones:

 

36.1. Ordenar a los ministros y directores de las entidades del SNARIV con competencia en la garantía de los derechos a la identificación, la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la generación de ingresos, la reunificación familiar y la atención psicosocial que, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica del Subcomité de Atención y Asistencia, analicen los resultados de la medición de vulnerabilidad y los empleen en el direccionamiento a la oferta institucional. Para acreditar el cumplimiento de esta orden deberán informar cómo la vulnerabilidad de la población desplazada que se origina con el desarraigo:

 

i.               Determina la focalización, priorización, flexibilización y/o asignación de oferta en los programas o medidas que administran.

 

ii.             Orienta la definición y aplicación de los criterios acceso, permanencia y salida de los programas o medidas que implementan.

 

iii.           Opera en la identificación y acompañamiento a los hogares en proceso de retorno o reubicación.

 

Para este propósito, deberán precisar si la interoperabilidad entre sistemas de información, anunciada por el Gobierno Nacional, funciona efectivamente para la focalización, priorización, flexibilización y asignación de la oferta social del Estado para la población desplazada. Esta información se deberá presentar respecto de los resultados del año 2021 y la planeación del año 2022.

 

Este informe de cumplimiento deberá allegarse en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

36.2. Ordenar a los directores del DNP y de la Unidad para las Víctimas que aclaren a la Sala, respecto del uso de SISBEN como fuente de información y, como instrumento que determina el ingreso a medidas o programas asociados a la superación de la vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento forzado, los siguientes aspectos, con corte a julio de 2021:

 

i.               Cómo concurren y se armonizan los criterios para medir los derechos de la población desplazada en la valoración de vulnerabilidad y el SISBEN. En este sentido, deberán precisar los aspectos puntuales de la medición de vulnerabilidad existente, y de cada uno de los derechos que no son compatibles con la información que aporta el SISBEN.

 

ii.             Los resultados de la población desplazada caracterizada en SISBEN III y IV, y cómo se identifica esa población en las encuestas y previsiones de estas mediciones, en particular en el SISBEN IV.

 

iii.           Las acciones realizadas en el año 2021 y las proyectadas para el año 2022 para concluir la caracterización de la población desplazada en el SISBEN IV.

 

iv.           El uso de la información y de la ordenación de vulnerabilidad para la focalización, priorización, flexibilización y asignación de la oferta social con los datos del barrido SISBEN IV consolidados hasta julio de 2021.

 

El informe de cumplimiento de esta orden deberá allegarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Incongruencias en el procedimiento de medición de la superación de vulnerabilidad y ausencia de mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los resultados en la estabilización socioeconómica

 

37.            De acuerdo con la información presentada por el Gobierno Nacional, hubo un avance sustancial (9.76 puntos porcentuales) en la superación de la vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado en el marco del acompañamiento a los retornos y las reubicaciones. En el año 2019, de 1.646.282 personas evaluadas, el 36.33% alcanzó el cumplimiento de los ocho (8) derechos que integran dicha medición. Posteriormente, en el año 2020, el universo examinado incrementó a 1.909.199 personas, de las cuales, el 46.09% cumplieron los criterios asociados a la estabilización socioeconómica.

 

No obstante, en el mismo periodo de análisis, el Gobierno también reportó limitaciones al acompañamiento institucional en los retornos y las reubicaciones. Principalmente, por razones asociadas a la pandemia. En el año 2019, el 97.33% de las personas fueron atendidas, mientras que en el año 2020, la respuesta institucional solo se concretó para el 38.72% de quienes efectuaron dicha solicitud.

 

Los derechos a la vivienda y a la generación de ingresos fueron los componentes más rezagados en ambos periodos. Sin embargo, dado que no se presentó información desagregada sobre cada uno de los derechos, no es posible identificar logros asociados al acompañamiento institucional que permitieron que 879.964 personas superaran la situación de vulnerabilidad en el año 2020.

 

Por lo tanto, la Sala advierte una incongruencia en el proceso y los criterios empleados en la medición de vulnerabilidad dado que, por una parte, el Gobierno informó de dificultades en la asistencia de la población desplazada debido a la contingencia sanitaria y reducción en la respuesta a las solicitudes de acceso a oferta institucional. Por otra, presenta resultados de un incremento significativo de las personas que superaron la situación de vulnerabilidad. En este sentido, resulta incoherente que en un escenario con limitaciones en la intervención institucional y, en un contexto generalizado de afectaciones en el bienestar de los hogares debido a los efectos de la pandemia, se presente un incremento porcentual en las personas que superaron la situación de vulnerabilidad derivada del desarraigo.

 

38.            Ahora bien, dado que la emergencia generada por el COVID-19 impactó los ingresos de los hogares e incrementó la situación de pobreza general, como lo advirtió el Gobierno, podría pensarse en que se presentan retrocesos importantes en materia de vulnerabilidad de los hogares desplazados. Estas consideraciones cobran especial relevancia en la sostenibilidad de los resultados de superación de la vulnerabilidad de la población desplazada, particularmente de los hogares: (i) compuestos mayoritariamente por personas mayores, mujeres a cargo de personas económicamente dependientes, personas en situación de discapacidad, e integrantes de grupos étnicos; (ii) con ingresos cercanos a la línea de pobreza; (iii) que derivan su sustento de actividades informales y se encuentran excluidos del sistema de protección social; y, (iv) que recientemente alcanzaron a superar la situación de vulnerabilidad o se encuentran en alto riesgo de caer en situación de pobreza^[104].

 

En este escenario, no se evidencia un plan o medidas para hacer seguimiento a la sostenibilidad de los resultados en la estabilización socioeconómica de las víctimas. Adicionalmente, en caso de advertir retrocesos, tampoco se plantean medidas para vincular de manera preferente a la población desplazada en los programas sociales diseñados para consolidar capacidades para la generación de ingresos y el empleo. Tampoco existe una ruta de atención a vulnerabilidades sobrevinientes que no se deriven directamente del desplazamiento forzado, pero impacten el sostenimiento de los avances en la estabilidad de estos hogares.

 

Al respecto, la Sala advierte que la superación de la vulnerabilidad del desarraigo y la sostenibilidad de los resultados dependen de las medidas de estabilización socioeconómica. Aquellas, en conjunto, descansan principalmente en las entidades del SNARIV que tienen competencias en el diseño e implementación de la política social. En este sentido, es necesaria que la medición de la vulnerabilidad y el uso de esta información se traduzcan en la adecuación y focalización de la oferta social por las entidades con competencias en los derechos a la educación, la salud, la alimentación, la generación de ingresos, y la vivienda.

 

Esta advertencia se realiza porque la información aportada desvirtúa la función sustancial de la medición de vulnerabilidad para la focalización de la oferta y el direccionamiento de la intervención institucional. Los informes allegados permiten a la Sala inferir que los resultados de este procedimiento se emplean principalmente para justificar la suspensión del acompañamiento institucional, mas no para activar la respuesta institucional a la vulnerabilidad que se deriva del desarraigo.

