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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
RELATORIA

Item 1    Expediente   T-2726613    Fecha sentencia   11-1-2011 0:00    Sentencia   T-001/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    BLANCA FANNY BARRIOS SOLER VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

Salud, vida. La accionante recibe la atención médica en el Hospital Naval de Cartagena y reclama de dicha institución el pago de tiquetes aéreos y de los gastos de transporte y manutención, para que ella y su acompañante viajen a la Capital de la República con el objeto de que le practiquen unos exámenes médicos y una intervención quirúrgica. La entidad accionada denegó las pretensiones incoadas, pero ordenó una evaluación para determinar la pertinencia de realizar la atención médica requerida a través de su red de servicios en la ciudad de Cartagena y disponer, de llegar a necesitar un eventual servicio en el Hospital Militar Central, el traslado de la paciente mediante la prestación del servicio aéreo de vuelos militares de apoyo. La Sala considera que las entidades accionadas, al abstenerse a suministrar los tiquetes aéreos, gastos de transporte y manutención solicitados, no desconocieron ningún derecho fundamental de la actora, máxime cuando ésta no reunió las condiciones para considerar la procedencia de su traslado, en virtud de tener acceso a los servicios de salud en la ciudad origen y haber rehusado la utilización de los vuelos de apoyo de la aviación naval, dispuestos para su viaje a la ciudad de Bogotá. NEGADA
Recibo Relatoria   4-11-2011 0:00


Item 2    Expediente   T-2771134    Fecha sentencia   11-1-2011 0:00    Sentencia   T-002/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FERNANDO MANUEL SALCEDO OLIVEROS VS. COOTRANTICO

Tema

Vida, trabajo, mínimo vital, salud, estabilidad laboral. El actor trabajaba para la Cooperativa de Transportadores del Atlántico a través de un contrato a término indefinido, cuando presentó un evento cerebrovascular isquémico. La empresa empleadora terminó unilateralmente el contrato de trabajo aduciendo una justa causa, en cuanto se superó los 180 días de incapacidad del demandante, sin que fuese posible su recuperación. El accionado alega que la actuación de la empresa estuvo acorde con la normatividad vigente, toda vez que existió una causal objetiva de retiro. Igualmente argumentó, que le corresponde al demandante ejercer sus derechos ante el fondo de pensiones, para que el origen de su enfermedad sea calificado y pueda reclamar ante dicha entidad una posible pensión de invalidez. La Sala reitera que la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, en los casos en que el trabajador padezca una enfermedad que lo incapacite por un término superior a 180 días, no es absoluta ni puede ejercitarse de manera indiscriminada y que el empleador y las entidades responsables del sistema de seguridad social deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez con el trabajador, con el fin de que el empleado incapacitado no interrumpa ni el tratamiento ni el acceso a la atención médica, ni deje de percibir los medios de subsistencia, bien sea a través del salario o de la pensión de invalidez, si a ella tiene derecho. CONCEDID.
Recibo Relatoria   24-2-2012 0:00


Item 3    Expediente   T-2780085    Fecha sentencia   11-1-2011 0:00    Sentencia   T-003/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARIA HORTENSIA CASTRO HERNANDEZ VS. PERIODICO LA CHIVA DE URABA

Tema

Buen nombre. El 21 de marzo del 2010, el periódico LA CHIVA DE URABA (de Apartadó), publicó el titular “Incertidumbre en Urabá por captura de sus líderes:…” y, al desarrollar la noticia, se informó que habían sido capturadas unas personas por supuesta vinculación con los grupos paramilitares, dentro de las cuales se encontraban líderes políticos de la región. En la misma nota se indicó que dentro de los principales acusadores del hecho estaba la directora del periódico EL HERALDO DE URAB. Con la acción de tutela se pretende que se ordene al periódico LA CHIVA DE URABA rectificar la información publicada, por el mismo medio, en la misma extensión, con el mismo volumen de palabras y con las mismas fotografías y, que la difusión de la rectificación se haga en todos los municipios donde se divulgó la noticia vulneradora de derechos fundamentales de la actora. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena a las directivas del periódico accionado que especifique el fundamento de las afirmaciones que realizaron y que comprometieron el buen nombre de la demandante y, de no estar en posibilidad de dar este soporte fáctico, proceder a hacer la consecuente rectificación.
Recibo Relatoria   7-3-2012 0:00


Item 4    Expediente   T-2727172    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-005/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NELSON RIVEROS LEAL VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Petición, debido proceso, seguridad social. Comenta el accionante que en marzo del 2010 radicó ante el ISS formulario de vinculación al Sistema General de Pensiones con el fin de hacer efectivo el traslado de un fondo privado (Citicolfondos) a dicho instituto. De manera simultánea la parte actora solicitó al fondo privado que le expidiera y enviara al ISS el detalle del estado de cuenta de los aportes de pensión efectuados a ellos, sin que recibiera ni de un fondo ni del otro, respuesta alguna, lo que le genera un enorme perjuicio económico, pues a su parecer tiene derecho a regresar al régimen de prima media. La Sala al decidir, reitera la jurisprudencia de la Corporación en relación con el Derecho de Petición y su núcleo esencial, así como el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida. La Sala de Revisión considera que el ISS es quien debe dar respuesta al derecho de petición y entrar a estudiar el caso particular del accionante en cuanto a la aceptación de traslado a dicho Fondo de Pensiones. Concedida. .


Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 5    Expediente   T-2779269    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-006/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JHONATAN SEGUNDO PEREZ FERNANDEZ VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

Debido proceso, personalidad jurídica. En el presente caso el accionante tenía una doble cedulación, pero en uno de los documentos estaban consignados los datos que coincidían con los aparecidos en su registro civil de nacimiento y en el otro registraba un nombre y fecha de nacimiento diferente. La acción de tutela se interpone porque la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un acto administrativo mediante el cual decidió cancelar una de las dos cédulas y dejar vigente la que no reflejaba algunos atributos de la verdadera personalidad del demandante. Para la Sala de Revisión el asunto plantea dos problemas jurídicos: 1. la posible violación del derecho a la personalidad jurídica por parte de la Registraduría Nacional, cuando en casos de doble cedulación decide dejar vigente el documento expedido inicialmente, a pesar de que según el interesado, éste refleja en forma desacertada los atributos de su personalidad y 2. la posible vulneración de derechos, al cancelar una cédula del que tiene más de un documento de identidad, sin permitir escuchar al afectado de manera previa a decidir de fondo el asunto. Se resuelve tutelar los derechos del accionante y dejar sin efecto la resolución mediante la cual se canceló la primera cédula de ciudadanía del demandante. Así mismo, se ordena a la Registraduría notificar al actor sobre el procedimiento que seguirá para cancelar al menos una de sus cédulas y además, informarle que cuenta con un término para ser oído. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   13-1-2012 0:00


Item 6    Expediente   T-2783389    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-007/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MAGOLA SALAZAR DE PINZON VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL Y OTRO

Tema

Vida, vida digna, mínimo vital, seguridad social, salud y protección a la tercera edad. La accionante narra que dependía económicamente de un hijo que falleció el 10 de junio de 2000 y que ante la jurisdicción ordinaria laboral inició proceso para hacer efectivo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como madre beneficiaria del causante. La primera instancia falló a favor de la aquí accionante y condenó al ISS a pagar la pensión de sobrevivientes, fundamentando su decisión en la dependencia económica; sin embargo, la segunda instancia revocó esta decisión al considerar que no existía una dependencia económica del hijo sino del esposo, también pensionado. Al decidir, la Sala de Revisión reitera jurisprudencia sobre la acción de tutela en contra de decisiones judiciales como mecanismo excepcional para garantizar derechos fundamentales amenazados por dichos fallos, caso que aquí no aplica pues no se configuró el presupuesto de inmediatez ni ninguna de las causales específicas de procedibilidad. Negada.


Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 7    Expediente   T-2777419    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-008/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    SOCIEDAD VERGARA TRUJILLO Y COMPAÑIA LTDA "VETRUCO LTDA" VS. JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Tema

Debido proceso. La empresa VERTRUCO LTDA interpuso la acción de tutela contra el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, por considerar que éste Despacho Judicial violó el derecho fundamental al debido proceso en el trámite de un pleito ejecutivo hipotecario adelantado por la Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas en su contra. Específicamente consideró que el juzgado libró en contra suya mandamiento ejecutivo sin ejercer previamente la atribución oficiosa de ordenar la práctica de un estudio financiero del crédito. Tanto la primera como la segunda instancia declararon la improcedencia de la tutela por falta de inmediatez. La Sala de Revisión consideró así mismo que una de las condiciones que debe reunir la acción de tutela contra actuaciones u omisiones judiciales es que el amparo se intente luego de un plazo razonable, contado desde que tuvo lugar la actuación u omisión. Negada.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 8    Expediente   T-2773418    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-009/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LIBIA PATRICIA DIAZ DIAZ VS. COMFACOR EPS

Tema

Salud, vida digna. La accionante tiene un tumor en la pared abdominal, por lo que se le ordeno la práctica de una intervención quirúrgica, la cual no ha sido autorizada, la entidad demandada alega que no se presentó solicitud del tratamiento y que el procedimiento solicitado no se encuentra incluido en el POS. La Sala encuentra que la COMFACOR EPS vulneró los derechos fundamentales de la señora, por lo tanto se ordena autorizar la cirugía. Concedida.
Recibo Relatoria   16-2-2011 0:00


Item 9    Expediente   T-2772702    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-010/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FUNDACION PARA LA PROTECCION DE LOS INTERESES Y BIENES DIFUSOS Y EL MEDIO AMBIENTE PROTEGER VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL

Tema

Igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia. La Fundación PROTEGER instauró acción de tutela en contra del Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, como producto de la resolución de una acción popular que instauró en contra de Inversiones Hoteleras Rosales .S.A en relación con los derechos de la personas con discapacidad y la invasión del espacio público. Según el accionante el Despacho Judicial incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, al darle un alcance distinto y restrictivo de los derechos de las personas con discapacidad física, a las normas urbanísticas que regulan el acceso a lugares abiertos al público, al circunscribir su aplicación a aquellos en los que se prestan servicios públicos. La Sala planteó como problema jurídico la posible vulneración por parte del Tribunal de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la administración de justicia y para decidir estudió la doctrina constitucional sobre la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, así como la jurisprudencia sobre la especial protección de que son titulares aquellas personas que sufren algún tipo de limitación física o discapacidad. Concede parcialmente.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 10    Expediente   T-2726419    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-011/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANDRES GUILLERMO ROSERO ECHEVERRY VS. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI

Tema

Debido proceso, seguridad social, trabajo, mínimo vital, asistencia a personas de la tercera edad. El accionante pretende que se ordene su reintegro a las Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP, pues considera que dicha entidad vulneró varios de sus derechos fundamentales, al declararlo insubsistente faltándole menos de tres años para adquirir el derecho a la pensión de vejez. El actor considera que tiene derecho a esa protección porque en su concepto, cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993. La Sala considera que la tutela no es la vía procedente para resolver el caso en concreto, pues no es esta acción un medio para obviar las acciones ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano. Negada
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 11    Expediente   T-2719663    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-012/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA DEL CARMEN ZABALA LOPEZ VS. SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Tema

Petición, dignidad humana, salud en conexidad con la vida, seguridad social. La accionante, representada por el Defensor del Pueblo Regional Cundinamarca, consideró que la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la E.P.S. S. Convida le vulneraron sus derechos al no suministrarle el medicamento DORZOPT y al exigirle que debía presentar periódicamente una fórmula, válida hasta por tres meses, aunque su médico de cabecera le prescribió el uso permanente de dicho medicamento, para tratarle el glaucoma avanzado que le fuera diagnosticado con anterioridad. La Sala en el estudio del caso reitera jurisprudencia relacionada con la protección del derecho de salud de las personas de la tercera edad y el derecho a que las entidades responsables garanticen el acceso a los servicios de salud en forma oportuna. Se argumenta que se viola el derecho a la salud cuando so pretexto de protegerla se imponen requisitos difíciles o imposibles de cumplir, ya que en últimas esto es una barrera al servicio que se requiere. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 12    Expediente   T-2735520    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-013/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL RAMIREZ RIOS VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORALY OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Tutela contra decisión judicial. El demandante trabajó con la Universidad de Antioquia por espacio de 22 años y dicha institución le denegó la pensión vitalicia de jubilación, bajo el argumento de que la normatividad aplicable para reconocer dicha prestación era la Ley 33 de 1985 y no la Ley 6ª de 1945, situación que lo conducía al incumplimiento de los requisitos exigidos y a la necesidad de tramitar su pensión ante el ISS. La resolución nugatoria fue demandada en acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la segunda instancia absolvió al ente universitario de todas las pretensiones formuladas en su contra por el actor, y dicha decisión no fue casada por la Corte Suprema de Justicia. Para estudiar y resolver el caso la Sala se pronunció sobre la siguiente temática: 1º. Jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela en materia pensional. 2º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 3º. Conceptos de régimen de transición y regímenes especiales, y 4º. Régimen laboral aplicable a los empleados del orden nacional y del orden territorial. Se resolvió reconocer al accionante su derecho a la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, por estar amparado en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   29-9-2011 0:00


