Auto 972/21

 

ACUMULACION DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Reglas 

 

REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Las tutelas que presenten unidad de objeto, causa y parte pasiva serán repartidas al mismo despacho judicial

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-4071

 

Conflicto de competencia suscitado por (i) el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla, (ii) el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, y (iii) el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, cada uno de ellos contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Girardot al interior de cuatro acciones de tutela.

 

Magistrado sustanciador:

ALBERTO ROJAS RÍOS

 

 

Bogotá D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente 

 

AUTO

 

I.      ANTECEDENTES

 

1.                 En los asuntos de la referencia se plantearon diversos conflictos de competencia en atención a la interpretación y aplicación del Decreto 1834 de 2015 (reglas de reparto de acciones de tutela masivas), como se expone a continuación:

 

Caso 1 (Conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Girardot)

 

2.                 El señor Ramiro Enrique Rey González interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Universidad Sergio Arboleda, a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo a la igualdad al considerar que “las accionadas vulneraron las reglas establecidas en la convocatoria N° 1343 de 2019 - Territorial 2019 II, como quiera que la prueba de competencias funcionales y competencias comportamentales, fue integrada por aproximadamente 72 preguntas, a pesar que en el numeral 4 acápite denominado: ‘Carácter, ponderación y puntajes de las pruebas escritas’, establecidas en la guía de orientación pruebas escritas, se indicó con total precisión que dicha prueba, se compondría de 90 preguntas”^[1].

 

3.                 El actor solicitó la suspensión de la convocatoria Nro. 1344 de 2019 II y se realice nuevamente la prueba de conocimientos. Así mismo, pidió declarar que la vulneración se generó en las 21 convocatorias públicas realizadas dentro de la Convocatoria Territorial 2019-II dado que se aplicó la misma guía de orientación de pruebas escritas.

 

4.                 El Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla, en auto del 9 de septiembre de 2021, se refirió a varios artículos del Decreto 1834 de 2015 y resolvió remitir la acción de tutela al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de  Girardot para su “acumulación” con la “instaurada por la señora MARÍA FERNANDA CARVAJAL DE LA PAVA Y OTROS, contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA y EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA, radicado 2021-00206, 2021-00252 y 2021-00256”^[2].

 

5.                 Para adoptar dicha decisión, la autoridad judicial advirtió: “A este juzgado le correspondió por reparto la acción de tutela instaurada por el señor RAMIRO ENRIQUE REY GONZÁLEZ contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, la cual según el accionante, tiene las mismas pretensiones que la incoada por la señora MARÍA FERNANDA CARVAJAL DE LA PAVA Y OTROS, tramitada por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA, por lo que solicita su acumulación, de tal manera, que este Despacho aplicará el Decreto 1834 de 2015 y accederá a lo incoado por el accionante”^[3].

 

Caso 2 (Conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Girardot)

 

6.                 El señor Nelson Enrique Vives Barrios interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC- y la Universidad Sergio Arboleda, a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad y al trabajo, al considerar que “las accionadas vulneraron las reglas establecidas en la convocatoria N° 1344 de 2019 - Territorial 2019 II, como quiera que la prueba de competencias funcionales y competencias comportamentales, fue integrada entre 71 y 73 preguntas, a pesar que en el numeral 4 acápite denominado: ‘Carácter, ponderación y puntajes de las pruebas escritas’, establecidas en la guía de orientación pruebas escritas, se indicó con total precisión que dicha prueba, se compondría de 90 preguntas”^[4].

 

7.                 El actor solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1344 de 2019 se desarrolle con observancia de las reglas establecidas en la convocatoria. Añadió que los errores acaecidos son susceptibles de ser subsanados si se ordena realizar nuevamente la prueba de conocimientos, tal como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial.

 

8.                 El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, en auto 6 de septiembre de 2021, resolvió remitir la acción de tutela al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, a efectos de que esa autoridad judicial decidiera si procedía la acumulación del proceso con la tutela con radicado 25307-3333-001-2021-00206-00^[5].