 

Decisiones a adoptar respecto del procedimiento de medición de la superación de vulnerabilidad y los mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los resultados en la estabilización socioeconómica

 

39.            En virtud de las conclusiones expuestas, esta Sala adoptará las siguientes decisiones:

 

39.1. Ordenará al director de la Unidad para las Víctimas que informe a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz sobre los resultados en la superación de la vulnerabilidad de la población desplazada en el contexto de la emergencia sanitaria los siguientes aspectos:

 

i.               Las causas del incremento de las personas que superaron la vulnerabilidad en un escenario con restricciones en la implementación de la oferta institucional y menores resultados en términos de acompañamiento institucional a los hogares en proceso de retornos o reubicación. Para este propósito deberán incluirse los resultados desagregados para cada uno de los derechos y la valoración integral del conjunto de los derechos que se analizan en la medición de superación de la situación de vulnerabilidad;

 

ii.             La incidencia de los programas adoptados para aliviar el impacto económico  de la contingencia sanitaria, en el marco de la medición de superación de la vulnerabilidad;

 

iii.           La incorporación de criterios o estándares flexibles, así como la actualización de la información en la valoración de la superación de la vulnerabilidad de la población  desplazada, especialmente en lo relacionado con la valoración de la generación de ingresos y empleo, alimentación y vivienda;

 

iv.           Las periodicidades de la mediación de vulnerabilidad en cada derecho hasta tanto se alcance el cumplimiento del conjunto de los derechos. En este aspecto, se solicita precisar si para aquellas personas que no superan la vulnerabilidad en la valoración integral de los ocho (8) derechos, la verificación de aquellos que presentan cumplimiento se actualiza en cada periodo de medición.

 

El informe de cumplimiento deberá presentarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, a la Contraloría delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, y remitirse una copia a la Sala Especial.

 

39.2. Solicitará al Contralor delegado para el Posconflicto y a la Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz que analicen el informe que aporte la Unidad para las Víctimas solicitado el fundamento anterior. Dicho análisis deberá sustentar las conclusiones y las recomendaciones que presenten al Gobierno Nacional respecto del proceso de valoración de superación de la situación de vulnerabilidad y suspensión del acompañamiento institucional, en correspondencia con el cumplimiento de los ocho (8) derechos que integran esta medición.

 

Este informe deberá ser allegado a esta Sala y al Gobierno Nacional en el término de un (1) mes, contado a partir de la remisión del documento referido en el fundamento anterior.

 

39.3. Ordenar al director de la Unidad para las Víctimas que en conjunto con las directoras del DPS y el DNP, determinen la viabilidad técnica y adopten un plan con medidas y mecanismos de seguimiento para asegurar la sostenibilidad en los avances en la estabilización socioeconómica. Este plan deberá contemplar como mínimo:

 

i.              Identificación de los factores que puedan incidir en la sostenibilidad de la estabilización socioeconómica de las víctimas en la contingencia actual.

 

ii.            Flexibilización y/o adecuación los criterios para extender el acompañamiento institucional para aquellas personas que recientemente alcanzaron a cumplir la verificación de los derechos (2019-2021).

 

iii.         Seguimiento a la sostenibilidad de la estabilización socioeconómica de la población desplazada y adopción de medidas en caso de que adviertan retrocesos en el corto plazo.

 

iv.          Adopción de una ruta para atender los retrocesos en materia de vulnerabilidad, imputables a circunstancias diferentes al desarraigo. Lo anterior, a través del acceso preferente a los programas sociales del Estado, de modo que se asegure la sostenibilidad de la estabilización socioeconómica de las víctimas del desplazamiento forzado.

 

Los resultados de la adopción del plan y su implementación se deberán informar a la Sala en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de este auto. También los deberán remitir a la Contraloría delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

39.4. Solicitará al Contralor delegado para el Posconflicto y a la Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz que analicen la información que aporte la Unidad para las Víctimas en los términos solicitados en el fundamento previo. A partir de dicho análisis, deberán aportar recomendaciones al Gobierno Nacional. Este informe deberá ser allegado a esta Sala y al Gobierno Nacional en el término de un (1) mes, contado a partir de la remisión del documento referido en el fundamento anterior.

 

El Gobierno analizará dichas recomendaciones y, de acuerdo con la viabilidad técnica, las deberá incorporar en el seguimiento a la sostenibilidad en los avances en la estabilización socioeconómica y presentar sus conclusiones en a la Sala Especial y a los organismos de control en el término de un (1) mes, contado a partir de la entrega del informe de las entidades referidas.

 

Decisiones a adoptar respecto de la adaptación de procedimientos para asegurar la continuidad de medidas encaminadas a la superación de la vulnerabilidad

 

40.            Las entidades del Gobierno Nacional adoptaron medidas para ajustar y flexibilizar los procedimientos administrativos y, de esta manera, garantizar la continuidad de las medidas asociadas a la estabilización socioeconómica de la población desplazada^[105]. No obstante, dado que la información sobre la continuidad de estos procedimientos en el año 2021 es insuficiente, la Sala solicitará a la Secretaría Técnica del Subcomité de Atención y Asistencia que coordine la respuesta de las entidades del SNARIV respecto de las cuestiones que se plantea a continuación:

 

40.1. Ordenar a los ministros y directores de las entidades del SNARIV con competencia en la garantía de los derechos asociados a la superación de la situación de vulnerabilidad, que bajo la coordinación de la Secretaría Técnica del Subcomité de Atención y Asistencia, informen sobre la continuidad de estos procedimientos en el año 2021 y 2022 para la garantía efectiva de los derechos medidas asociadas a la estabilización socioeconómica de las víctimas. En particular, deberán precisar a la Sala lo siguiente:

 

i.              Los mecanismos de difusión y comunicación de la adaptación y flexibilización de los procesos y requisitos que exigen a la población desplazada para acceder a la oferta disponible de los derechos asociados a la estabilización socioeconómica.

 

ii.            Las personas desplazadas que no son atendidas actualmente en los programas debido a las limitaciones de oferta de los programas disponibles y la orientación que se les brinda.

 

iii.         Las acciones que se implementan en el año 2021 para adecuar y/o flexibilizar los criterios de ingreso y permanencia, así como los tiempos y modalidades de implementación, para aquellos programas sociales que fueron suspendidos o restringidos con ocasión de la pandemia.

 

iv.          Las acciones proyectadas para el año 2022 respecto del acceso y permanencia en los programas que se retomaron en el año 2021, así como aquellos que se reactivarán o iniciarán en el año 2022 asociados a la estabilización socioeconómica de las víctimas. En este sentido se solicita informar: (i) el avance en las metas proyectadas en el año 2021; (ii) el uso de la información de la vulnerabilidad de las víctimas para las proyecciones de la oferta y las metas previstas en el año 2022.

