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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
RELATORIA

Item 1    Expediente   D-8171    Fecha sentencia   12-1-2010 0:00    Sentencia   C-983/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LEONARDO ARIOSTO QUIJANO LOZANO VS. LEY1383 DE 2010 ARTICULOS 12 Y 16

Tema

Ley 1382 de 2010 “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas” artículos 12 y 16, artículo 12 regula la legalización de los explotadores de minería tradicional y la solicitud de concesión, en el caso donde ya preexisten concesiones, artículo 16 regula el canon superficiario sobre la totalidad del área de la concesión durante la exploración, montaje y construcción, el demandante considera vulnerados los artículos 2, 29 y 58 constitucionales, en cuanto al artículo 12 alega que vulnera los derechos al debido proceso y a los derechos adquiridos de las personas que se encontraban explotando la concesión, en cuanto al artículo 16 asegura que estatuye una nueva causal de de caducidad aplicable a las propuestas presentadas con anterioridad a la vigencias de la ley 1382 de 2010, desconociendo el derecho subjetivo adquirido mediante la presentación de la propuesta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia en relación con la propiedad y explotación minera de Colombia, el derecho fundamental al debido proceso administrativo de conformidad con el artículo 29 constitucional, el alcance constitucional de los derechos adquiridos, de conformidad con el artículo 58 superior, se concluye que las normas demandadas se encuentran en armonía con la Constitución por lo tanto se decide declararlas. Exequibles.
Recibo Relatoria   1-3-2011 0:00


Item 2    Expediente   T-2336978    Fecha sentencia   12-1-2010 0:00    Sentencia   T-001/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OCTAVIO VARGAS REYES VS. PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES ADPOSTAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor fue despedido e indemnizado en razón del proceso de liquidación de Adpostal en diciembre de 2006, pero mediante fallo de tutela de mayo de 2007, se ordenó a Adpostal en liquidación reintegrarlo al cargo que venía ocupando, hasta cuando se le comunique el reconocimiento de su pensión y se le notifique su inclusión en la nómina de pensionados, sin embargo el 30 de diciembre de 2008, recibió un oficio informándole sobre la terminación de su contrato de trabajo en virtud de la culminación del proceso de liquidación, y fue indemnizado nuevamente, solicita que se ordene a su favor el pago de una asignación básica mensual y los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones hasta el momento en que efectivamente se pensione. La Corte estudia la procedencia de la acción de tutela para obtener la protección de la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a pensionarse, los límites de la estabilidad laboral de que gozan dichos beneficiarios cuando se trata de la extinción de entidades dentro de los procesos de modernización del Estado, si el accionante tendría o no el derecho a la estabilidad laboral reforzada para completar los requisitos de pensión, se concluye que ante la evidente terminación de la existencia jurídica de la empresa a la cual se encontraba vinculado el actor, la estabilidad laboral de que gozaba en su condición de persona próxima a pensionarse llegó a su fin, ya que el beneficio tiene su límite en la terminación de la existencia jurídica de la correspondiente entidad, por lo tanto el ente accionado no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por el actor. Niega.
Recibo Relatoria   9-2-2010 0:00


Item 3    Expediente   T-2370626    Fecha sentencia   12-1-2010 0:00    Sentencia   T-002/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CARLOS JULIO ESCOBAR GONZALEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Igualdad, mínimo vital, seguridad social, favorabilidad, protección especial a personas de tercera edad. El actor solicita indexación de su primera mesada pensional, la cual anteriormente fue solicitada ante la justicia ordinaria en donde se declaró probada la excepción de prescripción, debido al cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, instauró una nueva demanda, pero se declaro la excepción de cosa juzgada. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el reconocimiento de indexación de la primera mesada pensional a través de la acción de tutela, agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, se concluye que los fallos atacados desconocen varias normas constitucionales, por lo tanto se decide dejarlos sin efectos. Concedida.
Recibo Relatoria   13-5-2010 0:00


Item 4    Expediente   D-7695    Fecha sentencia   14-1-2010 0:00    Sentencia   C-008/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    ALVARO AUGUSTO SANABRIA RANGEL VS. CODIGO CIVIL ARTICULO 143

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 143 del código civil, la norma regula, la nulidad del matrimonio en es caso de menores de edad, el aparte acusado es el siguiente “o cuando la mujer aunque sea impúber, haya concebido”, el demandante considera que la norma acusada vulnera los artículo 13, 16, 29, 42, 43, 44 y 229 constitucionales, ya que a la mujer impúber que ha concebido no se le da la oportunidad de solicitar la nulidad del matrimonio dándose un trato desigual con la mujer impúber que no ha concebido la cual cuenta con esta posibilidad, esto impide el libre desarrollo de la personalidad de la mujer ya que se la esta condicionando por el hecho de estar embarazada. La Corte entra a estudiar el margen de configuración del legislador en materia de incapacidades y nulidades, el contexto normativo de la edad pubertad, la capacidad y nulidad como medidas de protección, la vulneración del derecho a la igualdad, de la prohibición de discriminación contra la mujer, y del deber de atención primordial de protección de los intereses superiores de la niñez, la vulneración de los artículo 16 y 42 de la Constitución Política, se encuentra que la prohibición de solicitar la nulidad del matrimonio entre impúberes o del contraído por mujer impúber como consecuencia de haberse presentado la concepción, implica una restricción injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad de estos niños y niñas, además trae consecuencias negativas en el derecho a la libre autodeterminación de las niñas impúberes grávidas, se las estaría despojando de su derecho a decidir de manera libre y autónoma y termina dejándoles abandonados a su propia suerte, por lo tanto se decide declarar la Inexequibilidad de la expresión acusada.
Recibo Relatoria   26-8-2010 0:00


Item 5    Expediente   T-2193962    Fecha sentencia   14-1-2010 0:00    Sentencia   T-003/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ROBERT GUERRA VILLAMIZAR VS. SIDERURGIA DEL NORTE Y OTRO

Tema

Vida, salud, seguridad social, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada. El actor, se encontraba vinculado a la empresa accionada, mediante contrato de suministro de personal, comenta que sufrió un accidente laboral, luego de terminar sus incapacidades se reincorporó a su trabajo, situación que lo afecto y debió ser nuevamente incapacitado, encontrándose en este estado de incapacidad fue despedido por la Cooperativa de Trabajo a la cual se encontraba vinculado, lo cual lo dejó desprotegido ya que no se le ha seguido prestando el servicio de salud, y es padre cabeza de familia. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reintegro laboral de una persona afectada por un accidente de trabajo o por una enfermedad consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo, protección laboral reforzada del trabajador aun cuando no se ha calificado el grado de invalidez, pero sí ha sufrido una disminución en su estado de salud, alcance del concepto de accidente de trabajo, y la protección al trabajador que, en desarrollo de sus actividades labores, ha sufrido un accidente que hace mella en su salud, y por último se analiza el tipo de relación o vínculo laboral existente entre el accionante, la cooperativa de trabajo asociado y la empresa contratante, se encuentra que se esta vulnerando el principio de contrato realidad, y como consecuencia de ello el actor resulta desprotegido, ya que tiene menos garantías laborales, por lo tanto se ordena tanto a la Cooperativa, como a la Empresa beneficiaria del servicio, reintegrar al actor y asignarle una actividad que pueda desempeñar. Concedida
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 6    Expediente   T-2296251    Fecha sentencia   14-1-2010 0:00    Sentencia   T-004/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    YULEIMA CUETO QUINTERO Y OTRA VS. CODESALUD Y ESE HOSPITAL SAN JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ

Tema

Vida digna, trabajo, protección especial de la mujer embarazada. Se realiza acumulación de expedientes por unidad de materia. Las accionantes ingresaron a laboral en la entidad accionada, por intermedio de una Cooperativa de Trabajo, quedaron en estado de embarazo y fueron despedidas pese a que su empleador conocía de su estado. La Sala se pronuncia sobre, las cooperativas asociativas de trabajo de la salud y su deber de desarrollar un objeto social dentro de los límites normativos, la protección al derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se concluye que tanto el Hospital accionado como la Cooperativa de Trabajo, son responsables solidariamente, dado que violaron el principio de contrato realidad, dejando desprotegidas a las accionantes y su fuero de maternidad, por lo tanto se ordena el reintegro y el pago de las compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas desde el momento de la desvinculación. Concedida.
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 7    Expediente   T-2334683    Fecha sentencia   14-1-2010 0:00    Sentencia   T-005/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    SONIA LIBREROS CAICEDO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad. La accionante solicitó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, la reliquidación de su mesada pensional, dicha decisión fue apelada y el Tribunal accionado revocó el fallo por considerar que la controversia debía ser resuelta ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero no ordeno la remisión del expediente ante la autoridad competente, ni declaró la nulidad de todo lo actuado, por lo tanto la actora considera que se incurrió en un defecto procedimental. La Sala realiza el análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y los aplica al presente caso, se concluye que en este caso la acción de tutela no es el escenario apropiado para discutir las circunstancias planteadas, y que puede acudir al Jurisdicción Contenciosa Administrativa para invocar allí, la protección de sus derechos. Niega.
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 8    Expediente   T-2390785 Y T-2378613    Fecha sentencia   14-1-2010 0:00    Sentencia   T-006/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FRANKLIN LEMUS GARIAZAO Y OTRO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital, derechos de los niños. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el primer caso la accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, tanto para ella como para su hija quien es menor de edad, alega que la entidad accionada no ha realizado el reconocimiento debido a que, su esposo no cumplía con el requisito del 20% de fidelidad al sistema, en el segundo caso el actor solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, a la cual considera tener derecho debido al deceso de su padre, el reconocimiento de dicha pensión le fue negada debido a que no se cumplía con el requisito del 20% de fidelidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, el principio de no regresividad en el derecho a la seguridad social, la pensión de sobrevivientes, se hace mención a la sentencia C-556/09, se decide conceder el amparo de los derechos invocados y por lo tanto se ordena a la entidad accionada reconocer y pagar a los actores la pensión de sobrevivientes. Concedida.
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 9    Expediente   T-2396068    Fecha sentencia   14-1-2010 0:00    Sentencia   T-007/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ALBERTO DE JESÚS POSADA VELÁSQUEZ VS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN

Tema

Debido proceso, mínimo vital, vida digna. El actor solicita su reintegro laboral, ya que fue despedido por haber llegado a la edad de retiro forzoso, sin haberse realizado los trámites previos para que recibiera su pensión de vejez. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales, la condición de pertenecer al grupo de la tercera edad, el mínimo vital, el sentido de la pensión de vejez y su relación con el retiro forzoso, la inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 490 de 1998, se concluye que el actor es un sujeto de especial protección que se encuentra ante un perjuicio irremediable, por lo tanto se ordena reintegrar al actor hasta tanto empiece a percibir las mesadas pensionales que le corresponden. Concedida.
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 10    Expediente   T-2250663    Fecha sentencia   15-1-2010 0:00    Sentencia   T-009/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    PROMIGAS S.A. VS. SALA CIVIL FAMILIA-LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. La sociedad accionante adelanto un proceso abreviado de imposición de servidumbre y considera que en el trámite de ejecución subsiguiente, las autoridades accionadas incurrieron en abiertas irregularidades constitutivas de defectos sustantivos, fácticos y procedimentales. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las reglas para la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se concluye que no se evidencian errores en la valoración probatoria, tampoco se analizaron las pruebas de forma irrazonable o contra evidente, las conclusiones a las que llegan las autoridades accionadas se muestran acordes con un ejercicio legítimo de la autonomía judicial, por lo tanto la acción de tutela impetrada resulta improcedente. Niega.
Recibo Relatoria   3-3-2010 0:00


Item 11    Expediente   T-1815398    Fecha sentencia   19-1-2010 0:00    Sentencia   T-010/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ALFA ROSA FIGUEROA CASTRO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual le ha sido negada pese ha haber cotizado 1209 semanas. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y se pronuncia sobre la afectación de los derechos por la negación al reconocimiento de una pensión de vejez, cuando el accionante acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, se concluye que la actora es un sujeto de especial protección debido a su edad, y cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder a la pensión, por lo tanto se ordene a la entidad accionada, acceder a su reconocimiento y pago. Concedida.
Recibo Relatoria   23-3-2010 0:00


Item 12    Expediente   LAT-345    Fecha sentencia   20-1-2010 0:00    Sentencia   C-011/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV MVCC,SV JIPP,SV LEVS
Demandante / Demandado     VS. LEY 1278 DE 2009

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1278 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición”. La Corte realiza reiteración de jurisprudencia sobre la naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados, realiza la revisión de los aspectos formales y sustanciales, se encuentra que la Ley en cuestión, cumple con los requisitos constitucionales requeridos para ser considerada Ley de la República, por lo tanto se decide declarar su exequibilidad.
Recibo Relatoria   5-4-2010 0:00


Item 13    Expediente   D-7769    Fecha sentencia   20-1-2010 0:00    Sentencia   C-012/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    VICTOR HUGO TRUJILLO HURTADO VS. LEY 472 DE 1998 ARTÍCULO 65

Tema

Ley 472 de 1998, artículo 65 numeral 6, la norma demandada regula el contenido de la sentencia, la liquidación de los honorarios del abogado coordinador “que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente”, el demandante afirma que dicha expresión vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, considera que se está sustrayendo del patrimonio de las víctimas, sin su consentimiento, parte de la indemnización, que como justo resarcimiento del daño experimentado, debe ser entregado por el agente causante del daño, en cuanto al debido proceso alega que no es justo que se ordene que los gastos de apoderamiento o agencias en derecho salgan del patrimonio de las víctimas, incurriendo en una evidente contradicción que vulnera la observancia plena de la forma del juicio a que debe estarse. La Corte decide declararse inhibida , ya que en el texto de la demanda no se plantean argumentos que puedan ser estudiados de fondo en sede de constitucionalidad,
Recibo Relatoria   14-4-2010 0:00


Item 14    Expediente   D-7756    Fecha sentencia   20-1-2010 0:00    Sentencia   C-013/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARVIC LAURA CAROLINA CORTES TELLEZ Y OTROS VS. LEY 1280 DE 2009, ARTICULOS 1o y 2o

Tema

Ley 1280 de 2009, artículos 1 y 2 “por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la licencia de luto”, los actores consideran vulnerados los artículos 13 y 5 de la Constitución, debido a que ofrece un tratamiento desigual a trabajadores públicos y empleados privados, y desconoce el valor y solidaridad que proporciona una familia para soportar el dolor que genera la perdida de un ser querido. La Corte concluye que las razones aducidas no constituyen un cargo y por lo tanto decide declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre los apartes acusados. Inhibida
Recibo Relatoria   30-4-2010 0:00


Item 15    Expediente   D-7784    Fecha sentencia   20-1-2010 0:00    Sentencia   C-014/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    FABIAN LOPEZ GUZMAN VS. LEY 1258 DE 2008 ARTICULO 40

Tema

Ley 1258 de 2008 “por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada” artículo 40, la norma regula la resolución de tipos societarios el aparte demandado es el siguiente “incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales”, el demandante considera que el aparte acusado vulnera los siguientes artículos de la Constitución Nacional, artículo 1, debido a que definir legislativamente que los únicos que están destinados a resolver los conflictos de derecho societario son los tribunales de arbitramento, va en contra del sustrato filosófico en que se basa el Estado Social de Derecho, artículo 13, ya que se vulneran los derechos de los accionistas minoritarios, quienes por su situación económica, no pueden acudir fácilmente a un tribunal de arbitramento, es discriminatorio que el régimen especial de las SAS no permita la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria, artículo 29 considera que el cauce natural para conocer las controversias de que trata el aparte demandado es la justicia ordinaria, artículos 228 y 229 ya que a los socios minoritarios se les proscribe el derecho de acceso a la justicia ordinaria. La Corte pasa a realizar un análisis de los cargos de la demanda, se pronuncia sobre la libertad de configuración legislativa en materia de competencias jurisdiccionales y de resoluciones de conflictos, la evolución de la regulación estatutaria sobre la competencia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el alcance de la autonomía de la voluntad como criterio límite material a la competencia del arbitramento, la potestad de configuración legislativa para definir la posibilidad de que asuntos relativos a conflictos societarios de las SAS puedan resolverse mediante el arbitramento o la amigable composición, el derecho de acceso general a la justicia a través de la jurisdicción arbitral y sus limitaciones, la jurisprudencia de esta corporación sobre el artículo 194 del Código de Comercio y juicio de igualdad, se realiza un juicio de igualdad, se concluye que el legislador no ha desconocido los límites competenciales respecto de la justicia arbitral, por lo tanto no vulnera el debido proceso, no vulnera el derecho de acceso a la justicia porque el pacto respecto del sometimiento a la justicia arbitral debe ser un pacto unánime, no vulnera el principio de igualdad debido a que las SAS tienen propósitos, estructura, finalidades, regulación y forma de constitución sustancialmente diferentes a las sociedades reguladas por el Código de Comercio, por lo tanto se decide declarar la norma acusada EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 16    Expediente   D-7840    Fecha sentencia   20-1-2010 0:00    Sentencia   C-015/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ORLANDO PARRA ARCILA VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2008

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2008, artículo 1, el accionante alega que dicho artículo vulnera el artículo 125 de la Constitución. La Corte aclara que se configura cosa juzgada constitucional ya que el artículo demandado fue declarado inexequible en la sentencia 88 del 2009.
Recibo Relatoria   1-3-2010 0:00


Item 17    Expediente   T-2378785    Fecha sentencia   22-1-2010 0:00    Sentencia   T-016/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    STELLA QUIROGA PAEZ VS. CAJANAL EICE

Tema

Petición. La accionante solicita que se de respuesta de fondo a la petición presentada ante la entidad accionada desde febrero de 2009. La Sala se pronuncia sobre la procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho de petición, el plazo para resolver las peticiones por parte de las entidades que prestan el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y la situación particular de CAJANAL, se concluye que no existe justificación alguna del proceder de la entidad accionada, por lo tanto se ordena dar respuesta a la petición, de forma clara y precisa. Concedida.
Recibo Relatoria   26-3-2010 0:00


Item 18    Expediente   T-2405979    Fecha sentencia   22-1-2010 0:00    Sentencia   T-017/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    SUSANA BALANDA LARRAHONDO VS. ACCION SOCIAL

Tema

Igualdad, asistencia humanitaria. El esposo de la accionante, fue víctima de asesinato selectivo individual en el marco del conflicto armado interno, pese a ello no le ha sido otorgada la asistencia humanitaria, debido a que la entidad accionada no ha reconocido como prueba suficiente del móvil del asesinato, la certificación expedida por el Personero Municipal de la ciudad donde ocurrieron los hechos. La Sala se pronuncia sobre las personas víctimas de la violencia como sujetos de especial protección, el carácter fundamental del derecho a la asistencia humanitaria de las personas víctimas de la violencia política, mecanismos legales para acceder a la satisfacción del derecho a la asistencia humanitaria, se recuerda que la prueba emitida por el Personero del Municipio donde ocurrieron los hechos es suficiente para otorgar la asistencia humanitaria, por lo tanto se decide otorgar la protección de los derechos invocados. Concedida.
Recibo Relatoria   24-3-2010 0:00


Item 19    Expediente   T-2407837    Fecha sentencia   22-1-2010 0:00    Sentencia   T-018/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    EDIER SERPA PAEZ VS. SALUD TOTAL EPS

Tema

Mínimo vital, seguridad social, igualdad. El actor se encuentra cotizando a la empresa accionada como trabajador independiente, sufrió un trauma en el antebrazo por lo cual su médico tratante le emitió una serie de incapacidades, pero la entidad accionada se ha negado a cancelarlas debido a que el actor realizo el pago de algunos aportes de manera extemporánea, solicita se ordene el pago de las incapacidades adeudadas. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el pago de las acreencias laborales, el allanamiento a la mora en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y el pago de licencias por incapacidad general y el allanamiento en mora, se ordena a la entidad accionada devolver el valor de la incapacidad por enfermedad general del actor. Concedida.
Recibo Relatoria   26-3-2010 0:00


Item 20    Expediente   T-2386690    Fecha sentencia   22-1-2010 0:00    Sentencia   T-019/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    OMAR TRIANA CALLEJAS VS. ASMET SALUD Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. El actor fue víctima de la explosión de una bomba, ante lo cual requiere tratamiento médico especializado en la ciudad de Florencia, pero no tiene dinero para desplazarse y la EPS accionada no cubre los gastos de transporte por no encontrarse incluidos en el POS, además pese encontrarse afiliado al sistema de salud subsidiado en el nivel I le están exigiendo el pago de las cuotas moderadoras. La Sala se pronuncia sobre el cubrimiento del transporte y la estadía como medio para acceder a un servicio de salud, la exoneración de realizar los pagos moderadores, se encuentra que el actor es un sujeto de especial protección debido a su edad, por lo tanto se decide conceder la protección de sus derechos fundamentales y por encontrarse en el nivel I del SISBEN se le debe exonerar del pago de cuotas moderadoras. Concedida.
Recibo Relatoria   24-3-2010 0:00


Item 21    Expediente   T-2286669 Y OTROS    Fecha sentencia   25-1-2010 0:00    Sentencia   T-020/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JHON FREDY TORRES GIL Y OTROS VS. CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA

Tema

Debido proceso, educación y a escoger libremente profesión u oficio. Se realizó acumulación de procesos por unidad de materia. A los accionantes les fueron anulados el acta de grado y el diploma, debido a que después de haberles otorgado el grado, la institución educativa verificó que los documentos aportados respecto a la capacitación en un segundo idioma eran falsos, los accionantes aducen que en ningún momento les informaron del proceso para controvertir las pruebas o ejercer su derecho de defensa, por lo tanto solicitan se declare la nulidad de las resoluciones expedidas por la institución educativa accionada en las cuales se anularon sus respectivos títulos profesionales y se ordeno la devolución de los diplomas y las actas de grado. La Sala se pronuncia sobre el derecho fundamental a la educación, la autonomía universitaria, el derecho al debido proceso en los procesos administrativos y disciplinarios llevados a cabo por las instituciones universitarias, se observa que la entidad accionada acató las reglas del debido proceso ya que fue notificada la investigación iniciada a los actores, se les dio la oportunidad de presentar explicaciones, por lo tanto se considera que la accionada no vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes y en consecuencia tampoco se vulneraron los demás derechos invocados. Niega
Recibo Relatoria   22-2-2010 0:00


Item 22    Expediente   T-2388846    Fecha sentencia   25-1-2010 0:00    Sentencia   T-021/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    CELMIRA ISMELIA ROSAS VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a que tiene derecho debido al fallecimiento de su compañero permanente comenta que el causante padecía de VIH, y ella también se encuentra contagiada, por lo cual ha tenido dificultades para laborar y necesita atención médica constante. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la seguridad social como un derecho constitucional fundamental y su protección a través de la acción de tutela, la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se concluye que la accionante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia, por lo tanto se ordena a la entidad accionada, reconocer y pagar la pensión solicitada. Concede
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 23    Expediente   T-2202165    Fecha sentencia   25-1-2010 0:00    Sentencia   T-022/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LAUREANO AUGUSTO RAMÍREZ GIL VS. SALA DE CASACION LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante goza desde 1997 de su pensión de vejez, en el año 2003 la entidad accionada decidió sin previo aviso modificar el ingreso base para el reconocimiento del monto de la pensión, por lo tanto acudió a la justicia ordinaria, la cual fue agotada y falló a favor de CAPRECOM, por lo tanto el actor, solicita dejar sin efecto la sentencia de casación proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en su lugar ordenarle a la entidad acciionada que profiera una decisión en la cual incluya los derechos constitucionales indicados por él en el escrito de tutela. La Sala pasa en primer lugar a determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, al punto de revisar si las discrepancias interpretativas del juzgador sobre determinada disposición legal constituyen motivo válido para conceder el amparo constitucional, en el presente caso se encuentra que el único motivo por el cual el actor interpuso la acción de tutela es, por no encontrarse de acuerdo con la decisión proferida, más en efecto durante el proceso no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales del actor. Niega.
NOTA DE RELATORIA: Esta sentencia fue declarada NULA mediante auto 144 de fecha 21 de junio de 2012.
Recibo Relatoria   28-1-2010 0:00


Item 24    Expediente   T-2388681    Fecha sentencia   26-1-2010 0:00    Sentencia   T-023/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    WILLIAM MOSQUERA MACIAS VS. PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA E INPEC

Tema

Libertad de culto. El actor comenta que su creencia religiosa es el cristianismo evangélico, alega que el trato hacia sus pastores y creencias religiosas es discriminatorio por parte de las autoridades accionadas, debido a que el ingreso de su pastor es permitido solamente los días viernes, mientras que un sacerdote católico lo puede hacer cualquier día de la semana, en cuanto al espacio asignado para realizar el culto es muy reducido y en cuanto al tiempo solo se dispone de una hora y así relaciona algunos incidentes adicionales de discriminación, solicita se igualen las condiciones de su Pastor a las de un Sacerdote católico. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las relaciones de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad, el derecho a practicar un determinado culto religioso en condiciones de igualdad, en el contexto de un Estado laico, el papel que esta llamado a cumplir el juez constitucional en relación con la regulación interna de las cárceles y penitenciarias, se toma en cuenta el número de internos y la capacidad logística del centro carcelario a efectos de examinar la vulneración de los derechos, se ordena a la entidad accionada que le garantice los derechos a los internos a contar con el tiempo adecuado para realizar su respectivo culto, y a acordar un ingreso igualitario de sacerdotes y pastores de todas las iglesias y cultos reconocidos dentro de las restricciones de seguridad y las limitaciones logísticas del penal. Concedida.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 25    Expediente   T-2446933    Fecha sentencia   26-1-2010 0:00    Sentencia   T-024/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JULIO CESAR ALEGRÍA ERAZO VS. SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso. El actor fue condenado por el delito de hurto agravado, dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogota, interpuso recurso extraordinario de Casación, el cual fue indamitido y declarado desierto, señala que tan pronto se sucedió la notificación por estado, sin esperarse el término de ejecutoria ni ordenarse los traslados de ley respectivos, se produjo un auto claramente violatorio del debido proceso, ya que se declaro: “no es procedente el recurso de reposición contra la providencia mediante la cual se inadmite la demanda de casación”. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la vía de hecho en materia de interpretación de normas, se concluye que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, al decidir sobre el recurso de reposición, se avenía a derecho, en razón de que la interpretación dada al inciso segundo del artículo 187, no es contraria al ordenamiento jurídico vigente, por lo tanto se decide no acceder a la protección de los derechos invocados por el actor. Niega
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 26    Expediente   D-7858    Fecha sentencia   27-1-2010 0:00    Sentencia   C-025/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HELIODORO FIERRO MENDEZ VS. LEY 906 DE 2004 ARTICULOS 6 Y 448

Tema

Ley 906 de 2004, artículos 6 y 448, el artículo 6 regula la legalidad, el aparte acusado es el siguiente “al momento de los hechos” y el artículo 448 regula la congruencia el aparte acusado es el siguiente “no consten en la acusación”, el demandante considera vulnerado el artículo 29 de la Constitución ya que las disposiciones acusadas permiten que, en la práctica, se pudieran imputar cargos por un acto y luego se formulara la acusación por otro diferente, violándose de esta forma el derecho de defensa. La Corte hace un planteamiento general, se pronuncia sobre el principio de congruencia en un sistema penal, la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sobre el principio de congruencia, se decide declarar exequible el artículo 448 acusado y declararse inhibida para proferir un fallo de fondo sobre el artículo 6.
Recibo Relatoria   15-6-2010 0:00


Item 27    Expediente   T-2389570    Fecha sentencia   28-1-2010 0:00    Sentencia   T-026/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NORA YANCES RODRIGUEZ VS. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada por la muerte de su compañero permanente, la entidad accionada se negó a reconocerle el derecho argumentando la inexistencia de convivencia, ya que el señor se encontraba demandado por alimentos por la actora, sin embargo la accionante alega que no hubo rompimiento de la vida en común. La Sala se pronuncia sobre la existencia de otro mecanismo de defensa judicial eficaz, procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de sustitución pensional a favor de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, se encuentra que de las pruebas aportadas en el expediente, que la actora es un sujeto de especial protección con escasos recursos económicos, que depende de la pensión dejada por su compañero para poder sobrevivir, además se adjuntaron pruebas que demuestran que el causante convivió con la actora, por lo tanto se decide amparar los derechos invocados. Concedida.
Recibo Relatoria   26-3-2010 0:00


Item 28    Expediente   T-2385074    Fecha sentencia   28-1-2010 0:00    Sentencia   T-027/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NATIVIDAD PAEZ VS. ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Y OTROS

Tema

Vivienda digna, igualdad, vida digna mínimo vital. La accionante vive en una zona de alto riesgo, debido a ello se le otorgo un subsidió de vivienda para que se pueda trasladar a otro lugar, suscribió un contrato de promesa de compra venta con la constructora accionada, pero la escritura no ha sido firmada, ni se le ha entregado el inmueble, esto la ha perjudicado debido a que se le ha vencido el término dado por el subsidio, y se ha visto obligada a seguir viviendo en la zona de alto riesgo, solicita se ordene a la constructora accionada la entrega formal y a satisfacción del inmueble que adquirió, y que se exija el cumplimiento del contrato de compraventa celebrado con dicha constructora. La Sala se pronuncia sobre la procedencia del amparo al derecho a la vivienda digna, se concluye que a la actora no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, ya que no se evidencia un perjuicio irremediable y por lo tanto el conflicto debe ser resuelto ante la justicia ordinaria. Niega.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 29    Expediente   T-2330103    Fecha sentencia   28-1-2010 0:00    Sentencia   T-028/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    DIDIER JUVENAL GUTIERREZ GUTIERREZ VS. CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.

Tema

Debido proceso. El actor adquirió un bien inmueble a través de remate, cuando tomo posesión del mismo, la empresa de energía eléctrica le hizo llegar facturas por el valor de novecientos mil pesos, ante lo cual solicitó que se rompiera la solidaridad con el deudor anterior y se le permitiera cancelar la energía facturada después de la entrega del inmueble, sin embargo la entidad accionada se negó a acceder a las pretensiones del accionante. La Sala se pronuncia sobre la acción de tutela ante la suspensión o corte en la prestación de servicios públicos domiciliarios, se aplica la regla de ruptura de solidaridad ya que la empresa no suspendió el servicio después de dos periodos facturados. Concedida.
Recibo Relatoria   13-5-2010 0:00


Item 30    Expediente   T-2430372    Fecha sentencia   28-1-2010 0:00    Sentencia   T-030/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA IRMA CAMPO VS. GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y OTRO

Tema

Dignidad humana, igualdad, locomoción, trabajo. La actora señala que se encuentra sujeta al uso de silla de ruedas hace 20 años, vive en la Ciudad de Popayán y trabaja vendiendo lotería, comenta que la ciudad no tiene la infraestructura para personas con discapacidades lo cual le ha ocasionado problemas de movilidad e incluso ha sufrido lesiones, solicita se ordene a las entidades accionadas, la creación y adecuación de la infraestructura necesaria para personas que sufran de limitaciones físicas. La Sala entra a estudiar, la obligación del Estado de brindar una protección especial a las personas discapacitadas, los alcances de la libertad de locomoción y de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y edificios abiertos al público, se concluye que la violación del derecho fundamental se encuentra demostrada y por lo tanto la acción de tutela resulta procedente, se decide acceder a la protección de los derechos invocados. Concedida.
Recibo Relatoria   10-3-2010 0:00


Item 31    Expediente   D-7857    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   C-040/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV MGC, SV JIPCH, SV HASP
Demandante / Demandado    GILMA JIMENEZ GOMEZ Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 ARTICULO 13

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución política de Colombia”, los apartes acusados son: “la renuncia de 1 año antes de la elección al cargo al que aspire elimina la inhabilidad” “parágrafo transitorio, la inhabilidad establecida en el numeral anterior no aplicará para quienes hayan renunciado al menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para la realización de las elecciones al Congreso de la República en el año 2010”. Los demandantes consideran vulnerado el artículo 375 de la Constitución ya que en la aprobación y sanción del Acto Legislativo se contravinieron las reglas de, el principio de consecutividad, los límites a las competencias de las Comisiones Accidentales de Conciliación y el trámite de las solicitudes de votación nominal, hacen un análisis sobre el procedimiento legislativo seguido y sobre las reglas fijadas por la jurisprudencia de esta corporación en la sentencia C-332/05, alegan la falta de toda discusión y aprobación del apartado demandado en el cuarto y octavo debate, surtidos ante la Plenaria del Senado de la República, la extralimitación de las Comisiones de Conciliación al incluir en el texto al finalizar cada una de las vueltas del trámite legislativo y la inclusión del parágrafo transitorio de la segunda vuelta, sin que hubiera sido discutido y aprobado en la primera. La Sala estudia el trámite legislativo del artículo 13 del Acto Legislativo acusado, los requisitos de procedimiento para la aprobación de los proyectos del Acto Legislativo, los principios de consecutividad e identidad flexible, se encuentra que si bien la sentencia C-332/05 es pertinente para decidir el caso sometido a estudio, también existen diferencias pertinentes en cada caso, se concluye que para el caso del trámite de los apartes acusados se está ante un vicio de procedimiento, derivado de la violación de los principios de consecutividad e identidad flexible, yerro que afecta la constitucionalidad del trámite legislativo, dicho vicio no es subsanable, por lo tanto se declaran inexequibles los apartes acusados. Inexequible.
Recibo Relatoria   11-6-2010 0:00


Item 32    Expediente   T-2327536    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   T-033/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA VICTORIA PUYANA DE WILLIAMSON VS. JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia. La accionante celebro un contrato de promesa de compra venta, en el cual se incluyó una cláusula suspensiva, la actora considera que dicha cláusula se cumplió y por lo tanto presentó demanda civil para que se diera cumplimiento a lo pactado, pero las decisiones de primera y segunda instancia fueron adversas a sus pretensiones, considera que dichas providencias incurrieron en error fáctico por falta de valoración en las pruebas, desconocimiento del precedente vertical sentado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en materia de interpretación de las cláusulas contentivas de condiciones suspensivas y se incurrió en un defecto sustantivo, al interpretar indebidamente varias disposiciones del Código Civil. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el principio de inmediatez como criterio general de procedencia, el defecto sustancial o material como criterio específico de procedibilidad, desconocimiento del precedente como criterio específico de procedencia, el defecto fáctico o probatorio como criterio específico de procedibilidad, se concluye que la decisión atacada demuestra apego al ordenamiento jurídico, ya que se emplearon de manera razonable los criterios probatorios establecidos en la legislación procesal civil para valorar el acervo probatorio y para derivar una interpretación plausible de la real intención de las partes al suscribir la cláusula. Niega.
Recibo Relatoria   5-3-2010 0:00


Item 33    Expediente   T-2336831 Y OTRO    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   T-034/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LAURA MARÍA MONTENEGRO MARTÍN Y OTRA VS. ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO Y OTRO

Tema

Igualdad, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes argumentan tener la calidad de pre pensionadas y por lo tanto solicitan les sean aplicadas las normas de reten social, ya que fueron desvinculadas de sus cargos debido a los respectivos procesos de liquidación de las entidades accionadas. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el cumplimiento de la Ley sobre reten social, los programas de renovación de la administración pública y la aplicación del retén social, el alcance del reten social para las personas próximas a pensionarse, las mujeres cabeza de familia como sujetos de especial protección constitucional y el retén social, supresión y liquidación de las ESE accionadas en el marco del programa de renovación de la administración pública, en el primer caso se ordena a la entidad accionada el pago de los salarios y prestaciones dejadas de cancelar a la accionante desde la fecha de su despido hasta el momento en que la entidad fue totalmente liquidada, en el segundo caso se toma la misma decisión. Concedida.
Recibo Relatoria   5-3-2010 0:00


Item 34    Expediente   T-2388609 Y 2379850    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   T-035/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ANA ISABEL AGUAS LAMBRAÑO Y OTRA VS. NUEVA EPS Y COLMEDICA EPS

Tema

Salud, vida digna, seguridad social, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes fueron desvinculadas de las EPS accionadas, a solicitud de sus cónyuges, las actoras aducen que las EPS actuaron de manera arbitraria al cancelar sus afiliaciones como beneficiarias, ya que se encontraban en tratamiento médico. La Sala se pronuncia sobre el derecho fundamental a la salud y el principio de continuidad en la prestación del servicio, el debido proceso en la desafiliación de un beneficiario del sistema de seguridad social en salud por parte de una EPS, debido proceso en la desafiliación del cónyuge dependiente, se concluye que, las EPS accionadas no tenían el derecho de desafiliar a las accionantes, por lo tanto se ordena que sean nuevamente afiliadas y se les sigan prestando los servicios médicos requeridos. Concedida.
Recibo Relatoria   5-3-2010 0:00


Item 35    Expediente   T-2389037    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   T-036/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    DIOSELINA MORENO DE CASTRO Y OTO VS. OFICINA NACIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Y OTROS

Tema

Vida, vida digna, vivienda digna. La accionante vive desde hace varios años, en compañía de otros familiares, en una casa de habitación con lote e instalación de molinos para explotación minera. La vivienda está ubicada al lado de un puente que es zona de alto riesgo porque la quebrada no está completamente canalizada y periódicamente se forman grandes y peligrosas avalanchas de lodo, pantano y rocas, las cuales, en una oportunidad, destruyeron parcialmente la vivienda. No obstante la gravedad de los hechos, la Administración Municipal no ha adelantado ninguna gestión para minimizar los riesgos o proporcionarles una vivienda digna en otro lugar. La Sala de Revisión luego de analizar el caso detalladamente resuelve tutelar los derechos invocados e impartir varias órdenes a diferentes autoridades de los ámbitos municipal, departamental y nacional, tendientes a garantizar la protección de los derechos amparados. CONCEDID.
Recibo Relatoria   9-3-2010 0:00


Item 36    Expediente   T-2406455 Y 2396335    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   T-037/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA DEL ROCÍO COLORADO Y OTRA VS. CAPRECOM EPS Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes sufren de obesidad mórbida, por lo tanto solicitan la autorización de la cirugía bypass gástrico, pero las EPS accionadas se han negado a emitir dicha autorización, en el primer caso por considerar que la cirugía no está incluida en el POS y en el segundo caso debido a que la actora no ha presentado solicitud a la entidad para realizar el procedimiento. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la Salud como derecho fundamental, el problema de la enfermedad denominada obesidad mórbida y la cirugía bariátrica, en cuanto al primer caso se encuentra que la accionante necesita la cirugía debido a que ya se le han realizado otros tipos de tratamientos y no ha presentado ninguna mejoría, por lo tanto se ordena a la EPS autorizar el tratamiento requerido y se le recuerda que ya se le hizo un llamado de atención en la sentencia T 1201/08 sobre el bypass gástrico y su inclusión el POS, por lo tanto se ordena al Ministerio de Protección Social, que comunique a todas las entidades que prestan el servicio de salud en el régimen contributivo, que la cirugía bariátrica de bypass gástrico hace parte del POS, en el segundo caso se encuentra que la accionante no ha realizado las diligencias necesarias para solicitar la autorización del tratamiento ya que después de interponer la tutela se solicitó la cita con el especialista en cirugía bariátrica, servicio que no le ha sido negado, de esta manera no se puede presumir la negación del servicio cuando la persona no ha acudido ante la EPS, ni allega prueba de que el servicio le halla sido negado.
Recibo Relatoria   5-3-2010 0:00


Item 37    Expediente   T-2387042    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   T-038/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    YOMARIS ISABEL UTRIA VS. ELECTRICARIBE S.A. Y OTRO

Tema

Debido proceso. La accionante tiene una deuda con la entidad accionada debido a que su arrendatario no cancelo durante 5 años el servicio público de luz, por lo tanto presentó reclamación a la entidad accionada para que se rompiera la solidaridad y esta se negó a acceder a dicha solicitud. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir la facturación emitida por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, se concluye que la tutela en este caso resulta improcedente para obtener la protección del derecho alegado y no es el mecanismo judicial idóneo para dirimir la controversia planteada. Niega.
Recibo Relatoria   5-3-2010 0:00


Item 38    Expediente   T-2396452    Fecha sentencia   1-2-2010 0:00    Sentencia   T-039/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    GEISIL ZEA ORTEGA VS. SOCIEDAD INDUSTRIAS ST. EVEN S.A.

Tema

Trabajo, mínimo vital, salud, vida digna, derechos de los niños. La accionante padece de síndrome del túnel del Carpio, y fue despedida sin previa autorización del Ministerio, solicita se ordene a la empresa demandada su reintegro a un cargo que pueda desarrollar de acuerdo a su limitación física, hasta obtener su pensión por invalidez, ya que es madre cabeza de familia y no cuenta con ningún otro tipo de sustento tanto para ella como para su hijo. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos en estado de debilidad manifiesta, procedencia excepcional de reintegro laboral, cuando se trata de prevenir la vulneración del derecho a la protección laboral reforzada, se concluye que en este caso obra la presunción del despido debido a la precaria condición de salud de la accionante por lo tanto se concede el amparo de manera transitoria se ordena el reintegro laboral y el pago de las prestaciones dejadas de percibir. Concedida.
Recibo Relatoria   5-3-2010 0:00


Item 39    Expediente   T-2390690    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-041/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA VS. CONSEJO DE ESTADO

Tema

Debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia. El accionante comenta que inició un proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, alega que en el edicto de notificación de la sentencia se identificó el proceso con un código de radicación distinto al que se le asignó inicialmente, por lo tanto no pudo interponer el recurso correspondiente, ante lo cual interpuso acción de tutela solicitando la nulidad de la notificación, la acción fue denegada por el Consejo de Estado, mediante esta nueva acción solicita se revoque la decisión que negó la nulidad y se ordene al juzgado realizar nuevamente el trámite de notificación del fallo para presentar los recursos a que haya lugar. La Corte se pronuncia sobre la improcedencia de la acción de tutela contra acciones de tutela, en este caso es evidente que el actor interpuso acción de tutela contra tutela, bajo las mismas pretensiones y presupuestos de la primera acción, por lo tanto resulta improcedente. Niega.
Recibo Relatoria   11-5-2010 0:00


Item 40    Expediente   T-23226704 Y OTROS    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-044/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CAMILO ANTONIO SANCHEZ Y OTROS VS. ACCION PRESINDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Igualdad, vida, salud, libertad de circulación, presunción de inocencia, dignidad humana, demás derechos de la población desplazada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan, ayuda humanitaria de emergencia, prorroga de ayuda humanitaria, su inclusión en el RUPD, subsidio de vivienda, los cuales les han sido negados o han sido otorgados parcialmente, sin tener en cuenta las precarias condiciones a las que se encuentran sometidos, debido a su condición de desplazados. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar la protección de las personas en situación de desplazamiento y de las víctimas de la violencia originadas en el conflicto armado, luego pasa a pronunciarse sobre la extemporaneidad en la declaración de desplazamiento y en la solicitud de ayuda humanitaria para las víctimas de la violencia y el conflicto armado, y la fuerza mayor de un trastorno mental o de un sufrimiento hondo y duradero, la propiedad sobre un bien inmueble como causal para rechazar la solicitud de asignación de un subsidio para adquisición de vivienda nueva o usada, presentada por una persona desplazada, es generalmente válida, y excepcionalmente no lo es cuando la propiedad está ubicada en el sitio del cual la persona fue desplazada, el derecho a la prórroga de la asistencia humanitaria para la población en situación de desplazamiento, el derecho de petición de acceso a un proyecto de estabilización socioeconómica de las personas en situación de desplazamiento, se concluye que los derechos invocados por los accionantes fueron vulnerados, y por lo tanto se decide protegerlos, además se envía copia de la sentencia al Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, para que los oriente e instruya en el ejercicio y defensa de sus derechos. Concedida.
Recibo Relatoria   30-11-2010 0:00


Item 41    Expediente   T-2384972    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-045/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS VS. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Tema

Salud, vida digna, derechos de la población desplazada. El actor actúa como representante de varias mujeres víctimas de desplazamiento forzado, comenta que las señoras fueron obligadas a presenciar masacres donde fallecieron sus familiares esto les ocasiono trastornos psicológicos y psiquiátricos, pese a ello no han recibido, tratamientos médicos, psicológicos, y psicosociales de manera oportuna y adecuada. La Sala se pronuncia sobre las víctimas del conflicto armado interno, que además ostentan la calidad de desplazados, y su protección constitucional reforzada, la condición de víctima del conflicto armado interno que exige acciones específicas y concretas por parte del Estado en la prestación de los servicios de salud, la necesidad de que en la prestación de los servicios de salud a las víctimas de conflicto armado, se incluya la atención psicológica y psiquiatrica especializada e incorpore un enfoque psicosocial, se concluye que es evidente la vulneración de los derechos fundamentales, por lo tanto se ordena al Ministerio de Protección Sociales les realice a las accionantes una valoración médica especializada que incluya el diagnóstico por parte de profesionales en salud mental, dichos profesionales deberán hacerles seguimiento hasta su total reestablecimiento, se le ordena además coordinar acciones efectivamente conducentes a que los recursos financieros requeridos para costear los tratamientos estén disponibles y para que los obstáculos administrativos sean superados, ordena cubrir los gastos del transporte y alojamiento, se ordena vincular al tratamiento a los familiares de las accionantes con el fin de fortalecer la red de apoyo, por último se ordena a Acción Social que intervenga para determinar la situación de las accionantes. En cuanto a las medidas generales se ordena al Ministerio de Protección Social, que diseñe e implemente los protocolos, programas y políticas necesarias de atención en salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas de conflicto armado, sus familias y sus comunidades, especialmente en lo referido a la recuperación de los impactos psicosociales y se dan unas pautas de lo que deben contener estos programas. Concedida.
Recibo Relatoria   12-3-2010 0:00


Item 42    Expediente   T-2392945    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-046/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUZ EMILIA MALDONADO RODRIGUEZ VS. SUSALUD EPS

Tema

Vida, salud, seguridad social. La accionante sufre de trastorno depresivo el cual ha sido tratado con fluoxetina medicamento que se encuentra incluido en el POS, sin embargo no presentó ningún tipo de mejoría, por lo tanto acudió a un médico particular el cual le recetó el medicamento well butrín el cual no se encuentra incluido en el POS y su EPS se niega a autorizar su entrega ya que no fue prescrito por un médico adscrito, solicita el suministro del medicamento requerido. La Sala se pronuncia sobre las circunstancias en las que el concepto proferido por un médico tratante no adscrito vincula a la EPS obligándola a acatarlo, modificarlo o desvirtuarlo con base en criterios científicos y los requisitos jurisprudenciales para que la EPS proceda a autorizar un tratamiento o medicamento no POS, se ordena someter a estudio de un grupo multidisciplinario de especialistas del Comité Técnico Científico de la entidad accionada para que se evalúe el diagnostico y la prescripción emitida por el médico tratante y de encontrarse ajustado a las necesidades de la actora se autorice el tratamiento con el médico tratante. Concedida.
Recibo Relatoria   5-5-2010 0:00


Item 43    Expediente   T-2377159    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-047/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA ELENA QUINTERO NAVAS VS. CAFESALUD E.P.S.

Tema

Vida digna, salud, seguridad social, mínimo vital, diagnóstico. La accionante actúa como agente oficiosa de su menor hija quien sufre de “defecto congénito del tipo mielomeningocele lumbar” para lo cual adjunta el concepto de dos entidades de rehabilitación en las cuales se afirma que la menor requiere de un programa de rehabilitación que incluye atención de ortopédica, fisiátrica y terapéutica, la EPS de la cual es beneficiaria la menor se niega a autorizar el tratamiento por no encontrarse incluido en el POS. La Sala se pronuncia sobre los conceptos o prescripciones emitidas por médicos tratantes, derechos de los afiliados a ser diagnosticados por los médicos vinculados a su EPS, se concluye que las pruebas obrantes en el expediente sobre el tratamiento requerido por la menor no son idóneas, sin embargo se decide conceder el derecho al diagnóstico, por lo tanto se ordena a la EPS accionada que programe una valoración a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por los especialistas adscritos a su red de servicios con el propósito de establecer que tratamiento requiere la menor. Concedida.
Recibo Relatoria   5-5-2010 0:00


Item 44    Expediente   T-2336389    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-048/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA HIDALI HOYOS GOMEZ VS. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS ING

Tema

Vida, dignidad humana, igualdad, mínimo vital, derechos de los desplazados. La accionante es desplazada por la violencia, sufre de una enfermedad degenerativa que afecta su corazón, que le ocasionó una perdida de capacidad laboral del 83.80%, pese a ello el fondo de pensiones accionado no le ha reconocido la pensión por invalidez debido a que no cumple con el requisito de fidelidad. La sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el pago de prestaciones sociales, el derecho a la seguridad social y el principio de progresividad, la pensión de invalidez y los requisitos para acceder a ella, posición de la Corte Constitucional frente a la ley 860 de 2003, antes y después de proferir la sentencia 28 de 2009, se encuentra que los derechos de la actora han sido vulnerados por lo tanto se decide acceder a la protección de los mismos. Concedida.
Recibo Relatoria   5-5-2010 0:00


Item 45    Expediente   T-2331340    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-049/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ROSA AMELIA MANTILLA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL SANTANDER

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita se ordene a la entidad accionada resolver de fondo la solicitud de revocatoria directa presentada contra la resolución que negó el derecho de ella y de sus hijos a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su compañero permanente, en dicha resolución se les negó el derecho a la pensión por no demostrar la calidad de compañera permanente de la actora, ni tampoco se demostró que los menores fuesen hijos del causante. La Sala se pronuncia sobre, la acción de tutela como mecanismo definitivo de protección de los derechos fundamentales, el contenido carácter fundamental que impregna la esencia de la pensión de sobrevivientes para proteger el derecho al mínimo vital y los beneficiarios de la prestación económica, dentro del proceso aparece demostrado que los menores son hijos del causante y que su mínimo vital se encuentra afectado, por lo tanto se ordena a la entidad accionada incluirlos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en cuanto a la madre de los menores se le recuerda que puede acudir al proceso ordinario para la reclamación de sus derechos. Concedida.
Recibo Relatoria   5-5-2010 0:00


Item 46    Expediente   T-2174437    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-050/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ORLANDO LUIS LOPEZ LOZANO VS. CRUZ BLANCA EPS

Tema

Salud, vida digna. El actor solicita que la EPS accionada autorice el implante ocular que requiere, el cual fue prescrito por su médico tratante. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud, el derecho al diagnóstico, protección especial a personas de tercera edad, se ordena a la EPS someter al actor a la valoración de un grupo multidisciplinario de especialistas, quienes deberán señalar el procedimiento o tratamiento que se requiera para superar su afectación, se decide no autorizar de manera expresa a la EPS el recobro ante el FOSYGA, ya que será suficiente que se establezca que no está obligada ni legal ni reglamentariamente a asumirlos. Concedida.
Recibo Relatoria   16-6-2010 0:00


Item 47    Expediente   T-2292035 Y OTROS    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-051/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    A, B, C VS. EDATEL S.A. Y OTROS

Tema

Libre desarrollo de la personalidad, intimidad, buen nombre, honra, igualdad, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las autoridades demandadas se niegan a reconocer y a pagar la pensión de sobrevivientes de los peticionarios debido a que no cumplen con los requisitos establecidos en la sentencia C-336/08, y además la muerte de los causantes ocurrió en fecha anterior a la expedición de la mencionada sentencia. La Sala se pronuncia sobre los aspectos relacionados con la protección de los derechos fundamentales en sede de revisión, se encuentra que la situación de los peticionarios en el presente caso, es la misma de muchas personas que tienen derecho a acceder al reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente en iguales condiciones a las parejas heterosexuales pero por obstáculos injustificados se ven impedidas a ello, por lo tanto se procede a dictar un grupo de órdenes con efectos inter comunis, que pretendan hacer efectivo su derecho a acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en iguales condiciones en lo que hacen las parejas heterosexuales. Concedida.
Recibo Relatoria   27-1-2011 0:00


Item 48    Expediente   T-2380192    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-052/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV JCHP
Demandante / Demandado    JOSE GERMAN ALAVA APRAEZ VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Libertad de cultos, salud, vida en condiciones dignas, libre desarrollo de la personalidad. Al accionante le fue diagnosticada la enfermedad denominada Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. La afección se estaba tratando con esteroides pero los mismos fueron suspendidos por sus efectos colaterales y por ser solo un paliativo. Su médico tratante autorizó la realización de transplante alogenito de médula ósea como terapia de primera elección y como alternativa de tratamiento, prescribió el medicamento eculizumab. De acuerdo a la versión del médico, se le advirtió al demandante que este medicamento no estaba en venta en Colombia y tampoco tenía registro del INVIMA, además se le informó que la medicina solo le disminuiría los síntomas de la enfermedad y la necesidad de transfundir glóbulos rojos y que el tratamiento curativo era el transplante. El Comité Técnico Científico de la E.P.S. no autorizó la entrega del eculizumab por la falta del registro y por no estar incluido en el POS. El accionante por su parte rechazó el transplante de médula ósea por implicarle transfusión de hemoderivados, procedimiento prohibido por la religión que profesa. Para la Sala, la garantía de la libertad de cultos y la consecuente renuncia al tratamiento sugerido por la E.P.S., no hace perder al accionante el derecho a la continuidad en la prestación del servicio de salud y por ende, sigue latente el deber de la E.P.S. de otorgarle tratamientos alternativos que suplan el transplante de médula ósea rechazado. Concedida.


Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 49    Expediente   T-2382944    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-053/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CECILIA MARIA TERESA CHAVES VELA VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, trabajo, administración de justicia. La accionante comenta que trabajó para el Hospital de la Misericordia de Bogotá desde 1972 hasta 1997 y que durante este periodo dicho Hospital solo realizó aportes durante un año, por lo tanto inició un proceso laboral solicitando realizar las cotizaciones para que le sea reconocida su pensión de vejez, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, condenó al Hospital al pago de los aportes dejados de cancelar sin embargo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, revocó el fallo de primera instancia por considerar que el Hospital no debe reconocerle ningún otro derecho ni indemnización puesto que le otorgó la pensión convencional y además le paga la suma de ciento trece mil pesos mensuales que corresponden a la diferencia entre las pensiones compartidas, la actora alega que el Tribunal aplico indebidamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia por lo tanto solicita se deje sin efecto la decisión tomada por dicho Tribunal. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la pensión de jubilación, la pensión de vejez y la compatibilidad de las pensiones, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, derecho a las seguridad social en materia pensional y las características del Sistema General de Pensiones, la inoponibilidad de la mora patronal para el reconocimiento de la pensión de vejez, se encuentra que la providencia judicial atacada, vulneró el derecho fundamental al mínimo vital de la accionante quien además es una persona de tercera edad, lo cual hace que la acción resulte procedente, se concluye que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo, al interpretar indebidamente las disposiciones del sistema de seguridad social en pensiones y desconocer los precedentes jurisprudenciales, se decide acceder a las pretensiones de la accionante. Concede.
Recibo Relatoria   2-11-2010 0:00


Item 50    Expediente   T-2383584    Fecha sentencia   2-2-2010 0:00    Sentencia   T-054/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MANUEL OBDULIO PINEDA FRANCO VS. EMPRESA AGUAS DE GIRARDOT

Tema

Petición, debido proceso, igualdad, vida digna, seguridad social, derechos adquiridos. El accionante solicita se ordene a la empresa accionada resolver de fondo la petición de reclamación, respecto del consumo de agua de su vivienda ya que a su parecer el cobro es exagerado y no esta dispuesto a cancelar el valor de la factura hasta tanto no sea reajustada. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos con ocasión de la prestación de servicios públicos domiciliarios, el alcance y contenido del derecho constitucional de petición y las reglas que la jurisprudencia ha trazado para la efectividad de la garantía fundamental, se decide deja sin efectos las decisiones proferidas por la entidad accionada que rechazaron las solicitudes interpuestas por el accionante, se ordena a la entidad accionada realizar una visita técnica al actor, para que con base en los resultados de la misma y en la información que reposa en el expediente administrativo, de una respuesta que contenga una explicación precisa a la desviación significativa del consumo del predio del peticionario. Concede.
Recibo Relatoria   27-8-2010 0:00


Item 51    Expediente   D-7807    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   C-055/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JAIRO ARDILLA ESPINOSA VS. LEY 1098 DE 2006 ARTICULOS 129, 150, 158, 197, 199

Tema

Ley 1098 de 2006, artículos 129, 150, 158, 197 y 199, las normas demandadas regulan lo siguiente, artículo 129, como se regula la obligación alimentaría, el demandante considera que el legislador vulneró el artículo 2 de la Constitución, ya que no se puede hablar de un orden justo en la medida en que el Estado no le asegura al ciudadano colombiano un ingreso mensual, pero para efectos de declararlo civil y penalmente responsable, por alimentos presume que devenga un salario mínimo, artículo 150 práctica de testimonios, de menores de edad los cuales se realizarán por el Defensor de Familia o en su presencia cuando el interrogatorio lo deba hacer el Juez, según el demandante se vulnera el artículo 29 de la Constitución, ya que se desconocen principios propios del sistema procesal penal como los de la inmediación de la prueba, la concentración y contradicción, artículo 158 prohibición de juzgamiento en ausencia, los adolescentes no podrán ser juzgados en su ausencia y el proceso se suspenderá mientras se logre la comparecencia del procesado, en este caso el demandante considera vulnerado el derecho a la igualdad, ya que se estable un trato diferencial injustificado a los menores, frente a los adultos, artículo 197 incidente de reparación integral en los procesos en que los niños, niñas y los adolescentes son víctimas, aquí el actor considera vulnerado el debido proceso, ya que el incidente de reparación integral debe ser rogado, artículo 199 beneficios y mecanismos sustitutivos, delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, por último el demandante considera que este artículo vulnera el derecho a la igualdad. La Corte se pronuncia sobre, los niños, niñas y adolescentes en el orden constitucional, estudia la constitucionalidad del artículo 158 de la ley 1098 de 2006, se decide declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia”, bajo el entendido de que la misma no incluye al infractor contumaz o rebelde, y respecto de los demás apartes acusados decide declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   7-4-2010 0:00


Item 52    Expediente   D-7744    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   C-056/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV MVCC, SV JIPP, SV JIPC
Demandante / Demandado    MARIA FERNANDA OROZCO TOUS Y OTRO VS. DECRETO 1282 DE 1994 ARTICULO 6 Y LEY 707 DE 2003 ARTICULOS 9 Y 10

Tema

Decreto 1282 de 1994, artículo 6 “por el cual se establece el régimen pensional de los Aviadores Civiles”, Ley 797 de 2003 artículos 9 y 10 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales Exceptuados y Especiales”, el artículo 6 regula las pensiones especiales y transitorias de los aviadores, el artículo 9 regula los requisitos para obtener la pensión de vejez los apartes demandados son los siguientes “A partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre” “A partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015”, el artículo 10 modifica el monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas y la formula para calcularlo, los demandantes consideran que las normas acusadas vulneran los artículo 29, 53 y 59 de la Constitución, respecto de los derechos adquiridos por los aviadores civiles para obtener la pensión especial transitoria. La Corte concluye que ninguno de los cargos contenidos en la demanda satisface los requisitos de pertinencia, claridad y suficiencia, decide declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los fragmentos demandados
Recibo Relatoria   6-7-2010 0:00


Item 53    Expediente   D-7795    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   C-057/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV MVCC, SV JIPP, SV LEVS
Demandante / Demandado    NELSON EVELIO DELGADO FLOREZ VS. DECRETO-LEY 353 DE 1994 ARTICULO 24, LEY 973 DE 2005 ARTICULO 14

Tema

Decreto-Ley 353 de 1994 artículo 24 “Por el cual se modifica la caja de vivienda militar y se dictan otras disposiciones”, Ley 973 de 2005 artículo 14 “Por la cual se modifica el Decreto-ley 353 de 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones”, el artículo 24 regula el subsidio de vivienda para el personal vinculado al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, el aparte demandado es el siguiente “Dicho subsidio será reconocido en las cuantías que a continuación se relacionan: hasta 140 salarios mínimos legales mensuales para categoría oficial, hasta 80 salarios mínimos legales mensuales para suboficial, y hasta 70 salarios mínimos legales mensuales para quienes conserven la categoría de agente”, el artículo 14 adiciona los beneficiarios de los subsidios, el aparte demandado es el siguiente “los subsidios para el personal de Soldados Profesionales podrán reconocerse hasta en una cuantía equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales”, el demandante considera que los apartes acusados vulneran los artículos 1, 2 y 13 de la Constitución Política, debido a que establecen una ponderación de manera discriminada por grados, sin ninguna motivación para la entrega del subsidio de vivienda. La Corte concluye que el único cargo procedente es el de la vulneración al principio de igualdad, entra a estudiar, la facultad del legislador para determinar el régimen prestacional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el subsidio de vivienda para los miembros de la Fuerza Pública y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el carácter prestacional, no asistencial, de los subsidios de vivienda en la Fuerza Pública, la constitucionalidad de las diferencias de trato, se encuentra que la diferenciación de los sujetos a que se refieren las disposiciones demandadas obedece a criterios normativos, que responden a la lógica interna de organización de la fuerza pública, se encuentra que las tres categorías también se están en una situación de hecho distinta desde el punto de vista de su relación con el sistema de acceso a la vivienda de la fuerza pública, realizando mayores aportes las categorías mas altas, se concluye que las categorías no se encuentran en la misma situación de hecho, por lo tanto, no puede, por definición, predicarse de ellas violación al principio de igualdad, por lo tanto se declara la EXEQUIBILIDAD de las normas acusadas.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 54    Expediente   D-7813    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   C-058/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    HECTOR DUARTE DE FEX VS. DECRETO 110 DE 2004 ARTICULO 8

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 20 del artículo 8 del Decreto 1010 de 2004 “Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones”, el artículo octavo regula las funciones de la oficina asesora jurídica, el aparte acusado es el siguiente “Tramitar las reclamaciones de tipo laboral que presenten los ciudadanos colombianos que trabajen en las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en nuestro país” el actor considera que dicho numeral vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución, ya que pone en condición de desigualdad a los trabajadores de las Misiones Diplomáticas con los empleados del común ya que los primeros no cuentan con la opción de acudir a los inspectores de trabajo, y el segundo cargo formulado consiste en que los ciudadanos colombianos que trabajan en las misiones diplomáticas y consulares no tiene un juez natural, que les resuelva las controversias a través de un debido proceso. La Corte pasa a estudiar su competencia para examinar decretos con fuerza de ley expedidos con anterioridad a la Constitución de 1991, la competencia para ejercer control de decretos que compilan leyes o normas con fuerza de ley, competencia para examinar normas con fuerza material de leyes dictadas en virtud de Actos Legislativos, competencia para conocer de todos los actos de trámite proferidos en el curso de un referendo constitucional, competencia para conocer de los decretos expedidos por el Presidente con apoyo en las facultades que el confiere un artículo transitorio de la Constitución y la competencia para examinar instrumentos internacionales en virtud de órdenes proferidas por la Corte Constitucional con ocasión del estudio de Tratados internacionales, también se refiere a la incompetencia de esta corporación para conocer de los siguientes decretos basándose en el criterio material, los que materialmente son normas reglamentarias, los que desarrollan leyes marco o cuadro y los que se expidan en desarrollo del artículo 355 de la Constitución, se concluye que el Decreto demandado fue expedido en desarrollo de leyes marco, que aún implicando el ejercicio de una potestad reglamentaria ampliada, no deja de tener naturaleza o contenido material propio de un acto administrativo cuyo control judicial corresponde al Consejo de Estado y no a esta corporación, por lo tanto se decide proferir sentencia inhibitoria, por falta de competencia.
Recibo Relatoria   22-9-2010 0:00


Item 55    Expediente   D-7844    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   C-059/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARCELA PATRICIA JIMENEZ ARANGO VS. LEY 906 DE 2004 ARTÍCULOS 108, 294, 349 Y 454 Y LEY 1098 DE 2006 ARTÍCULO 189

Tema

Ley 906 de 2004, artículos 108, 294, 349 y 454 parciales y la ley 1098 de 2006, artículo 189 parcial. Las normas acusadas regulan lo siguiente, artículo 108, citación del asegurador, aparte demandado “exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”, la demandante considera que dicha expresión vulnera el principio de igualdad, el reestablecimiento del derecho y la protección de las víctimas, sostiene que el aparte establece un trato diferente entre los distintos intervinientes en la actuación penal, artículo, artículo 294 vencimiento del término, apartes acusados “de no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior” “ en este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso”, considera que esté artículo vulnera los artículos 250 y 251 de la Constitución, ya que todos los fiscales deben ser delegados por el Fiscal General de la Nación, , y todos los fiscales son competentes para conocer de la acción penal de todos los ciudadanos y de aquellos que gozan de fuero legal, artículo 349 improcedencia de acuerdo o negociaciones con el imputado o acusado, “en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo permanente”, la demandante considera vulnerados el principio de igualdad, los derechos fundamentales de las víctimas, y los principio de proporcionalidad y razonabilidad, ya que las víctimas de los delitos en donde el sujeto agente no obtenga incremento patrimonial, no podrán acceder al beneficio del que trata el artículo demandado, con lo cual se incurre en la vulneración de los derechos ya enunciados, artículo 454 principio de concentración, el aparte acusado es el siguiente “si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de los sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa de juicio oral se debe cambiar al juez”, imposición de la sanción, artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, imposición de la sanción, audiencia de juicio oral “se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio”, la demandante alega la vulneración del artículo 125 de la Constitución, considera que la repetición del juicio oral configura una violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a ser juzgado sin dilaciones injustificadas.
Respecto de las normas acusadas la Corte resolvió, artículo 108, frente a esta norma opera la el fenómeno de cos juzgada constitucional, ya que esta corporación ya analizó en detalle la operancia de la figura de tercero civilmente responsable en el nuevo proceso penal, en la sentencia 09 de 2009, artículo 294, en este caso se declara inhibida para proferir un fallo de fondo, por ineptitud de la demanda, ya que no se configura un cargo de inconstitucionalidad por cuanto no se relacionan realmente con el sentido y alcance que tiene el artículo legal acusado, artículo 349, después de analizar el caso se decide declara exequible la norma acusada y por último respecto de los artículos 454 de la Ley 906 de 2004 y 189 de la Ley 1098 de 2006, se decide declararlos exequibles, , pero se insiste en señalar que la repetición de las audiencias de juzgamiento deben ser excepcionales y fundadas en motivos serios y razonables.