 

Al respecto, el juzgado indicó que se las tutelas se dirigieron contra los mismos sujetos pasivos y que el objeto de los procesos constitucionales busca “esencialmente la protección del derecho fundamental al Debido Proceso Administrativo, Igualdad, Derecho al Trabajo en armonía con el principio de Confianza Legitima”^[6]. Agregó que “[p]or la causa se corresponden en cuanto las tutelas fueron promovidas con ocasión del mismo presunto hecho vulnerador, el número de preguntas de la prueba escrita de competencias funcionales y competencias comportamentales dentro de la Convocatoria Territorial 2019 -II, Acuerdo N° 20190000006396 del 17 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, desarrollada por la UNIVERDSIDAD SERGIO ARBOLEDA, correspondiente a 21 Convocatoria especificas del N° 1333 al 1354”^[7].

 

Caso 3 (Conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Girardot)

 

9.                 La señora Teresita María Mastrodomenico Medina interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Universidad Sergio Arboleda, a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital y móvil en armonía con el principio de confianza legítima, al considerar que “las accionadas vulneraron las reglas establecidas en la convocatoria N° 1343 de 2019 - Territorial 2019 II, como quiera que la prueba de competencias funcionales y competencias comportamentales, fue integrada por aproximadamente 72 preguntas, a pesar que en el numeral 4 acápite denominado: ‘Carácter, ponderación y puntajes de las pruebas escritas’, establecidas en la guía de orientación pruebas escritas, se indicó con total precisión que dicha prueba, se compondría de 90 preguntas”^[8].

 

10.            La accionante solicitó que se ordene a la CNSC adoptar las medidas para que el concurso de méritos “contenido en la Convocatoria N° 1353 de 2019 - Territorial 2019 II”^[9] se desarrolle con observancia de las reglas establecidas en la convocatoria. Añadió que los errores acaecidos son susceptibles de ser subsanados si se ordena realizar nuevamente la prueba de conocimientos, tal como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial.

 

11.            El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, en auto del auto del 10 de septiembre de 2021, resolvió remitir el expediente al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, porque dicha autoridad judicial avocó conocimiento de un asunto “similar en contra de las mismas entidades accionadas, y del que se evidencia identidad en las pretensiones, y el cual resolvió en sentencia proferida el 20 de agosto de 2021”^[10].

 

Caso 4 (Conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Girardot)

 

12.            El señor Rafael Gregorio Dávila Stand  interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Universidad Sergio Arboleda, a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital y móvil en armonía con el principio de confianza legítima, al considerar que “las reglas establecidas en la convocatoria N° 1343 de 2019 - Territorial 2019 II, como quiera que la prueba de competencias funcionales y competencias comportamentales, fue integrada por aproximadamente 72 preguntas, a pesar que en el numeral 4 acápite denominado: “Carácter, ponderación y puntajes de las pruebas escritas”, establecidas en la guía de orientación pruebas escritas, se indicó con total precisión que dicha prueba, se compondría de 90 preguntas”^[11].

 

13.            El actor solicitó ordenar a la CNSC que adopte las medidas para que el concurso de méritos “contenido en la Convocatoria N° 1353 de 2019 - Territorial 2019 II”^[12] se desarrolle con observancia a las reglas establecidas en la convocatoria. Añadió que los errores acaecidos son susceptibles de ser subsanados si se ordena realizar nuevamente la prueba de conocimientos, tal como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial.

 

14.            El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante auto del 10 de septiembre de 2021, resolvió remitir el expediente al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, porque dicha autoridad judicial avocó conocimiento de un asunto “similar en contra de las mismas entidades accionadas, y del que se evidencia identidad en las pretensiones, y el cual resolvió en sentencia proferida el 20 de agosto de 2021”^[13].

 

Postura del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot transversal a las acciones de tutela objeto de controversia

 

15.            El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot mediante autos del 10 y 13 de septiembre de 2021, se abstuvo de avocar y acumular los procesos que corresponden a las tutelas interpuestas por Ramiro Enrique Rey González (caso 1), Nelson Enrique Vives Barrios (caso 2), Teresita María Mastrodomenico Medina (caso 3) y Rafael Gregorio Dávila Stand (caso 4) contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Sergio Arboleda.