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo informe deberá remitirse a la Contraloría delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

  ii.                   Vulnerabilidad sobreviniente y el acceso de la población desplazada a las medidas para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia

 

Identificación y acceso de la población desplazada a los programas sociales adoptados con ocasión del COVID-19 para los hogares vulnerables

 

41.            En respuesta al Auto 357 de 2020^[106], los directores del DPS y de la Unidad para las Víctimas informaron que la población desplazada fue beneficiaria de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en la población vulnerable^[107]. Estos apoyos se concretaron en: (i) los giros extraordinarios no condicionados a los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor^[108]; (ii) la Compensación del IVA^[109]; (iii) el Programa Ingreso Solidario para la población en situación de pobreza, pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad económica^[110]; y, (iv) la atención a población étnica a través de proyecto piloto “manos que alimentan”^[111]. A continuación, la Sala sintetiza los resultados concretos reportados para la población desplazada:

 

Criterios de focalización población desplazada	Resultados de los programas sociales en población desplazada
Familias en acción
Inclusión en el RUV como víctima de desplazamiento forzado[112]	*874.575 familias víctimas de desplazamiento recibieron transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en todos los departamentos del país[113]. *La Sala advierte que el informe relaciona el número de las familias y pagos a población indígena; sin embargo, no se precisa cuáles de estos datos corresponden a población desplazada, y además, no es claro si el reporte de esta información corresponde a la población beneficiaria de este programa en virtud de su pertenencia étnica[114].
Jóvenes en acción
Inclusión en el RUV como víctima de desplazamiento forzado	*63.597 jóvenes víctimas de desplazamiento forzado fueron beneficiarios de estas transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias[115]. *La Sala identifica que el informe relaciona el número de jóvenes y los pagos para población indígena, por departamentos. Sin embargo, no se desagregó cuáles de estos datos corresponden a población desplazada[116].
Programa de protección social al adulto mayor - Colombia Mayor
Edad y puntajes SISBEN para identificar ingresos o rentas insuficientes para subsistir.	*348.390 víctimas de todo el país *Para la Sala no es claro si los datos corresponden a población desplazada[117].
Compensación del Impuesto al Valor Agregado
Resultados de la medición de pobreza multidimensional del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 y el SISBEN.	*208.687 familias víctimas de desplazamiento, en el componente de Familias en Acción  y 62.194 víctimas[118]. *La Sala advierte que el informe presentó el número de las familias indígenas y el valor de los pagos; sin embargo, no se precisó cuáles de estos datos corresponden a población desplazada[119].
Ingreso solidario
Hogares más pobres y vulnerables de acuerdo con la clasificación basada en la información más reciente del SISBEN III o IV.	*331.397 familias víctimas de desplazamiento forzado[120].
Atención a población étnica: “proyecto piloto manos que alimentan”
Comunidades étnicas con acceso a la tierra, disposición de espacio para producción de alimentos para autoconsumo y fuentes de agua. No poseer cultivos ilícitos, y no estar en áreas naturales protegidas.	Este proyecto estuvo orientado a comunidades indígenas y afrocolombianas en el marco de la emergencia sanitaria. Sin embrago, para la Sala no es claro si los datos corresponden a comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento.

*Elaboración propia basada en el informe del Gobierno Nacional en respuesta al Auto 357 de 2020.

 

42.            Adicionalmente, en materia presupuestal el Gobierno Nacional expuso que en el año 2020 hubo un incremento del 8.8% en los recursos destinados a la política de víctimas. No obstante, precisó que este aumento obedece principalmente a los recursos destinados a los programas que se implementaron para mitigar los efectos de la pandemia (Transferencias monetarias no condicionadas) que fueron asignados para población desplazada^[121].

 

Consideraciones sobre la respuesta institucional a la vulnerabilidad socioeconómica sobreviniente de las víctimas de desplazamiento con ocasión la pandemia

 

43.            Algunos representantes de la población desplazada manifestaron que las medidas de respuesta al COVID-19 no tienen enfoque étnico y territorial que considere las particularidades de las regiones con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, los contextos de conflicto armado y violencia, las condiciones de difícil acceso a servicios de salud y, los elevados índices de informalidad laboral en esta población. En este sentido, consideran que la atención a la pandemia tiene un enfoque prioritariamente urbano para las entidades territoriales con mayores capacidades para afrontar sus efectos y, no para los  municipios de categorías 4, 5 y 6. En estas últimas áreas se encuentran la mayoría de los pueblos y comunidades étnicas^[122]. En consecuencia, manifestaron que las políticas adoptadas con ocasión de la situación sanitaria adolecen de una perspectiva que responda a las condiciones de los territorios donde habita gran parte de la población desplazada^[123].

 

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos en la focalización de algunos hogares desplazados en las medidas dispuestas para atender las consecuencias de la pandemia, los representantes de la población desplazada plantearon la necesidad de que: (i) los registros administrativos que se emplean para identificar a la población destinataria de estos programas respondan a la vulnerabilidad de las víctimas, de modo que puedan ser incluidos en el proceso de focalización de la oferta que se implementa con ocasión de la pandemia; y, (ii) el procedimiento incorpore la evolución de vulnerabilidad de la población desplazada en el contexto actual. Lo expuesto, porque esta información puede orientar las decisiones que se adopten para la crisis generada por la propagación del COVID-19^[124].

 

Finalmente, actores del proceso plantearon que la respuesta institucional a los efectos de la emergencia puede concretarse con la implementación de un plan social de reactivación económica y recuperación cultural que, en el caso de los grupos étnicos: (i) respete el principio a la igualdad y no discriminación y los derechos a la consulta previa, al territorio y al ambiente sano y, en general, garantice los derechos fundamentales de la población desplazada; (ii) fortalezca los sistemas productivos tradicionales, tenga enfoque de autonomía alimentaria, tecnificación culturalmente apropiada y atienda la especificidad de los territorios; y, (iii) promueva la participación de las comunidades étnicas en el desarrollo de actividades económicas alternativas compatibles con el cuidado de los recursos naturales por los grupos étnicos^[125].

 

Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente (CONPES 4023 de 2021)

 

44.            El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó la política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente, CONPES 4023 de 2021, la cual se ejecutará entre los años 2021 y 2026^[126]. Para mitigar la vulnerabilidad económica derivada de la pandemia, el Gobierno plantea focalizar e implementar programas sociales que apuntan a la reducción la pobreza monetaria y multidimensional. En este sentido, contempla como acciones de política: “(i) actualizar información socioeconómica de los hogares; (ii) revisar y ajustar los criterios de focalización poblacional y territorial; (iii) integrar la información de la Plataforma de Transferencias Monetarias y el Registro Social (…)”^[127].

 

En el diagnóstico que realizó dicho instrumento de política pública, el Gobierno concluyó que en la población que vive en los entornos rurales presenta mayor grado de pobreza multidimensional. Incluso, diagnosticó que “la emergencia acentúa las victimizaciones en territorios empobrecidos y aún más en entornos rurales donde la alta presencia de hechos victimizantes va de la mano con la pobreza; por ejemplo, el 77 % de los municipios rurales con un nivel elevado de hechos victimizantes es pobre, mientras que en las ciudades esta cifra es del 24 % (Grupo de Proyectos Especiales [GPE]- DNP, 2020)”^[128].

 

En consonancia con lo anterior, para mitigar el riesgo de incidencia de pobreza y vulnerabilidad de la población rural, contempla“(i) divulgar entre los habitantes rurales los mecanismos de acceso al Piso de Protección Social e incentivar la vinculación; (ii) optimizar el proceso de radicación de solicitudes judiciales de restitución de tierras a través del mecanismo de demanda electrónica, lo cual incluye  el componente tecnológico del proceso de radicación, y (iii) implementar mecanismos o acciones de generación de ingresos para mujeres y jóvenes rurales, priorizando las zonas PDET afectadas por la pandemia, para dinamizar la inclusión social y productiva”^[129].

 

45.            Dado que las vulnerabilidades sobrevinientes asociadas con la pandemia no son ajenas a la población desplazada, además de las acciones enunciadas previamente, la Sala encuentra relevantes las siguientes medidas, debido a su relación con la superación de la vulnerabilidad de los hogares desplazados.