Item 13    Expediente   T-2734025    Fecha sentencia   14-1-2011 0:00    Sentencia   T-014/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ERICSSON ERNESTO BOHORQUEZ ROJAS VS. JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE BELLO, ANTIOQUIA

Tema

Buen nombre, habeas data, honra y trabajo. El accionante perdió su cédula de ciudadanía en el año 2002, y en el año 2010 se enteró, que el juzgado Primero Penal Municipal de Bello Antioquia, lo condenó por el delito de hurto calificado y agravado en calidad de tentativa en el año 2009, solicita se ordene revocar la sentencia dictada contra el y en su lugar, continuar con la investigación del proceso por el cual fue condenado e investigar al sujeto que lo suplantó, alega que la Fiscalía no efectuó en forma debida la correspondiente identificación e individualización del sindicado cuando fue capturado, además de no realizarse un cotejo dactiloscópico correspondiente. La Sala estudia la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la caracterización del defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la jurisprudencia sobre las condiciones bajo las cuales es procedente la acción de tutela en casos de homonimia o suplantación de identidad en procesos penales, se establece que el accionante fue víctima de una suplantación, que la condena dictada contra el fue marcada por un defecto fáctico de omisión que vulnera sus derechos fundamentales, se ordena al Juez Penal que dictó la sentencia se realice la anotación correspondiente y se ordena eliminar de las diferentes bases de datos cualquier información asociada con el actor con respecto del delito de hurto agravado. Concedida.
Recibo Relatoria   7-3-2011 0:00


Item 14    Expediente   T-2779558    Fecha sentencia   17-1-2011 0:00    Sentencia   T-015/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    HENRY PRADO CASTAÑO VS. COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA E.P.S.

Tema

Salud, vida. El señor Henry Prado Castaño suscribió un contrato con la empresa Colmédica Medicina Prepagada para la prestación de los servicios de salud integral, los cuales se venían prestando sin objeción alguna durante un lapso aproximado de 8 años, y de manera posterior es informado que la e hipertensión arterial que padece es preexistente a la vigencia del contrato realizado y que por ende, se debe activar dentro del contrato esa preexistencia y consecuentemente excluir. la atención de la misma. El accionante pretende que no se incluya esta preexistencia y que se le continúen prestando todos los servicios médicos sin restricción alguna. La Sala considera que a pesar de que a los contratos de medicina prepagada los rigen las normas del derecho privado, en este caso es procedente la tutela por cuanto está comprometida la salud y la vida del accionante y no le es viable a Colmédica dejar de prestar un servicio amparado en una omisión, en la que ella misma incurrió, al momento de suscribir el contrato. Concede.
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 15    Expediente   T-2775874    Fecha sentencia   17-1-2011 0:00    Sentencia   T-016/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GUSTAVO GALLEGO MARIN VS. ISS SECCIONAL CALDAS

Tema

Petición, mínimo vital, vida diga, igualdad. El accionante, hombre de 47 años de edad, fue valorado por medicina laboral del ISS quien le dictaminó una calificación del 53.8% de pérdida de la capacidad laboral , por lo que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la que le fue negada por no cumplir el requisito de fidelidad establecido en la ley. La Corte reitera la jurisprudencia existente en la procedencia de la tutela para obtener el reconocimiento y pago de pensiones a personas de especial protección, así como la existente frente alos requisitos exigidos para acceder a la pensión de invalidez.. Concedida.


Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 16    Expediente   T-2771006    Fecha sentencia   17-1-2011 0:00    Sentencia   T-017/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GLORIA CECILIA GONZALEZ DUQUE VS. INVERSORA PICHINCHA S.A. Y OTRO

Tema

Habeas data, buen nombre. La señora Gloria Cecilia González obtuvo en el año 1997 una tarjeta de crédito con la empresa Inversora Pichincha. En el año 2000 efectuó el pago de la obligación adquirida y en ese mismo año la Inversora le expidió el respectivo paz y salvo. Sin embrago en el 2007 apareció reportada en la central de riesgos por el supuesto incumplimiento de la referida obligación y al hacer las respectivas solicitudes de actualización de los datos, le fue informado que la tarjeta de crédito en comento presentaba un saldo en mora que conllevó a realizar el reporte de su comportamiento crediticio, se adujo además que el paz y salvo que se expidió en el año 2000 fue generado debido a un problema operativo al interior del sistema. La Sala analizó el requisito de procedibilidad de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental al habeas data, así como el alcance y contenido de este derecho y la caducidad del dato financiero negativo y determinó que efectivamente se vulneraron estos derechos a la accionante, pues la parte accionada desconoció requisitos ineludibles para que proceder al reporte del dato negativo, como lo es la veracidad y la certeza de la información en que respalda dicho reporte. Concede.
Recibo Relatoria   28-4-2011 0:00


Item 17    Expediente   T-2719948    Fecha sentencia   17-1-2011 0:00    Sentencia   T-018/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REMANUFACTURADORA Y ENSAMBLADORA DE COLOMBIA RESAMCOL LTDA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA

Tema


Debido proceso, defensa, igualdad. Tutela contra decisión judicial. La entidad accionante, en ejercicio de la actividad que caracteriza su objeto social, pretendió introducir al país una mercancía, presentando todos los documentos exigidos por el Estatuto Aduanero para este tipo de operaciones mercantiles. Sin embargo, la DIAN resolvió aprehender dicha mercancía y después, a través de requerimiento especial aduanero, ordenó su decomiso por presuntas irregularidades en el trámite de importación. Una vez agotado el proceso administrativo pertinente, la Administración de Aduanas de Santa Marta, resolvió ordenar la continuación del trámite de ingreso de una parte de la mercancía decomisada, por considerar que la causal invocada para la aprehensión, no le era aplicable. Como resultado de esta decisión la sociedad demandante inició proceso de reparación directa contra la DIAN, para que respondiera patrimonialmente por los perjuicios materiales ocasionados con la retención de la mercancía. En trámite de primera instancia se concedieron las pretensiones de la acción de reparación, pero en segunda instancia se revocó tal decisión. Esta última sentencia fue la base de la presente acción de tutela, pues considera el accionante que con ella se constituyó una vía de hecho, al haberse incurrido en los defectos fácticos y sutantivo, la valoración incorrecta de las pruebas aportadas al proceso y por desconocer las normas jurídicas aplicables al caso concreto. En sede de revisión se analizó jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la verificación de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la misma. Para la Sala, el fallo de segunda instancia no satisfizo las expectativas del accionante pero tampoco quebrantó sus derechos fundamentales invocados, pues la decisión se profirió con fundamentó en una adecuada y razonable valoración de las pruebas aportadas al proceso y con apoyo de una interpretación objetiva de las normas vigentes aplicables al caso concreto. NEGADA POR IMPROCEDENTE.

Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 18    Expediente   T-2526737 ACUMULADOS    Fecha sentencia   17-1-2011 0:00    Sentencia   T-019/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ANA ISABEL OROZCO TORRES Y OTROS VS. EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DEL ATLANTICO Y OTRAS

Tema

Mínimo vital, vida en condiciones dignas, dignidad humana, estabilidad laboral reforzada. Se acumularon expedientes por encontrar que guardaban unidad de materia. A los accionantes les fue terminado su contrato laboral de manera unilateral, luego de varias incapacidades producidas por accidentes de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad común, sin la previa autorización del Ministerio de la Protección Social. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reintegro laboral, en la medida en que involucren los derechos de las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta por causa de su condición económica, física o mental y, adicionalmente en los casos en los que se predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Concedida.
Recibo Relatoria   28-4-2011 0:00


Item 19    Expediente   T-2385955 Y T-2749543    Fecha sentencia   18-1-2011 0:00    Sentencia   T-020/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS, AV MVCC
Demandante / Demandado    LUS ALFONSO RESTREPO FLORES Y OTRO VS. BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS Y OTRO

Tema

Mínimo vital, igualdad, dignidad humana, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes son pensionados en la modalidad de retiro programado, comentan que su mesada pensional fue disminuida, con el propósito de preservar el capital suficiente para el pago de su pensión, alegan que en virtud de la sentencia de 2008 los fondos privados de pensiones tienen la obligación de reajustar las mesadas pensionales del régimen de ahorro individual en proporción a la inflación, a pesar de que los rendimientos financieros sean inferiores, razón por la cual la disminución de su pensión es arbitraria e inconstitucional. La Sala se pronuncia sobre el derecho constitucional al reajuste periódico de las mesadas pensionales, la regulación de la pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad en la modalidad de retiro programado, el precedente sentado en la jurisprudencia de la sentencia de 2008, se concluye que los derechos de los accionantes fueron vulnerados por lo tanto, se ordena el reajuste de la mesada pensional. Concedida.
Recibo Relatoria   23-2-2011 0:00


Item 20    Expediente   T-2819114 Y 2832425    Fecha sentencia   18-1-2011 0:00    Sentencia   T-021/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SPV MVCC
Demandante / Demandado    ULQUIS YADIRA BARRAZA COLLANTES Y OTRA VS. INERCHA LTDA Y OTRO

Tema

Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En ambos casos se presenta una situación en la que la accionante es desvinculada de la empresa para la cual labora, a pesar de haber informado previamente que se encontraba en estado de gravidez. En un caso, el accionado sustenta la terminación del contrato en la falta de conocimiento de la demandante para el desarrollo y ejecución de ciertas funciones asignadas y, en el segundo asunto, la entidad demandada arguye que el vínculo laboral es producto de la prestación del servicio social obligatorio, el cual es de carácter temporal y no genera derecho a la permanencia. La Sala hace referencia a jurisprudencia existente sobre la protección constitucional y legal de la mujer en estado de embarazo y a su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Se resuelve conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados y ordenar el reintegro de las demandantes a los cargos que cada una venía ocupando o a otros de igual o semejante jerarquía. Así mismo, se ordena la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, la cancelación de la indemnización de que trata el artículo 239 del C.S.T. y el pago de la licencia de maternidad y los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento del despido, hasta la fecha del efectivo reintegro de las actoras. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   17-8-2011 0:00


Item 21    Expediente   T-2792771    Fecha sentencia   18-1-2011 0:00    Sentencia   T-022/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA DEL PILAR LEGUIZAMO MELO VS. COMPARTA EPS-S

Tema

Vida digna, salud. A la accionante le fue diagnosticado cáncer de útero, su estado de salud es muy delicado y por lo tanto se le han ordenado una serie de exámenes y procedimientos, se alega que la señora no se puede trasladar a la Ciudad de Bogotá en vehículos particulares debido a su delicado estado de salud, por lo tanto solicita se brinde el tratamiento integral de la enfermedad que padece, en las ciudades de Ibagué o Girardot, y que el traslado se realice en ambulancia. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la protección constitucional del derecho fundamental a la salud, la protección reforzada a la salud en sujetos de especial protección constitucional, como son los adultos mayores, los servicios y procedimientos requeridos se encuentran contenidos en el POS-S, la integridad en la prestación del servicio de salud, de las pruebas aportadas al expediente se encuentra que la prestación del servicio no ha sido oportuna, por lo tanto para que no se afecte la prestación de la asistencia integral de salud, se le debe vincular a el transporte medicalizado, y se ordena brindarle el tratamiento requerido. Concedida.
Recibo Relatoria   25-3-2011 0:00


Item 22    Expediente   T-2806964    Fecha sentencia   18-1-2011 0:00    Sentencia   T-023/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JACINTO SABOGAL LOPEZ VS. CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT Y OTROS

Tema

Trabajo, igualdad, salud, vida digna, mínimo vital. El demandante solicita se ordene a las entidades accionadas, la habilitación de la vía única que conduce desde la avenida principal hasta su predio, para el debido y seguro tránsito peatonal y vehicular, que se ha venido afectando con ocasión de las obras adelantadas para realizar la segunda calzada de la vía Bogota-Girardot. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela ante la existencia de otro medio de defensa judicial, se encuentra que los derechos del actor están siendo vulnerados, ya que se trata de una persona discapacitada, cuyo sustento y el de su familia depende de la actividad agrícola realizada en su propiedad así como de la comercialización de los productos que cultiva, se ordena a la Concesión de Autopista Bogotá Girardot, que adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso permanente del accionante a su predio y se disponga de un adecuado cronograma de de mantenimiento a la zona con el fin de evitar el represamiento de aguas. Concedida.
Recibo Relatoria   25-3-2011 0:00