 

16.            El juzgado aseguró que no se cumplían los presupuestos establecidos en el “Decreto 1834 de 2015 para efectuar la correspondiente acumulación, en atención a que los procesos objeto de comparación no tienen identidad de supuestos fácticos y pretensiones”. Mencionó que le correspondió emitir sentencia de primera instancia dentro de la tutela interpuesta por María Fernanda Carvajal De La Pava y otros contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Sergio Arboleda que fue radicada bajo el número 25307-3333-001-2021-00206-00. Añadió que en ese caso se pronunció acerca de la Convocatoria No. 1352 Territorial 2019–II de la planta de personal de la alcaldía de Ricaurte y que los casos que le fueron remitidos para acumular están relacionados con las convocatorias No. 1343 y 1344 Territorial 2019–II (departamento del Atlántico).

 

17.            El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot agregó que con fundamento en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021^[14] y en el Auto 400 de 2019 proferido por la Corte Constitucional, la acción de tutela interpuesta, “fue radicada directamente ante los Juzgados de Barranquilla, ya que es allí donde ocurre la violación o amenaza que motiva su solicitud, aunado a que es en dicho municipio donde se producirán los efectos de la sentencia, habida consideración a que el accionante se inscribió en la convocatoria para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Atlántico”.

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[15]. En consecuencia, la Sala Plena ha explicado que su competencia para conocer  y dirimir dicha clase de conflictos es residual y, por consiguiente solo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite^[16], o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela,^[17] con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar que se dilate la decisión de fondo del asunto y de esta forma se garantice la protección de los derechos fundamentales tal y como lo preciso la sala plena en el Auto 550 de 2018^[18].

 

2.                 En la presente oportunidad la Sala encuentra que está facultada para resolver el conflicto de la referencia porque: (i) en dos de los casos^[19], las autoridades judiciales involucradas en la controversia, a pesar de integrar funcionalmente la jurisdicción constitucional, carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que este autorizada para solucionar la colisión suscitada; y (ii) en los dos casos restantes^[20], los conflictos de competencia, en principio, debieron ser resueltos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 270 de 1996, pues las autoridades judiciales que trabaron la disputa hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

3.                 De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, (ii) el factor subjetivo y (iii) el factor funcional.

 

i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991);

 

ii) El factor subjetivo, aplicable a las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991), y de (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz (artículo 8° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017); y

 

iii) El factor funcional, el cual debe ser verificado al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, pues de ella únicamente pueden conocer las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” del a quo (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).

 

4.                 Ahora bien, en lo que toca al asunto objeto del examen, cabe destacar que, a través del Decreto 1834 de 2015^[21], el Gobierno Nacional reglamentó el reparto de los recursos de amparo que se enmarcan en el fenómeno denominado “acciones de tutela masivas”^[22], estableciendo que:

 

“Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.”

 

5.                 Al respecto se ha explicado que dicha regla no constituye un factor de competencia en materia de tutela, ya que se trata únicamente de una directriz de reparto dirigida a evitar fallos contradictorios frente a una misma situación fáctica, los cuales puedan atentar contra los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica^[23].

 

6.                 De otro lado, la jurisprudencia ha señalado que la aplicación del Decreto 1834 de 2015 no autoriza al juez de tutela a declararse  incompetente, dado que contiene reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela masiva, es decir, aquellas que (i) son presentadas de manera masiva -en un solo momento- o (ii) son presentadas con posterioridad a otra solicitud de amparo, pero en ambos supuestos existe triple identidad entre los casos -objeto, causa y parte pasiva-. Lo anterior, en aras de evitar que frente casos idénticos se produzcan efectos o consecuencias diferentes^[24].

 

7.                 La Corte ha reiterado que, en principio, las oficinas de reparto son las encargadas de realizar la remisión y acumulación de los expedientes a la primera autoridad que avocó conocimiento^[25]. No obstante, el Decreto 1834 de 2015 previó que, en el evento en que las oficinas de apoyo judicial carezcan de información suficiente para el reparto y acumulación correspondientes, “la autoridad pública o el particular” accionado tienen el deber de informar al juez competente la existencia de acciones de tutela que se hubieren interpuesto en su contra por “la misma acción u omisión”, señalando el despacho que avocó conocimiento en primer lugar^[26].