 

CONPES 4023 de 2021
Medidas	Descripción
Registro Social de Hogares	A partir de registros administrativos y de caracterización de la población, este registro pretende validar y actualizar la información socioeconómica de las personas y hogares, con el fin de establecer criterios para la focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de los programas y los subsidios del Gobierno Nacional y las entidades territoriales[130].
Cédula rural (“Mi registro rural”)	Tiene por propósito formalizar la actividad agropecuaria y dirigir los apoyos estatales relacionados con el Registro Social.
Mesa de Equidad	Opera bajo el liderazgo del DNP y el DPS para definir estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia en la asignación de transferencias monetarias para mitigar los efectos de la pandemia en  los ingresos de los hogares más vulnerables[131].
Plan Nacional para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria	Tiene por finalidad apoyar y consolidar la generación de ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, el desarrollo y sostenibilidad de emprendimientos rurales para mejorar las condiciones para el acceso a los mercados y cadenas de valor e ingresos de los productores[132].
Programa Casa Digna, Vida Digna	Tiene por objetivo la intervención estructural y mejoras locativas de unidades habitacionales mediante el otorgamiento de un subsidio de vivienda familiar de interés social para áreas urbanas, así como el subsidio familiar de vivienda rural para el mejoramiento de unidades habitacionales[133].
Fondo Solidario para la Educación	En el marco de su implementación se adoptan medidas como la entrega de auxilios económicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de mitigar la deserción escolar en razón a la emergencia sanitaria que atraviesa el país[134].
Sistema Nacional de Cualificaciones	Tiene por propósito alinear la educación y formación con las necesidades sociales y productivas del país y, de este modo, facilitar la articulación entre la oferta y la demanda del mercado laboral[135].

 *Elaboración propia a partir del Documento CONPES 4023 de 2021.

 

46.            En la información aportada por el Gobierno Nacional no se indican acciones puntuales para que la población desplazada, de conformidad con las vulnerabilidades socioeconómicas identificadas en diferentes instrumentos del Estado como la medición de superación de vulnerabilidad y el SISBEN, sea beneficiaria de las medidas contempladas en el CONPES 4023 de 2021 o de cualquier otra política pública de reactivación económica que se adopte con ocasión de la pandemia.

 

Conclusiones sobre el acceso de la población desplazada las medidas para para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia

 

47.             En virtud del principio de igualdad y no discriminación, la Sala examinará el acceso de la población desplazada a las medidas para conjurar la crisis social y económica derivada de la emergencia generada por la COVID-19.

 

Urgencia del uso de la caracterización de la población desplazada y la medición de vulnerabilidad en los programas sociales para mitigar los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia

 

48.            La selección de víctimas como beneficiarios de los programas de transferencias monetarias no condicionadas para mitigar los impactos económicos de la crisis sanitaria en los hogares más vulnerables fue la principal medida de respuesta a la vulnerabilidad sobreviniente de los hogares desplazados del Gobierno Nacional. En este sentido, la Sala concluye que, en consonancia con el deber de diferenciación, atendió a la población desplazada en el marco de la política social para población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica.

 

No obstante, la Sala colige que estos resultados no obedecen al uso de los datos del “Modelo Integrado” y/o los resultados de las mediciones de vulnerabilidad^[136]. Lo, anterior, por cuanto los criterios que permitieron identificar a la población desplazada están asociados, principalmente, a la inclusión en el RUV y a los puntajes SISBEN. Por lo tanto, la Sala no evidencia que las entidades del SNARIV empleen la información referida para efectos del diseño, identificación y/o focalización de los beneficiarios de la oferta social, en particular, de aquella que se implementa con ocasión de la pandemia.

 

Además, el Gobierno Nacional no aportó información sobre: (i) el uso del “Modelo Integrado” y/o la medición de superación de vulnerabilidad en el diseño, implementación y/o seguimiento de los programas y medidas contempladas en el marco de la política de reactivación enunciada previamente - CONPES 4023 de 2021 o aquellas que se adopten con ocasión de la pandemia; y (ii) el flujo de información de la caracterización de las víctimas con el Registro Social.

 

49.            La Sala Especial considera que el contexto actual demanda articulación institucional que se concrete en el flujo y uso oportuno de la información de las víctimas de desplazamiento forzado. Lo anterior, como presupuesto de una respuesta integral del Estado para mitigar los efectos de las vulnerabilidades que confluyen y son sobrevinientes con la crisis sanitaria. Por lo tanto, es insuficiente una mirada simplemente fundada en la capacidad económica para este tipo de población que requiere la garantía de múltiples derechos conculcados.

 

En este sentido, es necesario que la implementación de la “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente (CONPES 4023 de 2021)” integre efectivamente a las víctimas del desplazamiento forzado. Lo expuesto, bajo un filtro orientado a reconocer sus condiciones particulares y la situación de vulnerabilidad acentuada, en tanto sujetos de especial protección constitucional y como manifestación del principio de igualdad y no discriminación^[137]. Esta perspectiva es especialmente relevante en el análisis que subyace a las medidas enfocadas a los hogares con menores capacidades para afrontar los efectos de la pandemia.

 

Por consiguiente, es imperativa y urgente la puesta en marcha de la interoperabilidad del “Modelo Integrado” con el “Registro Social” que anunció el Gobierno en la respuesta al Auto 326 de 2020. Particularmente, porque el segundo instrumento, que se implementó en el marco de la emergencia sanitaria, tiene por finalidad validar información socioeconómica para la focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de los programas sociales^[138]. En este escenario, el “Modelo Integrado” no se reduce a una caracterización socioeconómica, como lo indicó el Gobierno, ya que varias de las medidas asociadas a la estabilización socioeconómica se garantizan a través de los programas sociales del Estado. En consecuencia, la información de la vulnerabilidad derivada del desarraigo no puede ser excluida del análisis que determine los destinatarios oferta institucional que opere en el marco de la reactivación económica.

 

Decisiones a adoptar respecto del uso de la caracterización de la población desplazada y la medición de vulnerabilidad en los programas sociales para mitigar los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia

 

50.             En virtud de las conclusiones expuestas, esta Sala adoptará las siguientes decisiones:

 

50.1. Ordenará a los directores del DNP y de la Unidad para las Víctimas incorporar la información del “Modelo Integrado” y de la medición de la vulnerabilidad en el análisis que subyace al diseño, identificación y focalización de los beneficiarios de la oferta social que se implementa con ocasión de la pandemia. Para acreditar el cumplimiento de esta orden, el Gobierno deberá evidenciar que:

 

i.              La información del Modelo Integrado y/o la medición de superación de vulnerabilidad se integra al análisis de la respuesta institucional a la coyuntura socioeconómica derivada de la pandemia. Particularmente, deberán precisar cómo se emplean estos datos por los encargados de identificar a los beneficiarios de los programas sociales para mitigar los efectos de la pandemia en los hogares más vulnerables.

 

ii.            Los resultados de la inclusión de población desplazada en los programas sociales adoptados con ocasión de la pandemia, y que estos obedecen al flujo de información sobre la vulnerabilidad de las víctimas. En caso contrario, deben precisar si la inclusión de la población se sustenta exclusivamente en la información de aquellas que están caracterizadas por la encuesta SISBEN o en los registros de los beneficiarios de los programas sociales.

 

Adicionalmente, para sustentar la respuesta a los aspectos planteados previamente, la Sala solicita al Gobierno informar cifras y el porcentaje de la población desplazada que no ha superado la situación de vulnerabilidad y que actualmente es beneficiaria de los programas adoptados en el marco de la pandemia, como las transferencias monetarias no condicionadas.