Item 23    Expediente   T-2764991 Y 2822307    Fecha sentencia   21-1-2011 0:00    Sentencia   T-024/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SPV MVCC
Demandante / Demandado    YHEMMY RUIZ GUTIERREZ Y OTRA VS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL META Y OTRA

Tema

Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En ambos casos se presenta una situación en la que la demandante es desvinculada de la empresa para la cual labora, a pesar de haber informado previamente que se encontraba en estado de embarazo. En el primer caso la entidad accionada argumenta que la desvinculación de la demandante se produjo debido al nombramiento de la persona que había ganado el concurso de méritos para la provisión de dicho cargo y en el segundo caso analizado, la empresa demandada manifestó que la actora no laboraba al servicio suyo, sino que ostentaba la calidad de asociada de la cooperativa, con la celebración del contrato de Acuerdo Cooperativo de Trabajo Asociado. La Sala reitera jurisprudencia sobre la protección constitucional y legal de la mujer en estado de embarazo y a su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Como quiera que en el primer caso el embarazo ya había concluido y además habían pasado más de tres meses después del parto, se deniega el reintegro pero se ordena el pago de la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo. En el segundo proceso se concede el amparo a los derechos fundamentales invocados y se ordena el reintegro de la demandante al cargo que venía ocupando o a otro de igual o semejante jerarquía. Así mismo, se ordena la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, la cancelación de la indemnización de que trata el artículo 239 del C.S.T. y el pago de la licencia de maternidad y los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la desvinculación el término del embarazo. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   17-8-2011 0:00


Item 24    Expediente   T-2838267    Fecha sentencia   21-1-2011 0:00    Sentencia   T-025/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    PABLO VS. METALMECANICA S.A. COMDISTRITAL S.A.

Tema

Mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada, igualdad. El accionante es portador de VIH, se encuentra en tratamiento médico desde agosto de 2008, sin embargo la empresa para la que trabajaba lo despidió el 30 de enero de 2010, argumentando la finalización de la labor para la que fue contratado. La Sala se pronuncia sobre la estabilidad de personas portadoras del VIH y o enfermas de SIDA y la procedencia de la acción de tutela para su protección, se concluye que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del actor, ya que su desarrollo de trabajo no se encuentra atado a la culminación de un determinado proyecto, se ordena reintegrar al accionante, sin embargo si la empresa demandada logra demostrar que no existe proyecto alguno a su cargo y que por lo tanto no se necesita el trabajo del actor podrá terminar el contrato laboral,previa autorización del Ministerio de Proteccion Social. Concedida.
Recibo Relatoria   12-4-2011 0:00


Item 25    Expediente   T-2773151    Fecha sentencia   25-1-2011 0:00    Sentencia   T-026/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    DEISY HERNANDEZ ROMERO VS. COMPENSAR EPS

Tema

Vida, salud, integridad física. La accionante comenta que tras una intervención quirúrgica para extirpar un tumor de odontoma, su cara quedó desfigurada, agrega que esta situación le produjo baja autoestima, su médico tratante le ordenó una lipoinyección para mejorar su apariencia, sin embargo la EPS alega que es un procedimiento estético que no se encuentra cubierto en el POS. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el acceso a los servicios médicos requeridos, incluidos o no dentro del Plan Obligatorio de Salud, se recalca que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el concepto del médico tratante tiene prevalencia sobre el concepto del Comité Técnico Científico, además los conceptos de salud y vida digna deben abarcar las condiciones psíquicas, emocionales y sociales desde una perspectiva integral, se ordena realizar integralmente las intervenciones y procedimientos que ordene el médico tratante para corregir la asimetría facial de la actora. Concedida.
Recibo Relatoria   16-3-2011 0:00


Item 26    Expediente   LAT-340    Fecha sentencia   26-1-2011 0:00    Sentencia   C-027/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    REVSION OFICIOSA VS. LEY 1254 DE 2008

Tema

Revisión Oficiosa de la Ley 1254 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia” hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001”. La Corte realiza un análisis formal de la suscripción y aprobación del convenio, se encuentra que en el presente caso no era necesario agotar la consulta previa, se estudia el trámite dado al proyecto de ley en el Congreso de la República, luego se estudia la compatibilidad del Convenio con la Constitución, además se estudia la constitucionalidad de los Convenios complementarios, se encuentra que tanto el convenio como su ley aprobatoria son acordes con la Constitución Nacional, por lo tanto se decide declararlos. Exequibles
Recibo Relatoria   2-3-2011 0:00


Item 27    Expediente   D-8143    Fecha sentencia   26-1-2011 0:00    Sentencia   C-028/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    OSCAR CONDE ORTIZ VS. LEY 446 DE 1998 ARTICULO 134 B, NUMERAL 6

Tema

Ley 446 de 1998, demanda de inconstitucionalidad contre el artículo 134 B, numeral 6 adicionado por el artículo 42 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”, la norma regula la competencia de los jueces administrativos en primera instancia, el aparte acusado es el siguiente “De los de reparación directa cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”, el demandante considera que la norma acusada vulnera, los artículos 2, 29, 31, 90, 121, 150, 152, 228 y 229 de la Constitución, ya que asigna a los Tribunales Administrativos y al Consejo de Estado una competencia privativa para conocer de los procesos de reparación directa en los cuales el título jurídico de imputación sea el error jurisdiccional, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia independientemente de su cuantía. La Corte determina que existe una ineptitud sustancial de la demanda para emitir un pronunciamiento de fondo, por lo tanto decide declararse INHIBID.
Recibo Relatoria   24-2-2011 0:00


Item 28    Expediente   D-8176    Fecha sentencia   26-1-2011 0:00    Sentencia   C-029/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ARMANDO COLON CARDENAS VS. LEY 1105 DE 2006 ARTICULO 19

Tema

Ley 1105 de 2006, artículo 19 incisos 2, 5 y 6, los apartes acusados son los siguientes “A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso subsiguiente se indican” “la entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el liquidador a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en la forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo” “Cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación la cual se pone fin a l existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se indicarán los activos que se transfieren o que se encuentran en un patrimonio autónomo de conformidad con el presente artículo, así como los pasivos que se pagarán con cargo a dicho patrimonio autónomo” “Si al terminar la liquidación existieren proceso pendientes contra le entidad, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o la falta de este, el que se constituya para el efecto”, el demandante considera vulnerados los artículos 25 y 29 constitucionales, ya que se faculta al liquidador a suscribir contratos de fiducia mercantil para constituir patrimonios autónomos, lo que se traduce en la posibilidad de dar por terminadas la relaciones laborales de los servidores vinculados a tales entidades, sin que haya finalizado en forma real y efectiva la liquidación, vulnerando así el derecho al trabajo, el segundo cargo consiste en que la norma no establece quien asumirá el pago de los pasivos que nazcan o inicien con posterioridad a la suscripción del contrato de constitución de patrimonio autónomo, dejando desprotegido al ciudadano que logre generar un pasivo con cargo al proceso, con posterioridad a la suscripción del contrato. La Corte decide declararse Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   2-3-2011 0:00


Item 29    Expediente   T-2267976    Fecha sentencia   31-1-2011 0:00    Sentencia   T-004/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ALFONSO PINEDA JULIO VS. ALCALDIA MENOR DE LA LOCALIDAD HISTORICA DEL CARIBE NORTE DE CARTAGENA

Tema

Debido proceso. La familia del accionante ha ejercido desde 1927, actos posesorios sobre un bien ubicado en la Isla Barú. Respecto a dicho predio ha existido varias controversias de orden jurídico que motivaron a la Corporación Nacional de Turismo a iniciar procesos policivos tendientes a desalojar los habitantes del terreno, bajo el argumento de que se trata de un predio propiedad de la Nación. La Alcaldía Mayor de Cartagena, decidió sobre el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho y mediante resolución del 1º de agosto de 2002, ordenó a las partes dirimir la controversia acudiendo a la justicia ordinaria. Dicha decisión fue confirmada por la misma entidad, mediante dos nuevas resoluciones dictadas en los meses de mayo y julio de 2004. No obstante lo anterior, la Alcaldía Menor de la Localidad Histórica y del Caribe del Norte, mediante resolución del 13 de junio de 2007, ordenó la restitución de un bien fiscal ubicado en el mismo sector, argumentando ser propiedad de la Corporación Nacional de Turismo y para el efecto concedió un término de cinco días, so pena de ejecutarse la orden a través de un funcionario de la policía, en cuyo caso correrían los gastos a costa del contraventor, haciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario. El actor solicita se proteja su derecho al debido proceso, se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene no efectivo los procesos policivos, por estar en presencia de una cosa juzgada, de acuerdo a las observaciones y decisiones emanadas del superior jerárquico. Para la Sala, existen dos razones que desvirtúan la inminencia de un perjuicio irremediable, uno es la inactividad jurídica del actor, al dejar vencer las posibilidades legales para cuestionar el acto administrativo presuntamente generador de la violación alegada y el otro, por cuanto se evidencia una situación consumada al haberse efectuado la restitución del inmueble respecto del cual gira la controversia, desde septiembre de 2009. IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 30    Expediente   T-2727618    Fecha sentencia   1-2-2011 0:00    Sentencia   T-030/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    SILVIA ELENA WILCHES DE MORENO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Tema

Mínimo vital, igualdad. La accionante considera que la entidad accionada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al negar el reconocimiento del reajuste con el argumento de que se trata de una sustitución pensional por invalidez y no por vejez, vulneró sus derechos fundamentales al realizar una interpretación errada y arbitraria de los preceptos constitucionales. La Sala considera que si se vulneró el derecho a la igualdad, pues este es un derecho que se realza ante la especial protección a las personas que por su disminución física, económica o mental, se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta. Concedida.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 31    Expediente   T-2810992 Y T-2849882    Fecha sentencia   1-2-2011 0:00    Sentencia   T-031/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    SANDRA BEATRIZ SOTELO Y OTRA VS. MUNICIPIO LA DORADA CALDAS Y OTRO

Tema

Vida digna, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes se encontraban vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, en el desempeño de sus actividades quedaron en estado de embarazo, situación conocida por sus jefes, sin embargo al momento de finalizar el contrato, el mismo no fue renovado por que supuestamente el contrato cumplió su objetivo. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo, los límites constitucionales a la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios, de las pruebas que obran en el expediente aparece demostrado que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las accionantes, al dar por terminados los contratos de trabajo aun cuando tenían conocimiento de su estado de embarazo por lo tanto se ordena afiliarlas al sistema de seguridad social, el pago de indemnización, licencia de maternidad y los salarios y prestaciones dejados de cancelar desde el momento de su desvinculación. Concedida.
Recibo Relatoria   7-3-2011 0:00


Item 32    Expediente   T-2870203    Fecha sentencia   1-2-2011 0:00    Sentencia   T-032/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARCELA SOFIA GONZALEZ TERAN VS. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABÁ Y OTROS

Tema

Debido proceso. El señor Reinaldo Ruiz actúa como apoderado judicial de la señora, Micaela González, interpuso la presente acción contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Urabá, alegando que en el se adelantó un proceso ejecutivo, en el que resultó afectada su poderdante, debido a que se incurrió en varias irregularidades, menciona que, se profirió un auto que libro mandamiento de pago a favor del demandante, quien era el apoderado y no de la dueña del derecho, no se adelanto en debida forma la notificación de las providencias, se efectuó equívocamente la liquidación del proceso, se consintió el avaluó del bien presentado por el demandante, no se extendió el acta de la diligencia de remate. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, se encuentra que en el presente caso la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Niega.