 

8.                 La Sala Plena mediante Autos 211, 212 y 224 de 2020 fijó pautas dirigidas a determinar el alcance de los elementos que componen la triple identidad del reparto de acciones de tutela masiva. Al respecto señaló:

 

“[E]xiste identidad de objeto en los eventos en los cuales las acciones de tutela cuya acumulación se persiga presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados. En lo que respecta a la identidad de causa, estimó que su materialización ocurre cuando las acciones de amparo que busquen ser acumuladas se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia-, es decir, la razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección. Finalmente, como su nombre lo indica, la confluencia del sujeto pasivo se refiere a que el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado”.

 

9.                 Así mismo, en el Auto 069 de 2021^[27] la Sala Plena precisó que en los eventos en que un juez constitucional pretenda apartarse del conocimiento de una acción de tutela bajo la figura de tutela masiva, le corresponde a este satisfacer la carga argumentativa respectiva, lo cual implica señalar con “rigor demostrativo y coherencia” el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad. En ese sentido, tal providencia explicó que en aras a evitar decisiones diferentes en casos que deberían ser fallados de una misma manera, para no menoscabar o privilegiar a determinadas personas, es responsabilidad del juez que primero recibió el asunto ubicar la primera autoridad mediante cualquier medio probatorio, de suerte que sea posible satisfacer los aludidos principios de igualdad y seguridad jurídica^[28].

 

10.            No obstante, esta obligación debe interpretarse de manera razonable y en consideración a los principios que rigen la acción de tutela y a la jerarquía normativa del Decreto 1834 de 2015^[29], de modo que la búsqueda de elementos probatorios no implique sobrepasar los términos procesales para definir la acción de tutela en primera instancia. Así las cosas, en el Auto 071 de 2021 se advirtió́ que la aplicación del Decreto 1834 de 2015 por fuera de los supuestos normativos de identidad de causa, objeto y sujeto pasivo de cada una de las demandas conduciría a un efecto que desnaturalizaría la regla de competencia “a prevención”, cuya preservación compete a todos los jueces de tutela.

 

III.           CASO CONCRETO

 

1.       De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata en el presente caso se configuró un conflicto de competencia aparente, por cuanto los juzgados Noveno de Familia Oral, Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Catorce Administrativo del Circuito, todos de Barranquilla aplicaron las reglas de reparto previstas en el Decreto 1834 de 2015, para abstener de conocer las acciones de tutela, sin cumplir con la carga argumentativa que acreditara los supuestos normativos de identidad señalados por la Corte Constitucional para las tutelas masivas; y ii) procedieron a remitir los expedientes al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, autoridad judicial que tramitó las tutelas acumuladas de María Fernanda Carvajal De La Pava y otros contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Sergio Arboleda.

 

2.       Los juzgados Noveno de Familia Oral de Barranquilla (Caso 1) y Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla (Casos 3 y 4) no cumplieron con la carga argumentativa exigida para demostrar la concurrencia de los elementos que componen la triple identidad. Estas autoridades se limitaron a señalar que las tutelas que les asignaron por reparto y aquellas que fueron acumuladas y tramitadas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot eran similares y tenían las mismas pretensiones.

 

3.       Por otra parte, si bien el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla (Caso 2) realizó un estudio de la triple identidad y resaltó que (i) las tutelas se dirigieron contra los mismos sujetos pasivos, (ii) el objeto de los procesos constitucionales busca “esencialmente la protección del derecho fundamental al Debido Proceso Administrativo, Igualdad, Derecho al Trabajo en armonía con el principio de Confianza Legitima” y (iii) que la causa correspondía al mismo hecho vulnerador que consistía en el número de preguntas de la prueba escrita de competencias funcionales y competencias comportamentales dentro de la Convocatoria Territorial 2019-II, tal situación amerita un análisis particular por parte de la Corte Constitucional.

 

4.       En consecuencia, le corresponde a la Sala Plena determinar si se encuentran acreditados los elementos de la triple identidad, entre las tutelas identificadas como casos 1, 2, 3 y 4, en relación con la acción de tutela presentada por la señora María Fernanda Carvajal De La Pava que fue radicada bajo el número 25307-3333-001-2021-00206-00, la cual fue asignada por al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, autoridad judicial que profirió sentencia de primera instancia el 20 de agosto de 2021.