Recibo Relatoria   7-4-2010 0:00


Item 56    Expediente   D-7806    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   C-060/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    INDIRA KATY VELEZ MURILLO VS. LEY 906 DE 2004 ARTICULO 454 PARCIAL

Tema

Ley 906 de 2004, artículo 454 inciso tercero, la norma regula el principio de concentración el aparte demandado es el siguiente “igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”, el actor considera que el aparte acusado vulnera el preámbulo de la Constitución en relación con el valor de justicia, ya que reanudar el juicio oral con un juez distinto del que le dio inicio al proceso constituye una violación al debido proceso. La Corte decide estarse a lo resuelto en la sentencia 59 de 2010, en donde se declar exequible el aparte acusado, ya que se encuentra que los cargos son esencialmente iguales.
Recibo Relatoria   21-6-2010 0:00


Item 57    Expediente   D-7818    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   C-061/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MAURICIO FERNANDEZ RODRIGUEZ TAMAYO VS. LEY 550 DE 1999 ARTICULO 58 NUMERAL 13

Tema

Ley 550 de 1999, artículo 58 numeral 13 “por la cual se estable un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”, la norma regula los acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales, el aparte demandado es el siguiente “durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad, de hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho”, el demandante considera vulnerados los artículos 2, 13, 95 y 229 de la Constitución, debido a que durante la negociación y vigencia de un acuerdo de reestructuración los acreedores no pueden acudir ante los jueces para hacer efectivo el pago de obligaciones surgidas con posterioridad a la celebración del acuerdo, desconociendo el deber del Estado de proteger los bienes de sus asociados, vulnera el derecho a la igualdad al dar el mismo tratamiento a los créditos surgidos con anterioridad y con posterioridad al acuerdo de reestructuración, cuando éstos últimos se encuentran en una situación fáctica diferente, desconoce el deber de las autoridades de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, porque se les exonera del cobro coactivo de sus obligaciones, y se vulnera el derecho de acceso a la justicia de los acreedores, ante la imposibilidad e reclamar judicialmente el pago de los créditos surgidos con posterioridad a la firma del acuerdo de reestructuración. La Corte encuentra que sobre la norma demandada ya se realizó pronunciamiento mediante la sentencia 93 de 2002, en donde se declaró exequible la norma demandada, por lo tanto se decide estarse a lo resuelto en la sentencia.
Recibo Relatoria   5-5-2010 0:00


Item 58    Expediente   T-2021850    Fecha sentencia   3-2-2010 0:00    Sentencia   SU-062/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JAVIER DE JESÚS TABORDA QUINTERO VS. ING PENSIONES Y CESANTIAS Y EL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social. El actor solicita el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, dicho traslado le fue negado por faltarle menos de 10 años para acceder a la pensión. La Corte pasa a pronunciarse sobre la seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela, los aspectos generales de los regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993, el régimen de transición del artículo 36, y el traslado de régimen en estos casos, el Decreto 3995 de 2008, el requisito de equivalencia del ahorro y las opciones ante su incumplimiento, se ordena a las entidades accionadas que procedan a verificar, de forma coordinada, el cumplimiento por parte del actor del requisito de equivalencia del ahorro, en caso de encontrarse satisfecho el requisito proceda al traslado de régimen, por último en caso de no cumplirse la exigencia de la equivalencia, darle al actor la posibilidad de aportar el dinero de la diferencia en un plazo razonable, para poder realizar el cambio de régimen. Concedida.
Recibo Relatoria   21-4-2010 0:00


Item 59    Expediente   D-7755    Fecha sentencia   4-2-2010 0:00    Sentencia   C-063/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    EMIGDIO VELASCO CALAMBÁS VS. LEY 1122 DE 2007 LITERAL I ARTÍCULO 14

Tema

Ley 1122 de 2007, artículo 14 literal i, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, la norma regula la organización del aseguramiento, el aparte demandado trata sobre la afiliación inicial de la población desplazada y de los desmovilizados, y a cargo de que entidad se encuentra dicha afiliación, el actor considera vulnerado el artículo 7 de la Constitución y los artículos 6, 7 y 25 del Convenio 169 de 1989, al incurrir en una omisión de naturaleza inconstitucional, ya que la norma afecta a la población desplazada indígena, sin haber realizado el procedimiento de consulta previa, además vulnera el principio de diversidad étnica y cultural en cuanto la obligación de afiliarse a una EPS determinada y distinta a sus necesidades culturales. La Corte se pronuncia sobre la universalidad y especificidad en los derechos humanos y su relación con el principio de diversidad étnica y cultural, el procedimiento de consulta previa, el sistema de protección social en salud previsto para las comunidades indígenas, el derecho de libre elección en el sistema general de seguridad social en salud, se concluye que no se encuentra razón suficiente para que se encuentre vulnerado el derecho a la posibilidad de afiliación al sistema de protección social en salud cuando las personas pertenecientes a la comunidad indígena hayan sido inscritas en el RUPD y gocen los beneficios del mismo, se declara exequible el aparte demandado pero en el entendido que la previsión en ella contenida no inhibe la posibilidad que los indígenas en situación de desplazamiento realicen su afiliación inicial a una EPS indígena. Exequible.
Recibo Relatoria   27-4-2010 0:00


Item 60    Expediente   T-2364128    Fecha sentencia   4-2-2010 0:00    Sentencia   T-064/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS DANIEL MORENO PIRAQUIVE VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Se reconoció a favor del actor el pago de la pensión sanción por parte de una empresa para la que el trabajaba, pero al momento de iniciar el proceso ejecutivo el Juzgado no libro mandamiento de pago por considerar que, los pedimentos de la demanda ejecutiva no se ciñen estrictamente a las condenas proferidas en la sentencia, por lo tanto apelo y el Tribunal accionado confirmó la decisión, el actor considera que se incurrió en un defecto sustantivo y en defecto fáctico, por falta de motivación de la decisión y por desconocimiento del precedente, además no se valoro el formulario de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social. La Sala hace reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, por defecto sustantivo y por defecto fáctico, también sobre las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por falta de motivación en la decisión y por desconocimiento del precedente, no se encuentran configurados los defectos alegados por el actor. Niega.
Recibo Relatoria   18-2-2010 0:00


Item 61    Expediente   T-2408580    Fecha sentencia   4-2-2010 0:00    Sentencia   T-065/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    VERA JUDITH CEBALLOS JIMENEZ VS. SALUDCOOP EPS Y OTRO

Tema

Salud, vida digna, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada. La accionante comenta que se vinculó a la sociedad accionada, mediante contrato a termino fijo, durante el desarrollo del contrato se enfermó de “dorsalgía” debido a que en el desarrollo de sus labores tenía que realizar grandes esfuerzos físicos, sin embargo fue despedida y no medio autorización del Ministerio de Protección Social. La Sala pasa a resolver un asunto previo, ya que la accionante explícitamente no formulo ninguna pretensión frente a Serviaseo S.A., se concluye que debido al carácter informal de la acción de tutela, de llegar a acreditarse la afectación a los derechos constitucionales, se le deberán impartir las ordenes necesarias para la protección de los mismos, luego se entra a estudiar, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quines se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión como resultado del deterioro de su estado de salud, el derecho a la continuidad en la prestación de los servicios médicos y la inoponibilidad que frente a la necesidad de acceder a los servicios de salud de un trabajador o extrabajador tienen las controversias surgidas entre una EPS y una ARP, se encuentra demostrado que tanto la Sociedad empleadora como la EPS, vulneraron los derechos de la actora por lo tanto se decide ordenar la reanudación del tratamiento médico y su reintegro laboral. Concedida.
Recibo Relatoria   16-3-2010 0:00


Item 62    Expediente   T-2410253    Fecha sentencia   4-2-2010 0:00    Sentencia   T-066/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ALVARO CAICEDO GAMBOA VS. COORDINADOR GENERAL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN PASIVO SOCIAL PUERTOS DE COLOMBIA

Tema

Seguridad social, debido proceso, mínimo vital, confianza legítima. El actor manifiesta que es pensionado hace 25 años, el pago de las mesadas pensionales se venían realizando cumplidamente, pero a partir del mes de mayo de 2009, dejaron de ser canceladas, debido a que se estableció que estaba recibiendo doble mesada pensional, considera vulnerados sus derechos fundamentales debido a que no se le dio oportunidad de pronunciarse, solicita se ordene reanudar el pago de sus mesadas sin solución de continuidad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a las actuaciones de la administración para garantizar el derecho de defensa y debido proceso, el derecho al mínimo vital especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se concluye que la razón aducida por la autoridad demandada no tiene entidad suficiente para desconocer las garantías mínimas que deben brindarse a los administrados en procura de un proceso legítimo, además se encuentra vulnerado el derecho al mínimo vital ya que la mesada pensional percibida por el actor es de un salario mínimo y el señor ya se encontraba acostumbrado a llevar un nivel de vida acorde a sus dos mesadas pensionales, además hay una persona que depende de él económicamente, por lo tanto el actor no puede verse afectado por la decisión unilateral de la entidad, se ordena reanudar el pago de las mesadas pensionales. Concedida.
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 63    Expediente   T-2353575    Fecha sentencia   4-2-2010 0:00    Sentencia   T-067/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOSE EVERARDO DEVIA VS. JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUE

Tema

Defensa, debido proceso. Contra el actor se adelanto un proceso de restitución de inmueble arrendado, alega que durante dicho proceso no fue escuchado, y el juzgado se fundamento en testimonios falsos por lo tanto incurrió en un error fáctico por indebida apreciación probatoria. La Sala recapitula el precedente jurisprudencial sobre los requisitos y causales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, recuerda lo dicho por esta corporación respecto de la constitucionalidad de la carga procesal del demandado de consignar los cánones de arrendamiento adeudados, o presentar los recibos de pago o de consignación, se reitera los expuesto por esta corporación en aquellos casos en los que a pesar de presentarse serias dudas sobre la existencia de contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico para la aplicación del artículo 424 del CPC, a el demandado se le niega la posibilidad de ser oído dentro del proceso de restitución, se concluye que el juzgado incurrió en un defecto fáctico al apoyar su decisión en una prueba que no permitía, demostrar con certeza la existencia del mencionado contrato de arrendamiento, se ordena oír al accionante y garantizarle, sus derechos fundamentales. Concedida.
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 64    Expediente   T-2249911    Fecha sentencia   4-2-2010 0:00    Sentencia   T-068/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HSP
Demandante / Demandado    NIDIA ROSARIO CHAGUENDO PALECHOR VS. ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

Tema

Vivienda, derechos de los niños, mínimo vital, derechos de la población desplazada. Comenta la accionante que ella y su grupo familiar son desplazados por la violencia, por lo tanto decidieron ubicarse en el Municipio de Fusagasuga, en donde llegaron a ocupar por invasión una vivienda de interés social, de la cual la Alcaldía los esta desalojando, solicitan se suspenda la diligencia de lanzamiento. La Sala se pronuncia sobre la vulnerabilidad extrema de la población desplazada y la obligación de brindarle un trato preferencial, la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda en el caso de la población desplazada, el principio de progresividad y los derechos de los desplazados, incidencia del desplazamiento violento en los derechos fundamentales de subgrupos de población desplazada: niños, mujeres y personas de tercera edad, el estado de cosas inconstitucional en el caso de los desplazados, el desalojo forzoso en el caso de los desplazados, se concluye que a los actores se les están vulnerando sus derechos fundamentales, situación que se ha prolongado y reiterado por casi tres años, la violación de sus derechos no es imputable a una sola autoridad municipal o nacional, sino que obedece a un problema estructural que afecta toda la política de atención al desplazado, y para cuya inejecución no se pueden aducir, ni la carencia de recursos destinados a financiarla, ni la deficiencia institucional para ejecutarla, se ordena la suspensión definitiva de la diligencia de lanzamiento y también se ordena a Acción Social brindarle las ayudas necesarias hasta lograr su estabilización socio-económica. Concedida.
Recibo Relatoria   18-3-2010 0:00


Item 65    Expediente   T-2426390 Y OTROS    Fecha sentencia   4-2-2010 0:00    Sentencia   T-069/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    ZARAY HURTADO MURILLO Y OTROS VS. SECRETARIA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN Y OTROS

Tema

Mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes se encontraban vinculadas a las entidades accionadas, mediante distintos tipos de contratos de trabajo y fueron despedidas luego de haber informado a sus jefes sobre su estado de embarazo. La Corte realiza reiteración de jurisprudencia sobre, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se pronuncia sobre la ausencia de aviso sobre el estado de embarazo y su no habilitación al empleador para desvincular a la mujer gestante, el fuero de maternidad el cual opera independientemente del tipo de vinculación, la aplicación directa del principio constitucional de solidaridad en los casos de desvinculación laboral de la mujer embarazada, derecho a la no discriminación por razón de género, se concluye que los derechos de las accionantes fueron vulnerados y por lo tanto se decide amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante, se ordenan las respectivas reincorporaciones, y su afiliación y a sus hijos por el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en salud. Concedida.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 66    Expediente   D-7777    Fecha sentencia   10-2-2010 0:00    Sentencia   C-070/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JORGE LUIS PABON APICELLA VS. LEY 712 DE 2001 ARTÍCULO 35

Tema

Ley 712 de 2001, artículo 35 “por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”, la norma demandada regula el principio de consonancia, en el cual se dice que la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación, el actor considera quebrantado el artículo 2 de la Constitución, pues se desconoce la garantía y efectividad de los derechos constitucionales sean fundamentales o no, dado que si existe alguna vulneración el juez no tendría competencia para asegurar la efectividad de esos derechos, aunque su desconocimiento resulte evidente. La Corte hace mención de la sentencia 68 de 2003, y se ordena estarse a lo resuelto en dicha sentencia.
Recibo Relatoria   30-4-2010 0:00


Item 67    Expediente   D-7821    Fecha sentencia   10-2-2010 0:00    Sentencia   C-071/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    NIXON TORRES CÁRCAMO VS. LEY 1116 DE 2006 ARTÍCULO 50 NUMERAL 5

Tema

Ley 116 de 2006, artículo 50 “por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones” la norma regula los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial y los efectos que genera, el aparte acusado regula la terminación de los contratos de trabajo, en los procesos liquidatorios, el actor considera que el aparte demandado vulnera el derecho al trabajo, debido a que no se le exige al empleador ningún requisito para poder dar por terminados los contratos de trabajo, además porque los empleados tienen derecho a permanecer vinculados, hasta tanto se constate que sus actividades no son necesarias para el desarrollo propio de la liquidación judicial, vulnera el debido proceso administrativo como quiera que los trabajadores tienen derecho a que su permanencia en la entidad en liquidación judicial, obedezca de forma directa y real a la no necesidad de sus actividades o funciones, por último afirma que los trabajadores quedan convertidos en simples acreedores del proceso de liquidación judicial, lo cual afecta su derecho al mínimo vital. La Corte se pronuncia sobre el alcance de la garantía de estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores en el marco de procesos de liquidación de empresas privadas, la protección laboral contra el despido colectivo, se concluye que los derechos invocados no están siendo vulnerados, en razón a que se trata de una medida que no obedece a la voluntad incontrolada del empleador, ya que se encuentra justificada en razones fundadas en la necesidad de proteger el crédito y de propiciar un mejor aprovechamiento de los activos en beneficio de todos los acreedores, por lo tanto se decide declarar la norma acusada EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   29-4-2010 0:00


Item 68    Expediente   D-7817    Fecha sentencia   10-2-2010 0:00    Sentencia   C-072/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ VS. LEY 270 ARTICULO 150 NUMERAL 6

Tema

Ley 270 de 1996 artículo 150 numeral 6 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, la norma regula las inhabilidades para ejercer cargos en la rama el aparte demandado es el siguiente “Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos culposos”, el demandante considera que la norma acusada desconoce los artículos 13, 25 y 28 de la Constitución Política, debido a que se impone una pena perpetua a quien haya cometido un delito pese ha haber cumplido con la pena, vulnerando así los derechos a la igualdad, al trabajo y a la garantía de prohibición de imprescriptibilidad de las penas, además considera vulnerado el artículo 122 constitucional al establecer una inhabilidad más estricta que la prevista por la norma constitucional para el efecto. La Corte pasa a establecer si respectó del numeral 6 operó el fenómeno de cosa juzgada constitucional, entra a estudiar la jurisprudencia relativa al control constitucional de los proyectos de ley estatutaria, se concluye que el cargo presentado por el demandante, según el cual la norma acusada desconoce el inciso 5 del artículo 122 de la Carta no puede prosperar y se ordena estarse a lo resuelto en la Sentencia 37 de 1996, por haber operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional.
Recibo Relatoria   6-7-2010 0:00


Item 69    Expediente   D-7836    Fecha sentencia   10-2-2010 0:00    Sentencia   C-073/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARCELA MILEIDI MUÑOZ TOBON VS. LEY 1121 DE 2006 ARTÍCULO 26

Tema

Ley 1121 de 2006, artículo 26, la norma acusada regula la exclusión de beneficios y subrogados cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, la accionante considera vulnerados los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 28, 29, 34, 42, 44, 93, 158 y 169 de la Constitución, debido a que el legislador se extralimito al negarle al procesado cualquier posibilidad de hacer menos gravosa su pena, la norma conduce a una reclusión vitalicia, además establece un trato diferente y discriminatorio, vulnera el debido proceso por imponer una cadena perpetua disimulada, se vulneran los derechos del núcleo familiar y de los niños por cuanto siempre será negada la detención preventiva en el lugar de residencia, por último asegura que el artículo demandado no encaja dentro del título. La Corte se pronuncia sobre el contenido y alcance de la disposición acusada, la evolución normativa y jurisprudencial en materia de negación del otorgamiento de beneficios penales a determinados delitos considerados especialmente graves, realiza un análisis de inconstitucionalidad por violación al principio de unidad de materia, la violación al derecho a la igualdad, los cargos no prosperan por lo tanto se decide declarar la norma acusada exequible.
Recibo Relatoria   25-5-2010 0:00


Item 70    Expediente   T-2378662    Fecha sentencia   10-2-2010 0:00    Sentencia   T-042/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JUAN DE DIOS GUTIERREZ PIMIENTA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Y OTROS

Tema

Seguridad social, debido proceso, igualdad, mínimo vital. El actor solicitó la pensión especial de vejez, a la cual considera tener derecho debido a la labor de alto riesgo que desempeñaba en la empresa accionada, dicha pensión le fue negada al considerar que no se certificó que el actor ejerciera actividades de alto riesgo y que la empresa accionada no aportó el 6% adicional que le correspondía por ser una pensión especial, alega además que es una persona de tercera edad que padece de graves quebrantos de salud y no tiene otros medios para subsistir. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar la pensión especial de vejez, el derecho a la pensión especial de vejez, la mora en el pago de aportes y cotizaciones a pensión, se encuentra que el actor tiene derecho al reconocimiento de su pensión especial debido a que, en la convención colectiva de la empresa se especificaba que la labor del actor es de alto riesgo y respecto al pago adicional de aportes del 6%, la entidad encargada del pago de la pensión deberá realizar el cobro directamente a la empresa y el actor no debe verse perjudicado por la mora patronal. Concedida.
Recibo Relatoria   24-3-2010 0:00


Item 71    Expediente   T-2376548    Fecha sentencia   10-2-2010 0:00    Sentencia   T-043/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CIRO ANTONIO ROJAS AGUDELO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA LABORAL

Tema

Debido proceso, asociación sindical, trabajo, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que fue despedido pese a que gozaba de fuero sindical, el Tribunal accionado en acción especial de fuero sindical, decidió no acceder a la protección del fuero argumentando que la empresa se encuentra en liquidación y por lo tanto ya no existe, el actor considera que dicha decisión incurrió en varias vías de hecho, en defecto sustantivo por aplicación indebida de la ley laboral, en defecto fáctico y orgánico por considerar sin pruebas que la empresa dejó de existir jurídicamente, solicita se deje sin efectos la sentencia proferida y se ordené su reintegro y los salarios dejados de percibir. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, se concluye que el debido proceso fue acatado por lo tanto no se encontraron probadas las vías de hecho planteadas por el actor. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 72    Expediente   T-2226759    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-074/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    VICTOR HUMBERTO MARMOLEJO Y OTROS VS. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO

Tema

Igualdad. Los accionantes alegan que la excención tributaria prevista en el artículo 206 del Estatuto Tributario, debe ser aplicada a todos los magistrados, consideran que su derecho a sido vulnerado por la entidad accionada debido a que se emitió una circular, que ordenaba que a partir de junio del 2008 se deje de aplicar la exención provista a los Magistrados de los Tribunales Seccionales de la Judicatura, sin embargo la excención se sigue aplicando a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y a los Tribunales Administrativos. La Corte cita la sentencia C-748-09 y el alcance del inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, se concluye que frente al caso se presenta un hecho superado ya que la circular dejó de aplicarse desde mayo de 2009 y mediante la citada sentencia, se zanjó de manera definitiva el asunto.
Recibo Relatoria   24-2-2010 0:00


Item 73    Expediente   T-2407067    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-075/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA LILIANA ALVAREZ OSSA VS. INDUSTRIAS VERA S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital, trabajo. La accionante se vinculó a la empresa accionada mediante contrato laboral a término fijo, desempeñando oficios varios, en febrero de 2007 sufrió un accidente de tránsito el cual le dejó secuelas, sin embargo se reincorporo a su trabajo, el médico tratante envió una serie de recomendaciones a la empresa respecto su entorno laboral, en abril de 2009 se le notificó la terminación del contrato. La Sala se pronuncia sobre la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral, salvo que se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada, la protección laboral reforzada de trabajador discapacitado o afectado con limitaciones, se concluye que la accionante se encuentra en una situación en la cual la Constitución erige un manto de protección laboral reforzada debido a su discapacidad física, se ordena el reintegro laboral y el pago retroactivo de sus derechos laborales y de seguridad social dejados de percibir. Concedida.
Recibo Relatoria   13-5-2010 0:00


Item 74    Expediente   T-2360749    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-076/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JOSE TOMAS ABRIL SABOYA VS. SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y OTROS

Tema

Mínimo vital. El actor solicita mediante acción de tutela la indexación de su mesada pensional después de haber agotado todo el trámite ordinario. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra las sentencias judiciales, el agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, el reconocimiento de indexación de la primera mesada pensional a través de la acción de tutela, se verifica si están satisfechas las causales genéricas de procedibilidad, se decide conceder la protección de los derechos invocados y se ordena indexar la mesada pensional del actor conforme a la fórmula adoptada en sentencia 98 de 2005. Concedida.
Recibo Relatoria   5-4-2010 0:00


Item 75    Expediente   T-2406359    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-077/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MANUEL ALIRIO MEAURY FLOREZ VS. CAJANAL EICE

Tema

Petición, seguridad social. El actor señala que han transcurrido 19 meses desde que presentó el derecho de petición y la entidad accionada no le ha dado respuesta. La Sala se pronuncia sobre el término para la resolución de peticiones en asuntos pensionales en el caso de CAJANAL, se decide acceder a la protección del derecho invocado, se le ordena que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, profiera una resolución que satisfaga de fondo la resolución elevada por el demandante. Concedida.
Recibo Relatoria   11-5-2010 0:00


Item 76    Expediente   T-2418585    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-078/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    NESTOR IVAN OSUNA VS. FISCALIA 21 DE CARTAGENA Y FISCALÍA CUARTA ANTE EL TRIBUNAL DE CARTAGENA

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad e interés superior del menor. El actor interpuso la acción actuando como representante de la señora María y su hija Laura (nombres reemplazados por seguridad de la menor), la cual fue abusada sexualmente por su padre, sostiene el actor que en el proceso llevado a cabo contra el presunto abusador, las dos instancias investigadoras descartaron las pruebas técnicas y solo se analizaron las pruebas testimoniales de personas que conocían al sindicado, algunas con cercanía familiar y dependencia económica respecto del mismo, solicita dejar sin efecto la Resolución, proferida por la Fiscalía accionada, y ordenar que se profiera una nueva resolución, en la que se haga una valoración probatoria acorde con los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica, reestablecer la medida cautelar de protección de la menor, en el sentido de ordenar de manera provisional al sindicado, se abstenga de tener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la menor. La Corte entra a estudiar si en el presente caso, se configura una causal de procedibilidad por indebida valoración probatoria, hace reiteración de jurisprudencia de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, estudia el defecto fáctico en la jurisprudencia constitucional, por no valoración del acervo probatorio y por valoración defectuosa del material probatorio, se pronuncia sobre el bloque de constitucionalidad en torno a la protección de los niños, los criterios jurídicos para determinar el interés superior del menor, los derechos de las víctimas de delitos a la luz de la jurisprudencia constitucional, después de analizar el caso, se encuentran evidentes defectos sustantivos en las decisiones de las Fiscalías accionadas, ya que el deber de los fiscales que fallaron la investigación era velar por la protección del interés superior de la menor, y no deducir consecuencias jurídicas de una falta de comparecencia que no era legalmente exigible, por lo tanto se ordena dejar sin efectos la Resolución proferida por la Fiscalía accionada y se ordena a la Unidad Delegada ente el Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena que profiera una nueva resolución, en la que se haga una valoración probatoria acorde con los argumentos expuestos en la providencia y se ordena al Bienestar Familiar, con sede en Cartagena, que de manera inmediata, realice las diligencias necesarias para amparar a la menor. Concedida.
Recibo Relatoria   2-3-2010 0:00


Item 77    Expediente   T-2398982    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-079/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SENIDE LOPEZ OROZCO VS. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tema

Debido proceso, igualdad, propiedad y vivienda digna. La accionante señala que celebró un contrato de cuentas en participación con Construcciones Guaymaral Ltda. en noviembre de 2006, se le inició a dicha empresa un proceso de liquidación pero en el auto de graduación y calificación de créditos no fue reconocido su crédito, alegando que no acreditó la cuantía de la obligación, la accionante argumenta que la obligación y la cuantía presentadas por ella son claras, por lo tanto considera que la entidad accionada incurrió en una vía de hecho. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia respecto de la naturaleza jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia de Sociedades, al actuar como juez en los procesos concúrsales previstos por la Ley 222 de 1995, se refiere a la doctrina de esta Corporación en relación con la tutela contra providencias judiciales y resalta los elementos constitucionalmente relevantes de los procesos concúrsales, se encuentra que la actora no interpuso la tutela en un plazo razonable, y no presentó justificación alguna para presentarla tantos meses después de proferido el auto de graduación y calificación de créditos. Niega.
Recibo Relatoria   25-2-2010 0:00


Item 78    Expediente   T-2426580    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-080/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    BENJAMIN NAVARRO SANCHEZ VS. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL TOLIMA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor solicita el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva a que tiene derecho, la entidad accionada se ha negado a reconocerla debido a que dichas cotizaciones fueron realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de los derechos prestacionales, el régimen aplicable a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez para personas que cotizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no alcanzan a cumplir con los requisitos para disfrutar de esa prestación, se decide conceder el amparo definitivo al mínimo vital, atendiendo a las particulares circunstancias por las que atraviesa el actor y a la calidad de sujeto de especial protección constitucional, se ordena el pago de la indemnización sustitutiva. Concedida.
Recibo Relatoria   10-3-2010 0:00


Item 79    Expediente   T-2486272    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-081/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARÍA AGRIPINA PEREZ DE GUTIERREZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital y movil. La accionante es una persona de tercera edad, solicitó la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su hijo dicha pensión fue negada mediante fallo judicial, por lo tanto solicitó a la entidad accionada que le reconociera la indemnización sustitutiva pero la entidad se negó a cancelar la indemnización alegando que ha operado el fenómeno de prescripción, por lo tanto mediante esta acción solicita el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva junto con los intereses moratorios. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia, sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la indemnización sustitutiva y la inoperancia de la prescripción para solicitar su reconocimiento, se considera que los derechos de la accionante han sido vulnerados y por lo tanto se ordena a la entidad accionada que realice el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente. Concedida.
Recibo Relatoria   10-3-2010 0:00


Item 80    Expediente   T-2408290    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-082/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ECOPETROL S.A. VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR

Tema

Debido proceso, derecho de defensa. La entidad accionante solicita la nulidad de dos autos expedidos por el Tribunal accionado, en los cuales se declara la nulidad de lo realizado en cumplimiento una sentencia en la cual en acción de cumplimiento se decidió que la entidad accionante no había incumplido con el pago de sus obligaciones, la actora considera que el Tribunal accionado carecía de competencia. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el cumplimiento del fallo como concreción del derecho al acceso a la administración de justicia, el cumplimiento de los fallos judiciales en acción de cumplimiento, se concluye que al Tribunal le asistía plena competencia para garantizar la eficacia de su fallo. Niega.
Recibo Relatoria   27-5-2010 0:00


Item 81    Expediente   T-083    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-083/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LUS OMAR BUSTOS AHON VS. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA

Tema

Trabajo, mínimo vital, debido proceso. El actor comenta que trabaja como carpintero en una cooperativa en el puerto de Buenaventura, en abril de 2008 fue sometido a una requisa, realizada por la Policía Antinarcóticos, en donde se le encontró una segueta y un cello, los cuales le fueron decomisados pero no se le informó nada más, después de un tiempo cuando se disponía a entrar al muelle le informaron, que su acceso estaba bloqueado por un año y se le informó que la sanción le fue impuesta debido a que los objetos encontrados no eran parte de su dotación de trabajo, solicita el levantamiento de la medida. La Sala declara la carencia actual de objeto por daño consumado.
Recibo Relatoria   11-3-2010 0:00


Item 82    Expediente   T-2405224    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-084/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ORANGEL EVELIO MENDOZA GUARDIA VS. JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, primacía de la realidad sobre las formas. El accionante comenta que inició un proceso ordinario laboral contra el ISS con el fin de que se declare la existencia de un contrato realidad y por lo tanto se le paguen todas las prestaciones legales, la existencia del contrato fue reconocida pero se estimaron prescritas las prestaciones reclamadas, debido a que se contabilizo desde el momento en que se causaron las obligaciones, solicita que se le de aplicación a primacía de la realidad sobre las formas y a acceder a la administración de justicia, y se de una interpretación menos lesiva, adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado que consiste en contabilizar la prescripción desde que se declara la existencia del contrato realidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sobre el defecto de las providencias judiciales cuando violan de forma directa alguna de las prohibiciones expresas o razonablemente deducibles de las disposiciones constitucionales, se pasa a estudiar si, las providencias cuestionadas vulneran la Constitución porque no satisficieron los principios de primacía de la realidad y de acceso a la justicia, se concluye que la prescripción de la acción para reclamar prestaciones laborales derivadas del contrato realidad, ha debido ser contada en alguna de las formas que pudiese beneficiar al actor, se decide conceder el amparo impetrado y dejar sin efectos las providencias laborales, se ordena volver a expedir la sentencia. Concedida.
Recibo Relatoria   30-11-2010 0:00


Item 83    Expediente   T-2488759    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-085/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RUSMIRI PEREZ SUAREZ VS. ACCION SOCIAL

Tema

Vivienda digna, petición, mínimo vital, derechos de la población desplazada. Solicita la accionante la prorroga de la ayuda humanitaria de emergencia, ya que ha elevado esta solicitud a la entidad accionada en varias ocasiones sin obtener ningún tipo de respuesta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela en materia de desplazamiento forzado, la protección especial de las personas en condición de desplazamiento, RUPD, la ayuda humanitaria de emergencia para la población en condición de desplazamiento, se decide otorgar la protección de los derechos invocados y se advierte al juez de instancia que deberá en adelante atender los criterios de la Jurisprudencia de esta Corporación. Concedida.
Recibo Relatoria   5-4-2010 0:00


Item 84    Expediente   T-2408950    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-106/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    DENIS MARIA GOMEZ HERRERA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Dignidad humana, vida, mínimo vital, demás derechos de la población desplazada. La accionante es desplazada, solicita ser individualizada junto con su núcleo familiar en el RUPD, ya que no ha podido recibir las ayudas correspondientes por que aparece en el grupo familiar de su madre, que se le acredite su condición de desplazada y que se le brinden las ayudas a que tiene derecho, presentó derecho de petición en septiembre de 2008 y aun no se le ha dado ningún tipo de respuesta. La Sala se pronuncia sobre la acción de tutela como mecanismo judicial idóneo para amparar los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado, el derecho de petición como principio fundamental y el deber de respuesta a personas en situación de desplazamiento forzado, se encuentra que los derechos fundamentales de la accionante han sido vulnerados por Acción Social, por lo tanto se le ordena dar respuesta al derecho de petición, su inscripción en el RUPD, y la entrega de las ayudas humanitarias correspondientes. Concedida.

Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 85    Expediente   T-2429191    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-107/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JAIRO JAVIER FERNANDEZ SABOGAL VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Debido proceso, igualdad, seguridad social. El accionante sufre de una pérdida de capacidad laboral del 66.8%, solicita el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual no le ha sido otorgada por no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 758//90. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de la pensión de invalidez, el perjuicio irremediable, las personas discapacitadas, la pensión de invalidez como parte integral del derecho a la seguridad social, se concluye que de las pruebas allegadas al proceso no hay lugar a deducir que el derecho pensional que reclama el demandante fue negado de manera caprichosa o arbitraria. Niega.
Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 86    Expediente   T-2448581    Fecha sentencia   11-2-2010 0:00    Sentencia   T-190/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MILLER ARBEY SERRANO TORRES VS. DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE SAN ISIDRO POPAYAN

Tema

Salud, dignidad humana, petición. El accionante se encuentra recluido en la Regional Occidente INPEC, comenta que tiene un problema en su ojo izquierdo debido a un impacto de arma blanca, que con el tiempo se ha venido agudizando, por lo tanto solicita se le brinde la atención médica necesaria para superar su problema de salud. La Sala se pronuncia sobre la dignidad humana como garantía fundamental del Estado Social de Derecho, los derechos de las personas privadas de la libertad, la relación especial de sujeción y la imposibilidad de restringir algunos derechos, el principio de buena fe, los condicionamientos en trámites administrativos para la prestación de un servicio requerido por una persona recluida, se ordena prestar al accionante la atención requerida a través de un médico especialista, y de llegar a requerirse un tratamiento autorizar de manera inmediata el inicio del mismo y su culminación. Concedida.

Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 87    Expediente   T-2707713    Fecha sentencia   12-2-2010 0:00    Sentencia   T-991/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MEDIREX SAS VS. INVIMA Y OTRO

Tema

Debido proceso, propiedad, salud, vida digna. La empresa accionante comenta que importa y distribuye injertos óseos cadavéricos, y que debido a una inspección llevada a cabo el 14 de octubre de 2009, se le impuso una medida sanitaria de seguridad consistente en el congelamiento de los injertos óseos importados, alegan que con esta medida se vulneró el debido proceso por actuación irregular y errónea no atribuible a la empresa ya que en las anteriores visitas no se reportó anormalidad alguna, a la propiedad por impedir la distribución de los injertos óseos a las IPS, al trabajo y al mínimo vital de las personas que laboran en la empresa, pues ésta deriva en gran medida sus ingresos de la importación y suministro de los productos y la salud y vida digna de las personas que requieren los productos. Para la Sala no cabe duda de que el asunto sometido a revisión se ubica en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, con ocasión de los daños materiales que la entidad accionada considera que el Estado le causó, con ocasión de la actividad comercial desarrollada, se decide declarar la acción improcedente.
Recibo Relatoria   19-1-2011 0:00


Item 88    Expediente   D-7773    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   C-102/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV MGC, SV JIPC
Demandante / Demandado    WILSON LEONARDO MARTINEZ MARTINEZ VS. LEY 53 DE 1990 ARTICULO 19

Tema

Ley 53 de 1990 artículo 19 parcial, el aparte demandado es el siguiente “ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del acalde, de los concejales municipales o suplentes, del Contralor, del Personero, del Secretario del Concejo, de los Auditores o Revisores”, no podrán ser nombrados ni elegidos para cargo alguno en ninguna dependencia del respectivo municipio, ni contratar con el mismo, dentro del período para el cual fueron elegidos, el demandante considera que el precepto acusado vulnera los artículos 4, 29, 243 y 292 de la Constitución. La Corte se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad, los requisitos del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y la interpretación constitucional sobre los mismos, se concluye que hay una ineptitud sustantiva de la demanda, por no ofrecer elementos de juicio ciertos, ni específicos además no cumple con el requisito de certeza, por lo tanto no se reúnen los requisitos mínimos para pronunciarse sobre el asunto, decide declararse inhibida.
Recibo Relatoria   12-5-2010 0:00


Item 89    Expediente   T-2397497    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-086/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    AGENCIA HACIENDA HOTEL SUESCÚN VS. CLUB DEPORTIVO DE CAZA, PESCA Y TIRO LOS HALCONES

Tema

Vida, propiedad privada. El accionante manifiesta que el Club Deportivo accionado, realiza prácticas de tiro, por ende las esquirlas y residuos de perdigones y platillos alcanzan los predios de su propiedad, poniendo en peligro la integridad física y psicológica de las personas que allí habitan. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los presupuestos procesales de la acción de tutela, y estudia la agencia oficiosa, de la Hacienda Hotel Suescún, la cual esta actuando como agente oficioso de los afectados (empleados del hotel y visitantes), pero no se acredito la imposibilidad de los titulares legítimos de los derechos, además existe una pluralidad de sujetos que deben ser individualizados para tener claridad respecto de en quienes recaería la protección de la acción de tutela, por lo tanto en este caso la acción de tutela resulta improcedente y la acción popular es el mecanismo adecuado para solicitar la protección de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 90    Expediente   T-2398888    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-087/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    NESTOR ANDRES CARRILLO BRICEÑO Y OTRO VS. CENTRO EDUCATIVO SUAZAPAWA-NOBSA

Tema

Petición, educación. Los accionantes solicitan se les entregue el diploma y el acta de grado junto con las correspondientes notas de los años que cursaron en la institución educativa accionada, los cuales necesitan para iniciar sus estudios de educación superior, dichos documentos no les han sido otorgados debido a que sus padres han incumplido con las obligaciones económicas a su cargo ya que se encontraban atravesando por una difícil situación económica. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la educación, la evolución jurisprudencial de los derechos sociales, económicos y culturales, se encuentra que los actores ya alcanzaron su mayoría de edad por lo tanto pueden obligarse por sí mismos y garantizar el pago de la obligación adeudad al colegio, para realizar un acuerdo de pago con la Institución educativa y se ordena a dicha institución entregar los certificados solicitados. Concedida.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 91    Expediente   T-2422526    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-088/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    SANDRA MILENA GUACANEME CHAPARRO VS. DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

Tema

Igualdad, estabilidad laboral reforzada, derechos de mujer gestante. La accionante fue nombrada en el cargo de docente provisional, en abril de 2009 supo que se encontraba en estado de embarazo y en ese mismo mes se le notifico que fue declara insubsiste mediante Decreto de noviembre de 2008, informó de su estado de embarazo a la Secretaria de Educación, mas sinembargo su reemplazo fue nombrado. La Sala se pronuncia sobre, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada como un derecho fundamental, la garantía del fuero de maternidad como manifestación del principio de solidaridad, el derecho a la no discriminación por razón de género, procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro, se concluye que los derechos de la accionante fueron vulnerados, por lo tanto se ordena el reintegro y la afiliación de la accionante y su hijo al Sistema Integral de Salud. Concedida.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 92    Expediente   T-2431416    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-089/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    BBVA COLOMBIA S.A. VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA

Tema

Debido proceso. El actor considera que el Tribunal accionado, incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico al valorar irrazonablemente, una prueba pericial la cual fundamentó la sentencia del 20 de noviembre de 2008, en la cual se dispuso la terminación del proceso y ordenó la cancelación del embargo del inmueble, solicita que se revoque la sentencia. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, se recuerda que la acción de tutela no es procedente para efectuar valoraciones probatorias a fin de evitar injerencias en la competencia del juez ordinario, sin embargo se decide confirmar la de decisión tomada en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, en la cual se revoca la decisión tomada por el Tribunal accionado, pero en consideración a que la causal esgrimida, en el proceso ejecutivo no podía prosperar porque no se esta en presencia de ninguna de las hipótesis de extinción del gravamen. Concedida.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 93    Expediente   T-2409649    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-090/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MAYERLY JIMENEZ RUIZ VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y OTRO

Tema

Debido proceso, derechos de los niños. Solicita la protección sus derechos fundamentales, ya que el juzgado accionado junto con el ICBF, ordenaron la pérdida de la patria potestad sobre su menor hijo, alega la accionante que el proceso administrativo no fue llevado a cabo en debida forma, al igual que el proceso adelantado ante el juzgado y en cuanto a los dos procesos alega los mismos hechos. La Sala entra a estudiar si el ICBF, llevo a cabo y en debida forma el proceso administrativo, se resuelven las controversias sobre el derecho a la unidad familiar, y los fundamentos jurídicos de la iniciación de la actuación administrativa, en los asuntos en los cuales se presenta la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los niños, se concluye que el Defensor de Familia no incurrió en una vulneración del debido proceso y que los padres del menor actuaron de manera negligente, porque en la diligencia de allanamiento y rescate, se encontró al menor enfermo, abandonado y desnutrido, por ende tampoco el juzgado accionado desconoció el debido proceso. Niega.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 94    Expediente   T-2398113    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-091/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    DORIS FERREIRA VS. EIS CUCUTA Y AGUAS KPITAL, CUCUTA S.A. E.S.P.

Tema

Salud, vida digna, salubridad pública, servicios públicos. La accionante actúa a nombre propio y en representación de sus nietas quienes son menores de edad, solicita se ordene a la empresa de servicios públicos accionada el suministro constante de agua potable en el lugar de su residencia. La Sala se pronuncia sobre el derecho al agua potable como derecho fundamental, se ordena a la empresa accionada mejorar la prestación del servicio, para que este sea continuo. Concedida.
Recibo Relatoria   13-5-2010 0:00


Item 95    Expediente   T-2357185    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-092/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JESUS ANTONIO GALINDO RODRIGUEZ VS. ARP COLSEGUROS

Tema

Vida, salud, mínimo vital, seguridad social, debido proceso, igualdad. El actor solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por tener una pérdida de capacidad superior al 50%, la ARP alega que se interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el dictamen que determinó la pérdida de capacidad laboral del actor y hasta tanto no sea resuelto se abstendrá de reconocer y pagar la prestación. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para impetrar el reconocimiento de la pensión de invalidez y la naturaleza jurídica de las Juntas de Calificación de Invalidez, se encuentra que los derechos del actor están siendo vulnerados y por lo tanto se ordena a la Junta de Calificación Nacional que de el dictamen dentro de los diez días siguientes a la recepción de la documentación pertinente. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 96    Expediente   T-2394437    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-093/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LUIS ANGEL GOMEZ SANCHEZ Y OTROS VS. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RÍO IRÓ

Tema

Mínimo vital. Los accionantes solicitan el pago de varias acreencias laborales adeudadas por el municipio accionado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el pago de acreencias laborales, la procedencia de la acción de tutela para le pago oportuno de salario, se concluye que del acervo probatorio no es posible determinar cuales son los salarios adeudados o las prestaciones sociales debidas, además en el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina, cursa un proceso ejecutivo en el cual el ente territorial, esta haciendo uso de las excepciones previas, donde se pone en tela de juicio la veracidad de las pruebas aportadas en el expediente por los peticionarios, por lo tanto se considera que el juez de tutela no es el encargado de dirimir este tipo de conflictos, además esta acción carece del principio de inmediatez. Niega.
Recibo Relatoria   11-3-2010 0:00


Item 97    Expediente   T-094    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-094/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LILIANA PATRICIA DELGADO VS. SERVICAICE LTDA

Tema

Trabajo, mínimo vital, vida digna, salud, seguridad social. La accionante sufre de artrosis degenerativa, por lo que se le otorgo una incapacidad de 4 meses, sin embargo en el momento en que se reincorporó a sus actividades laborales fue despedida, solicita se ordene su reintegro, su afiliación al sistema de seguridad social y la cancelación de los honorarios dejados de percibir. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones, la continuidad en la prestación del servicio de salud, se declara la ineficiencia del despido y se ordena el reintegro de la accionante al cargo que venía desempeñando antes de la fecha de despido, además del pago de honorarios y demás prestaciones dejadas de percibir. Concedida.
Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 98    Expediente   T-2398017    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-095/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    FRANK JOSE AVILA SIERRA VS. COLMEDICA EPS

Tema

Salud, vida digna. El actor reside en la ciudad de Villavicencio, debido a problemas de salud fue remitido a la ciudad de Bogota al Hospital Universitario San Ignacio donde le fue diagnosticado Glormerulonefritis crónica y avanzada, para que dicha enfermedad no presente complicaciones debe seguir un tratamiento, pero el accionante quiere que dicho tratamiento sea realizado en la ciudad de Bogota y no en Villavicencio ya que a su parecer la Clínica del Meta no cuenta con los medios necearos para el manejo de su enfermedad, la EPS accionada negó su solicitud ya que previamente debe solicitar el traslado de ciudad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud, el principio de libre escogencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no se encuentra una justificación razonada para autorizar el tratamiento en el Hospital Universitario San Ignacio ya que en la ciudad en la que se encuentra el actor cuenta con los recursos tecnológicos y humanos necesarios para llevar a cabo el procedimiento, además, los usuarios del sistema de seguridad social son vinculados a las IPS teniendo en cuenta el lugar de residencia del mismo, para poderles garantizar una mejor prestación del servicio. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 99    Expediente   T-2125771    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-096/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    ORLANDO DIAZ LIZARAZO Y OTROS VS. JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Y OTRO

Tema

Igualdad, debido proceso, defensa, trabajo, asociación sindical. Telebucaramanga inició varios procesos de levantamiento de fuero sindical, amparada en una resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social, por la cual se autorizó el despido colectivo de 95 trabajadores, los actores frente a los procesos de levantamiento de fuero, formularon como excepción previa y de fondo, la prescripción de la acción e inexistencia de la causa a pedir, por cuanto la demanda fue presentada luego de dos meses establecidos por las normas procesales laborales y por que la causal esgrimida por Telebucaramanga que propició el despido colectivo no daba lugar al levantamiento del fuero sindical, el juzgado accionado declaró no probada la excepción y concedió el permiso para los despidos, y el Tribunal accionado confirmó dicha decisión, solicitan se declare nula la sentencia proferida por el Tribunal accionado, y ordenar el reintegro de los actores al cargo que venían ocupando, sin solución de continuidad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, se pronuncia sobre la prescripción de la acción del levantamiento del fuero sindical, se considera que no es admisible la razón aducida por los accionantes en cuanto al término de prescripción de la acción, ya que las autoridades accionadas en el marco de su interpretación y autonomía realizaron una interpretación razonable y acorde con la Constitución de las normas legales que regulan la materia, sin embargo se encuentra que las autoridades accionadas debieron haber hecho un análisis más profundo de las razones aducidas por el empleador para solicitar el levantamiento del fuero sindical, incurriendo en un defecto sustantivo, se decide dejar sin efecto el fallo y se ordena al juzgado accionado que de acuerdo a los lineamientos expuestos en la presente providencia resuelva nuevamente la demanda. Concede.
Recibo Relatoria   27-8-2010 0:00


Item 100    Expediente   T-2402276    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-098/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA LUISA BAUTISTA DIAZ VS. SEGUROS BOLIVAR S.A.

Tema

Mínimo vital, seguridad social, igualdad, confianza legítima. Comenta la accionante que durante varios años, su hijo percibió la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su padre y compañero permanente respectivamente con quien convivió durante ocho años hasta su fallecimiento, dicha pensión fue dejada de cancelar, debido a que fue reconocida tan solo a nombre de su hijo, la entidad accionada argumento que la pensión le era cancelada debido a que su hijo era menor de edad, pero a ella no se le reconoció el derecho a la pensión en calidad de compañera permanente, solicita se ordene a la entidad accionada reconocerle la pensión de sobreviviente a que tiene derecho. La Sala se pronuncia sobre la procedibilidad de la acción de tutela, la evolución normativa en materia de sustitución pensional para las uniones maritales de hecho, la discusión radica en que la entidad accionada no le reconoce el derecho a la sustitución pensional debido a que en el momento en que falleció el compañero de la accionante, la compañera permanente no tenía este tipo de derechos, se encuentra que aplicar la normatividad de esa época en la actualidad constituye una grave vulneración del derecho a la igualdad, por lo tanto se ordena a la entidad accionada realizar el pago de las mesadas pensionales dejadas de cancelar. Concedida.
Recibo Relatoria   24-3-2010 0:00


Item 101    Expediente   T-2403177    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-099/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    PIEDAD LEONOR MINDIOLA SALAS VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Salud, vida digna, igualdad, derechos de la población desplazada. La accionante solicita la ayuda humanitaria de emergencia debido a que se encuentra inscrita en el núcleo familiar de su ex compañero permanente, sin embargo ella alega que hace tres años no convive con el y se encuentra inscrita en el RUPD como jefe de hogar. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las personas desplazadas por la violencia como sujetos de especial protección constitucional, carácter fundamental del derecho a la atención humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de las personas víctimas del desplazamiento forzado, la legitimación para solicitar la atención humanitaria de emergencia, dentro del proceso se encontró que se estaba frente a un hecho superado.
Recibo Relatoria   24-3-2010 0:00


Item 102    Expediente   T-2247504    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-100/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    WILLIAM GIRALDO PACHECO GRANADOS VS. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B

Tema

Debido proceso, igualdad, legalidad y acceso a la administración de justicia. El actor comenta que fue separado del servicio activo de la Policía Nacional, como resultado de una investigación de carácter disciplinario, contra el decreto que lo destituyó, el actor presentó acción de nulidad y reestablecimiento del derecho, en donde se declaró la nulidad del acto administrativo y se ordenó su reintegro, por otra parte la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, expidió resolución solicitando a la Policía su destitución, debido a esta resolución el accionante no fue reintegrado, por lo tanto presento nuevamente acción de nulidad y reestablecimiento del derecho, frente a las resoluciones de la Procuraduría y le Policía, en las cuales se decidió no reintegrarlo, la Corporación accionada determinó que las resoluciones se encontraban conformes a derecho y la decisión de la Policía de no reintegrarlo, se sujeta al cumplimiento de órdenes emitidas por autoridad competente. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, el requisito de inmediatez como causal de procedibilidad de la acción de tutela, el desconocimiento del precedente horizontal como causal específica de procedibilidad, despues de realizar el análisis del caso se encuentra que al actor no se le vulneraron sus derechos fundamentales. Niega.
Recibo Relatoria   22-4-2010 0:00


Item 103    Expediente   T-2359974    Fecha sentencia   15-2-2010 0:00    Sentencia   T-101/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MUNICIPIO DE MEDELLIN Y OTROS VS. SALA DECIMA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Las entidades accionantes presentaron acción de tutela, debido a que en el trámite de acción de cumplimiento adelantado por la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario contra las entidades accionantes, consideran que el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo y otro procedimental, al aplicar normas que no tienen efecto jurídico y, no se notifico de la admisión de la demanda al Municipio de Medellín cuando su vinculación era pertinente. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, y se realizan unas breves referencias acerca del objeto de la acción de cumplimiento,se decide declara la improcedencia de la acción de cumplimiento promovida por ASEINPEC, ya que si se incurrió en un defecto procedimental,y además incurrió en varios defectos sustantivos. Concedida
Recibo Relatoria   26-3-2010 0:00


Item 104    Expediente   T-2357981    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-103/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    SOCIEDAD SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA Y OTRO

Tema

Debido proceso. A la entidad accionante el Municipio de Sahagún Córdoba le esta cobrando el impuesto de alumbrado público el cual la empresa dejo de cancelarlo desde junio de 2004 hasta mayo de 2005, ante ello interpuso recurso de reconsideración el cual fue resuelto desfavorablemente, luego inició una acción de nulidad y reestablecimiento del derecho la cual también fue denegada, ante dicha decisión interpuso recurso de apelación y alegó la excepción de inconstitucionalidad, el Tribunal Administrativo confirmó la decisión de primera instancia, el actor considera que dicha decisión incurrió en un defecto procedimental en cuanto a que debió mediar una autorización de la Asamblea Departamental para que el municipio hubiese podido crear el impuesto de alumbrado público, además no podía ser tenida como contribuyente por que no tiene ningún predio en el municipio y sus actividades se cumplen a la luz del día así que no hace uso del alumbrado público y un defecto sustantivo ya que se dio una interpretación indebida del artículo 188 del C.P.C., dado que el Tribunal decidió no pronunciarse sobre la excepción de inconstitucionalidad del acuerdo por que no se aportó la norma al proceso, solicita dejar sin efecto el fallo proferido por el Tribunal accionado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la violación directa de la Constitución por inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad, los elementos del tributo y el principio de legalidad, el análisis del impuesto de alumbrado público, la evolución jurisprudencial sobre el tema de autonomía tributaria tanto en esta corporación como en el Consejo de Estado, se concluye que las decisiones judiciales objeto de controversia fueron dictadas en derecho, por lo cual se niegan las pretensiones de la acción de tutela. Negada.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 105    Expediente   T-2360690 Y OTROS    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-104/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    NIDIA ARGUELLO PALACIO Y OTROS VS. NUEVA EPS Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes requieren diversos tratamientos de salud, los cuales les han sido negados por las entidades accionadas o se ha retardado en su entrega. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud, el acceso a los servicios no POS, los servicios en salud ordenados por el médico tratante, las funciones del Comité Técnico Científico, la integralidad en la prestación del servicio de salud, se encuentra que los derechos de los accionantes han sido vulnerados, por lo tanto se ordena a las respectivas EPS, brindar los tratamientos y medicamentos requeridos. Concede.
Recibo Relatoria   16-9-2010 0:00


Item 106    Expediente   T-2371404    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-105/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    RUBEN DARIO HERRERA AGUIRRE VS. JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, habeas data, igualdad. El actor comenta que el juzgado accionado incurrió en vía de hecho por haber adelantado un proceso penal en su contra, sin haberlo vinculado estando privado de la libertad, solicita se declaré probada la vía de hecho. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, el debido proceso en materia penal y la especial protección del derecho de defensa, la declaratoria de persona ausente como forma de vinculación en el proceso penal, el carácter obligatorio de la notificación personal en relación con el debido proceso penal de las personas privadas de la libertad, el derecho al habeas data de las personas privadas de la libertad en contra de quienes se adelantan distintas causas penales, se concluye que al juzgado accionado le correspondía informar y solicitar la conducción del actor dentro de las etapas procesales que se surtieron a partir de que asumió el conocimiento del presente asunto, por lo tanto se le vulneró al actor su derecho de defensa, se decide declarar la nulidad de las actuaciones surtidas con posterioridad al auto por medio del cual el Juzgado accionado avocó el conocimiento del asunto estudiado, se ordena notificar personalmente al actor, en el centro carcelario donde se encuentre recluido, con el fin que lo conozca y pueda ejercer su derecho de defensa, se hace una advertencia a las autoridades encargadas de actualizar las bases de datos de las personas privadas de la libertad. Concede.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 107    Expediente   T-2467468    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-108/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    FANNY CIFUENTES OSPINA VS. INSPECCION DE POLICIA PRIMERA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

Tema

Debido proceso, defensa y contradicción. La accionante considera que la Inspección de Policia accionada incurrió en una vía de hecho en materia de interpretación sustancial, por haber desconocido que la oposición en la diligencia de lanzamiento, además por negar la práctica de los testimonios solicitados en la práctica de la diligencia, solicita se conceda el recurso de apelación ante el Juzgado 3 Civil Municipal de Itagui, se decrete la suspensión del proceso de restitución de bien inmueble y la suspensión de la diligencia de lanzamiento. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se concluye que la acción es improcedente por que no se interpuso recurso de apelación frente al auto que rechazó la oposición.
Recibo Relatoria   27-5-2010 0:00


Item 108    Expediente   T-2426614    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-109/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ESTHER SOFIA MERCADO DE VELILLA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Vida, seguridad social, mínimo vital, salud. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su esposo, la cual fue reconocida después de su fallecimiento, el ISS aduce que el causante al momento de estructurase la pensión de invalidez tenía la condición de afiliado no cotizante, y que por lo tanto no tenía derecho a la pensión de invalidez y su cónyuge no tiene derecho a la pensión de sobreviviente, entonces aduce que la pensión fue mal reconocida y no puede reconocerse la sustitución de un derecho que nunca debió ser concedido. La Sala estudia si el ISS vulneró los derechos de la accionante, al no reconocer los efectos jurídicos de un acto administrativo que se presume legal y está vigente, el derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de los derechos pensionales y su imprescriptibilidad, se encuentra que existe certeza sobre el derecho de la señora al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que el acto de reconocimiento de la pensión del causante esta vigente y es necesario proteger el derecho al mínimo vital de la accionante, se ordena reconocer en forma transitoria el derecho ala pensión y el pago de las mesadas pensionales actualizadas desde la fecha de interposición de la tutela. Concedida.
Recibo Relatoria   4-3-2011 0:00


Item 109    Expediente   T-2360326    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-110/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    SEGUNDO MAVISOY CHINDOY Y OTROS VS. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Y OTROS

Tema

Educación gratuita para comunidades indígenas. Las autoridades indígenas de Anote decidieron juzgar el asunto en el cual la Universidad Industrial de Santander se negó a otorgar cupos especiales para estudiantes indígenas, se estableció el Derecho de las Comunidades de Pueblos Indígenas al ingreso especial y gratuito a la educación tecnológica, universitaria y de postgrado en las Universidades Públicas de Colombia, y por lo tanto se ordenó a la Universidad de Santander otorgas 3 cupos por carrera y 3 por especialización a las comunidades indígenas acreditadas por la Autoridad de cada resguardo indígena o jurisdiccional, y otros tipos de auxilios para acceder a la educación, dicha decisión fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que esta corporación hiciera la respectiva comunicación a las entidades accionadas, se realizó el traslado, pero la decisión no fue acatada por lo tanto se interpuso acción de tutela solicitando, que se le de cumplimiento a la sentencia emitida por las Autoridades Indígenas Tradicionales y el reestablecimiento de los cupos especiales. La Corte realiza las siguientes consideraciones, la Constitución no prohíbe todo sistema de cupos especiales para personas pertenecientes a una etnia diversa, su constitucionalidad depende de si la configuración es proporcional o no, la Constitución no les ordena, ni siquiera a las universidades públicas, que contemplen un sistema de admisión con cupos especiales para los miembros de las comunidades indígenas, aunque pueden adoptarlos en ejercicio de su autonomía, se recuerda que cuando las universidades dan un paso para remediar desigualdades como lo hizo la Universidad Industrial, no pueden dar marcha atrás sin poner ningún equivalente funcional en su lugar, a menos que lo justifique en forma suficiente, por lo tanto se ordena a la Universidad Industrial de Santander, que inaplique para el caso de los tutelantes la normatividad que derogó el sistema de cupos especiales y en consecuencia los tenga en cuenta para el próximo ciclo de admisión a la institución educativa, se le advierte que en ejercicio de su autonomía tiene la libertad de decidir si suprime el sistema de cupos especiales, condicionada que implemente otras medidas de protección similares de cupos especiales en su impacto y cobertura. Concedida.
Recibo Relatoria   12-1-2011 0:00


Item 110    Expediente   T-2360513    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-111/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARTHA LUCIA ORTIZ RAMIREZ VS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y OTROS

Tema

Salud, vida e igualdad. La accionante solicita se ordene asignarle un componente anatómico ya que sufre de insuficiencia renal y necesita un transplante de riñón, señaló que la asignación de turnos de rescate de órganos con fines de transplantes que realiza la Secretaría Distrital de Salud, toma en consideración el número de días de cada mes y el número de IPS que tienen programas de transplantes, sin tomar a consideración el número de pacientes que manejan, así las cosas como la IPS a la que esta afiliada tiene muchos mas pacientes que otras aun no se le ha asignado ningún órgano, y lleva al momento de interponer la acción 1380 días en espera para ser transplantada. La Sala se pronuncia sobre el régimen aplicable para la donación y transplante de órganos, los criterios de distribución de los componentes anatómicos, se encuentra que la actuación de las entidades demandadas se ajustó a la normatividad que regula lo referente a turnos de rescate y asignación de componentes anatómicos, que se encuentran conformes a los principios de justicia y equidad por cuanto las IPS después de evaluar a sus pacientes aptos para transplante, los incluyen en una lista de espera de la Coordinación Regional con los datos que envía cada IPS, para luego verificar la compatibilidad con el donante efectivo que resultó de turno de rescate y asignar el órgano al mejor receptor posible, así la accionante ha sido incluida en la lista de asignación pero han sido otros receptores los que han tenido mayor compatibilidad frente a la petente. Negada.
Recibo Relatoria   19-11-2010 0:00


Item 111    Expediente   T-2396843    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-112/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    DIEGO VIDAL FRANCO VS. E.P.S. CAFESALUD DE MEDELLIN Y OTROS

Tema

Vida, mínimo vital, vida digna, seguridad social. El accionante sufrió un accidente de tránsito que le generó una incapacidad por once meses. Su E.P.S le canceló sólo los primeros 180 días, aduciendo que a partir del día 181 este reconocimiento pasaba a ser responsabilidad de los Fondos de Pensiones y/o A.R.P. Luego de una segunda valoración se le determinó una pérdida de su capacidad laboral equivalente al 28.4% y para la fecha de presentación de la acción de tutela, le adeudaban al accionante cerca de cinco meses de incapacidad. En sede de revisión se determinó que la situación fáctica que dio origen la interposición de la acción ya había sido superada, toda vez que al demandante le fueron canceladas las incapacidades adeudadas y se encontraba laborando. En consecuencia, la Sala declara la improcedencia de la tutela por la existencia de un hecho superado.
Recibo Relatoria   7-12-2010 0:00


Item 112    Expediente   T-2364245 Y OTROS    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-113/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JOSE VICENTE YELA YELA Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Y OTROS

Tema

Seguridad social, vida, salud, mínimo vital. Se realiza acumulación de expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez la cual les ha sido negada por no cumplir con el requisito de fidelidad. La Sala pasa a realizar unas consideraciones generales sobre los requisitos vigentes para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, se constata que es procedente la acción de tutela como mecanismo excepcional para el efecto de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez en los casos revisados, dada la situación de especial desprotección en que, por su circunstancia de discapacidad les impide generar recursos propios a los accionantes, por lo tanto se decide acceder a la protección de los derechos invocados y se dictan las decisiones pertinentes para cada caso. Concede.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 113    Expediente   T-2400304    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-114/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FRANS GIOVANNI TORRES SANCHEZ VS. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES SECCIONAL MEDELLIN

Tema

Debido proceso, igualdad. La empresa West Caribbean Airways S.A. fue condenada al pago de unas acreencias laborales a favor del actor, por otra parte la Superintendencia de Sociedades inició trámite de liquidación contra dicha sociedad, por lo tanto la apoderada en el proceso ordinario del actor presentó ante la Superintendencia la sentencia para hacer válido el crédito, sin embargo la Superintendencia se negó al considerar que la apoderada no tenía poder para representar al accionado, y actualmente el actor ya no tiene la posibilidad de acudir a la Superintendencia a solicitar el cobro del su acreencia laboral ya que su oportunidad precluyo, por lo tanto solicita dejar sin efecto la parte de la resolución de graduación de créditos dictado por la Superintendencia accionada, en la cual se rechaza su acreencia laboral. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de fallos dictados por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación obligatoria de sociedades, los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal de instrumentalidad y de formas, se aclara que la Superintendencia no puede basarse en argumentos de contenido formal para desconocer una sentencia emitida por un juez laboral, por lo tanto se le ordena incluir dentro de la liquidación obligatoria de la sociedad mencionada al actor. Concede.
Recibo Relatoria   27-8-2010 0:00


Item 114    Expediente   T-2401863    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-115/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    TALIA ISABEL MUÑOZ ALVAREZ VS. EPS COOMEVA

Tema

Vida, salud, seguridad social, protección a la mujer embarazada. La accionante solicita se ordene el pago de su licencia de maternidad, la cual no le ha sido cancelada, debido a que no cumplía con la exigencia del tiempo de cotización continuo y completo al sistema durante el periodo de gestación. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad, de forma excepcional, a través de la acción de tutela, se encuentra que la accionante cotiza sobre un salario mínimo por lo tanto se presume la afectación de su mínimo vital debido al no pago de la licencia de maternidad resultando procedente la presente acción como mecanismo de protección, debido a que la accionante cotizó por un período inferior a la duración de su gestación y el tiempo que dejó de cotizar fue superior a once semanas, se ordena realizar el pago proporcional de la licencia de maternidad. Concede.
Recibo Relatoria   2-11-2010 0:00


Item 115    Expediente   T-2410334    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-116/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUZ MARINA MESA HENAO VS. EMPRESA AUSTIN REED MANUFACTURAS Y CÍA LTDA.

Tema

Vida, dignidad humana, salud, seguridad social, estabilidad laboral reforzada. La accionante sufre dolencias crónicas en el epicondilo lateral, dicha enfermedad fue calificada como de origen profesional y por lo tanto se recomendó la adecuación de su puesto de trabajo, sin embargo fue despedida sin tener en cuenta su situación de discapacidad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad, la aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada en los contratos a término fijo, se encuentra que la acción es procedente y se concede como mecanismo transitorio ya que los derechos de la accionante fueron vulnerados al haber dado por terminado el contrato de trabajo sin la autorización previa del inspector de trabajo. Concedida
Recibo Relatoria   24-1-2011 0:00


Item 116    Expediente   T-2408791    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-117/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARTHA LUCIA SANCHEZ UMBARILA VS. NUEVA EPS Y OTRO

Tema

Salud, seguridad social. La accionante comenta que fue desvinculada laboralmente de la institución accionada, y que debido a su desvinculación le suspendieron su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, privándola de los servicios correspondientes sin tener en cuenta las circunstancias que se derivan de su especial condición de salud. La Sala estudia el derecho a la continuidad en la prestación del servicio de salud y su protección a través de la acción de tutela, cuando su interrupción se genere como consecuencia de la desvinculación laboral y ello de lugar a que se vulneren derechos fundamentales como la vida, la integridad física o la dignidad de la persona, en este caso opera el principio de continuidad en el servicio de salud, ya que la terminación del vínculo laboral no puede ser argumento para que la entidad promotora de salud interrumpa de manera abrupta el servicio presentado al paciente, se ordena suministrar el tratamiento médico, sin embargo la accionante deberá iniciar los trámites pertinentes para afiliarse nuevamente al Sistema General en Salud cotizando según la calidad y el régimen que se ajuste a sus posibilidades económicas. Concede
Recibo Relatoria   17-8-2010 0:00


Item 117    Expediente   T-2400807    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-118/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CARLOS ALBERTO VELEZ YEPES VS. EUROCASA S.A.

Tema

Salud, vida digna, seguridad social, estabilidad laboral reforzada. El actor comenta que la empresa accionada dio por terminado su contrato de trabajo debido a que lleva más de 180 días de incapacidad ininterrumpida ocasionadas por un accidente de tránsito, solicita se ordene a su empleador el reintegro inmediato a nómina. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta por causa de una limitación física, la facultad del empleador de terminar el contrato laboral a un trabajador con incapacidad superior a 180 días, la responsabilidad en el pago de incapacidades por enfermedad general, se concluye que el empleador vulneró los derechos fundamentales del accionante ya que no contó con el permiso del Ministerio de Protección social, además no se tuvo en cuenta las posibilidades de rehabilitación del actor para reincorporarlo a su lugar de trabajo, por lo tanto se ordena vincularlo nuevamente al empleo que desempeñaba. Concedida.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 118    Expediente   T-2398214    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-119/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    MARTHA GEORGINA MANRIQUE ARISMENDI VS. JUZGADO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA DE VITERBO

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo, seguridad social. La accionante comenta que inició proceso de nulidad y reestablecimiento de derecho contra la resolución que le reconoció la pensión de gracia pero no le incluyó todos los factores salariales, por lo tanto solicitó la reliquidación e indexación de su mesada pensional, el juzgado accionado accedió a la reliquidación de la mesada pero no a la indexación ante ello realizo una petición de aclaración la cual fue rechazada por extemporánea, solicita se ordene a CAJANAL le sea indexada su mesada pensional. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se encuentra que la accionante no agotó los mecanismos de defensa ordinarios antes de interponer la acción de tutela, además hubo un retraso injustificado para interponer la acción luego de conocido el fallo, por lo tanto no cumple con los requisitos generales de procedencia. Niega.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 119    Expediente   T-2396135    Fecha sentencia   16-2-2010 0:00    Sentencia   T-120/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CECILIA ROJAS CARRILLO Y OTROS VS. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. La acción la presentan un grupo de habitantes de la calle, a quienes presuntamente les fue negado el tratamiento médico integral que requieren para atender la enfermedad de VIH y otras patologías que padecen. La Corte encuentra que en el presente caso no se cumplen los requisitos para que proceda la protección del derecho fundamental a la salud ya que no se acreditó la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales alegados. Niega.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 120    Expediente   D-7815    Fecha sentencia   17-2-2010 0:00    Sentencia   C-121/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS FERNANDO AVILA BAUTISTA VS. DECRETO LEY 613 DE 1997

Tema

Decreto ley 613 de de 1997, artículos 54, 113, 134 y 137 “por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”. Los artículos demandados respectivamente regulan: artículo 54 el subsidio familiar el aparte demandado es “casados o viudos con hijos legítimos”, artículo 113 bases de liquidación, el aparte demandado es “casados o viudos con hijos legítimos”, en cuanto a estos artículos el actor considera vulnerados el derecho a al libre desarrollo de la personalidad, y la disposición constitucional sobre la familia la cual se crea por vínculos jurídicos o naturales, por último considera vulnerado el derecho a la igualdad por no incluirse a todos los que no cumplan con estas condiciones, artículo 134 el orden de beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte, el aparte demandado es “la esposa”, en cuanto a este artículo considera que excluye a los compañeros y compañeras permanentes del causante, artículo 137 extinción de pensiones los apartes demandados son los siguientes “para la viuda si contrae nuevas nupcias” y “a partir de la fecha del hecho que la motivó”, respecto del primer aparte considera vulnerados los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de la pareja, el derecho a la igualdad y la protección del Estado y a la seguridad social y la segunda expresión demandada esta atada a la que sanciona a las mujeres viudas por contraer nuevas nupcias. La Corte se pronuncia sobre la existencia de cosa juzgada constitucional sobre los artículos 54 y 113 del Decreto Ley 613 de 1977, se pronuncia de fondo sobre la demanda contra los artículos 134 y 137 del Decreto demandado y su posterior reproducción en los Decretos Ley 2062 de 1984 , 096 de 1989 y 1212 de 1990. En cuanto a los artículos 54 y 113 se decide estarse a lo resuelto en la sentencia 13 de 1996, declarar exequibles las expresiones cónyuge y esposa en el entendido de que también se aplica a compañeros permanentes, se declara la inexequibilidad de la expresión “para la viuda si contrae nuevas nupcias”, y estarse a lo resuelto en la sentencia 82 de 1997, que declaró la inconstitucionalidad de la expresión “para el cónyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida marital” y por último se inhibe de pronunciarse sobre la expresión “a partir de la fecha del hecho que la motivo”.
Recibo Relatoria   25-5-2010 0:00


Item 121    Expediente   T-122    Fecha sentencia   18-2-2010 0:00    Sentencia   T-122/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REINALDO SOSA LOPEZ VS. PORVENIR S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor tiene una perdida de capacidad laboral del 50.99%, lo cual le impide trabajar, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez pero este le fue negado debido a que no cumple con el requisito de haber aportado 50 semanas antes de la fecha de estructuración de invalidez, el actor dice que esto no es verdad y que si cotizó las semanas requeridas. La Sala se pronuncia sobre la protección especial que se le otorga a las personas discapacitadas tanto en el ámbito internacional como nacional, se precisan los términos de discapacidad e invalidez, la seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela, la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez, el reconocimiento de la pensión de invalidez en caso de mora en el pago de los aportes por parte del empleador, se encuentra que el actor realizó efectivamente la cotización de las 50 semanas requeridas y por lo tanto la falta de reconocimiento de la pensión solicitada resulta injustificada y constituye una violación a sus derechos fundamentales. Se ordena a la entidad accionada reconocer la pensión de invalidez al accionante. Concedida.
Recibo Relatoria   11-3-2010 0:00


Item 122    Expediente   T-2447403    Fecha sentencia   22-2-2010 0:00    Sentencia   T-123/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. VS. JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE SANTA MARTA

Tema

Debido proceso. La empresa accionante, mediante sentencia 16 de 2003 fue condenada al pago del reajuste pensional, contemplado en la Ley 4 de 1976, pero los pensionados han iniciado varios incidentes de desacato solicitando el cumplimiento de dicha sentencia pese a que el pago se ha realizado efectivamente, solicita se ordene al Juzgado accionado ante el cual se tramitan los incidentes de desacato se abstenga de continuar tramitando dichos incidentes. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, el cumplimiento de las sentencias de tutela y el incidente de desacato, la subsidiariedad como requisito para la procedencia de la acción de tutela contra la decisión judicial que resuelve el incidente de desacato, se advierte que una orden genérica que impida el uso del incidente de desacato a un grupo de ciudadanos respecto de un asunto en particular, constituiría una grave violación de su derecho de acceso a la administración de justicia, solo resultará procedente la acción de tutela, para realizar este tipo de solicitudes, cuando las oportunidades para controvertir el desacato no hayan sido dispuestas o la decsión que resuelve el incidente incurra en una de las causales de procedencia, se decide declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 123    Expediente   T-2448218    Fecha sentencia   23-2-2010 0:00    Sentencia   T-125/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    KARINA PAOLA BECERRA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR

Tema

Debido proceso. La accionante promovió una acción de nulidad electoral, contra el acto que declaró la elección del señor Carlos Durán como Alcalde de Córdoba, en primera instancia se denegaron las pretensiones y en segunda se revocó el fallo, el señor Durán interpuso recurso de nulidad por inconstitucionalidad y el Tribunal declaro la nulidad de todo lo actuado, la actora considera que el Tribunal incurrió en varias arbitrariedades, en primer lugar, declaró una nulidad que no fue invocada por Carlos Durán, en segundo lugar se declaró la nulidad de una sentencia que se encontraba ejecutoriada, y en tercer lugar, se extralimitó en sus competencias al declarar la existencia de nulidad por falta de competencia funcional. La Sala pasa a analizar, si se reúnen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios y providencias judiciales, y si el tribunal demandado incurrió en un defecto fáctico, orgánico o procedimental al declarar la nulidad, se concluye que el numeral segundo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil era manifiestamente inaplicable al caso, de modo que no podía ser el fundamento para que el Tribunal declarara la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso electoral, se decide conceder el amparo solicitado. Concedida.
Recibo Relatoria   11-3-2010 0:00


Item 124    Expediente   T-2352727    Fecha sentencia   23-2-2010 0:00    Sentencia   T-126/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MIGUEL ANTONIO RONCANCIO ORTEGA VS. EPS SANITAS

Tema

Salud, vida digna. El accionante actúa en representación de su hijo menor quien sufre de “epilepsia astatomioclónica”, por lo cual se le venía prestando tratamiento de neurología pediátrica en el Instituto Roosvelt, comenta que la EPS accionada se niega a seguirle brindando el tratamiento en dicha institución debido a que ya no hace parte de su red de prestadores de servicios, el actor solicita ordenar a la EPS seguir prestando el servicio requerido en esa entidad. La Sala se pronuncia sobre, el derecho a la salud como derecho fundamental, la libertad de escoger IPS, facultad de recobro al FOSYGA por parte de la EPS, se concluye que no se encuentra demostrada la incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia de la EPS para suministrar un servicio a través de sus IPS. Niega.
Recibo Relatoria   28-5-2010 0:00


Item 125    Expediente   T-2418422    Fecha sentencia   23-2-2010 0:00    Sentencia   T-127/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA CLAUDIA URBINA PAVAJEAU VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL

Tema

Igualdad, trabajo, debido proceso. La accionante se inscribió al concurso de notarios, el cual aprobó y optó por la notaria 55 sin embargo no fue nombra en dicho cargo, pese a que obtuvo el puntaje más alto para los concursantes a dicha notaria, solicitase le reconozca su derecho a ocupar la notaria 51 del círculo de Bogota. La Sala realiza reiteración de la sentencia SU-913/09, se constata que el puesto ocupado en el concurso por la accionante no le permitía para ser designada en propiedad en la notaría 51 ni en ninguna otra, por lo tanto sus derechos fundamentales no fueron vulnerados. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 126    Expediente   T-2430100    Fecha sentencia   23-2-2010 0:00    Sentencia   T-128/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA EDNA CASTRO NIETO VS. JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. La accionante inició proceso ordinario solicitando el pago de varios salarios adeudados por parte de su empleador, el juzgado accionado decidió no acceder a sus pretensiones, dándole la razón a la parte demandada, la cual alegó haberle pagado un salario integral proporcional a las horas laboradas, dicha decisión fue confirmada por el Tribunal, la accionante considera que esta afirmación se basa en una interpretación ajena a los postulados legales y desconoce el precedente jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya que en ningún caso el salario integral podrá ser inferior a diez salarios mínimos. La Sala se pronuncia sobre el derecho al acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el desconocimiento de los precedentes en el presente caso, se concluye que las decisiones judiciales atacadas en ningún momento violan el precedente establecido en la sentencia 65 de 1998, pues si bien se establece precedente sobre un tope mínimo para el salario integral, el mismo fallo reconoce que dicho tope debe ser congruente con el principio de proporcionalidad en la remuneración, el cual es corolario del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, por lo tanto las decisiones adoptadas por las entidades accionadas en ningún momento desconocen el precedente constitucional, sino que lo respaldan al aplicar el principio de proporcionalidad. Niega.
Recibo Relatoria   2-9-2010 0:00


Item 127    Expediente   T-2319187    Fecha sentencia   23-2-2010 0:00    Sentencia   T-129/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    EDDY DEL CARMEN GOMEZ TABARES VS. BANCO DE BOGOTA

Tema

Buen nombre, petición. La accionante fue reportada a Data Crédito por una deuda que no adquirió con la entidad bancaria accionada y de la cual la entidad tampoco tiene ningún tipo de soporte, sin embargo realizó el pago porque necesitaba el paz y salvo para poder solicitar un crédito en el fondo nacional del ahorro, pese a ello no ha sido retirada del CIFIN, por lo tanto solicita que su nombre sea retirado de las centrales de riesgos. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra las entidades bancarias, derechos al buen nombre, habeas data y derecho de petición como derechos constitucionales fundamentales, deber de exhibir los soportes de los registros contables al titular del crédito cuando este discuta la existencia y veracidad de los datos de la información financiera, se concluye que la actora se encuentra ubicada en el terreno del pago de lo no debido, por lo tanto se ordena a la entidad accionada restituir el pago con su correspondiente actualización monetaria y eliminar de las centrales de riesgo dicha obligación. Concedida.
Recibo Relatoria   22-4-2010 0:00


Item 128    Expediente   T-2371728    Fecha sentencia   23-2-2010 0:00    Sentencia   T-130/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO VARGAS MORENO VS. FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Tema

Igualdad, debido proceso, seguridad social. El actor solicita le sea reconocida la pensión de jubilación pero con aplicación del Régimen Especial de Congresista consagrado en el Decreto 1359 de 1993. La Sala se pronuncia sobre el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela, se decide declara improcedente la acción debido a que cuenta con otro mecanismo judicial, no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, ni la afectación al mínimo vital y no se encuentra constituida una vía de hecho administrativa. Improcedente.
Recibo Relatoria   22-4-2010 0:00


Item 129    Expediente   T-2420920    Fecha sentencia   23-2-2010 0:00    Sentencia   T-131/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS RISARALDA VS. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Tema

Debido proceso. El Municipio actor señala que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al declarar invalido el Acuerdo 011 de 2008 del Consejo Municipal de Dos Quebradas Risaralda, ya que a su juicio se basó en una regla que no existe dejándose de aplicar las normas legales. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se considera que el Tribunal accionado fundo su providencia dentro de un margen de interpretación razonable, además no se vulneró el debido proceso. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 130    Expediente   T-23723334    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-132/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    SEBASTIAN FEDERICO BRUNAL MILANÉS VS. ICFES

Tema

Igualdad, debido proceso. El actor presentó en abril de 2008 las pruebas de Estado organizadas por el ICFES, ocupando el primer puesto en el departamento de Cordoba y el puesto 16 a nivel nacional, sin embargo la entidad accionada no lo incluyó en la lista de los 50 mejores bachilleres de Colombia, aplicando una resolución en la cual mediante una formula matemática se determina que el mejor bachiller de Colombia no necesariamente es el que haya obtenido el mejor resultado promedio, el accionante solicita ser incluido en la lista para poder acceder a los beneficios educativos reconocidos por algunas empresas. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a un acto administrativo, la ocurrencia de daño consumado frente a los hechos que originaron la interposición de una acción de tutela, se encuentra que el daño ya fue consumado ya que la premiación al “programa bachilleres por Colombia” realizada por Ecopetrol se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2008, sin embargo a efectos de proteger los efectos morales del reconocimiento solicitado, se ordena al ICFES, proceda a incluir al actor en el listado oficial que lo acredita como uno de los mejores 50 bachilleres correspondientes a las pruebas de Estado de 2008. Concedida.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 131    Expediente   T-2429984    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-133/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JORGE EDGAR PELAYO VS. SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso, defensa, favorabilidad. El actor fue condenado como coautor del delito de hurto agravado, por lo tanto interpuso recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema inadmitió la demandada y el consecuente recurso de reposición, el accionante considera vulnerados sus derechos debido ya que, se saltó un acto procesal de la calificación de la demanda, pretermitiendo el concepto obligatorio del Agente del Ministerio Público y violando la estructura del debido proceso. La Corte se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, el auto que inadmite la demanda de casación, proferido dentro de un proceso adelantado según la Ley 600 de 2000, no es impugnable, por lo tanto no resulta procedente la presente acción, pues las conclusiones de la Corte Suprema no son arbitrarias ni constituyen vías de hecho. Niega.
Recibo Relatoria   7-5-2010 0:00


Item 132    Expediente   T-2428050    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-134/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ORLANDO BURGOS GARCÍA VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSITICIA

Tema

Vida digna. El actor se desempeña como Defensor de Derechos Humanos y Director Nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados, debido a su trabajo ha recibido amenazas de muerte, por lo cual tuvo que trasladarse junto con su familia a la ciudad de Bogota, se le proporcionó un sistema de seguridad con escolta pero después de llevarse a cabo la valoración de riesgos, fue desvinculado del programa de seguridad, pese a ello las amenazas contra su vida son permanentes, solicita se revoque la orden de retirar el esquema de seguridad para él y su familia. La Sala se pronuncia sobre la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida, la protección especial a cargo del Estado teniendo en cuenta los niveles de riesgo, se ordena a la entidad accionada, evaluar de nuevo los factores de riesgo y reales amenazas existentes contra el actor y su núcleo familiar, a efecto de implementar cuanto antes las medidas de seguridad que su situación amerite. Concedida.
Recibo Relatoria   5-4-2010 0:00


Item 133    Expediente   T-2428246    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-134A/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO PACHECO ARROYO Y OTROS VS. PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna, igualdad. Los actores consideran que el beneficio del plan de pensión anticipada ofrecido por la entidad accionada les debería ser otorgado, por lo tanto solicitan su inclusión en el mismo, pese a no encontrarse dentro del régimen de transición de la ley 100 de 1993. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la actuación temeraria en la acción de tutela, los principios de subsidiariedad e inmediatez como requisitos de procedibilidad, se declara la improcedencia de la acción y se compulsan copias para la investigación del apoderado de los demandantes, por temeridad.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 134    Expediente   T-2430622    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-135/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUZ MARINA VARGAS CASTILLO VS. MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA

Tema

Trabajo, mínimo vital, debido proceso, confianza legítima. La accionante comenta que el municipio de Ibagué inició en su contra un proceso de ocupación indebida de espació público en el cual se le ordenó retirar o destruir una caseta en la cual ella ha vendido frutas y verduras durante mas de siete años y de la cual deriva el sustento diario suyo y de su familia. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el conflicto que se presenta en la protección del espació público, frente al derecho al trabajo de quienes lo ocupan indebidamente ejerciendo actividades comerciales informales, el principio de confianza legítima que, en determinadas circunstancias, cobija a los trabajadores informales que ocupan el espacio público, se concluye que el municipio accionado desconoció que la actora se encuentra amparada por el principio de confianza legítima y con ello vulnero sus derechos fundamentales, se ordena la reubicación de la señora en un lugar donde pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico. Concede.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 135    Expediente   T-2415625    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-135A/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    RAFAEL ALBERTO RUEDA FORERO VS. PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Tema

Igualdad, seguridad social, mínimo vital, salud. Los actores argumentan que pese a su condición de aforados, fueron desvinculados de la entidad accionada, solicitan se ordene pagar los salarios, prestaciones sociales y convencionales dejados de cancelar desde la ocurrencia del despido hasta la fecha, la entidad accionada alega que a los actores ya les fue levantado el fuero sindical y que uno de los actores incurrió en temeridad. La Sala se pronuncia sobre la acción temeraria en la acción de tutela y los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, se verificó que efectivamente a los actores les fue levantado el fuero por vía ordinaria y que uno de ellos actuó con temeridad, por lo tanto se concluye que no es razonable brindar la protección invocada. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 136    Expediente   T-2370616    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-136/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GERMAN CONTRERAS MELENDEZ VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, igualdad. El actor fue postulado como candidato único por el Comando General de las Fuerzas Militares para participar del proceso de construcción de referentes de calidad, con el fin de proveer cinco vacantes correspondientes a cargos de Magistrado del Tribunal Superior Militar, sin embargo pese a haber agotado todas las etapas fue excluido de la lista que sería enviada al Presidente de la República, para proveer los cargos, por lo tanto solicita la inclusión de su nombre en la lista de candidatos. La Sala se pronuncia sobre la subsidiariedad como parámetro de procedibilidad de la acción de tutela, se concluye que en el presente caso la acción resulta improcedente ya que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial y no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Niega.
Recibo Relatoria   16-6-2010 0:00


Item 137    Expediente   T-2423739    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-137/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    ROBERTO HORACIO TORRES SERRANO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Debido proceso, seguridad social. El actor adelanto dos procesos ordinarios solicitando la indexación de su mesada pensional los cuales le fueron negados, el segundo proceso lo inició debido al cambio de jurisprudencial en la materia, sinembargo sus pretensiones fueron negadas al existir cosa juzgada, además interpuso dos acciones de tutela las cuales a su vez también fueron negadas y no fueron seleccionadas para revisión por parte de esta corporación, solicita conceder el amparo definitivo de sus derechos fundamentales y se dejen sin efecto las sentencias que le negaron el derecho a la indexación de su mesada pensional. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de tutela cuando se trata de hechos que ya han sido decididos en sede de control de constitucionalidad, se estima que el asunto relacionado con el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional ya fue debatido en sede de tutela y que analizado el texto de la demanda no se agrega nada nuevo, por lo tanto se decide negar el amparo invocado. Niega.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 138    Expediente   T-2418615    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-139/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CARLOS HENRY GUERRERO MACIAS VS. JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE POPAYAN Y OTROS

Tema

Debido proceso, igualdad, favorabilidad. El accionante fue condenado a la pena de prisión por 30 años como autor responsable del delito de secuestro extorsivo, solicita se ordene al juzgado accionado redosificarle la pena por confesión. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, el principio de favorabilidad de la ley penal en la Ley 906 de 2004 y los precedentes jurisprudenciales establecidos, se verifica que dos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela no se cumplen en el presente caso, el de inmediatez, ya que han pasado mas de dos años desde que se emitieron las providencias, y no se agotaron todos los mecanismo ordinarios y extraordinarios de defensa judicial en busca de salvaguardar los derechos fundamentales, ya que no se interpuso el recurso de casación, debido a ello la acción resulta improcedente.
Recibo Relatoria   20-1-2011 0:00


Item 139    Expediente   T-2431141    Fecha sentencia   24-2-2010 0:00    Sentencia   T-140/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    JORGE AMARIS DIAZ VS. PASIVO SOCIAL PUERTOS DE COLOMBIA

Tema

Seguridad social, trabajo, igualdad, mínimo vital, vida y dignidad humana. Al actor la entidad accionada le suspendió el pago de su mesada pensional, por haber detectado que estaba recibiendo simultáneamente otra pensión por parte del ISS, solicita se ordene a la entidad accionada reactivar el pago de las mesadas pensionales, las cuales están retenidas desde mayo de 2009. La Sala se pronuncia sobre, la revocatoria directa de acto administrativo en la jurisprudencia constitucional, la presunción de afectación del mínimo vital por la suspensión del pago de la mesada pensional, se encuentra que el actor es una persona de 81 años, el cual se ha visto afectado en su estabilidad económica y emocional ya que no puede estar a la espera de un fallo de un proceso ordinario, además durante 29 años disfrutó de su mesada pensional y el pago de esta fue suspendido de manera intempestiva, vulnerando sus derechos fundamentales, por lo tanto se ordena reanudar inmediatamente el pago de las mesadas pensionales. Concedida.
Recibo Relatoria   20-1-2011 0:00


Item 140    Expediente   CRF-003    Fecha sentencia   26-2-2010 0:00    Sentencia   C-141/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV JIPC,SV MGC,AV NPP,AV MVCC,AV HASP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. LEY 1354 DE 2009

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009 “Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”. La Corte se pronuncia sobre la competencia y la naturaleza del control ejercido por esta Corporación sobre la Ley 1354 de 2009, el respeto a las reglas procedimentales como un componente sustancial del modelo democrático, el trámite ante la organización electoral de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 2009, el trámite en el Congreso de la República al proyecto de Ley 1354 de 2009, el examen del texto de la ley 1354 de 2009, la sustitución de la Constitución, se considera que una segunda reelección presidencial sustituye ejes estructurales de la Constitución Política y, la ley estudiada lo que busca es hacer posible una reforma constitucional que la instituya, por lo tanto vulnera la Carta y debe ser declarada INEXEQUIBLE en su totalidad.
Recibo Relatoria   4-10-2010 0:00


Item 141    Expediente   T-2436863    Fecha sentencia   26-2-2010 0:00    Sentencia   T-142/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MILTON JAIR CIFUENTES MOLINA VS. BANCO DE BOGOTA SEDE LA PLATA HUILA

Tema

Honra, buen nombre, habeas data. El actor comenta que es codeudor de una cuenta corriente en el Banco de Bogotá, el Juzgado Promiscuo Municipal de Silvia-Cauca decretó el embargo de la cuenta como medida cautelar impuesta a la Señora Edna Embus, sin embargo fue reportado a las Centrales de Riesgos, alega que esta situación le esta afectando sus actividades laborales y comerciales, ya que el no es deudor de la entidad financiera. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho al buen nombre y al habeas data, como derechos fundamentales susceptibles de protección mediante la acción de tutela, la responsabilidad de las fuentes de datos que trasciende a la mera tercerización de la información, los límites de la gestión financiera en el respeto a los derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre, habeas data, se encuentra que el Banco accionado vulneró los derechos del actor, al generar un reporte negativo ya que la información reportada no es cierta, ni veraz, se ordena al Banco adelantar las gestiones necesarias para informar al juez que decretó la medida cautelar, sobre la naturaleza conjunta de la cuenta corriente afectada, y adelantar las gestiones necesarias para actualizar los datos de la cuenta frente a las centrales de riesgo, en el sentido de hacer los respectivos señalamientos sobre las razones del embargo de la cuenta. Concede.
Recibo Relatoria   13-10-2010 0:00


Item 142    Expediente   T-2435048    Fecha sentencia   26-2-2010 0:00    Sentencia   T-143/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    MARCOS ARREPICHE VS. ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y OTRO

Tema

Salud, vida digna, agua potable. El accionante actúa como Gobernador del cabildo indígena El Turipal-La Victoria, solicita se provea a la comunidad de agua potable de la cual carecen desde mayo de 2008, ya que debido a la negligencia de las autoridades accionadas, no se ha solucionado el problema y se están viendo obligados a abastecerse de agua no apta para el consumo humano. La Sala se pronuncia sobre el derecho fundamental al agua potable cuando su destino final es el consumo humano, las facetas prestacionales y no prestacionales, se pone de presente que cuando el grupo de personas que solicita la reivindicación fundamental de su derecho al consumo de agua potable tiene consciencia de su identidad indígena, el reclamo tiene mayor fuerza pues de ese derecho depende además el derecho fundamental a la integridad étnica y cultural del Pueblo al cual pertenecen, se aclara que los Pueblos Indígenas son colectividades reconocidas en sí mismas como sujetos de derechos y no como pluralidades de sujetos por lo tanto la violación o amenaza de los pueblos indígenas pude ser estudiada mediante esta acción, se encuentra que los derechos de los actores permanecen vulnerados, además las entidades accionadas no han tomado una política optima para brindarles una solución, se ordena brindarles el suministro de agua potable suficiente para satisfacer sus necesidades diarias hasta que se solucione el problema de manera
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 143    Expediente   T-2467490    Fecha sentencia   28-2-2010 0:00    Sentencia   T-029/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAIME ENRIQUE MAESTRE VS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA

Tema

Petición, salud, vida. El accionante trabaja como docente en el municipio del Carmen de Ariguaní, a donde debe transportarse en moto por un camino destapado durante una hora, situación que pone en grave riesgo su estado de salud ya que le fue diagnosticada cardiopatía isquémica, razón por la cual le fue realizada una angioplastia con la ubicación de stent medicados, además se le ordenó seguir en controles médicos, por lo tanto solicita se ordene a la Secretaria de Educación su traslado hacia la Ciudad de Santa Marta, lugar donde tiene su residencia. La Sala entra a estudiar la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a decisiones de traslado de docentes, y las normas que reglamentan el traslado, se ordena atender de manera inmediata la solicitud de traslado del actor a un municipio cercano a la capital del departamento que esté dentro de su competencia territorial y al cual no deba acceder mediante vías destapadas que pongan en riesgo su salud, y que en un término prudencial, el Departamento gestione el convenio interadministrativo con el Distrito, con el fin de ubicar de manera definitiva al accionante, en un establecimiento educativo de la Ciudad de Santa Marta.
Recibo Relatoria   18-2-2010 0:00


Item 144    Expediente   D-7832    Fecha sentencia   3-3-2010 0:00    Sentencia   C-144/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JAIRO ARDILA ESPINOSA VS. LEY 906 DE 2004 ARTICULOS 17, 112, 357 Y OTROS

Tema

Ley 906 de 2004, artículos 17, 112, 357, 245, 362, 397, 415, 438, 450 y 454. El demandante presenta los siguientes cargos: sobre los artículos 17 y 454, los cuales regulan el principio de concentración, considera que vulneran el artículo 29 de la Constitución y dos tratados internacionales, debido a que impiden que las personas sean procesadas y juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas, además porque es el juez y no el legislador el facultado para determinar las razones por las cuales se puede suspender el juicio. Sobre los artículos 112 y 357 que regulan la actividad y la solicitud probatoria, los acusa de violar el debido proceso penal de tendencia acusatoria, ya que hacen que el juez pierda el carácter de mero arbitro. Sobre el artículo 245, que regula la prueba de ADN, el actor sostiene que vulnera los artículos 245, 29, 15 y 250 de la Constitución, ya que la información sobre la cual se accede corresponde a la información semi-privada, privada y reservada y pese a ello, no se requiere autorización previa de Juez de control de garantías. Sobre el artículo 362, que regula el orden de presentación de las prueba, considera que vulnera el principio de imparcialidad del juez, ya que no puede suplir la voluntad de las partes para probar su pretensión y decidir sobre la presentación de la misma. Sobre el artículo 397, el cual regula la intervención del juez y el Ministerio Público en el interrogatorio, considera vulnerado el artículo 29 de la Constitución, el actor considera vulnerado una vez más el principio acusatorio. Sobre el artículo 415, que regula la base de la opinión pericial, considera vulnerado el artículo 29 constitucional, ya que propicia que el ente acusador no haga el descubrimiento de la prueba dentro de la oportunidad procesal indicado en el artículo 250, norma que también resulta vulnerada. Sobre el artículo 438 que regula la prueba de la referencia, considera que se viola la estructura, principios y reglas del debido proceso además del derecho de contradicción. Por último el artículo 450, el cual regula los casos de acusados no privados de la libertad, el actor considera vulnerados los artículos 29, 28 y 31 de la Constitución, ya que la medida de privación de la libertad no proviene de la Fiscalía como medida de aseguramiento, sino de una decisión unilateral del juez quien actúa de manera oficiosa.

La Corte entra a estudiar como asunto previo la aptitud de la demanda, decide declararse inhibida para pronunciarse sobre los artículos 362, 415 y 450, por ineptitud sustantiva de la demanda, se integra el artículo 374, por los cargos propuestos respecto de los artículos 117 y 357, se pronuncia sobre las características del sistema procesal penal colombiano establecido a partir del Acto legislativo número 3 de 2002, el poder de configuración normativa reconocido en cabeza del legislador en materia procesal, la inexistencia de bienes jurídicos absolutos, el principio de legalidad y los conceptos jurídicos indeterminados en materia procesal penal, la función del Ministerio Público en el proceso penal, la función del juez de conocimiento respecto de la prueba, el precedente de la sentencia C-396/07, se decide declarar exequibles los artículos 17, 454, 112, 357, 374, 397 y 348 del CPP.

Recibo Relatoria   4-6-2010 0:00


Item 145    Expediente   D-7833    Fecha sentencia   3-3-2010 0:00    Sentencia   C-145/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV MVCC, SV JIPP, SV HASP
Demandante / Demandado    FRANCISCO EDILBERTO MORA QUÑONEZ Y OTRO VS. ARTICULO 62 DEL CODIGO CIVIL

Tema

Artículo 62 del Código Civil, el aparte acusado es el siguiente “cuando se trate de hijos extramatrimoniales, no tiene la patria potestad ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio contradictorio”, los actores consideran que la norma contempla una irracional, objetiva y desproporcionada consecuencia sancionatoria, al negarle la patria potestad y las posibilidad de ser guardador al padre o madre que no reconoce un hijo extramatrimonial voluntariamente y hacen uso de los medios procesales de defensa y contradicción en el juicio de filiación, resultando contraria la medida al artículo 2 constitucional en lo concerniente con el fin del Estado que propugna por Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, ya que la pérdida de la patria potestad se adopta sin juicio contradictorio, es decir sin que los afectados con la decisión hayan tenido la oportunidad de debatir sobre este punto, además consideran vulnerados los artículos 13, por realizar una diferencia injustificada y lesiva entre el hijo matrimonial y el hijo extramatrimonial, y 29 por no permitirle al padre o la madre ejercer su derecho de defensa. La Corte se pronuncia sobre la institución familiar y el interés superior de los niños en la Constitución Política, la patria potestad como instrumento jurídico de protección del menor, su alcance, características y elementos esenciales, se decide dictar una sentencia integradora, ya que la regla prevista en norma acusada es en sí misma constitucional, y los vicios surgen de aspectos relacionados con su interpretación y alcance, por lo tanto se decide modular su entendimiento, se decide declarar inexequible la expresión “cuando se trate de hijos extramatrimoniales” y se declara la exequibilidad condicionada de la expresión “no tiene la patria potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio contradictorio”, siempre que se entienda que, en los proceso de investigación de la paternidad o maternidad y de impugnación, le corresponde al juez determinar a la luz del principio del interés superior del menor y de las circunstancias específicas en que se encuentren los padres, sí resulta benéfico o no para el hijo que se prive de la patria potestad y del ejercicio de la guarda.
Recibo Relatoria   10-12-2010 0:00


Item 146    Expediente   D-7828 D-7843    Fecha sentencia   4-3-2010 0:00    Sentencia   C-149/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    DANIEL BONILLA MALDONADO Y OTROS VS. LEY 1151 DE 2007 ARTICULO 79

Tema

Ley 1151 de 2007, artículo 79 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, se acumulan expedientes por unidad de materia. La norma acusada regula los macro proyectos de interés social nacional, los actores consideran que la norma acusada vulnera los principios de descentralización administrativa y de autonomía de las entidades territoriales, así como los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ya que las competencias atribuidas al Gobierno Nacional para la definición, formulación, adopción y ejecución de macroproyectos de interés social nacional, excluyen a las entidades territoriales de ámbitos de la acción estatal que se desenvuelven en sus respectivas jurisdicciones territoriales, dándose un vaciamiento de competencias de las entidades territoriales contrario a los principios de descentralización territorial y autonomía de los entes territoriales. La Corte pasa a analizar el alcance de la disposición acusada, el Estado unitario, la autonomía territorial y la distribución de competencias, se concluye que la norma acusada desconoce el principio de autonomía de las entidades territoriales, ya que se desplazan las competencias de los Concejos en los procesos de adopción del POT y se le da prioridad a los macro proyectos, implicando un vaciamiento de las competencias asignadas por el constituyente a los Concejos, ya que no podrían participar en las etapas de formulación y adopción de los macroproyectos, quedando a expensas de las decisiones que el gobierno nacional incorpore y dejando subordinados a los POT, por lo tanto se decide declarar la inexequibilidad de la norma acusada pero con efectos hacia futuro, a partir del 5 de marzo de 2010, aplicándose para nuevos megaproyectos y no para los que se encuentran en curso. Inexequible.
Recibo Relatoria   30-7-2010 0:00


Item 147    Expediente   T-2433701    Fecha sentencia   4-3-2010 0:00    Sentencia   T-146/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL LOPEZ CABRALES VS. SALA DE CASACION PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso. El actor fue encontrado culpable del delito de concierto para delinquir agravado, debido a que figura como parte en el “pacto de ralito”, considera que la corporación acusada incurrió en vía de hecho debido a cuatro errores, 1) haber incluido dentro del acervo probatorio una prueba ilícita, que ha debido excluirse del proceso, 2) haber dejado de valorar pruebas que daban por probados hechos que no fueron aceptados por la Corte Suprema, 3) haber desconocido los precedentes unificados y reiterados en la materia, y 4) habérsele imputado una conducta y atípica y haberlo juzgado mediante un proceso de única instancia. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre, la competencia de esta Corporación para conocer acciones de tutela en casos de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se aclara que un juez de la república no viola el derecho al debido proceso mediante una providencia judicial cuando, prima facie, su lectura de las reglas aplicables y de las pruebas aportadas se encuentra dentro del margen de interpretación razonable, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia no tiene que excluir como ilegales e inconstitucionales, pruebas que, razonablemente no tienen tal condición, la Corte Suprema no valoró arbitrariamente las pruebas aportadas al proceso del actor, ni dejó de dar por probado un hecho que emerge clara y objetivamente de las pruebas del proceso, tampoco desconoció la reiterada jurisprudencia constitucional y penal sobre exclusión de pruebas ilícitas, por último no se violaron los derechos del actor al ser juzgado en un proceso de única instancia, por lo tanto se decide no acceder a la protección de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   29-4-2010 0:00


Item 148    Expediente   T-2464951    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-147/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARTHA DORIS GUDIZOL VIDAL VS. CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

Tema

Seguridad social, petición. La accionante elevo derecho de petición solicitando el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, ya que considera que cumple con los requisitos estipulados en la ley, sinembargo al momento de interponer la acción aún no se le había dado respuesta. La Sala encuentra que se esta ante un hecho superado ya que a la accionante se le ha reconocido su pensión, se decide declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 149    Expediente   T-2388029    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-148/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV NPP
Demandante / Demandado    ARROCERA MONTERIA LTDA. Y ALEJANDRO LIONS DE LA ESPRIELLA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERIA SALA CIVIL

Tema

Debido proceso, defensa, igualdad. El accionante afirma que el Tribunal accionado, vulneró sus derechos fundamentales, al revocar la providencia proferida el 8 de abril de 2009, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, mediante la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado hasta el mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo que inició Novartis de Colombia S.A. contra la Arrocera Montería Ltda, ya que consideró que la omisión de comunicación a los ejecutados de la sustitución procesal constituye una causal de nulidad por violación directa del artículo 29 constitucional. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, estudia la escisión de una sociedad de conformidad con la ley 222 de 1995, los requisitos para que proceda la sustitución procesal posterior a la cesión de derechos litigiosos, la contradicción como elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, se estima que el Tribunal demandado de manera arbitraria dejó de aplicar el precedente constitucional sobre el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, pues no notificó y no esperó a que los tutelantes dieran su consentimiento a la sustitución procesal generada por la escisión de la empresa Novartis de Colombia S.A., por lo tanto se decide dejar en firme el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado desde la notificación del mandamiento de pago. Concede.
Recibo Relatoria   30-9-2010 0:00


Item 150    Expediente   T-2377918 Y 2437809    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-150/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MAXIMO WILCHES PUENTES Y OTRO VS. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Tema

Dignidad humana, vida digna, igualdad, vivienda digna, demás derechos de la población desplazada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los actores son victimas del desplazamiento forzado, solicitaron un subsidio de vivienda ante la entidad accionada, pero este les fue negado por ser propietarios de un predio, alegan que dichos predios se encuentran ubicados en el municipio del cual fueron desplazados. La Sala se pronuncia sobre la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, derecho a la vivienda digna de la población desplazada, se concluye que las razones para rechazar el otorgamiento de los subsidios son infundadas, así las cosas los actores sí cumplían con los requisitos exigidos para ser beneficiarios del mismo, se ordena ubicar a los actores en el lugar dentro del orden de asignación respectivo. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 151    Expediente   T-2438689    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-150A/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    PERSONERO MUNICIPAL DE TIBU VS. GOBERNACIÓN Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Tema

Educación, igualdad. El actor interpuso acción de tutela en representación de varios padres de familia solicitando se proceda a nombrar en el menor tiempo posible un docente para la educación de veinte menores que estudian en el Centro Educativo Villanueva. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la legitimación de los personeros municipales para interponer acción de tutela, se pronuncia sobre el alcance del derecho a la educación de niño, niñas y adolescentes, se ordena a la entidad accionada designar docentes capacitados a cabalidad para satisfacer las necesidades educacionales de los menores. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 152    Expediente   T-2381398    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-151/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    EDIFICIO ANA MARIA P.H. VS. JUZGADO 66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Tema

Debido proceso. El actor considera que la sentencia proferida por el juzgado accionado fue arbitraria incurriendo en una vía de hecho al no dar aplicabilidad a las normas previstas para el caso en los procesos ejecutivos, el actor presentó acción de tutela ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá la cual fue negada por no haberse presentado reconocimiento de personería jurídica, debido a ello presentó una nueva acción de tutela. La Sala se pronuncia sobre la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, la temeridad en la interposición de las acciones de tutela, se concluye que el fallo del Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá hizo tránsito a cosa juzgada, por lo tanto la acción es temeraria, no se evidencia comprometido el goce de algún derecho fundamental, se declara la improcedencia.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 153    Expediente   T-2378377    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-152/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS ANGEL ZUÑIGA VALENCIA VS. DIRECCION DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

Tema

Mínimo vital, vida en condiciones dignas. El actor recibe una asignación de retiro por parte de las Fuerzas Militares, la cual se encuentra embargada casi en un 100%, solicita se ordene a la Caja de Retiro la regulación de sus acreencias, sin el detrimento del 50% de su pensión. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección constitucional a la seguridad social y su alcance con respecto al régimen especial, el desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital, especialmente frente a los pensionados, reiteración de jurisprudencia respecto a los descuentos permitidos a la asignación de retiro, se conmina a la Caja de Retiro para que en lo sucesivo, al efectuar descuentos tenga en cuenta la regulación legal estipulada para ello, y a las entidades crediticias y a las cooperativas para que a través de estudios técnicos y financieros ejerzan mayor control sobre los compromisos adquiridos por sus afiliados, para que no adquieran compromisos que atenten contra su mínimo vital. Concedida.
Recibo Relatoria   16-6-2010 0:00


Item 154    Expediente   T-2455562    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-153/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    METROLINEA S.A. VS. SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS AMIGABLES COMPONEDORES Y XIE S.A.

Tema

Igualdad, debido proceso, autonomía de la voluntad. El representante de la entidad accionante solicita se ordene la cancelación de la instancia de amigable composición, instaurada por la entidad accionada, en vista de que ellos no pactaron en el contrato este tipo de conciliación como mecanismo de solución de sus conflictos. La Sala se pronuncia sobre la duplicidad en la presentación de acciones de tutela, la cosa juzgada constitucional y las acciones temerarias, se concluye que los problemas jurídicos que se pretenden resolver en esta acción de tutela son idénticos a los estudiados en un proceso de tutela anterior, pero no se incurrió en una acción temeraria por cuanto el actor siempre puso de presente que se había instaurado una acción anterior y fundó la nueva acción con la certeza de que a su parecer sucedieron nuevos hechos. Niega.
Recibo Relatoria   16-6-2010 0:00


Item 155    Expediente   T-2439341    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-154/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS FRANCISCO CARRILLO PABON VS. DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

Tema

Vida, salud. El accionante actúa en representación de su hija, quien sufre de retardo mental y depende totalmente de él, la EPS a la cual se encuentra afiliado el actor al constatar que su hija es mayor de edad la desafilió del Sistema de Salud sin tener en cuenta su situación especial, por lo tanto solicita se ordene su inclusión nuevamente en el sistema. La Sala estudia los efectos de la sentencia C-479/03 en materia de invalidez absoluta y permanente, en relación con el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el derecho a la seguridad social de los discapacitados mentales en los órdenes jurídicos interno e internacional, se concluye que el caso de invalidez mental que sufre Sandra Milena es de carácter permanente y absoluto, ya que es una enfermedad incurable y que le impide desarrollar cualquier actividad económica productiva, y el acto de desafiliación al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, lesiona sus derechos fundamentales, la acción procede como mecanismo definitivo por tratarse de un sujeto de especial protección. Concedida.
Recibo Relatoria   16-6-2010 0:00


Item 156    Expediente   T-2389952    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-156/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL

Tema

Debido proceso. La accionante actúa como acreedora en un proceso ejecutivo, argumenta que el Tribunal accionado incurrió en una vía de hecho, al no aprobar en dicho proceso la liquidación del crédito presentada por su apoderado, inaplicando el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. La Sala se pronuncia sobre la normatividad de los intereses, las consideraciones de la jurisprudencia constitucional sobre el defecto fáctico en materia probatoria como causal de procedibilidad especial de la acción de tutela, la improcedencia de la tutela para dilucidar cuestiones económicas contables, se concluye que el fondo del asunto es eminentemente económico y por lo tanto la tutela resulta improcedente, el escenario natural para dirimir el conflicto es la jurisdicción ordinaria. Niega.
Recibo Relatoria   18-6-2010 0:00


Item 157    Expediente   T-2383102    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-157/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SANTIAGO SOTO MOLINA VS. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

Tema

Petición, acceso a documentos públicos. El actor comenta que presentó derecho de petición ante la entidad accionada, mediante el cual solicitó, “archivo de Excel que contenga la lista de las placas de los vehículos que se encuentran registrados como taxi ante las autoridades locales en su municipio así como la marca y modelo de vehículo al que corresponde cada una de las placas”, la entidad se negó a suministrar dicha información por políticas de seguridad, debido al mal uso que se la ha dado a esta información. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia, sobre la procedencia de la acción de tutela ante la existencia de otro medio de defensa judicial, el procedimiento previsto por la Ley 57 de 1985, el derecho al acceso a documentos públicos como manifestación del derecho de petición y el derecho a la información, se concluye que las razones expuestas por la entidad accionada para suministrar la información no son razones constitucionalmente admisibles, además no se puede presumir la mala fé del actor, por lo tanto se ordena suministrar la información solicitada. Concedida.
Recibo Relatoria   19-4-2010 0:00


Item 158    Expediente   T-2458210 Y T-2460872    Fecha sentencia   5-3-2010 0:00    Sentencia   T-158/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JENNY GABRIEL DE SORUCO Y OTRO VS. COLSEGUROS Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan procesos por unidad de materia. Los accionantes, respectivamente suscribieron contrato de medicina prepagada, en el primer caso la accionante solicita se ordene a la entidad acusada que le suministre una prótesis de rodilla anatómica que requiere para continuar normalmente su función locomotora, ya que solo se le ha reconocido un porcentaje debido a que en el contrato se encuentra estipulado que solo asumirán un porcentaje del costo de las prótesis, en el segundo caso el actor solicita se le siga prestando el servicio de salud a su esposa como beneficiaria del contrato celebrado por él con la entidad acusada, el cual se vio interrumpido por una mora en el pago, dicha entidad se negó a vincular nuevamente a la señora debido a que tiene una preexistencia de cáncer de mama.
La Sala procede a pronunciarse sobre, los planes adicionales de salud en el marco del sistema general de seguridad social en salud, procedencia excepcional de la acción de tutela para que el juez constitucional analice el clausulado de los contratos adicionales de salud, cuando el debate comprometa derechos fundamentales, el tratamiento jurisprudencial a los contratos de medicina prepagada, la importancia del examen de ingreso y la identificación previa de las denominadas preexistencias, el derecho a la continuidad en la prestación de los servicios de salud prepagados y el allanamiento en mora por aplicación analógica iuris, el contrato de seguros en materia de hospitalización y cirugía como plan adicional de salud y sus exclusiones. En cuanto al primer caso, luego de analizar el contrato celebrado entre la entidad demandada y la accionante, se encuentra que está expresamente excluido el suministro de prótesis, las compañías de medicina prepagada solo están obligadas a suministrar a sus usuarios los servicios médicos incluidos en el contrato que hayan celebrado, por lo tanto a la accionante no se le están vulnerando sus derechos fundamentales. Niega. En cuanto al segundo caso se encuentra que la entidad accionada, se allanó al incumplimiento de pago por parte del accionante al recibir el pago, y por lo tanto debió proceder a reactivar el servicio sin trabas, ni dilaciones, se ordena garantizar la continuidad en la prestación de los servicios sin alegar preexistencias al momento de ingreso. Concede.
Recibo Relatoria   19-4-2010 0:00


Item 159    Expediente   T-2433286    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-159/09
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LEIBIS MORON MORELOS VS. CAJANAL EICE

Tema

Mínimo vital, seguridad social. La accionante comenta que es beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento de su padre, desde el año 2000, solicita la protección constitucional debido a que las mesadas han dejado de ser canceladas pese a haber aportado en varias oportunidades la certificación académica en donde consta que actualmente se encuentra estudiando, solicita el pago de las mesadas pensionales dejadas de cancelar. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar derechos prestacionales, la seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela, se encuentra que la conducta omisiva de la entidad accionada es recurrente y con ella se están afectando los derechos fundamentales de la actora, si bien dentro del proceso se realizo el pago de las mesadas adeudadas, se previene a la entidad accionada para que en el futuro se abstenga de incurrir en los mismos hechos que motivaron esta acción. Concedida.
Recibo Relatoria   19-3-2010 0:00


Item 160    Expediente   T-2433748    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-160/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ALEJANDRA CASTILLO MÚNERA VS. BOOKING PRODUCCIONES LTDA.

Tema

Trabajo, mínimo vital, ejercer una profesión u oficio. La accionante comenta que celebro un contrato de representación con la agencia accionada, dicha agencia no le ha cancelado de manera oportuna el pago de su participación como modelo en los años 2007 y 2008, por lo tanto decidió dar por terminado de manera unilateral el contrato, sin embargo la agencia no a aceptado la comunicación enviada en este sentido y le ha impedido ofrecer sus servicios de modelo a otras agencias, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales. La Sala se pronuncia sobre, la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares y la procedencia de la acción de tutela contra particulares, la acción de tutela frente a controversias contractuales, la idoneidad de otros medios de defensa judicial, se concluye que si bien los derechos de la accionante fueron vulnerados este no es el mecanismo para resolver incumplimientos judiciales, por lo tanto el amparo se restringe a ordenar a la Agencia a dar por terminado el contrato suscrito con la actora y a cancelar la prorroga del mismo. Concede parcialmente.
Recibo Relatoria   24-3-2010 0:00


Item 161    Expediente   T-2385559    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-161/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    LOTERIA DE SANTANDER VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema

Debido proceso, igualdad, confianza legítima. El Establecimiento Público de Beneficencia de Santander, suprimió el cargo de la señora Martha Garavito mediante resolución frente a la cual la señora inició un proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho, durante el proceso esta entidad se convirtió en la Lotería de Santander, empresa industrial y comercial del Estado, el Tribunal accionado no tuvo en cuenta este cambio, y accedió a declarar la nulidad de la resolución mediante la cual fue desvinculada la señora y ordeno su reintegro, alega el representante legal de la Lotería de Santander que en dicha decisión se incurrió en una vulneración al debido proceso, ya que se desconoció la jurisprudencia sobre el tema, por que no es jurídicamente adecuado ordenar el reintegro de la señora Garavito, debido a el cambio de naturaleza jurídica de la entidad. La Sala se pronuncia sobre las personas jurídicas como titulares de derechos fundamentales, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, los criterios generales y específicos de procedibilidad, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, la afectación del derecho a la igualdad, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y la afectación del derecho a la igualdad, se encuentra que el Tribunal accionado incurrió en una vía de hecho al apartarse del precedente jurisprudencial por lo tanto, se decide dejar sin efecto el fallo atacado y se le ordena proferir una nueva sentencia, dando aplicación al precedente o si se aparta que se haga referencia a al precedente que abandona y que se ofrezca una carga argumentativa seria, mediante la cual se explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de esas decisiones. Concedida.
Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 162    Expediente   T-2438517    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-162/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ROSEMARY PARDO REINA VS. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI EN LIQUIDACION

Tema

Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, vida en condiciones dignas, derechos fundamentales del menor. La accionante solicita su vinculación en el retén social de la entidad accionada debido a que es madre cabeza de familia, ya que se encuentra totalmente a cargo de su hija menor, la entidad accionada considera que el padre de la menor se encuentra en la capacidad de aportar en la manutención de la niña y procedió a rechazar su solicitud. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de las medidas de estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia, la condición constitucional de las madres cabeza de familia como sujetos de especial protección y el desarrollo de acciones afirmativas en su favor, los mecanismos de amparo a favor de las madres cabeza de familia son aplicables en los procesos de renovación y modernización de la administración pública como en los de liquidación forzosa administrativa, se encuentra que en este caso se debe proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada de un sujeto de especial protección, se ordena el reintegro de la acciónate y el pago de las prestaciones sociales dejadas de cancelar desde su despido. Concedida.
Recibo Relatoria   17-6-2010 0:00


Item 163    Expediente   T-2441760 Y T-2431452    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-163/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CARLSO HUMBERTO PABON Y OTRO VS. SECRETARIA DE SALUD Y OTROS

Tema

Vida, salud, seguridad social, libertad de escogencia de EPS, igualdad. Se acumulan expedientes. En el primer caso, el accionante se encontraba afiliado a la EPS Cafam, pero la entidad dejo de operar en el Distrito de Bogotá, por lo tanto fue trasladado sin su consentimiento a la EPS Ecoopos, comenta que no se sintió a gusto con dicha EPS y por ello solicitó su traslado, el cual no le fue realizado por no encontrarse en periodo de traslados autorizados. En el segundo caso, al accionante se le programó una intervención quirúrgica ambulatoria luego de cuatro meses desde la fecha en que se le autorizó dicha intervención. La Sala se pronuncia sobre la protección del derecho fundamental a la salud y el principio de continuidad en la prestación del servicio, la libre escogencia de EPS en el régimen subsidiado, la libre escogencia de la EPS-S y debida prestación del servicio, en cuanto al primer caso se encuentra que el accionante tiene todo el derecho de elegir EPS, por lo tanto, se ordena autorizar su traslado, en el segundo caso se evidencia que al accionante se le dieron las autorizaciones correspondientes y se le prestaron los servicios necesarios, por lo tanto se decide declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 164    Expediente   T-24444261    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-164/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    NULBER DURAN GOMEZ VS. BANCOLOMBIA S.A.

Tema

Habeas data. El actor comenta que fue reportado a en las centrales de riesgo por haber incumplido con el pago de las cuotas de tarjeta de crédito adquiridas con la entidad accionada en el año de 1989, alega que el término máximo de actualización de datos de personas que no han cancelado sus obligaciones crediticias es de diez años, por lo tanto solicita se actualice en las centrales de riesgos su historia crediticia, retirando el reporte negativo existente respecto de sus obligaciones incumplidas. La Sala en primer lugar pasa a verificar la procedencia de la acción de tutela, en el presente caso, se encuentra que el actor agotó el requisito consistente en acudir a la entidad que realizó el reporte por lo tanto el estudio de la acción es procedente, luego realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental al habeas data, y el límite temporal del dato negativo, se concluye que si bien el incumplimiento de la obligación de dio en 1989, dicha obligación se hizo exigible en el año 2000 por lo tanto no han transcurrido diez años desde la extinción de la obligación, es más las obligaciones que originaron el reporte aún son jurídicamente relevantes y exigibles por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones del actor. Niega.
Recibo Relatoria   6-10-2010 0:00


Item 165    Expediente   T-2439742    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-165/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BENJAMIN HUERTAS RODRIGUEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que en el año 2004 solicitó el reconocimiento y pago de su mesada pensional, en esta ocasión le fue negado el derecho por no cumplir con el número de semanas requeridas y se le brindó la opción de reclamar la indemnización sustitutiva, el actor opto por seguir cotizando las semanas faltantes, en el año 2009 nuevamente solicito el reconocimiento y pago de su mesada pensional y en esta ocasión el derecho le fue negado nuevamente, ya que la entidad accionada alega que el actor recibió el pago de la indemnización sustitutiva. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela cuando existen otros mecanismos de defensa judicial, la improcedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones, la pensión de vejez en el régimen solidario de prima media con prestación definida, el principio de buena fe y sus dimensiones de confianza legítima y respeto por el acto propio, se encuentra que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del actor, y el principio de confianza legítima, en primer lugar porque no realizó el pago de la indemnización sustitutiva y en segundo lugar por recibir las cotizaciones faltantes sin objetarlas o rechazarlas generando en él una expectativa infundada, se concluye que el actor tiene consolidado su derecho a la pensión por lo tanto se ordena al ISS, reconocer la prestación solicitada. Concedida.
Recibo Relatoria   28-6-2010 0:00


Item 166    Expediente   T-2436781    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-166/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA AUXILIADORA MATURANA HINESTROZA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante actúa en nombre propio en representación de sus menores hijos, solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su esposo, dicha pensión le ha sido negada debido a que el causante no cumplió con el requisito del 20% de fidelidad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales, el carácter progresivo del derecho a la seguridad social, el derecho de la pensión de sobrevivientes, finalidad, naturaleza y requisitos para acceder a ella, la posición jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a los requisitos de la Ley 797 de 2003 antes de proferir la sentencia 56 de 2009, se aclara que para esta corporación la aplicación del requisito de fidelidad aún cuando este hubiere estado vigente al momento de elevarse la solicitud, causó un efecto desproporcionado para la demandante y sus menores hijos, por cuanto se les exigieron condiciones más gravosas que las inicialmente consagradas, sin un sustento suficiente que justificara la disminución del nivel de protección del derecho, se ordena a la entidad accionada que estudie la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por la accionante. Concedida.
Recibo Relatoria   28-6-2010 0:00


Item 167    Expediente   T-2433418    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-167/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    NESTOR ENRIQUE FERNANDEZ PAYARES VS. TRIBUNAL SUPERIIOR DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia. El actor comenta que las entidades accionadas rechazaron injustificadamente un incidente de nulidad que interpuso dentro del proceso ejecutivo que promoviera en su contra el señor Gil Nuñez, por lo tanto solicita se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que profiera un nuevo fallo en el cual valore y tome en cuenta para decidir de forma objetiva y racional, los criterios orientadores que esta corporación fije a partir de los hechos y consideraciones presentados en la acción de tutela. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se encuentra que las decisiones de las autoridades judiciales accionadas se ajustaron a lo que les fue solicitado y no resultan contrarias a derecho, ya que las circunstancias fácticas que fundamenta el accionante no encajan en la causal invocada. Niega.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 168    Expediente   T-2384383    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-168/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    NANCY MARIELA PALACIOS RUBIO VS. COMCEL S.A. Y OTROS

Tema

Intimidad, buen nombre, honra, habeas data. La accionante comenta que se encuentra reportada a data crédito, pese a que no existe autorización para realizar el reporte y es falsa la información que sobre ella se suministró, además lleva más de dos meses solicitando las copias de los documentos que soportan la existencia de la obligación, así como de la autorización otorgada para realizar el reporte, sin que a la fecha le hayan sido entregados. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el alcance del derecho de habeas data, las condiciones en que procede el reporte negativo a las centrales de riesgo, se concluye que COMCEL no le esta vulnerado los derechos a la actora debido a que se aportaron comprobantes de la deuda y el consentimiento firmado por ella de ser reportada a las centrales de riesgos, en cuanto a la entidad que realizó el reporte y el derecho de petición presentado por la accionante solicitando información sobre si las entidades se encontraban legitimadas para realizar el reporte, se ordena darle respuesta y de no estar autorizadas, deberá DATACREDITO S.A. proceder a cancelar el reporte. Concede parcialmente.
Recibo Relatoria   11-7-2010 0:00


Item 169    Expediente   T-2371147 Y OTROS    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-169/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LILIANA SALAS VIVANCO Y OTROS VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Vida digna, igualdad mínimo vital, seguridad social, salud, debido proceso, vivienda digna, petición, demás derechos de la población desplazada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan se ordene a Acción Social responder los derechos de petición presentados en los cuales solicitan la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia al igual que otros componentes y en uno de los casos solicitan su inscripción en el RUPD. La Sala pasa a estudiar la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado, las pautas de interpretación de las normas aplicables para el RUPD, el derecho a la provisión de ayuda humanitaria de emergencia y de estabilización socioeconómica, el derecho de petición invocado por la población desplazada y la presunción de veracidad en materia de tutela cuando la autoridad demandada no rinde el informe solicitado por el juez constitucional, en cuanto a varios casos se aplica la presunción de veracidad dado que los accionantes aportaron pruebas de su calidad de desplazados y la entidad accionada guardo silencio, se decide acceder a la protección de los derechos invocados, en cuanto a la petición realizada por una de las accionantes de ser inscrita en el RUPD, se ordena a la entidad accionada dar credibilidad a las declaraciones hechas por la accionante y proceder a su registro y por último se encontró que frente a varios casos se configuró un hecho superado por cuanto Acción Social dio una respuesta de fondo, clara y precisa a las peticiones elevadas
Recibo Relatoria   19-7-2010 0:00


Item 170    Expediente   T-2381165    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-170/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUIS MAURICIO VESGA CARREÑO VS. NUEVA EPS

Tema

Salud, vida digna. El accionante es Defensor del Pueblo Regional Cundinamarca, actúa en representación de varios padres de familia y sus menores hijos quienes sufren de labio leporino, hendiduras faciales y paladar hendido, comenta que venían recibiendo por parte de la entidad accionada y de un grupo interdisciplinario, atención integral en salud, sin embargo dicha atención se interrumpió de manera abrupta, solicita se vuelva a implementar el tratamiento integral para estos pacientes, se les ofrezca a las madres y familiares cercanos programas de promoción de salud y se permita a las madres de los menores enfermos, la escogencia del centro asistencial vinculado a la EPS que ofrezca el tratamiento integral sin condicionarlos solamente a los centros incluidos en la red de las IPS primarias donde se encuentra inscrito el paciente. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la salud de los niños como fundamental, autónomo y prevalente, el derecho a la salud y la necesidad de un tratamiento integral, continuidad en la prestación del servicio de salud, se concluye que los derechos de los menores están siendo vulnerados, por lo tanto se ordena a la entidad accionada, realizar una valoración médica inicial a los menores, suministrar a las madres y familiares de los menores, todos los mecanismos que requieran para brindarles información, asesoría y orientación que les permita comprender la enfermedad que padecen sus hijos y sus características, el tipo de tratamiento que requieren y conozcan la dimensión y los cuidado que se les debe suministrar para así contribuir eficazmente a su rehabilitación funcional y su desarrollo integral. Concede.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 171    Expediente   T-2445973    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-171/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CESAR FRANCO HENAO VS. CAJANAL

Tema

Petición. El accionante comenta que la entidad accionada no le ha dado respuesta a un derecho de petición presentado por el desde el 9 de febrero de 2009. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobe el derecho de petición, se recuerda que cuando una persona presente petición formal ante CAJANAL solicitando la reliquidación de la pensión de gracia, el trámite a seguir es informar por escrito dentro de los 10 días siguientes a la entrega del requerimiento, por lo tanto se ordena a la entidad accionada que proceda a pronunciarse de fondo sobre el objeto de la petición elevada por el actor. Concede.
Recibo Relatoria   19-7-2010 0:00


Item 172    Expediente   T-2438080    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-174/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    DIEGO FERNANDO ECHEVERRY JARA VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

Libre desarrollo de la personalidad, libertad de asociación, trabajo. El actor comenta que la entidad accionada se ha negado a expedirle su cédula de ciudadanía bajo el argumento de que su nacimiento se registró en dos ocasiones, en notarías de ciudades distantes, con nombres y fechas diferentes, por lo tanto solicita se ordene la expedición de su cédula de ciudadanía. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la vulneración de los derechos fundamentales por la no expedición de la cédula de ciudadanía, se decide declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 173    Expediente   T-2442557    Fecha sentencia   8-3-2010 0:00    Sentencia   T-175/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JESUS ALFREDO DURAN DELGADO VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

Debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos, trabajo en condiciones dignas y buena fe. El accionante comenta que se presentó a un concurso convocado por la Registraduría Nacional, presentando los certificados de estudios realizados, sin embargo la entidad solicitó certificar los estudios de la misma manera como si se tratara de estudios realizados en el exterior mediante la imposición de sellos, como el actor no realizó este procedimiento se entendió como si no hubiese aportado los documentos y fue dejado fuera del concurso, solicita que sean tenidas en cuenta las actas de grado y pregrado presentadas para acreditar sus estudios profesionales. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos en materia de concurso de méritos, las normas aplicables al concurso de méritos en la Registraduría Nacional del Estado Civil en consonancia con las normas sobre legalización de títulos profesionales ante el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra que se esta frente a un hecho superado por cuanto la Registraduría Nacional cumplió el fallo de segunda instancia en el cual se ordenó calificar la prueba de conocimientos y competencias presentadas por el actor, pero éste no alcanzó a el puntaje requerido, se decide confirmar el fallo de segunda instancia.
Recibo Relatoria   19-7-2010 0:00


Item 174    Expediente   D-7837, D-7838, D-7839    Fecha sentencia   10-3-2010 0:00    Sentencia   C-172/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JESUS MARIA ESPAÑA VERGARA VS. LEY 5 DE 1992 ARTICULOS 392 Y 388 Y LEY 186 DE 1995 ARTÍCULO 1

Tema

Ley 186 de 1995 artículo 1, ley 5 de 1992 artículo 392 y 388 “Por el cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes” los artículos demandados establecen que las calidades para ser asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso deben ser fijadas por la Mesa Directiva de la Cámara y por la Comisión de Administración del Senado conjuntamente mediante reglamento, el demandante considera que dichas disposiciones vulneran los artículos 122 y 150 de la Constitución, ya que considera que la materia se debe regular mediante normas con fuerza de ley que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución para obtener plena vigencia. La Corte como asunto previo se inhibe de conocer de los cargos formulados contra el artículo 392 por sustracción de materia, luego pasa a abordar los siguientes temas, las bases constitucionales del empleo público, sus funciones y las condiciones de acceso y ascenso, las Mesas Directivas del Congreso a la luz de la Ley 5 de 1992 o Estatuto Orgánico que regula la actividad legislativa y administrativa del Congreso, el papel que cumplen las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara así como la Comisión de Administración del Senado en relación con el funcionamiento administrativo del Congreso, las Unidades de Trabajo Legislativo en cuanto instrumento previsto por la Ley 5 de 1992 para adelantar una labor legislativa eficiente, el sentido y alcance que ha fijado la jurisprudencia constitucional en relación con la técnica de la reserva de ley así como sobre el fenómeno de la delegación y de la deslegalización, se concluye que los preceptos acusados encajan bajo el fenómeno de la deslegalización, y por lo tanto se ajustan a los preceptos constitucionales, se decide declarar las normas acusadas Exequibles.
Recibo Relatoria   1-7-2010 0:00


Item 175    Expediente   D-7819    Fecha sentencia   10-3-2010 0:00    Sentencia   C-173/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ADRIANA MARIA NASSAR HERNANDEZ Y OTROS VS. ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULOS 420 Y 477

Tema

Decreto Extraordinario 624 de 1989, artículos 420 y 477 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, el artículo 420 regula los hechos sobre los que recae el impuesto, respecto del impuesto a la venta, el aparte demandado es el siguiente “las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente”, por su parte el artículo 477 regula los bienes que se encuentran exentos de impuestos, los apartes demandados son los siguientes “leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante de otro modo” “leche y nata (crema), con cualquier proceso industrial concentradas o con adición de azúcar u otro edulcolorante” “leche maternizada o humanizada”, las demandantes consideran que los apartes demandados vulneran los artículo 13, 44 y 334 de la Constitución Política, debido a que se gravan las leches de crecimiento que son producidas para niños de entre uno y cinco años para que sean tolerables en su dieta y que son alimento básico para el desarrollo y crecimiento del ser humano. La Corte pasa a analizar el alcance jurídico de las normas acusadas, el propósito de la demanda y la aptitud de la misma, se decide proceder a analizar la demanda, en aplicación del principio de pro actione pese a que no se especificó el cargo de omisión legislativa relativa, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre el impuesto al valor agregado sobre los bienes básicos de consumo, se concluye que las leches de crecimiento no son productos iguales o similares a las leches maternizadas o humanizadas, ni a la leche entera o crema, ni están dentro de aquella categoría de productos cuyo consumo es necesario o indispensable para asegurar la supervivencia digna de los niños, por lo cual no hay respecto de ellas un límite absoluto al poder impositivo del Estado en materia de IVA, que le impida gravarlas, por lo tanto se resuelve declarar Exequibles los apartes acusados.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 176    Expediente   T-2436342    Fecha sentencia   10-3-2010 0:00    Sentencia   T-155/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DAVID MARTINEZ CIPION VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Seguridad social, salud, vida en condiciones dignas. Los padres del actor son beneficiarios de éste en el Sistema de Salud, debido a que quedo desempleado dejó de realizar aportes durante cuatro meses, sinembargo en la actualidad se encuentra al día con el pago de los aportes, comenta que su padre sufrió de un derrame cerebral y la EPS le exigió el pago del 46% del costo de la hospitalización, debido a que perdió la antigüedad por mora en el pago, solicita que la EPS cubra todos los gastos de hospitalización debido a que su situación económica es precaria. La Sala se pronuncia sobre la improcedencia de la tutela para resolver asuntos económicos en materia de salud, principio de continuidad del servicio y allanamiento en mora, se encuentra que la acción es improcedente debido a que las pretensiones son de origen económico, ya que la EPS le prestó al padre del actor todos los servicios médicos requeridos. Niega
Recibo Relatoria   10-7-2010 0:00


Item 177    Expediente   T-2455828    Fecha sentencia   12-3-2010 0:00    Sentencia   T-176/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LIGIA CONSUELO MONTEJO FERNANDEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso, petición. La accionante comenta que tiene un hijo de 24 años de edad el cual es discapacitado, solicitó la pensión especial de vejez por tener 1000 semanas cotizadas, sin embargo su solicitud fue negada argumentando que el requisito actual son 1100 semanas. La Sala se pronuncia sobre los fundamentos normativos de la pensión especial de vejez consagrada en el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre vía de hecho por desconocimiento del régimen de transición, y el principio de favorabilidad, en primer lugar se encuentra que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales de la accionante y su hijo ya que el medios ordinarios en este caso no son eficaces, y en segundo lugar resulta evidente que la entidad accionante vulnero los derechos fundamentales de la actora al aplicarle la interpretación jurídica menos favorable, se decide acceder a la protección de los derechos y se dejan sin efecto las resoluciones que le negaron la pensión en su lugar se ordena expedir una nueva resolución en la que se le reconozca la pensión especial de vejez. Concede.
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 178    Expediente   T-2469592 Y T-2512025    Fecha sentencia   12-3-2010 0:00    Sentencia   T-177/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOBAR OTERO CRUZ Y OTROS VS. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Tema

Vivienda, debido proceso, vida digna. Se acumulan procesos por unidad de materia. Los actores son víctimas del desplazamiento forzado, solicitaron subsidio de vivienda ante la entidad accionada, el cual le fue negado debido a que supuestamente poseen inmuebles a nivel nacional, los accionantes interpusieron recurso de reposición ante la decisión explicando que si poseen inmuebles pero en el sector del cual fueron desplazados, sin embargo la entidad decidió confirmar las resoluciones. La Sala se pronuncia sobre el retorno o reubicación como modalidades para el acceso de la población desplazada al subsidio de vivienda, se ordena a la entidad accionada calificar nuevamente la postulación, con base en los parámetros dados en la sentencia. Concedida.
Recibo Relatoria   19-4-2010 0:00


Item 179    Expediente   T-2414771    Fecha sentencia   12-3-2010 0:00    Sentencia   T-178/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DORA ELSY SERNA ORTIZ VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo. La accionante se presento a una convocatoria realizada por la entidad accionada para el ascenso de cargos, debido a ello fue ascendida y aceptó el nuevo cargo, sin embargo su ascenso fue revocado por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el cargo. La Sala pasa a estudiar las normas sobre revocación directa de los actos administrativos, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre las condiciones dentro de las cuales procede la acción de tutela cuando a través de un acto administrativo se viola el derecho fundamental al debido proceso, la irrevocabilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto, se concluye que el derecho al debido proceso de la accionante fue vulnerado además se le causo un grave perjuicio económico, y persiste la amenaza de seguirse causando, por lo tanto se decide proteger las legítimas expectativas generadas por la decisión de la administración. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 180    Expediente   T-2448853 Y T-2452567    Fecha sentencia   12-3-2010 0:00    Sentencia   T-179/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ORFELINA GIRALDO NAVARRO Y OTRA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Mínimo vital, vida digna, vivienda digna y demás derechos de la población desplazada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes solicitan se ordene a Acción Social brindarles las ayudas humanitarias de emergencia y demás beneficios que puedan obtener por pertenecer a la población desplazada ya que dicha entidad no les ha brindado ningún tipo de ayuda pese a situación de vulnerabilidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la población desplazada, el principio de buena fe procesal frente a los desplazados, las circunstancias bajo las cuales la jurisprudencia ha determinado que resulta procedente la prórroga de ayuda humanitaria de emergencia cuando se trata de mujeres cabeza de familia, se ordena a la entidad accionada realizar visita domiciliaria a las demandantes y una vez comprobada su situación otorgar las ayudas humanitarias. Concedida.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 181    Expediente   T-2448299    Fecha sentencia   16-3-2010 0:00    Sentencia   T-180/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ALVARO GUZMAN ORJUELA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y CONSEJO DE ESTADO

Tema

Debido proceso, igualdad. El actor considera que las sentencias proferidas por las corporaciones accionadas, en donde se decretó la pérdida de su investidura como concejal del municipio de Girardot, incurrieron en una vía de hecho originado en defecto sustantivo, además mediante la sentencia T-235/07, esta corporación rechazo la tutela presentada por el actor por falta de agotamiento de todos los mecanismos de defensa judiciales existentes, como quiera que el accionante tenía la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión, debido a ello el actor interpuso el recurso pero fue rechazado por el Consejo de Estado por considerar que no se encontraba acorde al artículo 17 del CCA, solicita se dejen sin efecto las sentencias proferidas en su contra. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales, hace referencia a los presupuestos para la configuración del defecto sustantivo, en cuanto declarar la nulidad de las sentencias la Corte no encuentra estructurado el error sustantivo que acusa el demandante y respecto al recurso de revisión se hace evidente que el Consejo de Estado no encontró satisfechas las exigencias para la procedencia del recurso, por lo tanto se considera que los derechos del actor no han sido vulnerados. Niega.
Recibo Relatoria   7-5-2010 0:00


Item 182    Expediente   T-2451805    Fecha sentencia   16-3-2010 0:00    Sentencia   T-180A/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS CARLOS ZAMBRANO FERNANDEZ VS. UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Tema

Educación, debido proceso, petición. El actor comenta que es estudiante de ingeniería industrial en la Universidad del Atlántico, y que debido a su precaria situación económica no pudo cancelar el pago de noveno semestre, sin embargo curso y aprobó todas las materias de dicho semestre, pero no pudo cancelar la nueva orden de pago, mediante derecho de petición solicitó un nuevo plazo para el pago del mismo, pero no obtuvo respuesta sinembargo se le generó el recibo de matricula de décimo semestre aun cuando en el sistema se encuentra inactivo, perdiendo así su calidad de estudiante, nuevamente formuló derecho de petición ratificando la voluntad de cancelar su obligación, pero nuevamente la Institución no le ha dado respuesta. La Sala en primer lugar encuentra que el derecho de petición del actor efectivamente ha sido vulnerado, luego se pronuncia sobre el principio de autonomía universitaria y el carácter vinculante del reglamento estudiantil, se encuentra que, el caso se enmarca en una de las excepciones sobre el cumplimiento de los requisitos impuestos por el reglamento estudiantil ya que la universidad avaló la matricula irregular o extraordinaria del estudiante, se decide amparar los derechos invocados. Concedida.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 183    Expediente   D-7845    Fecha sentencia   17-3-2010 0:00    Sentencia   C-181/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARIA FERNANDA OROZCO TOUS Y OTRO VS. LEY 1122 DE 2007 ARTICULO 28

Tema

Ley 1122 de 2007 artículo 28 “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.” el artículo 28 regula lo concerniente a los gerentes de las empresas sociales del estado, el aparte demandado es el siguiente “la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo gerente”, los demandantes consideran vulnerado el artículo 127 de la Constitución, ya que el mérito es el principio que debe regir el acceso a la función pública, y solo el mejor debería ser el designado. La Corte pasa a estudiar si ha operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional respecto de las expresiones demandadas, se concluye que no ha operado debido a que en la sentencia 55 de 2000, no reprodujo el mismo contenido normativo, se pasa a estudiar el principio constitucional del mérito como criterio rector del acceso a la función pública, la libertad de configuración del legislador para sujetar cargos que no son de carrera al sistema del concurso público, se concluye que la figura de la terna como opera en la actualidad desconoce el derecho fundamental del concursante mejor calificado a ser nombrado en el respectivo cargo, se decide declarar la exequibilidad de la expresión bajo el entendido de que (i) la terna a la que se refiere el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1122 de 2001 deberá ser conformada por los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones, (ii) el nominador de cada empresa social del estado deberá designar en el cargo de gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje, y (iii) el resto de la terna operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no sea posible designar al candidato que obtuvo la mejor calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y en su defecto, al tercero. Exequible.
Recibo Relatoria   6-7-2010 0:00


Item 184    Expediente   D-7830    Fecha sentencia   17-3-2010 0:00    Sentencia   C-182/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FRANCISO JAVIER AFANADOR QUIÑONEZ VS. LEY 1233 DE 2008

Tema



Ley 1233 de 2008 “Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precoperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones” el actor en primer lugar presenta demanda contra la totalidad de la norma al considerar vulnerados los artículos 1, 18, 53 y 152 constitucionales debido a que desarrolla componentes del núcleo esencial del derecho al trabajo y del derecho de asociación, el segundo cargo formulado es la violación del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo del Salvador debido a que la indicación contenida en estos dos tratados es que la cotización para la seguridad social se calcula sobre la totalidad de las compensaciones ordinarias y extraordinarias, por otra parte se desconoce el principio de progresividad y el principio de prohibición de la regresividad propia de los derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo y salario digno, por último considera que los artículos 1 y 5 de la ley demandada vulneran el artículo 13 de la Constitución Política, debido a que la imposición de parafiscales tratándose de cooperativas de trabajo asociado impone una carga directa a los trabajadores asociados, violando el principio de igualdad de los trabajadores asociados frente a los trabajadores comunes. La Corte estudia como cuestión previa la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 1 y 5 por violación del artículo 13 constitucional, se concluye que ha operado el fenómeno de cosa juzgada y se ordena estarse a lo resuelto en la sentencia 55 de 2009, en cuanto al primer cargo formulado se encuentra que la ley acusada no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados, por lo tanto el cargo no prospera, respecto del segundo cargo, se encuentra que la ley acusada no vulnera los derechos fundamentales invocados, sinembargo se recuerda que en sede de tutela se ha protegido y se seguirán protegiendo los derechos de los trabajadores cuando quiera que se presenten abusos en la utilización de la figura jurídica de las cooperativas de trabajo asociado, se decide declarar Exequible la ley demandada, por el cargo relativo a la violación del artículo 152 de la Constitución, estarse a lo resuelto en la sentencia 55 de 2009, respecto del cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 13 de la constitución, inhibirse de proferir un fallo de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda, respecto del cargo formulado por desconocimiento del principio de no regresividad, declarar Exequibles por los cargos examinados en la sentencia los artículos 1, 2, 5 y 6 de la Ley 1233 de 2008.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 185    Expediente   D-7866    Fecha sentencia   17-3-2010 0:00    Sentencia   C-183/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FABIO CORTES CRUZ VS. LEY 1122 DE 2007 ARTICULO 28

Tema

Ley 1122 de 2007 artículo 28, la norma regula a los gerentes de las empresas sociales del Estado, el aparte demandado es el siguiente “la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo gerente”, el demandante considera que la norma acusada viola el artículo 125 de la Constitución Política, ya que no se tiene en cuenta el criterio del mérito sino que se deja la voluntad del nombramiento al nominador. La Sala encuentra que frente a este caso se ha configurado el fenómeno de cosa juzgada constitucional por lo tanto se decide estarse a lo resuelto en la sentencia 81 de 2010.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 186    Expediente   D-7851    Fecha sentencia   17-3-2010 0:00    Sentencia   C-184/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LINA MARCELA ALVAREZ VILLAREAL VS. LEY 962 DE 2005 Y OTRAS

Tema

Ley 100 de 1993 artículo 41, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, Decreto Ley 1295 de 1994 artículo 44 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” y Ley 776 de 2007 artículo 7 “Por la cual se dictan normas sobre la organización administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”, el artículo 52 regula la determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez, el aparte demandado es el siguiente “con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de capacidad laboral”, el artículo 44 regula la tabla de evaluación de incapacidades el aparte demandado es el siguiente “Esta Tabla deberá ser revisada y actualizada por el gobierno nacional, cuando menos una vez cada cinco años”, el artículo 7 regula el monto de la incapacidad permanente parcial el aparte demandado es el siguiente “El Gobierno Nacional determinará, periódicamente, los criterios de ponderación y la tabla de evaluación de incapacidades, para determinar la disminución en la capacidad laboral. Hasta tanto se utilizará el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación”. La demandante sostiene que la expedición de Códigos en todos los ramos de la legislación y la reforma de sus disposiciones, como es específicamente el Código Sustantivo del Trabajo, norma o marco que rige las relaciones laborales, habría de se una competencia exclusiva del Congreso Nacional, competencia que es de carácter indelegable y en este caso se están incumpliendo los límites impuestos por el Constituyente debido a que el Congreso le hace una delegación expresa al Gobierno en las normas demandas con el fin de reglamentar y expedir los nuevos Manuales de Calificación de Invalidez con sus Tablas de Valuación. La Corte encuentra que existe una ineptitud sustantiva de la demanda debido a que las razones de la acusación no son ciertas ni suficientes, ya que parten de una interpretación irrazonable de las disposiciones acusadas, que muestra que el alcance regulador de las mismas no puede ser el que les atribuye la actora. Decide declararse Inhibida.
Recibo Relatoria   6-7-2010 0:00


Item 187    Expediente   T-2448174    Fecha sentencia   18-3-2010 0:00    Sentencia   T-185/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MYRIAM PAEZ GOMEZ VS. FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Tema

Salud, seguridad social. La accionante comenta que contrajo matrimonio civil con el señor Rafael Suaréz, quien es pensionado del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por lo tanto ella era beneficiaria de el en el sistema de salud, pero en julio de 2008 el Señor Suarez solicitó su exclusión aduciendo falta de convivencia con la accionante, manifiesta que requiere los servicios de salud dado que es una persona de tercera edad y sufre de epilepsia, solicita su reconocimiento como beneficiaria del sistema de salud. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para prevenir un perjuicio irremediable, el principio de continuidad del servicio de salud, los beneficiarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el debido proceso para su desafiliación por parte de la E.P.S., los deberes conyugales de ayuda y socorro y subsistencia aún después de extinguido el vínculo matrimonial, debido proceso para la desafiliación del cónyuge dependiente, se recuerda que la desafiliación de un cónyuge con una enfermedad o discapacidad grave está constitucional y legalmente protegida, por lo tanto se encuentra que la entidad accionada no agoto previamente el debido proceso ya que realizó la desafiliación sin tener en cuenta la verdadera terminación del vínculo matrimonial y desconoció el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, por último se determina que la accionante es un sujeto de especial protección que requiere de un tratamiento médico especializado y que no cuenta con los recursos económicos para costeárselo, por lo tanto se ordena a la entidad accionada que ingrese nuevamente a la accionante como afiliada beneficiaria del señor Suarez. Concede.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 188    Expediente   T-2450097 Y OTROS    Fecha sentencia   18-3-2010 0:00    Sentencia   T-186/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    OSWALDO CASTRO PEÑA Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Igualdad, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los actores solicitan el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual les ha sido negada por no cumplir con el mínimo de semanas requeridas antes de la fecha de estructuración de invalidez o por no cumplir con el requisito de fidelidad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez, se pronuncia sobre el tratamiento constitucional y legal del derecho a la pensión de invalidez como parte de la seguridad social, se concluye que los actores se encuentran en estado de debilidad manifiesta y cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de invalidez, por lo tanto se decide acceder a sus pretensiones y se les ordena a la entidad accionada incluirlos en la nómina de pensionados. Concede.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 189    Expediente   T-2403263    Fecha sentencia   18-3-2010 0:00    Sentencia   T-187/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA ESTELLA PATRON LOPEZ VS. DIRECCION EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL

Tema

Debido proceso, trabajo, mínimo vital, seguridad social. La accionante fue despedida del cargo que venía desempeñando pese a encontrarse a punto de obtener su pensión de vejez, dejándola desprotegida ya que su salario era su única fuente de ingresos. La Sala se pronuncia sobre la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, específicamente para obtener el reintegro, se aclara que la accionante se encontraba desempeñando sus funciones en un cargo de libre nombramiento y remoción, lo cual no ocasiona por sí mismo un perjuicio al cual pueda darse el alcance de hecho injustificado. Niega.
Recibo Relatoria   20-5-2010 0:00


Item 190    Expediente   T-2464484    Fecha sentencia   18-3-2010 0:00    Sentencia   T-188/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CRISTIAN FELIPE HERNANDEZ CLARO VS. INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR ICFES

Tema

Educación, igualdad, buen nombre. El accionante comenta que siendo menor de edad el ICFES le impuso una inhabilidad para presentar el examen de estado, porque supuestamente cometió fraude al momento de suministrar sus datos ya que digitó de manera errónea su fecha de nacimiento, sin embargo no fue comunicado a tiempo ni por notificación personal del inicio de este trámite, vulnerando así su derecho de defensa y quedando en firme una sanción que lo inhabilito por un año para presentar exámenes de Estado. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela y la configuración de carencia actual de objeto, el derecho fundamental a la educación y la importancia del acceso y la permanencia en el sistema educativo, la responsabilidad del Icfes en relación con el derecho fundamental a la educación y el debido proceso, se declara la carencia actual de objeto por hecho superado, sin embargo se previene al ICFES, sobre la importancia de que las actuaciones administrativas en materia sancionatoria o de restricción del derecho fundamental a la educación, estén orientadas por los presupuestos dictados en la presente providencia.
Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 191    Expediente   T-2456155 Y OTROS    Fecha sentencia   18-3-2010 0:00    Sentencia   T-189/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    EVA MARIA GUZMAN Y OTROS VS. COMFENALCO TOLIMA Y OTROS

Tema

Salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. A los actores por diversos motivos, sus EPS les han negado la prestación de diferentes servicios médicos que requieren para su recuperación. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la salud, el acceso a los servicios no POS, los servicios en salud ordenados por el médico tratante, la continuidad en la prestación del servicio de salud, se encuentra que los derechos de los actores han sido vulnerados, se ordena a las entidades accionadas suministrar los servicios requeridos. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 192    Expediente   T-2501695    Fecha sentencia   18-3-2010 0:00    Sentencia   T-191/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUIS BERNARDO MOLINA GRANADA VS. PROCURADOR DELEGADO PARA LA MORALIDAD PUBLICA Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad. El actor fue destituido e inhabilitado de su cargo como Alcalde del Municipio de Santa Rosa de Osos, por haber celebrado contrato con una persona que estaba inhabilitada para contratar con el Estado, considera que las entidades accionadas incurrieron en una vía de hecho por defecto fáctico al emitir fallo condenatorio en su contra con base en valoraciones subjetivas y vulneración al derecho a la igualdad por no aplicar por analogía los tres casos similares en los cuales la entidad accionada ha adoptado una decisión más benévola. La Sala se pronuncia sobre la subsidiariedad de la acción de tutela, la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos que imponen una sanción disciplinaria, se concluye que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial y dado que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable la acción resulta improcedente.
Recibo Relatoria   27-5-2010 0:00


Item 193    Expediente   T-2420359    Fecha sentencia   18-3-2010 0:00    Sentencia   T-192/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    NIDIA OSPINA HOYOS VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Vida, mínimo vital, petición, demás derechos de la población desplazada. La accionante solicita se le ordene a acción social que le otorgue las ayudas humanitarias a que tiene derecho. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, la protección constitucional de la población desplazada, el derecho de petición frente a la población desplazada, la ayuda humanitaria de emergencia, se encuentra que hasta el momento en que se dicto el fallo la accionante no había recibido ningún tipo de respuesta por parte de acción social, por lo tanto se le ordena responder de fondo, de manera clara, precisa y completa la petición formulada y se realicen todas las gestiones necesarias para la entrega de la ayuda humanitaria correspondiente. Concedida.
Recibo Relatoria   11-2-2011 0:00


Item 194    Expediente   T-2403799    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-193/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO VS. SALA DE CASACION PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso, doble instancia. El actor fue condenado por la Corte Suprema, como responsable de la conducta de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, considera que se incurrió en un grave defecto sustantivo debido a la forma en como se interpretaron los contratos administrativos y además se le vulnero su derecho a la doble instancia. La Sala se pronuncia sobre improcedencia general de la acción de tutela contra decisiones judiciales, se concluye que los derechos invocados por el actor no han sido vulnerados. Niega.
Recibo Relatoria   20-5-2010 0:00


Item 195    Expediente   T-2332859    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-194/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA DEL CARMEN LOZANO PADILLA VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Salud, igualdad, seguridad social, vida. La accionante solicita que se ordena a las entidades accionadas garantizar la prestación del servicio de salud y la calificación de la pérdida de capacidad laboral, ya que fue desvinculada de su lugar de trabajo pese a tener graves quebrantos de salud, por supresión del cargo, debido a la liquidación de la entidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar la aplicación de las normas de retén social, el alcance del retén social en el tiempo, la revisión de las pensiones de invalidez, el derecho a la continuidad en la prestación de servicios médicos, se ordena al ISS que proceda a autorizar y realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral y a la EPS accionada se le ordena que le siga prestando el servicio de salud hasta que se defina la situación de la accionante. Concedida.
Recibo Relatoria   7-5-2010 0:00


Item 196    Expediente   T-2505378    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-195/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA EMILDA GRAJALES ESCUDERO VS. CAPRECOM EPS

Tema

Vida, salud, trabajo. La accionante tiene 89 años de edad, le diagnosticaron catarata en el ojo izquierdo, solicita se le realice en el menor tiempo posible la cirugía ordenada por su médico tratante la cual ya fue autorizada, por la EPS accionada. La Corte se pronuncia sobre el derecho fundamental a la salud, amparo de este derecho a personas de especial protección por parte del Estado, derecho a que las entidades responsables garanticen el acceso a los servicios de salud que se requieran, con calidad, eficacia y oportunidad, se concluye que la omisión en que incurrió la EPS, produjo vulneración de los derechos fundamentales de la actora. Concedida.
Recibo Relatoria   7-5-2010 0:00


Item 197    Expediente   T-2448323    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-196/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    EDUARDO RAMON TOUS BUELVAS VS. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y OTROS

Tema

Igualdad, debido proceso administrativo. El actor considera que la Notaría Única de Sahgún (Córdoba) debió ser excluida del concurso de notarios ya que en su sentir el cargo de notario lo ocupaba en propiedad, solicita que se declare su permanencia en dicho cargo hasta alcanzar la edad de retiro forzoso. La Sala se pronuncia sobre los requisitos de subsidiariedad e inmediatez como presupuestos de procedencia de la acción de tutela, se encuentra que la acción es improcedente por cuanto no cumple con el requisito de inmediatez y existen mecanismos ordinarios de defensa que el actor no ha hecho valer. Niega.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 198    Expediente   T-2448375    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-197/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ALEJANDRINA SETIEN CRUZ VS. COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S..