Recibo Relatoria   16-3-2011 0:00


Item 33    Expediente   D-8200    Fecha sentencia   2-2-2011 0:00    Sentencia   C-033/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JAVIER ALFONSO ROMERO ESTUPIÑAN VS. LEY 1382 DE 2010 ARTICULO 16

Tema

Ley 1382 de 2010 “Por la cual se modifica el Código de Minas”, artículo 16 parágrafo 2, el artículo regula el Canon superficiario, el aparte acusado es el siguiente “Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho pago dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la presente ley, so pena de rechazo o caducidad, según corresponda”, el accionante considera vulnerados los artículos 13, 29 y 84 constitucionales, ya que se alteran las reglas establecidas en el artículo 230 de la Ley 685 de 2010, debido a que se instituyen reglas nuevas que desconocen un derecho que ya había sido concedido a quien presentó en su oportunidad la propuesta de concesión minera, se estima que no se atiende la normatividad vigente al momento de elevarse las propuestas. La Sala determina que existe una ineptitud sustantiva de la demanda respecto de los artículos 13 y 84 de la Constitución, se decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-983/10 que declaró exequible el parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 1382 de 2010, respecto al cargo por vulneración al debido proceso y en cuanto a los demás cargos decide inhibirse.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 34    Expediente   D-8149    Fecha sentencia   2-2-2011 0:00    Sentencia   C-034/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    SERGIO GAVIRIA VS. LEY 734 DE 2002 ARTICULO 53 PARCIAL

Tema

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” artículo 53, regula los sujetos disciplinables, el artículo acusado es el siguiente “que ejerzan funciones públicas, en lo que tiene que ver con estas”, el accionante considera vulnerados los artículos 1, 2, 4, 13, 29 y 209 de la Constitución, el primer cargo formulado consiste en que el artículo 1 constitucional resulta vulnerado cuando un particular que ejerce funciones públicas mediante potestades y prerrogativas inherentes al Estado de manera idéntica a la de un funcionario público, puede incurrir en las conductas que son tipificadas como faltas graves o leves, o causales de mala conducta, sin que tener ningún tipo de repercusión disciplinaria, el segundo cargo consiste en la vulneración del principio de efectividad y los principios deberes y derechos y la vigencia de un orden justo, ya que los particulares que ejercen funciones públicas podrían violar muchos de los deberes e incurrir en muchas de las prohibiciones establecidas para los servidores públicos, el tercer cargo consiste en que la falta de herramientas de control implica la ineficacia de los principios constitucionales. La Corte decide inhibirse de proferir una decisión de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   23-3-2011 0:00


Item 35    Expediente   T-2782952    Fecha sentencia   2-2-2011 0:00    Sentencia   T-031A/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    GLORIA TAMAYO COMO AGENTE OFICIOSA DE ROSA MARIA DUQUE OSPINA VS. FOSYGA Y OTROS

Tema

Salud, conexidad con la vida, dignidad humana, igualdad, integridad personal, petición, asistencia a personas de avanzada edad. A través de agente oficioso se presenta la tutela a favor de la señora Rosa María Duque Ospina, quien es persona de 62 años de edad que padece de cáncer pulmonar y se encuentra en grave estado de salud y sin recursos económicos ni seguridad social. La no atención médica se origina porque en la base de datos de la E.P.S. COOSALUD aparece registrada. con datos erróneos respecto a su nombre y municipio de residencia, lo que la llevó a solicitar , mediante derecho de petición, las respectivas correcciones. La Sala revisó de manera inicial la jurisprudencia existente para el ejercicio de la agencia oficiosa y de manera posterior la posible vulneración del derecho de petición y de los otros derechos referidos en la acción de tutela, sin que encontrara elementos de juicio suficientes para ampararlos. . Negada
Recibo Relatoria   27-4-2011 0:00


Item 36    Expediente   T-2813357    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-035/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HERNAN FIGUEROA RAMIREZ VS. SALUCOOP EPS Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. El demandante actúa en representación de su hijo, el cual sufre de edipermolisis bullosa distrofica severa, su hijo fue incluido como beneficiario y se le venían prestando los servicios médicos requeridos, sin embargo la prestación de los servicios fue suspendida debido a que cumplió la mayoría de edad, el actor alega que su situación económica es precaria, y no puede sufragar los servicios de salud y medicamentos de su hijo. La Sala realiza algunas consideraciones sobre el derecho a la salud, la protección constitucional para las personas con limitaciones físicas funcionales, psíquicas y sensoriales, en el ordenamiento constitucional e internacional, los supuestos fácticos previstos por la jurisprudencia constitucional para garantizar el suministro de servicios médicos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, se declara la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la afiliación del representado, y en cuanto a los medicamentos prescritos por su médico tratante, se ordena su suministro. Concedida.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 37    Expediente   T-2798688    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-036/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    AA VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION

Tema

Mínimo vital, vida, seguridad social, intimidad. El accionante, hombre de 49 años de edad, paciente VIH positivo y con una pérdida de capacidad laboral del 67,90% , con fecha de estructuración del 16 de julio de 2008, de acuerdo con el dictamen médico emitido por el médico laboral de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A, solicitó el 24 de julio de 2009 al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección .S.A la pensión de invalidez y en febrero 8 de 2010, este fondo le negó la solicitud por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, en cuanto a la exigencia del número de semanas cotizadas. El juez de primera instancia declaró improcedente la acción y el despacho de segunda instancia confirmó dicha decisión. La Sala de Revisión entró a estudiar si con la determinación del Fondo de Pensiones de negar la pensión de invalidez al accionante, se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social; para el efecto, se analizó la procedencia de la acción de tutela frente a los enfermos de VIH – SIDA que soliciten el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, así como el régimen aplicable este tipo de pensiones y la evolución legislativa frente al tema y concluyó que la acción de tutela si es el mecanismo adecuado para la protección de los derechos invocados pero que no existió violación a los mismos por parte del accionado, al exigir el cumplimiento de disposiciones legales para conceder la pensión. Negada.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 38    Expediente   T-2803822    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-037/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARTHA CECILIA VALENCIA BRITO VS. FONDO DE PENSIONES ING Y OTRO

Tema

Seguridad social. La accionante, mujer de 56 años de edad y beneficiaria del régimen de transición, solicitó al Fondo de Pensiones ING el traslado al Instituto de Seguros Sociales. Dicha solicitud también fue elevada al ISS, entidad que negó el traslado argumentando que según concepto del Ministerio de la Protección Social, se prohíbe el traslado de un afiliado cuando éste haya superado la edad mínima de pensión en el régimen de prima media. En sede de revisión se analiza el caso concreto bajo las siguientes temáticas: i). la seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela y ii). el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media para los beneficiarios del régimen de transición. Se resuelve CONCEDER el amparo al derecho fundamental invocado y ordenar a las entidades demandadas que verifiquen de manera coordinada, si la actora cumple con el requisito de la equivalencia en el ahorro, en cuyo caso se debe iniciar los trámites pertinentes para autorizar el traslado solicitado. En el evento de no cumplir con la exigencia anotada, se ordena a la AFP ING que conceda a la demandante la posibilidad de aportar, en un plazo razonable, el dinero necesario para cumplir con el requisito de equivalencia del ahorro y una vez realizado el aporte, proceda a iniciar los trámites respectivos tendientes a garantizar y hacer efectivo el traslado al ISS.
Recibo Relatoria   24-3-2011 0:00


Item 39    Expediente   T-2809578    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-038/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    ALEXANDER MUÑOZ JIMENEZ VS. LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA

Tema

Seguridad social, mínimo vital, valoración de la capacidad laboral. El accionante hacía parte del Ejército Nacional en calidad de soldado regular y en julio de 1997 las FARC atacó el lugar donde se encontraba de guardia, recibiendo en dicho enfrentamiento un disparo en la cabeza que le generó un trauma craneoencefálico con fractura de cráneo y laceración cerebral. Como consecuencia de este hecho, la Junta Médico Laboral Militar lo declaró no apto para prestar el servicio y le decretó una pérdida de la capacidad laboral del 73.06%, motivo por el cual fue retirado del servicio.. En el 2006, un nuevo dictamen, expedido por la Junta de Calificación del Invalidez del Meta, le estableció disminución de la capacidad laboral del 100%. Con este diagnóstico, en el 2008 elevó nuevamente la petición inicial al Ministerio de Defensa, quien le negó otra vez sus pretensiones, aduciendo que este último dictamen no fue expedido por una entidad médica diferente. Teniendo en cuenta que por la herida tiene crisis de epilepsia y no puede trabajar, lo que le impide obtener recursos para sostener su núcleo familiar, en el cual existen menores de edad, inició la acción de tutela, la cual fue denegada en ambas instancias. . La Sala de Revisión reiteró la jurisprudencia sobre la pensión de invalidez como derecho constitucional fundamental y su protección vía tutela, así como la existente, en relación con la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos en materia pensional como mecanismo definitivo y el derecho a la valoración de la pérdida laboral. Concede.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 40    Expediente   T-2810875    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-039/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    DIANA MARCELA AVILES CHICA VS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Tema

Educación. La accionante alega que su situación de madre joven, le impedido obtener un rendimiento académico optimo, para conservar su calidad de estudiante universitaria, por lo cual ha perdido el cupo en la Universidad accionada, además considera vulnerado el principio de confianza legítima ya que, le fue expedido el recibo de pago, continuó cursando materias durante algunas semanas y luego se le informó de su pérdida de calidad de estudiante. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobe el debido proceso y su incidencia en el derecho de contradicción, se encuentra que la Universidad Nacional vulneró el debido proceso de la accionante, al no dar ningún tipo de explicación de porque no le fue aplicada la Resolución que estaba vigente cuando ella se encontraba matriculada, se ordena a el Consejo Superior Universitario, expedir una nueva resolución susceptible de ser recurrida por vía administrativa. Concede parcialmente.
Recibo Relatoria   23-2-2011 0:00


Item 41    Expediente   T-2251034    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-040/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ANA BEIBA LIBREROS DE MONDRAGON VS. ISS VALLE

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital, vida digna. A la accionante, mujer de 74 años de edad, le reconocieron la pensión de jubilación el 15 de diciembre de 2006 por parte del ISS Seccional Valle. En abril del 2007 le suspendieron el pago de las mesadas laborales argumentando el hallazgo en su historia laboral de cero semanas cotizadas, cuando se le había concedido la pensión con 1090 semanas. En octubre de 2007 se revocó la resolución que concedió la pensión y se ordenó a la actora que reintegrara la suma de 26.000.000 correspondiente al valor de las mesadas indebidamente canceladas. La Sala confirmó la sentencia de segunda instancia, que había negado las pretensiones de la actora, por considerar que la tutela no cumplió con el requisito de inmediatez, pues presentó la acción 6 meses después de haber sido suspendidos los pagos de las mesadas pensionales. Negada.


Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 42    Expediente   T-2551210    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-041/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARIA ULDA LLOREDA LLOREDA VS. MUNICIPIO DE QUIBDO

Tema

Vida, vivienda digna, medio ambiente sano, integridad física. La accionante interpuso la acción a través de apoderado por considerar que la Alcaldía de Quibdó está vulnerando sus derechos y los de la comunidad en general que habita en mismo sector donde ella reside, pues pese a varios requerimientos hechos a través del derecho de petición, la administración municipal no les había informado sobra las obras a ejecutar para mitigar los efectos producidos por las inundaciones y deslizamientos generados por las lluvias, lo que pone a sus viviendas en riesgo de derrumbarse y consecuentemente, pone en peligro sus propias vidas. La Sala de Revisión estudia la jurisprudencia existente frente a la procedencia de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos, susceptibles de ser protegidos mediante acciones populares, ante la vulneración de derechos fundamentales, y determina en el presente caso no aplica tal procedencia, pero conmina a la Alcaldía de Quibdo para que inicie las acciones pertinentes para mitigar los efectos de los deslizamientos de tierra que afectan el sector donde reside la acciontante y al a reubicar a las personas que se encuentran en riesgo de deslizamiento e inundación. . Niega.


Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 43    Expediente   T-2743368    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-042/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    PEDRO GONZALEZ GARZON Y OTROS VS. ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.