 

5.                 La Sala Plena una vez analizados los expedientes de tutela encuentra que, el amparo promovido por los accionantes de los casos 1, 2, 3 y 4 no comparten la identidad requerida para que se configure el fenómeno de tutela masiva, en relación con la tutela identificada con radicado número 25307-3333-001-2021-00206-00. 

 

6.                 Para la Corte Constitucional, aunque los casos expuestos tienen en común, la identidad de sujetos pasivos, como son la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- y la Universidad Sergio Arboleda; no se ostenta identidad de causa y objeto, como pasa a explicarse.

 

CASO 1
	Acción de tutela interpuesta por Ramiro Enrique Rey González	Acción de tutela interpuesta por María Fernanda Carvajal de la Pava
Causa	El accionante aseguró que se desconocieron las reglas establecidas en la convocatoria 1344 de 2019 - Territorial 2019-II, para proveer empleo en vacancia definitiva pertenecientes al sistema de carrera administrativa de la planta personal de la Secretaria de Educación Departamental del Atlántico.   Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación las pruebas escritas de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por solo 72 preguntas, aproximadamente.	La accionante aseguró que se desconocieron las reglas establecidas en la convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019-II. Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación de pruebas escritas, la prueba escrita de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por entre 71 y 72 preguntas, aproximadamente.
Objeto	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad, al trabajo en armonía con el principio de confianza legítima o los demás derechos que encontrara vulnerados el juez. 2. Solicitó la suspensión de la convocatoria Nro. 1344 de 2019 – Territorial 2019 II y se realice nuevamente la prueba de conocimientos. 3. Solicitó que se declare que la vulneración se generó en las 21 convocatorias públicas realizadas dentro de la Convocatoria Territorial 2019-II, dado que se aplicó la misma guía de orientación de pruebas escritas.	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y móvil, en armonía con el principio de confianza legítima y los demás derechos que encontrara vulnerados el juez. 2. Solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019-II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados. Adujo que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.

 

CASO 2
	Acción de tutela interpuesta por Nelson Enrique Vives Barrios	Acción de tutela interpuesta por María Fernanda Carvajal de la Pava
Causa	El accionante aseguró que se desconocieron las reglas establecidas en la convocatoria Nro. 1344 de 2019 - Territorial 2019-II. Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación de pruebas escritas de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por solo 72 preguntas, aproximadamente.	La accionante aseguró que se desconocieron las reglas establecidas en la convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019-II. Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación de pruebas escritas, la prueba escrita de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por entre 71 y 72 preguntas, aproximadamente.
Objeto	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad y al trabajo, en armonía con el principio de confianza legítima. 2. Solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1344 de 2019 - Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados. Adujo que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y móvil, en armonía con el principio de confianza legítima y los demás derechos que encontrara vulnerados el juez. 2. Solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados. Adujo que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.

 

CASO 3
	Acción de tutela interpuesta por Teresita María Mastrodomenico Medina	Acción de tutela interpuesta por María Fernanda Carvajal de la Pava
Causa	La accionante aseguró que se desconocieron las reglas establecidas en la convocatoria Nro. 1343 de 2019 - Territorial 2019-II. Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación de pruebas escritas de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por solo 72 preguntas, aproximadamente.	La accionante aseguró que se desconocieron las reglas establecidas en la convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019-II. Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación de pruebas escritas, la prueba escrita de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por entre 71 y 72 preguntas, aproximadamente.
Objeto	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, en armonía con el principio de confianza legítima y los demás derechos que encontrara vulnerados el juez. 2. Solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1343 de 2019 - Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados. Adujo que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y móvil, en armonía con el principio de confianza legítima y los demás derechos que encontrara vulnerados el juez. 2. Solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados. Adujo que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.