Tema

Vida, mínimo vital, seguridad social, debido proceso. La accionante solicita se le reconozca la pensión de sobreviviente a que considera tener derecho con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, la cual le fue negada por no haber demostrado la convivencia hasta el momento de su muerte. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela contra particulares, se considera que en este caso la accionante se encuentra en estado de subordinación frente a la entidad particular accionada y por lo tanto la acción resulta procedente, luego se pasa a estudiar la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, el requisito legal para el reconocimiento al cónyuge supérstite del derecho a la pensión de sobrevivientes de hacer vida marital hasta la muerte del causante, en algunos casos no aplica la cohabitación bajo un mismo techo siempre que exista una causa que lo justifique, se concluye que la accionante no convivía bajo el mismo techo con el difunto debido a la avanzada edad de los dos, que hacia que requirieran cuidados especiales, más sin embargo sus lazos de amor y fidelidad no se perdieron, esto implica que la cónyuge cumple con el requisito de haber convivido con el pensionado hasta el momento de su fallecimiento, por lo tanto se ordena a la entidad accionada pagar las mesadas causadas desde julio de 2006 hasta la fecha y seguirlas cancelando oportunamente mes a mes. Concede.
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 199    Expediente   T-2409356 Y OTROS    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-198/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    SILVIA RUTH SIERRA HERNANDEZ Y OTROS VS. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPCRECEMOS Y OTROS

Tema

Vida digna, mínimo vital, seguridad social, protección especial a disminuidos físicos. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes sufren de diferentes afecciones de salud, por lo cual sus médicos tratantes les prescribieron diferentes tratamientos médicos y emitieron las respectivas recomendaciones a sus empleadores para que sean reubicados, sin embargo dichos empleadores los despidieron sin tener en cuenta su delicado estado de salud y las EPS no les han seguido brindado el tratamiento requerido. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobe la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a controversias laborales, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de disminución física o de discapacidad, se pasa a establecer si los empleadores vulneraron el derecho a la estabilidad reforzada de las personas en condición de disminución física, al no probar que la terminación unilateral de la relación laboral, o la decisión de no renovar el contrato, se funda en razones ajenas a la situación de debilidad manifiesta o disminución física de sus empleados, se concluye que los empleadores accionados vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes por lo tanto se ordena su reintegro. Concede.
Recibo Relatoria   2-11-2010 0:00


Item 200    Expediente   T-2398424    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-199/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ANA CECILIA LAVERDE ZAPATA Y OTROS VS. MUNICIPIO DE CARACOLI

Tema

Petición, vida, vivienda digna, dignidad humana. Los accionantes comentan que sus viviendas se encuentran ubicadas en una zona de alto riesgo, en donde se presentan deslizamientos que ponen en riesgo su vida, han solicitado en varias ocasiones a la administración municipal que adopte medidas para estabilizar los terrenos, sinembargo no han tomado ningún tipo de medida efectiva. La Sala se pronuncia sobre la naturaleza de los derechos supuestamente vulnerados y la procedencia de la acción de tutela para su protección, la responsabilidad de las autoridades municipales en la prevención y atención de desastres, las órdenes que puede impartir el juez de tutela para la protección de los derechos fundamentales en un caso concreto, se encuentra que los derechos fundamentales de los actores han sido vulnerados debido a la negligencia en la actuación de las autoridades municipales, por lo tanto se les ordena que inicien las gestiones necesarias para contratar un peritaje que determine el estado de las viviendas en el cual se especifique las medidas a adoptar. Concedida.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 201    Expediente   T-2448360 Y OTROS    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-200/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ADOLFO PEÑATE VERGARA Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los actores solicitan el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la entidad accionada no les ha reconocido el derecho debido a que no han cotizado las 1.000 semanas requeridas, al Sistema General de Pensiones, ya que no tiene en cuenta las semanas que los accionantes aportaron como independientes, tiempo en el cual no realizaron aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección a través de la acción de tutela, la improcedencia general de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez, y su eventual reconocimiento, la violación del derecho al debido proceso en el reconocimiento de la pensión, exigencias extra legales y constitucionales, se concluye que el ISS vulneró los derechos de los accionantes al exigirles, el requisito adicional de haber cotizado a Salud, se decide reconocerles el derecho por medio de esta acción debido a que son sujetos de especial protección por ser personas de tercera edad y además su mínimo vital se encuentra afectado. Concedida.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 202    Expediente   T-2455520    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-201/10
Ponente   -
Demandante / Demandado    SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUAGRICOLA LTDA VS. CONSEJO DE JUSTICIA DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso. La sociedad accionante inició querella de lanzamiento contra terceros indeterminados por ocupación de un predio de su propiedad, pero la inspección 11ª se abstuvo de realizar el lanzamiento, la sociedad actora considera que se incurrió en un defecto procesal por no correr traslado para alegar de conclusión previo al fallo de primera instancia, en defecto sustancial por indebida interpretación del Código Nacional de Policía y defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas. La Sala se pronuncia sobre las personas jurídicas como titulares de la acción de tutela, el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos, procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se concluye que no se configuró ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 203    Expediente   T-2411743    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-202/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SILVIA HELENA GARCES CARRASCO VS. DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Tema

Debido proceso, derecho de defensa. La actora actúa como representante de varios docentes del Departamento de Córdoba, a los cuales se les reconoció el pago de prestaciones sociales, sinembargo el promotor del acuerdo de reestructuración de acreencias del Departamento decidió calificar las acreencias como deudas inciertas, desconociendo los derechos fundamentales de sus representados. La Sala se pronuncia sobre los acuerdos de reestructuración previstos en la ley 550 de 1999, las causales de procedibilidad de la acción de tutela, se encuentra que en este caso la actora ignoró el principio de subsidiariedad de la tutela ya que no agotó previamente todas las etapas judiciales. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 204    Expediente   T-2457464     Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-203/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPC,SV HASP
Demandante / Demandado    ANGEL MORAN RIVERA VS. ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y OTROS

Tema

Vida, salud, ambiente sano. El actor comenta que vive cerca de las instalaciones de la Sociedad Hermanos Michellmar Ltda. donde se almacena y embarca carbón a granel, el polvillo emanado por esta actividad esta afectando gravemente la salud del actor y su familia, solicita se ordene la cesación de las causas que producen la contaminación ambiental. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para la protección de intereses colectivos, se pronuncia sobre la vulneración de de los derechos a la intimidad, a la salud, a la integridad física debido a la contaminación ambiental y, específicamente por la emisión de partículas de carbón, se decide proteger los derechos fundamentales invocados, y se ordena a la entidad accionada que ejecute todas las instrucciones que le han sido formuladas por el DAMAB y, que controle de manera constate y cabal la erradicación de las emanaciones de partículas de carbón. Concedida.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 205    Expediente   T-2408617 Y OTROS    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-204/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NINI JHOANA MARTINEZ VELASQUEZ Y OTROS VS. VIGILANCIA ANDINA LTDA Y OTROS

Tema

Mínimo vital, seguridad social, derechos de los niños. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes tenían una relación laboral, con las entidades y empresas accionadas, comentan que quedaron en estado de embarazo mientras prestaban sus servicios, situación que fue comunicada a las directivas de dichas entidades, las cuales, pese a su especial situación optaron por dar por terminado el contrato de trabajo. La Sala se pronuncia sobre el fuero constitucional e internacional a la maternidad, la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando el afectado se encuentra en estado de indefensión, los elementos fácticos para la procedencia de la acción de tutela por maternidad, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada vinculada bajo la modalidad de contrato a término fijo o por duración de obra, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada vinculada mediante contrato de prestación de servicios, se encuentra que los derechos de las accionantes fueron vulnerados y por lo tanto se decide ordenar el reintegro de las mismas y el pago de los aportes a la Seguridad Social dejados de cancelar. Concedida.
Recibo Relatoria   17-1-2011 0:00


Item 206    Expediente   T-2464022    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-205/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    ANGELEME GUTIERREZ MEJIA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, debido proceso, trabajo, vida digna, mínimo vital. El actor solicita la reliquidación de su mesada pensional con aplicación de la Ley 33 de 1985, artículo 1. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las condiciones de procedibilidad excepcional de la acción de tutela para obtener la reliquidación o reconocimiento de la pensión, el concepto de mínimo vital frente a la configuración de un perjuicio irremediable, se concluye que el actor no se encuentra ante un perjuicio irremediable ni se le esta afectando su mínimo vital, por lo tanto la acción resulta improcedente. Niega.
Recibo Relatoria   27-7-2010 0:00


Item 207    Expediente   T-2448219    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-206/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    OSCAR HUMBERTO DUQUE SANZ VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

Igualdad, debido proceso, dignidad humana. El actor ha desempeñado el cargo de Delegado Departamental, Circunscripción de Risaralda, durante doce años, su cargo paso de ser de libre nombramiento y remoción a ser de carrera, expresa que reúne los requisitos necesarios para ser inscrito en carrera de manera extraordinaria, ante lo cual elevó derecho de petición ante la Registraduría, su petición fue negada en consecuencia interpuso recuro de reposición y apelación contra dicha decisión que aún no han sido resueltos, sin embargo la Registraduría sigue adelantando la convocatoria para proveer el cargo, solicita, se suspenda dicha convocatoria y se ordene su inscripción extraordinaria en carrera. La Sala cita la sentencia 88 de 2009 que declaró inexequible el acto legislativo 01 de 2008, el cual regulaba la inscripción extraordinaria en carrera, por lo tanto se niega la protección de los derechos invocados por el actor. Niega.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 208    Expediente   T-2416667    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-207/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    HERNAN MURILLO PENAGOS VS. CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Tema

Igualdad, trabajo, libertad de escoger arte u oficio, debido proceso, confianza legítima. El accionante comenta que la entidad accionada, se niega a otorgarle la matrícula y tarjeta profesional de Administración de Empresas, argumentando que no es competente para expedir la matrícula profesional a los egresados del Programa de Administración de Empresarial Sector Privado y Público, impartido en la Universidad Sergio Arboleda programa académico en el cual el accionante obtuvo título profesional. La Sala realiza un recuento normativo acerca de la administración de empresas y realiza reiteración de jurisprudencia sobre el principio de autonomía universitaria, el principio de confianza legítima, se concluye que el programa ofrecido por la Universidad es completamente compatible con el de la carrera administración de empresas, vulnerándosele al demandante su confianza legítima y demás derecho invocados, se ordena a la entidad accionada matricular y expedir la respectiva tarjeta profesional. Concedida.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 209    Expediente   T-2455640    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-208/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ERIKA MARIA MORENO GONZALEZ VS. JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ Y EPS SALUDCOOP

Tema

Seguridad social, mínimo vital, salud, igualdad, debido proceso. La accionante solicita se ordene a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, que emita el dictamen de calificación de invalidez correspondiente, teniendo en cuenta que desde julio de 2008 su EPS radicó la documentación necesaria para emitir dicha calificación, la Junta se niega a realizar el dictamen hasta tanto sus honorarios no hayan sido cancelados, el problema radica en la duda sobre el origen de la enfermedad y por lo tanto la EPS como la accionante se niegan a cancelarlos. La Sala se pronuncia sobre la calificación de invalidez y el pago de honorarios de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez, el estudio de las normas constitucionales sobre seguridad social y especial protección al trabajo, y la persona a quien le corresponde asumir los costos relativos a la verificación de una eventual incapacidad laboral, la calificación del origen del accidente, la enfermedad o la muerte en el sistema de riesgos profesionales, la diferencia entre la discapacidad de origen común y la discapacidad de origen profesional, se decide amparar los derechos fundamentales de la accionante por lo tanto se ordena a la EPS y a la ARP que conformen una junta para resolver la discrepancia sobre el origen de la enfermedad, en caso de que persista la controversia deberá resolverla la Junta Regional y el costo de los honorarios será asumido por la entidad que resulte responsable del pago de la prestación correspondiente.
Recibo Relatoria   28-5-2010 0:00


Item 210    Expediente   T-2410519    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-209/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ANA YOLITA LEYRA RABE COMO APODERADA DE JORGE IVAN TIQUE Y OTROS VS. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Tema

Igualdad, dignidad humana, debido proceso, seguridad social, mínimo vital. Los actores solicitan el pago de los intereses moratorios y la indexación del capital de sus mesadas pensionales, pactado en la convención colectiva, con la entidad accionada. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias laborales, se concluye que la presente acción resulta improcedente pues los peticionarios cuentan con un medio ordinario de defensa judicial, además no se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable. Niega.
Recibo Relatoria   28-5-2010 0:00


Item 211    Expediente   T-2367072    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-210/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ENRIQUE EDUARDO VILLEGAS SALAZAR VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Y OTRO

Tema

Debido proceso, vivienda digna. El accionante comenta que ha venido ejerciendo durante varios años actos de señor y dueño sobre una parcela en la Ciudad de Florida Blanca, sin embargo la posesión de dicho inmueble fue perturbada por la Alcaldía Municipal, ya que se iniciaron procesos policivos en contra de el y varios vecinos, para obtener la restitución del inmueble, alegando que es un bien de uso público, sin embargo al actor nunca se le notifico la apertura del mismo por lo que no pudo impugnar las resoluciones. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el alcance del derecho al debido proceso, la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones adoptadas en procesos policivos de restitución de bienes públicos, la recuperación del espacio público, el debido proceso y el principio de confianza legítima como límites al ejercicio del deber de la Administración de proteger el espacio público, la importancia de la notificación de los actos administrativos de carácter particular, se concluye que el accionante obro de buena fe al ocupar el inmueble y por lo tanto esta protegido por el principio de confianza legítima, más esto no significa que pueda adquirir por prescripción un bien de uso público, por lo tanto se ordena a la Alcaldía accionada llegar a un acuerdo en el que se le reconozcan las mejoras que le ha hecho al inmueble antes de proceder al desalojo, la decisión se hace extensible a todos los ocupantes del bien, que se encuentren en una situación similar a la del peticionario. Concede.
Recibo Relatoria   27-9-2010 0:00


Item 212    Expediente   T-2429160, T-2447275    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-211/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    YARSIL MOGUEA CASTRO Y OTROS VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Vida, integridad física, dignidad humana, mínimo vital, igualdad, demás derechos de la población desplazada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan su inscripción en el RUPD, pero la entidad accionada se ha negado a registrarlos debido a que no cumplen con los requisitos establecidos para realizar dicho registro. La Sala se pronuncia sobre la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado, la condición de desplazado y su adquisición de facto y no por la inscripción en el RUPD, las directrices constitucionales en la interpretación de las causales de rechazo de inscripción en el RUPD, se ordena a la entidad accionada la inscripción en el RUPD y la entrega de la ayuda humanitaria correspondiente a los actores. Concedida.
Recibo Relatoria   28-5-2010 0:00


Item 213    Expediente   T-2447206    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-212/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ARNOL GUILLERMO SANCHEZ VS. COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES

Tema

Mínimo vital, vida digna, seguridad social, petición, debido proceso. El actor solicita el pago de sus incapacidades que superan los 180 días, la negativa en el pago radica en que la EPS considera que es el fondo de pensiones el que debe responder por este pago. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el pago de acreencias laborales, el marco normativo de las prestaciones por enfermedad no profesional o por accidente común, se considera que al actor se le ha vulnerado su mínimo vital y la negligencia proviene del Fondo de Pensiones al no haber iniciado los trámites para determinar la perdida de capacidad laboral, por lo tanto se le ordena pagar las incapacidades hasta tanto quede en firme el dictamen. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 214    Expediente   T-2448202    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-213/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    DEPARTAMENTO DE NARIÑO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Tema

Debido proceso El Gobernador de Nariño interpuso acción de tutela contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro de una acción popular en la cual se le ordenó al Departamento, incluir en el presupuesto de ingresos y gastos departamentales la destinación de las rentas por concepto del monopolio de licores, única y exclusivamente a atender las necesidades básicas insatisfechas en los sectores de salud y educación del Departamento, y en tal virtud se ejecuten los recursos de la renta del monopolio de licores efectivamente a ellos, el demandante considera que dicha providencia incurrió en un defecto sustantivo, por que realizó una interpretación inadecuada del inciso 5 artículo 336 de la Constitución, el cual dispone que las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación y el Decreto 4692 de 2005 que regula la forma como deben los departamentos cumplir con la destinación preferente de las rentas provenientes del monopolio de licores, considerando además la situación de los entes territoriales que se encuentren en ejecución de acuerdos de reestructuración de pasivos, y también se incurrió en un defecto fáctico, ya que la autoridad demandada desconoció el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que compromete al Departamento hasta el 2016, por lo tanto solicita se ordene que el cumplimiento de la sentencia se realice de tal manera que su acatamiento no afecte la inversión prevista para otros sectores sociales que gozan de protección constitucional, y estableciendo con claridad la forma como debe darse aplicación del Decreto 4692 de 2005. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, se estudia la procedencia de la acción, se concluye que en el presente caso la acción resulta procedente, se pasa a realizar un análisis de violación de los derechos fundamentales, se concluye que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo, debido a que desconoció el régimen propio que regula el ejercicio del monopolio de licores, como quiera que en su providencia no mencionó el Decreto 4692 de 2005 el cual regula, el alcance de la acepción “preferentemente”, además se encontró que el derecho a la igualdad también le fue vulnerado frente a otras autoridades territoriales quienes para invertir los recursos provenientes del arbitrio rentístico del monopolio de licores atienden únicamente a los límites señalados por la ley, se advierte que el proceso de reestructuración de una entidad territorial no compromete el uso de rentas con destinación específica constitucional, finalmente se resalta que el Departamento es la entidad territorial más débil respecto de los recursos propios, porque dependen en un 90% de los recursos provenientes de la cerveza, los licores y los cigarrillos, de este modo la destinación única y exclusiva de las rentas obtenidas en el monopolio de los licores a los sectores de salud y educación constituyen una afectación desproporcionada al equilibrio financiero de la entidad territorial, que repercute de manera indirecta en la satisfacción de otras necesidades y de otros sectores sociales, por lo tanto se decide dejar sin efecto la sentencia estudiada. Concede.
Recibo Relatoria   8-9-2010 0:00


Item 215    Expediente   T-2462630    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-214/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

Tema

Debido proceso, elegir y ser elegido. El actor fue elegido como concejal de Bogotá en el año 2008 pese a que en el año inmediatamente anterior fue nombrado por la Fiduacira la Previsora S.A. para que en su nombre y representación, ejecutara todos los actos y contratos tendientes a lograr la liquidación de Adpostal, por lo tanto se presentó demanda de pérdida de investidura, al estar incurso en una causal de inhabilidad, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura, el actor considera vulnerado su derecho al debido proceso ya que la providencia mencionada incurrió en un defecto fáctico por valoración irrazonable de las pruebas, solicita se que se conceda la tutela como mecanismo transitorio y se ordene dejar sin efecto la sentencia mencionada, hasta que el Consejo de Estado resuelva de fondo el recurso extraordinario especial de revisión que se formulará contra dicha providencia en el momento en que quede ejecutoriada. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se encuentra que el caso cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, se concluye que la sentencia por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura del actor, no incurrió en ningún defecto porque no se trata de una decisión carente de motivación o que resulte contraria a la jurisprudencia claramente aplicable. Concede.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 216    Expediente   T-2461187    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-215/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARLENY DEL SOCORRO HOYOS CASTAÑO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita el reconocimiento y pago de su pensión de vejez la cual le ha sido negada por no cumplir con el número de semanas requeridas para obtenerla. La Sala encuentra que se esta frente a un hecho superado debido a que durante el trámite de la acción se le reconoció la pensión de vejez. Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 217    Expediente   T-2454023 Y OTROS    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-216/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GLORIA NELLY CRUZ PULIDO Y OTRAS VS. COMEVA EPS Y OTROS

Tema

Mínimo vital, igualdad, seguridad social, salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes alegan que sus EPSs no les ha realizado el reconocimiento y pago de sus licencias de maternidad, alegando el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la naturaleza de la licencia de maternidad, la procedencia de la acción de tutela para reclamar la licencia, los requisitos legales para acceder a ella y su flexibilización por vía jurisprudencial, se ordena el reconocimiento y pago de las licencias respectivamente. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 218    Expediente   T-2448264    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-217/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    ALFREDO JOSE NASSIR SEGURA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA

Tema

Debido proceso, igualdad, libertad, dignidad humana. El actor adquirió dos lotes con el fin de construir un proyecto de vivienda multifamiliar, pero el municipio le negó la licencia de construcción porque a través de esos lotes se tiene proyectado construir una carretera, debido a esta situación interpuso una acción de reparación directa, para que se declarara al Municipio de Montería responsable de los perjuicios ocasionados al impedirle la realización de su proyecto ya que al momento en que realizó la compra esa afectación no estaba inscrita en la oficina de instrumentos públicos, en primera instancia se negó la acción y en segunda instancia se revocó la decisión y se ordenó al pago de la suma de $24.481.921, el accionante considera que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental porque el monto reconocido esta lejos de configurar la reparación del daño ocasionado, en una vía de hecho por defecto fáctico ya que se ignoró las normas procedimentales básicas que imponían analizar con rigor los hechos de la demanda y examinar juiciosamente las pruebas que sustentaban tales hechos y por último alega una vía de hecho por defecto sustantivo ya que fue expropiado indebidamente de su predio. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de acción de tutela contra providencias judiciales, se analiza si en el presente caso se cumple con los requisitos generales de procedibilidad, se concluye que la sentencia objeto de cuestionamiento, no se constituye en una actuación arbitraria o abusiva del proceso y por el contrario se encuentra conforme a la Ley y a la Constitución, por lo tanto no se enmarca en ninguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, se decide no acceder a las pretensiones invocadas. Niega.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 219    Expediente   T-2416543    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-218/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JHOAN ERLEY SANABRIA AVILA VS. SEXTRA ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LAS FUERZAS MILIATRES DE COLOMBIA

Tema

Debido proceso, igualdad. El actor alega haber sido incorporado a prestar el servicio militar como soldado regular y no como soldado bachiller que es el servicio que le corresponde prestar, solicita se ordene a la comandancia accionada, realizar las gestiones administrativas tendientes a modificar la modalidad en que esta prestando el servicio militar obligatorio, la entidad accionada alega que la inscripción del actor no se realizó a través del plantel educativo. La Sala se pronuncia sobre la prestación del servicio militar obligatorio en el caso de quienes son incorporados en la modalidad de soldados bachilleres, el debido proceso administrativo, se pone de presente que la normatividad vigente en materia de servicio de reclutamiento, no prevé que la inscripción, deba hacerse a través del plantel educativo, en el caso de quienes cursen su último año de estudios secundarios, a efectos de la definición de su situación militar, por lo tanto se vulneraron los derechos del actor, se observa que desde que se interpuso la acción han transcurrido doce meses, debido a ello el actor ya cumplió con el tiempo estipulado para prestar el servicio militar como bachiller, se ordena el desacuartelamiento inmediato y la expedición de la respectiva tarjeta militar. Concede.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 220    Expediente   T-2399799 Y T-2426794    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-219/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    EDISON VARGAS RAMIREZ Y OTRA VS. JUEZ 25 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI Y OTRO

Tema

Debido proceso, trabajo, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los actores solicitan se ordene la nulidad de los actos administrativos que los declararon insubsistentes y se ordene su reintegro. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela interpuesta en el caso de despido sin motivación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, la necesidad de motivación de los actos administrativos como desarrollo del principio de publicidad de la función pública, la finalidad de la vía gubernativa, se encuentra que las actuaciones administrativas fueron motivadas y por lo tanto los actores pudieron recurrir a la jurisdicción ordinaria, por lo tanto la acción de tutela no resulta procedente. Niega.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 221    Expediente   T-2400488 Y OTROS    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-220/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    AQUILINO AGUILLON RODRIGUEZ Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Y OTROS

Tema

Seguridad social, debido proceso, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan se autorice su traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida, alegando pertenecer al régimen de transición creado por la Ley 100 de 1993. La Sala estudia los requisitos establecidos por el legislador para aplicar el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y sus antecedentes jurisprudenciales, se aclara que si bien las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar en cualquier tiempo al régimen de prima media, se encuentra que los actores no cumplen con los requisitos para hacer parte del régimen de transición, por lo tanto se decide denegar las pretensiones invocadas. Niega.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 222    Expediente   T-2409418    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-221/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MANUEL ALFONSO CASTRO CUERVO VS. FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Tema

Debido proceso, igualdad, vivienda digna. El actor adquirió un préstamo para vivienda con la entidad accionada, con un plazo para el pago de 15 años o 180 cuotas con un interés del 15% anual, afirma que a partir del año 2002 continuo cancelando sus cuotas con formato UVR, sin que se le hubiese explicado en que consistía el cambio, comenta que ya canceló las 180 cuotas pactadas pero la entidad accionada le dice que quedan pendientes 42 cuotas adicionales. La Sala se pronuncia sobre el principio de buena fe y respeto a los actos propios, el deber del Fondo Nacional del Ahorro de concretar con los deudores la aprobación de las modificaciones en las condiciones de los créditos con ellos pactados, se concluye que los derechos del actor fueron vulnerados, ya que se alteraron las condiciones contractuales pactadas en relación con su crédito de vivienda en ausencia de un procedimiento previo que le permitiera comprender de manera clara, precisa y detallada el cambio de las condiciones del crédito y le hiciera factible manifestar su aquiescencia con tal modificación, por lo tanto se ordena a la entidad accionada restablecer el crédito en pesos según lo pactado inicialmente con el demandante en el contrato de compraventa. Concede
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 223    Expediente   T-2424138    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-222/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS GAMBOA VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Igualdad, salud, educación, vida, vivienda digna, petición, derechos de la población desplazada. Comenta el actor que se le negó su inscripción en el RUPD, debido a que las circunstancias de traslado no encajaban en las exigidas por el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, para ser considerado como desplazado. La Sala se pronuncia sobre el derecho de petición y los recursos de la vía gubernativa, la vulneración del derecho al reconocimiento de la condición de desplazamiento forzado mediante la inscripción en el RUPD, se encuentra que la decisión de Acción Social fue acertada por cuanto el motivo del desplazamiento se dio por razones de delincuencia común y no en razón del conflicto armado por lo tanto no se vulneraron los derechos del actor. Niega.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 224    Expediente   T-2465797    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-223/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    SONIA DEL CARMEN CABEZAS JACOME VS. CITI COLFONDOS

Tema

Vida digna, mínimo vital. La accionante solicita el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho, debido al fallecimiento de su hija. La Sala pasa a estudiar la procedencia de la acción de tutela para buscar el reconocimiento de derechos de carácter prestacional cuando esta comprometido el mínimo vital, se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 225    Expediente   T-2454516    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-224/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CECILIA ALEXANDRA SERNA APONZA VS. COMFENALCO EPS

Tema

Vida digna, seguridad social. La accionante actúa como agente oficioso de su madre quien sufre de hernia umbilical, para lo cual le fue programada una cirugía, sinembargo su contrato de trabajo fue cancelado y tanto ella como su madre que era su beneficiaria quedaron excluidas del sistema de salud y por lo tanto no se le pudo practicar la cirugía. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección constitucional del derecho a la salud y la continuidad en la prestación del servicio, se decide acceder a la protección de los derechos invocados por la representada, debido a que es un sujeto de especial protección, por lo tanto se ordena a la EPS prestar los servicios médicos requeridos hasta que el estado de salud de la representada quede reestablecido y realizar los trámites necesarios para afiliarla al régimen subsidiado. Concede.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 226    Expediente   T-2403400    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-225/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    NIKITUS TRADING LTDA. VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL

Tema

Debido proceso. El accionante considera que el Tribunal de Arbitramento accionado profirió una providencia de corrección, aclaración y complementación, de manera extemporánea por lo tanto carecía de jurisdicción y competencia, además se profirió el auto sin sustento probatorio y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, incurrió en defecto fáctico al resolver, sin apoyo probatorio el recurso de anulación contra el mencionado laudo, por lo tanto solicitase deje sin efecto la decisión proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y el la laudo arbitral, y que se orden a la Sociedad Metrokía S.A. que inscriba a la entidad accionante como accionista de Metrikía S.A. y le restituya todos los derechos derivados de la condición de accionista incluyendo el derecho a percibir frutos y dividendos desde el momento en que adquirió la participación accionaria. La Sala pasa a estudiar la procedencia de la acción de tutela, se concluye que la presente acción no cumple con los requisitos y por lo tanto no es posible examinar el contenido sustancial de la solicitud de tutela, se decide declararla improcedente.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 227    Expediente   T-2456849 Y OTROS    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-226/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LIDIA ZULEYMA CUESTA PEREZ Y OTROS VS. COOMEVA EPS

Tema

Salud, vida, familia, derechos sexuales y reproductivos. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan se ordene a las EPS accionada autorizar en forma integral y en las oportunidades que se requiera, desarrollar un programa de fertilidad que incluya todos los tratamientos necesarios, estén o no incluidos en el POS. La Sala realiza un estudio de los antecedentes jurisprudenciales respecto de tratamiento de infertilidad, se recuerda que la protección excepcional que ha otorgado esta corporación en la realización de un tratamiento de fertilidad, tiene como objeto esencial sanar o curar la causa que produce la infertilidad, por cuanto lo que se ataca es la enfermedad que afecta la salud, la vida o la integridad física de la mujer, en estos eventos se ha concedido el amparo, pero en los casos estudiados lo que se pretende es producir la fertilidad de manera externa a la protección solicitada, por lo tanto se decide negar la protección de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 228    Expediente   T-2403797    Fecha sentencia   23-3-2010 0:00    Sentencia   T-227/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    IVAN DARIO CADAVID ARANGO VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Tema

Debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, vida digna. El actor alega que la entidad accionada realizó una errónea cotización al sistema de seguridad social en pensiones, dado que la accionada no utilizo como base de cotización el valor total del salario que devengaba en el cargo de Consejero Presidencial para Antioquia, ya que se omitió cotizar lo devengado mensualmente como prima técnica, la entidad accionada considera que la prima técnica en los años en que se realizaron las cotizaciones no era un factor salarial. La Sala se pronuncia sobre el carácter subsidiario de la acción de tutela y sus requisitos generales de procedibilidad, la procedibilidad general de la acción de tutela en materia laboral, se encuentra que el actor no agotó todos los mecanismos de defensa judiciales para la defensa de sus derechos, además no se vislumbra un perjuicio irremediable para el demandante, se decide declarar la improcedencia de la acción impetrada. Niega.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 229    Expediente   D-7865    Fecha sentencia   24-3-2010 0:00    Sentencia   C-228/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DARIO ALBERTO MUNERA TORO VS. LEY 1340 DE 2009, ARTICULOS 9, 11, 12, 13, 22 Y 25

Tema

Ley 1340 de 2009 artículos 9, 11, 12, 13, 22 y 25 de la Ley 1340 de 2009 “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”, las normas demandadas regulan, el control de integraciones empresariales, la aprobación condicionada y objeción de integraciones, la excepción de eficiencia, el orden de reversión de una operación de integración empresarial, la contribución de seguimiento y el monto de las multas a personas jurídicas, se regula el control por parte de la Superintendecia de Industria y Comercio sobre los proyectos de operaciones de fusión, consolidación o integración de empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor, y cumplan con las demás condiciones indicadas en la ley, el acciónate manifiesta que estas normas son contrarias a la Constitución por cuanto imponen restricciones injustificadas a la libre empresa, a la libertad de competencia, vulneran el principio de buena fe, desconocen el principio de reserva de ley y contravienen la naturaleza de las formas impositivas de contribución que puede ordenar el Estado. La Corte se pronuncia sobre, la función estatal de prevención del abuso de la posición dominante en el marco de la dirección general de la economía, la reserva de ley en materia de intervención en la economía para asegurar la competencia efectiva, el principio de legalidad tributaria y su incidencia en la definición de tasas y contribuciones, por último se pronuncia sobre la improcedencia de la solicitud de integración normativa, se deciden declarar exequibles las normas demandadas por los cargos analizados en la sentencia.
Recibo Relatoria   6-5-2010 0:00


Item 230    Expediente   D-7831    Fecha sentencia   24-3-2010 0:00    Sentencia   C-229/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DIANA MARGARITA SALAS SANCHEZ Y OTROS VS. ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 260-10

Tema

Decreto 624 de 1989 “por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales” artículo 260-10, la norma demandada regula las sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa, el actor considera vulnerados los artículos 13, 34, 95 y 363 de la Constitución Política, debido a que al consagrar el deber tributario de presentar la declaración informativa de precios de transferencia incurre en una omisión legislativa relativa al no graduar las sanciones imponibles de conformidad con los principios de igualdad, justicia, equidad y progresividad. La Corte ya realizó un pronunciamiento sobre la cuestión planteada en la sentencia C-815/09 en donde se resolvió declarar exequible el artículo demandado, se decide estarse a lo resuelto en la sentencia.
Recibo Relatoria   11-5-2010 0:00


Item 231    Expediente   T-2501763    Fecha sentencia   26-3-2010 0:00    Sentencia   T-230/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MANUEL PEREZ CALA VS. CLINICA SANTO TOMAS S.A.

Tema

Trabajo, salud, mínimo vital, seguridad social. El actor estaba vinculado con la clínica accionada, como enfermero mediante contrato de trabajo a término fijo, en desarrollo del contrato se le diagnosticó una enfermedad denominada “Epilepsia localizada controlada, hita crónica bricardia sinisual en estudio, transtorno ansio-depresivo en tratamiento”, por lo tanto se emitieron conceptos médicos en los cuales se indicaba que no podía ejercer trabajo nocturno, ni labores en horarios extendidos, pese a ello la entidad dio por terminado su contrato laboral, quedando desprotegido ya que actualmente no tiene trabajo, y por lo tanto no puede sostener a su familia y se encuentra desafiliado del sistema de salud por lo cual no ha podido continuar con el tratamiento médico que requiere su enfermedad. La Sala pasa a estudiar, la existencia de otros mecanismos judiciales para resolver las peticiones del accionante, se concluye que dichos mecanismos en este caso no resultan procedentes, debido a las especiales circunstancias del actor, luego se pronuncia sobre la protección laboral reforzada del trabajador discapacitado o afectado con limitaciones y la estabilidad laboral reforzada en contratos a término fijo, se concluye que la clínica accionada vulnero los derechos del actor al desvincularlo de su puesto de trabajo, a pesar de la incapacidad generada por su enfermedad, de la cual no ha logrado rehabilitarse, además se encuentra que en este caso la acción de tutela resulta procedente como mecanismo de protección definitivo, debido al estado de salud del actor, se ordena pagar todos los salarios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, una indemnización equivalente a 180 días de salario, su reubicación a un cargo similar o mejor al que venía desempeñando. Concede.
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 232    Expediente   T-2503481    Fecha sentencia   26-3-2010 0:00    Sentencia   T-231/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FRANCISCO LUIS HERNANDEZ VS. EMPRESA DE LAMPARAS ILUMECO S.A.

Tema

Debido proceso, igualdad, mínimo vital, trabajo. El accionante sufrió un accidente laboral que le generó una incapacidad permanente parcial del 24.40% , sin embargo fue despedido por la empresa accionada, sin que mediara autorización del Ministerio de la Protección Social. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad, otras medidas de protección reforzada en los casos de personas con discapacidad o disminuidos físicamente, se concluye que la entidad vulneró los derechos del actor, al efectuar la terminación unilateral de su contrato de trabajo a pesar de sus graves padecimientos de salud y al no contar con el permiso de las autoridades laborales correspondientes, se concede el amparo de manera transitoria, se ordena pagarle todos los salarios dejados de percibir desde su desvinculación, una indemnización equivalente a 180 días de salario, y de ser necesaria la capacitación para desempeñar un nuevo cargo. Concede.
Recibo Relatoria   13-10-2010 0:00


Item 233    Expediente   T-2510141    Fecha sentencia   26-3-2010 0:00    Sentencia   T-232/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    EDILBERTO HOLGUIN SALDARRIAGA VS. GLOBAL PINTURAS S.A.

Tema

Mínimo vital, trabajo, salud, vida digna. El actor trabajaba para la entidad accionada mediante contrato laboral a término fijo, en octubre de 2008, sufrió un accidente de transito que le generó varias incapacidades, fue despedido sin contar con autorización de la Oficina de Trabajo, pese a que aun se encontraba incapacitado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión, se decide conceder el derecho a la estabilidad laboral reforzada del actor y se concede de manera definitiva ya que ha tenido que soportar una carga innecesaria y porque el proceso no ofrece dudas tan relevantes de que el peticionario tiene derecho al reintegro y al pago de salarios retroactivos, se ordena pagar todos los salarios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario y su reintegro. Concede
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 234    Expediente   T-2518534    Fecha sentencia   26-3-2010 0:00    Sentencia   T-233/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOSE JOAQUIN LUGO VS. SEGURIDAD SAN MARTIN LTD.

Tema

Trabajo, mínimo vital, protección laboral reforzada. El actor se desempeñaba como vigilante con contrato a término fijo, desde agosto de 2008, en febrero de 2009 inició un tratamiento médico debido a fuertes dolores de espalda, debido a ello se le realizó una cirugía de columna lumbar, lo que le generó varias incapacidades, sin embargo la empresa accionada no tuvo en cuenta su estado de incapacidad y decidió dar por terminado el contrato de trabajo. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, el desarrollo legal en punto a la estabilidad laboral reforzada de personas con limitaciones, se recuerda que la terminación de una relación laboral, esté o no justificada, no constituye en sí misma, un problema de relevancia constitucional, lo que resulta inadmisible es que este despido ocurra como consecuencia de la utilización abusiva de una facultad legal para ocultar un trato discriminatorio hacia un empleado, ya que no se le puede dar un trato igual a una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, se concluye que los derechos del actor fueron vulnerados por lo tanto se ordena pagar todos los salarios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario y su reintegro. Concede
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 235    Expediente   T-2515554    Fecha sentencia   26-3-2010 0:00    Sentencia   T-234/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DANIEL ORLANDO ARIAS VS. FARMACEUTICA S.A. PRODUCTOS ROCHE S.A.

Tema

Trabajo, mínimo vital, seguridad social, estabilidad laboral reforzada. El actor suscribió con la empresa accionada un contrato a término indefinido desde noviembre de 2001, comenta que sufre de artritis gotosa, lo que le ha generado varios periodos de incapacidad, sin embargo fue despedido pese a encontrarse en uno de estos periodos. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia, sobre la estabilidad laboral reforzada en los casos de personas en estado de debilidad o enfermedad, se encuentra que la entidad accionada vulneró los derechos del actor, por lo tanto se ordena pagar todos los salarios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario y su reintegro. Concede
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 236    Expediente   T-2497035    Fecha sentencia   26-3-2010 0:00    Sentencia   T-235/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    ZUNILDA DEL SOCORRO ROCA VS. CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

Tema

Vida, seguridad social, mínimo vital, petición. La accionante cotizó 776 semanas al sistema de seguridad social antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, solicita la indemnización sustitutiva pero la entidad accionada se ha negado a reconocerle su derecho. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento y pago de acreencias pensionales, los fundamentos normativos del derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se concluye que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la actora ya que desconoció el artículo 37 de la ley 100 de 1993 que era la norma aplicable en el caso en concreto, se ordena el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. Concedida.
Recibo Relatoria   2-6-2010 0:00


Item 237    Expediente   T-2552812    Fecha sentencia   3-4-2010 0:00    Sentencia   T-309/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    UNION TEMPORAL PRODESA VS. ALCALDIA DE SAN FRANCISO, PUTUMAYO

Tema

Debido proceso, igualdad. El actor alega que la Alcaldía accionada vulnero sus derechos fundamentales, debido a que participó en licitación pública para la adjudicación de un contrato cuyo objeto es la construcción del plan maestro de alcantarillado, del casco urbano, del municipio de San Franciso del Departamento del Putumayo, comenta que el comité no fue designado formalmente mediante decreto, y que un miembro de dicho comité tiene un vínculo de consanguinidad en cuarto grado, con la esposa del representante legal del consorcio al cual se le adjudicó el contrato, además dicho consorcio incurrió en varias conductas que desconocen el Pliego de Condiciones como marco normativo que regula las actuaciones de los proponentes y de la entidad que adjudica la licitación, que debieron conducir al rechazo de la oferta presentada. La Sala encuentra que la acción de tutela en este caso resulta improcedente debido a que el actor no demostró la configuración de un perjuicio irremediable y contaba con otro mecanismo de defensa judicial. Niega.
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 238    Expediente   T-2550134    Fecha sentencia   6-4-2010 0:00    Sentencia   T-237/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAIME PEÑARANDA VICTORIA VS. MINISTERIO DE DEFENSA Y POLICIA NACIONAL

Tema

Dignidad humana, trabajo, igualdad. El accionante fue retirado de la Policía Nacional en enero de 2009, comenta que presentó problemas psiquiátricos desde el año 2005, por lo tanto se le asignaron otro tipo de funciones las cuales cumplió a cabalidad, sin embargo fue despedido tomando en cuenta un dictamen médico expedido en el año 2007 el cual para el momento en que se tomo la decisión ya no tenía vigencia, solicita se suspenda provisionalmente la resolución mediante la cual fue retirado del servicio activo, se ordene su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. La Sala realiza una interpretación constitucional sobre el servicio activo de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica, el derecho fundamental a la salud y la obligación de la Policía Nacional de prestar los servicios de salud requeridos a quines son retirados del servicio por lesiones adquiridas con ocasión del mismo, se concluye que los derecho del actor fueron vulnerados por la entidad accionada por lo tanto se ordena como medida transitoria el reintegro del accionante al cargo que desempeñaba al momento de su retiro u otra área donde pueda prestar sus servicios. Concedida.
Recibo Relatoria   28-6-2010 0:00


Item 239    Expediente   OP-127    Fecha sentencia   7-4-2010 0:00    Sentencia   C-238/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OBJECIONES PRESIDENCIALES VS. PROYECTO DE LEY 280/08 CAMARA Y 178/08 SENADO

Tema

Objeciones presidenciales al proyecto de ley número 280/08 Cámara, 178/08 Senado “Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación”, el Gobierno objeta debido a que en el tercer y cuarto debate del mencionado proyecto de ley el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo objeto de manera negativa, por ir en contravía del marco fiscal a mediano plazo. La Corte se pronuncia sobre el bloque de constitucionalidad y las leyes orgánicas como parámetro de control constitucional, el artículo 7 de la ley 819 de 2003 a la luz de la jurisprudencia constitucional, en primer lugar se encuentra que dentro del proyecto de ley no existe un mandato imperativo del gobierno nacional para la ejecución de un gasto público, además se dicta en desarrollo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, por último el concepto gubernamental no constituye un requisito de validez del trámite legislativo, se decide declarar infundada la objeción presentada y por lo tanto se declara la Exequibilidad del proyecto de ley en relación con los cargos de la objeción.
Recibo Relatoria   1-7-2010 0:00


Item 240    Expediente   OP-129    Fecha sentencia   7-4-2010 0:00    Sentencia   C-239/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OBJECIONES PRESIDENCIALES VS. PROYECTO DE LEY 036 DE 2007 CAMARA Y 225 DE 2007 SENADO

Tema

Objeciones presidenciales al proyecto de Ley 036 de 2007 Cámara y 225 de 2007 Senado, “Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones”, se objetan los artículos 3, 4, 5 y uno adicional transitorio que no tiene numeración, los artículos demandados regulan la profesión de archivista, quienes podrán obtener la tarjeta profesional de archivista, quienes podrán ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del territorio colombiano, el Gobierno considera que de sancionarse el proyecto de ley se pueden afectar derechos fundamentales como la educación, la igualdad y el derecho al trabajo, de quienes se han formado académicamente en otras disciplinas u ocupaciones, como los Historiadores y también los técnicos-profesionales y tecnólogos, que podrían ejercer en el área de la información archivística quedarían por fuera de esta posibilidad afectándoseles su núcleo central de los derechos fundamentales, se propuso que se agregara la expresión “en el correspondiente nivel de formación”, para aclarar que la posibilidad de ejercer la Archivística no se circunscribe necesariamente a la obtención de un título profesional universitario, sino que es posible ejercerla a nivel técnico o tecnológico. La Corte encuentra que las objeciones presidenciales formuladas contra los artículos 3, 4 y 5 de proyecto de ley son infundadas y respecto del artículo transitorio, se declara inhibida, por falta de certeza en la formulación de la objeción.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 241    Expediente   D-7878    Fecha sentencia   7-4-2010 0:00    Sentencia   C-240/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANTONIO BARRERA CARBONEL Y OTROS VS. LEY 100 DE 1993 ARTÍCULO 146

Tema

Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, artículo 146, la norma regula las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales en materia de pensión de jubilación extralegales, el actor considera vulnerados los artículos 4, 13, 48 y 53 constitucionales, aclara que si bien la norma fue declarada exequible en la sentencia C-410/97, estima que debe ser estudiada nuevamente por cuanto plante problemas jurídicos y cargos diferentes a los analizados por la Corte en esa oportunidad, razón por la cual es viable una nueva acción de inconstitucionalidad, el primer cargo que formula consiste en que el legislador reguló únicamente lo relativo a la convalidación de las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o municipales, siendo omisivo frente a situaciones análogas presentadas en entidades administrativas de orden nacional, vulnerando así el principio de igualdad, y el segundo cargo consiste en la vulneración al principio de universalidad, ya que no existen razones para que los servidores públicos de las entidades territoriales tengan un trato favorable respecto de servidores de entidades del orden nacional descentralizado. La Corte decide declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda.
Recibo Relatoria   30-9-2010 0:00


Item 242    Expediente   D-7852    Fecha sentencia   7-4-2010 0:00    Sentencia   C-242/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    DIEGO ALBERTO ZULETA GARCIA VS. LEY 734 DE 2002 ARTICULO 175

Tema

Ley 734 de 2002, artículo 175 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, la norma regula la aplicación del procedimiento verbal en los casos de los servidores públicos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta, el aparte demandado es el siguiente “En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia”, el demandante considera vulnerados los siguientes artículos de la Constitución, 1, 4, 6, 121, 122, 123, 150, 13, 29 y 109 debido a la vaguedad de la norma y al amplio margen de discrecionalidad conferido a los jueces. La Corte respecto de los cargos contra los artículos 1, 4, 6, 121, 122, 123, 13, 109 y 150 encuentra que las acusaciones no aportan argumentos que cumplan con las exigencias de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los términos en que la jurisprudencia constitucional ha fijado el sentido y alcance de tales requerimientos, por lo tanto se restringe a pronunciarse únicamente al cargo formulado por desconocimiento del artículo 29 constitucional, se pronuncia sobre el debido proceso administrativo, el derecho disciplinario y la potestad disciplinaria, se concluye que el precepto acusado resulta razonable respecto del artículo 29 constitucional, ya que asegura una actuación disciplinaria ágil, transparente y eficaz. Se decide declarar la norma acusada Exequible.
Recibo Relatoria   1-7-2010 0:00


Item 243    Expediente   T-1666758    Fecha sentencia   8-4-2010 0:00    Sentencia   T-243/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LILIANA VIANNEY SANTANA GUARIN VS. COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS

Tema

Mínimo vital, igualdad. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes tanto para ella como para sus hijos quienes son menores de edad, causada por el fallecimiento de su esposo, la entidad accionada se niega a reconocerle el derecho debido a que la empresa para la cual trabajaba no realizó las cotizaciones correspondientes en el año 2005, requisito necesario para completar el número de semanas requeridas por la ley. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y la obligación de probar la existencia de un perjuicio irremediable, se concluye que la negligencia del cobro al empleador por parte de la administradora de pensiones no es oponible a la familia del fallecido, a la cual se le están vulnerando sus derechos fundamentales, se decide conceder el amparo de manera transitoria.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 244    Expediente   T-2442571    Fecha sentencia   8-4-2010 0:00    Sentencia   T-244/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MYRIAM ISABEL DE LA OSSA NADJAR VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

Igualdad, debido proceso. La accionante comenta que se presento al concurso de méritos para proveer 64 cargos de Delegados Departamentales, presentó una documentación sin el cumplimiento de todos los requisitos sinembargo fue aceptada y presento las pruebas correspondientes, pero en la publicación de los resultados, encontró que mediante resolución su no nombre fue rechazado para continuar dentro del proceso de selección, ella considera desproporcionado que se le exija el requisito de legalización de títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, solicita se deje sin efecto la resolución y que se proceda a calificar su prueba de conocimientos. La Sala se pronuncia sobre la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, la carrera administrativa especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el concurso de méritos para proveer los cargos en propiedad, se concluye que la acción de tutela es improcedente en este caso ya que no se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable. Niega.
Recibo Relatoria   2-6-2010 0:00


Item 245    Expediente   T-2462410    Fecha sentencia   8-4-2010 0:00    Sentencia   T-245/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CESAR AUGUSTO JIMENEZ OLEA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema

Debido proceso, trabajo. El actor ingresó a la Policía Nacional en 1990, fue retirado mediante resolución de febrero de 2003, sostiene que dicho acto no fue motivado, desconoció el debido proceso ya que no se permitió su derecho de defensa y es ilegal ya que no contó con el Acta de Recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional previo a la expedición del acto que lo retiró del servicio, interpuso acción de nulidad y reestablecimiento del derecho frente a la resolución la cual fue negada, solicita se deje sin efecto la providencia proferida por el Tribunal accionado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia, sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, como cuestión previa se entra a analizar si la acción tutela es procedente, se encuentra que la acción no cumple con el requisito de inmediatez porque fue interpuesta más de un año después de la fecha en que se tuvo conocimiento de la sentencia. Negada.
Recibo Relatoria   2-6-2010 0:00


Item 246    Expediente   T-2413071 Y OTROS    Fecha sentencia   8-4-2010 0:00    Sentencia   T-246/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE ABDONIAS VELASQUEZ Y OTROS VS. NUEVA EPS Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan diversos tratamientos e insumos médicos, los cuales las EPSs accionadas se han negado a suministrarlos principalmente por no encontrarse incluidos en el POS. La Sala se pronuncia sobre el acceso a los servicios de salud con calidad, oportunidad y eficiencia, las reglas específicas en materia de pago de cuotas moderadoras, eltransporte, la estadía y las cirugías estéticas, se estudia cada caso en concreto revisando la necesidad de otorgar los tratamientos, viáticos e insumos solicitados, se decide ordenar a las EPSs accionadas suministrar los tratamientos requeridos. Concedida.
Recibo Relatoria   28-6-2010 0:00


Item 247    Expediente   D-7868    Fecha sentencia   10-4-2010 0:00    Sentencia   C-241/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    FRANCISCO JOSE VERGARA CARULLA VS. LEY 57 DE 1905 ARTICULO 15

Tema

Ley 57 de 1905 artículo 15 “sobre reformas judiciales”, la norma demandada regula la ocupación de hecho y las medidas policivas que se deben tomar en estos casos, el actor considera que dicho artículo vulnera el derecho al debido proceso, ya que no se requiere que el querellante demuestre el vínculo con el predio con el fin de probar su interés en iniciar el lanzamiento por ocupación de hecho, se desconoce que pueden haber ocupantes en el predio a título diferente al de arrendamiento, no se reconoce al ocupante del predio el derecho a acceder a unas garantías mínimas, no se dispone el derecho ni la oportunidad para presentar pruebas ni el de contradecirlas. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las generalidades del poder de policía, se estudia el contenido de la norma acusada, su vigencia a partir de las modificaciones posteriores, respecto del caso en concreto se encuentra que la norma ha sido subrogada y, modificada, razón que impide aseverar que la misma por sí sola continúe produciendo efectos, por lo tanto decide declararse inhibida por carencia material del objeto.
Recibo Relatoria   8-6-2010 0:00


Item 248    Expediente   T-2483488    Fecha sentencia   10-4-2010 0:00    Sentencia   T-268/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    EXITO S.A. VS. SALA CIVIL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, defensa, doble instancia. Indica la accionante que la sociedad Chevor S.A. inició un proceso de restitución de bien inmueble en su contra, el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia ordenando su lanzamiento, en mayo de 2009 el Tribunal accionado dejó sin efecto la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, por lo tanto el 20 de mayo de 2009, interpuso recurso de súplica, sin embargo el funcionario encargado de recibir el documento no se percató de que este no tenía la firma, al día siguiente el apoderado advirtió el error y dirigió un memorial comunicándole al Magistrado Sustanciador de la situación, , sin embargo se declaró improcedente por extemporáneo el recurso de súplica, la accionante considera que se incurrió en un error fáctico, en un error inducido y en un defecto fáctico. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo, se concluye que el Tribunal accionado incurrió en los defectos procedimental y sustantivo al decidir que el memorial del 20 de mayo de 2009 no es auténtico por carecer de firma, sin tener en cuenta los demás elementos que permitían dar certeza sobre la persona que lo elaboró, por lo tanto se ordena dejar sin efecto el auto que declaró improcedente el recurso de súplica por extemporáneo y se ordena decidir de fondo el recurso interpuesto. Concede.
Recibo Relatoria   28-7-2010 0:00


Item 249    Expediente   T-2252459    Fecha sentencia   11-4-2010 0:00    Sentencia   T-362/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    BLANCA CECILIA MORALES ACEVEDO VS. CAJANAL EICE

Tema

Petición, seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital. La accionante solicita la indexación de su mesada pensional, alega que es una persona de tercera edad y que su mesada pensional debería ascender a cuatro salarios mínimos y que tan solo se le esta reconociendo uno. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la indexación del salario base para liquidación de la primera mesada pensional y la procedencia de la solicitud por vía de tutela, se recuerda que el derecho a la indexación de la mesada pensional es un derecho universal, se cita la sentencia 62 de 2006 concluyendo que la accionante es un sujeto de especial protección ya que pertenece a la tercera edad y además tiene a cargo a su madre de 101 años de edad, se encuentra que ya agotó la vía gubernativa, que la mesada pensional que percibe respecto de la que debería percibir es desproporcionada, por lo tanto la acción esta llamada a prosperar para amparar los derechos de la accionante, se ordena realizar la indexación de la mesada pensional. Concede.
Recibo Relatoria   28-7-2010 0:00


Item 250    Expediente   T-2220146    Fecha sentencia   15-4-2010 0:00    Sentencia   T-247/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    CAROLINA PASUCAS CIFUENTES VS. ECOPETROL S.A.

Tema

Trabajo, dignidad, igualdad, no discriminación. La accionante fue postulada para el cargo de vigilante de batería, pero verbalmente le fue comunicado que por políticas de la entidad accionada no se recibían mujeres para desempeñar dicho cargo. La Sala se pronuncia sobre el principio de igualdad y no discriminación, prohibición de discriminación en razón de genero y acceso a las oportunidades laborales, los derechos fundamentales como parámetro y límite de las relaciones entre particulares, la prueba del hecho discriminatorio, el programa de responsabilidad social de Ecopetrol, se concluye que de las pruebas recaudadas en el expediente se demuestra la utilización del factor género como parámetro de decisión sin ningún tipo de legitimidad para utilizar este supuesto, se ordena realizar la evaluación de la accionante para desempeñar el cargo de vigilante. Concedida.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 251    Expediente   RE-152    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   C-252/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SPV GEMM, SPV JIPP, AV JIPC, SPV HASP, SPV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4975 DE 2009

Tema

Revisión constitucional del Decreto Legislativo 4975 de 2009, declaratorio del estado de emergencia social, con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del sistema general de seguridad social en salud. La Corte no encontró evidencia de hechos sobrevivientes, toda vez que coligió la existencia de una problemática de índole estructural generada de tiempo atrás asociada con el diseño, organización y sostenibilidad del sistema de salud, además de disponer de mecanismos ordinarios para conjurar la actual situación, por lo que la declaratoria de la emergencia social no cumple los presupuestos materiales y en consecuencia el decreto declaratorio resuelta inexequible, respecto de la inexequibilidad diferida, esta decisión fue adoptada en desarrollo de la facultad que tiene esta corporación para fijar los efectos de sus decisiones y de la consideración de su misión de conciliador del derecho positivo con los dictados de la equidad propios de una situación concreta por lo tanto se decide declarar el Decreto Legislativo estudiado INEXEQUIBLE con efectos diferidos respecto de los decretos de desarrollo que establezcan fuentes tributarias de financiación a partir del 16 de diciembre,
Recibo Relatoria   25-11-2010 0:00


Item 252    Expediente   RE-158    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   C-253/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV GEMM, SV JIPP, SV HASP, SPV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 127 DE 2010

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto 127 de 2010 “Por el cual se adoptan medidas en materia tributaria”. La Corte aclara que al haber desaparecido del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del Decreto estudiado, éste necesariamente deviene inconstitucional, sin embargo se considera necesario diferir los efectos de la inconstitucionalidad de la norma, por un lapso breve pero razonable, dentro del cual el órgano legislativo pueda, considerar el tema de que trata este Decreto y adoptar a la brevedad posible las medidas que estime necesarias para proveer al Sistema de Seguridad Social en Salud de fuentes de financiación adecuadas, estables y suficientes, frente a lo que resulta de los actuales requerimientos de la población colombiana en relación con el disfrute, del derecho fundamental a la salud. Se decide declarar la Inexequibilidad con efectos diferidos
Recibo Relatoria   15-12-2010 0:00


Item 253    Expediente   RE-153    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   C-254/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM,AV JIPP, AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4976 DE 2009

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo No 4976 de 2009, “Por el cual se expiden medidas excepcionales con el fin de liberar recursos que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la población beneficiaria y de dictan otras disposiciones”. La Corte decide declarar la inconstitucionalidad por consecuencia al haber desaparecido del ordenamiento el fundamento jurídico que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo revisado, por lo tanto se decide declararlo Inexequible.
Recibo Relatoria   6-7-2010 0:00


Item 254    Expediente   RE-164    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   C-255/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM, AV JIPP, AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 133 DE 21 DE ENERO DE 2010

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo número 133 del 21 de enero de 2010 “Por el cual se adoptan medidas tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, y se dictan otras disposiciones”. ”. La Corte decide declarar la inconstitucionalidad por consecuencia al haber desaparecido del ordenamiento el fundamento jurídico que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo revisado, por lo tanto se decide declararlo Inexequible.
Recibo Relatoria   6-7-2010 0:00


Item 255    Expediente   T-2479066    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-248/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    RAMIRO OSORIO PELAEZ VS. BATALLON NUMERO 8 DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA

Tema

Educación, petición. El accionante actúa como agente oficioso de su hijo, quien fue reclutado para prestar servicio militar pese a encontrarse cursando los grados 8 y 9 de educación básica secundaría, solicita se ordene su desacuartelamiento. La Sala estudia los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda la agencia oficiosa, se encuentra que se esta ante un hecho superado, por cuanto la entidad accionada dio una respuesta clara sobre los motivos por los cuales recurrió a el reclutamiento del agenciado, en cuanto al derecho al estudio se decide negar por improcedente la acción debido a que el padre del agenciado carece de legitimación por activa.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 256    Expediente   T-2484586    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-249/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ADIELA TAMAYO BEDOYA VS. CAFESALUD EPS Y OTRO

Tema

Vida, salud, seguridad social. La accionante comenta que se encuentra sometida a un tratamiento particular de fertilidad, para lo cual su médico tratante le ordenó varios exámenes que su EPS no autorizó por no encontrarse incluidos en el POS, solicita se ordene a la entidad accionada autorizar los exámenes prescritos para su tratamiento. La Sala encuentra que dentro del trámite de la acción la entidad accionada autorizó los exámenes requeridos, se declara hecho superado.
Recibo Relatoria   18-5-2010 0:00


Item 257    Expediente   T-2487905    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-250/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    OSCAR LUIS FLORES ROJAS VS. BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION

Tema

Vida, debido proceso, igualdad. El actor comenta que la entidad bancaria accionada no le ha realizado la indexación de su primera mesada pensional y además le esta reteniendo su actual mesada por el concepto de mayores valores girados. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de las acciones de tutela contra decisiones judiciales, la necesidad de agotar todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa, el reconocimiento de indexación de la primera mesada pensional a través de la acción de tutela, se encuentra que el actor no agotó los mecanismos ordinarios de defensa por lo tanto se declara la improcedencia del amparo constitucional.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 258    Expediente   T-2481460    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-251/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    SINTRAIME VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTRO

Tema

Asociación sindical. Los accionantes comentan que la empresa accionada no quiso darle trámite al pliego de peticiones presentado por ellos alegando que el sindicato no estaba legitimado para representar a los trabajadores de su empresa, esto generó un grave desorden al interior de la misma, solicitan se ordene a la entidad accionada proceda a llevar a cabo la negociación colectiva para dar salida al conflicto originado con la presentación del pliego y cancele las cuotas sindicales descontadas a los trabajadores afiliados. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la garantía constitucional de libertad sindical, la negociación colectiva de trabajo, la convención colectiva de trabajo, se concluye que el Ministerio de Protección Socia no puede bajo el argumento de la existencia de un conflicto jurídico indicar falta de competencia absteniéndose de resolver de fondo sobre la querella administrativa, se decide confirmar la sentencia de segunda instancia que protege de manera definitiva los derechos invocados por los accionantes y se ordena al Ministerio de Protección Social obligar a la entidad accionada iniciar sin dilación las negociaciones sobre las controversias directas con el sindicato, bajo los apremios de multa. Concede.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 259    Expediente   T-2437599    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-256/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANA MARIA GONZALEZ ALVAREZ VS. NUEVA EPS

Tema

Vida digna, igualdad, seguridad social, salud. La accionante solicita se ordene a la EPS accionada eximirla del pago de cuotas moderadoras y copagos, debido a que sufre de una grave enfermedad y carece de recursos económicos. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la exigencia de cuotas moderadoras y copagos, se decide exonerarla del pago de las cuotas moderadoras debido a que la enfermedad padecida es crónica, sinembargo se encuentra que la familia de la accionante cuenta con la capacidad económica suficiente para cubrir el costo de los copagos, por lo tanto se decide no acceder a la pretensión de la accionante. Niega.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 260    Expediente   T-2482395    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-257/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALBERTO CASTRO BAUTE VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION QUINTA

Tema

Debido proceso, trabajo, elegir y ser elegido. El actor fue elegido como Diputado del Departamento de Cesar, la señora Karina González, instauró demanda ante el Tribunal Contencioso del Cesar con el propósito de que se declare la nulidad del Acta General de Escrutinio o Formulario, por medio de la cual se declaró la elección del actor, alega una inhabilidad que consiste en ser familiar en tercer grado de consanguinidad (sobrino) del Alcalde del Municipio de Valledupar, el Consejo de Estado decidió anular la elección del actor como Diputado, por lo tanto considera que se incurrió en una vía de hecho por atentar contra un hecho consolidado ya que la inhabilidad establecida por la ley 617 de 2000, establece un parentesco hasta un segundo grado de consanguinidad, considera que se dejó aplicar una norma sustantiva que se encuentra vigente. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia de los eventos en los cuales una providencia judicial puede calificarse como una vía de hecho, se concluye que la sentencia dictada por el ente accionado no incurrió en ningún defecto sustantivo, para entender que se está en presencia de una causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial, se decide no acceder a la protección de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 261    Expediente   T-2483277    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-258/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JAVIER ALBERTO GONZALEZ MORENO VS.

Tema

Educación, vida digna, integridad personal. El actor es Personero del Municipio de Pácora, Caldas, solicita se ordene a la entidad demanda el nombramiento de un docente en la institución educativa de este municipio, ya que en el habitan once niños que no tienen acceso a la educación y además no están recibiendo la ayuda de familias en acción por no encontrarse escolarizados. La Sala encontró que dentro del trámite de la acción se nombro un docente para la institución educativa del Municipio de Pácora, por lo tanto se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 262    Expediente   T-2494628    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-259/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MANUELA DE LA ROSA GONZALEZ VIUDA DE SUAREZ VS. FISCALIA 12 LOCAL DE SANTA MARTA

Tema

Debido proceso, vida, petición. La accionante se considera víctima del delito de estafa, por lo cual interpuso denuncia contra la señora Lucia Posada, la Fiscalía accionada las cito a una audiencia de conciliación, la cual fue fallida, alega que luego de la audiencia el Despacho no ha adelantado ningún otro trámite, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales. La Sala no encuentra que exista una dilación injustificada en la siguiente etapa del proceso la cual es la práctica de pruebas ya que tal labor requiere de tiempo y esfuerzo judicial e investigativo considerable, por lo tanto no se percibe ni negligencia ni descuido por parte de quienes deben llevarlo a cabo tal labor, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones de la accionante. Niega.


Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 263    Expediente   T-2472179    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-260/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    HERNANDO SALAZAR PEREZ VS. R.C.N. TELEVISION Y OTROS

Tema

Honra, buen nombre, libertad de información. Refiere el accionante que el día 22 de abril de 2009, en el Canal R.C.N. se transmitió el programa denominado el CAZANOTICIAS, en el cual se presentó un caso titulado “Corrupción en un Despacho Judicial”. Comenta que en dicha transmisión se aseguró que un funcionario del juzgado 27 civil municipal de Bogotá cobraba sumas de dinero para agilizar el trámite de los procesos realizados en el mencionado Despacho Judicial y presentaron algunas imágenes en donde se apreciaba a un usuario entregándole una suma de dinero al supuesto funcionario. Asegura que en dicho video también presentaron a un profesional del derecho afirmando que se constaba la comisión de un hecho delictivo y criminal. El accionante solicitó a R.C.N. que se retractara y aclarara toda la información emitida y el Canal accedió a dicha solicitud, presentándole al demandante el texto con el cual se haría la concerniente aclaración. El peticionario argumentó que únicamente entendería que hubo rectificación, si se transmitía el texto en los términos establecidos por él. Estas últimas condiciones no fueron aceptadas por el Canal de Televisión. La Sala se pronuncia sobre la diferencia que existe entre el derecho constitucional fundamental de la rectificación en equidad y el derecho de réplica. Así mismo, reitera jurisprudencia sobre el contenido del derecho a la libertad de información; la verdad y la imparcialidad como límites a dicha libertad y, sobre el derecho fundamental a la rectificación en condiciones de equidad. Negada.
Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 264    Expediente   T-2481427    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-270/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LIGIA ISAZA VILLA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Mínimo vital, seguridad social. La accionante solicita la devolución de aportes, la cual no le ha sido otorgada porque tanto el fondo privado como el ISS aseguran que no son responsables de realizar tal devolución. La Sala encuentra que en el presente caso el ISS, vulneró los derechos de la accionante ya que pese a ser consciente de que tiene la obligación de decidir sobre el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva a la peticionaria se ha abstenido de hacerlo, se le ordena que decidir sobre el derecho a la devolución de aportes de la accionante y de tener derecho deberá pagarla a más tardar dentro de las 48 horas siguientes. Concede.
Recibo Relatoria   13-10-2010 0:00


Item 265    Expediente   T-2483419    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-271/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    EDUARDO MARTINEZ CANOLES VS. AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP Y EPA CARTAGENA

Tema

Vida digna, salud, intimidad. El accionante comenta que cerca a su vivienda se construyó un canal de concreto para encausar aguas lluvias, pero a dicho canal no se le ha realizado un mantenimiento adecuado, por lo tanto se encuentra tapado por basuras, aguas servidas y demás, ocasionando ploriferación de insectos y roedores en su vivienda, inundaciones y olores fétidos, solicita se ordene instalar tapas de concreto sobre el canal para detener y evitar los efectos perjudiciales. La Sala estudia la acción de tutela en el caso en concreto, se encuentra que aunque existe la posibilidad de acudir a una acción popular, no sería tan eficaz para la protección de los derechos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo tanto se pasa a establecer si la falta de mantenimiento del canal de aguas lluvias, que pasa junto a la vivienda del peticionario viola sus derechos y los de su familia, se ordena a la EPA-CARTAGENA, a iniciar los trabajos necesarios para diseñar, construir, mantener, administrar, operar y desarrollar la infraestructura adecuada que le ponga fin a la violación de los derechos fundamentales del accionante y su familia, además deberá remover los residuos sólidos que tapan el canal y revisar el estado del mismo consecutivamente. Concedida.
Recibo Relatoria   15-12-2010 0:00


Item 266    Expediente   T-2477686    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-272/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANA ELENA BEDOYA DE OTÁLVARO VS. DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

Tema

Salud, vida digna. La accionante se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, solicita se ordene autorizar la cirugía de varicectomía bilateral, que requiere con urgencia, la cual le fue negada por encontrarse excluida del POS. La Sala dentro del tramite encontró que la accionante se encuentra multiafiliada como beneficiaria de su hijo y del SISBEN, por lo tanto pasa a estudiar la posibilidad de proteger el derecho fundamental a la salud a través de la acción de tutela en casos de multi-afiliación, la necesidad de evitar los casos de afiliación simultanea en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin desatender el derecho a la salud de las personas incursas en esta situación, se establece que, los conflictos jurídicos que se susciten en torno a los casos de multiafiliación deben ser resueltos mediante el mecanismo señalado en la Ley 1122 de 2007, salvo que el mismo se presente como ineficaz, en el caso en concreto, se encuentra que la accionante esta inscrita en el régimen contributivo a través de su hijo quien tiene una vinculación inestable en el mercado laboral y por lo tanto realiza aportes ocasionales, además del expediente se evidencia la precariedad económica de la accionante, desvirtuándose la presunción de capacidad de pago, por lo tanto no se le pueden suspender los servicios por tener dos afiliaciones, se ordena a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, autorizar la cirugía y tratamientos requeridos por la accionante y se le concede la facultad de realizar recobro proporcional a las semanas cotizadas a la EPS suramericana además se recuerda al Ministerio de la Protección Social que debe adoptar e implementar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el acceso efectivo a los usuarios de los servicios de salud y remover los obstáculos que impiden trasladarse de un régimen a otro. Concedida
Recibo Relatoria   15-12-2010 0:00


Item 267    Expediente   T-2431280    Fecha sentencia   16-4-2010 0:00    Sentencia   T-274/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RUBY DEL CARMEN GUARIN FIGUEROA Y OTROS VS. PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM PAR

Tema

Igualdad, mínimo vital, seguridad social. Los actores alegan que el P.A.R. no les otorgó el beneficio de pensión anticipada, por no hacer parte del régimen de transición, alegan que no se tuvo en cuenta que les hacía falta menos de siete años para adquirir la pensión, y en el momento de la transformación de TELECOM en empresa industrial y comercial del Estado ellos se encontraban vinculados a la planta de personal, por lo tanto alegan que se les esta dando un trato diferente en relación con el recibido por otros trabajadores que actualmente se encuentran haciendo parte del plan de pensión anticipada. La Sala pasa a estudiar si en el presente caso la acción cumple con las condiciones constitucionales para su procedencia excepcional en el caso de reconocimiento y cobro de acreencias laborales y pensionales, se encuentra que la presente acción no reúne las condiciones exigidas por la jurisprudencia para que proceda la acción, por lo tanto se revocan los fallos de primera y segunda instancia que concedieron las pretensiones de los accionantes. Niega.
Recibo Relatoria   13-10-2010 0:00


Item 268    Expediente   T-2471679    Fecha sentencia   17-4-2010 0:00    Sentencia   T-273/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ELMER SALINAS GUZMAN VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR Y OTRO

Tema

Mínimo vital, seguridad social, salud. El accionante sufre de una pérdida de capacidad laboral del 70.5%, solicita el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual no le fue otorgada por no cumplir con el requisito de haber cotizado 50 semanas antes de la fecha de estructuración de invalidez, sin embargo el actor comenta que para la fecha de estructuración había cotizado 49.40 semanas y por lo tanto estima que se debe ordenar el reconocimiento de su pensión. La Sala se pronuncia sobre los efectos para el empleador que elude sus deberes de afiliación al sistema de seguridad social, en los términos establecidos por la Ley, cuando por cuenta de esa omisión el trabajador no tiene derecho a ser pensionado por el Fondo, se encuentra que la empresa IMO Cia. es la responsable de la negativa del Fondo de Pensiones y debe ser quien asuma las consecuencias desfavorables de no haberlo afiliado al sistema general de pensiones como lo exigía la ley, y de omitir el pago de los aportes al mismo, por lo tanto se le ordena realizar dicho pago y al Fondo de Pensiones se le ordena reconocer el pago de la pensión al accionante. Concedida.
Recibo Relatoria   17-2-2011 0:00


Item 269    Expediente   T-2326440    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-261/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    NEYLA ROMERO LIZCANO VS. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POLICARPA SALAVARRIETA

Tema

Trabajo, mínimo vital, seguridad social. La accionante alega haber sido despedida por la entidad accionada, sin que ésta hubiese tenido en cuenta que tiene calidad de pre pensionada, solicita se ordene su reintegro al retén social, mientras se liquida la entidad u obtiene su pensión. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar la aplicación de las normas del retén social y su alcance en el tiempo, los empleados supernumerarios, la aplicación de la convención colectiva de trabajo, se encuentra que la actora no alegó su calidad de pre pensionada ante la entidad, dejó pasar dos años para interponer la acción de tutela, no aportó prueba alguna de la existencia de un perjuicio irremediable, por lo tanto se decide no acceder a la protección del amparo invocado. Niega.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 270    Expediente   T-2318952    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-262/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIO ERNESTO VELASCO MOSQUERA VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL

Tema

Igualdad, debido proceso. El actor participó en el concurso de ingreso a la carrera notarial, alega que en su calificación no se tuvo en cuenta lo referente a su experiencia laboral como registrador y como docente universitario, por lo tanto solicita que dicha experiencia sea tenida en cuenta para ser calificado en igualdad de condiciones que los demás participantes. La Sala se pronuncia sobre las reglas específicas del concurso abierto y público de notarios, la obligatoriedad en el cumplimiento de las reglas del concurso abierto y público de notarios, se encuentra que la solicitud es improcedente por incumplir el requisito de oportunidad requerido para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Niega.
Recibo Relatoria   16-7-2010 0:00


Item 271    Expediente   T-2445759    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-263/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CLIMACO PINILLA POVEDA Y OTRO VS. ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y OTROS

Tema

Dignidad, buen nombre, participación ciudadana. Comenta el actor que el junto con otras personas conformaron un comité promotor para la revocatoria del mandato del Alcalde del Municipio de Fusagasuga, alega que dicho grupo a sido atacado por el Alcalde a través de medios masivos de comunicación, realizando afirmaciones que atentan contra sus derechos fundamentales, solicitan les sea reconocido el derecho de rectificación y réplica inmediata, que se les prevenga para que en el futuro difundan información veraz e imparcial y al Alcalde que en lo sucesivo se abstenga de utilizar los medios de comunicación en contra del Comité Promotor de la Revocatoria del Mandato. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las reglas de procedencia de la acción de tutela para solicitar la rectificación de información, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y de opinión, y posibles colisiones con otros derechos fundamentales, el principio democrático y la participación ciudadana, el poder-deber de los jefes de la administración local y sus límites constitucionales, la libertad y responsabilidad de los medios de comunicación, y las obligaciones del Estado en esta materia, al analizar el caso en concreto se encuentra que el Alcalde es responsable por difundir información no veraz ante la comunidad para torpedear un mecanismo de participación ciudadana, por lo tanto se ordena enviar copias a la Procuraduría para lo de su competencia, en cuanto a la responsabilidad del director de noticias se encuentra que hubo falta de profesionalismo y su actuar fue parcializado, acarreando con su actuar una afectación ilegítima al mecanismo de participación ciudadana, por lo tanto se ordena remitir copias al Consejo Nacional Electoral, para que determine si hay lugar a una sanción, además se realizan algunas aclaraciones sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, se decide acceder a la protección de los derechos invocados y se ordena al Alcalde de Fusagasuga ceder un espacio en cada uno de los medios de comunicación utilizados por él, para que los gestores del amparo, si así lo desean, expongan las razones por las cuales iniciaron el proceso de revocatoria del mandato. Concedida.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 272    Expediente   T-2369873    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-264/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    GLORIA INES RUIZ FLOREZ VS. INSTITUO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Vida, salud, seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita se ordene a la entidad accionada que se le reconozca y pague la sustitución pensional a la que tiene derecho como consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente, la cual le ha sido negada debido a que realizada la investigación administrativa, no se logró demostrar la convivencia efectiva durante los cinco años anteriores al fallecimiento. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión sustitutiva, el elemento de la convivencia para el reconocimiento de la pensión sustitutiva al cónyuge, se encuentra que la entidad accionada no realizó una real valoración probatoria y los derechos de la accionante fueron vulnerados, se ordena el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales de manera retroactiva. Concede.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 273    Expediente   T-2445104    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-265/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA DE JESUS MOSQUERA MURILLO VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Dignidad humana y demás derechos de la población desplazada. La accionante comenta que fue desplazada a raíz de la muerte de su esposo a manos de grupos al margen de la ley, dice no haber puesto en conocimiento de la entidad accionada su situación debido a que temía por su vida y por la de su grupo familiar, sinembargo algún tiempo después solicitó su inclusión en el RUPD, solicitud que fue negada por haberse presentado tiempo después de ocurridos los hechos por lo tanto solicita su inclusión en el RUPD y la entrega de las ayudas humanitarias correspondientes, tanto para ella como para su grupo familiar. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el carácter fundamental al reconocimiento de persona víctima de desplazamiento forzado, el alcance de la causal de no inscripción de la persona víctima del desplazamiento forzado en el Registro Único, debido a la existencia de razones objetivas y fundadas que permitan concluir la inexistencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1 de la ley 387 de 1997, se concluye que el derecho al reconocimiento como persona víctima del desplazamiento forzado fue vulnerado por la entidad demandada, se ordena inscribir y brindar todos los componentes de la ayudad humanitaria a la accionante y a su grupo familiar. Concedida.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 274    Expediente   T-2490027    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-266/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS ORLANDO MONDRAGON HILARIÓN VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor solicita el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual no le ha sido cancelada debido a que no cumple con el requisito de fidelidad y el empleador realizó el pago extemporáneo de algunos aportes. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para le reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la inexequbilidad parcial del artículo 1 de la Ley 820 de 2003, el amparo definitivo y retroactivo en materia de la acción de tutela, se concluye que la acción resulta procedente debido a que al actor se le están vulnerando sus derechos fundamentales, por lo tanto se ordena el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. Concede.
Recibo Relatoria   16-7-2010 0:00


Item 275    Expediente   T-2442387 Y OTROS    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-267/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    AYDE ANZOLA LINARES Y OTROS VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Y CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

Tema

Igualdad, seguridad social, debido proceso, protección especial a personas de tercera edad. Se acumulan expedientes por unidad de materia, los actores comentan que la entidad accionada con base en unas sentencias de nulidad y reestablecimiento del derecho, proferidas por el Consejo de Estado decidió reliquidar sus mesadas pensionales hasta alcanzar el 50% de la pensión devengada por un congresista para el año 1994, solicitan se dejen sin efecto, las mencionadas sentencias. La Sala se pronuncia sobre el carácter excepcional del amparo constitucional contra decisiones judiciales, el entendimiento de la expresión autoridad pública, el defecto sustantivo como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el marco normativo y jurisprudencial aplicable a los ex magistrados de las altas cortes, pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, se concluye que las sentencias judiciales objeto de tutela no incurrieron en ningún defecto sustantivo, ni desconocieron el precedente constitucional al que hicieron referencia los demandantes en el escrito de tutela, se deniega el amparo solicitado. Niega.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 276    Expediente   T-2483896    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-269/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JHOAN LEONARDO SOTO MEDINA VS. SOCIEDADES GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Y OPCION TEMPORAL CIA SAS

Tema

Trabajo, estabilidad laboral reforzada, debido proceso, mínimo vital, seguridad social. El actor comenta que sufrió un accidente de trabajo en el cual perdió los dedos de su mano derecha, debido a ello su ARP lo calificó con una perdida de capacidad laboral del 17,5%, y ordenó su reintegro sinembargo la entidad accionada no ha procedido a realizarlo por no tener una vacante disponible, solicita se ordene su reintegro inmediato con el fin de evitar un perjuicio irremediable. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para resguardar el derecho a la protección laboral reforzada, la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores discapacitados o en condiciones de debilidad manifiesta y el derecho a la reubicación laboral, se concluye que al actor se le vulneraron sus derechos fundamentales y se ordena el reintegro. Concedida.
Recibo Relatoria   17-6-2010 0:00


Item 277    Expediente   T-2269579    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-275/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FELIX SEGUNDO NAVARRO VILLA NUEVA VS. FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso, vida digna, igualdad. El accionante solicita el reconocimiento y pago de su mesada pensional, dicha pensión le ha sido negada por no cumplir con el número de semanas legalmente requerido. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos, la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales incluida la pensión, el régimen de transición en materia pensional, el principio de favorabilidad en la interpretación de normas laborales, se encuentra que el actor es beneficiario del régimen de transición y cumple con los requisito para acceder a la pensión de vejez, se ordena el reconocimiento y pago de dicha pensión. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 278    Expediente   T-2469924    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-276/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ROSA OFELA ALBARRACIN DE IBAÑEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Y OTROS

Tema

Mínimo vital, vida digna, seguridad social. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a que tiene derecho debido al fallecimiento de su hijo, la cual le ha sido negada debido a que la empresa para la cual trabajaba su hijo se encuentra en mora en el pago de aportes. La Sala en primer lugar desvirtúa que en el presente caso se este presentando una situación de temeridad, luego pasa a pronunciarse sobre la naturaleza y finalidad de la pensión de sobrevivientes, las personas de la tercera edad como sujetos de especial protección, la procedibilidad de la acción de tutela cuando se solicita el pago y reconocimiento de la pensión de sobreviviente, los efectos de la mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador a la administradora de riesgos profesionales la cual no debe recaer en el beneficiario, el allanamiento en mora y el principio de inmediatez, se concluye que la señora es un sujeto de especial protección debido a su edad y a sus quebrantos de salud, a la cual se le están vulnerando sus derechos fundamentales, por lo tanto se ordena a la entidad accionada otorgar el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes a que tiene derecho la señora. Concede.
Recibo Relatoria   19-7-2010 0:00


Item 279    Expediente   T-2473831    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-277/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARCOS WILLIAM VALENCIA LINERO VS. GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIONS DEL PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA DE PUERTOS DE COLOMBIA Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que intempestivamente le fue suspendido el pago de su mesada pensional, sin que hasta el momento se le haya dado ningún tipo de explicación, solicita se ordene el reestablecimiento del pago de la pensión y de las mesadas dejadas de percibir, ya que este es su único sustento y de el depende su núcleo familiar. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para garantiza el derecho de defensa y el debido proceso, cuando por voluntad unilateral de la administración se revocan actos de carácter particular y concreto, la garantía constitucional al debido proceso en las actuaciones administrativas, el derecho a la seguridad social en salud, presunción de afectación al mínimo vital por suspensión en el pago de mesadas pensionales, se concluye que la actuación de la administración no respetó el debido proceso administrativo, por lo tanto incurrió en una vía de hecho al haberle impedido al accionante ejercer su derecho al debido proceso y al derecho de defensa, se ordena a la entidad demandada que ordene reestablecer la prestación de los servicios de salud y efectuar el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir y las que se causen a futuro. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 280    Expediente   T-2474626    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-278/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LEIDYS DE JESUS CURIEL GOMEZ VS. CONCEJO MUNICIPAL DE RIOACHA

Tema

Debido proceso. La accionante fue nombrada Secretaria de Salud Municipal de Riohacha, un Concejal propuso moción de censura en su contra por el incumplimiento de las funciones propias de su cargo, la cual resultó 12 votos a favor, 3 en contra y 2 impedidos, considera que esta conducta es abiertamente contraria a su derecho al debido proceso ya que el cuestionario debió ser suscrito por el Presidente del Concejo, y no por uno de los Concejales, algunas preguntas no tenían relación con las funciones propias de la Secretaria de Salud Municipal, además la moción de censura no se propuso por la mitad mas uno de los miembros del Concejo. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela, se pronuncia sobre la moción de censura y su implementación en los sistemas políticos presidenciales, la implementación de la moción de censura en la Constitución Política de 1991, el trámite de la moción de censura ante el Congreso de la República en los términos de la Constitución y la Ley 5 de 1992, la moción de censura en las asambleas departamentales, la moción de observaciones como un antecedente previo a la moción de censura en los concejos municipales, la moción de censura en los concejos municipales en los términos del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2007, se concluye que el Concejo accionado desconoció dos presupuestos constitucionales que regulan el trámite de la moción de censura, además el cuestionario solo se relaciona parcialmente con las funciones de su cargo, por lo tanto se concluye que sí se vulnero el derecho de la accionante al debido proceso, se confirma el fallo de primera instancia en el cual se ordenó declarar la nulidad de lo actuado. Concede.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 281    Expediente   T-2342562 Y OTROS    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-279/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ADALBERTO PEREZ HERNANDEZ Y OTROS VS. ECOPETROL S.A.

Tema

Mínimo vital, igualad, asociación sindical, movilidad salarial. El actor interpuso acción de tutela en representación de varios trabajadores de Ecopetrol S.A., solicitando el incremento salarial de los últimos cuatro años en el porcentaje establecido en el IPC. La Sala se pronuncia sobre la movilidad salarial, el principio de inmediatez y su precedente jurisprudencial, se concluye que la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el principio de inmediatez y porque a los actores se les reconoció un bono pensional por el tiempo en que dejaron de recibir el incremento salarial. Niega.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 282    Expediente   T-2469951    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-280/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ALIRIO GIRON CAMACHO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Debido proceso, seguridad social. El actor solicita se ordene al ISS, reliquidar su pensión de vejez de acuerdo con la legalidad vigente y el pago de su retroactivo pensional. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de prestaciones económicas, la seguridad social como derecho fundamental, se concluye que la acción de tutela resulta improcedente por cuanto el actor no ha agotado los mecanismos ordinarios de defensa. Niega.
Recibo Relatoria   17-6-2010 0:00


Item 283    Expediente   T-2473804    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-281/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    SIGIFREDO FLOREZ OSPINA VS. HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E. Y OTRO

Tema

Vida digna, mínimo vital, salud, trabajo, debido proceso. El actor sufre desde el año de 1996 de paraplejia que le produjo una pérdida de capacidad laboral correspondiente al 76.30%, señala que ingresó a trabajar como trabajador en misión en la entidad accionada, donde se desempeñaba como digitador del programa ASP, sin embargo su relación laboral fue terminada en marzo de 2009 sin autorización de la oficina de trabajo, solicita ser reintegrado al cargo que venía desempeñando. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas discapacitadas, la aplicación del principio de estabilidad laboral reforzada en los contratos de trabajo a término fijo y por obra o labor contratada, procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reintegro de trabajadores discapacitados, se encuentra que frente al actor confluyen varias circunstancias que lo colocan en situación de debilidad manifiesta, hace parte de un grupo familiar que lo componen una persona de tercera edad y una menor de edad, además es desplazado y discapacitado como consecuencia de una toma guerrillera, se concluye que la entidad demandada vulneró los derecho fundamentales del actor al no contar con la autorización de la oficina de trabajo para dar por terminado el contrato, el cual es requisito indispensable para la finalización del vínculo laboral, debido a que la obra para la cual fue contratado el actor terminó, se ordena a la empresa accionada el pago de una indemnización correspondiente a 180 días de salario y a tener en cuenta al accionante para futuros cargos acordes con su capacidad laboral. Concede.
Recibo Relatoria   5-10-2010 0:00


Item 284    Expediente   T-2483608    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-282/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SANDRA MILENA MALDONADO MOLINA VS. COMFACOR EPS

Tema

Vida, igualdad, dignidad humana, debido proceso, salud. La accionante actúa como agente oficiosa de su compañero permanente, comenta que su compañero sufrió un grave accidente de transito, por lo tanto solicita se ordene a la EPS accionada que conforme un equipo médico interdisciplinario para calificar la perdida de capacidad laboral de su compañero o la remisión de su caso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, con el fin de diligenciar, ante la aseguradora que expidió el SOAT, el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad total y permanente originada en accidente de tránsito. La Sala se pronuncia sobre la seguridad social en su doble dimensión, la normativa sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado de accidente tránsito, se ordena a la EPS emitir un certificado médico en donde se demuestre el suceso y a la Junta de Regional emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral. Concedida.
Recibo Relatoria   17-6-2010 0:00


Item 285    Expediente   T-2488229    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-284/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    DIANA PATRICIA MANCO OCHOA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Mínimo vital, igualdad, petición, debido proceso, demás derechos de la población desplazada. La accionante comenta que se le negó el derecho a ella y a su núcleo familiar de ser inscritos en el RUPD debido a que fueron desplazados con ocasión de la erradicación de cultivos ilícitos y la entidad accionada considera que esta causal no es idónea para realizar la inscripción. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las condiciones para ser incluidos en el RUPD, se recuerda que Acción Social deberá determinar en cada caso si se observan las reglas previstas para proceder a la inscripción, en concordancia con los principios de favorabilidad y de buena fe, se ordena evaluar nuevamente la declaración rendida por la accionante teniendo en cuenta la jurisprudencia emitida por esta corporación y sin que la circunstancia de haber incurrido en la actividad de cultivos ilícitos pueda tenerse como único determinante, para negar la inclusión en el registro. Concede.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 286    Expediente   T-285    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-285/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GULLERMO LEON GARCIA MENDOZA VS. JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PALMIRA

Tema

Debido proceso. El actor inició un proceso de exoneración de cuota alimentaría, debido a que se le esta descontando de su mesada pensional 350 mil pesos pese a que su hijo cuenta con mas de 25 años de edad, el juzgado accionado decidió no acceder a sus pretensiones debido a que el joven se encuentra en el último semestre de su carrera universitaria, el accionante considera que se incurrió en una vía de hecho al no valorar debidamente el material probatorio aportado ya que transcurrió mucho tiempo entre la época en que se graduó de bachiller y la época en que empezó a estudiar. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales, se encuentra que la sentencia acusada no se enmarca en ninguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones del accionante. Niega.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 287    Expediente   T-2472765    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-286/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ADOLFO MISAEL MENDOZA NEGRETE VS. GOBERNACION DEL BOLIVAR

Tema

Petición, seguridad social, mínimo vital. El actor solicita el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a que tiene derecho, debido al fallecimiento de su padre, ya que tiene una perdida de capacidad laboral del 60.4%, debido a que sufre de Síndrome de Down, en el momento en que se impetró la presente acción la entidad accionada no ha dado ningún tipo de respuesta a la solicitud de la sustitución pensional. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones, las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, el derecho fundamental a la sustitución pensional, se concluye que el actor es un sujeto de especial protección constitucional, se decide amparar sus derechos fundamentales, se ordena a la entidad accionada expedir el acto administrativo por medio del cual se reconoce y ordena el pago de la pensión al accionante. Concede.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 288    Expediente   T-2444886    Fecha sentencia   19-4-2010 0:00    Sentencia   T-287/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA DEL CARMEN MADRID GEORGE VS. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Tema

Vida digna, vivienda digna. La accionante comenta que en el año 2007 solicitó un subsidio familiar de vivienda, sinembargo hasta el momento en que presentó la acción no le ha sido otorgado dicho subsidio, la entidad accionada le informó que su hogar registra el estado de calificado, pero no fue posible incluirlo en las resoluciones de asignación, por cuanto no hay recursos disponibles. La Sala se pronuncia sobre los derechos de las personas desplazadas por la violencia, específicamente el derecho a la vivienda digna, su marco constitucional y legal, se concluye que no hay lugar a ordenar que la entidad accionada conceda de manera preferente a la accionante la asignación de los recursos necesarios para el pago efectivo del subsidio de vivienda, se realiza una aclaración al juez de segunda instancia en cuanto que la asignación del subsidio de vivienda no necesariamente debe destinarse en el lugar de origen sino en cualquier parte del país o modalidad de solución de vivenda. Niega.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 289    Expediente   RE-159    Fecha sentencia   21-4-2010 0:00    Sentencia   C-288/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV GEMM, AV JIPP, AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 128 DE 21 DE ENERO DE 2010

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 128 de 21 de enero de 2010, “por medio del cual se regulan las prestaciones excepcionales de salud y se dictan otras disposiciones”. La Corte decide declarar la inconstitucionalidad del mencionado Decreto debido a que en la sentencia 52 de 2010, se declaró integralmente inexequible el Decreto 4975 de 2009, por el cual se declaró el estado de emergencia social, el cual sirvió de sustento normativo a la expedición del Decreto 128 de 2010. Inexequible.
Recibo Relatoria   1-7-2010 0:00


Item 290    Expediente   RE-162    Fecha sentencia   21-4-2010 0:00    Sentencia   C-289/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV GEMM, AV JIPP, AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 131 DE 2010

Tema

Revisión constitucional del Decreto 11 de enero 21 de 2010 “Por el cual se crea el Sistema Técnico Científico en Salud, se regula la autonomía profesional y de definen aspectos del aseguramiento del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones”. La Corte declara la inexequibilidad por consecuencia del Decreto estudiado, ya que mediante la sentencia 52 de 2010 esta corporación declaró inexequible el Decreto 4975 de 2009 por el cual el Presidente de la República declaró el estado de emergencia social, por un período de treinta días, por lo tanto al haber desaparecido del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del presente Decreto, éste necesariamente deviene inconstitucional.
Recibo Relatoria   21-9-2010 0:00


Item 291    Expediente   RE-156    Fecha sentencia   21-4-2010 0:00    Sentencia   C-290/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV GEMM, AV JIPP, AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO

Tema

Revisión de Constitucionalidad del Decreto Legislativo 075 de 18 de enero de 2010 “por el cual se expiden disposiciones para agilizar la solución de controversias entre las diferentes entidades y organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. La Corte decide declarar la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto estudiado, debido a que a través de la sentencia 52 de 2010 fue declarado inexequible el Decreto 4975 de 2009. Inexequible.
Recibo Relatoria   30-8-2010 0:00


Item 292    Expediente   RE-160    Fecha sentencia   21-4-2010 0:00    Sentencia   C-291/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS, AV GEMM, AV HASP, AV JIPP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 129 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo número 129 de 21 de enero de 2010 “Por medio del cual se adoptan medidas en materia de control a la evasión y elusión de cotizaciones y aportes al sistema de protección social y se dictan otras disposiciones”. La Corte declara la inconstitucionalidad por consecuencia del presente Decreto ya que fue expedido en virtud del estado de emergencia social adoptado por medio del Decreto 4975 de 2009 y a raíz de la declaratoria de inexequibilidad de este último, deviene a su vez inconstitucional.
Recibo Relatoria   15-6-2010 0:00


Item 293    Expediente   RE-166    Fecha sentencia   21-4-2010 0:00    Sentencia   C-292/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV GEMM, AV HASP, AV JIPP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 135 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo número 135 del 21 de enero de 2010, “por medio del cual se distribuyen recursos del FRISCO para el fortalecimiento de la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto y se dictan otras disposiciones”. La Corte decide declarar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo en cuestión debido a que fue expedido en virtud del estado de emergencia social adoptado por medio del Decreto 4975 de 2009 y por lo tanto, a raíz de la declaratoria de inexequibilidad de este último, deviene a su vez en inconstitucional.
Recibo Relatoria   15-6-2010 0:00


Item 294    Expediente   LAT-352    Fecha sentencia   21-4-2010 0:00    Sentencia   C-293/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado     VS. LEY 1346 DE 2009

Tema

Control de constitucionalidad sobre la Ley que aprueba la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, Ley 1346 de julio 31 de 2009. La Corte realiza las respectivas consideraciones sobre su competencia en el examen de constitucionalidad en materia de tratados y leyes aprobatorias de tratados, se realiza la revisión formal de la Ley aprobatoria, se concluye que en cuanto al trámite legislativo la norma debe ser considerada exequible, luego se realiza el análisis sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional, se concluye que la ley se encuentra ajustada a los preceptos constitucionales, por lo tanto se decide declararla exequible.
Recibo Relatoria   28-6-2010 0:00


Item 295    Expediente   D-7953    Fecha sentencia   21-4-2010 0:00    Sentencia   C-294/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 ARTÍCULO13

Tema

Acto legislativo 1 de 2009, artículo 13, demanda de inconstitucionalidad, el actor considera que en la formación del acto no se cumplieron los requisitos de formación. La Corte se pronuncia sobre la existencia de cosa juzgada, se decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-040/10.
Recibo Relatoria   13-5-2010 0:00


Item 296    Expediente   RE-165    Fecha sentencia   26-4-2010 0:00    Sentencia   C-297/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV GEMM,SPV JIPP,SV HASP,SPV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 134 DE 2010

Tema

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 134 de 2010 “Por el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010”. La Corte mediante sentencia 52 de 2010, declaró inexequible el Decreto 4975 de 2009, por el cual el Presidente de la República declaró el estado de emergencia social, por lo tanto los decretos legislativos en desarrollo del mismo, devienen necesariamente inconstitucionales, sin embargo en este caso resulta evidente que si la incorporación al presupuesto de los recursos provenientes de las fuentes tributarias establecidas como medidas de emergencia, tenían por objeto que las entidades destinatarias de los recursos pudieran empezar a usarlos de manera inmediata, sin acudir al trámite ordinario del Congreso de la República, y habida cuanta que los efectos de la inexequibilidad del Decreto 127 de 2010 fueron diferidos hasta el 16 de diciembre de 2010, se procede en este caso de la misma manera, como quiera que sin dicha incorporación presupuestal, los recursos adicionados no podrían ser ejecutados durante el lapso que mantendría su vigencia el decreto legislativo, se decide diferir los efectos de la inexequibilidad hasta el 16 de diciembre de 2010, en lo que tiene que ver con la adición relativa al establecimiento de fuentes tributarias de financiación.
Recibo Relatoria   29-9-2010 0:00


Item 297    Expediente   RE-155    Fecha sentencia   26-4-2010 0:00    Sentencia   C-298/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 074 DE 2010

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 074 de 2010 “Por medio del cual se introducen modificaciones al régimen del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes FONSAT y se dictan otras disposiciones”. La Corte decide declarar la inexequibilidad por consecuencia del decreto estudiado ya que mediante sentencia 52 de 2010, se declaró la inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009, por el cual se declaró el estado de emergencia social.
Recibo Relatoria   22-10-2010 0:00


Item 298    Expediente   T-2506448    Fecha sentencia   27-4-2010 0:00    Sentencia   T-299/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    LUIS GONZAGA PALMETT SOLANO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Vida, salud, seguridad social, mínimo vital, dignidad humana. El accionante solicita se ordene el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez la cual le ha sido negada aduciendo que no acreditaba el cumplimiento del requisito legal referido a las veintiséis semanas de cotización durante el último año. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas tratándose de un sujeto de especial protección, el derecho fundamental a la seguridad social, la ausencia de un régimen de transición para la pensión de invalidez, se concluye que debido a las especiales circunstancias del actor es un sujeto de especial protección, y al haber cotizado 474.86 semanas al sistema pensional antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, bajo el anterior régimen ya cumple con el requisito para acceder a la pensión de invalidez, por lo tanto se decide conceder la acción como mecanismo definitivo. Concede.
Recibo Relatoria   7-9-2010 0:00


Item 299    Expediente   T-2508657    Fecha sentencia   27-4-2010 0:00    Sentencia   T-300/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUZ ANGELICA OBVIEDO VS. CAJANAL EICE

Tema

Vida, salud, igualdad, mínimo vital, seguridad social. La accionante solicita el pago la pensión de sobreviviente a que tiene derecho debido al fallecimiento de su cónyuge, al cual en vida no se le reconoció la pensión de vejez pese a cumplir con el tiempo y la edad requeridas para acceder a ella, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, ordenó a CAJANAL el pago de la pensión, pero dicha entidad se negó aduciendo que por su estado de liquidación se encuentra en proceso de reorganización y no recibe solicitudes. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales, el sentido del mínimo vital, la incidencia del estado de cosas inconstitucional declarado en CAJANAL, la seguridad social para los ancianos, la tesis de vida probable, la relevancia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a las personas de tercera edad en estado avanzado, se encuentra que la accionante cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión de superviviencia, y se le está afectando su derecho al mínimo vital además se encuentra frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable por lo tanto se ordena a CAJANAL que expida el acto administrativo correspondiente en el cual reconozca y pague la pensión de sobreviviente a que tiene derecho la accionante. Concede
Recibo Relatoria   7-9-2010 0:00


Item 300    Expediente   T-2355544    Fecha sentencia   27-4-2010 0:00    Sentencia   T-301/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    AGUSTINA DOLORES GUERRA DAVILA VS. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Tema

Vida digna, mínimo vital, seguridad social. La accionante tiene 81 años de edad, solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, en proporción al tiempo que convivió con el causante quien fue su compañero permanente durante cuarenta años, dicha pensión le ha sido negada por no haber acreditado tal calidad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes, los casos de convivencia simultánea del causante con distintas compañeras, se encuentra que los derechos de la accionante fueron vulnerados, ya que de las pruebas allegadas se demuestra que efectivamente hubo convivencia simultanea, se recuerda que el derecho a la pensión de sobrevivientes, no es un derecho que se reconozca como consecuencia de la voluntad del causante, no se trata de un derecho heredable, sino de un derecho autónomo, fundamental e irrenunciable e intransferible que se causa cuando quien lo reclama reúne los requisitos previstos por la ley para el efecto, por lo tanto las manifestaciones de voluntad de los pensionados sobre el destino de la pensión de sobrevivientes deben valorarse en conjunto con otras pruebas para determinar quien tiene derecho a ella, por lo tanto se ordena reconocer y pagar la pensión en proporciones iguales. Concede.
Recibo Relatoria   5-10-2010 0:00


Item 301    Expediente   T-2438424    Fecha sentencia   27-4-2010 0:00    Sentencia   T-306/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    GILMA LONDOÑO DIAZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Vida, mínimo vital, seguridad social. La accionante actúa como representante de su sobrino quien es mayor de edad y sufre de retardo mental, solicita se le otorgue la pensión de sobreviviente a que tiene derecho debido al fallecimiento de su madre, fue calificado con una perdida de capacidad laboral del 32.65% por lo tanto no se le otorgó la pensión, la señora solicita se ordene una nueva valoración por parte de la Junta de Calificación ya que el joven no puede trabajar y esta dependiendo totalmente de ella. La Sala se pronuncia sobre la presunción de veracidad en materia de tutela cuando el demandado no rinde el informe solicitado por el juez, la protección especial a la que tienen derecho las personas afectadas con limitaciones físicas, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes, los requisitos que deben acreditar los hijos con limitaciones físicas o discapacitados, que dependían económicamente del causante y la valoración de invalidez, se concluye que el representado es un sujeto de especial protección, se ordena a la entidad accionada realizar una nueva calificación. Concedida.
Recibo Relatoria   2-6-2010 0:00


Item 302    Expediente   RE-157    Fecha sentencia   28-4-2010 0:00    Sentencia   C-302/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM,AV HASP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 12 DE 2010

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 126 de enero 21 de 2010 “por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección, vigilancia y control de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones”. La Sala declara la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto en cuestión debido a que mediante sentencia 52 de 2010 se declaró integralmente inexequible el Decreto 4975 de 2009, por el cual el Presidente de la República declaró un “Estado de Emergencia Social”, dicha declaratoria tiene efectos inmediatos y hacía el futuro.Inexequible.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 303    Expediente   D-7894    Fecha sentencia   28-4-2010 0:00    Sentencia   C-303/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC, AV MVCC, AV JCHP, SV NPP, SV HASP
Demandante / Demandado    SONIA PATRICIA TELLEZ BELTRAN VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 ARTICULO 1 PARAGRAFO 1

Tema

Acto legislativo 1 de 2009, artículo 1, parágrafo transitorio1 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”, el parágrafo transitorio dice lo siguiente “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134 dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorizase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”, la demandante considera vulnerado el artículo 375 de la Constitución ya que se incurre en un exceso de competencia del Congreso para reformar la Constitución, explica que el parágrafo acusado está dirigido a uno pocos, específicamente a quienes pretenden desafiar a su bancada sin recibir las sanciones correspondientes, al permitir su paso a otro partido en el mismo período electoral para el que fueron electos, sin importar que se defrauda al elector quien votó en el caso de las listas cerradas por el partido y no por un candidato en especial y el caso del voto preferente por el candidato dentro de la lista que presentó un determinado partido o movimiento, desconociendo así el principio de representación democrática. La Corte estudia la competencia de esta corporación para pronunciarse frente a una norma transitoria con vigencia definida, se encuentra que si tiene competencia para adoptar un pronunciamiento de fondo, pasa entonces a realizar reiteración de jurisprudencia sobre las reglas jurisprudenciales en materia de límites al poder de reforma constitucional que ejerce el Congreso y competencia de la Corte para comprobar su acatamiento, se pronuncia sobre los principios de democracia participativa y de soberanía popular como ejes definitorios de la Constitución, la relación entre la prohibición de la doble militancia y el transfuguismo político y la vigencia de la democracia participativa y la soberanía popular, se concluye que el parágrafo demandado no sustituye la Constitución y, en consecuencia se declara la exequibilidad de la norma, sinembargo se señala que de la sentencia no puede comprenderse de ninguna manera, como un aval de conductas nocivas para la estabilidad institucional y la representación democrática, así las cosas el fallo es compatible con la potestad de los partidos y movimientos políticos para imponer sanciones a sus miembros que, desconozcan la disciplina del sistema de partidos, se declara la norma acusada Exequible exclusivamente por los cargos analizados en la sentencia.
Recibo Relatoria   9-7-2010 0:00


Item 304    Expediente   LAT-353    Fecha sentencia   28-4-2010 0:00    Sentencia   C-305/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. LEY 1347 DE 2009

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1347 de 2009 “acuerdo entre el gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua en las zonas urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”. La Corte se pronuncia sobre la naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados, pasa realizar la revisión sobre los aspectos formales de la norma estudiada, por último pasa a realizar un análisis sustancial de constitucionalidad, se concluye que respecto al aspecto formal el Estado estuvo debidamente representado durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del Acuerdo, además se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley, por otra parte la norma estudiada se adecua a los postulados constitucionales en materia de protección al medio ambiente, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible, en consecuencia se declara Exequible.
Recibo Relatoria   1-7-2010 0:00


Item 305    Expediente   T-2519789    Fecha sentencia   30-4-2010 0:00    Sentencia   T-307/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOSE YECIL LOPEZ BORJA VS. EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y PANAMCO

Tema

Mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada. El actor fue despedido sin contar la autorización previa del Ministerio de Protección Social, pese a sufrir de una enfermedad de tipo profesional. La Sala encuentra evidente que el despido del accionante fue a causa de su enfermedad, por lo tanto sus derechos fundamentales fueron vulnerados, se ordena se le paguen todos los saliros y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación y su reubicación en un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo que desempeñaba hasta su desvinculación. Concedida.
Recibo Relatoria   2-6-2010 0:00


Item 306    Expediente   T-2513528    Fecha sentencia   30-4-2010 0:00    Sentencia   T-308/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FRANKY URREGO ORTIZ VS. COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Tema

Debido proceso, confianza legítima. El actor comenta que cursó una Maestría en la institución accionada, terminó y aprobó las materias del ciclo y 26 meses después manifestó a la Universidad que tenía interés en graduarse ante lo cual se le respondió que para poder acceder al grado debía cursar y aprobar doce créditos de actualización en el segundo semestre de 2009 y presentar en el lapso de un año su tesis con concepto favorable, el actor curso una materia de tutoría para la elaboración del trabajo de grado la cual es de doce créditos, pero no le fue aceptada porque esta materia no es de actualización, solicita que se le de validez a dicha materia como requisito para obtener su grado, a su vez solicita se ordene a la Universidad presentarle excusas públicas, se la condene en abstracto al pago de una indemnización por el daño emergente que se le ha causado y el pago de las costas correspondientes a las agencias en derecho. La Sala se pronuncia sobre la autonomía de las universidades para fijar sus reglamentos y para interpretarlos razonablemente en casos de dudas o de lagunas, sin que les sea permitido desconocer o, también interferir de una manera desproporcionada en los derechos fundamentales de sus destinatarios, se concluye que la interferencia de la universidad en el derecho a la confianza legítima no es desproporcionada ni caprichosa, ya que se persigue una finalidad legítima, la cual es que el actor actualice sus conocimientos, ya que pretende graduarse tres años después de haber aprobado las asignaturas del programa de estudios, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones del actor. Niega
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 307    Expediente   T-2570939    Fecha sentencia   30-4-2010 0:00    Sentencia   T-310/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ESTRELLA MORRIGAN VS. COOMEVA EPS

Tema

Salud, vida digna, salud sexual femenina. La accionante solicita se ordene a su EPS, autorizar la cirugía ordenada por su médico tratante denominada ninfoplastia que consiste en la reconstrucción de sus labios vaginales ya que su sufre de hipertrofia de labios menores, dicha cirugía le ha sido negada por el Comité Técnico Científico por no encontrarse incluida en el POS, además el Comité considera que no se evidencia el objetivo funcional del procedimiento. La Sala realiza un recuento jurisprudencial sobre las cirugías plásticas, en casos reconstructivos y estéticos, se constata que las evaluaciones llevadas a cabo por el médico tratante y avaladas por el Comité Técnico Científico no permiten establecer con claridad si el problema del accionante es una cuestión que afecta gravemente su salud, por lo tanto se ordena realizar una nueva valoración médica, considerando en forma especial la salud reproductiva y sexual de la accionante y en caso de que el servicio sea requerido ordenar su práctica. Concede.
Recibo Relatoria   13-10-2010 0:00


Item 308    Expediente   T-2497064    Fecha sentencia   3-5-2010 0:00    Sentencia   T-311/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    OSCAR GALVEZ GALVEZ VS. SANITAS EPS Y COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA

Tema

Salud, vida digna. El accionante solicita se autorice un tratamiento de fertilización in Vitro, que fue ordenado por su médico tratante como única solución para poder procrear, la EPS accionada se ha negado a brindarle dicho tratamiento por encontrarse excluido del POS. La Sala se pronuncia sobre el ámbito de protección por vía de tutela del derecho a la salud, los requisitos constitucionales para la inaplicación de las exclusiones del POS, realiza reiteración de jurisprudencia sobre el alcance de la protección constitucional en relación con tratamientos de fertilidad, se recuerda que no es obligación del Estado garantizar la procreación a través de los planes obligatorios de salud, sin embargo el juez de primera instancia concedió el amparo sin verificar la naturaleza de la prestación reclamada y sin tener en cuenta el perfil socio económico del accionante quien se encuentra en estrato cinco, en todo caso se observa la carencia actual de objeto ya que el tratamiento fue llevado a cabo.
Recibo Relatoria   22-7-2010 0:00


Item 309    Expediente   T-2523102    Fecha sentencia   3-5-2010 0:00    Sentencia   T-312/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO LUJAN ARANGO VS. BANCAMIA

Tema

Vida digna, mínimo vital, demás derechos de la población desplazada. El actor comenta que adquirió un crédito con la entidad accionada el cual no ha podido cancelara debido a que se encuentra sin dinero debido a que fue desplazado del lugar donde residía y en el cual tenía un negocio del que generaba su sustento, solicita se ordene a la entidad accionada suspender la exigibilidad de la obligación crediticia, hasta tanto no se normalice su situación económica. La Sala pasa a estudiar los presupuestos procesales de la acción de tutela contra particulares, el principio de solidaridad frente a las personas que se encuentran en estado de indefensión y debilidad manifiesta como es el caso de las víctimas de desplazamiento, se concluye que el actor se encuentra en estado de debilidad manifiesta debido a su especial situación, por lo tanto se ordena a la entidad accionada abstenerse de cobrar intereses de mora respecto de la obligación adquirida, desde la fecha del desplazamiento hasta la notificación de la presente sentencia, y llegar a un nuevo acuerdo de pago teniendo en cuenta las especiales circunstancias del actor, además no podrá hacer uso de las cláusulas aceleratorias, y no podrá cobrar anticipadamente la totalidad de la deuda por las cuotas atrasadas a partir de la fecha del desplazamiento hasta la notificación de la presente sentencia y en caso de que se haya iniciado un proceso ejecutivo debe solicitar la terminación anticipada del mismo. Concede.
Recibo Relatoria   22-7-2010 0:00


Item 310    Expediente   T-2379462    Fecha sentencia   3-5-2010 0:00    Sentencia   T-313/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SVPV LEVS
Demandante / Demandado    INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS VS. JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SINCE

Tema

Debido proceso, defensa. El accionante actúa en representación del INVIAS, alega que el juzgado accionado incurrió en defecto fáctico al declarar desierto el recurso de apelación, interpuesto por la entidad, sin tener en cuenta que para el pago de los portes de ida y vuelta de la sede del Juzgado al Tribunal, los términos administrativos estaban suspendidos en todo el Departamento del Sucre, debido al paro de la Rama Judicial. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas de derecho público, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la caracterización de los defectos procedimental y orgánico como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas, por la no valoración del acervo probatorio, y por valoración defectuosa del material probatorio, el defecto orgánico, se concluye que por la naturaleza del asunto en la cual está comprometida la actividad pública de INVIAS, y por la cuantía de las pretensiones en juego, se trata de un proceso cuyo conocimiento compete a la jurisdicción contencioso administrativa representada por el Tribunal Administrativo de Sincelejo, y no al Juzgado Promiscuó accionado, por esta razón y no por las aducidas en la acción de tutela se decide tutelar los intereses de la entidad accionada, para que pueda contar en vía contencioso administrativa, con el medio procesal más adecuado y eficaz para la defensa y protección de sus intereses. Concede.
Recibo Relatoria   4-10-2010 0:00


Item 311    Expediente   T-2383838    Fecha sentencia   3-5-2010 0:00    Sentencia   T-314/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JAVER JESUS RENDON AGUDELO VS. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA VIRGINA RISARALDA

Tema

Salud, vida digna. El actor solicita se ordene autorizar la realización de dos exámenes ordenados por su urólogo particular, para confirmar el diagnostico de cáncer en el pene, los cuales no han sido autorizados ya que el SISBEN no cubre este tipo de exámenes. La Sala se pronuncia sobre las obligaciones exigibles a las empresas promotoras de servicios de salud del Régimen Subsidiado en la prestación de los servicios excluidos del POS, y en los entes territoriales responsables de la atención médica a la población subsidiada, la procedencia de la acción de tutela para ordenar el servicio de salud necesario para mejorar la calidad de vida de una persona, a pesar de estar excluido del POS, se concluye que los derechos del actor han sido vulnerados y por lo tanto la presente acción resulta procedente, por lo tanto se ordena ala Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, que preste la atención que requiere el actor, ya que es la ARS quien tiene la responsabilidad de garantizar de manera preferente y especial la atención de sus afiliados, así el procedimiento requerido o el medicamento solicitado se encuentre excluido del POS subsidiado. Concede.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 312    Expediente   T-2312580    Fecha sentencia   3-5-2010 0:00    Sentencia   T-315/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema

Debido proceso, derechos de los niños, vida, integridad física y educación. El Colegio la Quinta del Puente interpuso la presente acción mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Santander en la cual se le ordenó al Colegio adecuar su infraestructura a los perfiles establecidos en el Plan de Ordenamiento Municipal de Floridablanca, y la adecuación del puente peatonal, que en el momento es de uso exclusivo del Colegio, para uso de toda la comunidad, alega el representante que contra la sentencia se presentó un incidente de nulidad que aún no ha sido resuelto por lo tanto no se puede ejecutar y que además los plazos dados para ejecutar las obras son demasiado reducidos. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la constitucionalidad en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se pronuncia sobre la revisión eventual de las sentencias de acción popular, el incidente de nulidad en curso contra la Sentencia acusada, se aclara que la acción de tutela es improcedente cuando están pendientes de decisión otros medios de defensa, como en el presente caso, que esta en curso una solicitud de nulidad, por lo tanto se decide declarar IMPROCEDENTE la presente acción.
Recibo Relatoria   7-2-2011 0:00


Item 313    Expediente   D-7896    Fecha sentencia   5-5-2010 0:00    Sentencia   C-317/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV MVCC, SV JCHP, SV GEMM, SV JIPP
Demandante / Demandado    LUIS ALBERTO MONTEZUMA CHAVEZ Y OTRO VS. LEY 495 DE 1999 ARTICULO 1

Tema

Ley 495 de 1999 artículo 1, “Por medio de la cual se modifica el artículo 3, 4 (literal A y B) 8 y 9 de la Ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia”, el artículo hace referencia a los bienes sobre los cuales se puede constituir un patrimonio de familia, el aparte acusado es el siguiente “y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, el demandante considera vulnerados los artículos 5, 13, 42, 44, 51 y 93 de la Constitución, la Convención del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, sostiene que el Estado clasifica el concepto de familia en dos clases, las que cuentan con un bien inmueble, con un valor económico menor a 250 SMLMV y las cuentan con un patrimonio igual o superior a este valor, desconociendo el concepto único de familia, sus derechos y deberes constitucionales, y la prohibición del Estado de otorgar privilegios a tipos específicos de familia, otro cargo formulado es que el Estado no puede limitar el concepto constitucional de vivienda digna al valor económico del inmueble, considera vulnerado el derecho a la igualdad ya que la norma discrimina y clasifica las familias por factores económicos. La Corte entra a estudiar, la definición y el origen de la figura del patrimonio de familia, la regulación en el derecho comparado y en Colombia, las semejanzas y diferencias entre el patrimonio de familia y la afectación de vivienda familiar, y sí el artículo 1 de la Ley 495 de 1999, no es violatorio, en el aparte demandado, de la Constitución Política, confrontándolo con los cargos propuestos, no se encuentra que el aparte acusado, sea violatorio de los artículos 5 y 42 de la Carta Política, ya que en ellos se dispone una protección integral a la familia, como quiera que simplemente se reguló un aspecto de carácter patrimonial general y sin que ello signifique ningún menoscabo al derecho a adquirir una vivienda digna, se decide declarar la norma acusada Exequible.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 314    Expediente   D-7911    Fecha sentencia   5-5-2010 0:00    Sentencia   C-318/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    SAMUEL MORENO ROJAS Y OTRO VS. LEY 1005 DE 2006 ARTICULO 18

Tema

Ley 1005 de 2006 “Por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002”, parágrafo del artículo 18, la norma regula el régimen de sanciones aplicables a los organismos de tránsito, el aparte acusado es el siguiente “De todas maneras no se autorizará trámite de especies venales a los organismos de tránsito que no se encuentren a paz y salvo por concepto de pagos o contribuciones con el Ministerio de Transporte, el SIMIT o con entidades que hayan recibido por delegación o por ley funciones en el tránsito”, el actor considera que el condicionamiento de la función administrativa a la transferencia de unas determinadas sumas de dinero contraviene de manera flagrante el artículo 365 de la Constitución de acuerdo con el cual los servicios públicos son un elemento esencial a los fines del Estado y por lo tanto no pueden ceder en su materialización por el pago de una determinada obligación. La Corte realiza consideraciones sobre las funciones de los organismos de tránsito y sobre las especies venales, luego pasa a estudiar el contenido y el alcance del parágrafo demandado, respecto a la finalidad y proporcionalidad de la medida, el servicio público en materia tránsito y los derechos de los usuarios, se concluye que el hecho de que un organismo de tránsito no se halle a paz y salvo, por concepto de pagos o contribuciones al Ministerio, a la Federación Colombiana de Municipios y a otras entidades con funciones de tránsito, no puede llegar a tener el peso suficiente para desconocer el derecho fundamental de las personas a la circulación y a someterlas a asumir los mayores costos causados por la imposibilidad de que, en el lugar de residencia, se tramiten especies venales, por lo tanto se decide declarar la norma acusada INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   24-11-2010 0:00


Item 315    Expediente   D-7902    Fecha sentencia   5-5-2010 0:00    Sentencia   C-319/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    CARLOS ANDRES TELLEZ RAMIREZ VS. LEY 201 DE 1995

Tema

Ley 201 de 1995, artículo 45 “Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación”, la norma regula la lista de elegibles, el aparte acusado es “podrá” en el caso de que la lista se utilice para proveer vacantes de grado igual o inferior, correspondientes a la misma denominación, el demandante considera que el aparte acusado vulnera los siguientes artículos de la Constitución: el artículo 13 constitucional ya que personas en igualdad de condiciones reciben un trato diferente por parte del Estado, el artículo 40 superior debido a que una persona que haya participado en el concurso de méritos y haga parte de la lista de elegibles, no necesariamente llenará las vacantes, pues el verbo podrá conllevar a que no exista una obligación de nombrar por parte del nominador, en cuanto al artículo 85 de la Constitución se vulnera el principio de confianza legítima porque la facultad de llenar las vacantes resulta discrecional, por último el artículo 125 constitucional debido a que hace que la decisión para llenar la vacante sea condicionada no por el resultado del concurso sino por discrecionalidad del legislador. La Corte pasa a estudiar el contenido y alcance de la disposición acusada, se entra a establecer, si cuando el nominador acude a la lista de elegibles ¿está llevando a cabo (i) un nombramiento en provisionalidad; o (ii) un nombramiento en propiedad?, también si el término “podrá”, empleado en el artículo 145 de la Ley 201 de 1995 ¿es una facultad o, por el contrario, un mandato imperativo para el nominador?, los principales pronunciamientos sobre los concursos de méritos como medio para ingresar a la carrera administrativa, se decide declarar la norma acusada Exequible, en el entendido de que cuando se trate de proveer una vacante de grado igual, correspondiente a la misma denominación es un deber y no una facultad del nominador, e inexequible la expresión “o inferior” del mismo artículo.
Recibo Relatoria   1-7-2010 0:00


Item 316    Expediente   T-2499625    Fecha sentencia   6-5-2010 0:00    Sentencia   T-320/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    HERNANDO MARIO LUCIO ARENAS VS. CITI COLFONDOS S.A.

Tema

Libre escogencia de AFP, seguridad social, igualdad. El accionante solicita se ordene el traslado de régimen pensional, ya que considera ser beneficiario del régimen de transición, dicho traslado le fue negado por no cumplir con el requisito de haber cotizado quince años al sistema de seguridad social antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. La Sala se pronuncia sobre el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media para los beneficiarios del régimen de transición, se concluye que el actor si hace parte del régimen de transición por cuanto a la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, contaba con 51 años de edad por lo tanto tiene derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el sistema anterior, se ordena a la entidad accionada realizar todos los trámites que conduzcan a hacer efectivo el traslado del actor al régimen de prima media. Concede.
Recibo Relatoria   26-10-2010 0:00


Item 317    Expediente   T-2500816    Fecha sentencia   6-5-2010 0:00    Sentencia   T-321/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    LUZ MARINA MARTINEZ PINEDA VS. EQUIDAD SEGUROS ARP DE VILLAVICENCIO

Tema

Igualdad, debido proceso, seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita le sea pagada la indemnización por muerte en accidente de su hijo, quien trabajaba como obrero y falleció en noviembre de 2008, comenta que es madre cabeza de familia de 5 menores y que su situación económica es bastante precaria, la indemnización no ha sido reconocida debido a que el actor fue afiliado el mismo día en que ocurrió el accidente. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la tutela contra particulares, la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, la pensión de sobrevivientes como ocurrencia de un accidente laboral, se condena al empleador del joven Carlos Granada q.e.p.d. a cancelar la pensión de sobrevivientes de manera transitoria hasta que el caso sea decidido mediante la justicia ordinaria. Concede.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 318    Expediente   T-2502174    Fecha sentencia   6-5-2010 0:00    Sentencia   T-322/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    EMMA GLADYS RIOS ALVARADO VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE CAQUETA

Tema

Salud, trabajo, debido proceso. La accionante comenta que es docente en una institución educativa en San Vicente del Cagúan, que ha presentado varias afecciones en su salud, por lo cual su médico tratante le recomendó su ubicación en una cabecera municipal para poder continuar con su tratamiento, solicita se ordene a la entidad accionada su traslado debido al delicado estado de salud. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la excepcionalidad de la acción de tutela para resolver asuntos relativos al traslado de docentes, los alcances y límites del ius variandi, el traslado de docentes, se decide tutelar los derechos de la accionante y por lo tanto se ordena a las entidades accionadas el traslado para ocupar una plaza docente en el área urbana de Florencia. Concedida.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 319    Expediente   T-2508537 Y T-2513206    Fecha sentencia   6-5-2010 0:00    Sentencia   T-323/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    SANDRA PATRICIA CUCUÑAME Y OTRO VS. ALCALDIA DE CALI

Tema

Vivienda digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes comentan que construyeron de manera irregular su vivienda en la comuna 18 de la ciudad de Calí y que se les dio orden de desalojo, sin que la Alcaldía les presentara formulas que solucionen su problema de vivienda, solicitan suspender la orden hasta tanto se les de una solución. La Sala estudia el principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la procedencia del amparo al derecho a la vivienda digna, se evidencia que los actores no han acudido a las autoridades correspondientes, para tratar de solucionar su problema, por lo tanto se decide negar el amparo impetrado, sinembargo se requiere a la Alcaldía para que brinde la información a los actores sobre cómo acceder al subsidio de vivienda de interés social, u otros programas con que cuente el municipio de Calí. Niega.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 320    Expediente   T-2556196    Fecha sentencia   6-5-2010 0:00    Sentencia   T-324/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAIME HERNANDO ACOSTA ALLEN VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad, seguridad social. El actor solicita se ordene a las entidades accionadas autorizar su traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida. La Sala se pronuncia sobre los aspectos generales de los regímenes pensionales creados por la ley 100 de 1993, el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, planteamientos jurisprudenciales unificados sobre el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media en el caso de los beneficiarios del régimen de transición, se encuentra que el actor no cumple con el requisito de cotización, siendo éste un presupuesto indispensable para habilitar su regreso al régimen de prima media, por lo tanto la acción de tutela no resulta viable. Niega.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 321    Expediente   T-2409747    Fecha sentencia   6-5-2010 0:00    Sentencia   T-325/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ALEJANDRA ARDILLA POLO VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

Tema

Unidad familiar, trabajo, salud. La accionante comenta que fue trasladada al Municipio de San Vicente del Caguán como Juez de Instrucción Penal Militar, alega que esta decisión afecta a su menor hijo quien sufre de déficit de atención e hiperactividad, para lo cual se encuentra en tratamiento en la ciudad de Santa Marta donde residen actualmente, y no pude dejarlo a cargo de su padre ya que el es Coronel del Ejercito Nacional y se desempeña como comandante operativo en la Vereda El Rosario Arauca, la cual es una zona de alto riesgo, solicita se deje sin efecto la resolución que dispuso su traslado hasta que se dirima de forma definitiva el conflicto por vía administrativa. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir el traslado de un servidor público, el ejercicio del ius variandi por parte de la administración en plantas del personal de carácter global y flexible, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y su facultad de ordenar el traslado de los servidores públicos al servicio de dicha jurisdicción, se encuentra que la decisión de trasladar a la accionante, se fundó en una válida razón del servicio, además en cuanto a su situación laboral fue trasladada en un cargo de igual jerarquía, además no quedó demostrado que el traslado implique la afectación del estado de salud de su menor hijo, se ordena realizar un diagnóstico del estado de salud mental del menor y brindarle el tratamiento que considere necesario para su recuperación, en la ciudad en donde este residiendo, independientemente de que no viva con su madre. Niega.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 322    Expediente   T-2529491    Fecha sentencia   6-5-2010 0:00    Sentencia   T-326/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    SANDRA PATRICIA BAEZA BENAVIDES VS. SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Y OTRO

Tema

Igualdad, vida digna. La accionante labora como docente en el Municipio de Rio Negro, solicitó su traslado a la ciudad de Bucaramanga debido a que su madre sufre de cáncer de seno y nadie mas puede apoyarla y acompañarla durante las terapias que requiere. La Sala se pronuncia sobre el ejercicio del ius variandi en el servicio público de educación, la acción de tutela como mecanismo para ordenar traslados de docentes, el deber de solidaridad y la especial protección que merecen las personas que padecen de enfermedades catastróficas y ruinosas como cáncer, dentro del proceso se hace evidente que el traslado de la docente se dificulta mucho, sinembargo se ordena a las entidades accionadas realizar los tramites administrativos correspondientes para garantizar el traslado con carácter preferencial a uno de los municipio que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga, en cuanto exista la primera vacante en el nivel de docente de la accionante. Concede.
Recibo Relatoria   17-7-2010 0:00


Item 323    Expediente   T-2290333    Fecha sentencia   10-5-2010 0:00    Sentencia   T-327/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    VIRGILIO AGUSTIN CONTRERAS SALERNO VS. TELMEX HOGAR S.A.

Tema

En este asunto considera el actor que la empresa TELMEX vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a recibir información veraz e imparcial, a la igualdad y al pluralismo informativo, al suprimir de la oferta ofrecida y pactada en el contrato de suscripción, los canales “Venezolana de Televisión”, “Cubavisión Internacional” y “Telesur”. La vulneración de derechos se predica del hecho de que para el actor la supresión de dichos canales se realizó con base en criterios ideológicos y políticos, lo cual constituyó una forma de discriminación y censura. Se analiza temática relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de un servicio público. 2º. La protección constitucional de los derechos a la libertad de expresión y a la información y, 3º. La garantía del pluralismo informativo y las facultades de intervención del Estado en el espectro electromagnético. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   10-12-2013 0:00


Item 324    Expediente   T-2430316    Fecha sentencia   10-5-2010 0:00    Sentencia   T-328/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    ESUEBIA DEL CARMEN HERNANDEZ DE ARTEAGA VS. JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CERETE Y OTROS

Tema

Vivienda digna, acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad. La accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales debido a que tanto los juzgados como el tribunal accionado rechazaron sus solicitudes de suspensión y nulidad de los autos que libraron contra ella mandamiento de pago de unas obligaciones contraídas con el banco accionado que fueron pactadas en UPAC y que habían sido suscritas antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, sin que sus obligaciones hubiesen sido reestructuradas. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el principio de inmediatez como criterio general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el alcance del inciso tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, la aplicación exclusiva de créditos hipotecarios de vivienda, se concluye que la acción impetrada carece de relevancia constitucional, ya que busca cuestionar decisiones que negaron la suspensión y nulidad de un proceso ejecutivo hipotecario adelantado para el cobro de un crédito diferente a los de financiación de vivienda, además carece de inmediatez, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones. Niega.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 325    Expediente   T-2510232    Fecha sentencia   10-5-2010 0:00    Sentencia   T-329/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JESUS ALFREDO BETANCOURT CABEZAS VS. GOBERNACION DEL HUILA Y OTRO

Tema

Educación. El accionante actúa en representación de 25 niños que viven en la Vereda de Campo Hermoso, comenta que dicha vereda carece de instituciones educativas y docentes, y la escuela mas cercana se encuentra 5 kilómetros, las entidades accionadas alegan que el sector en donde se encuentran los menores y sus familias está protegido como zona de reserva forestal nacional, razón por la cual no se tienen los títulos correspondientes y esto dificulta una inversión por parte del Estado. La Sala estudia la fundamentalidad del derecho a la educación en los menores y su accesibilidad como componente, la constitución ecológica, derecho al medio ambiente sano y reservas forestales, la ponderación, principio de proporcionalidad y deber de armonización entre el derecho a la educación y el derecho al medio ambiente sano, durante el proceso se allegó información a esta corporación que el asentamiento del municipio estaba en un terreno irregular por lo tanto se ordena a la Alcaldía Municipal y ala CAR, determinar la irregularidad de los asentamientos de la Vereda Campo Hermoso, si se determina que son irregulares se ordena la reubicación de los habitantes de la zona incluyendo el brindarles una solución de educación a los menores, en caso contrario se les deberá brindar a los menores, transporte escolar y de poderse llevar a cabo se deberá sustraer del terreno protegido para implementar un proyecto de aulas ambientales, de no ser posible se les deberá brindar a los menores un medio de transporte escolar. Concedida
Recibo Relatoria   11-12-2010 0:00


Item 326    Expediente   T-2498829    Fecha sentencia   10-5-2010 0:00    Sentencia   T-330/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    SANDRA SINFORANIA JARAMILLO ARCILA VS. CAFESALUD EPS

Tema

Vida, salud. La accionante solicita se ordene a su EPS afiliar a su madre como beneficiara en el sistema de seguridad social en salud en el régimen contributivo, sin tener que pagar el respectivo UPC adicional ya que no tiene dinero para pagarlo dado que gana menos de dos salarios mínimos, es madre cabeza de familia y tiene obligaciones bancarias, comenta que su madre es diabética e hipertensa y el régimen subsidiado no cubre en la totalidad sus requerimientos de salud. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el acceso de los padres al Sistema de Seguridad Social en Salud como beneficiaros adicionales, con el pago del valor del la UPC a que haya lugar, dentro del proceso no aparece demostrada la incapacidad de la representada para actuar por lo cual el amparo es improcedente por falta de legitimación por activa, además no se demostró por parte de la accionante su condición de madre cabeza de familia, ni la incapacidad de pago del UPC, ni tampoco se demostró que su madre se encontrara en un grave estado de salud, por lo que se decide revocar la decisión de segunda instancia que decidió acceder a la protección de los derechos de la madre de la accionante y se ordena su afiliación de nuevo al SISBEN. Niega.
Recibo Relatoria   20-10-2010 0:00


Item 327    Expediente   T-2501310    Fecha sentencia   10-5-2010 0:00    Sentencia   T-331/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    SOR ZOILA HERAS ORTIZ VS. EMPRESA DE ENRGIA DE BOYACA E.S.P

Tema

Debido proceso, honra, buen nombre. A la actora la entidad accionada le informó del inicio de una denuncia penal por el delito de defraudación de fluidos, luego de haber detectado en las instalaciones del Hogar de ancianos que ella dirige una anomalía en la conexión del servicio de energía, solicita se orden a dicha entidad dar trámite a los recursos de la vía gubernativa y no declararlos improcedentes para controvertir la decisión empresarial. La Sala se pronuncia sobre los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela, el carácter subsidiario y el perjuicio irremediabla, realiza reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de tutela contra resoluciones emitidas por las empresas de servicios públicos, se concluye que la demandante contó con los mecanismos de la vía gubernativa y las acciones ante lo contencioso administrativo, de las cuales no hizo uso, en la actualidad se denota que en proceso penal adelantado en su contra cuenta con las garantías procesales para la protección de sus derechos, además no se encuentra demostrado un perjuicio irremediable. Niega.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 328    Expediente   T-2499433    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-337/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    NELLY VELLOJIN DE MENDOZA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERIA SALA CIVIL Y OTRO

Tema

Debido proceso. Alega la accionante que INVIAS construyó una carretera que pasó por un área de un lote de propiedad suya, por lo cual inició proceso ordinario solicitando obtener la restitución de la parte ocupada, INVIAS interpuso excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, la cual fue declarada probada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, y se ordenó la devolución de la demanda y los anexos a la accionante, quien considera que se incurrió en una vía de hecho, solicita que se produzca una nueva providencia para que el juez civil asuma la competencia para conocer del litigio por ella propuesto. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, entra a estudiar el conflicto de jurisdicción y competencia, la providencia de declaratoria de excepción previa de falta de jurisdicción y la constitución de una vía de hecho, se decide confirmar el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ordenó remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 329    Expediente   T-2520156 Y OTROS    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-338/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JOSE DOMINGO REQUINVIA Y OTROS VS. INCODER

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Comentan los actores que la entidad accionada les adjudicó un predio denominado Las Leonas, en octubre de 2005, sinembargo decidió revocar la resolución de adjudicación bajo la figura de revocatoria directa, además indicaron que contra la misma no procedía ningún recurso por vía gubernativa, a pesar de ello no hubo desalojo y ellos continuaron gozando de los bienes y efectuando mejoras, comentan que se encuentran ante el acaecimiento de un perjuicio irremediable ya que las tierras que ocupan serán objeto de readjudicación. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actuaciones administrativas, el debido proceso administrativo, la inmutabilidad de los actos y la revocatoria directa, se encuentra que ninguno de los accionantes presentaron la nulidad y reestablecimiento de derecho contra las resoluciones atacadas, por lo tanto los términos ya han caducado, se decide no acceder a la protección de los derechos invocados, ya que no se encontró que la entidad accionada hubiese incurrido en alguna actuación que transgreda los derechos de los actores, los cuales dejaron caducar los mecanismos de defensa. Niega.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 330    Expediente   T-2446041    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-339/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS ALBERTO CABEZA ESPINEL VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Tema

Vida, igualdad. Al actor le fue asignado un esquema de seguridad por haber sido vocero público del proceso de paz de la Corriente Revolucionaria Socialista y por su actividad social como defensor de derechos humanos, asesorando víctimas del conflicto armado, solicita se fortalezca su esquema de seguridad asignándole un vehículo en buenas condiciones, dotando a su equipo de avanteles o celulares, y asumiendo el mantenimiento permanente del vehículo. La Sala estudia el contenido y alcances del derecho a la seguridad personal, la precisión de la escala de riesgos y amenazas, la diferencia entre amenaza y riesgo, se encuentra que el actor es un sujeto de especial protección, por tener calidad de reinsertado del ELN y por trabajar actualmente como defensor de derechos humanos, debido a que esta en juego su seguridad personal, se ordena al Ministerio del Interior y de Justicia que, equipe a los dos escoltas que protegen al peticionario de avanteles y que ponga a su disposición un automóvil que le permita desplazarse con seguridad y todos los costos de mantenimiento deberán ser sufragados por el Ministerio, esta medida se tomara hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, determine si el actor debe o no estar cobijado por el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Concede.
Recibo Relatoria   16-7-2010 0:00


Item 331    Expediente   T-2246370    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-340/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MANUEL MORENO RODRIGUEZ VS. GOBERNACION DEL CESAR

Tema

Igualdad. El actor participó en los juegos paralímpicos nacionales, en el cual ganó dos medallas de bronce, como miembro de la delegación del Departamento del Cesar, sinembargo se enteró que la Secretaría de Deporte no haría ningún reconocimiento a los deportistas discapacitados pues no habían recursos para ello pese a que en la Resolución 007124 la Secretaría previó estímulos económicos para los participantes, solicita se ordene a la Gobernación del Cesar otorgarle un estímulo, en igualdad de condiciones, como lo hizo respecto de los medallistas que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales. La Sala se pronuncia sobre el principio de igualdad en el sistema jurídico colombiano, la dimensión de no discriminación, las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional y el alcance de la protección que se desprende de los instrumentos internacionales, la incidencia de la convención en el marco constitucional colombiano, se evidencia que hubo una omisión administrativa la cual le ocasionó un perjuicio al actor que continúa produciéndose, debido a que no se contempló un sistema de estímulos para los deportistas que participaron en los juegos paralímpicos nacionales, como sí se hizo respecto de aquellos deportistas que participaron en los juegos deportivos nacionales, por lo tanto se ordena a la entidad accionada realizar los actos necesarios para emitir y ejecutar un acto administrativo en el cual defina un sistema de estímulos para los deportistas que participaron y obtuvieron reconocimiento de medallería en los juegos parlímpicos de 2008. Concede.
Recibo Relatoria   16-7-2010 0:00


Item 332    Expediente   T-2500419 Y OTROS    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-341/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JESUS RAUL PIEDRAHITA VILLADA Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual no les ha sido concedida por no cumplir con el requisito de fidelidad. La Sala se pronuncia sobre la procedibilidad de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el entorno normativo de la pensión de invalidez, a partir de la Ley 100 de 1993, inconstitucionalidad del requisito de fidelidad en la cotización del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, se concluye que los derechos de los actores fueron vulnerados por lo tanto se ordena a la entidad accionada reconocer y pagar la pensión de invalidez a que tienen derecho. Concede.
Recibo Relatoria   28-7-2010 0:00


Item 333    Expediente   T-2345258    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-342/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    HUGO ENRIQUE MARTINEZ BURGOS VS. SALUDCOOP EPS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor solicita el pago del 100% de su incapacidad ya que devenga el salario mínimo y solo se le ha cancelado el 50% del mismo ocasionándole graves perjuicios. La Sala encontró que en el trámite de la acción, la entidad accionada reconoció y pago a favor del actor el valor completo de las incapacidades por lo tanto se decide declarar improcedente la acción por hecho superado.
Recibo Relatoria   12-7-2010 0:00


Item 334    Expediente   T-2515786    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-343/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    FERNEY HUMBERTO LOZANO VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION QUINTA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Tema

Debido proceso. Mediante sentencia del 31 de julio de 2009 el Consejo de Estado, anuló el acto de elección del actor como alcalde del Municipio de Yumbo y como consecuencia ordenó la realización de nuevas elecciones, el accionante considera que dicha corporación incurrió en una vía de hecho, ya que realizó una interpretación extensiva errónea de carácter inconstitucional de las normas sobre incompatibilidades contempladas el numeral 7 del artículo 38 y 39 de la ley 617 de 2000. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y su evolución, se realiza una interpretación sobre las inhabilidades e incompatibilidades como condiciones genéricas de inhabilidad o inelegibilidad y la ambigüedad del precepto y utilización del precedente, se estudia la situación de encargo como sujeto del supuesto de hecho de la incompatibilidad prevista en los artículos 38 y 39 de la ley 617 de 2000, se realiza un análisis de la aplicación de nulidad electoral cuando se incurre en la incompatibilidad contemplada en los artículos 38 y 39 de la ley 617 de 2000, se concluye que la corporación accionada no incurrió en una vía de hecho ya que dio cumplimiento a los artículos 84, 227 y 228 del código contencioso administrativo. Niega.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 335    Expediente   T-2499352 Y OTROS    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-344/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    PRODYS ESTHER LAURENS Y OTROS VS. GRUPO INTERNO PARA LA GESTION DEL PASIVO DE PUERTOS DE COLOMBIA Y OTRO

Tema

Debido proceso, vida digna, mínimo vital, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes son pensionados de extinta Empresa de Puertos de Colombia, comentan que les fue suspendido el pago de su mesada pensional, sin que se hubiese adelantado ningún tipo de actuación administrativa. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones, el derecho fundamental al debido proceso, la resolución directa y suspensión de actos administrativos de contenido particular y concreto, específicamente, en lo atiente a la modificación de derechos de contenido pensional, se concluye que la entidad accionada vulnero los derechos fundamentales de los actores, ya que no se agoto el procedimiento legal previsto para el efecto y no se reparó en que se trataba de personas de tercera edad, por lo tanto se ordena el restablecimiento del pago de las mesadas pensionales, se aclara que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para estudiar la compatibilidad de las pensiones reconocidas por el ISS y la extinta Empresa de Puertos de Colombia. Concedida.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 336    Expediente   T-2497320    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-345/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CRUZ ELENA CONRADO SALAZAR VS. DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Tema

Acceso a la administración de justicia. Se acumulan expedientes por unidad de materia, las accionantes son personas de tercera edad que solicitaron el reajuste de sus mesadas pensionales, mediante sentencia judicial se ordenó el reajuste, sin embargo la entidad accionada no ha acatado la orden y han transcurrido mas de cuatro años. La Sala se pronuncia sobre el cumplimiento de providencias judiciales a través del ejercicio de la acción de tutela como elemento constitutivo del derecho de acceso a la administración de justicia, se concluye que el derecho a la administración de justicia fue vulnerado, por lo tanto se ordena al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca que inicie las acciones conducentes para dar cumplimiento a las sentencias a través de las cuales se ordenó el reconocimiento del pago y reajuste de las pensiones de las accionantes. Concedida.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 337    Expediente   T-2508544    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-346/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CAROLINA ZUÑIGA MINA VS. COSIMET LTDA Y FIDUPREVISORA S.A.

Tema

Vida y salud. La accionante sufre de esclerosis múltiple de la médula dorsal, enfermedad que le impide movilizarse, por lo tanto solicita se ordene a su IPS, brindarle atención domiciliaria, servicio de médico en casa, enfermera en casa, cama manual de dos posiciones, servicio de transporte en ambulancia, silla de ruedas, aumento de terapias en casa, suministro de pañales desechables y elementos básicos de enfermería para hospitalización en casa. La Sala encuentra que en el presente caso no está verdaderamente acreditada la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales alegados, por lo tanto no se cumplen los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional para que proceda la acción de tutela ya que en el expediente no obra prueba de que la accionante requiera el suministro de los implementos médicos que asegura necesitar. Niega.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 338    Expediente   T-2519580    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-347/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUIS ALFONSO SALAZAR BOTERO VS. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. El accionante actúa en representación de su hija, quien se encuentra recurrida en la cárcel del buen pastor y en espera de ser extraditada a España, su padre comenta que la señora sufre de depresión, ansiedad, trastorno de personalidad, entre otras afecciones, fue declarada interdicta en diciembre de 2007, por lo tanto solicita se ordene su traslado a una clínica de reposo donde pueda recibir el tratamiento adecuado. La Sala se pronuncia sobre la relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad frente al Estado, la restricción del derecho a libertad personal, los derechos de los internos en centros penitenciarios o carcelarios, la limitación de algunas garantías fundamentales, el derecho a la salud de los reclusos, debido a que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales de la representada ya que el INPEC le ha brindado de manera oportuna e integral el tratamiento psiquiatrico que ha requerido para atender sus padecimientos y no existe concepto del especialista tratante que sugiera su traslado a una clínica psiquiátrica. Niega.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 339    Expediente   T-2506534    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-348/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MAXIMO HOYOS GUERRA VS. ACCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Vida, vivienda digna, alimentación, igualdad y demás derechos de la población desplazada. El actor comenta que debido a la presión de los grupos paramilitares se vio obligado a suscribir contrato de compra venta de un predio de su propiedad con el señor Salvatore Mancuso, solicitó al INCODER registrar dicho predio en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados sinembargo la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, no realizó la inscripción por no existir folio de matricula inmobiliaria del bien. La Sala se pronuncia sobre el principio de subsidiariedad y la procedencia de la acción de tutela, se concluye que los actores no se encuentran frente a la inminencia de un perjuicio irremediable y que existen otros mecanismos defensa ante los cuales puede recurrir para la protección de sus derechos, por lo tanto se decide declarar improcedente la presente acción.
Recibo Relatoria   26-5-2010 0:00


Item 340    Expediente   T-2518671    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-349/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ELISABETH RINCON ZAMORA VS. COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO

Tema

Educación, libre desarrollo de la personalidad. La accionante solicita se ordene a la institución accionada la expedición de los certificados de estudio de sus menores hijos, la institución accionada se ha negado a expedir los certificados debido a que la señora presenta mora en el pago de las pensiones. La Sala se pronuncia sobre el tratamiento constitucional a la educación y su doble connotación como derecho y como servicio, la prevalencia del derecho a la educación de los menores de edad respecto a los derechos económicos de las entidades privadas de educación, prohibición de expedir certificado de estudios con notas marginales de deudas pendientes, se ordena expedir los certificados previa suscripción con la madre de los menores de un acuerdo de pago razonable de las prestaciones adeudas. Concedida.
Recibo Relatoria   25-5-2010 0:00


Item 341    Expediente   T-2522154    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-350/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ALEXIS GONZALEZ FONTALVO VS. HOSPITAL MILITAR REGIONAL BARRANQUILLA

Tema

Salud, vida digna. Al accionante se le diagnosticó moderado hidrocele derecho post quirúrgico mientras prestaba el servicio militar obligatorio, sinembargo fue dado de baja sin que se le realizará la intervención quirúrgica ni el examen médico de retiro, solicita se autorice y programe la práctica de la intervención quirúrgica pertinente. La Sala se pronuncia sobre la obligación de prestar el servicio militar, la responsabilidad del Estado frente al personal castrense, la obligación del Ejército Nacional en materia de salud en relación con los militares, la obligación de las Fuerzas Armadas de practicar un examen médico de retiro a los soldados que finalicen el tiempo de servicio, se encuentra que los derechos del actor fueron vulnerados por lo tanto se ordena realizarle el examen médico de retiro y la prestación de la asistencia médica necesaria para su recuperación.
Recibo Relatoria   25-5-2010 0:00


Item 342    Expediente   T-2509461    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-351/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    GERMAN ANTONIO BUITRAGO FORERO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social. El actor solicita se ordene a la entidad accionada aplicar en la liquidación de su pensión el ingreso base de liquidación establecido en el Decreto 546 de 1971. La Sala se pronuncia sobre la seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela, la interpretación jurisprudencial de los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cálculo del monto base de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos en materia pensional, como mecanismo definitivo, debido proceso y fuerza vinculante de los fallos de tutela, se concluye que el actor reúne los requisitos exigidos por la normatividad aplicable y por lo tanto se le debe dar aplicación a el porcentaje establecido por el articulo 6 del Decreto 546 de 1971, se concede el amparo de manera definitiva. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2010 0:00


Item 343    Expediente   T-2522273    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-352/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    PEDRO ALCIDES FELACIO AGRAY VS. MUNICIPIO DE TENJO

Tema

Vida, salud, seguridad social. El actor comenta que es una persona de tercera edad, que se le diagnóstico una Infección Renal Crónica la cual venía siendo tratada en la Ciudad de Bogotá sinembargo el Municipio de Tenjo dejó de suministrarle el transporte y debido a que no cuenta con recursos económicos no ha podido continuar con su tratamiento, solicita se ordene al municipio accionado afiliarlo a una entidad promotora de salud para que pueda recibir la atención médica requerida, y se le brinde un medio de transporte para poder asistir a las sesiones de diálisis, el suministro de pañales y la internación en un hogar o ancianato donde pueda satisfacer sus necesidades básicas. La Sala se pronuncia sobre la afiliación al sistema general de seguridad social en salud, el derecho a la salud y el transporte como medio para acceder a los servicios médicos, el deber de asistencia por parte del Estado en virtud del principio de solidaridad, cuando la familia se encuentra incapacitada para atender a la persona de tercera edad, se concluye que el órgano estatal que debe acudir a la protección de los derechos fundamentales del actor es el municipio accionado, por lo tanto se ordena inscribirlo en sus programas de beneficencia y realizar los trámites necesarios para que se internado en un lugar especializado en el cuidado, alimentación y demás atención requerida para una persona de su edad. Concedida.
Recibo Relatoria   28-6-2010 0:00


Item 344    Expediente   T-2492704    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-353/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ROVIS ELIECER VALLE AVILA VS. EMPRESA DE TRANSITO Y TRANSPORTE METROPOLITANO DE BARRANQUILLA S. A. EN LIQUIDACION

Tema

Debido proceso, igualdad, mínimo vital, trabajo y seguridad social. El actor alega ser padre cabeza de familia, sinembargo la entidad accionada suprimió su cargó, solicita se le reintegre inmediatamente a la entidad, y se le paguen los salarios dejados de percibir. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los aspectos constitucionalmente relevantes de la protección laboral reforzada concedida en virtud del denominado retén social, los requisitos indispensables para constituirse como padre cabeza de familia, el alcance del derecho fundamental de petición y su relación con la figura del silencio administrativo, se encuentra que el actor no impetró la acción de reintegro, mecanismo que es suficientemente expedito para la defensa de sus derechos por lo tanto esta acción resulta improcedente. Niega.
Recibo Relatoria   30-6-2010 0:00


Item 345    Expediente   T-2496812    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-354/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV JCHP
Demandante / Demandado    MELVA ESPITIA DE VASQUEZ VS. EXXON MOVIL DE COLOMBIA Y OTRO

Tema

Petición. La accionante solicita se ordene a la empresa accionada dar respuesta sobre la petición elevada con respecto al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a que tiene derecho debido al fallecimiento de su esposo. La Sala pasa a estudiar en primer lugar la temeridad, se concluye que la acción presentada en esta oportunidad va dirigida contra un accionado adicional y solicita además la protección de su derecho de petición, por lo tanto no aparece demostrada en este caso la temeridad, luego se realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho de petición, se encuentra que el derecho de petición no le fue vulnerado debido a que si se le dio respuesta aunque adversa a sus pretensiones, por último se realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver los conflictos relacionados con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones, se concluye que la acción no cumple con los requisitos de subsidiariedad ni de inmediatez y tampoco se vislumbra un perjuicio irremediable, se decide no acceder a las pretensiones de la accionante. Niega.
Recibo Relatoria   22-7-2010 0:00


Item 346    Expediente   T-2562426    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-355/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO VS. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E.