Tema

Igualdad, derecho de petición, indexación primera mesada pensional.. Un grupo de ex trabajadores de la empresa Acerías Paz del Río .S.A, a través de derechos de petición presentados de forma individual solicitaron al a empresa accionada la indexación de la primera mesada pensional de sus pensiones de jubilación, en razón a la depreciación que sufrió el dinero desde el momento en que dejaron de trabajar y aquel en que cumplieron requisitos para acceder a la pensión. La solicitud de indexación la fundamentaron en las sentencias C-862/06 y T-797/07, en caso análogo ocurrido en el 2007. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia sobre el derecho de petición y la procedencia de tutela para reclamar la indexación de la primera mesada pensional Concede.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 44    Expediente   T-2806687    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-043/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SOCIEDAD BARON PERALTA LTDA Y OTROS VS. CANAL CARACOL TELEVISION (SEPTIMO DIA)

Tema

Dignidad humana, debido proceso, seguridad jurídica, buen nombre. El apoderado de la Sociedad Barón Peralta, considera que el Canal Caracol vulneró los derechos fundamentales de sus poderdantes al realizar un documental sobre el señor Paolo Pravisiani quien se encuentra recluido en el Centro Médico CEMIC, violando la privacidad de dicho Centro y de las demás personas que se encuentran en el internas, por lo tanto solicita se ordene al Canal de Televisión accionado abstenerse de emitir el programa. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para proteger el buen nombre presuntamente afectado por un medio de comunicación privado, el estado de indefensión de los particulares frente a los medios de comunicación, el derecho fundamental al buen nombre, el derecho a la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación, se analiza el documental y se concluye que el programa emitido no afectó en forma alguna el derecho al buen nombre del Centro Médico y no se deduce que la información transmitida sea falsa o presente un punto de vista que rebase los amplios parámetros dentro de los cuales debe valorarse la imparcialidad de un medio de comunicación. Niega.
Recibo Relatoria   24-2-2011 0:00


Item 45    Expediente   T-2788308    Fecha sentencia   3-2-2011 0:00    Sentencia   T-044/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LUIS ARNULFO RESTREPO RODRIGUEZ VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, igualdad, mínimo vital. El accionante solicita el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual le ha sido negada por no cumplir el requisito de mil semanas cotizadas, alega que el cumple con este requisito, y que las semanas no se han sumado en la forma debida. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la seguridad social como derecho fundamental, la procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de prestaciones económicas, de las pruebas aportadas al expediente se encuentra que el accionante no cuenta con el número de semanas requeridas para acceder al pago de la pensión de vejez, por lo tanto se decide no acceder al amparo de los derechos invocados. Niega.
Recibo Relatoria   24-2-2011 0:00


Item 46    Expediente   T-2813124    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-045/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DUBAL ENRIQUE LAMBRAÑO ATENCIA VS. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Tema

Acceso y ejercicio de cargos públicos. El actor presentó acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por cuanto fue excluido de la convocatoria No. 127 del 2009 para la provisión de cargos de dragoneante en el INPEC, justo en la etapa de realización de exámenes médicos donde calificó como no apto, por padecer desviación septal superior al 30%. Comenta que este cargo lo desempeñó en forma provisional durante 6 meses, desde que inició el concurso y que durante ese tiempo no sufrió ninguna afección relacionada con el diagnóstico, motivo por el cual solicitó revocar la decisión y permitirle continuar en el proceso de selección . La Sala decidió con base en la jurisprudencia existente en la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos que reglamentan un concurso de méritos y sobre la proporcionalidad y racionalidad de los requisitos médicos y físicos para el cargo de dragoneantes, considerando que la CNSC exigió en la convocatoria requisitos que no son necesarios para el adecuado desempeño de las funciones del cargo a proveer. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 47    Expediente   T-2805777    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-047/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DIANA MILENA FRANCO ATEHORTUA EN SU CALIDAD DE PERSONERA MUNICIPAL DE YUMBO (VALLE) VS. MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE) Y OTROS

Tema

Vivienda digna. La acción de tutela fue presentada por la Personera Municipal de Yumbo (Valle) en representación de varias personas que pertenecen a una comunidad afrodescendiente, quienes desde mediados del 2007 viven en un albergue temporal al que fueron trasladados por el municipio demandado, como respuesta a un desastre natural que destruyó sus viviendas. Para la accionante, la administración pública no adoptó una solución definitiva para los problemas de vivienda que padecen sus patrocinados, ni tampoco les consultó previamente las medidas que intentó implementar, las cuales fueron calificadas como fallidas. Dentro del análisis realizado por la Sala, se encontró que la administración municipal violó el derecho a la vivienda digna por tres omisiones: 1º. Falta de adopción de un plan concreto. 2º. Falta de facilitación de espacios participativos y 3º. Falta de avances óptimos en el cubrimiento cabal del derecho lesionado. Se concede el amparo incoado y se imparten una serie de órdenes para que se realicen las gestiones pertinentes para proteger adecuadamente el mismo. CONCEDID.
Recibo Relatoria   23-9-2011 0:00


Item 48    Expediente   T-2798919    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-048/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MONICA LILIANA LOPERA GONZALEZ COMO AGENTE OFICIOSA DE SU ABUELA VS. ECOOPSOS E.P.S. S

Tema

Salud, seguridad social.. La accionante actúa en calidad de agente oficiosa de su abuela, mujer de 63 años de edad afiliada al Régimen Subsidiado de Salud SISBEN Nivel 2, a quien su médico tratante le diagnosticó un quiste hepático y le ordenó la práctica de un TAC abdominal contrastado. La E.P.S. S. ECOOPSOS le negó el servicio requerido por no estar el mismo incluido en el POS-S y por requerir por parte de la Dirección Seccional de Salud la respectiva autorización del procedimiento. Esta última entidad le indicó que la competencia recaía en la E.P.S.S y que ésta a su vez podía repetir ante el Fosyga por los costos en que incurriera. La segunda instancia negó el amparo solicitado porque consideró que la agente oficiosa no probó las razones por las cuales su agenciada no podía ejercer la acción directamente. La Sala estudió tanto el tema de la agencia oficiosa como lo dispuesto en la T-760/08 respecto a la violación al derecho a la salud cuando una entidad de salud se niega a autorizar un servicio que no está incluido en el POS, cuando éste se requiera con necesidad. Concede.


Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 49    Expediente   T-2794830    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-049/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUCERO TORO ARISTIZABAL VS. EPS COMFENALCO ANTIOQUIA

Tema

Salud, vida digna, mínimo vital, seguridad social. La accionante solicita el reconocimiento y pago proporcional de su licencia de maternidad, la entidad accionada se ha negado a realizar el pago alegando que la señora tan solo cotizó durante cuatro meses continuos durante su embarazo. La Sala encuentra que la accionante cumple con los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de su licencia de maternidad, ya que la responsabilidad por ausencia de pagos es imputable al empleador más no a ella, además la afectación del mínimo vital se presume. Concedida.
Recibo Relatoria   4-3-2011 0:00


Item 50    Expediente   T-2791106    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-050/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JORGE LUIS FUENTES MONCADA VS. SONIA TENORIO DE ARISTIZABAL Y OTROS

Tema

Estabilidad laboral reforzada, trabajo, seguridad social El accionante refiere que en noviembre de 2008 fue contratado por los accionados para que se desempeñara como mayordomo de la Hacienda de propiedad de ellos con una remuneración mensual de $750.000 y una casa de habitación para que viviera en ella junto con su familia. A los cuatro meses de haber iniciado sus labores y en cumplimiento de ellas, sufrió una amputación de su mano derecha al quedar atrapada en una polea. A partir de ese momento fue incapacitado por los médicos tratantes y en mayo de 2010 uno de sus patronos le informó que a partir del 1 de junio de ese mismo año, su contrato de trabajo terminaría, al haber pasado más de un año desde la fecha de ocurrencia del accidente de la mano, sin que hubiese recuperado su capacidad laboral. Las instancias de decisión negaron las pretensiones argumentando que debía ser la jurisdicción laboral la que debía resolver el asunto. La Sala reiteró jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela para la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de trabajadores disminuidos físicamente y de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión y ordena el reintegro del accionante al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía que no implique peligro para su salud, así como la cancelación de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el despido. Concedida.


Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 51    Expediente   T-2650185    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-051/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JULIO DAVID PEREZ LAMBRAÑO VS. ALCALDIA DE MONTERIA

Tema

Educación. El accionante es una persona sordomuda, y se inscribió para obtener el título de Normalista Superior, solicita se ordene a la Alcaldía de Montería el nombramiento de un profesor interpreté para sordomudos, el Municipio, se opuso a la solicitud alegando que, dentro de la planta de cargos de la Secretaría de Educación Municipal no existe ninguno creado para intérprete oficial de la lengua de señas. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la educación y a su goce efectivo, la especial protección del derecho a la educación de personas en situación de discapacidad, el marco constitucional, el marco internacional, los desarrollos legales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la educación inclusiva de las personas en situación de discapacidad, se estudian las deficiencias de la política actual de educación inclusiva que tornan insuficiente la garantía del derecho a la educación y perpetúan la exclusión de las personas con discapacidad auditiva severa, de lo aportado en el expediente se encuentra que los derechos fundamentales del actor están siendo vulnerados, sin embargo se advierte que no es la única persona que se encuentra en esta situación por lo que se decide impartir órdenes adecuadas para la protección del derecho a la educación del accionante que a la vez sean razonables en términos de utilización de recursos escasos, se decide inaplicar por inconstitucional el numeral 3 del artículo 9 del Decreto 366 de 2009, se ordena al Municipio adoptar las medidas presupuestales que garanticen al accionante y a los otros estudiantes sordos del municipio el acceso efectivo a la educación y a las ayudas previstas en el Decreto 366 de 2009, para que tengan acceso a los apoyos requeridos para asegurar su inclusión, se exhorta al Ministerio de Educación Nacional, para que examine la falencias detectadas en el Decreto 366 de 2009, a fin de que se adopten correctivos para asegurar que la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad sea una realidad, para ello podrá acompañar técnicamente el proceso de ajuste y corrección de la oferta local en el Municipio de Montería con el fin de utilizar la experiencia como un proyecto piloto para mejorar las condiciones de la educación inclusiva en Colombia.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 52    Expediente   T-2786454    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-052/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUIS ANIBAL RAMIREZ CASTRILLON VS. NUEVA E.P.S

Tema

Mínimo vital, vida digna. El accionante sufrió un trauma ocular como consecuencia de una herida con arma de fuego. El diagnóstico emitido por su médico tratante fue el de trastornos de la órbita, motivo por el cual ordenó una prótesis ocular ojo derecho DX POV de Evisceración OD, la cual fue negada por la E.P.S. por considerar que tiene un carácter estético y no funcional. Para resolver el problema jurídico, la Sala estimó pertinente reiterar jurisprudencia de la Corporación en relación con: i). El derecho fundamental a la salud como materialización de la dignidad humana. Garantía de los medicamentos e insumos requeridos con necesidad. ii). Carácter prevalente de la orden del médico tratante frente al concepto emitido por el Comité Técnico Científico, iii). Determinación de la capacidad económica y su relación con el mínimo vital y iv) la carencia actual de objeto por un hecho superado. En sede de revisión, el actor manifestó que ante la negativa de la E.P.S. compró la prótesis ordenada, la cual fue adquirida a través de un préstamo por un valor de $800.000. La Sala decidió amparar los derechos invocados y ordenar a la E.P.S. demandada, reembolsar al actor el valor que éste pagó por concepto de la prótesis, previa acreditación del desembolso efectuado. CONCEDID.
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 53    Expediente   T-2795900    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-053/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUCINDA QUINTERO CACERES ACTUANDO COMO AGENTE OFICIOSA DE FRANCISCO SOLANO ACOSTA VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Salud. A través de agente oficioso se presenta la tutela a favor de Víctor Francisco Solano, quien es persona de 47 años de edad, que sufre parálisis cerebral, epilepsia, ceguera y microcefalia desde el nacimiento, razón por la cual padece una seria e incurable discapacidad física. Se relata que debido a la parálisis cerebral, el afectado no puede consumir los alimentos por vía oral por lo que la nutricionista le ordenó un suplemento vitamínico, el cual dejó de ser suministrado inexplicablemente por la E.P.S.. Así mismo se comenta que el señor Solano no controla esfínteres, lo que hace que requiera pañales desechables y una crema especial para prevenir escaras en su cuerpo. La Sala entra a estudiar si la entidad accionada vulnera uno o varios derechos fundamentales, cuando se rehúsa a prestar los servicios de salud que se requieren so pretexto de no existir orden médica que los prescriba y bajo el argumento de que están excluidos del catálogo de beneficios del POS. Concedida.
Recibo Relatoria   30-5-2011 0:00


Item 54    Expediente   T-2800772    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-054/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARELVY CAMPUZANO MAURY VS. EMPRESA OPERADORA DE PERSONAL DEL CESAR OPEC Y OTRO

Tema

Estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, mínimo vital, seguridad social. La accionante refiere que fue contratada para desempeñarse como auxiliar administrativo durante un período de 4 meses y que vencidos éstos continuó laborando por orden verbal del contratista por un término aproximado de 3 meses más, cuando fue desvinculada por la empresa de Servicios Temporales, a pesar de estar en estado de embarazo. La Sala reitera jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada para mujeres trabajadores en estado de embarazo y precisa que sin importar la clase de contrato que se tenga, la protección se activa con el solo hecho de quedar embarazada durante el desarrollo del contrato laboral, sin importar la clase de contrato que se tenga. Concedida.
Recibo Relatoria   26-4-2011 0:00


Item 55    Expediente   2804492    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-055/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ROBIN DE JESUS HINCAPIE RESTREPO Y OTRA VS. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Tema