 

CASO 4
	Acción de tutela interpuesta por Rafael Gregorio Dávila Stand	Acción de tutela interpuesta por María Fernanda Carvajal de la Pava
Causa	El accionante aseguró que se desconocieron las reglas establecidas en la convocatoria Nro. 1343 de 2019 - Territorial 2019-II. Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación de pruebas escritas de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por solo 72 preguntas, aproximadamente.	La accionante aseguró que se desconocieron las establecidas en la convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019-II. Precisó que, de acuerdo con la guía de orientación de pruebas escritas, la prueba escrita de competencias funcionales y comportamentales se compondría de 90 preguntas y, sin embargo, fue integrada por entre 71 y 72 preguntas, aproximadamente.
Objeto	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, en armonía con el principio de confianza legítima y los demás derechos que encontrara vulnerados el juez. 2. Solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1343 de 2019 - Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados. Adujo que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.	1. Solicitó que se ampararen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y móvil, en armonía con el principio de confianza legítima y los demás derechos que encontrara vulnerados el juez. 2. Solicitó que se ordene a la CNSC que adopte las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. 1352 de 2019 - Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados. Adujo que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.

 

7.       Ausencia de identidad de causa. La Corte entiende que este presupuesto no se cumple, en la medida que las acciones de tutela se basan en el desconocimiento de las reglas del concurso de méritos de la convocatoria diferentes. Es así como en los casos 1, 2, 3 y 4 la acción de amparo se enfoca las presuntas irregularidades ocurridas en las convocatorias número 1343 y 1344 de 2019, cuyo objeto es proveer la planta de personal del departamento del Atlántico, mientras que en la acción de tutela de la señora María Fernanda Carvajal De La Pava se refiere al acto administrativo número 1352 de 2019, el cual tiene por objeto proveer cargos en la alcaldía municipal de Ricaurte, Cundinamarca.

 

8.       De lo anterior se concluye que las convocatorias están reguladas mediante actos administrativos diferentes y autónomos, independientemente de que le contenido de los acuerdos pueda ser similar. Así las cosas, las tutelas, no comparten la misma causa, pues no se fundan en los mismos hechos o presupuestos facticos presuntamente constitutivos de la vulneración de derechos fundamentales.

 

9.       Ausencia de identidad de objeto. En el mismo sentido, las pretensiones reclamadas por cada una de las tutelas están encaminadas a que se profieran efectos en convocatorias diferentes. Así las cosas, las acciones de tutela presentadas por los accionantes Ramiro Enrique Rey González, Nelson Enrique Vives Barrios, Teresita María Mastrodomenico Medina y Rafael Gregorio Dávila Stand pretenden que se ordene a la CNSC adoptar las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en las convocatorias 1343 y 1344 de 2019 - Territorial 2019 II, se desarrolle de conformidad con los documentos y anexos publicados. Por su parte, la acción presentada por María Fernanda Carvajal De La Pava y otros, establece como pretensión que “se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil, adoptar las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria N° 1352 de 2019 – Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria”. Por lo anterior, las tutelas no comparten el mismo objeto por que las pretensiones reclamadas ante los jueces son disímiles, al recaer sobre convocatorias diferentes y, en consecuencia, producen efectos diversos.

 

10.   Con base en los anteriores criterios la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla, Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, a través de los cuales se abstuvieron de avocar el conocimiento de las solicitudes de amparo presentadas por los accionantes Ramiro Enrique Rey González, Nelson Enrique Vives Barrios, Teresita María Mastrodomenico Medina y Rafael Gregorio Dávila Stand.

 

11.   De esta manera, la Sala remitirá los expedientes contenidos en el ICC-4071 a los juzgados Noveno de Familia de Barranquilla, Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, para que, de manera inmediata, tramiten y adopten la decisión de fondo a que haya lugar.

 

12.   Finalmente, se advertirá a los juzgados Noveno de Familia de Barranquilla, Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, que, en lo sucesivo, se abstengan de desprenderse del conocimiento de una acción de tutela con base en las reglas de reparto de tutela masiva sin realizar una verificación detallada de los presupuestos establecidos para dar aplicación a dicha figura y, por lo tanto, motivar suficientemente su decisión.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

Primero.- Con base en lo expuesto en la presente providencia, se DEJARÁN SIN EFECTOS las siguientes providencias:

 

-         Auto del 09 de septiembre de 2021, mediante el cual, el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Ramiro Enrique Rey González.

 

-         Auto del 06 de septiembre de 2021, mediante el cual, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Nelson Enrique Vives Barrios.

 

-         Auto del 10 de septiembre de 2021, mediante el cual, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Teresita María Mastrodomenico Medina.