Tema

Igualdad, trabajo, debido proceso. El actor comenta que participó en un concurso de méritos, que tenía por objeto organizar una lista con los aspirantes más idóneos para conformar la terna de la cual habría de ser designado el Gerente de la ESE Hospital Francisco de Paula Santander, comenta que la terna se conformó con personas que habían obtenido un puntaje inferior al de el actor, y fue nombrado como Gerente de la ESE, al señor Juan Velasco quien ocupo el sexto puesto en el concurso, solicita que se revoque la resolución de nombramiento del señor Velasco y en su lugar se ordene su nombramiento. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el principio de subsidiariedad e inmediatez como requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, se encuentra que la acción no cumple con el principio de inmediatez ya que fue presentada casi un año después de proferido el acto administrativo y durante ese tiempo no presentó reclamación formal alguna, por lo tanto se decide, revocar la sentencia que concedió la tutela, y se declara la improcedencia de la presente acción. Niega
Recibo Relatoria   14-9-2010 0:00


Item 347    Expediente   T-2538815    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-356/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    SAUL ORTIZ BARRERA VS. ALCALDIA DE GIRON SANTANDER

Tema

Trabajo, familia, tercera edad. El actor es veedor ciudadano y actúa como agente oficioso de la señorita Margarita Paéz debido a que sufre de retardo mental y depende totalmente de sus padres los cuales tienen 78 y 60 años de edad y derivan su sustento de un negocio de artesanías de alambre y vidrio, se les ordenó cerrar su establecimiento comercial por no cumplir con las normas ambientales, ni el plan de ordenamiento territorial, solicita que antes de sellar en forma definitiva el local comercial de sus agenciados se proceda a reubicar a la familia teniendo en cuenta que se trata de personas de tercera edad y con un miembro con discapacidad sensorial y psíquica, por lo tanto se encuentran en un estado de debilidad manifiesta. La Sala en primer lugar estudia la legitimación por activa, se encuentra que si es valida debido a las especiales circunstancias de los afectados, se pronuncia sobre el derecho a un ambiente sano, se estudia el problema desde dos perspectivas, desde el derecho a un ambiente sano que tiene la sociedad y la situación familiar de los actores, se concluye que prevalece el derecho a la vida en condiciones dignas y saludables sin injerencias que menoscaben un ambiente sano, sinembargo se requiere a la Alcaldía de Girón, para que evalúen la viabilidad de reubicación de la fábrica para que puedan operar de manera que no generen contaminación ambiental. Concede parcialmente
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 348    Expediente   T-2548444    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-357/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA ALICIA VERA SANCHEZ VS. CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

Tema

Petición, seguridad social. Señala la accionante que presentó derecho de petición ante la entidad accionada hace dos años y nueve meses, solicitando su pensión de vejez, sinembargo hasta el momento en que interpuso la acción no ha recibido respuesta. La Sala se pronuncia sobre el término para la resolución de peticiones en asunto pensionales, se encuentra que han transcurrido tres años y tres meses desde que se presentó el derecho de petición y por lo tanto sus derechos fundamentales han sido vulnerados, se ordena a la entidad accionada a responder adecuadamente la petición formulada. Concede.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 349    Expediente   T-2527927    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-358/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    JOSE DEL CARMEN OREJARENA VS. ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y OTROS

Tema

Vivienda digna, igualdad, vida. El actor comenta que fue beneficiario de un subsidio de vivienda, el cual le fue otorgado debido a que, en la que habita actualmente se encuentra en una zona de alto riesgo, en octubre de 2006 suscribió contrato de compraventa con la constructora accionada, habiéndose realizado el respectivo desembolso del subsidio, sin embargo hasta la fecha en que interpuso la acción la constructora no le ha hecho entrega de la vivienda, lo cual le esta ocasionando graves perjuicios porque sigue residiendo en la misma casa que se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección del derecho a la vivienda digna, la reubicación de personas que habitan en zonas declaradas como de alto riesgo y la responsabilidad del Estado, se concluye que en el presente caso al actor no se le esta causando ninguna vulneración a sus derechos fundamentales, ya que se constató que ha tomado posesión de la vivienda, por lo tanto se decide no acceder a sus pretensiones. Niega.
Recibo Relatoria   3-12-2010 0:00


Item 350    Expediente   T-2493354    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-359/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    MARIA ENELINA LLANOS VS. CAPRECOM EPS Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. La accionante actúa en representación de su hija quien sufre de retardo mental, comenta que en mayo de 2009, le fue practicado un tratamiento quirúrgico odontológico con aplicación de anestesia general, sin embargo al terminar el procedimiento su hija no podía caminar, la señora alega que la entidad accionada no le ha brindado el tratamiento necesario para su recuperación, solicita se ordene brindarle un tratamiento integral, previa valoración médica para que se conceptúe sobre el estado de afección de su capacidad motriz y de locomoción. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho al diagnóstico de una enfermedad como parte del derecho a la salud, se encuentra que la accionante no ha acudido a la entidad accionada para obtener lo pretendido, y tampoco se le ha negado ningún tratamiento requerido, se decide denegar el amparo solicitado. Niega.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 351    Expediente   T-2520375    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-360/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ARACELY OLARTE CHARRY VS. COMCEL S.A.

Tema

Vida, salud. La accionante comenta que se instaló junto a su casa una torre de telecomunicaciones, la cual emite una alta radiación, que hace que no se le pueda instalar un dispositivo que para mejorar el funcionamiento de su corazón ya que se descarga y se daña en menos de un mes, su médico tratante le recomendó alejarse de las torres pero no tiene otro lugar para residir, por ello solicita se ordene a la empresa demandada retirar definitivamente la torre en mención. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la salud de las personas de tercera edad como derecho fundamental, se pronuncia sobre el servicio público de telecomunicaciones, los campos electromagnéticos, los estudios y recomendaciones internacionales relevantes, acerca de la exposición de las personas en campos electromagnéticos, el derecho comparado, se aplica el principio de precaución a falta de certeza científica, se concluye que de las recomendaciones y los estudios científicos, no puede concluirse que la antena de telefonía móvil sea causa de la interferencia sobre el cardiodesfibrilador implantado a la demandante, toda ves que luego de una segunda cirugía dicho dispositivo se encuentra funcionando, sinembargo se exhorta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para que analice las recomendaciones establecidas internacionalmente en lo concerniente a establecer canales de comunicación e información con la comunidad, acerca de los posibles efectos adversos a la salud que puede generar la exposición a campos electromagnéticos y las medidas que puede tomar la población para minimizar los efectos, y en aplicación del principio de precaución se diseñe un proyecto encaminado a establecer una distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las instituciones educativas, hospitales y otros similares. Niega.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 352    Expediente   T-2559073    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-361/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LILIANA JARAMILLO DE VELASQUEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

Tema

Vida digna, mínimo vital, seguridad social. La accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que se causó debido al fallecimiento de su hijo quien no tenía esposa ni hijos, la entidad accionada decidió no acceder a las pretensiones de la demandante debido a que su esposo es pensionado y recibe incremento pensional por cónyuge, ella alega que se separó hace treinta años y que se encuentra en condiciones de extrema pobreza. La Sala se pronuncia sobre la dependencia económica total y absoluta de los padres, para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de un hijo, la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la presunción de veracidad como instrumento para superar el desinterés o la negligencia de una autoridad pública o un particular, se encuentra que la acción de tutela es el medio mas expedito para conceder el amparo impetrado, ya que la accionante es un sujeto de especial protección y no se desvirtuó su afectación al mínimo vital, se ordena a la entidad accionada expedir resolución de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Concede.
Recibo Relatoria   24-6-2010 0:00


Item 353    Expediente   T-2520448    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-363/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    WILMAR ARANGO CASTAÑO VS. SALUDCOOP EPS

Tema

Salud, vida digna. El accionante actúa en representación de su menor hija quien padece de varias afecciones en su salud entre ellas retardo mental, comenta que interpuso una acción de tutela para que se le brindara el tratamiento integral requerido por su menor hija, el cual le fue concedido, sin embargo en esta oportunidad solicita se ordene un tratamiento de medicina alternativa, el cual consiste en 40 sesiones en cámara hipervárica y un medicamento denominado benerva los cuales no se entienden incluidos dentro del tratamiento integral, la entidad accionada se niega a prestarle dicho tratamiento debido a que no fue ordenado por un médico tratante adscrito a su red de instituciones prestadoras del servicio de salud. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela respecto del derecho fundamental a la salud de los niños y las niñas, la prestación de medicamentos y tratamientos no incluido en plan obligatorio de salud, el derecho al diagnóstico, se concluye que si bien el tratamiento no fue otorgado por el médico tratante la menor tiene derecho a un diagnostico por lo tanto se ordena que el Comité Técnico Científico emita un concepto sobre el tratamiento solicitado. Concede.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 354    Expediente   T-2521897    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-364/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CLARA INES LOPEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social, debido proceso. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a la que considera tener derecho debido al fallecimiento de su cónyuge, la entidad accionada alega que el derecho de la señora prescribió, ya que el señor falleció en el año 2003 y además no cotizó ninguna semana en los tres años anteriores al fallecimiento. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, la imprescriptibilidad del derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, se encuentra que la accionante y su menor hijo tienen derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por lo tanto se ordena otorgarla. Concedida.
Recibo Relatoria   16-2-2011 0:00


Item 355    Expediente   T-2508242    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-365/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    OSCAR JUAN ARBOLEDA GUTIERREZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Mínimo vital, vida digna, seguridad social. El accionante solicita se ordene a la entidad accionada reconocerle y pagarle su pensión de vejez, a la cual considera tener derecho por cumplir con la edad y el tiempo de cotización requeridos, pese a que dichas cotizaciones no se hicieron solo ante la entidad accionada, sino ante otras entidades, cumpliendo ampliamente el número de semanas requeridas para poder acceder a la pensión de vejez. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela frente a controversias laborales, se aclara que los requisitos que se impongan para acceder a los beneficios de la Seguridad Social se cumplen ante el Sistema y no ante entidades u órganos que lo compongan, se encuentra que el ISS vulneró los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del accionante al negarle el reconocimiento de su pensión, por no cumplir con el requisito de semanas de cotización a esta entidad, dado que el accionante cotizó más tiempo del exigido al Sistema general de pensiones, por lo tanto se decide acceder a la pretensión del reconocimiento pensional por vejez. Concedida.
Recibo Relatoria   30-11-2010 0:00


Item 356    Expediente   T-2495613 Y OTRO    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-366/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    VICTOR MANUEL SANCHEZ Y TROS VS. FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP Y OTROS

Tema

Igualdad, trabajo, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan se ordene a las entidades accionadas reconocer los reajustes pensionales que fueron ordenados por el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y el artículo 1 del Decreto 2108 del mismo año. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago de acreencias laborales o pensionales, se concluye que ninguna de las demandas cumple con los requisitos de procedibilidad de la tutela, en algunos casos porque no se cumplió con el requisito de inmediatez, y en otros casos porque se pretende subsanar la inactividad de los peticionarios para acudir ante los jueces competentes, por último no se aporta prueba siquiera sumaria de que se encuentren frente a un perjuicio irremediable. Niega
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 357    Expediente   T-2499665    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-367/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DORA LUZ CORREA GARCIA VS. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y LA OFICINA PRESCIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Vida digna. El representante legal de la organización no gubernamental GIDH, interpuso la presente acción, con el propósito de que a los desplazados del municipio de Ituango Antioquia, se les protejan sus derechos fundamentales mediante la inscripción en el Sistema de Información para la Población Desplazada, SIPOD para el reconocimiento y otorgamiento de todos los beneficios legales a que tienen derecho. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado, la calidad de desplazado y su adquisición de facto, se cita la sentencia de la Corte Interaméricana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006, en donde se determinó que el Estado Colombiano vulneró una serie de derechos fundamentales de la población representada en la presente acción y se ordenó su reparación, se encuentra que el Registro Único de Población Desplazada se ha convertido en un obstáculo insalvable que ha perpetuado la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados, ya que lo las autoridades lo están exigiendo como requisito para acceder a algunas medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, desconociendo con tal proceder no sólo los compromisos internacionales del Estado colombiano sino también los mandatos constitucionales y la reiterada jurisprudencia de esta corporación, se ordena por lo tanto dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 1 de julio de 2006, sin más dilaciones. Concedida.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 358    Expediente   T-2508226    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-368/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    HELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Mínimo vital, dignidad humana, seguridad social. La accionante solicita se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a la que considera tener derecho debido al fallecimiento de su compañero permanente, dicha pensión no le ha sido reconocida debido a que el ISS, no ha encontrado demostrada la convivencia de la señora con el causante. La Sala pasa a pronunciarse sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones, el derecho fundamental a la sustitución pensional, se encuentra que en el presente caso debido a la avanzada edad de la accionante, los mecanismos ordinarios de defensa judicial no proporcionan una protección eficaz y adecuada, se ordena reconocer y pagarle a la accionante la pensión de sobreviviente luego de haber realizado el procedimiento establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 1204 de 2008. Concedida.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 359    Expediente   T-2508244    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-369/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MANUEL JOSE RIOS CHAVERA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Vida, seguridad social. El accionante solicita el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, por su parte la entidad accionada alega haberle reconocido la indemnización sustitutiva, pese a que el actor asegura haber renunciado a este derecho y haber tomado la determinación de seguir cotizando hasta cumplir con el número de semanas requeridas para acceder a la pensión. La Sala estudia la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, se concluye que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial idóneos para atacar los actos administrativos. Niega.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 360    Expediente   T-2501693    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-370/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MIGUEL ANGEL LOPEZ BAHAMON VS. SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Equidad, seguridad social, debido proceso, mínimo vital. El accionante solicita se deje sin efectos las sentencias proferidas por la Cortes Suprema de Justicia, Sala Laboral y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, que en su oportunidad se pronunciaron respecto a la no indexación de la primera mesada pensional, con base en la liquidación fijada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá. La Sala estudia la competencia funcional de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para conocer de la presente tutela, con el fin de garantizar la operación de un mecanismo eficaz de protección de derechos fundamentales, se encuentra que dicha corporación, si podía conocer de la presente acción no obstante la existencia de normas reglamentarias en sentido diferente, luego se pronuncia sobre la improcedencia de la acción de tutela por temeridad o reiteración de la acción, se verifica que el actor ha presentado cuatro acciones de tutela, sin embargo no incurrió en temeridad ya que las partes accionadas son distintas en cada caso, luego se estudian los requisitos de procedibilidad genérica de las tutelas contra providencias judiciales, se encuentra que la acción no cumple con el principio de inmediatez, por lo tanto decide inhibirse de tomar una decisión de fondo.
Recibo Relatoria   20-1-2011 0:00


Item 361    Expediente   T-2497426 Y OTROS    Fecha sentencia   11-5-2010 0:00    Sentencia   T-371/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    NORBERTA ABIGAIL DE HOYOS JARAMILLO Y OTROS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE CERTE CORDOBA Y OTROS

Tema

Vida, salud, mínimo vital, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia Los accionantes tienen niños que sufren de diversas discapacidades físicas y mentales, solicitan se ordene a las EPSs accionadas, autorizar la realización de los tratamientos en la IPS Funtierra Rehabilitación, o en una IPS que tenga idéntica calidad, especialidad e idoneidad de dicha IPS, además piden que se evite el traslado de los menores a otras ciudades o localidades de la región, lo cual les ocasiona perjuicios e incomodidades por su condición de discapacitados. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección reforzada de los menores discapacitados, el derecho de acceso al Sistema General de Seguridad Social y la afiliación de beneficiarios, la protección del servicio de salud en el régimen subsidiado parámetros, se ordena a la Alcaldía Municipal de Cereté, que aplique a los hogares de los menores la encuesta del Sisbén, para determinar si hacen parte del grupo especial que requiere prioridad y se advierte que mientras su situación se define los representantes de los menores cuentan con la posibilidad de acudir a la prestación del servicio de salud, en cuanto a los menores que se encuentran adscritos a las EPS, se ordena a dichas entidades, confirmar, descartar o modificar, el dictamen dado por el médico particular de la IPS Funtierra Rehabilitación, con base en consideraciones de carácter técnico emitidas por un médico adscrito a la entidad o por el Comité Técnico. Concede
Recibo Relatoria   2-9-2010 0:00


Item 362    Expediente   RE-161    Fecha sentencia   12-5-2010 0:00    Sentencia   C-332/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV GEMM, AV JIPP, AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 130 DE 2010

Tema

Revisión constitucional del Decreto Legislativo 130 de 2010 “Por medio del cual se dictan disposiciones del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en desarrollo del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009”. La Corte decide declarar la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto estudiado ya que mediante sentencia 52 de 2010 se retiró del ordenamiento la norma que le daba sustento. Inexequible.
Recibo Relatoria   1-9-2010 0:00


Item 363    Expediente   D-7885    Fecha sentencia   12-5-2010 0:00    Sentencia   C-333/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    JAVIER FERNANDO GONZALEZ MAC MAHON VS. LEY 1328 DE 2009 ARTICULO 77 PARCIAL

Tema

Ley 1328 de 2009 artículo 77 “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, la norma regula la normalización de cartera, y la posibilidad de conciliar bajo determinadas condiciones sobre impuestos de propiedad de las entidades territoriales, el actor considera que la norma acusada vulnera el artículo 1 de la Constitución , debido a que el legislador tomó una decisión unilateral que afecta las arcas y la autonomía patrimonial de los entes territoriales, sin que existan razones que justifiquen tal determinación, vulnera el artículo 13 superior, por no establecer un mecanismo semejante frente a las deudas pendientes por concepto de impuestos nacionales, vulnera el artículo 95 numeral 8 de la Carta, ya que según el actor la negociación y posible condonación de impuestos dificultaría por falta de recursos, el cumplimiento de varios deberes sociales del Estado, vulnera el artículo 158 de la Constitución, ya que el artículo demandado no guarda ninguna relación con la materia predominante en la Ley 1328 de 2009, incluso dentro del mismo artículo se regulan temas diversos, viola el artículo 230 de la Constitución, ya que se restringe el acceso a la administración de justicia de la autoridad tributaria, vulnera el artículo 287 superior, ya que la norma acusada vulnera la autonomía de las entidades territoriales en cuanto a la administración de sus propios recursos, vulnera el artículo 294 constitucional, en el cual se prohíbe al legislador conceder exenciones en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.
La Sala, realiza un análisis preliminar sobre la vigencia de las disposiciones demandas y la posibilidad de realizar un análisis de fondo, encuentra que el control constitucional esta justificado, aunque la ley ya no se encuentra vigente, debido a que se observan circunstancias de notoria oposición entres la norma acusada y la Constitución, y por el corto lapso de vigencia asignado por el legislador, lo cual dificulta gravemente el oportuno ejercicio del control constitucional, luego se pasa a abordar los siguientes temas, los principios de unidad de materia e identidad flexible en el trámite legislativo, la evidencia disponible sobre el cumplimiento de los pasos previstos en el artículo 157 superior como necesarios para la aprobación de una ley, los alcances de la autonomía territorial, y si ella podría verse lesionada como resultado de las disposiciones demandadas, el efecto que las disposiciones acusadas pudieran tener frente a preceptos constitucionales tales como el derecho a la igualdad, la contribución al financiamiento de los gastos del Estado dentro criterios de justicia y equidad y libre acceso a la administración de justicia. Se concluye que la norma acusada vulnera el principio de unidad de materia, le faltan algunos de los requisitos previstos en el artículo 157 superior respecto de su tramitación válida, y desconoce la autonomía territorial, se dicta la sentencia con efectos retroactivos, pese a las situaciones consolidadas. Inexequible.

Recibo Relatoria   28-6-2010 0:00


Item 364    Expediente   D-7915    Fecha sentencia   12-5-2010 0:00    Sentencia   C-334/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    ALEXANDER DIAZ GARCIA VS. LEY 1142 DE 2007 ARTICULO 16 Y LEY 906 DE 2004 ARTICULO 245

Tema

Ley 1142 de 2007 artículo 16 inciso 1 “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, Ley 906 de 2004 artículo 245, inciso 2, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, el artículo 16 modifica el artículo 237 de la Ley 906 de 2004, regula la audiencia de control de legalidad posterior, los apartes demandados son los siguientes, “dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al cumplimento de las ordenes de” “o recuperación de infracción dejad al navegar por Internet u otros medios similares, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado, incluida la orden”, el artículo 245 trata sobre los exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado el aparte acusado es el siguiente “si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer su legalidad formal y material”. El demandante alega que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 15, 21, 29 y 250 de la Constitución y el artículo 17, numerales 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que el artículo 237 modificado del CPP, es contrario a la Constitución por afectar el derecho fundamental a la intimidad, el control de legalidad posterior por parte del juez de garantías a la orden de “recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros similares”, en cuanto al artículo 245, considera que existe vulneración del derecho a la intimidad del indiciado o imputado cuando el control de legalidad formal y material del cotejo de los exámenes de ADN con información genética de aquél, opere dentro de las 36 horas siguientes, además se imposibilita su posibilidad de participar en la audiencia de control de garantías.
La Corte pasa a analizar en primer lugar los aspectos de admisibilidad y alcance del estudio a realizar, se encuentra que se ha ejercido correctamente la acción de inconstitucionalidad por parte del actor, como un derecho político reconocido a los ciudadanos para controlar las decisiones del legislador frente a la Constitución, la demanda cumple con los requisitos para poder pronunciarse sobre la exequibilidad o no de las normas objeto de acusación, se analiza si existe cosa juzgada respecto al artículo 16 inciso primero de la ley 1142 de 2007, se encuentra que los problemas que se plantean en presente asunto han quedado resueltos y se encuentran subsumidos en el objeto de estudio, argumentos, análisis y parte resolutiva de la sentencia 31 de 2009, por lo tanto se ordena estarse a lo resuelto en dicha sentencia, luego se pasa a estudiar la sentencia 25 de 2009 y la inexistencia de cosa juzgada sobre el artículo 245, inciso 2, el significado atribuido a los numerales 2 y 3 del articulo 250 de la Constitución e implicaciones, la estructura normativa, contenidos del precepto acusado, ausencia de unidad normativa, el impacto de la norma acusada sobre los derechos fundamentales, los derechos fundamentales objeto de afectación y valoración frente al significado atribuido a los allanamientos, registros, interpretación de comunicaciones e incautaciones, ponderación respecto a los fines de la administración de justicia, la persecución del delito y la protección de las víctimas, se decide declarar la exequibilidad de la norma acusada, siempre y cuando su realización proceda de conformidad con la autorización judicial previa, en la que se efectúe una rigurosa ponderación, establecidas en las sentencias 22 de 05 y 36 de 2007, a fin de que se actúe del modo menos invasivo para con los derechos fundamentales en juego. Exequible

Recibo Relatoria   5-8-2010 0:00


Item 365    Expediente   D-7886    Fecha sentencia   12-5-2010 0:00    Sentencia   C-335/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JAIRO ARDILA ESPINOSA VS. LEY 1121 DE 2006 ARTICULO 26

Tema

Ley 1121 de 2006 artículo 26, “por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, la norma regula la exclusión de beneficios y subrogados cuando se trate de delitos de terrorismo y conexos, no procederán las rebajas de pena, ni se concederán subrogados penales o mecanismos substitutivos de la pena privativa de la libertad, el actor considera que la norma acusada vulnera los principios de igualdad y debido proceso, porque hay una discriminación respecto de los otros delitos juzgados bajo el mismo procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004 y al prohibir los preacuerdos no hay posibilidad de establecer ni el delito ni las consecuencias, que también le son propias a la figura del allanamiento a cargos, vulnerándose así el debido proceso. La Corte encuentra que existe identidad de cargos en cuanto a los analizados en la sentencia 73 de 2010, por lo tanto se decide estarse a lo resuelto en dicha sentencia.
Recibo Relatoria   14-7-2010 0:00


Item 366    Expediente   D-7935    Fecha sentencia   12-5-2010 0:00    Sentencia   C-336/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JUAN GUILLERMO SALAZAR PINEDA VS. LEY 617 DE 2000 ARTICULO 8

Tema

Ley 617 de 2000, artículo 8 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica del presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, la norma regula el valor máximo de los gastos de las asambleas y contralorías departamentales, el aparte demandado es el siguiente “Las contralorías departamentales no podrán superar como porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento los limites que se indican a continuación”, el demandante considera que la norma acusada vulnera los artículos 1, 2, 113, 117, 119 y 133 y 209 de la Constitución ya que se esta afectado la autonomía de las contralorías como entidades territoriales, además considera vulnerado el artículo 308 constitucional, pues a su juicio la ley sólo puede limitar las apropiaciones departamentales en lo relativo a los gastos de funcionamiento, mas no cuando se trata de gastos de inversión. La Corte encuentra que los mismos cargos fueron analizados en la sentencia 79 de 2001 por lo tanto se resuelve estarse a lo resuelto en dicha sentencia.
Recibo Relatoria   11-8-2010 0:00


Item 367    Expediente   T-2419296    Fecha sentencia   13-5-2010 0:00    Sentencia   T-474/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    MARIA DE LA PAZ GUERRERO SANCHEZ VS. PORVENIR S.A. Y OTRO

Tema

Seguridad social. En este caso se interpone la acción de tutela en contra de Porvenir S.A., en busca de la protección del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, materializado en la libre escogencia del régimen pensional, supuestamente vulnerado por dicha entidad a raíz de la negativa de autorizarle a la accionante el traslado al régimen de prima media con prestación definida, argumentando que, a pesar de contar a primero de abril de 1994 con más de 35 años de edad, no había cotizado al menos durante quince años antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y le faltaban menos de diez años para cumplir la edad requerida para pensionarse. Se analiza la siguiente temática: 1º. Carácter fundamental del derecho a la seguridad social y la procedencia de la acción de tutela para protegerlos. 2º. Traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad, al régimen de prima media con prestación definida en el caso de los potenciales y, 3º. El principio de favorabilidad en la interpretación de la ley laboral frente al reconocimiento de pensiones. Se CONCEDE la tutela y se ordena la accionada autorizar a la peticionaria a trasladarse nuevamente al régimen de prima media y proceder a trasladar la totalidad del ahorro efectuado por ella, al Instituto de Seguros Sociales, a quien le ordena de abstenerse de impedir este traslado.
Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 368    Expediente   T-2535300    Fecha sentencia   18-5-2010 0:00    Sentencia   T-372/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ALVARO ANGARITA VS. DISTRITO MILITAR N. 32,

Tema

Vida digna, libertad y a recibir una protección especial por ser víctima del desplazamiento forzado. El Señor actúa como agente oficioso de su hijo, el cual fue reclutado para prestar servicio militar, sin tener en cuenta su condición de desplazados, solicita se ordene el desacuartelamiento inmediato de su hijo y se le expida una tarjeta militar provisional a la cual tiene derecho por ser parte de la población desplazada. La Sala encuentra legitimada la agencia oficiosa, después de estudiado el caso se concluye que al actor le hace falta poco para terminar de prestar el servicio militar y las autoridades accionadas aún no lo han retirado del servicio se les ordena otorgar la tarjeta militar definitiva en la clase en que corresponda. Concede.
Recibo Relatoria   7-7-2010 0:00


Item 369    Expediente   OP-132    Fecha sentencia   19-5-2010 0:00    Sentencia   C-373/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    OBJECIONES PRESIDENCIALES VS. PROYECTO DE LEY 253 DE 2009 SENADO Y 374 DE 2009 CAMARA

Tema

Objeciones presidenciales al proyecto de Ley 253/09 Senado y 374/09 cámara “por la cual se modifica la Ley 75 de 1989 “por la cual la nación rinde honores a la memoria del Doctor Luís Carlos Galán Sarmiento” con ocasión del vigésimo aniversario de su fallecimiento”, la objeción se fundamenta en que el legislativo, está dando un mandato para la inclusión de un gasto, lo cual no es procedente, ya que no puede existir ingreso ni gasto sin representación. La Corte pasa a analizar la constitucionalidad de las normas que autorizan la realización de ciertos gastos, se encuentra que durante el trámite del proyecto en el Congreso, el gobierno no intervino para controvertir, ni para demostrar técnicamente cual era el impacto del proyecto en el gasto fiscal, se resuelve declarar infundadas las objeciones, se decide declarar Exequible el Proyecto de Ley, únicamente respecto de lo analizado.
Recibo Relatoria   2-7-2010 0:00


Item 370    Expediente   RE-163    Fecha sentencia   19-5-2010 0:00    Sentencia   C-374/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV JIPP, AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 132 DE 21 DE ENERO DE 2010

Tema

Revisión constitucional del Decreto 132 del 21 de enero de 2010, “por el cual se establecen mecanismos para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian el régimen subsidiado de salud y se dictan otras disposiciones”. La Corte decide declarar la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto 132 de 2010, debido a que en la sentencia 52 de 2010 se resolvió declarar la inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social y se dio sustento jurídico al Decreto Legislativo que se estudia, la declaratoria de inexequibilidad tiene efectos inmediatos y hacia el futuro. Inexequible.
Recibo Relatoria   15-6-2010 0:00


Item 371    Expediente   D-7899    Fecha sentencia   19-5-2010 0:00    Sentencia   C-375/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARTHA JEANNETE VALBUENA BUITRAGO VS. LEY 1324 DE 2009 ARTICULOS 10 Y 11

Tema

Ley 1324 de 2009, artículos 10 y 11 “Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES”, el artículo 10 regula las funciones del Ministerio de Educación Nacional, que en el pasado asumía el ICFES, el artículo 11, dispone que los recursos de que trata el artículo 10 sean destinados a actividades de fomento de educación superior, el actor considera que las normas acusadas vulneran los artículos 67, 69, 150, 154, 158, 189, 356 y 359 de la Constitución, el primer cargo formulado consiste en que la norma pretende disminuir los aportes directos del Estado a la educación superior estatal, además al establecer las normas acudas una repartición de responsabilidades administrativas entre el Ministerio de Educación y el ICFES, resultó el Congreso inmiscuyéndose en competencias exclusivas del Presidente, en el tercer cargo sostiene la demandante que las normas acusadas quebrantaron la proporcionalidad y la adecuación del reparto de competencias, al permitirle a los Ministerios de Hacienda y de Educación retenerle a las universidades estatales recursos del presupuesto, cuarto cargo la demandante argumenta que al establecer una tasa de vigilancia, se esta creando una renta con destinación específica, lo cual esta prohibido. La Corte realiza un análisis formal de los cargos, y encuentra que carecen de pertinencia, certeza y especificidad, por lo tanto decide pronunciarse únicamente sobre el cargo formulado por violación al artículo 359 constitucional, que prohíbe las rentas con destinación específica, se concluye que la Constitución determinó que no hay rentas de destinación específica, exceptuando las destinadas para inversión social, situación en la que se encuentran los recursos de educación en consecuencia se decide declarar los artículos acusados Exequibles.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 372    Expediente   D-7933    Fecha sentencia   19-5-2010 0:00    Sentencia   C-376/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CAMILO ERNESTO CASTILLO SANCHEZ Y OTRO VS. LEY 115 DE 1194 ARTICULO 183

Tema

Ley 115 de 1994, artículo 183 “Por la cual se expide la ley general de educación”, la norma acusada regula, el cobro de los derechos académicos en los establecimientos educativos estatales, los accionantes consideran que la norma acusada vulnera los artículos 93, 44 y 67 constitucionales ya que el cobro de dichos derechos académicos, contraviene el derecho internacional que garantiza el derecho a la educación contemplada como gratuita y obligatoria en el nivel de primaria. La Sala se pronuncia sobre el marco normativo internacional en cuanto a las obligaciones del Estado colombiano en materia de garantía del derecho a la educación, la inequívoca obligación del Estado colombiano de garantizar un sistema gratuito de educación primaria, el derecho fundamental de los niños a la educación, los costos académicos como barreras para la garantía del acceso y permanencia de los menores en la educación, el desarrollo normativo sobre la gratuidad y la obligatoriedad de la educación estatal básica primaria, en el orden jurídico interno, la interpretación del artículo 67 de la Constitución y de conformidad con los tratados internacionales sobre el derecho a la educación, se concluye que la educación gratuita es una obligación impuesta al Estado en el marco normativo internacional por lo tanto se declara Exequible la norma acusada, en el entendido que la competencia que la misma otorga al Gobierno Nacional para regular cobros académicos en los establecimientos educativos estatales, no se aplica en el nivel de educación básica primaria, la cual es obligatoria y gratuita. Exequible
Recibo Relatoria   23-8-2010 0:00


Item 373    Expediente   LAT-348    Fecha sentencia   19-5-2010 0:00    Sentencia   C-377/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV MVCC, SV JIPP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. LEY 1342 DE 31 DE JULIO DE 2009

Tema

Revisión Constitucional del “Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Colombia sobre promoción y protección recíproca de inversiones” suscrito en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2007, y de la Ley 1342 del 31 de julio de 2009, por medio del cual fue aprobado. La Corte pasa a realizar un análisis formal sobre la suscripción y aprobación del convenio, luego se realiza un análisis de la Ley 1342 de 2009 y la constitucionalidad del acuerdo, se concluye que ninguna de las definiciones que hacen parte del Acuerdo resulta contraria a la Constitución tanto en su aspecto formal como material, por lo tanto se decide declarar el Acuerdo y la Ley objeto de revisión Exequibles.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 374    Expediente   D-7940    Fecha sentencia   19-5-2010 0:00    Sentencia   C-378/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    CHRISTIAN RODRIGUEZ MARTINEZ VS. LEY 2591 DE 1991 ARTICULO 42 NUMERAL 3

Tema

Ley 2591 de 1991, artículo 42 numeral 3, “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, la norma regula los casos en que la acción de tutela es procedente el aparte acusado es el siguiente, “domiciliarios”, el demandante considera vulnerados los artículos 4 y 86 de la Constitución, ya que considera que la tutela debe proceder contra cualquier particular que preste servicios públicos y no solo cuando ellos sean domiciliarios, esto introduce una limitación contraria a los artículos constitucionales mencionados. La Corte en primer lugar se refiere a el alcance de los derechos fundamentales frente a las acciones u omisiones particulares, aborda el tema de la acción de tutela y su procedencia frente a particulares que prestan servicios públicos y por último examina la constitucionalidad de la norma acusada, se concluye que el aparte acusado es inconstitucional, ya que desdibuja la supremacía de la Constitución, su carácter expansivo, y resulta incompatible con la naturaleza de la acción de tutela como medida de protección contra la violación de los derechos fundamentales, por lo tanto se decide declarar la expresión acusada Inexequible.
Recibo Relatoria   1-7-2010 0:00


Item 375    Expediente   LAT-354    Fecha sentencia   19-5-2010 0:00    Sentencia   C-379/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV MVCC, SV JIPP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. LEY 1348 DE 2009

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1348 del 31 de julio de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas” y el “Protocolo a la Convención Internacional para la regulación de la Caza de Ballenas”. La Corte realiza una revisión de constitucionalidad formal, se encuentra que la ley cumple con los requisitos, luego se realiza un control material, se concluye que el contenido de la norma concuerda con los principios y valores consignados en la Constitución y con los principios generales ambientales, se decide declara Exequible la ley aprobatoria del Convenio y del Protocolo.
Recibo Relatoria   13-7-2010 0:00


Item 376    Expediente   T-2539198    Fecha sentencia   20-5-2010 0:00    Sentencia   T-380/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA ISLENA ROJAS SUAREZ VS. SALUD TOTAL EPS

Tema

Salud, vida digna. La accionante solicita se ordene a la EPS accionada no realizarle el cobro de un copago que debe cancelar debido a un examen que ordenó realizarle su médico tratante para hacer un diagnóstico de su enfermedad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la exigencia de copago el cual no puede ser impedimento para acceder al servicio de salud, se encuentra que durante el trámite de la acción el examen fue realizado por lo tanto se decide declarar la carencia actual de objeto por existir un hecho superado.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 377    Expediente   T-2553212    Fecha sentencia   20-5-2010 0:00    Sentencia   T-381/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    TILCIA CRISTANCHO SOLANO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante tiene una perdida de capacidad laboral superior al 60%, solicita el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez la cual no ha sido reconocida por no cumplir con el requisito de fidelidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez, el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, se concluye que en esta caso la acción de tutela es el medio más expedito para proteger los derechos de la accionante, por lo tanto se ordena expedir la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez y se proceda a su pago. Concede.
Recibo Relatoria   23-7-2010 0:00


Item 378    Expediente   T-2463684    Fecha sentencia   20-5-2010 0:00    Sentencia   T-392/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    ANTONIO JOSE HASBUN NUÑEZ VS. JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y OTRO

Tema

Debido proceso. El accionante comenta que inició un proceso ordinario en contra del Seguro Social para el pago de cesantías y demás acreencias laborales, dicha entidad resulto condenada al pago de 7.500.909 y 141.010.053 pesos diarios a partir del 25 de septiembre de 2003, por lo cual inició proceso ejecutivo, pero el juzgado accionado se abstuvo de ordenar la entrega del título judicial para hacer exigible la obligación dineraria, ya que el juez consideró que existía un error de derecho, al haber fulminado condenas convencionales y extralegales en contra del Instituto de Seguros Sociales, sin estar aportado un ejemplar de la Convención Colectiva de Trabajo, solicita sea revocado el fallo y en consecuencia se ordene la entrega del título judicial para hacer efectiva la obligación contenida en la sentencia proferida a su favor dentro del proceso ordinario laboral por el Juzgado Segundo Adjunto Laboral del Circuito de Barranquila. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, se pronuncia sobre el papel del juez en el Estado Social de Derecho, se encuentra que la decisión judicial dictada por el Juzgado accionado no encuadra en ninguna de las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones del accionante. Niega.
Recibo Relatoria   16-9-2010 0:00


Item 379    Expediente   T-2556110    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-382/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARLENY LETICIA SALCEDO SANCHEZ VS. ALMACEN ARTURO CALLE

Tema

Salud, seguridad social, mínimo vital, dignidad humana, estabilidad laboral reforzada. A la accionante después de prolongadas incapacidades le fue diagnosticada lumbalgia mecánica, con incapacidad para agacharse, sentarse y adaptar posición de pie, sin embargo y pese a su enfermedad, la empresa accionada dio por terminado su contrato de trabajo sin justa causa, cancelándole la respectiva indemnización y liquidación, solicita ser reintegrada a su empleo y el pago retroactivo de todas las prestaciones sociales dejadas de percibir, ya que se encuentra desempleada, enferma y es madre cabeza de familia. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral, salvo que se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada, la protección laboral reforzada del trabajador discapacitado o afectado con limitaciones, la procedencia de la acción de tutela contra particulares, se encuentra que la accionante se halla en una de las situaciones sobre las cuales Constitución erige la protección laboral reforzada, se ordena su reintegro, en una actividad que pueda desempeñar, con el pago de los salarios y todas sus prestaciones sociales como si no hubiera dejado de laborar. Concedida.
Recibo Relatoria   13-12-2010 0:00


Item 380    Expediente   T-2542181    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-383/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    EUGENIO LEOPOLDO VIZCIAINO VIZCAINO VS. CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

Tema

Petición, debido proceso, igualdad, mínimo vital. El actor comenta que inició la reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, y lleva más de 40 meses esperando respuesta, ah interpuesto varios derechos de petición y una acción de tutela que fue fallada a su favor, dio conocimiento de esta situación a la Procuraduría General de la Nación, y sin embargo sigue sin obtener respuesta. La Sala pasa a estudiar el cumplimiento de las órdenes judiciales y la naturaleza del incidente de desacato, la presunción de veracidad como instrumento para superar el desinterés o la negligencia de una autoridad pública o un particular, se concluye que los hecho y lo pedido en esta acción ya fue resuelto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta y por el Tribunal Superior, Sala Civil Familia de esa ciudad, al pronunciarse sobre el incidente de desacato de la primera acción instaurada, se decide declarar la improcedencia de la acción ya que le corresponde al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta hacer cumplir la decisión y se solicita al Procurador General de la Nación que, en virtud de sus funciones constitucionales y legales, vigile el cabal cumplimiento de dicha sentencia.
Recibo Relatoria   14-9-2010 0:00


Item 381    Expediente   T-2516622    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-385/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    DORIEDIS MARIA KASSAR FLOREZ VS. SEGUROS GENERALES SURAMERICA S.A.

Tema

Petición, mínimo vital. La accionante solicita se ordene a la entidad accionada, que proceda a darle respuesta de fondo al derecho de petición presentado por ella solicitando se haga efectiva la póliza por muerte en accidente de tránsito de su cónyuge. La Sala pasa a estudiar el seguro obligatorio de accidentes de transito y realiza reiteración de jurisprudencia en cuanto a la subsidiariedad de la acción de tutela, se concluye que los derechos de la accionante no fueron vulnerados ya que se le dio respuesta a su derecho de petición indicándole los trámites que debía seguir para obtener el pago de la póliza, el cual se debe adelantar mediante otro mecanismo de defensa judicial, por lo tanto se decide negar la protección de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 382    Expediente   T-2515836    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-386/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    OMAIRA RIVERA ACEVEDO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTROS

Tema

Debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia. La accionante inició un proceso de reparación directa contra el INPEC, debido a la muerte violenta de su compañero permanente quien se desempeñaba como dragoneante de dicha institución, tanto el Juzgado como el Tribunal administrativo hicieron caso omiso de de los registros civiles aportados para demostrar el parentesco, por lo tanto solicita se invalide la actuación desde que se decretó el vencimiento del periodo probatorio y las sentencias proferidas por el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y se ordene que otro juez administrativo conozca del proceso adelantado, además que reponga las copias autenticadas de los registros de defunción, nacimiento y matrimonio e insista en la obtención de respuesta de las pruebas solicitadas por oficio. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el defecto procedimental como vía de hecho, se considera que el Tribunal accionado no dio cabal cumplimiento al artículo 37, y se abstuvo de aplicar la amplia facultad oficiosa en materia probatoria, marcando su actuación por un exceso ritual manifiesto, al mostrarse indiferente al derecho sustancial, constituyéndose el pronunciamiento en una vía de hecho, por lo tanto se ordena revocar el fallo dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado y adoptar una nueva decisión. Concedida.
Recibo Relatoria   4-2-2011 0:00


Item 383    Expediente   T-2547989    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-387/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ISMAEL GAITAN GARCIA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL CALDAS

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vejez en condiciones dignas. El actor solicita se ordene el reconocimiento y pago de su pensión de vejez a la que considera tener derecho por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley, sin embargo su pensión le fue negada debido a que su empleador se encuentra en mora en el pago de aportes y por lo tanto la entidad accionada asegura que no cumple con el número de semanas requeridas. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones, la inoponibilidad de la mora patronal para el reconocimiento de la pensión de vejez, se concluye que el actor cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez ya que la mora patronal no le es oponible al trabajador, se ordena a la entidad efectuar el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez del actor. Concede
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 384    Expediente   T-2549815    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-388/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    WILMER GONZALEZ VALENCIA VS. EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE RECLUTAMIENTO

Tema

Debido proceso, trabajo, mínimo vital. El actor comenta que es hijo único por lo tanto esta exento de prestar el servicio militar, sinembargo el Distrito Militar accionado no recibió la documentación del actor ya que no fue presentada a tiempo y se le esta exigiendo el pago de una multa para recibir la documentación o prestar el servicio militar. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los elementos esenciales del debido proceso administrativo, se encuentra que el actor no esta llamado a prestar el servicio militar por lo tanto se entiende que frente a esta situación existe un hecho superado, se procede a analizar las subreglas contenidas en la sentencia de 2004, después de analizar las causales de exoneración del pago de multa se concluye que no respetan el debido proceso y que el accionante demostró, una justificación plausible para no haberse presentado a la jornada, se decide anular la multa impuesta. Concedida.
Recibo Relatoria   21-6-2010 0:00


Item 385    Expediente   T-2488701    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-389/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JUAN PABLO II CUERO GONZALEZ VS. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Tema

Debido proceso, educación, petición. El actor alega que la institución educativa accionada, inscribió tres materias en su historia académica sin su firma y al margen de los plazos establecidos en el calendario académico y que además se profirió una respuesta tardía o insuficiente a sus solicitudes, encaminadas a lograr la corrección de su historia académica. La Sala pasa a estudiar la temeridad o cosa juzgada respecto del presente caso, se concluye que el señor actuó de buena fe, incurriendo en un error que lo llevo a presentar una nueva acción de tutela por lo tanto no hay temeridad, se declara la improcedencia de la acción por existir cosa juzgada. Niega.
Recibo Relatoria   21-6-2010 0:00


Item 386    Expediente   T-2525484    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-390/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JOSE REINEL MENDEZ RAMIREZ VS. CONJUNTO RESIDENCIAL LA PROA DE CHIA

Tema

Vida, dignidad humana, trabajo, seguridad social. El actor sufrió un accidente el cual le ocasionó varias fracturas, por lo tanto su médico tratante le concedió dos meses de incapacidad y luego pidió sus vacaciones, pero cuando se reincorporó a su lugar de trabajo le informaron que se tomó la decisión de despedirlo sin existir una causa aparente, solicita se ordene su reintegro laboral. La Sala se pronuncia sobre la facultad de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del patrono, la cual no es absoluta, la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral, salvo que se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección laboral reforzada del trabajador discapacitado o afectado con limitaciones, se concluye que el actor goza de protección laboral reforzada, además tiene una precaria situación económica, se ordena su reintegro y el pago de indemnización por despido sin autorización del Ministerio de Protección Social. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 387    Expediente   T-2475412    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-391/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA SILVANA CASTAÑO BETANCUR VS. MUNICIPIO DE LA VIRGINA RISARALDA

Tema

Debido proceso, vida, salud. La accionante comenta que durante los 7 y 10 de julio de 2009, no pudo asistir a laborar porque sufrió de fuertes cólicos renales, sin embargo el día 7 de julio no se le expidió incapacidad laboral porque el sistema no lo permitía, por lo tanto fue sancionada mediante resolución dicha sanción consistió en descontarle un día de salario, sin embargo la Secretaria de Servicio Administrativo inició un proceso disciplinario en su contra por el mismo hecho por el cual fue objeto de sanción, el cual culminó en la suspensión del cargo por un mes, alega que de imponerse la sanción se le causaría un perjuicio irremediable ya que se interrumpiría el pago del salario y por ende, la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Sala se pronuncia sobre la improcedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra actos administrativos sancionatorios, la subsidiariedad de la tutela como requisito de procedibilidad, se concluye que la accionante cuenta con otro mecanismo de protección el cual es la acción de nulidad y reestablecimiento del derecho, por lo tanto se decide no acceder a sus pretensiones. Niega.
Recibo Relatoria   27-10-2010 0:00


Item 388    Expediente   T-2536559    Fecha sentencia   21-5-2010 0:00    Sentencia   T-394/10
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JANIS HAIWEL DIAZ CUBILLOS VS. FAMIMEDICA S.A.

Tema

Dignidad humana, vida digna, debido proceso, mínimo vital, protección especial a la mujer en embarazo. La actora suscribió contrato de prestación de servicios con la entidad accionada, el cual fue terminado unilateralmente dos meses después de haber informado que se encontraba en estado de embarazo, por lo tanto solicita su reintegro. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el fuero constitucional e internacional a la maternidad, se recuerdan los elementos fácticos necesarios para la procedencia de la acción de tutela por maternidad, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada vinculada mediante contrato de prestación de servicios, se concluye que el amparo solicitado resulta procedente por que, la terminación del contrato se produjo durante la época del embarazo, el estado de gravidez era conocido por la parte accionada, no medió autorización del inspector de trabajo, constituyendo el despido una amenaza para el mínimo vital de la actora y del menor, se ordena el reintegro de la accionante. Concede.
Recibo Relatoria   6-10-2010 0:00


Item 389    Expediente   T-2495674    Fecha sentencia   24-5-2010 0:00    Sentencia   T-395/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS CARDENAS CASTAÑO VS. JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE YOLOMBO ANTIOQUIA

Tema

Libertad, familia, debido proceso, buen nombre, presunción de inocencia. El señor Cardenas actúa como apoderado judicial del señor Mena quien fue condenado por el delito de homicidio en octubre de 1994 y fue capturado en el año 2007, alega que la sentencia condenatoria carece de motivación y su apoderado no tuvo oportunidad de ejercer su defensa durante el proceso, alga que no en el presente caso no existe ningún mecanismo de defensa judicial ordinario efectivo y por lo tanto acude a la acción de tutela, solicita se declare la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de juzgamiento y se ordene la libertad inmediata de su prohijado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias, la caracterización del defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la caracterización del defecto procedimental por la violación del derecho de defensa técnica, la decisión sin motivación como causal específica de procedibilidad, se encuentra que los derechos del señor Mena y su grupo familiar les fueron vulnerados, ya que no se identificó plenamente al actor vulnerándole su derecho al buen nombre, por lo tanto se ordena a la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación correspondiente para determinar la plena identidad del autor del delito de homicidio por el cual fue condenado el actor y se ordena al juzgado accionado disponer la libertad del capturado cuya identidad respecto de la autoría del delito sobre el cual versó el proceso penal no se encuentra probada. Concedida.
Recibo Relatoria   19-7-2010 0:00


Item 390    Expediente   T-2521208    Fecha sentencia   24-5-2010 0:00    Sentencia   T-396/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    SERGIO GRAZZIANI CRISTO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBECCION B

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo y estabilidad laboral reforzada. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogota, resolvió a favor del actor una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho revocando el acto administrativo que declaró la insubsistencia del cargo que venía desempeñando en el INCODER, sin embargo el Tribunal accionado revocó la decisión, el actor solicita se ordene dictar una nueva sentencia aplicando el artículo 170 del CCA, el artículo 41 de la ley 909 de 2004 y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la necesidad de motivación de los actos de retiro en los empleos de carrera administrativa. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, las causales específicas de procedencia de la acción de tutela, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre el deber de motivación de las insubsistencias de funcionarios en provisionalidad que ocupan cargos de carrera, la procedencia de la tutela cuando se han proferido providencias judiciales ordinarias referidas a la legalidad de la no motivación del acto de desvinculación de funcionarios en provisionalidad, se concluye que el TribunaL en su fallo desconoció el precedente constitucional directamente aplicable al caso, por lo tanto se le ordena proferir una nueva decisión, teniendo en cuenta el mencionado precedente constitucional. Concede.
Recibo Relatoria   27-10-2010 0:00


Item 391    Expediente   CRF-002    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   C-397/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV MGC, SV MVCC, AV LEVS, AV GEMM, SV JIPC, AV JIPP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. LEY 1327 DE 2009

Tema

Revisión Constitucional de la Ley 1327 de 2009 “Por la cual se convoca un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”. La Corte encontró dos vicios de procedimiento en el trámite del proyecto de ley ante el Congreso: la ausencia de certificación del Registrador Nacional del Estado Civil previo al trámite legislativo en el Congreso, y el segundo derivado de la modificación sustancial del texto original del proyecto de ley respaldado por la iniciativa ciudadana, por lo tanto se decide declarar la ley estudiada INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   7-12-2010 0:00


Item 392    Expediente   T-2538475    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-413/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CELENE RESTREPO DE HURTADO VS. EPS SANITAS Y OTRO

Tema

Seguridad social, debido proceso. La accionante comenta que le fue reconocida la pensión de sobreviviente debido al fallecimiento de su esposo, al momento de cancelarle las mesadas pensionales atrasadas le fueron descontados cuatro millones por concepto de aportes a seguridad social, alega que durante el tiempo que no le fueron canceladas la mesada ella realizó los respectivos aportes al sistema como independiente. La Sala encuentra que la acción de tutela resulta improcedente por cuanto lo que se discute es una pretensión de orden económica y las controversias de índole legal escapan al radio de acción de garantías superiores.
Recibo Relatoria   30-11-2010 0:00


Item 393    Expediente   T-2535895    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-415/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RUDIVIA PASCUAS GIRALDO VS. COOMEVA EPS

Tema

Familia, salud sexual y reproductiva. La accionante padece de infertilidad femenina no especificada, solicita se ordene a la EPS accionada autorizar el tratamiento de fertilización In Vitro ya que no cuenta con los medios económicos para costearlo. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el acceso a tratamiento de fertilidad, se aclara que cuando una EPS, se niega a autorizar un tratamiento de fertilidad como parte del plan de servicios de salud no viola, en principio el derecho a la salud, recuerda las excepciones a la regla general con relación a tratamientos de fertilización, el alcance de la jurisprudencia sobre tratamientos de fertilización, en el contexto del derecho a la salud como derecho fundamental, se decide revocar la sentencia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la accionante y se le advierte al FOSYGA que en caso de que la orden del juez de instancia hubiese sido cumplida al momento de notificarse la presente decisión, se le reconozca el derecho que le asiste a la EPS para repetir el costo en el que haya incurrido y que no le correspondía asumir. Niega.
Recibo Relatoria   30-11-2010 0:00


Item 394    Expediente   T-2532538    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-416/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARTIN EMILIO CALLE CALLE VS. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALEZ

Tema

Igualdad, debido proceso, seguridad social, dignidad humana. El accionante comenta que se trasladó de régimen después de haber cumplido 42 años y por lo tanto considera que es beneficiario del régimen de transición, sin embargo la entidad accionada alega que no tiene derecho ya que para la fecha en que realizó el traslado no contaba con 15 años cotizados, por lo cual inició un proceso ordinario, en el cual se absolvió al ISS por considerar probada la excepción previa de ausencia de requisitos para acceder a la pensión de vejez, el actor considera que se incurrió en un defecto sustantivo. La Sala pasa a estudiar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y el defecto sustantivo, se concluye que la sentencia no incurrió en un defecto sustantivo, ya que el actor no cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición. Niega.
Recibo Relatoria   15-12-2010 0:00


Item 395    Expediente   T-2530031    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-417/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANIBAL JOSE PEREZ PARRA VS. DRUMOND LTDA Y OTROS

Tema

Vida, igualdad, trabajo, seguridad social. El accionante sufre de artritis y además le ocurrieron dos accidentes laborales, debido a ello se le expidieron ordenes de terapia e incapacidades, encontrándose en ese estado la empresa Drumond lo despidió, solicita se ordene su reintegro. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se ponen en riesgo los derechos fundamentales de sujetos de especial protección, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión, se encuentra que al momento de la desvinculación si bien el trabajador había sufrido algunos quebrantos de salud, no hay prueba de que sufra de una pérdida de capacidad laboral permanente o de cierta gravedad que permita concluir que el accionante sea un sujeto de especial protección, por lo tanto se decide no acceder al amparo de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 396    Expediente   T-2528121    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-418/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    ANGEL IGNACIO BAQUERO Y OTROS VS. ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARBELAEZ Y ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL

Tema

Igualdad, salud pública, vida. Los accionantes solicitan se ordene al Municipio de Arbelaez, brindarles el servicio de agua potable, en la vereda donde habitan, comentan que dentro del sector a algunas familias se les brinda el servicio y a otras no, vulnerando de esta manera su derecho a la igualdad. La Sala encuentra que son dos problemas jurídicos que se deben resolver, el primero si la Administración Municipal vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, al negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable, argumentando que el acueducto municipal no tiene cobertura en la zona rural en la cual se encuentran ubicadas sus viviendas, y que por competencia es el acueducto rural el encargado de la prestación del servicio y que las medidas eventuales a tomar se adoptarán como parte del Plan Departamental de Agua, el segundo problema a resolver es si, viola la Administración Municipal los derechos a la igualdad y a acceder al agua sin discriminación de los tutelantes y de sus familias al negarse a suministrar el servicio a través del Acueducto urbano en razón de que ellos se encuentran en la parte rural, teniendo en cuenta que, a pesar de los supuestos inconvenientes técnicos para llegar a tal sector, en virtud de que ellos eran suscriptores del Acueducto que existía previamente, por lo tanto pasa a pronunciarse sobre el agua como derecho fundamental el cual puede ser objeto de protección por medio de la acción de tutela, se pasa a determinar si las entidades accionadas han violado el derecho al agua de los accionantes y sus familias, se ordena a la Alcaldía de Arbelaez que adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico para la comunidad rural a la que pertenecen los accionantes, para brindarles el suministro de agua potable. Concedida
Recibo Relatoria   6-12-2010 0:00


Item 397    Expediente   T-2527919    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-419/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RUTH BAYONA LOBO VS. ACCION SOCIAL

Tema

Salud, dignidad humana, vida digna, demás derechos de la población desplazada. La accionante solicita prorroga de ayuda humanitaria ya que desde el momento en que fue desplazada no ha conseguido lograr una estabilidad socio-económica, tiene dos hijos menores de edad y se encuentra enferma. La Corte aclara que la prorroga de ayuda humanitaria solo procede, frente a algunas circunstancias específicas y la accionante no incurre en ninguna de estas causales por lo tanto el amparo no resulta procedente, además no se evidencia que dicha solicitud se hubiese presentado ante acción social. Niega.
Recibo Relatoria   15-12-2010 0:00


Item 398    Expediente   T-2526601    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-420/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    YERLY ANDREA ENCISO MILLAN VS. REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS LTDA.

Tema

Mínimo vital, salud. La accionante celebró contrato de trabajo como asistente comercial de la empresa accionada, comenta que durante dos sábados no pudo asistir a trabajar, situación que informó a su empleador, por lo tanto fue despedida, la actora considera que su despido no se dio con motivo de su ausencia sino por encontrarse en estado de embarazo. La Sala estudia el marco constitucional y legal de la protección de la mujer trabajadora en estado de embarazo, los presupuestos que se deben cumplir en el caso concreto para que se ampare el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo por vía de tutela, se encuentra que, del material probatorio aportado no se puede concluir que el empleador conocía del estado de embarazo de la accionante, por lo tanto se declara la improcedencia del amparo solicitado.
Recibo Relatoria   15-12-2010 0:00


Item 399    Expediente   T-2525422    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-421/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    TERESA MARIELA TORRRADO CLAVIJO VS. CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EICE

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante solicita el reconocimiento y pago de su pensión de vejez ya que cumple con los requisitos de edad y tiempo de cotización, le fue negado su derecho debido a que no cumplía con los requisitos contemplados en la Ley 42 de 1993, los cuales son tener mas de 70 años de edad y 15 años de prestación de servicios a establecimientos educativos. La Sala en el presente caso decide aplicar la presunción de buena fe teniendo en cuenta que además que la Caja Nacional de Prevision Social EICE, no desvirtuó durante el trámite administrativo la ocurrencia de los hechos que imposibilitaron a la tutelante aportar las certificaciones de su trabajo como docente en el Colegio San Luís Gonzaga, la entidad accionada tampoco se hizo presente durante el trámite de la acción, se decide tomar los testimonios de los alumnos del Colegio como prueba de que la accionante laboro por lo menos cuatro años en dicha institución, cumpliendo de esta manera el requisito de 15 años de servicios prestados en establecimientos educativos públicos o privados, se decide tutelar transitoriamente los derechos de la accionante. Concedida.
Recibo Relatoria   4-3-2011 0:00


Item 400    Expediente   T-2486730    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-422/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NESTOR ALFREDO DIAZ CARRASQUILLA VS. POSIVTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Tema

Mínimo vital, petición, trabajo, seguridad social. El accionante solicita se ordene el pago de las incapacidades laborales, derivadas de un accidente de trabajo que le han sido negadas por no haber estado afiliado a la ARP en la fecha del accidente. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar las acreencias laborales, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre el hecho superado, dentro del expediente aparece demostrado que la ARP realizó el pago de las incapcidades, sin embargo se previene a la entidad para que de ser necesario continúe pagando las incapacidades derivadas del accidente.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 401    Expediente   T-2474627    Fecha sentencia   25-5-2010 0:00    Sentencia   T-423/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOSE MARIA CHAPARRO BONILLA VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI Y OTRO

Tema

Debido proceso. Al accionante se le adelanto un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de un bien inmueble rural, alega que dentro del proceso se incurrió en varias irregularidades, se pretermitió la etapa probatoria, no se tomaron en cuenta los testimonios que aseguraban que el actor era poseedor regular del predio, se rechazaran las solicitudes de nulidad presentadas, la autoridad no era competente para llevar el proceso, era competencia de los jueces agrarios, y se tramitó como un proceso por ocupación de hecho cuando en realidad era un conflicto de perturbación de posesión. La Sala aclara que la acción no fue presentada en debida forma pero es constitucionalmente relevante, por lo tanto pasa examinar y decidir de fondo, el caso porque proyecta un desconocimiento de los derechos fundamentales y merece una reacción adecuada del juez constitucional, se estudia la procedencia de la acción de tutela contra los actos de las autoridades de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, el defecto sustantivo en el que incurrieron el Alcalde y la Inspectora de Policía, por haber aplicado una normatividad subrogada y el defecto procedimental por no haber aplicado la norma aplicable al lanzamiento por ocupación en bienes rurales, se decide dejar sin efecto las resoluciones atacadas y se ordena al Alcalde del Municipio de Maní, resolver si debe admitir las querellas de lanzamiento por ocupación de hecho, decisión que debe tomarse de acuerdo a la parte motiva de la sentencia. Concedida.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 402    Expediente   OP-123    Fecha sentencia   26-5-2010 0:00    Sentencia   C-398/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    OBJECIONES PRESIDENCIALES VS. PROYECTO DE LEY 28/07 SENADO Y 341/08 CAMARA

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 4 (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2009, “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”, el aparte demandado es el siguiente “Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”, el demandante considera que dicha norma vulnera los artículos 375 inciso 2, en concordancia con los artículos 1, 2, 3, 13, 28, 29, 40 90, 93, 94, 95 numeral 5 114, 121, 133 inciso 1 y 209 de la Constitución Política, el cargo presentado por el actor consiste en que el Congreso de la República incurrió en un vicio de competencia en el proceso de formación del Acto Legislativo ya que sustituyo la Carta Política, al modificar el derecho a elegir y ser elegido, asumiendo una competencia que estaba vedada por ser exclusiva del constituyente primario. La Corte, en primer lugar establece que el inciso del cual es objeto la demanda hacía parte del artículo 122 de la Constitución antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009 y que ya contenía la causal de inhabilidad que ahora se cuestiona, luego se pasa a determinar si esta Corporación ya tuvo ocasión para pronunciarse sobre el mismo, se concluye que como se estableció que el inciso acusado es el último del artículo 122 de la Constitución, el cual no sustituye la misma, en relación con él se decide estarse a lo resuelto en la Sentencia C-551/03 porque el asunto ha entrado en autoridad de cosa juzgada constitucional.
Recibo Relatoria   29-9-2010 0:00


Item 403    Expediente   RE-154    Fecha sentencia   26-5-2010 0:00    Sentencia   C-399/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 073 DE 2010

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto 073 de 2010, “por el cual se expiden medidas excepcionales con el fin de liberar recursos de los saldos excedentes del situado fiscal y del sistema general de participaciones –Aportes Patronales que permitan financiar la atención a la población pobre no asegurada y los eventos no cubiertos por el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, y se dictan otras disposiciones”. La Corte declara la inexequibilidad por consecuencia, debido a que mediante la sentencia 52 de 2010, se declaró la inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009 en el cual se declaró estado de emergencia económica y social.
Recibo Relatoria   2-8-2010 0:00


Item 404    Expediente   D-7879    Fecha sentencia   26-5-2010 0:00    Sentencia   C-400/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV MGC, SV HASP
Demandante / Demandado    CAROLINE DEYANIRA URREGO MORENO VS. LEY 633 DE 2000 ARTICULO 74

Tema

Ley 633 de 2000 artículo 74, “por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”, la norma acusada regula que el fondo agropecuario de garantías, podrá otorgar garantías de acuerdo con el reglamento que para tal fin expida la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, la demandante considera que la norma acusada vulnera los artículos 4, 158 y 169 de la Constitución, ya que dentro del tramite de la Ley se introdujo una disposición ajena al contenido de la misma, que regula aspectos de orden tributario, lo cual viola el principio de unidad de materia. La Corte estudia el principio constitucional de unidad de materia en las leyes, el contenido material de la Ley 633 de 2000, se concluye que el título de la ley no contiene elementos discriminatorios, solo da una idea general sobre el contenido temático del cuerpo normativo, y que por lo tanto la norma acusada no resulta incongruente con la Ley, además la facultad del fondo agropecuario, también fue regulada en la Ley 16 de 1990 “Por la cual se constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario”, de lo cual resulta evidente que los destinatarios de la norma no tendrán dificultades para conocerla, se decide declarar la norma acusada Exequible.
Recibo Relatoria   2-9-2010 0:00


Item 405    Expediente   D-7928    Fecha sentencia   26-5-2010 0:00    Sentencia   C-401/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CARLOS ANDRES ECHEVERRY VS. LEY 1333 DE 2009 ARTICULO 10

Tema

Ley 1333 de 2009 “Por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, artículo 10, la norma demanda establece que la caducidad de la acción sancionatoria ambiental, es de 20 años después de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción, el demandante considera que dicha norma vulnera los artículos 1, 2, 4, 8, 79, 80, 95 numeral 8 y 229 de la Constitución, manifiesta que el término de caducidad, no tiene fundamento en la seguridad jurídica y en la prevalencia del interés general , por el contrario afecta la responsabilidad del Estado en la protección del ambiente, ya que tratándose de daños ambientales, las autoridades con potestad sancionatoria tendría dificultad para verificar el hecho causante del daño, condicionando la labor de protección al medio ambiente a un plazo determinado. La Corte estudia la potestad de configuración del Legislador en materia procesal, la potestad sancionatoria en materia ambiental, se concluye que criterio expuesto por el accionante no resulta válido en cuanto a que en la interpretación sistemática de la Constitución, la norma que establece el deber de sancionar a los que causen deterioro ambiental, debe armonizarse con la que consagra el derecho al debido proceso, en particular a ser juzgado sin dilaciones injustificadas, por lo tanto el establecimiento de un término razonable, fijado por la potestad de configuración del legislador no implica dejar sin protección al medio ambiente, además porque la sanción no es el único mecanismo de protección de ese bien jurídico. Se decide declarar la norma acusada Exequible
Recibo Relatoria   29-9-2010 0:00


Item 406    Expediente   D-7846    Fecha sentencia   26-5-2010 0:00    Sentencia   C-402/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV JIPC, SV HASP
Demandante / Demandado    GERMAN RIOS ARIAS VS. LEY 160 DE 1994 ARTICULO 78

Tema

Ley 160 de 1994 artículo 78 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”, la norma regula la adjudicación de tierras por parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el aparte acusado es el siguiente “las tarifas máximas que pueden cobrarse a los adjudicatarios de terrenos baldíos por los servicios de titulación serán señaladas por la Junta Directiva”, el actor considera que la norma acusada vulnera el artículo 338 constitucional debido a que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participen en los beneficios que les proporcionen, pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, ordenanzas y acuerdos, el término empleado como tarifas realmente instituye un tributo que corresponde a la tipología de una tasa, pues contempla el cobro de un servicio prestado por una entidad estatal con ocasión de la titulación de baldíos, aspectos que no fueron regulados por la disposición demandada. La Corte se pronuncia sobre la reincorporación de normas derogadas por disposiciones declaradas inexequibles y la vigencia del precepto demandado, el principio de legalidad tributaria y su aplicación para las tasas y contribuciones, se concluye que si bien el legislador determinó una tasa se advierte que no cumple con las exigencias constitucionales que se derivan del principio de legalidad tributaria, sin identificar ningún criterio que permitiera definir el costo y la forma de hacer el reparto, por ende como tales elementos no están presente se esta ante una evidente violación del principio de legalidad tributaria por lo tanto se decide declarar el aparte acusado Inexequible.
Recibo Relatoria   27-8-2010 0:00


Item 407    Expediente   D-7907    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   C-403/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC AV JIPC AV HASP SV LEVS
Demandante / Demandado    LUIS ENRIQUE SEDANO VS. LEY 1341 DE 2009 ARTICULOS11, 20, 28, 36, 68 Y 72

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1341 de 2009, artículos 11, 20, 22-4, 28, 36, 68 y 72 “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC-- se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones” los cargos formulados por el actor son los siguientes, primero contra los artículos 11 y 72 los acusa de darle la facultad al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que otorgue permisos de uso del espectro radioeléctrico de manera directa, el segundo cargo formulado consiste en que las expresiones “y maestría o doctorado afines” contenidas en los artículos 20 y 28 de la Ley 1341 de 2009, violan el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, trabajo, educación, ya que estos títulos que exigen como requisito para ocupar los cargos de Comisionado, el tercer cargo cuestiona las expresiones “principalmente” y “radiodifundida” contenidas en el artículo 22, ya que se le da competencia a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para regular el acceso y uso de todas las redes, y el acceso a mercados de los servicios de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de televisión radiodifundida, considera que esta disposición desconoce los artículos 76 y 77 constitucionales, ya que esta es una competencia propia de la Comisión Nacional de Televisión, el cuarto cargo consiste en que el actor considera que el artículo 36 viola el principio de legalidad tributaria al contemplar el pago de una contraprestación a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que se destinará al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin fijar directamente la tarifa y sin determinar el sistema y método, el quinto y último cargo formulado es contra el artículo 68 que prevé un régimen de transición para los operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que estaban en el mercado al momento de expedición de la ley, considera que esta disposición vulnera el derecho a la igualdad y a la libertad de competencia.
La Corte pasa a estudiar las características más sobresalientes del régimen de convergencia introducido por la Ley 1341 de 2009, las excepciones al régimen de adjudicación de una banda electromagnética, el alcance de las disposiciones constitucionales y legales que se encuentran bajo discusión, luego se pronuncia sobre el alcance y los límites de la potestad de configuración del legislador en materia de determinación de requisitos para el ingreso de la función pública, la competencia reservada, exclusiva y excluyente que tiene la Comisión Nacional de Televisión sobre la prestación del servicio de televisión, se estudia el carácter tributario de la contraprestación periódica a favor del Fondo de Tecnologías e Información y las Comunicaciones, y por último se pasa a establecer si el régimen de transición previsto en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 respeta los principios de igualdad y libre competencia.
Se concluye que, en cuanto a la expresión “en los que el nivel de ocupación de banda y la suficiencia del recuso lo permita así como” contenida en el inciso segundo del artículo 11, se declara INEXEQUIBLE, por cuanto aumenta el riesgo de concentración de los medios y de prácticas monopolísticas, porque la norma no define en que condiciones se entiende que los niveles de la banda o la suficiencia del recurso lo permitan, respecto del cargo contra la expresión “y maestría o doctorado afines” contenida en el artículo 28 es EXEQUIBLE puesto que el requisito es razonable dadas las funciones y responsabilidades que se van a encomendar a el Director de la Agencia Nacional del Espectro, respecto de la expresión “radiodifundida” se encuentra que presenta una ambigüedad por el uso del término empleado en la norma, y por la existencia de una situación fáctica frente a la cual la norma no ofrece una respuesta clara en materia de distribución de competencias entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión, cuando la prestación de distintos servicios de telecomunicaciones, incluido el servicio de televisión, emplea una misma red, la Corte decide fijar el sentido de la disposición, se declara INEXEQUIBLE la expresión “radiodifundida”, y se condiciona la exequibilidad del artículo 22 numeral 4 de la Ley 1341 de 2009, a que se entienda que en los casos en que una misma red sirva para la prestación de varios servicios de telecomunicaciones, la competencia de cada una de las entidades reguladoras se referiría solo al servicio y a la tecnología que constitucional y legalmente se le hubiera asignado, en lo referente al cargo formulado contra la contraprestación periódica a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicación se concluye que dicho cargo no cumple con el requisito de certeza exigido por la jurisprudencia constitucional, y por último con respecto al nuevo régimen aplicable a todos los nuevos proveedores de redes y servicios de recomunicaciones que surjan a partir de la vigencia de la norma demandada, se concluye que el legislador se limitó en la disposición a respetar el acceso de los operadores establecidos bajo el régimen anterior y en esa medida el artículo 68 acusado no introduce tratamientos distintos para situaciones iguales, por lo tanto se decide declararlo EXEQUIBLE.