Vida en condiciones dignas, salud, igualdad, derechos fundamentales de los niños. Los acciontantes, propietario y ocupante de un inmueble en la ciudad de Medellín, refieren que la vivienda no cuenta con los servicios de acueducto, y alcantarillado, motivo por el cual deben acudir a los vecinos para solicitarles agua potable y verter las aguas sucias a una quebrada cercana. Refieren que han solicitado la conexión e instalación de estos servicios a la E.P.M sin que hayan acogido favorablemente esta petición, justificando esta decisión en los problemas técnicos del inmueble para la disposición final de las negras. . Los actores sienten vulnerados su derechos a la igualdad, ya los predios vecinos al menos tienen el servicio de acueducto instalado y¸ el de la vida en condiciones dignas, porque al no contar con agua potable, el desarrollo de las actividades cotidianas se convierte en tareas dificultosas y poco sanitarias..La Sala de Revisión advierte sobre las responsabilidades y derechos de las partes involucradas, respecto de los servicios públicos que debe tener una vivienda digna y las condiciones en que los mismos deben ser provistos. Negada.
Recibo Relatoria   17-5-2011 0:00


Item 56    Expediente   T-2807264    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-056/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ANDRES CUERVO CARDENAS VS. UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

Tema

Educación. El peticionario se matriculó en el 2005 en la universidad Manuela Beltrán para adelantar la carrera de Ingeniería Ambiental, acogiéndose a un plan de estudios determinado que le exigía como requisito cursar 152 créditos. Afirma que al momento de solicitar la inscripción para la graduación, la entidad le exigió requisitos de un nuevo programa curricular, bajo el argumento de haber perdido la calidad de estudiante y tener que vincularse nuevamente a la institución mediante la modalidad de reintegro, acogiéndose a ESTE nuevo plan de estudios, el cual le exigía cursar un total de 155 créditos. La Sala se pronuncia sobre la jurisprudencia que existe en la procedencia de la acción de tutela frente a instituciones educativas de naturaleza privada que prestan el servicio público de educación, igualmente, sobre el derecho fundamental al goce efectivo de la educación, al principio de autonomía universitaria y los reglamentos académicos y requisitos de grado. Concedida.


Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 57    Expediente   T-2810520    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-057/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    EUFEMI DE JESUS GARCIA GRAJALES VS. SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Tema

Vida en condiciones dignas, salud, seguridad social. La accionante, habitante de la calle, portadora de las enfermedades V.I.H., tuberculosis crónica y toxoplasmoiss cerebral, afirma que necesita medicamentos permanentes y los controles periódicos que su estado de salud requiere. La entidad accionada se considera exonerada de responsabilidad alguna por cuanto su función está encaminada a contratar las instituciones prestadoras de servicios de salud, en todo lo relacionado para el manejo de las enfermedades de los beneficiarios del SISBEN o de aquellas personas que no cuentas con capacidad económica que les permita sufragar los costos de enfermedades diagnosticadas y para el caso concreto explica, la actora no se encasilla en ningunos de los dos grupos por cuanto no está afiliada ni al SISBEN ni a ninguna E.P.S S.. La Sala reiteró la posición de la Corte en relación con el derecho fundamental a la salud y la protección especial frente a las enfermedades catastróficas o ruinosas; las acciones afirmativas a favor de las personas indigentes, atendiendo su especial condición de vulnerabilidad y el principio de universalidad frente a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, atendiendo las especiales condiciones de ciertos grupos marginales. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 58    Expediente   T-2813250    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-058/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ELIECER RAMIREZ AVILA COMO AGENTE OFICIOSO DE MARIA NELLY GARCIA CUEVAS VS. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y OTRO

Tema

Mínimo vital.. El señor Jorge Eliécer Ávila, obrando como agente oficioso de su esposa, presentó la acción de tutela porque las entidades demandadas no permitieron egresar del hospital a su esposa, por no cancelar la suma de $1.545.000 que le exigieron de copago. Se refiere en la demanda, que la accionante fue internada en el Hospital del Tunal con un diagnóstico de cáncer de pulmón y que fue recluida en dicha entidad por cerca de tres meses. Se detalla que al momento de emitirse la orden de salida del centro hospitalario, esta no pudo hacerse efectiva porque su cónyuge no tenía capacidad económica para cancelar ni parcial, ni totalmente, la suma de dinero que le exigieron como cuota de recuperación, por lo cual se emitió un pagaré a favor del centro hospitalario. Estando en sede de revisión, la Sala tuvo conocimiento del fallecimiento de la accionante, por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia, la acción de tutela invocada es improcedente por hecho consumado, no obstante, se decidió de fondo, por cuando, según criterio de la propia Corte, no puede hablarse de hecho consumado, cuando el perjuicio ocasionado se proyecta sobre quienes integran la familia del fallecido, en este caso, el cónyuge supérstite y sus menores hijos, pues no poseen recursos económicos para cancelarle al hospital el pagaré firmado. Concedida
Recibo Relatoria   8-6-2011 0:00


Item 59    Expediente   T-2811398    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-059/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CARMEN ALICIA VILLADIEGO DE RUIZ VS. DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Tema

Vida digna, mínimo vital, seguridad social. La accionante, de 73 años de edad, laboró para el Departamento de Córdoba durante 6 años y cerca de dos meses. En el 2009 solicitó a la entidad el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, teniendo en cuenta la imposibilidad que le asistía de seguir cotizando más sumas de dinero al Sistema General de Pensiones. La Gobernación resolvió de manera negativa su solicitud, aduciendo que la figura de la indemnización sustitutiva no aplicaba a su caso. Luego de hacer el análisis de procedibilidad de la acción, la Sala estudió el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y concluyó que en el caso concreto estaban de por medio los derechos fundamentales de una persona mayor de 60 años, que evidencia una situación conectada con su expectativa de vida y con el carácter imprescriptible de su derecho, el cual puede ser reclamado independientemente de haber estado afiliado al Sistema de Seguridad Social, al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Concedida
Recibo Relatoria   30-5-2011 0:00


Item 60    Expediente   T-2827325    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-060/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    NIDYA RAMONA RAMOS FLOREZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS PENSIONES-

Tema

Seguridad Social. La accionante labora con la E.S.E. San Juan de Sahagún (Córdoba), desde 1979. A partir de su vinculación laboral y hasta el 30 de junio de 1995, estuvo afiliada a la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba (ya extinguida) y, a partir del 1º de julio de 1995 se cambió al régimen de ahorro individual con solidaridad, afiliándose a la A.F.P. Protección S.A.. Una vez cumplió los 55 años de edad, la actora solicitó a dicha Administradora el reconocimiento de su pensión de vejez, petición que fue negada bajo el argumento de no contar con los requisitos exigidos. Al momento de cumplir los 57 años, a la demandante le fue negada nuevamente la pensión, al tiempo que fue informada que debía esperar hasta cumplir sus 60 años. Ante una nueva petición y negativa del reconocimiento de la prestación por parte de Protección S.A., la actora solicitó ante el ISS el traslado al régimen de prima media con prestación definida, petición que no fue admitida por su inviabilidad. La Sala, con base en la posición que ha tenido la Corporación sobre el tema, concluye que quien cumplió con el requisito de haber cotizado 15 años o que prestó sus servicios al Estado durante un período igual, con antelación al 1º de abril de 1994, tiene derecho a recuperar el régimen de transición conforme a las leyes que precedieron a la Ley 100 de 1993, en cualquier tiempo, sin consideración de la edad que tuviera para la fecha en que entró a regir dicha normatividad. Consecuentemente con la conclusión se resuelve tutelar a la accionante y ordenar al ISS que la afilie, con el fin de hacer efectivo el traslado de régimen pensional. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 61    Expediente   T-2844084    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-061/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA IDALBA CEBALLOS ARRUBLA VS. SENA

Tema

Salud, derechos de los niños, igualdad, debido proceso. La accionante comenta que tiene en custodia provisional a la menor Sara Mora hace cinco años, y actualmente se encuentra adelantando el trámite de adopción, por lo tanto solicita se ordene a su EPS afiliar a la menor como su beneficiaria en salud. La Sala se pronuncia sobre las garantías de los niños y las niñas que se encuentran bajo una medida de restablecimiento y, en especial, en custodia provisional durante el trámite de su adopción, se concluye que los derechos de la menor están siendo vulnerados, por lo tanto se orden al SENA afiliar de manera provisional mientras culmina el tramite de adopción, a la menor para que le sean garantizado el acceso a los servicios de salud. Concedida.
Recibo Relatoria   11-4-2011 0:00


Item 62    Expediente   T-2821851    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-062/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    ERICK YOSIMAR ORTIZ LASTRA VS. ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD DE YOPAL

Tema

Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, igualdad. El accionante se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal y manifiesta que tiene la condición de gay transexual, motivo por el cual lleva el cabello largo y usa productos de maquillaje y accesorios que considera acordes con su identidad sexual. Refiera que dada su condición, es sometido a tratamientos discriminatorios y violentos por parte de la guardia penitenciaria, quien además le decomisó algunos elementos que utiliza para su arreglo personal. La Corte reitera la jurisprudencia de la Corporación en materia de protección a los derechos fundamentales de los reclusos, en general de aquellos internos con orientación o identidad sexual diversa. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 63    Expediente   T-2740402    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-062A/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV JCHP
Demandante / Demandado    DANIEL MOJICA GONZALEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

62 A
Mínimo vital, seguridad social, dignidad humana. El Instituto de Seguros Sociales se negó a reconocer la pensión de invalidez al accionante, bajo el argumento de no cumplir con el número de semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, tal y como lo establece el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003. El actor cotizó 1.165 semanas al sistema durante más de veinte años de trabajo y dejó de realizar aportes cuando le diagnosticaron cáncer de colon e insuficiencia renal crónica. Las patologías descritas le generaron una incapacidad calificada del 70.75% lo que le impide laborar y atender económicamente su tratamiento médico, sus gastos personales y responder por una hija y por su esposa quien además está en situación de discapacidad, producto de un derrame cerebral. La Sala concluye que la negativa del ISS es contraria al texto constitucional y al principio de progresividad que informa el desarrollo del derecho a la seguridad social, razón por la cual, aplica la excepción de inconstitucionalidad y ampara el derecho a la pensión de invalidez en los términos y requisitos del Decreto 758 de 1990. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   11-11-2011 0:00


Item 64    Expediente   T-2790338    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-063/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    SURID ANTONIO BARBOSA VARGAS VS. COSMITET LTDA

Tema

Debido proceso, salud, vida digna. En el presente asunto alega el accionante que la Corporación de Servicios Médicos Internacionales THEM & Cia Ltda. Cosmitet, le suspendió el suministro de un medicamento que venía tomando para el manejo del Mal de Parkinson que padece y le formuló y entregó otra medicina en su versión genérica, la cual le produce efectos colaterales como mareos, visión borrosa, irritaciones en la garganta y respiración acelerada. La Sala pudo constatar que el procedimiento seguido por la empresa demandada para el cambio de la prescripción y el suministro del medicamento en su denominación comercial por su presentación genérica, contaba con la aprobación del médico tratante, cuyo concepto prevalece en estos casos. Al no encontrar la vulneración de derecho alguno, se decide NEGAR el amparo invocado.
Recibo Relatoria   16-1-2012 0:00


Item 65    Expediente   T-2798192    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-064/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    AMELIA DEL SOCORRO RAMOS MORENO VS. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS ING

Tema

Seguridad social, libre escogencia de administradora de fondo de pensiones y cesantías. En el presente caso la Corte Constitucional protege los derechos incoados en la demanda y ordena a la Administradora de Pensiones y Cesantías ING autorizar el traspaso de la actora al Seguro Social y, a éste último fondo le ordena recibirla en calidad de afiliada. La Sala recuerda que algunas personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar en cualquier tiempo al régimen de prima media, cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas establecidas en la Ley 100 de 1993, si cumplen los siguientes requisitos: 1º. Tener, a 1º de abril de 1994, quince años de servicios cotizados. 2º. Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual y 3º. Que el ahorro hecho no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima medida. CONCEDID.
Recibo Relatoria   11-11-2011 0:00


Item 66    Expediente   T-2804451    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-065/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CLAUDIA PATRICIA CAMPOS RODRIGUEZ VS. MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA)

Tema

Vivienda digna. La accionante y su núcleo familiar habitan una vivienda que se encuentra localizada en zona declarada de alto riesgo y solicita vía tutela que se ordene a la entidad territorial demandada, reubicarlos inmediatamente en un lugar seguro que cumpla con las condiciones de dignidad y salubridad necesarias e incluirla en los programas de subsidio familiar de vivienda, sin la exigencia del aporte en ahorro programado. La Sala encuentra probado que la familia accionante está en evidente situación de vulnerabilidad económica, reside en zona oficialmente declarada como de alto riesgo, tiene el derecho a ser reubicada y además, dado su nivel de ingresos, no le es exigible para efectos de acceder al subsidio de vivienda, el requisito de aporte en ahorro. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   4-11-2011 0:00


Item 67    Expediente   T-2811718 Y 2813694 ACUMULADOS    Fecha sentencia   4-2-2011 0:00    Sentencia   T-066/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FERNANDO PICO MURILLO Y OTROS VS. ECOPETROL S.A.

Tema

Igualdad, movilidad salarial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes son trabajadores de ECOPETROL quienes en los años 2003 a 2006 tuvieron aumentos salariales por debajo del I.P.C. Refieren que hasta el 31 de diciembre de 2002, fueron beneficiarios de una convención colectiva que conllevaba a que todos los ajustes salariales se ejecutaran a partir del 1º de enero de cada año. En el año 2003 se negoció un nuevo pliego de condiciones que no fue acordado, motivo por el cual se nombró un tribunal de arbitramento para llegar a un acuerdo frente a los ajustes salariales. La Sala para decidir estudia jurisprudencia específica sobre el principio de inmediatez para determinar que en el caso específico la tutela no es procedente porque no se configuró un perjuicio irremediable.
Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 68    Expediente   T-2808968    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-067/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    GABRIEL JAIME CORREA SALAZAR VS. JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Habeas data, trabajo, igualdad, debido proceso. El actor es piloto, fue condenado por el delito de tráfico de estupefacientes, y cumplió su condena, solicita se ordene a la entidad accionada expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes necesario para ejercer su profesión. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, el perjuicio irremediable, la reglamentación, naturaleza y funciones del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, se realiza un recuento de la Jurisprudencia de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y de esta corporación, se encuentra que la DNE, tiene razón cuando afirma que el cumplimiento de la pena no desvirtúa el dato negativo reportado, ya que el actor resulto condenado y por lo tanto no se le vulneraron sus derechos fundamentales, se hace mención a la sentencia SU085/95, además se determina que el cargo sobre limitación al derecho al trabajo no prospera por cuanto el actor se puede desempeñar en otros campos de la economía. Niega
Recibo Relatoria   22-3-2011 0:00


Item 69    Expediente   T-2789761    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-068/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MAIRA HELENA JIMENEZ AREVALO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tema

Vida digna, derechos de los niños, a la familia. La Procuradora 15 de Familia de Manizales, actúa en representación de la menor Carolina Morales, comenta que su representada, fue alejada de su bebe por parte del ICBF, al considerar que no tenía la madurez mental para hacerse cargo de su hijo, por lo cual ella esta en un estado de depresión, solicita por lo tanto la ubicación de la madre y su hijo en un mismo hogar sustituto. La Sala se pronuncia sobre el concepto de niño y adolescente el marco de sujeto de especial protección, el concepto de familia bajo la óptica constitucional, los deberes del Estado para con los niños, niñas y adolescentes, así como frente a la familia, resulta claro que las actuaciones del ICBF, se han desplegado para proteger los derechos de los menores aquí representados y en las gestiones administrativas discrecionales para alcanzar tal fin se ha dado cumplimiento a los límites fácticos y jurídicos señalados por la jurisprudencia de esta Corporación. Niega.
Recibo Relatoria   6-4-2011 0:00


Item 70    Expediente   T-2803842    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-069/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS MIGUEL DIAZ CUBIDES VS. MEDICOL SALUD UT

Tema

Salud, vida digna, mínimo vital. El accionante sufre de diabetes, por lo que su médico tratante le ordenó medidor de glucosa, tiras y agujas, sin embargo su EPS le ha negado estos insumos alegando que no se encuentran incluidos en el POS. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre los requisitos para que se ampare el derecho fundamental a la salud, cuando el paciente solicita un servicio no incluido en el POS, se recuerdan las reglas probatorias para establecer la capacidad económica y el concepto de carga soportable, se concluye que el actor cuenta con los medios económicos suficientes para sufragar estos gastos médicos, por lo tanto se decide no acceder a las pretensiones del demandante. Niega.
Recibo Relatoria   22-3-2011 0:00


Item 71    Expediente   T-2812003    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-070/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    GLADYS CASTELLANOS BOHORQUEZ VS. ISS

Tema

Debido proceso, protección a la tercera edad. La demandante interpuso la acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, al considerar que esta entidad vulneró algunos de sus derechos fundamentales, al negarse a reliquidar su pensión de vejez aplicando lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, relativo a la fórmula para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así como el monto de la pensión. La Sala de revisión confirma las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado, por considerar que la protección requerida se elevó frente a un asunto inminentemente legal y económico, que no es del resorte del juez constitucional.
Recibo Relatoria   15-2-2012 0:00


Item 72    Expediente   T-2810637    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-071/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA TERESA HERNANDEZ VS. ACCION SOCIAL Y OTRO

Tema

Vivienda digna, vida, seguridad personal. La accionante ha ejercido posesión pacífica sobre un inmueble y la Administración Municipal de Pereira adelantó un trámite administrativo por presunta infracción urbanística y emitió acto administrativo mediante el cual, ordenó el desalojo y la demolición de su vivienda. La entidad accionada argumenta que el inmueble está construido de manera ilegal en una zona de alta vulnerabilidad y de protección ambiental. Arguye la demandada, que ha ofrecido ayuda temporal a la actora, la cual no ha aceptada como tampoco ha mostrado interés en aspirar al beneficio de ser incluida en un plan de vivienda digna. Para la Sala, la orden de desalojo está fundamentada en la prevención de una seria amenaza, lo cual, en principio no vulnera los derechos fundamentales de la accionante. Se deniegan las pretensiones de la actora, pero se ordena al ente accionado que instruya a la misma en torno a cómo acceder a los programas destinados a otorgar subsidios y ayudas complementarias. Así mismo, se dispuso que se reitere la ayuda temporal anteriormente ofrecida y se brinde albergue temporal de ser necesario. NEGADA.
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 73    Expediente   T-2808285    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-072/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ALMAB S. EN C. VS. BANCO AV VILLAS Y OTRO

Tema

Información, igualdad, debido proceso, defensa, habeas data. El accionante compró un bien inmueble que tenía a su cargo una garantía hipotecaria protocolizada mediante escritura pública, generada por pagaré que suscribió la vendedora con el Banco AV VILLAS S.A.. En su momento, dicho pagaré se suscribió en unidades UPAC y en iguales condiciones, se convirtió el accionante en deudor hipotecario. Con la declaratoria de inconstitucionalidad del sistema UPAC y entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, el Banco convirtió el crédito en UVR de manera unilateral y sin informar al nuevo deudor, quien se consideró afectado por tal medida, en el sentido de que se le cambió la fórmula de interés, lo que lo llevó a incurrir en moradebido al alto valor de las cuotas mensuales. Por la circunstancia anterior, el Banco inició un proceso ejecutivo hipotecario, el cual culminó con el remate de la vivienda. La Sala declara la improcedencia del amparo en el caso concreto, debido a que no se cumplen con los requisitos de procedibilidad establecidos por los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela. IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 74    Expediente   T-2808279    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-073/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    PABLO ELIECER QUESADA MARTINEZ VS. CAJANAL EN LIQUIDACION

Tema

Mesada pensional, debido proceso, mínimo vital, vida digna. A la accionante le fue reconocida, por parte de CAJANAL, una pensión gracia en enero de 2007, la cual fue reliquidada en noviembre de ese mismo año. En reiteradas ocasiones ha recurrido a la entidad demandada para que efectué su inclusión en nómina, con el fin de que le sea autorizado el respectivo pago en su mesada pensional, sin embargo solo le ha sido informado que dichas pensiones, cuando son reconocidas a docentes con vinculación nacional, no son susceptibles de ser incluidas en la nómina general de pensionados. Para tomar la decisión, la Sala realiza un análisis jurisprudencial de temas como la procedibilidad de la acción de tutela para reclamar prestaciones sociales, la coexistencia de la pensión de gracia y la pensión de vejez o jubilación, la presunción de la afectación del mínimo vital por la suspensión en el pago de las mesadas pensionales y la especial protección constitucional a las personas pertenecientes a la tercera edad. Se concluye que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para que el actor invoque la protección de sus derechos, primero porque es acreedor de la prestación reclamada, segundo porque no es admisible la justificación dada por la entidad demandada y tercero, porque es titular de especial protección constitucional, toda vez que se trata de una persona de la tercera edad. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 75    Expediente   T-2791213    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-074/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA TERESA DIAZ DE PERDOMO VS. ISS

Tema

Seguridad social. La accionante le solicitó al ISS, en diciembre de 2007, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de beneficiaria por la muerte de su cónyuge, la cual había sucedido en 1981. En octubre del 2008. el ISS expidió una resolución mediante la cual estableció que el fallecido cumplió con los requisitos de tiempo y edad exigidos y en consecuencia había dejado causado el derecho a pensión de sobrevivientes. Sin embargo, consideró necesario iniciar una investigación administrativa para tratar de establecer la calidad de cónyuge supérstite de la actora, en razón a que ésta se demoró 26 años para solicitar la prestación. Dicha resolución fue recurrida por la demandante, bajo el argumento de que ninguna norma exige como requisito para presentar la solicitud de pensión de sobrevivientes, que la misma se realice en un tiempo determinado con posterioridad al fallecimiento. El acto administrativo fue confirmado, bajo la indicación que se estaba realizando la investigación administrativa ordenada con anterioridad. La Sala resuelve el caso declarando la procedencia de la acción de tutela y ordenando al ISS que en un término de 10 días y de conformidad con la investigación adelantada, resuelva la solicitud presentada por la accionante y establezca si tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión de sobrevientes causada por el fallecimiento de su esposo
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 76    Expediente   T-2789310    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-075/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BEATRIZ HELENA CAMPIÑO AGENTE OFICIOSA DE ROSALBA CAMPIÑO DE HERRERA VS. NUEVA E.P.S.

Tema


Vida digna, seguridad social, salud. A través de agencia oficiosa la accionante de 72 años de edad comenta que debido a quebrantos de salud acudió a una cita médica con el neurólogo de su E.P.S quien le diagnosticó Parkinson y como tratamiento para mejorar los síntomas, le prescribió un medicamento que le produjo efectos secundarios como alucinaciones y vómito matutino. Dada su nueva condición, sus familiares la llevaron donde un neurólogo no adscrito a su E.P.S y este le formuló otro medicamento que no le generaba ningún efecto colateral, pero demasiando oneroso, situación que la llevó a solicitarle a su especialista de cabecera que le prescribiera este medicamento, petición que fue negada por no estar incluido en el POS. Sin embargo, de manera posterior hacen la petición y agotan los trámites respectivos y la E.P.S. le suministra el nuevo medicamento, por lo que se declara la carencia actual del objeto por hecho superado. Denegada.

Recibo Relatoria   17-5-2011 0:00


Item 77    Expediente   T-2793215    Fecha sentencia   7-2-2011 0:00    Sentencia   T-075A/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    ESMERALDA FERTI VS. GIMNASIO FONTANA S.A.