 

-         Auto del 10 de septiembre de 2021, mediante el cual, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla se abstuvo de avocar el conocimiento de acción de la tutela interpuesta por Rafael Gregorio Dávila Stand.

 

Segundo.- REMITIR los expedientes contenidos en el ICC-4071 a los juzgados Noveno de Familia Oral de Barranquilla (acción de tutela interpuesta por Ramiro Enrique Rey González; Quinto de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla (acción de tutela interpuesta por Nelson Enrique Vives Barrios); y Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla (acciones de tutela interpuestas por: i) Teresita María Mastrodomenico Medina; y ii) por Rafael Gregorio Dávila Stand).

 

Tercero.- ADVERTIR a los juzgados Noveno de Familia Oral de Barranquilla, Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Catorce Administrativo del Circuito de Barranquillan que, en lo sucesivo, se abstengan de desprenderse del conocimiento de una acción de tutela con base en las reglas de reparto de tutela masiva, sin realizar una verificación detallada de los presupuestos establecidos para dar aplicación a dicha figura y, por lo tanto, motivar suficientemente su decisión.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a las partes accionantes y al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Girardot.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Con salvamento de voto

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Con salvamento de voto

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con salvamento de voto

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICHA MÉNDEZ

Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO DE LAS MAGISTRADAS

DIANA FAJARDO RIVERA Y CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Y DEL MAGISTRADO

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

AL AUTO 972/21

 

 

Referencia: Expediente ICC-4071

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, cada uno de ellos contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Girardot.

 

Magistrado sustanciador:

Alberto Rojas Ríos

 

 

1. Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la mayoría, nos permitimos manifestar que salvamos el voto en el Auto 972 de 2021, a través del cual se determinó que existía un conflicto aparente de competencia, en atención a que los juzgados Noveno de Familia Oral, Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Catorce Administrativo del Circuito, todos de Barranquilla, aplicaron las reglas de reparto previstas en el Decreto 1834 de 2015, para abstenerse de conocer las acciones de tutela, sin cumplir con la carga argumentativa que acreditara los supuestos normativos de identidad señalados por la Corte Constitucional para las tutelas masivas

 

2. Conviene precisar que, en sesión del 18 de noviembre de 2021, la Sala Plena estudió las ponencias relativas a los expedientes ICC-4071 (asunto de la referencia), ICC-4080^[30] e ICC-4087,^[31] sobre los conflictos de competencia suscitados en el marco del trámite de varias acciones de tutela formuladas por aspirantes de la Convocatoria Territorial 2019-II contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Universidad Sergio Arboleda.

 

3. La mayoría de la Sala Plena concluyó que en los asuntos no existía identidad de causa porque las tutelas objeto de comparación estaban enfocadas en el supuesto desconocimiento de las reglas de procesos de selección que fueron regulados mediante actos administrativos distintos, con miras a convocatorias específicas diferentes. A su vez, se determinó que tampoco se acreditaba la identidad de objeto, toda vez que las tutelas se encontraban encaminadas a que “se profieran efectos en convocatorias diferentes”.

 

4. Estimamos que en los casos analizados sí se acreditaba la triple identidad y los procesos debieron remitirse al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot. A continuación, nos permitimos explicar los motivos por los que nos apartamos de lo decidido.

 

Estudio de la identidad de causa

 

5. La Sala Plena concluyó que no se acreditaba la identidad de causa, porque, de un lado, las acciones de amparo tramitadas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot y, de otro, las acciones de amparo que tienen que ver con los conflictos de competencia analizados por esta Corporación se refieren al desconocimiento de las reglas al interior de procesos de selección convocados en actos administrativos diferentes, dentro de la Convocatoria Territorial 2019 II.

 

6. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la identidad de causa se presenta cuando las acciones de amparo que busquen ser acumuladas se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos, entendidos desde una perspectiva amplia. En el Auto 212 de 2020,^[32] se indicó que “[e]n lo atinente a la causa, la Sala Plena ha establecido que se trata de: (i) la ´identidad de hechos (acciones u omisiones)’^[33] y/o (ii) la uniformidad en los supuestos fácticos^[34], (iii) que lleve como resultado a que ‘care[zca] de relevancia la naturaleza o las condiciones del accionante.’”^[35]

 

7. De esta manera, aunque los actores hicieran parte de procesos de selección convocados por actos administrativos diferentes, lo cierto es que todos son aspirantes dentro de las convocatorias específicas para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal dentro de la Convocatoria Territorial 2019-II.