 

Este informe deberá presentarse en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

50.2. Ordenará a los directores del DNP y de la Unidad para las Víctimas incluir a la población desplazada, en atención de sus condiciones actuales de vulnerabilidad, en los programas y medidas contempladas en el marco de la “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente”. Para acreditar el cumplimiento de esta orden, el Gobierno deberá informar avances y resultados en:

 

i.              El uso concreto de la información del Modelo Integrado y/o la medición de superación de vulnerabilidad en el diseño, implementación y/o seguimiento de los programas y medidas contempladas en el CONPES 4023 de 2021.

 

ii.            La interoperabilidad entre el Modelo Integrado y el Registro Social.

 

iii.         La función del Modelo Integrado y/o la medición de superación de vulnerabilidad en la consolidación de del Registro Social, para efectos de la focalización, elegibilidad y permanencia de la población desplazada en los programas y subsidios contemplados en el CONPES 4023 de 2021.

 

iv.          La inclusión de la población desplazada en el “registro” o “cédula rural”, y el respectivo acceso a la oferta institucional canalizada a través del Registro Social, especialmente para la población en procesos de retorno y reubicación en áreas rurales.

 

v.            El empleo de los criterios y resultados de la medición de vulnerabilidad en las estrategias que defina la Mesa de Equidad relacionadas con la generación de ingresos y de empleo, y los resultados en el acceso a las acciones que se concretan en este espacio.

 

vi.          La identificación de población desplazada como beneficiarios del Programa “Casa Digna, Vida Digna” para la designación de subsidios de vivienda.

 

vii.       La identificación de población desplazada como beneficiarios del Fondo Solidario para la Educación para mitigar la deserción escolar.

 

viii.    La articulación de las herramientas de oferta de la Unidad para las Víctimas con el Sistema Nacional de Cualificaciones en materia de formación para el empleo, en el marco de la superación de la situación de vulnerabilidad.

 

ix.          La divulgación entre la población desplazada que habita en zonas rurales de los mecanismos de acceso al Piso de Protección Social e incentivar la vinculación^[139].

 

x.            El proceso de radicación de solicitudes judiciales de restitución de tierras a través del mecanismo de demanda electrónica.

 

xi.          Generación de ingresos para mujeres y jóvenes rurales que se encuentran en zonas PDET.

 

Este informe deberá presentarse en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Reiteración del deber de distinción entre las medidas de política social, la atención humanitaria y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado

 

51.        Como lo precisó el Auto 149 de 2020, la Sala Especial reitera a las autoridades del SNARIV del nivel nacional y local que la población desplazada puede ser destinataria de manera simultánea de la política de víctimas y de los servicios sociales del Estado^[140]. En este sentido, las medidas que se adopten para mitigar los impactos de la emergencia generada por el COVID-19, dado que responden a una naturaleza y vulnerabilidades distintas: (i) pueden ser concurrentes respecto de los mismos hogares desplazados; (ii) no son excluyentes como criterios de acceso a unas y otras; y, (iii) no son descontables de las medidas de atención humanitaria o de la oferta para la estabilización socioeconómica, dado que responden a una naturaleza y vulnerabilidades distintas.

 

Las medidas de asistencia dispuestas en la política de víctimas tienen por finalidad la superación de la vulnerabilidad de los hogares desplazados, asociada a la afectación de las condiciones sociales y económicas de las personas que fueron obligadas a salir de sus tierras y territorios^[141]. Esta obligación, de acuerdo con el Gobierno Nacional, se satisface a través de la oferta social cuyo acceso se sustenta en la caracterización de las vulnerabilidades de la población desplazada. Por lo tanto, la valoración de la superación de la situación de vulnerabilidad está asociada al acceso a las medidas de asistencia y a la constatación de un conjunto derechos relacionados con la estabilización socioeconómica de la población desplazada, de acuerdo con los criterios expuestos previamente (ver fundamentos 29 y 30)^[142].

 

Ahora bien, dado que las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia responden a una vulnerabilidad sobreviniente y tienen una vocación temporal, no es posible inferir que estas constituyen una fuente de ingresos o se encuentran asociadas  a la generación de capacidades de los hogares que consolide su estabilización socioeconómica. En consecuencia, estas medidas coyunturales no deben considerarse como elementos definitorios en la constatación de la superación de la vulnerabilidad de las víctimas. Lo anterior, particularmente por los efectos que tiene esta declaración en términos de suspensión del acompañamiento institucional, el direccionamiento y priorización en el acceso en la oferta institucional y la consolidación de los retornos y las reubicaciones^[143].  

 

En consonancia con lo expuesto, para la Sala no es aceptable que el Gobierno afirme que el presupuesto de la política de víctimas incrementó el 8.8% en el año 2020, principalmente, debido a los recursos de los programas para mitigar los impactos de la pandemia que beneficiaron a población desplazada^[144]. Si bien algunos destinatarios de dichas medidas pueden pertenecer a hogares desplazados, en estricto sentido, estas medidas no responden al cumplimiento de las obligaciones de atención o asistencia a la población desplazada.

 

Decisiones a adoptar respecto del deber de distinción entre las medidas de política social, la atención humanitaria y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado

 

52.            En virtud del deber de distinción, y debido a los cambios que se advierten en la superación de la situación de vulnerabilidad en un año atípico como el 2020, esta Sala ordenará al director de la Unidad para las Víctimas abstenerse de contabilizar los beneficios complementarios de los programas que se implementan para mitigar los efectos sobrevinientes de la pandemia, como las transferencias monetarias no condicionadas correspondientes a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación del IVA, e Ingreso Solidario, y los demás que se adopten para mitigar los efectos económicos en los hogares vulnerables, en la valoración de la superación de la situación de vulnerabilidad. Lo anterior, por cuanto tienen una vocación coyuntural y no son una fuente de ingresos asociada a capacidades propias de los hogares para asegurar el autosostenimiento permanente.

 

Disposiciones finales sobre el cumplimiento de esta providencia

 

53.        En virtud de las conclusiones expuestas en esta providencia, debido al contexto de pandemia y de reactivación económica, y que algunos actores del proceso informaron que: (i) la emergencia generada por el COVID-19 invisibilizó la agudización del conflicto armado y la violencia en la respuesta institucional; y, (ii) algunas autoridades justifican la ausencia de intervención institucional y el cumplimiento de sus obligaciones en razón de la pandemia, esta Sala ordenará a las entidades del SNARIV que es imperativo adaptar y flexibilizar los procesos administrativos y los criterios que determinan el acceso y la continuidad de las medidas de la política de víctimas, conforme a las limitaciones y barreras del contexto actual.

 

En este sentido, esta Sala advertirá que la atención a los efectos generados por el COVID-19 no justifica la interrupción o la restricción en el acceso a las medidas de registro, atención humanitaria, y asistencia para la superación de la situación de la vulnerabilidad. La interrupción o la restricción en el acceso a tales medidas, puede comprometer el reconocimiento e inclusión oportuna en el RUV, afectar la subsistencia mínima de los hogares y, generar retrocesos en la superación de la vulnerabilidad que se origina con el desplazamiento.

 

Por lo tanto, la interrupción y falta de adaptación en las medidas contempladas en la política de víctimas en la coyuntura actual, que no acredite una justificación suficiente y razonable, se entenderá como incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada.

