Auto 336/22

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Equivocada interpretación e inobservancia de reglas de reparto y trámite de la acción de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: expediente ICC-4155

 

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Laboral y la Sala de Decisión Constitucional, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

 

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.       La señora Laura Alejandra Hurtado Espinosa interpuso acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y el Juzgado 5° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Popayán. Consideró que las entidades mencionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana, por presuntamente no reconocer las vacaciones a las que tiene derecho.^[1]

 

2.       La acción fue repartida a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, autoridad que, mediante Auto del 14 de febrero de 2022, resolvió remitir el expediente a la Oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para que fuera repartido entre los magistrados y las magistradas que conforman la Sala de Decisión Penal del mismo tribunal. Para ello, refirió que, de conformidad con los numerales 5° y 6° del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, la competente para conocer de la acción de tutela es “la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, por ser el respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada y porque funge como accionado el Consejo Seccional de la Judicatura.”^[2]

 

3.       No obstante, realizado un nuevo reparto el asunto correspondió a la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, autoridad que, por medio de Auto del 16 de febrero 2016, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para su resolución. Manifestó que le correspondía a la Sala Laboral del mismo Tribunal conocer del asunto, porque (i) no se observó que haya existido una asignación caprichosa o arbitraria de la acción de tutela; (ii) dicha autoridad tenía competencia territorial; y (iii) no se “subvirtió el principio de jerarquía de la Rama Judicial.”

 

4.       Sumado a lo anterior expuso que si se aceptara la aplicación de la regla de reparto contenida en el numeral 5° del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, la Sala remitente no hizo una adecuada revisión de dicho reglamento, pues el inciso 2 del numeral 8 de la norma citada dispone que “Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” Por esta razón, en su concepto, no se debía remitir el asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.^[3]

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

5.       La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.^[4] Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual.^[5] En consecuencia, ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018,^[6] que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.^[7]

 

6.       En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, el conflicto de competencia propuesto debería ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán por conducto de sus Salas Mixtas. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

7.        De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial,^[8] (ii) el factor subjetivo^[9] y (iii) el factor funcional.^[10]

 

8.       Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia.^[11]

 

9.       En cualquier caso, esta Corporación ha aclarado de manera reiterada que, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso o arbitrario, las consideraciones expuestas no impiden (i) que la autoridad judicial que conozca una controversia suscitada con base en reglas de reparto devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial; o (ii) que la autoridad que recibe una acción de tutela como resultado de un reparto de las características mencionadas la remita a la autoridad que la deba conocer de conformidad con las reglas ya mencionadas.^[12] El reparto de una acción de tutela es caprichoso o arbitrario cuando existe una “manipulación grosera”^[13]  o una “tergiversación manifiesta”^[14]  de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes”;^[15] o en aquel “en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”^[16]

 

10.    En relación con este punto, la Sala Plena ha establecido una serie de criterios para determinar si se configura un reparto caprichoso o arbitrario:^[17]

 

“(i) El incumplimiento de las normas de reparto no autoriza al juez a remitir la acción de tutela a otra autoridad judicial, salvo que el fallador verifique que el reparto transgrede de manera manifiesta y evidente principios esenciales de la administración de justicia.

 

(ii) La existencia de reparto caprichoso o arbitrario debe establecerse en cada caso concreto.

 

(iii) Respecto de acciones de tutela contra autoridades judiciales (numeral 5º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017), en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente a su especialidad.^[18] En síntesis, el respeto por el principio de jerarquía es un elemento que descarta la existencia de reparto caprichoso o arbitrario.^[19]  

 

(iv) En contraste, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta reparto caprichoso o arbitrario cuando se transgrede el principio de jerarquía, como en el caso de la distribución equivocada de las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales emanadas de las Altas Cortes.^[20]

 

(v) En todo caso, el juez debe verificar que es competente en virtud del factor territorial.”

 

III. CASO CONCRETO

 

11.   De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, en la medida que la Sala Laboral y la Sala de Decisión Constitucional, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, aplicaron indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 333 de 2021. De esa manera, las dos autoridades otorgaron un alcance inexistente a tales mandatos y contrariaron la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual tales reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Así, desconocieron los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional para la resolución inmediata de vulneraciones de derechos fundamentales.

 

12.   Adicionalmente, este Tribunal no encuentra que en el presente caso se haya repartido la acción de tutela de manera caprichosa o arbitraria. Esta Corporación consideró, en los autos 267,^[21] 269^[22] y 417^[23] de 2019, en relación con las acciones de tutela contra autoridades judiciales, que “en principio no se configura reparto caprichoso cuando se asigna la solicitud de amparo a un juez de mayor jerarquía, con independencia de que no se trate del superior correspondiente”^[24] a la especialidad de la autoridad accionada. Por consiguiente, en estos casos, al resolver controversias planteadas como resultado de la regla de reparto respectiva,^[25] “salvo que la situación pueda considerarse evidente y manifiestamente caprichosa”,^[26] el expediente debe remitirse a la primera autoridad con competencia a la que fue repartido. Se destaca que el asunto bajo estudio no es de tutela contra providencias judiciales. El mismo fue repartido, desde el principio, a una autoridad judicial con competencia y no se subvirtió el principio de jerarquía de la Rama Judicial. En consecuencia, en este caso, no se observa que haya existido una asignación caprichosa o arbitraria de la acción de tutela, pues no hubo una manipulación manifiesta o evidente de las reglas de reparto.

 

13.   Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán se encuentra en la obligación de resolver en primera instancia la acción de tutela, por cuanto es la primera autoridad con competencia a la que se le repartió el asunto. En este sentido, se dejará sin efectos el Auto del 14 de febrero de 2022, proferido por la mencionada autoridad, y se le remitirá el expediente para que adopte una decisión de fondo inmediatamente.

 

14.   Finalmente, la Sala Plena advertirá a la Sala Laboral y la Sala de Decisión Constitucional, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto.

 

15.   Así mismo, advertirá a la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán —autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación— que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.^[27]

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto 14 de febrero de 2022, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por la señora Laura Alejandra Hurtado Espinosa contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y Juzgado 5° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Popayán.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4155 a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero. ADVERTIR a la Sala Laboral y la Sala de Decisión Constitucional, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Cuarto. ADVERTIR a la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

 

Quinto. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y a la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

KARENA CASELLES HERNANDEZ

Magistrada (e)

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General