SUSPENSION DEL TRAMITE DE CONSTITUCIONALIDAD POR PREJUDICIALIDAD-Procedencia

 

SUSPENSION DE TERMINOS EN CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO-Procedencia excepcional

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2234 DE 2023

 

Referencia: Expediente RE-356

 

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1274 del 31 de julio de 2023 "Por el cual se crea una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira".

 

Asunto: suspensión de términos.

 

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo.

 

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

 

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en el Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional profiere el siguiente auto[1] con fundamento en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 En ejercicio de la facultad prevista por el artículo 215 de la Constitución, el presidente de la República profirió el Decreto Legislativo 1085 del 2 de julio del 2023, “[p]or medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”.

 

2.                 En el marco del estado de emergencia en mención, el 31 de julio de 2023, el Gobierno nacional profirió el Decreto Legislativo 1274 de 2023 "Por el cual se crea una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira".

 

3.                 Por medio del auto del 9 de agosto de 2023, la magistrada sustanciadora dispuso, entre otras cosas avocar el conocimiento del asunto. El 2 de agosto de 2023[2], la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, manifestó su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1274 de 2023. El impedimento fue declarado infundado por la Sala Plena de la Corte en auto del 7 de septiembre de 2023.

 

4.                 El 19 de septiembre de 2023, la Secretaría de la Corte Constitucional corrió traslado a la procuradora general de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente. El 25 de septiembre de 2023 la procuradora remitió el respectivo concepto.

 

II.               CONSIDERACIONES

 

5.                 El artículo 241 numeral 7° de la Constitución Política señala que la Corte Constitucional tiene la competencia para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 superiores. Por su parte, el artículo 215 de la Constitución condiciona la expedición de los decretos legislativos que adoptan medidas bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica a que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, haya declarado válidamente dicho estado de emergencia. Ahora, el inciso segundo del artículo 215 constitucional establece que, mediante tal declaración motivada, el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley. Los decretos con fuerza de ley deben estar destinados exclusivamente a conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos. Además, el inciso tercero del mencionado artículo 215 superior dispone que tales decretos se deberán referir a las materias que tengan una relación directa y específica con el estado de emergencia[3].

 

6.                 La Corte considera que existe una relación entre el decreto de declaratoria de un estado de excepción y aquellos que se profieren en su desarrollo. En efecto, para esta Corporación los decretos legislativos que se expiden en desarrollo del declaratorio del estado de excepción, tienen una relación de validez[4]. En consecuencia, la Corte considera que cuando se declara la inexequibilidad del decreto que adoptó el estado de excepción, la secuela jurídica respecto de los decretos de desarrollo es su inconstitucionalidad por consecuencia.

 

7.                 La inconstitucionalidad por consecuencia en los estados de excepción es una figura jurídica utilizada por la Corte Constitucional en aquellos casos en los que el decreto legislativo que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, de Conmoción Interior o Guerrera Exterior no supera el estudio de constitucionalidad y, por ende, es declarado inexequible.  En la sentencia C-488 de 1995, esta Corporación la definió como “el decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.”[5]

 

8.                 Ello implica que el control de constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan con base en este. En especial porque el primer soporte de la validez de un decreto legislativo que adopta medidas es la compatibilidad entre la declaratoria del estado de excepción y la Constitución. Por ende, es claro que existe una relación de dependencia entre la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto de declaratoria y el control judicial de los decretos de desarrollo dictados dentro de ese marco[6].

 

9.                 En el asunto de la referencia, se encuentra que el Decreto Legislativo 1274 de 2023 fue adoptado en virtud de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica contemplada en el Decreto Legislativo 1085 de 2023. Este último decreto se encuentra bajo el control automático de la Corte Constitucional en el marco del expediente RE-347. En ese proceso la Corte Constitucional todavía no ha proferido sentencia porque el asunto se encuentra en trámite. También se debe tener en cuenta que el vencimiento del término para decidir en el presente expediente (RE-356) sobre el segundo decreto legislativo es anterior al plazo para resolver sobre la constitucionalidad del primer decreto declaratorio. Eso significa que, de no declararse la suspensión de los términos, la decisión sobre el decreto de desarrollo resultaría anterior al plazo máximo que tiene la Sala Plena para resolver sobre el decreto declaratorio.

 

10.            La Sala Plena evidencia que en el presente expediente ocurre el fenómeno de la prejudicialidad respecto de lo que se decida sobre el Decreto Legislativo 1085 de 2023. Efectivamente, la Corte así lo expresó en situaciones similares^[7], por lo que esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia hasta tanto se profiera la sentencia sobre el decreto declaratorio[8].

 

11.            A pesar de que el Decreto Ley 2067 de 1991 no establece una regla particular sobre la prejudicialidad, se deben aplicar las normas procesales de carácter general. Así lo determinó esta corporación en anteriores oportunidades ante vacíos en dicho procedimiento^[9].

 

12.            Sobre el particular, el artículo 1 del Código General del Proceso (en adelante CGP) extiende el ámbito de aplicación de esa normativa a “todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes”. De acuerdo con ello, el artículo 161 del CGP determina que el juez decretará la suspensión del proceso, entre otros casos, “cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención”.

 

13.            Es cierto que en los procesos de control de constitucionalidad no existen partes. Sin embargo, ello no obsta para que la Sala Plena de la Corte, al tratarse de un trámite de carácter público y de control abstracto, ejerza su función constitucional y legal de dirección de ese procedimiento y adelante las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de sus finalidades. En el presente asunto se muestra indispensable adoptar el fallo sobre la constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de emergencia con anterioridad al estudio de la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1274 de 2023. Ello debido a que, como se indicó, el primero es el presupuesto para la validez de esta segunda normativa. De lo contrario, la Sala tendría que adoptar una decisión sin los presupuestos sustantivos necesarios. Esa circunstancia desvirtuaría el ejercicio mismo del control de constitucionalidad y su relevancia democrática en el marco de los estados de excepción^[10].

 

14.            Finalmente, el artículo 162 del CGP determina que se debe suspender el proceso cuando se encuentre en “estado de dictar sentencia”. Conforme a la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepción, la Sala concluye que el momento en el que se debe dar la suspensión de los términos es a partir del vencimiento del término o la presentación del concepto por parte de la procuradora general de la Nación[11]. Ello por cuanto el registro del proyecto de fallo y su posterior discusión dentro de la Sala Plena supone atender el análisis y decisión previa adoptada sobre el decreto declaratorio[12]. Dado que en este proceso se recibió concepto por parte de la Procuraduría el 25 de septiembre de 2023, la suspensión de términos opera a partir de la fecha de esta providencia.

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero. SUSPENDER los términos en el expediente RE-356, correspondiente al Decreto Legislativo 1274 de 2023, a partir de la fecha de esta providencia.

 

Segundo. DISPONER que esta suspensión se mantenga hasta el día hábil siguiente a la fecha en la que se decida sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 de 2023 (RE-347). A partir de ese momento se reanudará la contabilización de los términos.

 

Tercero. La Secretaría General de la Corte Constitucional realizará las anotaciones correspondientes en el expediente de la referencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General