 

54.         Finalmente, para la verificación de la respuesta integral del Estado, la Sala ordenará a las entidades del SNARIV que suministren los informes correspondientes al cumplimiento de esta providencia a los directores de la Unidad para las Víctimas y del DNP, de conformidad con los términos impartidos para cada orden.

 

Los directores de la Unidad para las Víctimas y del DNP deberán consolidar la respuesta institucional, en el término de 7 días hábiles. Vencido este término, deberán presentar a esta Sala: (i) un primer informe que consolide el cumplimiento de las órdenes cuyo término es de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia; y, (ii) un segundo informe que consolide el cumplimiento de las órdenes cuyo término es de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de este auto.

 

Los informes que sean allegados a los directores de la Unidad para las Víctimas y del Departamento Nacional de Planeación por fuera de los términos dispuestos en cada orden (2 meses y 6 meses respectivamente), deberán ser excluidos del informe consolidado. En este sentido, la Sala advierte que la responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes descansa en los destinatarios de las mismas y no en los compiladores de la entrega del informe consolidado. 

 

En los mismos términos deberán allegar las copias respectivas de los informes solicitados a los organismos de control, a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004,

 

III.           RESUELVE

 

 

Órdenes en materia de registro y atención humanitaria

 

Decisiones para flexibilizar los procedimientos de toma de declaraciones y su remisión para la valoración e inclusión en el RUV

 

Primero.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas adaptar y flexibilizar los procedimientos de toma de declaraciones de desplazamientos masivos y confinamientos, así como su remisión para la inclusión en el Registro Único de Víctimas, de acuerdo con el contexto actual y las limitaciones que afrontan las comunidades étnicas afectadas. En particular, debe ser consecuente con la perspectiva diferencial debido a los riesgos diferenciados e impactos que enfrentan las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas en el marco de los desplazamientos masivos y confinamientos. Para el cumplimiento de esta orden, en el informe que presente a la Sala deberá acreditar como mínimo los elementos requeridos en sección B de esta providencia (Fundamento 9.1.).

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

Los resultados de la flexibilización del procedimiento, de conformidad con los elementos enunciados en este fundamento, deberán ser acreditados en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional a partir del año 2022.

 

Segundo.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a la Defensoría del Pueblo que realice un acompañamiento particular a las comunidades étnicas que afrontaron eventos de desplazamientos masivos y confinamientos entre julio del año 2020 y julio del año 2021 y que no han declarado estos hechos. En este sentido, la Sala solicita que realice un seguimiento especial hasta tanto se decida la valoración sobre la inclusión en el RUV. Para este propósito se deberá informar respecto de los casos identificados que recibieron acompañamiento, cuántos de estos eventos fueron declarados y el término de decisión sobre la inclusión en el registro.

 

Este informe deberá presentarse a esta Sala en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión y, remitirá una copia del mismo a la Procuradora General de la Nación y a la Unidad para las Víctimas.

 

Tercero.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a la Procuraduría General de la Nación que informe a esta Sala de las acciones adoptadas por el Ministerio Público asociadas con la toma de declaraciones de desplazamientos masivos y de confinamientos de comunidades étnicas.

 

Este informe deberá presentarse a esta Sala en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión y, remitirá una copia del mismo a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad para las Víctimas.

 

Cuarto.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo que hagan seguimiento particular a los resultados de la adaptación de los procedimientos para la toma de declaración y el registro de desplazamientos masivos y confinamientos.

 

Lo anterior, en el marco del seguimiento a las falencias identificadas en este componente en el Auto 373 de 2016. En particular, la Sala solicita al Ministerio Público hacer especial énfasis en el análisis de la idoneidad y celeridad de los mecanismos utilizados por las autoridades competentes para la recepción de las declaraciones presentadas por comunidades desplazadas o confinadas, de modo que sean consecuentes con la realidad de los territorios. En dicho seguimiento deberán informar sobre los ajustes incorporados que responden a la perspectiva diferencial para las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. También, insta a los organismos de control a verificar la oportunidad del procedimiento de valoración y de notificación de la inclusión en el registro a las comunidades que declaren estos hechos.

 

Este informe deberá presentarse a esta Sala en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión y, remitirá una copia del mismo al director de la Unidad para las Víctimas.

 

Decisiones a adoptar para la atención a comunidades confinadas

 

Quinto.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Ministro del Interior que, junto con el Ministro de Defensa y los directores del Departamento de Prosperidad Social y de la Unidad para las Víctimas adopten, mediante acto administrativo, la regulación del procedimiento de respuesta del nivel nacional y territorial a los confinamientos. En particular, la atención debe ser consecuente a los riesgos desproporcionados que afrontan las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, respecto de la incidencia de este hecho en sus territorios y las afectaciones en sus derechos colectivos e individuales. Para el cumplimiento de esta orden, en el informe que presenten a la Sala, las entidades deberán acreditar como mínimo los elementos requeridos en la sección B de esta providencia (Fundamento 14.1.).

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, en consonancia con lo dispuesto en los fundamentos 14.2 y 14.3. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

La Sala advierte que en todo caso, la adopción del acto administrativo deberá ocurrir antes de finalizar el año 2021. Posteriormente, para acreditar que el acto administrativo cumple la finalidad de articular una respuesta adecuada y oportuna a las comunidades confinadas, los Ministros del Interior y de Defensa, junto con los directores del Departamento de Prosperidad Social y de la Unidad para las Víctimas, deberán remitir los resultados en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional a partir del año 2022.

 

Sexto.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los Ministros del Interior y de Defensa que, en virtud del análisis de la pertinencia y oportunidad de su intervención en cada caso, respondan a las amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, en escenarios de confinamiento. En este sentido, la respuesta institucional del Estado en su conjunto, debe considerar que la ausencia de condiciones de seguridad, además de ser la primera afectación que afrontan las comunidades confinadas, es el supuesto fáctico que configura la ocurrencia de este hecho, y a su vez, condiciona su cesación.

 

Por lo tanto, aun cuando el restablecimiento de las condiciones de seguridad no puede mediar como presupuesto para atender a las comunidades confinadas, o justificar la ausencia de respuesta del Estado, si es el elemento esencial que debe restablecerse para asegurar los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de los habitantes de estos territorios.

 

Séptimo.- ADVERTIR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los ministros y los directores de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en particular al Ministro del Interior, que la respuesta a las amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, en escenarios de confinamiento, no descansa exclusivamente ni se reduce solamente a las medidas que son competencia de la Unidad para las Víctimas. Bajo esta lógica y, en razón de los derechos afectados en estos escenarios, es imperativa la intervención oportuna y concurrente de las entidades con responsabilidades en la atención a las emergencias humanitarias. También, de aquellas a las que les compete la implementación de medidas de la política de víctimas que correspondan a las afectaciones derivadas del confinamiento.

 

Decisiones a adoptar respecto de la aplicación del principio de subsidiariedad en territorios que presentan emergencias humanitarias recurrentes

 

Octavo.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas que identifique las razones por las cuales las alcaldías y las gobernaciones no concluyeron los trámites para acceder al mecanismo de subsidiariedad entre julio de 2020 y julio de 2021. Lo anterior, a pesar de no tener recursos técnicos y financieros suficientes y, presentar emergencias humanitarias masivas. Esto debe hacerlo en conjunto con los alcaldes y gobernadores que se vieron afectados por esta situación.