Recibo Relatoria   23-11-2010 0:00


Item 408    Expediente   T-2562802    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-404/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOSE LEOVIGILDO CUADRADO VS. SALUDCOOP E INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Salud, vida digna, seguridad social. El accionante sufre de una enfermedad de alto riesgo denominada POP, razón por la cual fue incapacitado durante 210 días, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 47.46%, por lo cual su EPS se rehúsa a reconocerle y pagarle el periodo de incapacidad, solicita se ordene el pago de sus incapacidades pese que no se le ha reconocido la pensión de invalidez. La Sala se pronuncia sobre las condiciones constitucionales para la procedibilidad de la acción de tutela para reclamar incapacidades laborales, el deber del juez de definir provisionalmente al responsable del pago de incapacidades, cuando la violación del derecho es cierta, se concluye que el actor tiene derecho a que se le cancelen las incapacidades causadas después de 180 días de incapacidad, en principio debe cubrirlas el Fondo de Pensiones, quien podrá repetir luego contra quien considere que es el verdadero responsable de pagarlas. Concedida.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 409    Expediente   T-2561167    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-405/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ADRIANA YADIRA ARANGO CARDONA VS. SINGULAR COMUNICACIONES S..

Tema

Mínimo vital, salud, seguridad social, trabajo. La señora se vinculó laboralmente con Comcel, prestando sus servicios quedo en estado de embarazo, situación que informó a su empleador, sin embargo fue despedida al día siguiente. La Sala se pronuncia sobre la procedibilidad de la acción de tutela para reclamar la protección especial a la maternidad, las mujeres en estado de embarazo y periodo de lactancia gozan de estabilidad laboral reforzada, las condiciones para conceder el amparo a la estabilidad laboral reforzada a las mujeres en estado de embarazo, se encuentra que en el presente caso no procede el amparo ya que el estado de embarazo de la accionante no era notorio en el momento del despido, no existen indicios u otros medios de prueba que permitan establecer que el empleador podía tener conocimiento del estado de embarazo y la señora no presentó informe de su estado a la empresa. Niega.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 410    Expediente   T-2560709    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-406/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    EDUARDO BERNAL NAVIA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor solicita el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez ya que tiene una pérdida de capacidad laboral del 71.40%, en el dictamen de pérdida de capacidad laboral se consignaron dos fechas marzo de 2007 y junio de 1998, la entidad accionada se acogió a la primera fecha y alega que el actor no cumple con el requisito de haber cotizado 50 semanas antes de la fecha de estructuración de invalidez. La Sala estudia la tutela como mecanismo judicial idóneo para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez, cuando se acredita la violación o amenaza del mínimo vital, el régimen aplicable a la pensión de invalidez en caso de duda es el más favorable, se concluye que la carga de someter al actor a un proceso ordinario para determinar cual fecha debe tenerse como fecha de estructuración de invalidez es una carga demasiado pesada, al ser el actor una persona invalida y desamparada, por lo tanto se decide tomar la fecha de estructuración que tomó la entidad accionada y se ordena reconocer y pagar la pensión de invalidez del actor. Concede
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 411    Expediente   T-2556654    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-407/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CARMEN CECILIA GARCIA VS. ICETEX

Tema

Petición. La accionante adquirió un crédito ante el ICETEX, sin embargo a dicha obligación se le imputó por error la suma de un millón ciento setenta mil pesos adicional, comenta que solicitó mediante derecho de petición que se corrija el error, sin embargo hasta el momento en que interpuso la acción no se le había dado ningún tipo de respuesta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho de petición, se encuentra que la entidad accionada no dio una respuesta clara a la petición hecha por la accionante, por lo tanto considera que aún no se le había brindado una respuesta valida a la accionante, por lo tanto se ordena a la entidad accionada, enviar una nueva comunicación, en la cual responda en forma clara, precias y completa, una explicación sobre las operaciones realizadas especificando no solo los valores descontados, con base en el error en que se incurrió en el ICETEX, sino en forma concreta cómo se aplicaron los intereses al capital, las tasas y toda la información necesaria para justificar la obligación que se cobra. Concedida.
Recibo Relatoria   30-11-2010 0:00


Item 412    Expediente   T-2552495    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-408/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DAVID ALFONSO VARGAS VARGAS VS. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. El actor fue la parte demandada en un Tribunal de Arbitramento convocado por conflictos surgidos con su socia, considera que el Tribunal accionado incurrió en una vía de hecho, por defecto orgánico por obrar, por fuera del ámbito de la competencia definida en el trámite del proceso arbitral y respecto del cual se realizó acuerdo conciliatorio. La Sala estudia la procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbítrales, se encuentra que en este caso la acción de tutela no resulta procedente debido a que existe un mecanismo ordinario de defensa y no se esta ante la inminencia de un perjuicio irremediable, ya que los daños económicos no generan por si solos este tipo de perjuicio, se decide declarar improcedente la acción de tutela interpuesta.
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 413    Expediente   T-2545835    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-409/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FELIX JAVIER JARAMILLO GUERRA VS. CLINICA EL PRADO SOCIEDAD MEDICA DE SANTA MARTA

Tema

Dignidad humana, salud, seguridad social. El accionante solicita ser exonerado de copagos, como consecuencia de una operación que se le realizó. La Sala encuentra que la Clínica accionada no vulneró los derechos del accionante ya que al actor se el practicaron todos los procedimientos requeridos por el tutelante para garantizar su derecho a la salud y que no se exigió copagos para la prestación de los servicios requeridos.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 414    Expediente   T-2501889    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-410/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JULIO ENRIQUE ALONSO SALAZAR VS. COMPENSAR EPS

Tema

Salud, vida digna. El accionante comenta que sufre de convulsiones, y que actualmente acude a un médico particular ya que después de encontrase bastante tiempo en tratamiento con médicos de la EPS accionada no obtuvo mejoría alguna, debido a su enfermedad su médico tratante le ha ordenado varios medicamentos que no le han sido suministrados por no haber sido ordenados por un médico adscrito a dicha entidad. la Sala se pronuncia sobre el derecho a acceder a los servicios de salud que se requieran con necesidad, el concepto científico del médico tratantes como principal criterio para establecer si se requiere un servicio de salud, el suministro de medicamentos sin necesidad de limitarse a su denominación genérica, se aclara que la EPS para no suministrar el medicamento debió justificar su negativa, y al no hacerlo vulneró los derechos del accionante, por lo tanto se ordena suministrar los medicamentos requeridos por el accionante, hasta que no descarte la necesidad de suministrarlos o modifique el tratamiento con base en las consideraciones del Comité Técnico Científico. Concedida.
Recibo Relatoria   30-11-2010 0:00


Item 415    Expediente   T-2541593    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-411/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NELSON NAVARRO CARRILLO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante solicitó al Instituto de Seguro Social, el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, no obstante después de ocho meses de haber presentado la solicitud no ha recibido ningún tipo de respuesta. La Sala encuentra que la petición del accionante no fue respondida conforme a los plazos estipulados en reiterada jurisprudencia de esta corporación, se determina que el ISS vulneró los derechos sus derechos, por lo tanto se le ordena proferir el acto administrativo correspondiente que resuelva de fondo sobre la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
Recibo Relatoria   15-2-2011 0:00


Item 416    Expediente   T-2539112    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-412/10
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    EDILBERTO ANTONIO PETRUZ OROZCO VS. DRUMOND LTDA

Tema

Estabilidad laboral reforzada, vida, igualdad, mínimo vital, seguridad social. El accionante fue despedido debido a que ocasionó un accidente laboral, la empresa alega que fue negligente al operar la maquinaria y que ponía en riesgo su salud y la de sus compañeros, sin embargo después de ser despedido se estableció que el accidente fue ocasionado debido a que el actor sufre de una enfermedad neurológica, por lo tanto solicita se ordene su reintegro. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se ponen en riesgo los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión, se encuentra que el actor esta protegido por la estabilidad laboral reforzada porque en el momento de su despido sufría de un 5.35% de pérdida de capacidad laboral por lo tanto se ordena su reintegro. Concedida.
Recibo Relatoria   15-1-2011 0:00


Item 417    Expediente   T-2469460    Fecha sentencia   27-5-2010 0:00    Sentencia   T-414/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    OTONIEL ARISTIZABAL VARGAS VS. UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Tema

Petición, información, acceso a la administración de justicia. El accionante presentó derecho de petición ante la institución accionada, solicitando las actas del Consejo de la Facultad realizadas durante el año 2008, y se le informe la carga académica de los profesores de la Facultad de Medicina aprobadas para los periodos 2007 y 2008, dicha información le fue negada por tener un carácter reservado, el actor precisa que la documentación solicitada la requiere para entregarla a su abogado con el fin de que se estudie la viabilidad de una demanda laboral que pretende instaurar contra dicha institución. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho de petición, la clasificación de la información, el derecho al acceso a documentos públicos como manifestación del derecho de petición y derecho a la información, se encuentra que la información solicitada por el actor es privada o semiprivada, y que por lo tanto el actor no tiene derecho a acceder a ella, sino tan solo en lo pertinente a en los apartes de las actas en las que se haya hecho referencia a el, así como los documentos relacionados con su vínculo laboral, por lo tanto se decide conceder el amparo de los derechos invocados pero en cuanto a lo dicho. Concede
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 418    Expediente   T-2475651    Fecha sentencia   28-5-2010 0:00    Sentencia   T-424/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ANA PETRONA DE LA CRUZ CUETO VS. ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO

Tema

Debido proceso, defensa, trabajo y libertad de asociación sindical. El alcalde del municipio accionado expidió contra la accionante un acto de retiro de servicios, por la configuración de la causal de vacancia del empleo por abandono del mismo, comenta que ella se encontraba dejando al día las funciones encomendadas en su cargo anterior, por lo tanto alega que se le vulneró su derecho al debido proceso, además se encontraba amparada por fuero sindical, solicita ser reintegrada a su cargo hasta tanto se resuelva la acción de reintegro. La Sala realiza retiración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela por configurarse un perjuicio irremediable, el debido proceso administrativo en el caso de retiro del servicio por la configuración de una causal de declaración de vacancia del empleo por abandono del mismo, las garantías del fuero sindical en el caso de los empleados públicos, se encuentra que la actora es un sujeto de especial protección por ser madre cabeza de familia y se le esta afectando su mínimo vital ya que su salario era el único ingreso que percibía, se encuentra que el alcalde accionado vulneró el debido proceso al trasladar de cargo a la accionante la cual se encontraba amparada por fuero sindical, además al expedir la resolución que la declaró vacante por abandono de cargo, le fue vulnerado el debido proceso ya que dicha resolución no le fue notificada para que pudiera ejercer su derecho de defensa, se ordena suspender los efectos de las resoluciones que destituyeron a la accionante de su cargo y se ordena su reintegro. Concede.
Recibo Relatoria   23-7-2010 0:00


Item 419    Expediente   T-2527334    Fecha sentencia   28-5-2010 0:00    Sentencia   T-425/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    VICENTE CASSIANI SALINAS VS. PETROMIL S.A.

Tema

Petición. El actor solicitó a la entidad accionada mediante derecho de petición, que se le entregara copia de los documentos que firmó al momento de terminación de su contrato laboral, y las constancias de consignación de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales, el accionado alega que el derecho de petición se dirigió contra el como persona natural y no contra la empresa. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, cuando estos no prestan servicios públicos y la situación de subordinación, la facultad del juez de tutela de esclarecer los hechos de la demanda, se concluye que el señor Ardilla en su condición de representante legal de la firma empleadora, debe dar respuesta de fondo a la petición del actor, no solo en razón a su situación de subordinación, sino también porque le asiste un deber legal con el mismo, que se materializa en dar constancia de los documentos que se solicitan y respecto del cual la empresa ha incurrido en omisión de sus obligaciones. Concede.
Recibo Relatoria   16-7-2010 0:00


Item 420    Expediente   T-2485475    Fecha sentencia   28-5-2010 0:00    Sentencia   T-426/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ELSA MARIA GAMBOA AVILA VS. COLEGIO MILITAR GENERAL SANTANDER

Tema

Educación. La accionante actúa en representación de su hija a quien no le han entregado los certificados de notas, el diploma y el acta de grado correspondientes, debido a que le adeudan a la institución una suma de dinero por concepto de pensiones atrasadas, ya que no podrá continuar con sus estudios universitarios hasta tanto no se le entreguen dichos documentos. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho a la educación, realiza un análisis de la jurisprudencia constitucional sobre la retención de documentos por parte de los establecimientos educativos debido a la mora en el pago de las pensiones, se procede a declara la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado.
Recibo Relatoria   16-7-2010 0:00


Item 421    Expediente   T-2546072    Fecha sentencia   28-5-2010 0:00    Sentencia   T-427/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    NANCY MARINA GONZALEZ VS. PORVENIR S.A.

Tema

Seguridad social, libre escogencia del régimen pensional. Comenta la accionante que solicitó el traslado de régimen pensional cuando tenía 46 años de edad, la entidad accionada ha dilatado los trámites durante tres años y la última respuesta que se le brindo es que no se podía realizar el cambio de régimen debido a que le hacían falta menos de diez años para adquirir la pensión, solicita se autorice su traslado de cambio de régimen ya que si bien ahora tiene 49 años de edad cuando realizó por primera vez la solicitud tenía la edad requerida para poder acceder a este beneficio. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el amparo del derecho a la seguridad social en lo que atañe con el derecho a la libre escogencia de régimen pensional, la finalidad de impedir el traslado de régimen pensional cuando al afiliado le faltaren diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, la mora injustificada por parte de las entidades encargadas de administrar el régimen pensional para resolver trámites administrativos en materia pensional no es una carga que deba soportar el afiliado, se concluye que los derechos de la accionante fueron vulnerados por la entidad demandada ya que al momento de presentar la solicitud de traslado cumplía con los requisitos para su autorización, por lo que se decide conceder el amparo de los derechos invocados. Concede.
Recibo Relatoria   21-9-2010 0:00


Item 422    Expediente   T-2542401    Fecha sentencia   28-5-2010 0:00    Sentencia   T-428/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    HERMES LIZARAZO LARGO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante solicita la pensión de sobreviviente o indemnización sustitutiva a que dice tener derecho debido al fallecimiento de su esposa. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, se encuentra que el actor dejó transcurrir 13 años desde el fallecimiento de su esposa hasta el momento en que realizó la solicitud de la pensión, por lo tanto la acción no cumple con los requisitos de subsidiariedad ni de inmediatez. Niega.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 423    Expediente   T-2170173    Fecha sentencia   28-5-2010 0:00    Sentencia   T-429/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ROSO SANTAMARIA BENAVIDES VS. DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDA DE PALO GORDO

Tema

Igualdad, trabajo. El actor comenta que se encuentra recluido en la cárcel modelo de Bucaramanga, donde se ha desempeñado como distribuidor de alimentos dentro de su pabellón, solicita se ordene al Director de la Penitenciaria accionada cancelarle los salarios por el tiempo laborado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre las restricciones, limitaciones e intangibilidad de derechos fundamentales de la población reclusa, el trabajo penitenciario en el ordenamiento jurídico, en la doctrina y en la jurisprudencia, se constata que el actor al haber trabajado bajo la modalidad de administración directa como distribuidor de alimentos tiene derecho a que le sean canceladas las bonificaciones correspondientes por la labor desempeñada, pues el hecho de que estuviera privado de la libertad al momento de desempeñar la labor, no autoriza que su fuerza de trabajo fuera usufructuada gratuitamente, se ordena efectuar los pagos por los días laborados con los mismos montos que le asignaron a los demás reclusos que trabajaron durante este tiempo y que recibieron la bonificación. Concede
Recibo Relatoria   8-9-2010 0:00


Item 424    Expediente   D-7916    Fecha sentencia   2-6-2010 0:00    Sentencia   C-431/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALVARO MOSQUERA GALLEGO VS. LEY 909 DE 2004 ARTICULO 44

Tema

Ley 909 de 2004, artículo 44 “por la cual se expiden normas que regulan empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, la norma acusada regula los derechos de los empleados de carrera administrativa en caso de supresión del cargo, los apartes acusados son “carrera administrativa”, el actor considera que la norma acusada vulnera los artículos 1, 13 y 25 de la Constitución Nacional, ya que se desconoce el derecho al trabajo y la igualdad de los empleados nombrados en carrera y los empleados provisionales, dado que no les concede los mismos derechos en caso de ser desvinculados de su cargo. La Corte estudia el contexto normativo-constitucional y jurisprudencial del artículo demandado, la igualdad en general y la igualdad de trato, el margen de configuración del legislador en el terreno de la regulación de los derechos de los empleados públicos inscritos en el régimen de Carrera Administrativa, la protección constitucional a empleados en provisionalidad en cargos de carrera, se concluye que el tratamiento diferenciado está plenamente justificado desde el punto de vista constitucional, recae sobre grupos diferentes de servidores públicos, no trae consigo la desprotección de los empleados que desempeñan de manera provisional un cargo de carrera quienes gozan de una protección intermedia en los términos en que ha definido tal protección la jurisprudencia constitucional, por lo tanto se decide declarar la expresión acusada Exequible.
Recibo Relatoria   30-7-2010 0:00


Item 425    Expediente   D-7946    Fecha sentencia   2-6-2010 0:00    Sentencia   C-432/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ROBERTO JUNGUITO BONNET VS. LEY 1328 DE 2009 ARTICULO 86

Tema

Ley 1328 de 2009 artículo 86 “Por la cual se dictan normas en materia financiera de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, el aparte acusado es el siguiente “Las entidades de carácter cooperativo o mutual, las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades comerciales, con excepción de las empresas aseguradoras, podrán prestar directamente y en especie este tipo de servicios, independientemente de que las cuotas canceladas cubran o no el valor de los servicios recibidos, cualquiera sea la forma jurídica que se adopte en la que se contengas las obligaciones entre las partes. PARÁGRAFO 3 Las empresas aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, en la explotación del ramo del seguro exequias o cualquiera otro con modalidad de cubrimiento para gastos funerarios, deberán indemnizar únicamente en dinero a favor del tomador o sus beneficiarios, previa comprobación por parte de estos del pago del monto del servicio funerario asegurado, suministrado directamente por entidades legalmente constituidas para prestar este tipo de servicios exequiales, salvo que el servicio funerario se preste con afectación a la Póliza de Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito (SOAT)”, el demandante considera vulnerados los artículos 13, 19, 42, 78, 83, 158 y 333 de la Constitución, los cargos formulados son: que se desconoce el núcleo esencial del derecho constitucional de los usuarios a escoger libremente entre servicios alternativos, puesto que prohíbe los seguros de exequias con indemnización en especie como vía para acceder a servicios funerarios, imponiéndoles de esta forma a los usuarios prohibiciones y cargas onerosas que son manifiestamente irrazonables y desproporcionada, el segundo cargo consiste en que la norma excluye a un competidor de un mercado determinado y le prohíbe ofrecer un servicio lícito, como es aquel del seguro de exequias con indemnización en especie, además le impone a los usuarios que adquieran un seguro de exequias con indemnización en dinero la carga de pagar directamente el monto del servicio funerario a las empresas que compiten con las aseguradoras, encaminando a los usuarios a uno de los competidores, lo cual propicia la consolidación de la posición dominante, en desmedro de la libre competencia, en cuanto al tercer cargo el actor sostiene que se privilegia a las empresas de carácter compuesto lo cual constituye un trato diverso que es manifiestamente irrazonable, el cuarto cargo es la vulneración al principio de confianza legítima ya que se cambian abruptamente las reglas de juego en el ámbito de los seguros de exequias y sin establecer previamente un periodo de transición, el quinto cargo es debido a que la norma acusada vulnera el principio de unidad de materia, en el sexto y último cargo el demandante sostiene que se ha creado un obstáculo para que los familiares del difunto ejerzan sus derechos fundamentales a la intimidad, honra y dignidad familiar, ya que no pueden decidir de manera autónoma en el seno de la familia la ceremonia fúnebre que deseen según sus creencias religiosas. La Corte pasa a estudiar el contenido y el alcance de la norma acusada, los antecedentes legislativos su sentido y alcance, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre los requisitos mínimos para la configuración de un cargo de inconstitucionalidad, se encuentra que frente a los cargos relacionados con los artículos 16, 19 y 42 constitucionales el actor no estructuró un verdadero cargo de inconstitucionalidad, luego se estudia los cargos de inconstitucionalidad referidos a aspectos económicos y se le realiza el test de proporcionalidad aplicable al cada cargo, se concluye que los cargos formulados no prosperan y por lo tanto se decide declarar la norma acusada Exequible.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 426    Expediente   D-7954 D-7955    Fecha sentencia   2-6-2010 0:00    Sentencia   C-433/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    EDUARDO CIFUENTES MUÑOS Y OTRO VS. LEY 1328 DE 2009 ARTICULO 86

Tema

Ley 1328 de 2009, artículo 86 “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, se acumulan expedientes por unidad de materia el aparte acusado es el siguiente “Las entidades de carácter cooperativo o mutual, las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades comerciales, con excepción de las empresas aseguradoras, podrán prestar directamente y en especie este tipo de servicios, independientemente de que las cuotas canceladas cubran o no el valor de los servicios recibidos, cualquiera sea la forma jurídica que se adopte en la que se contengas las obligaciones entre las partes. PARÁGRAFO 3 Las empresas aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, en la explotación del ramo del seguro exequias o cualquiera otro con modalidad de cubrimiento para gastos funerarios, deberán indemnizar únicamente en dinero a favor del tomador o sus beneficiarios, previa comprobación por parte de estos del pago del monto del servicio funerario asegurado, suministrado directamente por entidades legalmente constituidas para prestar este tipo de servicios exequiales, salvo que el servicio funerario se preste con afectación a la Póliza de Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito (SOAT)”, los demandantes consideran vulnerados loa artículos 1, 5, 5 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 42, 78, 136, 150, 158, 150, 189, 334, 335, y 336 constitucionales. La Corte encuentra que los cargos formulados son similares a los estudiados en la sentencia 32 de 2010, sinembargo se estudian dos cargos que no fueron formulados en la citada sentencia, el primer cargo es la vulneración por parte del legislador del artículo 150 constitucional, por cuanto desconoció el derecho supranacional andino, en cuanto a la Decisión 608 en materia de libre competencia, y el segundo cargo es la vulneración a los requisitos constitucionales aplicables a las leyes marco en materia de regulación de la actividad aseguradora, por cuanto entró a regularla de manera precisa y concreta desplazando de esta forma las competencias presidenciales y del Superintendente Financiero, se concluye que los cargos analizados no prosperan, se decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-432de 10 y declarar Exequible el artículo demandado en cuanto a los nuevos cargos analizados.
Recibo Relatoria   15-7-2010 0:00


Item 427    Expediente   D-7923    Fecha sentencia   2-6-2010 0:00    Sentencia   C-434/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS MANUEL MUÑOZ BRICEÑO Y OTROS VS. LEY 706 DE 2001 ARTICULOS 1 Y 3

Tema

Ley 706 de 2001, artículos 1 y 3 “Por medio de la cual se declaran patrimonio cultural de la Nación el Carnaval del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y a los Carnavales de Pasto y se ordenan unas obras”, los artículos declaran los carnavales de Barranquilla y Pasto como patrimonio cultural de la Nación, el aparte demandado en los dos artículos es “de Pasto”, los demandantes consideran que los apartes acusados vulneran los artículos 2, 7, 13, 44, 67, 70, 71 y 72 constitucionales, debido a que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, ya que no tuvo en cuenta que los carnavales se celebran en municipios distintos a la Ciudad de Pasto, estableciendo así un trato discriminatorio, además sostiene que estas disposiciones no permiten al departamento de Nariño autodeterminarse, ya que no se le esta respetando la capacidad y competencia de gestión propia de las entidades territoriales. La Corte entra a estudiar la existencia de una omisión legislativa relativa, el reconocimiento del derecho a la Cultura en la Constitución, se definen criterios para determinar la existencia de una diferenciación discriminatoria o injustificada, se concluye que los carnavales que se celebran en Pasto y en otros municipio de Nariño no son asimilares, ya que si todos tienen un mismo origen han evolucionado de manera independiente, por lo tanto no existe vulneración al mandato de no discriminación se decide declarar las disposiciones acusadas Exequibles.
Recibo Relatoria   1-9-2010 0:00


Item 428    Expediente   T-2553732    Fecha sentencia   3-6-2010 0:00    Sentencia   T-435/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CARMEN ALICIA GARCIA MELO VS. NUEVA EPS

Tema

Salud, vida digna. La acciónate ingresó en estado crítico a la Fundación Valle del Líli, por intermedio de la entidad de medicina prepagada Coomeva, después de realizarle varias intervenciones y estabilizarla se determinó que debía ser trasladada a su casa para cuidados de homecare, y así evitar una infección hospitalaria, para el manejo domiciliario su médico tratante le prescribió varios medicamentos, insumos y terapias, dichos servicios médicos fueron solicitados a la EPS de la accionante, la cual se negó a suministrarlos por cuanto los mismos se derivaron de una hospitalización que se dio por parte de la entidad de medicina prepagada Coomeva y por tanto la paciente debía asumir sus costos. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los casos en que el concepto médico tratante no adscrito a la entidad de salud demandada resulta vinculante, se decide tutelar los derechos de la accionante, pese a que no se imparte orden alguna por carencia actual de objeto por hecho superado.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 429    Expediente   T-2531900    Fecha sentencia   3-6-2010 0:00    Sentencia   T-436/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA ELENA GALVIS DE PLATA VS. CEMENTOS ANDINO S.A Y OTRO

Tema

Seguridad social, debido proceso, mínimo vital. La accionante comenta que a su esposo le fue otorgada una pensión compartida entre el ISS y la entidad accionada, debido al fallecimiento de su esposo le fue reconocida la pensión de sobreviviente, sin embargo desde agosto de 2009 la entidad accionada dejó de cancelarle su parte proporcional de la mesada pensional, dejándola desprotegida, solicita se ordene el pago proporcional de la mesada pensional a cargo de la empresa accionada, y de las mesadas en mora desde mes de agosto de dos mil nueve. La Sala constata que en el caso estudiado ha cesado la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante por cuanto se reanudó el pago de las mesadas pensionales, se declara la improcedencia de la acción de tutela por carencia actual de objeto, por hecho superado.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 430    Expediente   T-2527200    Fecha sentencia   8-6-2010 0:00    Sentencia   T-437/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOSE DE JESUS POSADA VS. NUEVA EPS

Tema

Salud, vida digna. La accionante actúa en representación de su padre quien como consecuencia de un accidente cerebro vascular presenta parálisis general, por lo tanto requiere el uso permanente de pañales, por lo tanto presentó un derecho de petición a su EPS en donde solicita el suministro de pañales y de guantes, sin embargo obtuvo respuesta negativa a sus pretensiones. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia, sobre el derecho fundamental autónomo a la salud de las personas de la tercera edad, la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el suministro de medicamentos, exámenes o procedimientos no incluidos dentro del POS, se encuentra que los elementos necesarios para conceder la presente acción y proteger los derechos del accionante si se encuentran configurados, por lo tanto se ordena el suministro de los pañales y guantes necesarios. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 431    Expediente   T-2540976    Fecha sentencia   8-6-2010 0:00    Sentencia   T-438/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FILEMON CASTILLO DELGADO Y OTROS VS. CEMENTOS ANDINO EN LIQUIDACION

Tema

Seguridad social, debido proceso, mínimo vital. Los accionantes comentan que adquirieron el derecho a la pensión de vejez, y que la empresa accionada se comprometió a cancelar la pensión de manera compartida con el ISS, sin embargo la empresa dejo de cancelar su cuota, alegando que el ISS les había reconocido el derecho a la pensión de vejez. La Sala se pronuncia sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, el deber de informar acerca del nuevo reconocimiento pensional, se encuentra que los actores se encuentran en situación de indefensión por, ser personas adultas mayores y por estar involucrado un derecho pensional, se concluye que no existe claridad acerca de la obligación de la empresa accionada, frente a los actores, sobre si la pensión reconocida a los accionantes era mientras alcanzaban los requisitos para pensionarse o si corresponde al mayor valor que está en obligación de cancelar, por lo tanto se ordena a la empresa informar el nuevo valor de la pensión que estaba en la obligación de seguir cancelando o si había sido subrogado de su obligación al no haber un mayor valor que cancelar, y en la comunicación enviada al ex trabajador, informar el pago de porcentaje que le correspondía asumir o la suspensión del pago de la pensión de jubilación por haber un mayor valor que cancelar, indicar la fecha a partir de la cual la suspensión o el reajuste pensional empezará a surtir efectos tiempo que no podrá ser inferior a un mes. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 432    Expediente   T-2437871    Fecha sentencia   8-6-2010 0:00    Sentencia   T-439/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARTHA ISABEL TORRES CASTRO VS. DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

Tema

Salud, seguridad social, igualdad. La accionante sufre de hipertensión, ante lo cual su médico tratante le formuló varios medicamentos que no le surtieron efecto alguno, en última instancia le formuló el medicamento llamado MICARDIS, que fue aprobado por el Comité Técnico Científico, y le fue suministrado durante más de un año, sin embargo desde julio de 2009 se le dejó de suministrar dicho medicamento y se le reemplazó por uno genérico, solicita se ordene el suministro del medicamento inicialmente formulado y que se restrinja la tramitología que debe realizar para obtenerlo, ya que dicho medicamento se le recetó de manera indefinida. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la salud, la procedencia de la acción de tutela para exigir la aprobación y entrega de medicamentos excluidos del POS, se encontró que durante el trámite de la acción se autorizó y suministró el medicamento solicitado, por lo tanto se configuró un hecho superado, sin embargo se previene a la Dirección de Sanidad par que no vuelva a incurrir en comportamientos como los que ocasionaron la presente acción.
Recibo Relatoria   5-7-2010 0:00


Item 433    Expediente   T-2543553    Fecha sentencia   8-6-2010 0:00    Sentencia   T-440/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOSE FREDY MOTATO SALCEDO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Mínimo vital, vida, seguridad social, igualdad. El actor solicita se ordene a la entidad accionada dar cumplimiento a las sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, en la cual se le reconoce y ordena el pago de su pensión especial de vejez. . La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de sentencias en firme, el derecho fundamental a la pensión de vejez, se concluye que la entidad accionada al no acatar la orden impartida en la citada sentencia pone en riesgo el mínimo vital del actor se le ordena a la entidad accionada adelantar las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento a lo ordenado en la sentencia por la cual se le reconoció la pensión. Concede.
Recibo Relatoria   22-7-2010 0:00


Item 434    Expediente   T-2317215    Fecha sentencia   8-6-2010 0:00    Sentencia   T-441/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JORGE ELIECER ARTUNDUAGA VS. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ARMENIA

Tema

Debido proceso. Comenta el actor que se inició un proceso ejecutivo en su contra ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia el cual desestimó las pretensiones por considerar que el título base del recaudo era inexigible por falta de claridad, sin embargo el banco inició de nuevo proceso ejecutivo en los mismos términos de la demanda anterior, en este caso el juzgado accionado no tuvo en cuenta la excepción de cosa juzgada y procedió a darle trámite a la demanda, el accionante considera que se configuró una vía de hecho por desconocimiento del precedente, solicita se revoque la decisión tomada por el juzgado accionado. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la causal de procedibilidad por desconocimiento del precedente judicial, realiza una análisis de los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales se concluye que la sentencia dictada por el Juzgado Sexto hizo tránsito a cosa juzgada y por lo tanto no se podía iniciar una nuevo proceso, bajo las mismas circunstancias fácticas y jurídicas, se decide acceder a las protecciones del actor ya que su derecho al debido proceso se encuentra vulnerado, por lo tanto se ordena dejar sin efectos la sentencia dictada por el juzgado accionado. Concede.
Recibo Relatoria   22-7-2010 0:00


Item 435    Expediente   T-2206029    Fecha sentencia   10-6-2010 0:00    Sentencia   T-442/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LEONARDO ALBERTO CORREA BARRERA VS. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y AGENTE INTERVENTOR DEL GRUPO DMG

Tema

Trabajo, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que trabajaba para DMG, hasta el día 18 de noviembre de 2008, debido a que el día 19 de noviembre de 2008 amanecieron selladas por parte de la Policía Nacional las oficinas administrativas, quedando sin definirse su situación laboral lo que le ha causado graves perjuicios, solicita se emita una orden judicial en la cual se ordene la definición inmediata de su situación laboral, o se expida una constancia de terminación laboral para poder proceder a reclamar sus cesantías. La Sala encuentra que respecto al pago de cesantías se esta frente a un hecho superado, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre la presunción de vulneración del derecho al mínimo vital, ante el incumplimiento del pago de salarios, se concluye que el mínimo vital del actor fue vulnerado y por lo tanto se decide confirmar la decisión de primera instancia en la cual se ordena sufragar los salarios dejados de percibir y la cancelación de la cotización al sistema de seguridad social hasta tanto no sea resuelto el contrato de trabajo. Concede.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 436    Expediente   T-2494000    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-443/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARIO PAEZ GUIO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Tema

Debido proceso. El actor manifiesta que se le practicó diligencia de registro a su establecimiento de comercio, dicha operación de registro sirvió como fundamento jurídico a diez procesos tributarios adelantados en su contra, de los cuales 8 fueron fallados en contra y dos a favor, con situaciones fácticas identicas, la diferencia radica en la interpretación del artículo 706 del Estatuto Tributario, que regula la suspensión del término en lo referente al siguiente aparte “cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete”, en la primera interpretación basta con la notificación del auto que decreta la inspección tributaria y en la segunda interpretación, se sostiene que además de la notificación del auto que decreta la inspección, era necesario que se llevaran a cabo las diligencias iniciales de la misma, si se acoge la primera posición el término en estos casos se habría suspendido y el requerimiento de la DIAN se habría proferido en tiempo, pero si se acoge la segunda, el término nunca se habría suspendido y, por consiguiente el requerimiento de la DIAN se habría proferido fuera del tiempo que el Estatuto Tributario garantiza, de manera que no tendrían fundamento jurídico las sanciones impuestas al actor, solicita se dejen sin efecto las sentencias por medio de las cuales se denegaron las peticiones de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las resoluciones expedidas por la DIAN. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la vinculación del precedente judicial horizontal y vertical en el ordenamiento colombiano, el significado y alcance de la ampliación del término para realizar el requerimiento especial previsto en el artículo 706 del Estatuto Tributario, se concluye que la acción no cumple con el requisito de inmediatez y por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones del actor. Niega.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 437    Expediente   T-2529885    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-444/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ANA MARIA AMBUILA VS. EMSIRVA ESP (EN LIQUIDACION) Y OTROS

Tema

Debido proceso, mínimo vital, trabajo, seguridad social. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decretó la liquidación de EMSIRVA ESP, empresa donde laboraba la demandante. A raíz de la declaratoria de liquidación y a través del agente liquidador de la empresa, se tomaron una serie de medidas entre las cuales estuvo la desvinculación de la actora del cargo que venía desempeñando, sin tener en cuenta que contaba con 62 años de edad y 18 de servicio, lo cual la hacía beneficiaria del llamado Retén Social, en calidad de prepensionable. La demandante elevó derecho de petición solicitando la inclusión en el Retén Social y el mismo fue negado, bajo el argumento de que su situación no encajaba dentro de los requisitos estipulados para hacer parte de esta figura. La Sala luego de analizar el caso, concede el amparo de los derechos invocados a favor de la accionante y demás extrabajadores y trabajadores de la entidad accionada y ordena que ésta determine quienes reúnen las condiciones para hacer parte del grupo de protección especial integrado por personas próximas a pensionarse y, una vez establecido esto, proceda a hacer efectiva dicha protección, siguiendo los parámetros establecidos de manera específica y precisa en la sentencia C-795/09. CONCEDID.
Recibo Relatoria   16-8-2011 0:00


Item 438    Expediente   T-2530503    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-445/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    RAIMUNDO JOSE GONZALEZ BAENA VS. DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

Tema

Debido proceso, seguridad social. El actor fue retirado del Servicio Militar en el año 2005 al haber sido declarado no apto, sin embargo se realizó un nuevo dictamen en el cual fue declarado apto y se ordenó su reubicación, dicho dictamen no fue tenido en cuenta y no se realizó su reintegro, con el paso de los años su estado de salud se deterioró y nuevamente fue declarado no apto disponiéndose su retiro, solicita se declare nula por violación al debido proceso, la resolución expedida por la Dirección General de la Policía Nacional que dejó en firme el dictamen que ordeno su retiro. La Sala estudia la normatividad aplicable para el retiro del servicio a causa de la disminución psicofísica, se concluye que los derechos del actor fueron vulnerados debido a que la entidad accionada no acató el dictamen del Tribunal Médico Laboral en cual ordenaba su reintegro, por lo tanto el retiro debe entenderse a partir de Diciembre de 2008, fecha en la cual el Tribunal Médico dictaminó que no era viable la reubicación. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 439    Expediente   T-2532822    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-446/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARTHA YANIRA ZAMUDIO PINZON VS. CITI COLFONDOS

Tema

Petición. La accionante interpuso derecho de petición ante la entidad accionada, solicitando la aplicación del artículo 89 de la Ley de 100 de 1993, sin embargo hasta el momento en que se interpuso la acción no ha recibido respuesta. La Sala encuentra que en primera instancia el derecho de petición fue satisfecho, pero la accionante impugnó dicha decisión ya que considera que se le negó de manera ilegítima, la aplicación del artículo 89 el cual da la opción de que cuando el capital del pensionado sea superior al 110% de la pensión mínima de vejez, se podrá emplear el exceso ahorrado como garantía de créditos de vivienda y educación, se pasa a estudiar la procedencia de la tutela para la resolución de conflictos entre las administradoras de los fondos de pensiones y sus afiliados, el sentido del artículo 89 de la ley 100 de 1993, se concluye que a la accionante no le es aplicable el artículo mencionado ya que tiene calidad de pensionada y no de afiliada y segundo porque la pretensión no esta dirigida a constituir una garantía sino a retirar ese dinero para pagar una deuda, por lo tanto se decide negar el amparo. Niega.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 440    Expediente   T-2535647 Y OTROS    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-447/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SIMON BOLIVAR CAICEDO RUANO Y OTROS VS. ACCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Vida digna, salud, mínimo vital y demás derechos de la población desplazada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el primores caso la accionante solicita la prorroga de ayuda humanitaria, en los demás casos los accionantes solicitan su inscripción en el RUPD, la cual les ha sido negada por diferentes motivos. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela en materia de desplazamiento forzado, el RUPD y las pautas de interpretación de las normas aplicables, la ayuda humanitaria de emergencia y las reglas jurisprudenciales sobre su entrega y prórroga, el deber de información de las entidades para la población desplazada, en el caso de la solicitud de prorroga de ayuda humanitaria se ordena a la entidad accionada realizar una evaluación de las condiciones reales de la accionante con el fin de determinar la conducencia de la prórroga de ayuda, en cuanto a los casos de solicitud de inscripción se decide conceder las acciones con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Concede.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 441    Expediente   T-2536643    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-448/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    NESTOR HERNANDO VELASQUEZ RAMIREZ VS. REFINANCIA S.A. Y OTRO

Tema

Vivienda digna, derechos de la población desplazada. El actor comenta que suscribió dos créditos con los cuales adquirió un bien inmueble, sin embargo en el año 2003 fue desplazado del lugar donde residía y no pudo continuar pagando los créditos adquiridos, solicita se ordene a las entidades accionadas tomar medidas de alivió de su crédito. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección constitucional dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios y el principio de solidaridad en las obligaciones crediticias en cabeza de la población desplazada, se estudian las fórmulas adoptadas por esta corporación a partir de líneas jurisprudenciales sobre los ejecutivos hipotecarios y los deudores crediticios pertenecientes a la población desplazada, se aclara que sólo resulta coherente la aplicación del principio de solidaridad a los deudores pertenecientes a la población desplazada, en el contexto de los procesos ejecutivos hipotecarios, cuando en dichos procedimientos no se ha surtido la etapa del registro del auto aprobatorio del remate y no se ha adjudicado el bien, por lo cual no resulta aplicable en el presente caso ya que la protección especial de la población desplazada involucra la consideración de los derechos de terceros adquirientes de buena fe los cuales no pueden ser vulnerados, se decide no acceder a la protección de los derecho invocados. Niega.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 442    Expediente   T-2538895    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-449/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JUAN DE JESUS AHUMADA VS. COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES COOPOUTSOURSING

Tema

Mínimo vital, trabajo, seguridad social, estabilidad laboral reforzada. El actor ha sufrido dos accidentes de trabajo, lo cual le ha generado varias incapacidades, comenta que fue despedido por la baja productividad en ventas de la empresa, sin embargo el accionante aún no ha tenido una recuperación total, solicita se ordene su reintegro y se desarrollen todas las actividades necesarias para calificar su estado de salud. La Sala pasa a estudiar el régimen de las Cooperativas de Trabajo Asociado, realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada propio de las personas con limitaciones físicas, se concluye que el actor se encontraba en un estado de debilidad manifiesta al momento de la desvinculación, situación que obligaba a la cooperativa que en este caso asume el rol de empleador a desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, se decide ordenar al cooperativa accionada, reintegrar al actor, reconocer y pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de desvinculación y el pago de indemnización a modo de sanción. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 443    Expediente   T-2543645    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-450/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JOSE MIGUEL MEDINA MEDINA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital. El accionante solicita se ordene al ISS expedir una resolución en donde se tenga en cuenta todas las semanas cotizadas al sistema general de pensiones de conformidad con el régimen de transición al que dice pertenecer y en el que se establece los requisitos especiales para acceder a la pensión de jubilación cuando se cotiza en el sector público y privado. La Sala se pronuncia sobre el tratamiento constitucional y legal al derecho fundamental de la seguridad social, la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones, la violación del derecho al debido proceso en el reconocimiento de la pensión, se señala que la entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso del accionante, ya que el ISS negó la petición por no cumplir con las cotizaciones mínimas requeridas, y dispuso que los aportes efectuados a partir del mes de agosto de 2003 a diciembre de 2006 no fueron tenidos en cuenta debido a que no presentó aportes a salud, esa afirmación carece de sustento jurídico ya que se encuentra demostrado dentro del expediente que el actor si realizo aportes a salud durante este periodo, se ordena a la entidad accionada que de una respuesta de fondo al actor teniendo en cuenta todos los aportes realizados al Sistema General de Pensiones. Concede.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 444    Expediente   T-2499582    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-451/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARIA ROCIO ESPERANZA LOPEZ VS. PROCURADURIA GENERAL DE LA CANCION

Tema

Debido proceso, defensa. La accionante comenta que fue sancionada con destitución e inhabilidad general durante 13 años como resultado de un proceso de investigación disciplinaria adelantado en su contra, sostiene que dentro de dicho proceso ocurrieron varias irregularidades como la falta de notificación y por lo tanto solicitó la nulidad del proceso, su petición no tuvo respuesta, debido a los hechos expuestos solicita se ordene la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la entidad accionada. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos, la improcedencia de la tutela, por regla general, cuando se dirige contra actos administrativos sancionatorios, se concluye que la sanción disciplinaria no se aprecia, como una limitación ilegítima de los derechos fundamentales de la accionante, pues los argumentos presentados por la entidad accionada resultan de una interpretación válida de las normas que rigen el procedimiento disciplinario, por lo tanto ante la ausencia de una amenaza que se aprecie como claramente ilegítima para el ejercicio de derechos fundamentales, se decide declara improcedente la acción impetrada
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 445    Expediente   T-2548546    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-452/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    GUSTAVO SARMIENTO VS. HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL Y OTROES

Tema

Vida, integridad física. El actor comenta que le fue practicada una cirugía a corazón abierto, después de un tiempo empezó a presentar molestias y se le ordenó la práctica de radiografía de tórax en donde se descubrió que por un descuido durante la cirugía fue dejada una aguja, presentó derecho de petición ante la entidad accionada para que se le diga el motivo por el cual se le dejó un aguja, y se le explique que consecuencias puede causar el incrustamiento de la misma, del cual obtuvo una respuesta que no da ningún tipo de solución a sus problemas, solicita se ordene a la entidad reconocer los daños y perjuicios ocasionados por un valor de noventa millones de pesos y que si se requiere una intervención quirúrgica para extraer el cuerpo extraño, el hospital y los médicos relacionados deberán responder por los costos que ello acarree. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el diagnóstico como contenido del derecho fundamental a la salud, se pronuncia sobre el derecho fundamental del paciente a la autonomía en torno a la práctica de tratamientos médicos y el consentimiento informado, la jurisprudencia constitucional en torno a la resolución de los conflictos originados en la diferencia de criterios entre médico tratante y paciente, distinción entre la falta idoneidad y la inconveniencia de un servicio médico, la improcedencia de la acción de tutela para reclamar perjuicios originados en responsabilidad médica, se concluye que al actor se le esta vulnerando el derecho al diagnóstico, por lo tanto se ordena a la entidad accionada emitir un diagnóstico sobre los dolores que padece el actor, además se deberá determinar si el cuerpo extraño alojado en el tórax está relacionado o no con los dolores que afirma sufrir y si la cirugía para retirarlo, a pesar de los riesgos, es idónea para la eliminación de los síntomas y de ser idónea se le de información sobre el procedimiento para que el actor manifieste su decisión de someterse o no al procedimiento quirúrgico. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 446    Expediente   T-2557568    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-453/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    EDGAR AUGUSTO SANCHEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad. El accionantes solicita se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación según el régimen especial de la Contraloría General de la República. La Sala estudia las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la improcedencia de la acción de tutela cuando no se agotó el recurso extraordinario de casación, se concluye que el accionante no cumple con los presupuestos necesarios para que por ésta vía se considere la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, ya que las decisiones que resolvieron negar la reliquidación de su pensión no fueron objeto del recurso extraordinario de casación y la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse en beneficio propio, por lo tanto se decide negar las pretensiones del accionante. Niega.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 447    Expediente   T-2558252    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-454/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LUIS ALBERTO GARCIA CAMARGO VS. GEDONES DE SEGURIDAD S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El actor suscribió un contrato verbal de trabajo con la entidad accionada, que consistía en prestar servicios de vigilancia para diferentes conjuntos residenciales, prestando sus sevicios sufrió un accidente, que le produjo hernia inguinal, por lo cual debió acudir a urgencias donde se percato de que no estaba afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo tanto puso en conocimiento de esta situación a el administrador del conjunto residencial en el cual se encontraba prestando sus servicios, para que mediara frente a su empleador, comenta que al poco tiempo fue despedido, solicita se ordene a la empresa demandada asumir todos los gastos médicos que requiere su afección de salud, el pago de incapacidades, la cancelación de los gastos que ocasione llevar el caso a la Junta Médica para calificar su invalidez y su afiliación al sistema de seguridad social. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre, los derechos fundamentales de la población desplazada, el derecho a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, se concluye que el actor no demostró su vinculó laboral con la entidad accionada, sin embargo por ser una persona desplazada él y su familia tienen derecho a ser afiliados a una Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado del orden Nacional y a recibir los servicios médicos cobijados por el POS, y ser atendidos en una Empresa Social Del Estado ubicada en el municipio de asentamiento, se decide no acceder a la protección de los derecho invocados. Niega.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 448    Expediente   T-2566058    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-455/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ARISTOBULO ALVAREZ DELGADO VS. MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL

Tema

Vida digna, salud, seguridad social, mínimo vital, igualdad, dignidad humana, debido proceso. Comenta el actor que sufrió un accidente de tránsito el cual le ocasionó una perdida de capacidad laboral del 86.5%, por lo tanto se decidió retirarlo del servicio activo de Subintendente y se ordenó el reconocimiento y pago su pensión de invalidez, sin embargo 23 meses después se realizó una nueva valoración en la cual se califico la perdida de capacidad laboral en un 34.14%, por lo tanto se suspendió el pago de su mesada pensional, considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, dado que no recibió ninguna explicación jurídica del mando institucional y no medió acto administrativo que revocara su pensión con fundamento en la ley. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de los derechos prestacionales, la pensión de invalidez en el régimen de la Fuerza Pública, el régimen legal anterior a la vigencia de la ley 923 de 2004, el derecho al reintegro laboral al extinguirse las causas que dieron origen a la pensión de invalidez, la protección constitucional reforzada a los disminuidos físicos, especialmente en los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el deber de la administración de brindar respuestas completas, precisas y de fondo a las peticiones elevadas por los ciudadanos, se concluye que los derechos del actor fueron vulnerados, y por lo tanto se ordena su reintegro laboral previa valoración Médica que determine el su actual grado de pérdida de capacidad laboral. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 449    Expediente   T-2509692    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-456/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE IGNACIO CASTAÑO GARCIA Y NANCY ALVARADO VS. JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. A los accionantes se les adelanto un proceso de restitución de inmueble arrendado, alegan que en dicho proceso no se tuvieron en cuenta las excepciones previas realizadas por ellos, consideran que el juez incurrió en varios errores, además argumentan que el proceso al no tener doble instancia vulnera sus derechos fundamentales. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se realiza una breve caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto sustantivo, fáctico y por falta de motivación en la decisión, se encuentra que la providencia atacada no carece de motivación, ni presenta razonamientos incongruentes, por lo tanto se desestiman las pretensiones de los accionantes. Niega.
Recibo Relatoria   4-2-2011 0:00


Item 450    Expediente   T-2538693    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-457/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUKEIN ZWINYE RODRIGUEZ CASTRO VS. MANUFACTURAS PATEL LTDA.

Tema

Vida digna, salud, seguridad social, mínimo vital, igualdad, dignidad humana, debido proceso. Comenta el actor que sufrió un accidente de tránsito el cual le ocasionó una perdida de capacidad laboral del 86.5%, por lo tanto se decidió retirarlo del servicio activo de Subintendente y se ordenó el reconocimiento y pago su pensión de invalidez, sin embargo 23 meses después se realizó una nueva valoración en la cual se califico la perdida de capacidad laboral en un 34.14%, por lo tanto se suspendió el pago de su mesada pensional, considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, dado que no recibió ninguna explicación jurídica del mando institucional y no medió acto administrativo que revocara su pensión con fundamento en la ley. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de los derechos prestacionales, la pensión de invalidez en el régimen de la Fuerza Pública, el régimen legal anterior a la vigencia de la ley 923 de 2004, el derecho al reintegro laboral al extinguirse las causas que dieron origen a la pensión de invalidez, la protección constitucional reforzada a los disminuidos físicos, especialmente en los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el deber de la administración de brindar respuestas completas, precisas y de fondo a las peticiones elevadas por los ciudadanos, se concluye que los derechos del actor fueron vulnerados, y por lo tanto se ordena su reintegro laboral previa valoración Médica que determine el su actual grado de pérdida de capacidad laboral. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 451    Expediente   T-2527724    Fecha sentencia   15-6-2010 0:00    Sentencia   T-458/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MERCEDES HERRERA NOVOA Y OTROS VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Reparación integral. Los accionantes solicitan se ordene a la entidad accionada, satisfacer su derecho a la reparación con la ocasión de la muerte de un familiar suyo a manos de grupos armados al margen de la ley, por lo tanto que se tase de manera apropiada el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades e ingresos, los daños materiales, el lucro cesante, los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica etc, y que se condene en abstracto a la entidad accionada al pago de dichas sumas. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la reparación de las víctimas de las actuaciones de grupos armados en el marco del conflicto armado y las diferencia con otras medidas adoptadas por el Estado, el procedimiento para acceder a la reparación por vía administrativa, las obligaciones del Estado en esta materia, la indemnización en abstracto en el trámite de la acción de tutela, se encuentra que los accionantes no han cumplido con el deber mínimo que tienen para acceder a los programas de reparación diseñados por el Estado, por lo tanto no puede predicarse que una conducta o una omisión por parte de la entidad accionada haya vulnerado sus derechos fundamentales, se ordena compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se inicie o impulse investigación de los hechos violentos narrados en esta tutela, y se ordena a la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para que asistan legalmente a los accionantes en el trámite de reparación por vía administrativa. Niega.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 452    Expediente   D-7921    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   C-459/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JORGE BARRIOS GARZON VS. LEY 1790 DE 2000 Y DECRETO LEY 1791 DE 2000

Tema

Decreto Ley 1790 de 2000, artículos 111 y 112 “por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”, y los artículos 66, 67 y 68 del Decreto Ley 1791 de 2000, “por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”, los artículos 111 y 112 regulan la separación absoluta o temporal de los Oficiales o Suboficiales cuando sean condenados por la Justicia Penal Militar, los artículos 66, 67 y 68 regulan la separación absoluta, temporal y por sentencia de ejecución condicional del personal que haya sido condenado por la Justicia Penal Militar, el demandante considera que las normas violan lo dispuesto en los artículos 13, 29, 31 y 150 de la Constitución, el primer cargo que le formula es que existe un trato discriminatorio respecto de los destinatarios, los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y el personal ejecutivo de la Policía Nacional, y los servidores públicos, ya que en este último caso sí la condena queda condicionada o suspendida, una vez cumpla el periodo de prueba sigue en su cargo porque no hay disposición que permita su separación, el segundo cargo formulado consiste en que las normas acusadas establecen una pena accesoria de separación temporal, cuando en el código penal militar este tipo de pena accesoria no se encuentra contemplada, el tercer cargo consiste en que según el actor la aplicación de la separación temporal fuera del sistema penal militar y el común, y las separación absoluta cuando se ha concedido la condena de ejecución condicional, se convierte en una pena sin sentencia judicial que no puede ser apelada ni consultada, pero que agrava la situación del sujeto, sin juicio previo y sin que la sentencia haga tránsito a cosa juzgada. La Corte pasa a estudiar los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad para proferir fallo de mérito, la cualificación de los argumentos esgrimidos por el demandante, la ineptitud sustantiva de la demanda presentada por el actor, se concluye que las razones expuestas en la demanda no permiten establecer vínculos con las pretensiones de la misma, por cuanto las primeras no son claras, ciertas, específicas, pertinentes ni suficientes, por lo tanto decide declararse inhibida para decidir respecto de la demanda instaurada.
Recibo Relatoria   2-8-2010 0:00


Item 453    Expediente   LAT-350    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   C-460/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. LEY 1344 DE 2009

Tema

Revisión de constitucionalidad del “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo ” firmados en Berna el 26 de octubre de 2007, así como de la Ley aprobatoria 1344 del 31 de julio de 2009. La Corte se pronuncia sobre el alcance y las características especiales del control de constitucionalidad de los tratados, luego pasa a realizar una revisión formal del tratado y su ley aprobatoria, se advierte que se cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso para la aprobación de este tipo de normas, luego se pasa a estudiar el acuerdo y su compatibilidad con la Carta Política, los objetivos y el alcance de los convenios para evitar la doble imposición, alcance normativo del “Convenio” y su “Protocolo” y les realiza un análisis de constitucionalidad, se concluye que el Convenio, el Protocolo y la ley aprobatoria armonizan con los fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución, particularmente con los que orientan las relaciones internacionales, en consecuencia se decide declarar su exequibilidad.
Recibo Relatoria   21-9-2010 0:00


Item 454    Expediente   D-7696    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   C-461/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    JORGE HUMBERTO VALERO VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2008 ARTICULO 1

Tema

Acto Legislativo 01 de 2008, artículo 1 “Por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política”, el artículo demandado regula la inscripción en carrera administrativa de manera extraordinaria, de los servidores que la fecha de publicación de la Ley 909 de 2004 estuviesen ocupando cargos de carrera en vacantes de forma definitiva, el demandante considera que el legislador no observó los principios de consecutividad, identidad y democrático. La Corte ordena estarce a lo resuelto en la sentencia 88 de 2009 que declaró inexequible la totalidad del acto legislativo 01 de 2008.
Recibo Relatoria   11-8-2010 0:00


Item 455    Expediente   T-2536621    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-462/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    BETTY SAENZ DE CASTRO VS. PARQUES Y FUNERARIAS S.A.

Tema

Vida digna, trabajo, mínimo vital. La accionante laboró al servicio de la entidad accionada desde febrero de 2004, en el desarrollo de sus labores adquirió una enfermedad denominada asma, la cual fue calificada como de origen profesional, su EPS envió las recomendaciones para la reubicación de la actora mientras que la ARP se pronunciaba frente a la calificación, sin embargo y sin importar que se encontraba en trámite la calificación de su pérdida de capacidad laboral fue despedida, solicita se ordene su reintegro y el pago de aportes a seguridad social. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela para el reintegro laboral de una persona afectada por un accidente de trabajo o por una enfermedad a consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo, el derecho a la estabilidad laboral reforzada para las personas discapacitadas, así no medie calificación por parte de las entidades creadas para tal efecto, se concluye que los derechos de la accionante han sido vulnerados por lo tanto se ordena su reintegro y el reconocimiento de la indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y el pago de los salarios dejados de percibir hasta su respectivo reintegro. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 456    Expediente   T-2541065    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-463/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA TERESA VARGAS VELASCO VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL

Tema

Vida digna, salud, seguridad social y demás derechos de la población desplazada. La accionante comenta que es desplazada del municipio de la Hormiga Putumayo, solicita se le otorgue la ayuda humanitaria a que tiene derecho, ya que desde el momento en que fue desplazada tan solo ha recibido un mercado, su mínimo vital se encuentra afectado y además tiene a cargo a su menor hija de dos años de edad. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección constitucional de la población desplazada, la ayuda humanitaria de emergencia y las reglas jurisprudenciales sobre su entrega y prórroga, el derecho de petición frente a la población desplazada, se encuentra que los derechos de la accionante han sido vulnerados, por lo tanto se ordena a la entidad accionada otorgar la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 457    Expediente   T-2493539    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-464/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    FRENNLY HERRERA VASQUEZ VS. INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS INDEGA S.A.

Tema

Igualdad, trabajo, libertad de asociación. Manifiesta el accionante que la empresa accionada se ha negado a otorgarle los permisos sindicales a que tiene derecho por ser presidente de la junta directiva SINTRAILBEC, la entidad accionada alega el Ministerio de Protección Social revocó la decisión mediante la cual se ordenó la inscripción en el registro sindical de la nueva junta directiva y por lo tanto el actor no hace parte de los miembros de dicha junta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los permisos sindicales remunerados como una de las facetas positivas del derecho de asociación sindical, queda demostrado que el actor es integrante del Comité Ejecutivo Nacional de SINALTRAINAL, y la justificación dada por la empresa accionada para negar los premisos sindicales es incipiente, se ordena otorgar los permisos sindicales solicitados, y se le recuerda que tiene la posibilidad de negarlos siempre y cuando motive de manera suficiente su decisión. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 458    Expediente   T-2530469    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-465/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    OSCAR JOYA MARTINEZ VS. UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SECCIONAL BUCARAMANGA

Tema

Educación y trabajo. El accionante actúa como representante de su hermana quien se encuentra viviendo en Francia, comenta que ella es egresada de la universidad accionada y que no se le ha fijado fecha de grado, pese a que se encuentra a paz y salvo en todo concepto con la universidad, afectando sus derechos fundamentales ya que su título profesional es indispensable para acceder a una beca que le fue otorgada, solicita se ordene fijar fecha de grado en el menor tiempo posible y se proceda a la expedición del título correspondiente. La Sala en primer lugar analiza la procedencia de la legitimación por activa, se concluye que la representada no podía ejercer de forma directa la defensa de sus derechos por razones físicas ya que al momento de la interposición de la acción se encontraba fuera del país, por lo tanto en el presente caso se configura la legitimación por activa, luego se realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental al goce efectivo de la educación, el principio de autonomía universitaria y el reglamento estudiantil, resulta evidente que la institución accionada no cumplió con la normativa derivada de su propio reglamento estudiantil que la obliga a expedir un título profesional cuando se llenan todos los requisitos para tal fin, vulnerándole el derecho a la educación, se ordena expedir el título universitario y como la urgencia en la expedición del título estaba supeditada a la formalización del estudio de un posgrado con beca para el periodo 2009 y 2010, se encuentra pertinente condenar en abstracto por los daños que dicha negativa le hubiese ocasionado a la estudiante frente a la posibilidad de continuar en el sistema educativo a nivel de posgrado ya que contaba con la posibilidad real de continuar con sus estudios. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 459    Expediente   T-2547814    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-466/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    HELDER ENRIQUE MENDEZ ALVAREZ VS. INSTITUO GEOGRAFIO AGUSTIN CODAZZI

Tema

Petición, debido proceso, acceso a documentos públicos. El actor elevó derecho de petición frente a la entidad accionada solicitando el certificado catastral de varios inmuebles, sin embargo la entidad demandada se pronunció negativamente respecto de su solicitud, ya que no había presentado poder conferido por el propietario de los inmuebles o sus causahabientes, ni señalo los datos identificadores del proceso judicial para el cual estaban destinados. La Sala se pronuncia sobre la existencia de medios legales idóneos para hacer efectivo el derecho de acceso a documentos públicos, se concluye que el actor cuenta con el recurso de insistencia ante los tribunales contencioso administrativos, además el pronunciamiento resolvió de fondo aunque negativamente la solicitud del actor, por lo tanto se decide no acceder a la protección del derecho invocado. Niega.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 460    Expediente   T-2555547    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-467/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ROBERTO AUGUSTO BERNAL NIGRINIS VS. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y OTRO

Tema

Trabajo, estabilidad laboral reforzada, igualdad, mínimo vital, vida digna, salud. El actor sufrió un accidente en horas laborales, mientras se dirigía a cumplir sus funciones, se lesionó la muñeca izquierda y la rodilla de su pierna izquierda, como consecuencia se le expidieron varias incapacidades, hasta que varios meses después fue reintegrado a sus labores, sin embargo al cabo de dos meses fue despedido alegando su baja productividad, sin tener en cuenta que aún se encuentra en terapias y tratamientos médicos, solicita se ordene su reintegro y el pago de salarios y prestaciones causadas desde el momento de su desvinculación y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios médicos que requiera para alcanzar su recuperación. La Sala se pronuncia sobre las cooperativas de trabajo asociado, la procedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral, cuando se trata de prevenir la vulneración a la protección laboral reforzada, derecho a la estabilidad reforzada del trabajador en estado de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud, aún cuando no se ha calificado el grado de invalidez, en primer lugar se establece que aunque el contrato del actor en principio era con la cooperativa de trabajo asociado accionada, también resulta cierto que ésta lo envió a prestar sus servicios a la empresa Cárnicos de Colombia S.A., la cual en este caso también es empleadora y por lo tanto vulneró los derechos fundamentales del actor y es responsable solidariamente con la cooperativa, por otra parte se concluye que al accionante se le vulneraron sus derechos fundamentales, por lo tanto se ordena su reintegro, la cancelación de los honorarios no cancelados desde el momento de su despido y se compulsan copias a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio de Protección Social para que inicien una investigación contra la cooperativa accionada con el fin de establecer si se ha infringido las normas que regulan la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, particularmente las relativas a la prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 461    Expediente   T-2539240 Y OTROS    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-468/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JAVIER ANTONIO DAZA OBREDOR Y OTROS VS. PORVENIR S.A. Y OTROS

Tema

Petición, salud, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes han sufrido accidentes laborales, los cuales les han ocasionado incapacidades superiores a 180 días, por lo tanto sus respectivas EPSs han dejado de cancelarles las incapacidades, y al no encontrarse definida su situación sobre el origen de la enfermedad y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, han quedado desprotegidos ya que sus ARP, no se han hecho cargo del pago de dichas incapacidades, esta situación además de afectar su mínimo vital les esta impidiendo el pago de aportes a salud. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela en el reconocimiento de incapacidades laborales, se entra a estudiar las disposiciones anteriores a la Constitución de 1991 que abordan el tema sobre la terminación del contrato por justa causa, en razón de la incapacidad laboral prolongada y la obligación de la reinstalación en el empleo con el fin de no afectar los derechos a la seguridad social del trabajador, y las disposiciones constitucionales y legales que desarrollan el Sistema General de Protección Social Integral consignado en la Constitución en los artículos 47, 48 y 49, el procedimiento para que el trabajador que padece una contingencia en su vida laboral no quede fuera del Sistema, las obligaciones del empleador y las entidades responsables del asunto, la normatividad aplicable a las incapacidades de origen profesional y de origen común, las incapacidades prolongadas, el déficit de protección legal en el sistema integral de seguridad social y las posibles situaciones a que se ve avocado el trabajador, se mencionan las entidades ante las cuales se deben reclamar las incapacidades laborales, quien debe asumir el pago de la incapacidad en el caso de que el origen sea profesional y en el caso de que el origen sea común, y por último pasa a resolver los casos, en cuanto al primer caso se encuentra que la situación del actor ya se encuentra resuelta y por lo tanto se esta frente a un hecho superado, respecto del segundo caso resulta evidente que las entidades accionadas no vulneraron los derechos de la accionante toda vez que demostraron haber cancelado oportunamente las incapacidades, y en el último caso se concluye que la ARP accionada no es la responsable del pago de las incapacidades por cuanto el origen de la enfermedad no esta establecido se decide negar las solicitudes.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 462    Expediente   T-2554398    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-469/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    HERNAN ANTONIO RUIZ CASTAÑO VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tema

Petición, salud, seguridad social, mínimo vital. El actor mientras prestaba servició militar sufrió un accidente y fue dado de baja, sin embargo hasta el momento en que interpuso la acción no se le ha resuelto su situación pensional, esto lo esta afectando gravemente en cuanto a sus ingresos y no tiene acceso al servicio de salud. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la Salud de los miembros de la Fuerza Pública, la importancia del reconocimiento pensional por concepto de invalidez de los ex miembros de la Fuerza Pública, durante el tramite de la acción se informó por parte de la entidad accionada que ya se expidieron las resoluciones en las cuales se le reconoce al actor la pensión de invalidez y la indemnización por disminución en la capacidad laboral, por lo tanto se presenta la figura de carencia actual de objeto por hecho superado.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 463    Expediente   T-2534495    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-470/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ALEXANDER ZORRILLO TIQUE VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

Trabajo, mínimo vital, igualdad. El accionante ingresó al Ejercito Nacional como soldado profesional, prestando el servició cayó en un campo minado donde sufrió heridas por esquirlas en la pierna y en la espalda además de problemas auditivos, su perdida de capacidad laboral fue calificada con un 41.96%, fue calificado como no apto para seguir prestando el servicio y se sugirió su reubicación, pese a ello tres meses después del dictamen fue retirado, solicita su reintegro y reubicación en el Ejército Nacional en un cargo que le permita desempeñarse en debida manera. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas de los miembros de la fuerza pública, el deber de protección por parte del Estado, la situación de los soldados profesionales como miembros de la fuerza pública que sufren grave afectación en su capacidad laboral a causa del cumplimiento del servicio, se encuentra que los derechos fundamentales del actor fueron vulnerados por cuanto fue desvinculada pese a que Tribunal Médico Laboral sugirió una reasignación de funciones por lo tanto se ordena su reintegro. Concede.
Recibo Relatoria   20-10-2010 0:00


Item 464    Expediente   T-2542501    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-471/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    SOFIA RUBIO DURAN VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. La accionante sufre de artritis reumatoidea, su médico tratante le ordenó una cama para columna y una silla de ruedas con soporte cefálico, las cuales no le han sido suministradas por la EPS, por lo cual se vio obligada a arrendar la cama a LOCATEL, hasta el momento no ha podido cancelar la deuda ya que es pensionada y tan solo recibe un salario mínimo, solicita que se cubra la totalidad de la deuda por arrendamiento de la cama eléctrica debido a que este se convierte en un insumo vital y necesario para continuar viviendo en condiciones dignas, que se le brinde una atención médica integral y se realice una hospitalización domiciliaria, debido a que le es imposible desplazarse a algún centro médico ya que su solicitud se lleva tramitando mas de un año, sin obtener respuesta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección del derecho fundamental a la salud, la procedencia excepcional de la tutela para reclamar servicios adicionales no incluidos en el POS, durante el trámite de revisión la accionante falleció por lo tanto se configura la carencia actual de objeto.


Recibo Relatoria   30-8-2010 0:00


Item 465    Expediente   T-2552729    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-472/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LIBARDO DIAZ MORENO VS. ALCALDIA DE VILLAVICENCIO Y VILLAVIVIENDA EICE

Tema

Salud, vida digna. La accionante sufre de artritis reumatoidea, su médico tratante le ordenó una cama para columna y una silla de ruedas con soporte cefálico, las cuales no le han sido suministradas por la EPS, por lo cual se vio obligada a arrendar la cama a LOCATEL, hasta el momento no ha podido cancelar la deuda ya que es pensionada y tan solo recibe un salario mínimo, solicita que se cubra la totalidad de la deuda por arrendamiento de la cama eléctrica debido a que este se convierte en un insumo vital y necesario para continuar viviendo en condiciones dignas, que se le brinde una atención médica integral y se realice una hospitalización domiciliaria, debido a que le es imposible desplazarse a algún centro médico ya que su solicitud se lleva tramitando mas de un año, sin obtener respuesta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección del derecho fundamental a la salud, la procedencia excepcional de la tutela para reclamar servicios adicionales no incluidos en el POS, durante el trámite de revisión la accionante falleció por lo tanto se configura la carencia actual de objeto.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 466    Expediente   T-2549841    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-473/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JHON FREDY PAEZ MENDEZ VS. ACCION SOCIAL

Tema

Seguridad social, vida digna, trabajo, demás derechos de la población desplazada. El accionante solicita ordenar su inscripción en el RUPD, la cual le ha sido negada por haber manifestado que fue desplazado del municipio de Apartadó Antioquia, la entidad accionada alega que la compañera del actor se encuentra registrada en el SISBEN de la Ciudad de Turbo Antioquia, y el actor se encuentra inscrito en el censo electoral de la misma ciudad. La Sala se pronuncia sobre la acción de tutela como mecanismo judicial idóneo para amparar los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado, la especial protección constitucional a la población en situación de desplazamiento, el Registro Único de Población Desplazada, la presunción de buena fe en las solicitudes de las personas en situación de desplazamiento forzado, se concluye que el actor y su núcleo familiar son sujetos de especial protección constitucional, y en la medida en que la solicitud presentada por el actor no ha obtenido respuesta positiva, se decide tutelar el derecho a la inscripción en el RUPD del accionante y su núcleo familiar. Concede.
Recibo Relatoria   6-10-2010 0:00


Item 467    Expediente   T-2535667    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-475/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARTIN LEYTON AGUILAR Y OTRA VS. COMFENALCO ARS Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. Los accionantes actúan en representación de su menor hijo, manifiestan que sufre de espondilolistesis grado I, es una enfermedad que puede evolucionar hasta grado V, se le realizaron unos exámenes, se le prescribió consumo de acetaminofen, el uso de una faja y se le recomendó bajar de peso y volver a control dentro de un año, y una resonancia magnética pero solo hasta que cumpla los dieciocho años, los señores solicitan ordenar a la ARS accionada, celebrar los convenios necesarios con los especialistas o médicos competentes, de tal manera que a su hijo se le sigan los procedimientos requeridos, que se lleven a cabo los tratamientos médicos integrales que la patología del paciente requiera por el tiempo necesario, sin que tengan que cubrir costos económicos, comentan además que el padre del menor sufre la misma enfermedad y por no haber sido tratado a tiempo degeneró en tuberculosis de huesos y coyunturas. La Sala después de estudiar el dictamen respecto al tratamiento seguido por el médico tratante y su explicación respecto a la pertinencia de los exámenes, encuentra que al menor no se le están vulnerando los derechos fundamentales, ya que ha sido atendido a tiempo, por los especialistas necesarios y se le ha brindado el tratamiento ordenado por estos, por lo tanto se decide no acceder a las peticiones presentadas por los padres del menor. Niega.
Recibo Relatoria   8-9-2010 0:00


Item 468    Expediente   T-2530732    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-476/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    NEIDY MARCELA SERRANO AGUILAR VS. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. La accionante solicita la actualización sus datos y los de su menor hijo en el SISBEN teniendo en cuenta que actualmente reside en la ciudad de Bogotá. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la actualización en el SISBEN y la procedencia de la acción de tutela para ordenar la reclasificación en dicho sistema, se concluye que la accionante es un sujeto de especial protección ya que es madre cabeza de familia así como también lo es su hijo, el cual tiene menos de un año de edad, por lo tanto se ordena a la Secretaria Distrital responsable de la focalización del gasto social, que efectúe un visita a la accionante, donde determine si su residencia en la Ciudad de Bogotá es definitiva y le elabore una encuesta individual para fijar su clasificación en el SISBEN, según las circunstancias del caso. Concede.
Recibo Relatoria   14-10-2010 0:00


Item 469    Expediente   T-2542631    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-477/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ISMAEL ALBERTO PARADA PAEZ VS. SOLSALUD EPS.