 

8. En las acciones de tutela analizadas existe un párrafo en el que se resume la acción que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de los peticionarios y se transcribe a continuación:

 

“Que las accionadas vulneraron las reglas establecidas en la convocatoria N° […] de 2019 - Territorial 2019 II, como quiera que la prueba de competencias funcionales y competencias comporta mentales, fue integrada por aproximadamente 72 preguntas, a pesar de que en el numeral 4 acápite denominado: ‘Carácter, ponderación y puntajes de las pruebas escritas’, establecidas en la guía de orientación pruebas escritas, se indicó con total precisión que dicha prueba, se compondría de 90 preguntas.”

 

En cada caso se indica el número de la convocatoria específica y en uno de los asuntos se dice que la prueba de competencias funcionales y competencias comportamentales “fue integrada entre 71 y 73 preguntas.”

 

9. Consideramos que el análisis de la identidad de causa tenía que hacerse desde una perspectiva amplia, tal como dispone la jurisprudencia constitucional. Así las cosas, estimamos que las tutelas objeto de comparación estaban enfocadas en el supuesto desconocimiento de las reglas contempladas en la “Guía de Orientación de Pruebas Escritas”, documento que (i) aplicaba a las 21 convocatorias especiales de la Convocatoria Territorial 2019-II; y, (ii) aparentemente, determinaba el número de preguntas por las cuales estaría compuesta la prueba de competencias funcionales y comportamentales.

 

10. Ahora bien, luego del estudio de los acuerdos de las convocatorias individuales de cada uno de los casos que son objeto de análisis por la Sala Plena,^[36] encontramos que todos tienen un considerando y 32 artículos con estructura idéntica.

 

Además, es imperiosos señalar que el parágrafo del artículo 1 de todos los acuerdos se refiere al anexo “que contiene de manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca.” La estructura del proceso de selección es idéntica (Art. 3), así como el proceso de divulgación (Art. 9), las pruebas a aplicar, el carácter y la ponderación (Art. 16).

 

Estudio de la identidad de objeto

 

11. En línea con lo antes expuesto, encontramos que el análisis de la identidad de objeto no podía limitarse a reiterar que las acciones de tutela analizadas se referían a convocatorias diferentes y autónomas.

 

12. En todos los asuntos existen solicitudes de medidas provisionales para suspender las convocatorias individuales. Por su parte, los casos analizados tienen pretensiones similares, pues los accionantes solicitaron:

 

(i) Que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad y al trabajo, en armonía con el principio de confianza legítima y los demás derechos que encontrara vulnerados el juez (algunos casos incluyen el mínimo vital).

 

(ii) Que se ordenara a la CNSC adoptar las medidas necesarias para que el concurso de méritos contenido en la Convocatoria Nro. […] de 2019 – Territorial 2019 II, se desarrolle con total observancia a las reglas establecidas en la convocatoria, esto es, de conformidad con los documentos y anexos publicados.

 

Los peticionarios expusieron que la corrección de errores puede ser subsanado como ocurrió en el concurso de la Rama Judicial en el que se ordenó realizar nuevamente la prueba de conocimientos.

 

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1834 de 2015, relativo al reparto de acciones de tutela masiva, “las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.”

 

14. La razón por la cual se previó esta regla de reparto obedece a que “en estos casos de acciones de tutela idénticas y masivas, presentadas contra una misma acción u omisión de una entidad pública o de un particular, el reparto de las acciones de tutela a jueces y tribunales distintos puede originar fallos contradictorios frente a una misma situación fáctica y jurídica, lo que resulta contrario a los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica”, como se lee en los considerandos del decreto en cita. Así las cosas, a juicio de los suscritos, en el presente caso la inobservancia de esta regla ha puesto en riesgo la efectiva aplicación de los anteriores principios por parte de la administración de justicia. 

 

15. De esta manera, con nuestro acostumbrado y profundo respeto, planteamos las cuestiones por las que nos apartamos de lo decidido por la mayoría de los integrantes de la Sala Plena.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado