Auto 036/22

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Inobservancia de reglas de reparto y trámite de la acción de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-4097.

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín (Antioquia) y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1. El señor Jairo Guarín Arenas presentó acción de tutela en contra de la “Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín”. Solicita la protección de sus derechos fundamentales de petición, “trabajo, prestaciones sociales, vacaciones y dignidad”^[1]. En consecuencia, pretende que la entidad accionada realice las gestiones administrativas y presupuestales correspondientes para expedir “de forma inmediata, sin ningún tipo de dilación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de mi reemplazo”^[2].

 

2. El asunto fue repartido al Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín. Esta autoridad judicial, mediante Auto de 13 de octubre de 2021, declaró su falta de competencia “conforme a las reglas de reparto” y ordenó remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial, para que se asignara de conformidad con lo previsto en el Decreto 333 de 2021. Indicó que, de acuerdo con dicha normativa, debía atribuirse el conocimiento del proceso a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, porque la acción de tutela se dirigía contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.

 

3. Debido a lo anterior, el expediente fue repartido nuevamente y asignado a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Dicha autoridad judicial, a través de Auto de 13 de octubre de 2021, promovió conflicto negativo de competencia y dispuso la remisión del asunto a la Corte Constitucional, para que dirima la controversia suscitada.

 

Recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, las reglas de reparto no tienen el carácter de normas de competencia y, por consiguiente, no está permitido que los jueces se abstengan de asumir el conocimiento de las acciones de tutela con fundamento en dichas pautas administrativas.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Las atribuciones de esta Corporación para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela son de carácter residual^[3]. En tal sentido, dicha función corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, de conformidad con las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018^[4]. No obstante, en el presente asunto, la normativa estatutaria no definió cual autoridad debía resolver el conflicto de competencia que se suscita entre los despachos involucrados, quienes orgánicamente pertenecen a distintas jurisdicciones. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2. Las autoridades judiciales solo pueden declararse incompetentes para conocer de una acción de tutela con fundamento en los factores de competencia. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 superior, 8° transitorio del Título Transitorio^[5] de la Constitución y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991^[6], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela:

 

(i)               el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[7];

 

(ii)             el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial^[8]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[9]; y,

 

(iii)          el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia^[10].

 

3. Los conflictos suscitados en aplicación de las reglas de reparto son “aparentes”^[11], porque estas reglas administrativas “en ningún caso, definen la competencia de los despachos judiciales”^[12]. Al respecto, el Decreto 333 de 2021, que modificó las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, dispone que estas “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha determinado que cuando “dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[13].

 

III.    CASO CONCRETO

 

4. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.            Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín tomó las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo. Dicha conducta afecta gravemente la protección de los derechos fundamentales, cuya defensa se pretende mediante el amparo constitucional.

 

En contraste, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín respetó y acató lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Corporación, en relación con la prohibición de declararse incompetente para conocer de una solicitud de amparo constitucional con base en las reglas de reparto.

 

ii.            La autoridad competente para resolver la acción de tutela de la referencia es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín.

 

5. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 13 de octubre de 2021 por el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dentro del proceso de tutela promovido por Jairo Guarín Arenas. En consecuencia, ordenará la remisión del expediente ICC-4097 al referido despacho judicial para que, de forma inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.

 

6. Finalmente, se advertirá al Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela. Por lo tanto, deberá abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 13 de octubre de 2021 por el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Jairo Guarín Arenas.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-4097 al Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela. Por lo tanto, deberá abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín la decisión adoptada en esta providencia.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General