Tema

Salud, vida digna. El actor sufre de cáncer de laringe, por lo cual se encontraba en tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, su EPS le esta negando la autorización de los procedimientos ordenados por el médico tratante ya que no tiene contrato con el INC, y por lo tanto decidió trasladar su caso a ONCOSALUD, alega el actor que esta IPS no conoce su caso, ni cuenta con la experiencia necesaria para atenderlo. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la libertad de las EPS para conformar su propia red de servicios, el derecho a la libre escogencia de IPS y excepciones, dentro del proceso no aparece demostrada la imposibilidad, negativa injustificada o negligencia de la EPS para suministrar el tratamiento integral que requiere el actor, por lo que se decide no acceder a sus pretensiones. Niega.
Recibo Relatoria   14-10-2010 0:00


Item 470    Expediente   T-2541176    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-478/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    DAGOBERTO RAMIREZ SUAREZ VS. DEPARATAMENTO DE BOYACA Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante solicita se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, las entidades accionadas se han negado a realizar dicho reconocimiento aduciendo que, los fondos departamentales, distritales y muncipales de pensiones públicas no tienen la atribución para reconocer y devolver aportes porque ello constituiría una extralimitación de las funciones que le fueron atribuidas a estas entidades por el artículo 4 del Decreto 1296 de 1994. La Sala encuentra que debido a las especiales circunstancias del demandante la acción de tutela es el mecanismo idóneo para proteger el derecho fundamental de seguridad social, no es de recibo de esta corporación los argumentos expuestos por las entidades accionadas, además que la declaratoria de insolvencia de la Caja de Previsión Social de Boyaca no puede servir como excusa para burlar el cumplimiento de una obligación Constitucional que tiene el Estado de garantizar la seguridad social, además porque recibió las cotizaciones financieras y los rendimientos financieros de estas, y el no pago de la indemnización sustitutiva equivaldría a un enriquecimiento ilícito. Concedida.
Recibo Relatoria   31-1-2011 0:00


Item 471    Expediente   T-2538905    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-479/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MAURICIO ALVAREZ MARTINEZ VS. SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

Tema

Petición. El accionante comenta que en varias oportunidades ha solicitado a la entidad accionada, la oportunidad de redimir su pena en ranchos o granjas que dan la posibilidad de redimir la pena 2 por 1, la respuesta fue que mientras no se le calificara como de mediana seguridad no podía acceder a dicho beneficio, ya se dio su cambio de fase y sigue sin obtener respuesta de la petición elevada, solicita se ordene a la entidad accionada darle respuesta a su petición, y la aplicación de todos los beneficios administrativos que rigen dentro del penal. La Sala pasa a estudiar el derecho de petición de las personas privadas de la libertad y la violación del derecho de petición en el caso en concreto, la improcedencia de la acción de tutela por hecho superado por carencia actual de objeto, se encuentra que si bien el juez de primera instancia ordenó a la entidad accionada dar respuesta al derecho de petición presentado por el actor, se le están vulnerando otros derecho fundamentales por la falta de recibo del derecho de petición y la falta de notificación de las providencias al tutelante, se le esta afectando la posibilidad de redimir la pena y así poder obtener el derecho de libertad condicional y por ende el derecho al debido proceso, ya que no se la ha notificado el Auto Interlocutorio, proferido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas, en donde se le informa, el tiempo que descontaba y la posibilidad de pedir el beneficio de libertad condicional, se decide declarar improcedente la presente acción por carencia actual de objeto, y se compulsan copias para la investigación de las posibles faltas disciplinarias correspondientes a la negligencia en la tramitación de la petición.
Recibo Relatoria   10-9-2010 0:00


Item 472    Expediente   T-2548704    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-480/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARLENY ALVAREZ RESTREPO VS. COOSALUD EPS

Tema

Igualdad, debido proceso, trabajo, protección de la mujer cabeza de familia. La accionante sufre de problemas en la columna, por lo que su médico tratante envió algunas recomendaciones a su empleador, para que las actividades laborales que desempeñaba no empeoraran su estado de salud, sin embargo y pese a dichas recomendaciones la accionante fue despedida. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección laboral reforzada del trabajador discapacitado o afectado con limitaciones, se encuentra que al momento del despido la accionante se encontraba protegida por la figura de estabilidad laboral reforzada y por lo tanto debía mediar autorización del inspector del trabajo, se ordena a la empresa accionada reintegrar a la peticionaria, y la cancelación de la indemnización prevista en el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Concedida.
Recibo Relatoria   31-1-2011 0:00


Item 473    Expediente   T-2504035    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-481/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JORGE RAMON SOTO SOTO VS. PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Tema

Petición. El actor en noviembre de 2008, solicitó a la entidad accionada mediante derecho de petición, le fuera suministrada la relación de tiempo de servicios actualizada y en original, con el fin de obtener su pensión de vejez ante Caprecom, interpuso la acción de tutela en abril de 2009, debido a que aún no se le había dado respuesta. Se encuentra que durante el trámite de la acción se le dio respuesta al derecho de petición, por lo tanto se esta frente a un hecho superado.
Recibo Relatoria   8-9-2010 0:00


Item 474    Expediente   T-2561883    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-482/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS ENRIQUE BERMUDEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Debido proceso, igualdad, mínimo vital. El accionante solicita el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual le ha sido negada por no cumplir con el número de semanas requeridas para acceder a ella, ya que las cotizaciones realizadas a partir del año 2003 no se tuvieron en cuenta debido a que no acreditó el pago de aportes al Sistema de Salud. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela para el amparo del derecho a la seguridad social en lo que respecta al reconocimiento de la pensión de vejez, pasa a determinar si es un requisito constitucional y legal la cotización en el régimen de seguridad social en salud para que sean tenidas en cuenta las cotizaciones efectuadas en el régimen de seguridad social en pensiones, se enfatiza en que no cotizar al sistema de salud y sí al de pensiones, no genera como consecuencia que no se tengan en cuenta las semanas cotizadas en éste último, se reitera que la persona con capacidad de pago tiene la obligación de cotizar al sistema de salud, por lo tanto se considera que el ISS vulneró el derecho a la seguridad social del actor, por lo tanto se ordena el reconocimiento de la pensión de vejez, resultando procedente además el pago retroactivo de dicha pensión. Concede.
Recibo Relatoria   9-10-2010 0:00


Item 475    Expediente   T-2556375    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-483/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    HIGINIO CUALLA GARCIA VS. LITOGRAFIA COLOMBIA S.A.

Tema

Mínimo vital, seguridad social. El accionante comenta que en una anterior acción de tutela solicitó la indexación de su mesada pensional, dicha acción le fue concedida sin embargo desde el año 2008, no se le ha dado cumplimiento a la sentencia, agrega que tiene 81 años de edad y sufre de varias afecciones de salud, por lo tanto solicita se ordene a la empresa demandada efectuar la indexación y el reajuste de las mesadas pensionales a que tiene derecho. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para solicitar la indexación de la primera mesada pensional, el derecho a la indexación del salario base para la liquidación de la mesada pensional, se estudia la afectación de los derechos fundamentales del accionante, se decide proceder al amparo de los derechos invocados y se ordena a la empresa realizar los reajustes legales. Concedida.
Recibo Relatoria   4-3-2011 0:00


Item 476    Expediente   T-2559077    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-484/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    YOLIMA PEREZ ARIAS VS. ESE HOSPITAL LOCAL MARIA LA BAJA

Tema

Igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada, maternidad. La accionante comenta que laboró para el hospital accionado desde enero de 2005 hasta marzo de 2009, en febrero de 2009 le comunicó a dicha entidad sobre su estado de embarazo y fue despedida en marzo. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral en caso de embarazo, la protección laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en período de lactancia, se encuentra que los derechos de la accionante fueron vulnerados al despedir a la accionante sin la respectiva autorización del inspector de trabajo, se ordena reintegrarla a la labor que venía desempeñando y el pago de las 12 semanas de licencia de maternidad. Concedida.
Recibo Relatoria   25-11-2010 0:00


Item 477    Expediente   T-2550566    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-485/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    SANDRA SILVA BUSTAMANTE VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR Y OTRO

Tema

Mínimo vital, vida digna, dignidad humana. La accionante sufre de osteoartritis degenerativa generalizada, actualmente se encuentra en espera de ser calificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, solicita se ordene el pago del auxilio de incapacidad hasta tanto se resuelva su acceso a la pensión de invalidez. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago de acreencias laborales, se pronuncia sobre el marco normativo de las disposiciones constitucionales y legales aplicables en materia de incapacidades laborales generadas por enfermedad común, se encuentra que a la accionante se le están vulnerando sus derechos fundamentales, por lo tanto se decide acceder a la protección de los mismos, se ordena a la EPS autorizar las incapacidades laborales expedidas por el médico tratante y las remita al Fondo de Pensiones para que efectúe el pago de las mismas hasta que se emita un concepto favorable de recuperación o hasta que se lleve a cabo una nueva evaluación de su capacidad laboral que le permita acceder a la pensión de invalidez. Concede.
Recibo Relatoria   20-10-2010 0:00


Item 478    Expediente   T-2553326    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-486/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    PEDRO ELIAS ARREGOCES VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna. El actor asegura hacer parte del régimen de transición y cumplir con el tiempo y edad de servicios requeridos para acceder a su pensión de vejez sin embargo este derecho le ha sido negado alegando la entidad accionada que le hacen falta dos años de cotización, interpuso acción de tutela debido a que a partir del 31 de julio de 2010, el régimen de transición no podrá extenderse, conllevando a que en un futuro la entidad demandada llegue a manifestar que no tiene derecho por que los términos de la vigencia de la transición se vencieron. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones, se encuentra que dentro del proceso no puede desprenderse que el actor cuente con el tiempo de cotizaciones mínimas para tener reconocimiento y pago de la pensión de vejez, al igual que no se observa claramente alguna ilegalidad en el acto administrativo que le negó el derecho, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones del actor. Niega.
Recibo Relatoria   14-10-2010 0:00


Item 479    Expediente   T-2534463    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-487/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CESAR ERNESTO CANO DIAZ Y OTRO VS. FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes alegan que sus derechos fundamentales resultaron vulnerados por haber sido retirados del servicio sin que se les hubiera reconocido la pensión de jubilación. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos de carácter particular y concreto, específicamente para obtener reintegro, el derecho fundamental al mínimo vital, la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de los servidores públicos, el reintegro de servidores públicos, la pensión de jubilación y declaración de insubsistencia, en el primer caso se encuentra que los derechos del accionante fueron vulnerados por lo tanto se ordena proceder a su reintegro hasta tanto el ISS se pronuncie sobre la solicitud de pensión de jubilación, y en cuanto al segundo caso se esta frente a un hecho superado ya que durante el trámite de la acción se reconoció la pensión de vejez. Concedida.
Recibo Relatoria   17-2-2011 0:00


Item 480    Expediente   T-2529622    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-488/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JULIO CESAR TORRES RODRIGUEZ VS. BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION

Tema

Indexación primera mesada pensional. El actor estuvo vinculado con el Banco Cafetero por cerca de 36 años y para el momento de su retiro, en julio de 1998 devengaba la suma de $185.792 mensuales. En diciembre de 1997, le fue reconocido el derecho a la pensión de jubilación en una cuantía de $142.125 y en 1998 promovió demanda laboral por la vía ordinaria, con el fin obtener la actualización en su mesada pensional. Como quiera que sus pretensiones fueron negadas en primera y segunda instancia y en consideración al cambio de posición jurisprudencial sobre el tema, el actor insistió en su solicitud de actualización ante la justicia ordinaria y nuevamente fueron negadas sus pretensiones al considerar que existía cosa juzgada dado que el punto ya había sido materia de fallo judicial. En el 2007 el Banco Cafetero en liquidación cambió su posición respecto de la inaplicación de la indexación y convocó a los pensionados a que presentaran su solicitud de manera individual. En atención a dicha convocatoria el actor solicitó la actualización de su mesada pensional y el Banco se negó a revisar su petición en razón al proceso ordinario laboral que había adelantado anteriormente. Fueron estos últimos hechos los que motivaron la presentación de la acción de tutela. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela y sobre el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y ordena que se le reliquide al actor el monto de la primera mesada pensional, aplicando dicho reajuste a las mesadas pensionales futuras y retroactivamente, frente a las mesadas en las que no hubiese operado el fenómeno de la prescripción. Concedida.
Recibo Relatoria   4-5-2010 0:00


Item 481    Expediente   T-2473088    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-489/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV T, SPV LEVS
Demandante / Demandado    DEISY JARAMILLO BERNAL VS. FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A. Y OTRO

Tema

La demandante solicitó al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales de petición y a la seguridad social, supuestamente amenazados por la falta de respuesta por parte del ISS respecto a su solicitud de ingreso al Régimen de Prima Media con prestación Definida y por la negativa del Fondo de Pensiones Protección .S.A, de permitirle el traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al cual se encuentra vinculada. Para resolver la controversia la Sala de Revisión analiza la siguiente temática: 1º. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y la procedencia de su protección a través de la acción de tutela. 2º. Generalidades de los regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. 3º. El régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus nexos con el derecho a la seguridad social. 4º. Jurisprudencia constitucional sobre el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima medida en el caso de los beneficiarios del régimen de transición y, 5º. Razones socio-económicas para amparar el Régimen de Prima Media. Se decide confirmar la decisión de instancia que NEGO el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 482    Expediente   T-2515631 Y T-2528321    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-490/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV HASP,SPV LEVS
Demandante / Demandado    ROSA MARIA BURBANO SAAVEDRA Y OTRO VS. HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY Y OTRO

Tema

Vida, trabajo, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes fueron despedidos de sus respectivos trabajos, pese a encontrarse enfermos y a estar pendientes las respectivas calificaciones de pérdida de capacidad laboral. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en una circunstancia de debilidad manifiesta o indefensión al padecer una afección o alguna enfermedad que afecta su estado de salud, la obligación de las cooperativas de trabajo asociado de respetar las garantías constitucionales que consagra la Constitución, se encuentra que las entidades accionadas vulneraron los derechos de los accionantes a la estabilidad laboral reforzada, al no renovar la orden de prestación de servicios a pesar de sus graves padecimientos de salud y de no contar con el premiso de la autoridad laboral correspondiente, se ordena reintegrar a los accionantes hasta tanto se presente una recuperación integral y la ARP determine que no padecen de una incapacidad parcial permanente. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 483    Expediente   T-2530789 Y T-2545945    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-491/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    SONIA MARITZA SALCEDO GAONA Y OTRO VS. BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital, salud, vida digna, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez la cual les ha sido negada por no cumplir con el requisito de fidelidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el tránsito normativo de las normas sobre requisitos para acceder a la pensión de invalidez en el régimen general de seguridad social, la aplicación del principio de favorabilidad en la determinación de la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez, el principio de progresividad de los derechos sociales, el régimen aplicable en materia de pensión de de invalidez, en los casos de afiliados afectados por modificaciones normativas contrarias al principio de progresividad, se concluye que en los casos estudiados se encuentran acreditadas las condiciones para acceder a la pensión de invalidez por medio de la acción de tutela, por lo tanto se decide acceder a la protección de sus derechos. Concede.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 484    Expediente   T-2532777    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-492/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    FERNANDO ESCANDON ORTIZ EN REPRESENTACION DE SU HIJO SEBASTIAN ESCANDON FLOREZ VS. COLEGIO LICEO CAMPO DAVID

Tema

Igualdad, debido proceso, educación, dignidad. El accionante, actuando en representación de su menor hijo, considera que la entidad educativa accionada no admitió a su hijo durante el año lectivo 2010, por poner en conocimiento eventos que a su parecer merecían la consideración de las directivas del plantel. Asegura que el rector del colegio sustentó la decisión en una causal del Manual de Convivencia que establece “cuando la familia demande o el alumno requiera un servicio o cuidado extremo de salud o seguridad” . Para el actor, su hijo no está inmerso en ninguna de las situaciones descritas y en consecuencia no existe causal alguna para que le nieguen la renovación de la matrícula. El problema jurídico se resuelve a la luz del análisis de jurisprudencia relacionada con el carácter ius fundamental del derecho de los niños a la educación, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección, la educación como derecho-deber, los límites constitucionales y legales del manual de convivencia estudiantil y el deber de someterse a las reglas del debido proceso en su aplicación. Para la Sala, no existió vulneración de los derechos del menor y su padre por parte del accionando y en consecuencia DENIEGA el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 485    Expediente   T-2534469    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-493/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    JESUS MARIA RESTREPO OLAYA VS. INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Tema

Libertad de cultos, libertad de conciencia, igualdad. El accionante actúa en representación de su hijo quien es menor de edad y se encuentra cursando grado once, alega que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales al no permitirle presentar el examen del ICFES, en un día distinto al Domingo, ya que tanto para el como para su familia ese es un día en el cual le corresponde guardar culto religioso, conforme a sus creencias. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la libertad de cultos, el principio de igualdad, se realiza un test de proporcionalidad para determinar si, la disposición es adecuada para el logro de un fin constitucionalmente válido y si la disposición es necesaria, se considera que la entidad accionada vulneró el derecho a la libertad de cultos del actor, se decide proteger los derechos fundamentales invocados, mas se abstiene de impartir ordenes por cuanto de acuerdo a la información suministrada por el ICFES, el examen se presentó el lunes 14 de septiembre de 2009, despareciendo así la amenaza al derecho fundamental. Concede.
Recibo Relatoria   27-9-2010 0:00


Item 486    Expediente   T-2540592    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-494/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    OSCAR ANTONIO ARISTIZABAL CASTAÑO VS. SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Tema

Vida, trabajo, mínimo vital, educación de sus hijos, debido proceso, seguridad social. El actor comenta que fue declarado insubsistente sin tener en cuenta que se encontraba incluido dentro del retén social, faltándole menos de tres años para obtener la pensión de jubilación, solicita dejar sin efectos la resolución que ordenó su insubsistencia y se proceda a su reintegro en el cargo que desempeñaba o a uno de mayor jerarquía, junto con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. La Sala se pronuncia sobre la verificación del retén social y la condición de pre-pensionado en el caso objeto de revisión, la procedencia de la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, la falta de motivación del acto administrativo que desvincula a una persona que ejerce un cargo de libre nombramiento y remoción no vulnera sus derechos fundamentales, se concluye que durante el trámite de la acción no se demostró la inminencia de un perjuicio irremediable, se recuerda que la acción de tutela es improcedente respecto de las prestaciones de origen laboral, máxime cuando se trata de la insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción, los cuales no requieren motivación, por lo tanto se decide no acceder a la protección de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 487    Expediente   T-2548194    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-495/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    BLANCA CECILIA ROJAS CASTELLANOS VS. JULIETA QUINTERO ARIAS

Tema

Salud, vida digna. La accionante solicita se ordene a su arrendadora que dentro del menor tiempo posible proceda a hacer las reparaciones locativas necesarias ya que tiene filtraciones de agua en su vivienda, que le están ocasionando graves perjuicios a su grupo familiar, compuesto por su madre, un adulto mayor de 93 años de edad que padece neumonía, y su hijo menor de edad que sufre de asma y rinitis. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando el afectado se encuentre en estado de indefensión, los derechos sociales, económicos y culturales, la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna y su protección como derecho fundamental, los sujetos de especial protección constitucional, el derecho a la salud de la niñez y de los adultos mayores, en el presente caso se advierte que el derecho a la vivienda digna adquiere el rango de fundamental autónomo y requiere la intervención del juez de tutela para garantizar su goce efectivo e inmediato, pues ante el incumplimiento de los requisitos mínimos de habilidad y adecuación se están afectando derechos subjetivos y fundamentales de personas que tienen la calidad de debilidad manifiesta y merecen la protección reforzada del Estado, se ordena a la accionada, arreglar el daño en el sistema de alcantarillado que se presenta en su hogar y que origina la humedad de la vivienda. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 488    Expediente   T-2562758    Fecha sentencia   16-6-2010 0:00    Sentencia   T-496/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    MAGOLA QUIÑONES DE ROSERO VS. HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO ESE

Tema

Salud, vida, seguridad social, trabajo, debido proceso. La accionante comenta que, fue desvinculada de su trabajo por haber llegado a la edad de retiro forzoso, sin tener en cuenta que aun le hacían falta dos años para obtener su pensión de vejez, dejándola desprotegida. La Sala pasa a estudiar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto, específicamente para solicitar el reintegro, la edad de retiro forzoso como causal para la desvinculación del servicio de la rama ejecutiva, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se encuentra acreditado que con la aplicación objetiva de la norma sobre la edad de retiro forzoso se le vulneraron sus derechos fundamentales, por lo tanto se ordena su reintegro, en caso de que opte por seguir cotizando al sistema de pensiones, y en el caso de que manifieste su imposibilidad de seguir cotizando al régimen de pensiones y decida solicitar la indemnización sustitutiva de vejez, deberá la entidad accionada apoyarla en los trámites tendientes a obtener dicho reconocimiento y sólo podrá desvincularla hasta que efectivamente se produzca el pago de dicha prestación económica. Concede.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 489    Expediente   T-2542932    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-497/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JESUS MARIA LOAIZA CORRALES VS. ACCION SOCIAL

Tema

Vida digna, igualdad, salud, dignidad humana, demás derechos de la población desplazada. El actor comenta que es desplazado, tiene 70 años de edad y tiene a su cargo su grupo familiar, solicita se le conceda la prorroga de ayuda humanitaria ya que debido a su avanzada edad no ha podido conseguir trabajo, sin embargo la entidad accionada se ha negado a brindarle la prorroga ya que ha transcurrido más de un año desde el momento en que se ocasiono el desplazamiento. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia, acerca de el suministro de Ayuda Humanitaria de Emergencia, la atención integral para la población desplazada, derecho a la vivienda digna de la población desplazada, se ordena conceder la prorroga de la ayuda humanitaria, y adelantar las visitas necesarias para establecer la continuidad o no de tal ayuda, además se advierte que debe brindarle asesoría al actor para que pueda acudir a las entidades
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 490    Expediente   T-2539045    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-499/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GERSAIN ORTIZ DAGUA VS. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN

Tema

Libre desarrollo de la personalidad. Estando recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, desde el año 2005, refiere el accionante que en varias ocasiones los dragoniantes encargados de la vigilancia del lugar lo han obligado a raparse la cabeza con la cuchilla No. 1, sin tener en cuenta que en su niñez sufrió un accidente que le dejó una cicatriz que se torna visible con el corte, lo que le ha valido numerosas burlas de parte de sus compañeros de reclusión. Mediante derecho de petición, solicitó autorización al Director de la entidad para llevar el cabello alto y para que le permitieran el ingreso de elementos de aseo y cuidado para el mismo, pero le fue contestada en el sentido de informarle que no era posible acceder a la petición, por cuanto el régimen interno establecía que todos los reclusos debían tener un corte razonable (bajo) y que en ningún momento se les exigía que se raparan la cabeza. Luego de analizar el tema con base en la jurisprudencia existente sobre los derechos de los internos en centros penitenciarios o carcelarios y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los reclusos la Sala determinó que, a pesar de que la prohibición de usar el cabello largo constituye una medida razonable que se justifica en el sometimiento de los reclusos a un régimen jurídico especial, las directivas de la entidad accionada fueron más allá de tal exigencia y desbordaron de manera irracional y desproporcionada la finalidad de las normas disciplinarias. En tal sentido concede el amparo deprecado. CONCEDID.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 491    Expediente   T-2534738    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-500/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    NESTOR MELO JIMENEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA

Tema

Vida, seguridad social, dignidad humana, debido proceso. El accionante solicita el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual no le ha sido reconocida debido a que la entidad accionada aduce que el actor no cumple con el número de semanas requeridas por la ley. La Sala se pronuncia sobre los requisitos de subsidiariedad e inmediatez como requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, se decide no acceder a las pretensiones del actor por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Niega
Recibo Relatoria   9-8-2010 0:00


Item 492    Expediente   T-2527918    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-501/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BLANCA INES ZULUAGA MONTOYA VS. SALUD TOTAL EPS

Tema

Salud, vida digna. Comenta la accionante que se encuentra vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante, en régimen contributivo, decidió trasladarse a Salud Total EPS para poder afiliar a su madre como beneficiaria, pero dicha afiliación no se ha podido realizar ya que le exigen adjuntar su registro civil de nacimiento para demostrar el parentesco, documento al cual no puede acceder ya que al momento de su nacimiento no existía una autoridad que expidiera el registro civil, y que, solo puede anexar la partida de bautismo expedida por el párroco del municipio donde nació, solicita se ordene la afiliación de su madre al régimen de salud, ya que se encuentra enferma y requiere tratamiento médico con urgencia. La Sala se pronuncia sobre la especial protección constitucional al derecho a la salud de las personas de tercera edad, la cobertura familiar de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud mediante el régimen contributivo, los requisitos para que un cotizante afilie a otra persona al Sistema de Seguridad Social en Salud, bajo la misma cobertura, se concluye que la accionante no acreditó la urgencia de un tratamiento o medicamento necesario para atender la condición de salud de su madre, y tampoco demostró la imposibilidad de acreditar el registro civil de nacimiento o de dar inicio, oportunamente a la diligencia
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 493    Expediente   T-2490841    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-502/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    WILFRIDO SEGUNDO HERAZO HOYOS VS. ALCALDE DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y OTRIO

Tema

Igualdad, debido proceso, trabajo, confianza legítima. El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales, debido a que no fue designado como Gerente de la ESE accionada, pese a haber ocupado el primer lugar en el concurso de méritos, realizado para proveer el mencionado cargo. La Sala se pronuncia sobre el concurso de méritos, el nombramiento de Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, la jurisprudencia de esta corporación sobre el proceso mediante el cual se nombra a los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, se concluye que los derechos del actor fueron vulnerados ya que se desconoció el principio constitucional del mérito, al no haber nombrado al concursante que ocupó el primer puesto, por lo tanto se decide acceder a las
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 494    Expediente   T-2518711    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-503/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    IVAN DARIO CASTAÑEDA GALVIS VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL

Tema

Trabajo, vida digna, mínimo vital, igualdad, estabilidad laboral reforzada. El accionante prestó sus servicios al Ejercito Nacional al cual ingresó en perfectas condiciones de salud, sin embargo su salud se fue deteriorando, ya que mientras prestaba el servicio sufrió de leshmaniasis, una lesión en la rodilla e hipoacusia por haber sufrido exposición crónica al ruido, esto le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 28.25%, clasificando su enfermedad en permanente y parcial, no apto para la actividad militar, por lo tanto fue retirado del servicio, el actor solicita se ordene su reubicación en las actividades militares como, guía canino, mecánico automotriz, etc. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores discapacitados, el derecho a la reubicación del trabajador que ve disminuida su capacidad laboral, el régimen legal de los soldados profesionales, se concluye que el Ejercito Nacional vulneró los derechos fundamentales del actor, por lo tanto deberá reubicarlo, teniendo en cuenta, su grado de escolaridad, sus habilidades y destrezas, en una actividad que pueda desempeñar. Concede.
Recibo Relatoria   13-9-2010 0:00


Item 495    Expediente   T-2554137    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-504/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    ROSALBA IZQUIERDO PUELLO Y OTRO VS. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Tema

Igualdad, debido proceso, seguridad social, vida digna. Los accionantes consideran que la entidad accionada desconoce sus derechos fundamentales al no hacerles efectivo el reajuste personal establecido en el artículo 143 de la ley 100 de 1993, solicitan se ordene el pago del reajuste indexado al valor actual desde el día en que fueron pensionados. La Sala se pronuncia sobre la inmediatez cono requisito de procedencia de la acción de tutela, la aplicación e interpretación del reajuste pensional contemplado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, se encuentra que los actores no cuentan con los requisitos para ser beneficiarios de la ley 100 de 1993 en cuanto al porcentaje de cotización en materia de salud y por lo tanto deberán seguir cotizando sobre el 12%. Niega.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 496    Expediente   T-2558060    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-505/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    AMPARO DEYANIRA CAÑON VS. JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, administración de justicia. La accionante comenta que inició demandada dentro de un proceso abreviado, para que se le reconociera su derecho a una servidumbre de tránsito, en primera instancia le fue concedida y en segunda instancia se revocó la decisión por que se acepto la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la parte demandada, la accionante aduce que dicha excepción fue admitida irregularmente. La Sala realiza unas consideraciones sobre las características y la naturaleza jurídica de la tutela, la procedencia de la acción de tutela para atacar decisiones judiciales, se encuentra que el Juzgado accionado incurrió en una irregularidad que afecto los derechos fundamentales de la actora, por esta razón es viable la procedencia de la acción de tutela. Concede.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 497    Expediente   T-2590288    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-506/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ CARMONA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL ANTIOQUIA

Tema

Mínimo vital, seguridad social, vida digna. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a la que considera tener derecho debido al fallecimiento de su hijo de quien dependía económicamente. La Sala concluye que aparece probado que durante el tramite de la acción le fue reconocida la pensión de sobreviviente a la actora , por lo tanto se decide declarar la existencia de hecho superado.
Recibo Relatoria   21-7-2010 0:00


Item 498    Expediente   T-2531615    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-507/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OLIVIA ORLINA OYOLA PETRO VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO

Tema

Igualdad, trabajo, mínimo vital. La accionante, comenta que fue nombrada como profesora en provisionalidad desde septiembre de 2003, solicita su nombramiento en carrera administrativa como etnoeducadora, sin concurso ya que según la accionante en la sentencia 08 de 2007 se declaró que al no existir una regulación específica para concursos en carrera de educadores indígenas, la normatividad aplicable es la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995 en los cuales no se establece ningún concurso, por lo tanto su nombramiento debe hacerse simplemente con el concepto previo de las autoridades indígenas. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la temeridad para presentar acciones de tutela, se pronuncia sobre los concursos públicos de méritos, el concurso público en las comunidades indígenas, los funcionarios en provisionalidad, se concluye que la Alcaldía accionada al no nombrarla en carrera administrativa con el argumento de que no existe concurso público para proveer los cargos, no vulnera sus derechos, y las presuntas afectaciones al derecho al trabajo y al mínimo vital son fruto de hipótesis de difícil concreción, y existe evidencia de que la accionante ha gozado de estabilidad laboral durante más de diez años, se determina que no procede el amparo constitucional en las circunstancias anotadas por la solicitante. Niega.
Recibo Relatoria   2-9-2010 0:00


Item 499    Expediente   T-2536601    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-508/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GABRIEL GERARDO RIVERA RIVERA VS. TRANSMILENIO S.A.

Tema

Igualdad, libertad de locomoción. El actor comenta que sufre de luxación lumbar debido a ello no puede cargar ningún tipo de maleta o morral para transportar sus objetos personales, por lo que lleva consigo un canastito de ruedas para transportar sus libros, sus objetos de trabajo y alimentos, alega que la empresa de transportes accionada le ha negado el acceso a su sistema de transporte por llevar consigo el canastito. La Sala encuentra que el actor no demostró contar con una discapacidad, no ha sido marginado o excluido del acceso al servicio público, ya que la prohibición de ingresar el carro metálico con filo, está claramente prohibida en el manual de usuarios no corresponde a una decisión arbitraria de la entidad accionada, además cuenta con una forma alternativa para movilizarse ya que si puede ingresar con una maleta con ruedas, se concluye que la carga que debe soportar el actor no es excesiva, por lo tanto se decide no acceder a sus pretensiones. Niega.
Recibo Relatoria   5-10-2010 0:00


Item 500    Expediente   T-2540724    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-509/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    JUAN VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida, salud, seguridad social, igualdad. El accionante sufre de VIH, lo que le ocasiona una pérdida de capacidad laboral del 60%, con fecha de estructuración 10 de febrero de 1994, no le fue reconocida la pensión de invalidez debido a que no cumplía con el mínimo de semanas requeridas para acceder a ella, en varias ocasiones solicitó que se rectificara la fecha de estructuración pero la resolución fue confirmada. La Sala estudia la línea jurisprudencial en torno al reconocimiento pensional de personas portadoras de VIH-SIDA, el principio de progresividad en el Sistema General de Seguridad Social, los requisitos normativos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, la regla jurídica para determinar el régimen legal aplicable para reconocer la pensión de invalidez, la importancia del principio de favorabilidad y de progresividad, en el caso de la personas que habiendo sido declaradas inválidas, continuaron realizando aportes al sistema pensional, se ordena reconocer y pagar la pensión de invalidez teniendo en cuanta la fecha en la cual fue realizada por primera vez la petición de tal reconocimiento. Concedida.
Recibo Relatoria   24-1-2011 0:00


Item 501    Expediente   T-2477842    Fecha sentencia   17-6-2010 0:00    Sentencia   T-510/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JOSE MARIA ZAPATA GALEANO VS. MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO

Tema

Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, igualdad, trabajo, vida digna. El actor empezó a laborar para el Ejercito Nacional en enero de 1999, comenta que ingresó con un excelente estado de salud, sin embargo debido a actividades propias del servicio militar su salud se ha ido deteriorando por lo que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 27.09%, por lo que fue trasladado al Batallón de Sanidad en donde empezó a formar parte de la Banda Sinfónica de la Brigada Logística, sin embargo en julio de 2009, se expidió un acto administrativo en donde se le comunicó el cese militar definitivo, en razón a la pérdida de capacidad psicofísica, el actor solicita ser reintegrado a la institución, ya que puede seguir desempeñando diversas actividades como lo fue haciendo durante el tiempo que fue trasladado. La Sala se pronuncia sobre el principio de solidaridad y la especial protección constitucional a las personas discapacitadas y en condiciones de vulnerabilidad manifiesta, se hace un recuento de las reglas jurisprudenciales relativas a la garantía y continuidad en la prestación de servicios de salud, aplicables a los soldados profesionales, se concluye que la situación del actor es bastante precaria, ya que su limitación física requiere atención médica de manera inmediata, por lo que se ordena a la entidad accionada prestarle el servicio médico requerido, además se ordena vincularlo a programas de apoyo para que pueda desenvolverse en otra área laboral. Concedida.
Recibo Relatoria   19-11-2010 0:00


Item 502    Expediente   T-2395898    Fecha sentencia   18-6-2010 0:00    Sentencia   T-511/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ZONIA BETANCOURT ROJAS Y OTRA VS. POLICIA NACIONAL

Tema

Petición y acceso a la información. La accionante presentó petición a la entidad accionada, mediante la cual solicitaba información sobre las patrullas de la Policía Nacional que se encontraban en el barrio El Tunal, el 22 de abril de 2008, entre las 6:30 am y 7:00 a.m., esta información fue solicitada con el fin de remitirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organización que investiga la desaparición del Sr. Guillermo Rivera, la cual acaeció a la misma hora y en el mismo lugar donde circulaban las patrullas de Policía, el Comandante de la Sexta Estación de Tunjuelito, dio respuesta a la solicitud de información y manifestó que el material fotográfico no era claro, toda vez que no permitía la identificación de las patrulla, lo que hacía imposible determinar los agentes que se encontraban en su interior, alega la accionante que la respuesta además de ser extemporánea es evasiva y no responde a las inquietudes planteadas, puesto que se limita a informar algo que ya era de su conocimiento. La Sala se pronuncia sobre el contenido y alcance del derecho de petición, el derecho al acceso a la información, la naturaleza, el contenido y el alcance constitucional del derecho, el precedente sentado por la sentencia de 2007, se decide acceder a la protección de los derechos invocados, debido a que la información solicitada tiene carácter público, además no son aplicables las restricciones señaladas en la mencionada sentencia ya que se trata de hechos acaecidos en la ciudad de Bogotá y de miembros de la Policía Nacional que laboran y residen en esta ciudad y no en una zona con graves problemas de orden público, las entidades accionadas allegaron a esta corporación algunos de los documentos requeridos por las peticionarias, razón por la cual se ordenará se expida copia de dichos documentos, además se ordena a el Comandante de la Sexta Estación de Tunjuelito, que suministre la información solicitada por las accionantes. Concede.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 503    Expediente   T-2590516    Fecha sentencia   18-6-2010 0:00    Sentencia   T-512/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    VICTOR HUGO BURGOS MORA VS. JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso, defensa. El actor alega que se inició contra el un proceso ejecutivo, y no fue debidamente notificado, por lo tanto solicito la nulidad del proceso, pero dicha nulidad fue rechazada, además no se contabilizaron los alivios, ni los pagos efectuados después de la presentación de la demanda, solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias generales, el requisito de inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, en el presente caso la tutela resulta improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez.
Recibo Relatoria   18-8-2010 0:00


Item 504    Expediente   T-2355697    Fecha sentencia   18-6-2010 0:00    Sentencia   T-513/10
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SANDRA CATALINA RENDON ZAPATA VS. COOPTAR CTA Y CLINICA UROS

Tema

Salud, trabajo, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada. La accionante prestaba sus servicios profesionales al servicio de la Clínica accionada a través de la cooperativa COOPTAR, se le diagnosticó cáncer de mama lo cual le generó varias incapacidades, al momento de su recuperación se presentó a la Clínica para conocer su horario de trabajo y fue informada de que sus servicios ya no eran requeridos, quedando desprotegida y desafiliada del régimen de Seguridad Social en Salud. La Sala estudia el contrato cooperativo y las cooperativas de trabajo asociado, la subordinación en las cooperativas de trabajo asociado, las personas con afecciones a la salud como sujetos de especial protección, se concluye que los derechos de la accionante han sido vulnerados por la cooperativa y por la clínica accionadas, se ordena su reintegro y se dejan los demás aspectos de la acción como la determinación del tipo de contrato, la indemnización por despido sin justa causa entre otros a la justicia ordinaria. Concede.
Recibo Relatoria   25-8-2010 0:00


Item 505    Expediente   T-2501498    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-514/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARIA CECILIA LOZANO VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Vivienda digna. La accionante actúa como representante legal de la asociación de mujeres desplazadas del Meta, ASOMUDEM, comenta que ella y las personas a las que representa suscribieron varios contratos como compradoras de bienes inmuebles de vivienda de interés social, en desarrollo del contrato recibieron los inmuebles, aunque encontraron serias deficiencias que afectan sus derechos fundamentales, solicitan se ordene a las entidades accionadas, realizar un diseño de plan de mejoramiento de vivienda y ordenar la entrega de las viviendas que aún no están en manos de sus propietarios. La Sala encuentra que en el presente caso la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez, ya que dejaron transcurrir dos años y ocho meses sin que se tomaran cartas en el asunto, ni se presentara ningún tipo de reclamo ante las entidades accionadas, además cuentan con mecanismos ordinarios de defensa para hacer valer sus derechos se decide declarar improcedente la acción impetrada.
Recibo Relatoria   27-8-2010 0:00


Item 506    Expediente   T-2560287    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-515/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    BLANCA LUCIA GOMEZ GARCIA VS. FONVIVIENDA

Tema

Vivienda digna, mínimo vital, debido proceso. El actor manifiesta que la entidad accionada se ha negado a reconocerle un subsidio de vivienda, argumentando que uno de sus miembros es propietario de un predio en el lugar donde fueron desplazados. La Sala pasa a estudiar como asunto previo la temeridad en la presente acción, se encuentra que si bien la accionante presentó una anterior acción de tutela contra la misma entidad, los hechos no son los mismos, en consecuencia no se evidencia temeridad en el presente caso, luego se pronuncia sobre el retorno o reubicación como modalidades para el acceso de la población desplazada al subsidio de vivienda, y el derecho a la vivienda digna de la población desplazada, se concluye que la entidad accionada vulneró los derechos de la accionante, por lo tanto se ordena realizar un estudio de seguridad de la zona de retorno, para que la accionante pueda tomar una decisión sobre su retorno o reubicación, sí las condiciones de seguridad son adecuadas para que se produzca el retorno, no puede ser beneficiara del subsidio por cuanto un miembro de su grupo familiar es propietario de un bien en la zona de retorno. Concede.
Recibo Relatoria   5-10-2010 0:00


Item 507    Expediente   T-2554163    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-516/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    REINERO MELECIO VS. NUEVA EPS

Tema

Seguridad social, salud, vida digna. El demandante solicita se le autorice la entrega de la sutura para hombro con anclaje en titanio el cual no se encuentra incluido en el POS, dicho material se requiere para realizarle una cirugía de reparación de manguito rotador y acromioplastia, la cual ya se encuentra aprobada pero no se ha podido llevar a cabo por la falta de materiales. La Sala recuerda los requisitos para solicitar mediante tutela un tratamiento médico excluido de la regulación legal y reglamentaria del derecho a la salud, durante el trámite de la acción se envió por parte de la entidad accionada el respectivo reporte, informando que la cirugía ya fue realizada, por lo tanto se declara la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado.
Recibo Relatoria   30-9-2010 0:00


Item 508    Expediente   T-2548769    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-518/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JOSE DOMINGO MENDOZA PADILLA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Igualdad, debido proceso, trato digno, mínimo vital. El accionante solicita se ordene al ISS el reconocimiento de su pensión de vejez, por encontrarse en una situación de indefensión y reunir los requisitos para adquirir el estatus, además solicita que el pago sea retroactivo desde el momento en que se notificó de su desvinculación al cargo público y la reliquidación de los factores salariales a que haya lugar. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, se concluye que el actor es un sujeto de especial protección, al cual se le esta afectando su mínimo vital debido a la falta de diligencia por parte del ISS de evaluar la solicitud, se ordena reconocer y pagar la pensión solicitada. Concedida.
Recibo Relatoria   8-2-2011 0:00


Item 509    Expediente   T-2506429 Y OTROS    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-519/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ROBERT MAURICIO MORALES RUIZ Y OTROS VS. CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA

Tema

Debido proceso, educación, libertad de escoger profesión u oficio. Se acumulan expedientes por unida de materia. Los accionantes alegan que la Institución Universitaria accionada, anuló sus títulos profesionales, por haber presentado documentos falsos para acreditar el dominio básico de una segunda lengua, solicitan se declare la nulidad de las actuaciones de la Institución accionada y se ordene la entrega de sus títulos profesionales. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la potestad disciplinaria de las instituciones universitarias, el derecho al debido proceso en los procesos administrativos y disciplinarios adelantados en las instituciones universitarias, se estudian precedentes jurisprudenciales donde se resolvió el mismo caso, en las sentencias T-768/09 y T-020/10 , en las cuales se estableció que la exigencia de un segundo idioma no es un requisito excesivo para obtener el título universitario, en el presente caso se concluye que la Institución accionada respetó el debido proceso administrativo en la anulación y en la imposición de la sanción disciplinaria a los estudiantes, resultando legítima su actuación, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones incoadas. Niega.
Recibo Relatoria   8-10-2010 0:00


Item 510    Expediente   T-2556204    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-520/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    SAMUEL MOSQUERA MEDINA VS. LA NACION - MINDEFENSA Y OTRO

Tema

Igualdad, mínimo vital. El accionante es Sargento Mayor activo del Ejército Nacional y aduce haber acreditado y entregado los requisitos y documentos correspondientes para obtener el ascenso al grado de Sargento Mayor de Comando. Se refiere en la demanda que en octubre del 2008, la entidad dio a conocer la relación de personal que fue considerado para ascenso en el mes de marzo del 2009, en el cual figuraba su nombre. A todos los que estaban en la lista les fue concedido el ascenso, excepto a él, motivo por el cual elevó derecho de petición solicitando su promoción. En la respuesta a dicha petición, la entidad se ratificó en la decisión de no promoverlo al grado inmediatamente superior, por no cumplir con los requisitos mínimos legales para el ascenso de suboficiales. Luego de analizar el caso, la Sala concluyó que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciere posible la procedencia de la acción de tutela de manera excepcional y transitoria, por lo cual el peticionario debe acudir a otro medio de defensa judicial para obtener la protección de sus derechos fundamentales. DENEGADA
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 511    Expediente   T-2554390    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-521/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BLANCA SOFIA RIAÑO DE VELASQUEZ VS. ARP COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.

Tema

Mínimo vital, seguridad social, vida digna, salud, debido proceso. La accionante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, ocasionada por el fallecimiento de su hijo, la cual le fue negada por no acreditar la dependencia económica de su hijo fallecido. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de pensiones, se encuentra que la situación económica de la accionante no es precaria y que por lo tanto puede
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 512    Expediente   T-2550039    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-522/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CRISTOBAL MARTINEZ BLANDON VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, SECCIONAL ATLANTICO

Tema

Mínimo vital, salud, dignidad humana. El actor solicita se ordene el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, a la cual considera tener derecho por haber cumplido con los requisitos de edad y tiempo de cotización. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones, se concluye que el actor pese a ser un sujeto de especial protección, no demostró de manera ni siquiera sumaria que requiera la protección urgente de sus derechos fundamentales, por lo tanto la acción no resulta procedente ya que cuenta con otros
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 513    Expediente   T-2545947    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-523/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSE MANUEL ALBIS VS. COMANDANTE DEL BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADOR N 28 DEL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Tema

Petición. Comenta el actor que su vehículo fue impactado por una ambulancia de uso oficial perteneciente a las Fuerzas Militares de Colombia, debido a la colisión su vehículo quedó inmovilizado, la póliza de la ambulancia no cubrió el costo de los daños ocasionados, por lo tanto presentó derecho de petición ante la entidad accionada con el fin de que se le brindara alguna solución frente a los daños que sufrió su vehículo, sin que al momento de presentar la acción no se le ha dado respuesta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el alcance y ejercicio del derecho de petición, se concluye que, pese a que en el trámite de la acción se dio respuesta al derecho de petición elevado por el actor, se decide acceder a la protección del derecho debido ya que se desconoce en que términos fue proferida dicha respuesta y si el petente fue
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 514    Expediente   T-2503813    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-524/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ENA VICTORIA MARIMON ESCOBAR VS. FISALIA GENERAL DE LA NACION

Tema

Trabajo, debido proceso administrativo, estabilidad, unidad familiar. La accionante se desempeña como Fiscal Local de la Unidad de Responsabilidad Penal de Infancia y Adolescencia en el Municipio de Montería y fue trasladada al Municipio de Valledupar, con el fin de descongestionar los procesos a cargo de esta seccional, pero al momento de su arribo se percato que la plaza que iba a ocupar en esta ciudad no existía, alega además que el traslado se dio sin que se tuviera en cuenta su particular situación familiar, solicita se ordene revocar la resolución que dispuso su traslado y se proceda a reintegrarla a la Seccional de Montería. La Sala estudia la subsidiariedad como parámetro de procedibilidad de la acción de tutela, se concluye que el traslado de la accionante no resulta una carga desproporcionada o irrazonable, y no se encuentra ante la inminencia de un perjuicio irremediable por lo tanto la acción no resulta procedente ya que puede acudir a mecanismos ordinarios de defensa. Niega.
Recibo Relatoria   3-8-2010 0:00


Item 515    Expediente   T-2537075    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-525/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ALFREDO CORENA BALLESTEROS VS. MUNICIPIO DE SAN ANTERO CORDOBA

Tema

Igualdad, seguridad social, mínimo vital. El accionante es apoderado de 62 demandantes los cuales solicitan se ordene el reconocimiento del subsidio familiar a que consideran tener derecho, el cual se le adeuda a las cajas de compensación, por parte de la alcaldía accionada, comentan que en varias ocasiones han realizado la solicitud al municipio sin obtener ningún tipo de respuesta. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los elementos objetivos de procedencia de la acción de tutela, circunstancias excepcionales que determinan la procedibilidad de la tutela, la acción de tutela respecto de las acreencias de carácter laboral y en especial, frente al subsidio familiar, la igualdad ante la ley y el precedente, se concluye que la acción de tutela es improcedente en el presente caso, por cuanto no cumple con los requisitos de subsidiariedad, inmediatez, ni se esta ante la inminencia de un perjuicio irremediable, por lo tanto se decide revocar las sentencias de primera y segunda instancia y se ordena al representante de los demandantes restituir el dinero pagado, ya que se ha perdido el fundamento jurídico de las sentencias y por lo tanto carece de justo título, además se remite copia del expedientes a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer la responsabilidad tanto del abogado como de los jueces de instancia. Niega.
Recibo Relatoria   15-12-2010 0:00


Item 516    Expediente   T-2499572    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-526/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    GONZALO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Debido proceso, vida digna, seguridad social, mínimo vital. El accionante solicita la reliquidación de su mesada pensional, la cual considera que debe ser equivalente al 75% del salario promedio que devengó en su último año de servicios como Contralor General de la República, solicita le sean aplicados los artículos 1 y 3 de la Ley 33 de 1985, artículo 1 de la ley 62 de 1985, artículo 15 de la ley 4 de 1992 y el artículo 2 del Decreto 393 de 2006, teniendo en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación mensual, prima especial de servicios y la prima de navidad, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para reliquidar una pensión de vejez, del expediente no se desprenden elementos de juicio que permitan concluir que ha acaecido o acaecerá en el accionante un perjuicio irremediable que haga procedente la acción, ya que el actor esta recibiendo su mesada pensional y no se encuentra en una situación económica crítica, se declara improcedente la acción.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 517    Expediente   T-2521246    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-527/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    AGUAS MANIZALES S.A. VS. JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALDAS

Tema

Debido proceso. Se instauró una acción popular contra la empresa de Aguas de Manizales S.A., debido a que dicha empresa estaba contaminando la cuenca del río Chinchiná, debido a ello el juez segundo administrativo de caldas ordenó realizar obras de tratamiento de aguas residuales para la recuperación de la cuenca, en un plazo de dos años, alega la empresa que dicho fallo incurrió en varios defectos, sustantivo, ya que no se vincularon a otros posibles responsables que deberían contribuir con la descontaminación del río, otro defecto sustantivo consistió en inaplicar el artículo 3 de la Resolución 1433 de 2004, de acuerdo a la cual los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, deben proyectarse en un horizonte mínimo de diez años, mientras que su ejecución deberá programarse de acuerdo con el programa de actividades establecidas en el mismo y un defecto fáctico ya que no se realizó ningún proceso de valoración probatoria, llevando a establecer en un término arbitrario para la ejecución de las obras, poniendo en peligro la estabilidad financiera de la empresa y obligándola a realizar un incremento desbordado de las tarifas del servicio público de acueducto y alcantarillado. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y providencias proferidas en el curso de una acción popular, los requisitos de procedencia de la acción de tutela, se concluye que no existe razón para aceptar la solicitud ya que no cumple con el requisito de inmediatez, además porque la empresa ya se encuentra ejecutando la obra, se decide rechazar la acción por improcedente.
Recibo Relatoria   14-12-2010 0:00


Item 518    Expediente   T-2486239    Fecha sentencia   21-6-2010 0:00    Sentencia   T-528/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    OSCAR HERNAN VANEGAS MORALES VS. COMFAMA Y OTROS

Tema

Vivienda digna, habeas data, reubicación. El peticionario y su familia fueron desplazados por la violencia del corregimiento de Bejuquillo, ubicado en el municipio de Mutatá (Antioquia), desde el año 1995. En el año 1997, el INCORA, mediante escritura pública, le adjudicó un predio en el municipio de Jerusalén (Cundinamarca), para que desarrollara en él un proyecto productivo. Dado a que el inmueble no contaba con servicios públicos, ni vivienda, ni las condiciones del suelo eran propicias y, por recibir amenazas por parte de otras familias beneficiarias del proyecto, el peticionario y su familia abandonaron el predio y se desplazaron por segunda vez. En el año 2007, el actor se postuló para acceder a un estudio familiar de vivienda para población en situación de desplazamiento, en la modalidad de reubicación. Dicha solicitud fue inicialmente acogida al ser calificado como beneficiario para acceder al subsidio, pero de manera posterior, se rechazó el otorgamiento del subsidio bajo el argumento de contar con propiedad o propiedades en sitio diferente al de la expulsión. Para el actor, esta situación no corresponde a la realidad, pues pese a que aparece en el Registro de Instrumentos Públicos como propietarios del inmueble que les adjudicó el INCORA en 1997, él afirma haber renunciado a dicha adjudicación. Para resolver, la Sala reitera los fundamentos acerca de la especial protección constitucional con que gozan las personas víctimas de la violencia y, reitera jurisprudencia sobre: i). el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna en el caso de la población en condición de desplazamiento, ii). Reglas que gobiernan las inscripciones y actualizaciones de la información contenida en el RUPD y, iv). Derecho fundamental de los desplazados a la reubicación. Se CONCEDE el amparo de los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes a las entidades involucradas, para que procedan a hacer efectivo el goce y disfrute de los mismos.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 519    Expediente   D-7920    Fecha sentencia   23-6-2010 0:00    Sentencia   C-529/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANDRES CHINCHILLA ROZO VS. LEY 797 DE 2003 ARTICULO 4

Tema

Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales” artículo 4, regula la obligatoriedad de las cotizaciones, el aparte acusado es el siguiente “La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente”, el demandante considera vulnerado el principio de solidaridad, ya que la norma debió optar por mantener la cotización a pensiones siempre que exista una relación de trabajo remunerada, además considera vulnerado el principio de estabilidad de empleo. La Corte, determinó que existe ineptitud del cargo sobre vulneración del principio de estabilidad de empleo, por lo tanto se pasa a estudiar el cargo por posible vulneración del principio de solidaridad, se pronuncia sobre el principio de solidaridad como fundamento del Estado Social de Derecho Colombiano, el alcance de la disposición demandada, los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, los requisitos para que cese la obligación de cotizar al sistema general de pensiones, se concluye que la norma constituye un ejercicio cabal de la facultad que la Constitución le otorga al legislador para configurar los elementos específicos del principio solidario en el sistema de seguridad social, se decide declarar EXEQUIBLE la norma acusada por el cargo analizado.
Recibo Relatoria   27-1-2011 0:00


Item 520    Expediente   D-7950    Fecha sentencia   23-6-2010 0:00    Sentencia   C-530/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARGOTH TIRADO MORENO Y OTROS VS. LEY 1060 DE 2006 ARTICULO 216 PARCIAL

Tema

Código Civil reformado por la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y de la maternidad”, el aparte acusado es el siguiente “ciento cuarenta (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico” los demandantes consideran que dicho aparte vulnera los artículos 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 21, 23, 29, 42, 83, 228, 229 y 230 de la Constitución, ya que el precepto acusado al establecer un tiempo límite para impugnar la paternidad vulnera los principios de igualdad, dignidad humana e impide el acceso a la administración de justicia. La Corte después de realizar un análisis formal de los cargos, concluye que los demandantes se abstuvieron de indicar de modo siquiera sumario, cuáles son los motivos o necesidades imperiosas que ellos consideran que existen para cuestionar la constitucionalidad del precepto acusado, por lo tanto se decide INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud de la demanda.
Recibo Relatoria   6-12-2010 0:00


Item 521    Expediente   T-2404454    Fecha sentencia   25-6-2010 0:00    Sentencia   T-531/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUZ MARINA GOMEZ JIMENEZ VS. JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE MONTERIA Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración judicial, igualdad procesal. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado en contra de la accionante, se avalúo un bien inmueble de su propiedad en la suma de $7.641.000 y a su juicio, este valor es irrisorio y dista mucho del precio real que le corresponde, habida cuenta que en la ciudad de Montería ninguna casa de habitación puede ser adquirida por ese monto. A juicio de la demandante, su situación habría sido diferente si el juez hubiera aplicado la Constitución y hubiera atendido su ruego, varias veces propuesto en el proceso ejecutivo, de determinar si el avalúo era idóneo para servir como base del remate que se efectuó. La Sala concluye que aún cuando la regularidad formal del trámite de ejecución adelantado en contra de la demandante no admite reparo alguno, los jueces se ciñeron de modo tan estricto al procedimiento que incurrieron en un exceso de ritual manifiesto contrario al debido proceso de la deudora, al derecho a que su acceso a la administración de justicia estuviera orientado en la prevalencia del derecho sustancial y a su derecho a la igualdad procesal. Se CONCEDE el amparo solicitado, se declara la NULIDAD de todo lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario a partir del auto que aprobó el avalúo presentado y se ordena al Juez de primer instancia REHACER la actuación y ordenar la realización de un nuevo avalúo del inmueble dado en garantía, a fin de determinar su valor real como base para adelantar la ejecución solicitada en la demanda ejecutiva.
Recibo Relatoria   16-1-2012 0:00


Item 522    Expediente   T-2577299    Fecha sentencia   29-6-2010 0:00    Sentencia   T-532/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS JORGE CERQUERA GIRALDO VS. PROTECCION CESANTIAS Y PENSIONES

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante tiene una pérdida de capacidad laboral del 67.8%, solicita se ordene el reconocimiento de su pensión de invalidez, la cual le ha sido negada por no cumplir con el requisito de fidelidad. La Sala recuerda la decisión tomada en la sentencia 28 de 2009, se concluye que el actor cumple con los requisitos actualmente vigentes para obtener la pensión de invalidez, por lo tanto se ordena su reconocimiento y pago. Concede.
Recibo Relatoria   20-8-2010 0:00


Item 523    Expediente   T-2569850    Fecha sentencia   29-6-2010 0:00    Sentencia   T-533/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA DEL CARMEN MONTES SANCHEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL CALDAS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante sufre de pérdida de capacidad laboral del 58.54%, solicita se ordene el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual no le ha sido reconocida por no cumplir con el requisito de fidelidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela en el reconocimiento y cobro de acreencias pensionales, el requisito de inmediatez en la acción de tutela, la normatividad legal en torno a la pensión de invalidez, se recuerda que el requisito de fidelidad no le puede ser exigido a los afiliados que soliciten su pensión de invalidez, se concluye que la accionante cumple con los requisitos para acceder a la pensión y por lo tanto se ordena el reconocimiento y pago de la misma. Concede.
Recibo Relatoria   20-8-2010 0:00


Item 524    Expediente   T-2568946 Y OTROS    Fecha sentencia   29-6-2010 0:00    Sentencia   T-534/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JUAN PABLO CASTAÑEDA OSORIO Y OTROS VS. BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS Y OTROS

Tema

Vida, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes solicitan el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, los cuales les han sido negados por las entidades accionadas alegando que los causantes no cumplieron con el requisito de fidelidad. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de las prestaciones sociales, la naturaleza, objeto y finalidad de la sustitución pensional, los elementos característicos del derecho a la sustitución pensional, el derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional como imprescriptible, la seguridad social y la prohibición de retrocesos constitucionales, la progresividad en el sistema de pensiones y la no regresividad de la pensión de sustitución pensional, la sentencia C-556/09 y el estudio de constitucionalidad de los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se decide acceder a la protección de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, salvo en dos casos en los cuales no se demostró la inminencia de un perjuicio irremediable.
Recibo Relatoria   20-8-2010 0:00


Item 525    Expediente   T-2584143    Fecha sentencia   29-6-2010 0:00    Sentencia   T-535/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DONALDO MORENO OSORIO VS. MEGASERVICIOS DE LA COSTA LTDA

Tema

Vida digna, mínimo vital. El actor solicita se ordene a la entidad accionada, cancelarle los salarios correspondientes a mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2009, ya que esta situación esta afectando sus derechos fundamentales, dado que su salario es su único medio de subsistencia. La Sala se pronuncia sobre el derecho al pago oportuno del salario y la procedencia excepcional de la acción de tutela para garantizarlo, se concluye que en este caso debe aplicarse la presunción de afectación al mínimo vital, por lo tanto se decide acceder a la protección de los derechos invocados y se ordena a la entidad accionada, pagar los salarios adeudados junto con las prestaciones sociales. Concede.
Recibo Relatoria   20-8-2010 0:00


Item 526    Expediente   T-2576558    Fecha sentencia   29-6-2010 0:00    Sentencia   T-536/10
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE JOAQUIN MANGA RAMOS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PELAYO CORDOBA

Tema

Vida, salud, mínimo vital, vejez. Los actores son pensionados del municipio accionado, comentan que el pago de sus mesadas se viene realizando de manera incumplida y se ha dejado de realizar el pago de aportes a salud, lo que ha generado que el servicio les sea suspendido, solicitan se ordene al municipio, el pago completo y oportuno de las mesadas pensionales y de las primas a que tienen derecho y que al igual se ponga al día con los pagos de las cotizaciones en materia de salud, para que los servicios médicos sean reactivados. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para lograr el pago de pensiones, la presunción de vulneración del mínimo vital por incumplimiento prolongado en el pago de las mesadas pensionales, el derecho al pago completo y oportuno, se concluye que la difícil situación financiera por la que atraviesa el ente territorial no es excusa para eximirlo de cumplir con la obligación de garantizar el pago completo y oportuno de las mesadas pensionales, se decide conceder la protección solicitada extendiendo sus efectos al pago de mesadas causadas hasta la fecha de notificación del fallo. Concede.
Recibo Relatoria   20-8-2010 0:00


Item 527    Expediente   D-7942    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   C-537/10
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CAMILO PABON ALMANZA Y OTRA VS. LEY 1340 DE 2009 ARTICULO 24

Tema

Ley 1340 de 2009, artículo 24 (parcial) “Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”, la norma regula la doctrina probable y la legítima confianza, respecto a las decisiones tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el aparte acusado es el siguiente “tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto constituyen doctrina probable”, los demandantes consideran vulneradas las siguientes normas de la Constitución, artículo 113, debido a que la Rama Ejecutiva no puede influir o tener alguna injerencia en las decisiones de la Rama Judicial, artículo 116, debido a que las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio no son de carácter privativo, ya que el Juez Civil puede conocer a prevención de dichos procesos, artículos 234 y 235, ya que la Superintendencia en sus funciones jurisdiccionales excepcionales, no puede crear doctrina, esto crearía inseguridad jurídica ya que tanto la Corte Suprema como la Superintendencia podrían crear doctrina probable, dando lugar a una doble posibilidad que crearía inseguridad jurídica, por último consideran vulnerado el artículo 13, debido a que dependiendo de la jurisdicción a la que acudan los demandantes recibirían una solución distinta. La Corte pasa a estudiar las competencias delegadas a la Superintendencia de Industria y Comercio en la Ley 1340 de 2009, se estudian los antecedentes legislativos y la interpretación sistemática respecto de los cargos planteados por los demandantes con relación a la inconstitucionalidad de la norma acusada, se analiza si del aparte demandado se puede extender la competencia jurisdiccional a la competencia desleal y protección al consumidor de la Superintendencia, se hacen consideraciones en torno a la doctrina probable regulada en el artículo demandado, se concluye que la doctrina probable de la SIC solo es extensible a los casos relacionados con la regulación y vigilancia de la competencia desleal y la publicidad contraria a la libre competencia, además no existe prohibición constitucional para que a través de la Ley se pueda establecer la figura de la doctrina probable de carácter administrativo, por lo tanto se decide declarar el aparte acusado Exequible.
Recibo Relatoria   2-7-2010 0:00


Item 528    Expediente   LAT-333    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   C-538/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. LEY 1208 DE 2008

Tema

Revisión de constitucional del “Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998”, y de la Ley aprobatoria número 1208 del 14 de julio de 2008. La Corte realiza una revisión formal del tratado, la negociación, celebración y aprobación ejecutiva del protocolo, la remisión del tratado y su ley aprobatoria por el Gobierno de la Corte Constitucional, luego se pasa a estudiar el trámite dado a la Ley 1208 de 2008, se le realiza una revisión formal de la Ley, se encuentra que el trámite surtido ante el Congreso de la República fue cumplido a cabalidad con las exigencias previstas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso para la aprobación de este tipo de normas, por lo tanto desde el punto de vista formal se declara la exequibilidad de la ley estudiada, luego se realiza una revisión material del Protocolo de Ushuaia, respecto de este punto se concluye que el Protocolo y su Ley aprobatoria armonizan con los fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución, particularmente con los que armonizan con las relaciones internacionales y la integración económica, social y política en Latinoamérica y del Caribe, por lo tanto se decide declarar la Exequibilidad del tratado y de su ley aprobatoria, se realiza un condicionamiento respecto del artículo 6 de la ley aprobatoria consistente en la imposibilidad de participación del Estado colombiano, se refiere exclusivamente a la adopción de la decisión, más no a la viabilidad de intervenir dentro del proceso, con la finalidad de garantizar el ejercicio cabal de su derecho de contradicción y defensa.
Recibo Relatoria   24-9-2010 0:00


Item 529    Expediente   D-7983    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   C-539/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ TAMAYO VS. DECRETO 028 DE 2008 ARTICULO 21

Tema

Decreto 028 de 2008, artículo 21 “Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones” la norma regula inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, el demandante considera que esta disposición vulnera los artículos 2, 13, 7 y 229 constitucionales ya que ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las entidades territoriales adquiridas para cumplir los propósitos del SGP, los respectivos acreedores quedan desprotegidos, en cuanto no pueden perseguir los referidos recursos de la Sistema de financiación. La norma otorga un trato preferencial a los entes territoriales frente a las demás entidades públicas, a quienes no confiere el mismo privilegio de inembargabilidad de sus recursos, por otra parte al permitir que procesos ejecutivos se mantengan activos y vigentes en los despachos judiciales hasta tanto existan recursos económicos diferentes a los del SGP no se garantiza adecuadamente el cumplimiento de las decisiones judiciales, y por último sostiene que se vulnera el derecho a la administración de justicia, por cuanto al decretarse la inembargabilidad de los recursos del SGP, no puede hacerse efectivo el cobro de los dineros adeudados por las entidades territoriales y las sentencias no se pueden cumplir en los plazos estipulados en artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La Corte en primer lugar pasa a precisar el alcance de lo deicidio en la sentencia de 2008, para establecer si ha operado frente al artículo acusado el fenómeno de cosa juzgada, se encuentra que respecto de la mayoría de los cargos de la presente demanda ha operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional y en cuanto al cargo formulado por introducir un trato discriminatorio entre las distintas entidades del Estado, se estima que se presenta una ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   20-10-2010 0:00


Item 530    Expediente   D-7959    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   C-540/10
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JORGE LUIS PABON APICELLA VS. LEY 1123 DE 2007 ARTICULO 66 PARAGRAFO

Tema

Ley 1123 de 2007, parágrafo artículo 66 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado” la norma regula las facultades de los intervinientes en el proceso, el parágrafo acusado es el siguiente: “El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad de juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva” el cargo formulado por el actor, es la vulneración de los artículo 1 y 229 constitucionales, ya que considera que se desconoce la prevalencia del interés general, al no existir la posibilidad de que el quejoso interponga el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en el proceso disciplinario contra abogados, desconociéndose la garantía procedimental de que todas las decisiones proferidas por la autoridad competente sean revisadas por el superior. La Corte encuentra que existe una ineptitud sustancial de la demanda por insuficiencia de cargos, por lo tanto decide inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo. Inhibida.
Recibo Relatoria   20-10-2010 0:00


Item 531    Expediente   D-7966    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   C-541/10
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    CAMILO EDUARDO ORTEGA SACHICA VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 4 (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2009, “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”, el aparte demandado es el siguiente “Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”, el demandante considera que dicha norma vulnera los artículos 375 inciso 2, en concordancia con los artículos 1, 2, 3, 13, 28, 29, 40 90, 93, 94, 95 numeral 5 114, 121, 133 inciso 1 y 209 de la Constitución Política, el cargo presentado por el actor consiste en que el Congreso de la República incurrió en un vicio de competencia en el proceso de formación del Acto Legislativo ya que sustituyo la Carta Política, al modificar el derecho a elegir y ser elegido, asumiendo una competencia que estaba vedada por ser exclusiva del constituyente primario. La Corte, en primer lugar establece que el inciso del cual es objeto la demanda hacía parte del artículo 122 de la Constitución antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009 y que ya contenía la causal de inhabilidad que ahora se cuestiona, luego se pasa a determinar si esta Corporación ya tuvo ocasión para pronunciarse sobre el mismo, se concluye que como se estableció que el inciso acusado es el último del artículo 122 de la Constitución, el cual no sustituye la misma, en relación con él se decide estarse a lo resuelto en la Sentencia C-551/03 porque el asunto ha entrado en autoridad de cosa juzgada constitucional.
Recibo Relatoria   29-9-2010 0:00


Item 532    Expediente   D-7903    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   C-542/10
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    RICARDO ALBERTO MAJARRES CHARRYS Y OTROS VS. LEY 393 DE 1997 ARTICULO 29 Y LEY 472 DE 1998 ARTICULO 41

Tema

Ley 393 de 1991 artículo 29, Ley 472 de 1998 artículo 41. Las normas acusadas regulan los siguientes temas, artículo 29 desacato de orden judicial, el aparte acusado es el siguiente “de no ser apelada se consultará con el superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres (3) días siguientes si debe revocar o no la sanción. La apelación o la consulta se hará en efecto suspensivo”, artículo 41 desacato de orden judicial el aparte acusado es el siguiente “y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo”, los accionantes consideran que las normas demandas vulneran lo dispuesto en el Preámbulo y el artículos 13, 29, 228 y 229 de la Constitución, ya que no hay posibilidad de reconsideración, desdibujándose el medio legal con el que cuenta el accionante para que se respete su derecho fundamental o a que se haga efectivo el cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o actos administrativos, según el caso. La Corte pasa a estudiar la potestad disciplinaria asignada al juez, la potestad de configuración legislativa en procesos judiciales, se encuentra razonable la diferencia de trato dispensada por el legislador para favorecer a la persona sancionada al cabo del incidente de desacato regulado mediante las normas que se examinan, además dichas normas contribuyen a precisar con antelación y de manera abstracta, cuáles son las garantías que rodean a la persona sancionada al cabo del incidente de desacato, contribuyendo a dar certeza a la decisión del juez, por lo tanto se decide declarar las normas acusadas Exequibles.
Recibo Relatoria   19-8-2010 0:00


Item 533    Expediente   D-7971    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   C-543/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    DUBIS CARMIÑA CANTOR GARCIA VS. NUMERAL 4 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY 50 DE 1990

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 34 de la Ley 50 de 1990, modificatoria del artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo. El numeral atacado precisa lo siguiente: 4º. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante del menor de siete (7) años de edad, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. La demandante considera que el artículo acusado vulnera los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución Política. Para la Corte la distinción prevista en la norma no busca una finalidad legítima y contradice principios y derechos constitucionales fundamentales. La exclusión de la referida expresión, posibilita que todas las madres adoptantes de niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años puedan disfrutar de la licencia de maternidad acorde con el derecho a la igualdad de los hijos, niños y niñas consagrados en la Constitución. Se declara INEXEQUIBLE la expresión del menor de siete (7) años de edad.
Recibo Relatoria   20-8-2010 0:00


Item 534    Expediente   T-2567490    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   T-544/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MANUELA SAENZ ENRIQUEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA SALA LABORAL

Tema

Vida, integridad personal, seguridad social, mínimo vital, debido proceso. La Accionante inició un proceso ordinario contra el ISS para que le sea reconocida la sustitución pensional, causada con ocasión de la muerte del señor Hernando Henriquez, quien en vida cancelaba una cuota alimentaría a su favor, pese a encontrarse divorciados, tanto el Tribunal como el Juzgado accionados consideraron que no es posible ordenar una sustitución pensional cuando no se tienen los requisitos para acceder a ella, la accionante considera que la sentencia es constitutiva de una vía de hecho. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la tutela contra las providencias judiciales, la aplicación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales al caso en concreto, la existencia de otro medio de defensa judicial, se concluye que no existen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, ya que existen otros mecanismos de defensa judicial. Concedida.
Recibo Relatoria   17-3-2011 0:00


Item 535    Expediente   T-2334500    Fecha sentencia   30-6-2010 0:00    Sentencia   T-545/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JOSE LUIS MONTAÑEZ FLOREZ VS. JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA Y LA SALA DE DECISIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo y libertad profesional. El accionante fue condenado como coautor del delito de homicidio agravado, solicitó ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga la rebaja del 10 % de la pena por considerar que cumplía los requisitos allí establecidos, sin embargo la petición fue negada al considerar que los requisitos del Decreto Reglamentario 4760 de 2005 y los establecidos en la sentencia T-355/07 no se cumplían, alega el actor que aunque en un principio no hubo colaboración de su parte con la justicia, con posterioridad a la captura, ha cumplido con los requisitos para solicitar la rebaja de la pena, por lo tanto considera que dicha rebaja se le debe conceder en forma proporcional y según el grado de cumplimiento de los demás requisitos. La Sala realiza algunas consideraciones generales sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, causales generales y específicas, el defecto sustantivo en la jurisprudencia constitucional, la vigencia del artículo 70 de la Ley 975/05 tras su declaratoria de inexequibilidad en l sentencia 70 de 2006, y la posición jurisprudencial en torno a la procedencia y requisitos para acceder al beneficio de rebaja de pena, se encuentra que el accionante tramitó la solicitud de rebaja de pena dos años después de que la norma que contemplaba dicho beneficio saliera del mundo jurídico, por lo tanto su aplicación se hace imposible. Niega.
Recibo Relatoria   17-3-2011 0:00


Item 536    Expediente   T-2252706    Fecha sentencia   1-7-2010 0:00    Sentencia   T-546/10
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    REINEL GAITAN TANGARIFE VS. DIARIO EL TIEMPO Y OTRO

Tema

Honra, buen nombre, intimidad, información. El accionante alega que el Diario el Tiempo y el Noticiero Noticias Uno, se negaron a rectificar una noticia que divulgaron, en la cual lo señalaron como miembro de grupos al margen de la ley, relacionándolo específicamente con una persona que tiene por apelativo El Gurre, quien figura como testaferro del narcotraficante denominado con el alias de El Loco Barrera. El actor indica que es un comerciante, ganadero y agricultor que despliega sus actividades en el Departamento del Meta, donde se le conoce como un hombre cumplidor de sus compromisos económicos, financieros y fiscales. Aduce que el sobrenombre de El Gurre le es igualmente dado a su persona, pero que nada tiene que ver con grupos ilegales y que sus bienes han sido adquiridos lícitamente. La solicitud de rectificación, elevada solo ante un medio de comunicación de los accionados, fue negada bajo el argumento de haber sido solicitada de manera extemporánea. En el presente caso la Sala encontró que no se cumplieron con los requisitos legales ni jurisprudenciales para que proceda la acción de tutela, pues no se agotó de manera adecuada el requisito previo de rectificación, como mecanismo de autocomposición. NEGADA
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 537    Expediente   T-2128529    Fecha sentencia   1-7-2010 0:00    Sentencia   T-547/10
Ponen