SUSPENSION DEL TRAMITE DE CONSTITUCIONALIDAD POR PREJUDICIALIDAD-Procedencia

SUSPENSION DE TERMINOS EN CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO-Procedencia excepcional

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2230 DE 2023

 

Referencia: Expediente RE-353

 

Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1271 del 31 de julio de 2023, “Por el cual se adoptan medidas en materia de asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”

 

Magistrada sustanciadora:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

 

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en el Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional profiere el siguiente auto con fundamento en las siguientes:

 

CONSIDERACIONES

 

1.                 El Presidente de la República adoptó el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. En virtud de esa actuación profirió distintos decretos legislativos, entre ellos la disposición de la referencia.  Asimismo, la Corte Constitucional adelanta el control de constitucionalidad del mencionado decreto declaratorio, correspondiéndole el expediente RE-347.

 

2.                 El artículo 215 de la Constitución condiciona la expedición de los decretos legislativos que adoptan medidas bajo ese estado de excepción a que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, haya declarado válidamente el estado de emergencia económica, social y ecológica. Por esta razón, el inciso segundo de esa disposición establece que, mediante tal declaración motivada, el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley. Estos deberán estar destinados exclusivamente a conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos. Además, el inciso tercero dispone que tales decretos se deberán referir a las materias que tengan una relación directa y específica con el estado de emergencia[1].

 

3.                 La relación entre el decreto de declaratoria de un estado de excepción y aquellos que se profieren bajo su amparo, no solo es una condición de habilitación sino también de validez[2]. Por lo tanto, la Corte ha considerado que cuando se declara la inexequibilidad del decreto que adoptó el estado de excepción, el resultado jurídico respecto de los decretos de desarrollo es su inconstitucionalidad por consecuencia. Esta ha sido definida por la Sala Plena de la siguiente manera:

 

“La inconstitucionalidad por consecuencia consiste en que la declaración de inexequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción produce, como efecto obligado, la inexequibilidad de los decretos legislativos que lo desarrollan. Se trata del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución. Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales”[3].

 

4.                 Ello implica que el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan con base en este. En especial, porque el primer soporte de la validez de un decreto legislativo que adopta medidas es la compatibilidad entre la declaratoria del estado de excepción y la Constitución. Por ende, es claro que existe una relación de dependencia entre la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto de declaratoria y el control judicial de los decretos de desarrollo dictados dentro de ese marco[4].

 

5.                 En el asunto de la referencia, se encuentra que el Decreto Legislativo 1271 de 2023 fue adoptado en virtud de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica contemplada en el Decreto Legislativo 1085 de 2023. Este último decreto se encuentra bajo el control automático de la Corte Constitucional en el marco del expediente RE-347. En ese proceso todavía no se ha proferido sentencia porque el asunto se encuentra en trámite de fallo, etapa cuyo término finaliza el próximo 5 de octubre de 2023. También se debe tener en cuenta que el vencimiento del término para registrar proyecto de fallo en el presente expediente es el día 27 de septiembre de 2023, esto es, anterior a la decisión que habrá de adoptar la Corte sobre el decreto declaratorio del estado de excepción. Ello significa que, de no declararse la suspensión de los términos, el registro del proyecto de fallo no contaría con una condición jurídica imprescindible para su construcción y formulación a la Sala Plena, esto es, conocer si la Corte declaró un fallo de exequibilidad o inexequibilidad sobre el Decreto 1085 de 2023.

 

6.                 La Sala Plena evidencia que en el presente expediente ocurre el fenómeno de la prejudicialidad respecto de lo que se decida sobre el Decreto Legislativo 1085 de 2023 y de manera similar a como lo decidió en los autos 2220 y 2021 de 2023 respecto de los expedientes RE-348 y RE-357, correspondientes al control de constitucionalidad de, respectivamente, los decretos legislativos 1250 y 1275 de 2023, también adoptados al amparo del presente estado de excepción. Como ha sido reiterado por esta Corte en las situaciones similares^[5], esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia hasta el día hábil siguiente a la fecha en que se decida sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 de 2023, momento en que se reanudará la contabilización de términos.

 

7.                 A pesar de que el Decreto Ley 2067 de 1991 no establece una regla particular sobre la prejudicialidad, se deben aplicar las normas procesales de carácter general. Así ha procedido esta corporación en anteriores oportunidades ante vacíos en dicho procedimiento^[6].

 

8.                 Sobre el particular, el artículo 1º del Código General del Proceso (en adelante CGP) extiende el ámbito de aplicación de esa normativa a “todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes”. De acuerdo con ello, el artículo 161 del CGP determina que el juez decretará la suspensión del proceso, entre otros casos, “cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención”.

 

9.                 Es cierto que en los procesos de control de constitucionalidad no existen partes. Sin embargo, ello no obsta para que la Sala Plena de la Corte, al tratarse de un trámite de carácter público y de control abstracto, ejerza su función constitucional y legal de dirección de ese procedimiento y adelante las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de sus finalidades. En el presente asunto se muestra indispensable adoptar el fallo sobre la constitucionalidad del decreto de declaratorio del estado de emergencia con anterioridad al estudio de la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1271 de 2023, etapa de fallo que inicia con la formulación ante la Sala Plena del respectivo proyecto de decisión y por parte de la magistrada ponente.

 

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

Primero. SUSPENDER los términos en el expediente RE-353, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1271 de 2023, a partir de la fecha de esta providencia.

 

Segundo. DISPONER que esta suspensión se mantenga hasta el día hábil siguiente a la fecha en que se decida sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 de 2023 (RE-347), momento en que se reanudará la contabilización de términos.

 

Tercero. La Secretaría General de la Corte Constitucional realizará las anotaciones correspondientes en el expediente de la referencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General