 

A partir de este análisis, deberá ajustar el mecanismo de subsidiariedad, y formular una ruta expedita y flexible para los municipios de afrontan emergencias humanitarias recurrentes en: (i) Bajo Cauca, Norte y Urabá (Antioquia); (ii) Medio y Bajo Atrato, Bajo San Juan, Medio, Alto y Bajo Baudó (Chocó); (iii) zona urbana y rural de Buenaventura (Valle del Cauca); (iv) Norte y Pacífico (Cauca); (v) Costa Pacífica (Nariño); (vi) Zona sur (Córdoba); y, (vii) Catatumbo (Norte de Santander).

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo informe deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

Posteriormente, para acreditar que la adaptación del procedimiento cumple la finalidad de asegurar la ayuda y atención humanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 18.1, el director de la Unidad para las Víctimas deberá presentar los resultados en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo informe deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional a partir del año 2022.

 

Noveno.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas que para sustentar los avances en la superación de la práctica inconstitucional relacionada con la activación del mecanismo de subsidiariedad, presente un análisis en el que acredite los elementos señalados en la sección B de esta providencia (Fundamento 18.2.).

 

Este informe deberá presentarse a esta Sala en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, y remitirá una copia a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

Decisiones a adoptar respecto de la continuidad en la entrega de atención humanitaria de emergencia y de transición

 

Décimo.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas que, de acuerdo con lo dispuesto en los Autos 099 de 2013 y 373 de 2016, evidencie que garantizó la prórroga automática de la atención humanitaria de los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad. Para acreditar el cumplimiento de esta orden deberá precisar cuáles de estos hogares accedieron efectivamente a esta medida, sin que mediara una nueva solicitud para su designación, entre julio de 2020 y julio de 2021,

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse al Contralor delegado para el Posconflicto y a la Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Décimo primero.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas que aclare como el procedimiento de valoración de carencias en la subsistencia mínima garantiza la prórroga automática. Lo anterior, de conformidad con las consideraciones relacionadas con la continuidad en la entrega de atención humanitaria de emergencia y de transición, dispuesta en la sección B de esta providencia (Fundamento 26.2.).

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse al Contralor delegado para el Posconflicto y a la Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Décimo segundo.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a la Ministra de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones que, de forma conjunta con el director de la Unidad para las Víctimas, dispongan de un plan con acciones concretas para mejorar los procesos de orientación a las víctimas a través de los canales no presenciales a partir del último trimestre del año 2021. En este proceso es necesario que el Ministerio acredite acciones de intervención en los territorios para facilitar el acceso y manejo de herramientas de información y comunicaciones para canalizar la orientación de las medidas de la política de víctimas a la población desplazada.

 

Este informe deberá presentarse en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, y deberá remitirse una copia a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

 

Para verificar el cumplimiento de esta orden, la Ministra de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones y el director de la Unidad para las Víctimas deberán evidenciar los elementos dispuestos en el fundamento 26.3 de la presente providencia en el término de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo informe deberá remitirse a la Procuradora General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Estos resultados también deben actualizarse en el informe anual de avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional a partir del año 2022.

 

Décimo tercero.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Ministro de Hacienda que en conjunto con los directores del Departamento Nacional de Planeación  y de la Unidad para las Víctimas sustenten: (i) cómo se determina el presupuesto en materia de atención humanitaria; (ii) qué efectos tienen los resultados agregados de la medición de carencias en la subsistencia mínima al finalizar un año, para efectos de definir el presupuesto de la siguiente vigencia; (iii) cómo se valora el universo de las víctimas con carencias en subsistencia mínima y el incremento de las emergencias humanitarias para determinar los recursos que se apropian en cada vigencia para esta medida; (iv) los factores que se analizaron y las razones por las cuales se redujo el presupuesto en la atención humanitaria en 2020; y, (v) la evolución de este rubro en el año 2021.

 

Este informe deberá presentarse en un término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, y remitirse una copia a la Sala Especial.

 

Décimo cuarto.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas que informe a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz: (i) los criterios de valoración, las fuentes y los cortes de las fuentes de información empleadas para que, en el año 2020, se redujeran en términos generales, los hogares que recibieron atención humanitaria; (ii) el acceso efectivo a la oferta social respecto de los hogares a los que se les suspendió la entrega de esta medida; (iii) el reporte de los análisis o estudios que se adelantaron para determinar la suspensión de las medidas a dichas familias; y, (iv) la ejecución del presupuesto correspondiente a esta medida en el año 2020.

 

Este informe de deberá ser presentado en el término de dos (2) meses a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, y remitirse una copia a la Sala Especial.

 

Décimo quinto.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Contralor Delegado para el Posconflicto y a la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz que analicen la información que aporten el Ministro de Hacienda, la directora del Departamento Nacional de Planeación y el director de la Unidad para las Víctimas. Este análisis se deberá realizar en el término de un (1) mes a partir de la entrega de los documentos que alleguen dichas entidades en virtud de las ordenes décimo tercera y décimo cuarta (fundamentos 27.1. y 27.2.). En este sentido, deberán presentar las conclusiones a la Sala y las recomendaciones al Gobierno Nacional respecto del análisis que precede a la apropiación del presupuesto en materia de atención humanitaria, el proceso de medición de carencias en la subsistencia mínima y la garantía de la entrega de la atención humanitaria en correspondencia con las necesidades actuales y reales de la población desplazada.

 

Décimo sexto.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas  abstenerse de contabilizar los beneficios complementarios de los programas que se implementan para mitigar los efectos sobrevinientes de la pandemia, como las transferencias monetarias no condicionadas correspondientes a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación del IVA, e Ingreso Solidario, y los demás que se adopten para mitigar los efectos económicos en los hogares vulnerables, en la valoración de carencias en la subsistencia mínima.

 

Órdenes relacionadas con las medidas asociadas a la superación de la situación de vulnerabilidad de la población desplazada

 

Decisiones a adoptar respecto de la medición de superación de vulnerabilidad y su función en el direccionamiento a la oferta institucional

 

Décimo séptimo.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los ministros y directores de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con competencia en la garantía de los derechos a la identificación, la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la generación de ingresos, la reunificación familiar y la atención psicosocial que, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica del Subcomité de Atención y Asistencia, analicen los resultados de la medición de vulnerabilidad y los empleen en el direccionamiento a la oferta institucional. Para acreditar el cumplimiento de esta orden, deberán proporcionar a la Sala la información referida en el fundamento 36.1.

 

El informe de cumplimiento de esta orden deberá allegarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Décimo octavo.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas que aclaren a la Sala, respecto del uso de SISBEN como fuente de información y, como instrumento que determina el ingreso a medidas o programas asociados a la superación de la vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento forzado, los aspectos enunciados en el fundamento 36.2.

 

El informe de cumplimiento de esta orden deberá allegarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Decisiones a adoptar respecto del procedimiento de medición de la superación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado los mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los resultados en la estabilización socioeconómica

 

Décimo noveno.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas que informe a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz sobre los resultados en la superación de la vulnerabilidad de la población desplazada en el contexto de la emergencia sanitaria, en los términos referidos en el fundamento 39.1.

 

El informe de cumplimiento deberá presentarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión, a la Contraloría delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, y remitirse una copia a la Sala Especial.

 

Vigésimo.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Contralor Delegado para el Posconflicto y a la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz que analicen el informe que aporte la Unidad para las Víctimas solicitado en la orden décimo novena. Dicho análisis deberá sustentar las conclusiones y las recomendaciones que presenten al Gobierno Nacional respecto del proceso de valoración de superación de la situación de vulnerabilidad y suspensión del acompañamiento institucional, en correspondencia con el cumplimiento de los ocho (8) derechos que integran esta medición.

 

Este informe deberá ser allegado a esta Sala y al Gobierno Nacional en el término de un (1) mes, contado a partir de la remisión del documento referido en la orden décima novena.

 

Vigésimo primero.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al director de la Unidad para las Víctimas que en conjunto con las directoras del Departamento de Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación, determinen la viabilidad técnica y adopten un plan con medidas y mecanismos de seguimiento para asegurar la sostenibilidad en los avances en la estabilización socioeconómica. Este plan deberá contemplar como mínimo los elementos referidos en el fundamento 39.3.

 

Los resultados de la adopción del plan y su implementación se deberán informar a la Sala en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de este auto. También los deberán remitir a la Contraloría delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Vigésimo segundo.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Contralor delegado para el Posconflicto y a la Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz que analicen la información que aporte la Unidad para las Víctimas en los términos solicitados en la orden vigésimo primera. A partir de dicho análisis, deberán aportar recomendaciones al Gobierno Nacional. Este informe deberá ser allegado a esta Sala y al Gobierno Nacional en el término de un (1) mes, contado a partir de la remisión del documento referido en el fundamento anterior.

 

El Gobierno analizará dichas recomendaciones y, de acuerdo con la viabilidad técnica, las deberá incorporar en el seguimiento a la sostenibilidad en los avances en la estabilización socioeconómica y presentar sus conclusiones en a la Sala Especial y a los organismos de control en el término de un (1) mes, contado a partir de la entrega del informe de las entidades referidas.

 

Decisiones a adoptar respecto de la adaptación de procedimientos para asegurar la continuidad de medidas encaminadas a la superación de la vulnerabilidad

 

Vigésimo tercero.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los ministros y directores de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con competencia en la garantía de los derechos asociados a la superación de la situación de vulnerabilidad, que bajo la coordinación de la Secretaría Técnica del Subcomité de Atención y Asistencia, informen sobre la continuidad de estos procedimientos en el año 2021 y 2022 para la garantía efectiva de los derechos medidas asociadas a la estabilización socioeconómica de las víctimas, en los términos del fundamento 40.1.

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo informe deberá remitirse a la Contraloría delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Órdenes relacionadas con la vulnerabilidad sobreviniente y el acceso de la población desplazada a las medidas adoptadas para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia

 

Decisiones a adoptar respecto del uso de la caracterización de la población desplazada y la medición de vulnerabilidad en los programas sociales para mitigar los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia

 

Vigésimo cuarto.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas incorporar la información del “Modelo Integrado” y de la medición de la vulnerabilidad en el análisis que subyace al diseño, identificación y focalización de los beneficiarios de la oferta social que se implementa con ocasión de la pandemia. Para acreditar el cumplimiento de esta orden, el Gobierno deberá evidenciar los elementos referidos en el fundamento 50.1.

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Vigésimo quinto.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas incluir a la población desplazada, en virtud de sus condiciones actuales de vulnerabilidad, en los programas y medidas contempladas en el marco de la “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente”. Para acreditar el cumplimiento de esta orden, el Gobierno deberá informar avances y resultados en los elementos enunciados en el fundamento 50.2.

 

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse en el término de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente decisión. Una copia del mismo deberá remitirse a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

 

Decisiones a adoptar respecto del deber de distinción entre las medidas de política social, la atención humanitaria y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado

 

Vigésimo sexto.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, ordenará al director de la Unidad para las Víctimas abstenerse de contabilizar los beneficios complementarios de los programas que se implementan para mitigar los efectos sobrevinientes de la pandemia, como las transferencias monetarias no condicionadas correspondientes a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación del IVA, e Ingreso Solidario, y los demás que se adopten para mitigar los efectos económicos en los hogares vulnerables, en la valoración de la superación de la situación de vulnerabilidad. Lo anterior, por cuanto tienen una vocación coyuntural y no son una fuente de ingresos asociada a capacidades propias de los hogares para asegurar el autosostenimiento permanente.

 

Disposiciones finales sobre el cumplimiento de esta providencia

 

Vigésimo séptimo.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas que es imperativo adaptar y flexibilizar los procesos administrativos y los criterios que determinan el acceso y la continuidad de las medidas de la política de víctimas, conforme a las limitaciones y barreras del contexto actual.

 

En este sentido, esta Sala ADVIERTE que la atención a los efectos generados por el COVID-19 no justifica la interrupción o la restricción en el acceso a las medidas de registro, atención humanitaria, y asistencia para la superación de la situación de la vulnerabilidad. La interrupción o la restricción en el acceso a tales medidas, puede comprometer el reconocimiento e inclusión oportuna en el RUV, afectar la subsistencia mínima de los hogares y, generar retrocesos en la superación de la vulnerabilidad que se origina con el desplazamiento.

 

Por lo tanto, la interrupción y falta de adaptación en las medidas contempladas en la política de víctimas en la coyuntura actual, que no acredite una justificación suficiente y razonable, se entenderá como incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada.

 

Vigésimo octavo.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas que suministren los informes correspondientes al cumplimiento de esta providencia a los directores de la Unidad para las Víctimas y del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los términos impartidos para cada orden.

 

Los directores de la Unidad para las Víctimas y del Departamento Nacional de Planeación deberán consolidar la respuesta institucional, en el término de 7 días hábiles. Vencido este término, deberán presentar a esta Sala: (i) un primer informe que consolide el cumplimiento de las órdenes cuyo término es de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia; y, (ii) un segundo informe que consolide el cumplimiento de las órdenes cuyo término es de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de este auto.

 

Los informes que sean allegados a los directores de la Unidad para las Víctimas y del Departamento Nacional de Planeación por fuera de los términos dispuestos en cada orden (2 meses y 6 meses respectivamente), deberán ser excluidos del informe consolidado. En este sentido, la Sala advierte que la responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes descansa en los destinatarios de las mismas y no en los compiladores de la entrega del informe consolidado. 

 

Estos documentos deberán ser allegados por medio digital (en formatos PDF y Word), a través del correo electrónico de la Secretaría General (secretaria1@corteconstitucional.gov.co), en los términos referidos previamente.

 

Vigésimo noveno.- SOLICITAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación,  a los directores de la Unidad para las Víctimas y del Departamento Nacional de Planeación, que remitan copias de los informes que compilen la información del cumplimiento de esta providencia, en los términos dispuestos en la orden vigésimo octava, a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la Nación, a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

 

Trigésimo.- INVITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a que aporten información sobre la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

 

Trigésimo primero.- COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, el contenido de esta providencia a el Consejo Comunitario del San Juan (ACADESAN); los voceros y delegados Wayúu de la comunidad de Zucaramana (Corregimiento de Irraipa); Autoridades Yukpa de la Serranía del Perijá; la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira DUSAKAWI EPSI; la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

 

Trigésimo segundo.- Todas las comunicaciones ordenadas en este auto se harán vía correo electrónico, cuyas direcciones se incluyen en el Anexo I del presente auto.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta de la Sala

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

ANEXO I.

 

Direcciones electrónicas para comunicar el presente auto