Tema

Debido proceso. La accionante se desempeñaba como docente en el Gimnasio Fontana y en el ejercicio de sus labores dictó una clase en la cual relató unos hechos históricos relacionados con el Reino de Israel y los Hebreos e hizo una referencia al conflicto que ocurre en el territorio Palestino-Israelí. Como consecuencia de la mencionada clase, dos alumnos radicaron una queja ante las directivas de la institución y luego de presentar los descargos fue despedida, bajo el argumento de haber incumplido con sus obligaciones legales y reglamentarias y haber desatendido los parámetros corporativos en materia de valores y principios, al dictar una clase donde hizo comentarios e intercambios de ideas de carácter guerrerista, acudiendo a la violencia como supuesto método de solución de conflictos. La Sala reitera que la acción de tutela no es la vía idónea para controvertir la configuración o no de una justa causa para dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo, en tanto la jurisdicción ordinaria es el escenario propicio para debatir este tipo de conflictos. Se confirman las decisiones que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción.
Recibo Relatoria   9-2-2012 0:00


Item 78    Expediente   T-2499883    Fecha sentencia   8-2-2011 0:00    Sentencia   T-076/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    OSCAR DARIO AMAYA NAVAS, PROCURADOR DELEGADO PRA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIAS VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER -

Tema

Debido proceso, vivienda, mínimo vital. La acción de tutela la presenta el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, por considerar que se presenta un inminente perjuicio irremediable, derivado de la posibilidad de un desalojo de las familias asentadas en el predio LA PORCELANA, el cual fue vendido a un particular a los pocos días de que el INCODER negara la revocatoria de una resolución, que ordenó reasumir la función de iniciar y culminar unos procedimientos de extinción del derecho de dominio de varios predios de Cáceres (Ant.), entre ellos la Porcelana. Como datos explicativos del proceso de extinción se tiene que, en 1990, el Gerente de la Regional Antioquia del extinto INCODER, expidió una resolución tendiente a establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre el predio rural denominado LA PORCELANA. El procedimiento anterior culminó el 17 de enero de 2007, con la expedición de una nueva Resolución que declaró extinguido a favor de la Nación, el derecho de dominio privado sobre una parte del predio rural antes anotado. Esta decisión se fundamentó en el hecho de que la Sociedad propietaria del inmueble no adelantaba en él ninguna explotación económica y por el contrario, su aprovechamiento lo estaban realizando terceras personas que no reconocían dominio ajeno, ni tenían vínculo de posesión de más de cuatro años. La sociedad propietaria del inmueble presentó un recurso de reposición, el cual se resolvió con la revocatoria del acto administrativo. Pese a lo anterior, 10 meses después se expidió la resolución, frente a la cual no se aceptó la solicitud de revocatoria directa, esta es, la que ordenó reasumir el proceso de extinción. La preocupación del accionante radica en que si se llega a presentar el desalojo, se estarían vulnerando los derechos de varias familias asentadas en el predio, las cuales anteriormente fueron víctimas de procesos de desplazamiento forzado. Las instancias que conocieron la acción de tutela negaron el amparo solicitado, bajo el argumento de la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En sede de revisión se analizó el caso concreto bajo el análisis de la siguiente temática: i). el cumplimiento del requisito de inmediatez, ii). Las condiciones de procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. iii). El procedimiento para la extinción del dominio agrario derivado de la falta de explotación económica del bien y, iv). La protección del derecho de acceso a la tierra de la población desplazada. Se decidió revocar las sentencias de instancia que declararon la improcedencia de la acción, se concedió el amparo a los derechos invocados, se dejó sin efectos la resolución que decidió el recurso de reposición y se ordenó al INCODER proceder a resolverlo nuevamente. Así mismo, se ordenaron una serie de medidas provisionales conducentes a garantizar a las familias establecidas en el inmueble, la conservación y defensa de sus derechos fundamentales hasta tanto se finalice la actuación administrativa relacionada con la extinción del dominio. Se ordena al INCODER, que independientemente del resultado de dicha actuación, se adelanten acciones conducentes a garantizarle a dichas familias, el acceso a la vivienda y a la tierra rural. CONCEDIDA.,


Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 79    Expediente   D-8196    Fecha sentencia   9-2-2011 0:00    Sentencia   C-077/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    GIOVANY A. GUTIERREZ RODRIGUEZ VS. LEY 1294 DE 2009, ARTICULO 1 (PARCIAL)

Tema

Ley 1294 de 2009. Por la cual se modifica el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007. Demanda de Inconstitucionalidad contra la expresión “o entidades educativas particulares”, contenida en el artículo 1º. El demandante considera que contratar excepcionalmente con particulares, la prestación del servicio de educación, ante unas eventualidades que se consagran en la norma demandada, es una disposición contraria a la Constitución y a los tratados internacionales. Para la Corte, el demandante no cumplió con los requisitos de suficiencia y claridad que exige la jurisprudencia constitucional y en consecuencia, se declara INHIBIDA para pronunciarse frente a la expresión acusada.
Recibo Relatoria   10-8-2011 0:00


Item 80    Expediente   D-8150    Fecha sentencia   9-2-2011 0:00    Sentencia   C-078/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MANUEL MEDINA MENDOZA VS. LEY 1151 DE 2007 ARTICULO 6

Tema

Ley 1151 de 2007 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, artículo 6 numerales 3.3 inciso 23 y 3.3.1, la norma acusada regula los servicios de Telemedicina y Transporte Aéreo Medicalizado, los demandantes sostienen que, las disposiciones desconocen el artículo 341 superior, ya que afectan el equilibrio financiero del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el segundo cargo formulado consiste en que se considera que se afecto el equilibrio financiero sin que existiera un aval del Gobierno, y el último cargo consiste en que se anula la libertad de empresa y se efectúa una intervención desmesurada en la economía ya que se excluyó a las EPS-S de la posibilidad de prestar los servicios. La Corte como asunto previo decide inhibirse de emitir pronunciamiento por ineptitud de la demanda sobre algunas expresiones acusadas, y se declara la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de los apartes normativos restantes.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 81    Expediente   D-8179    Fecha sentencia   9-2-2011 0:00    Sentencia   C-079/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    GABRIEL MAURICIO PORRAS CHAVEZ VS. LEY 510 DE 1999 ARTICULO 101

Tema

Ley 510 de 1999 “Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”, artículo 101, regula a los corredores de seguros y los obliga a constituirse como sociedades anónimas e indicar dentro de su denominación las palabras “corredores de seguros”, el demandante alega que existe una omisión legislativa relativa, ya que al exigir a los interesados en realizar el negocio de corredores de seguros constituirse bajo la forma jurídica de sociedades anónimas, se excluye la posibilidad de que puedan asumir esa tarea las entidades cooperativas. La Corte encuentra que frente a los cargos formulados existe cosa juzgada constitucional, por lo tanto se decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-384-00 que declaro exequible la norma acusada.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 82    Expediente   T-2811723    Fecha sentencia   11-2-2011 0:00    Sentencia   T-046/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA VIRGINIA CORREA OLARTE EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJO VS. E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Y OTROS

Tema

Vida, salud. La demandante actúa en nombre de su hijo recién nacido porque consideró que su E.P.S. le estaba vulnerando los derechos fundamentales a la salud y a la vida, al no haber diagnosticado una enfermedad que padecía el menor, luego de estar por más de un mes hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, sin brindarle el tratamiento adecuado para salvar su vida. Durante el trámite de revisión, la Sala encontró que el menor afectado había fallecido luego de haberse proferido el fallo de instancia, sin embargo, realizó un estudio de fondo para determinar si efectivamente hubo vulneración de los derechos fundamentales del menor, encontrando que la entidad accionada se apoyó en los conceptos científicos de los médicos tratantes del bebé. La Sala declara la carencia actual de objeto por fallecimiento del menor.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 83    Expediente   T-2831205    Fecha sentencia   14-2-2011 0:00    Sentencia   T-080/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    IVAN DE JESUS VERGARA RUIZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante sufre de una pérdida de capacidad laboral del 57%, por lo cual solicito al ISS el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, pero dicha solicitud fue rechazada debido a que durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, no cotizó ninguna semana, por lo que le exigió a su empleador que realizara los aportes durante el tiempo que estuvo trabajando, el empleador realizó los aportes de manera extemporánea, cumpliendo de esta manera el accionante el requisito para acceder a su pensión, sin embargo el ISS, aún no le ha reconocido su derecho. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de las prestaciones sociales, el allanamiento en mora y el derecho a la pensión de invalidez, se concluye que a el actor se le están vulnerando sus derechos fundamentales al no reconocerle su pensión, ya que se comprobó que cumple con el requisito de 50 semanas cotizadas, por lo tanto se procede a reconocer la pensión de manera definitiva. Concedida.
Recibo Relatoria   3-3-2011 0:00


Item 84    Expediente   T-2779411    Fecha sentencia   14-2-2011 0:00    Sentencia   T-081/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CEDIEL CARRILLO ORTIZ VS. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Tema

Salud, vida digna, estabilidad laboral reforzada. El accionante comenta que fue víctima de una mina antipersonas, mientras prestaba servicio militar, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 32.57%, se le declaró no apto para la vida militar por lo tanto fue retirado del servicio terminando con el vínculo laboral y suspendiéndole el servicio médico, solicita se ordene su vinculación y reubicación en el Ejercito Nacional. La Sala se pronuncia sobre la protección especial a personas en situación de discapacidad, el derecho a la reubicación de los soldados profesionales que ven disminuida su capacidad laboral, en el presente caso se decide inaplicar el artículo 10 del Decreto 1793 de 2000 y se ordena reubicar al peticionario en una actividad que pueda desempeñar de acuerdo con sus capacidades, destrezas y formación académica. Concedida.
Recibo Relatoria   11-4-2011 0:00


Item 85    Expediente   T-2831239    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-082/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DANIEL EMILIO MENDOZA LEAL COMO APODERADO DE CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON VS. SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema

Debido proceso, igualdad. Tutela contra decisión judicial. El apoderado judicial de la accionante solicita que vía tutela se declare la nulidad de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el marco de una acción de nulidad electoral interpuesta por ella y; en consecuencia, se ordene la práctica de un nuevo escrutinio general de los votos depositados en Bogotá, para la elección de los Representantes a la Cámara por esa ciudad para el período 2006-2010 y se expidan así las respectivas credenciales a quienes resulten ganadores. Se alega que se trata de un fallo cuya parte resolutiva no es congruente con lo pretendido en la demanda instaurada, ni con las declaraciones de la sentencia, presentándose así un defecto fáctico por valoración arbitraria de los medios probatorios; un defecto sustantivo por violación de la norma legal y una vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial. La Sala analiza la procedencia excepcional de la acción de tutela para discutir providencias judiciales y la inmediatez como causal genérica de procedencia en estos casos. En el presente asunto se concluyó que no se cumplió con el requisito de la inmediatez y de manera consecuente se NIEGA el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   2-9-2011 0:00


Item 86    Expediente   T-2829201 y T-2829203    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-083/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ZAIDA ESTHER HERAZO Y MARIA ELISA AVILA VS. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes trabajaron para el Municipio de Tolú durante varios años como auxiliares de servicios generales, solicitan se ordene el pago de la indemnización sustitutiva, pero la entidad accionada se negó a reconocerles dicha indemnización alegando que no se encontraban afiliadas a un régimen o entidad administradora de pensión, sin embargo anteriormente se les había informado que sus aporte se encontraban en la caja de previsión municipal. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos prestacionales, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez para las personas que cotizaron de manera previa a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no cumplen con los requisitos para adquirir dicha prestación, se encuentra que el municipio accionado vulneró el derecho fundamental al mínimo vital de las accionantes al no reconocer y conceder el pago de la indemnización sustitutiva de su pensión de vejez, ya que no se atendieron las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 constitucionales. Concedida.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 87    Expediente   T-2826142    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-084/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    EMILIA MORENO DE MEDINA VS. CAPRECOM EPS

Tema

Salud, vida digna. La demandante actúa en representación de su menor hija, comenta que se le ordenó un examen de oftalmología por padecer de estrabismo no especificado, sin embargo su EPS no ha autorizado la remisión ni los viáticos correspondientes a trasporte, alimentación y alojamiento para la niña y su acompañante. La Sala como asunto preeliminar estudia la procedencia de la acción de tutela cuando se trata de la agencia oficiosa en la defensa de los niños, niñas y adolescentes, el carácter fundamental del derecho a la salud de los niños y las niñas, las obligaciones exigibles a las empresas promotoras de servicios de salud del Régimen Subsidiado en la prestación de servicios POS-S y No POS-S, y los entes territoriales responsables, se encuentra que la EPS esta vulnerando los derechos fundamentales de la menor, por lo que se le ordena autorizar el examen ordenado y los demás exámenes, terapias, y tratamientos, incluyendo el trasporte en caso de ser necesarios para que le sea brindado el tratamiento de manera integral. Concedida.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 88    Expediente   T-2823076    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-085/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CONSUELO GONZALEZ ARDILLA VS. COMFENALCO EPS

Tema

Vida, salud, seguridad social, igualdad, dignidad humana. La accionante comenta menor hijo sufre de sarcoma de swing por lo tanto se le ordenó un tratamiento en la Ciudad de Bogotá para su recuperación, sin embargo no se otorgaron viáticos de transporte para el y un acompañante ya que viven en la Herveo Tolima. La Sala declara la carencia actual de objeto por fallecimiento del joven
Recibo Relatoria   16-3-2011 0:00


Item 89    Expediente   T-2687539    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-086/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    ANA BELEN CRUZ DE CASAS VS. GOBERNACION DE CAUCA Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna. En el presente caso la Sala analizó si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la demandante, al desvincularla del servicio activo por llegar a la edad de retiro forzoso, sin tener en cuenta su situación particular y el hecho de estar a menos de dos años de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión vitalicia por jubilación. La accionante solicita que se protejan sus derechos y se ordene la revocatoria de la resolución mediante la cual se le retiró del servicio activo como docente, así como su reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación. Se reitera que la posición de la Corporación frente a temas como el del asunto, es declarar la improcedencia de la acción de tutela cuando se instaura para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto para solicitar el reintegro a un cargo, en cuanto no se presente un perjuicio irremediable que permita tramitar la acción constitucional como excepción a dicha regla general. DENEGAD.
Recibo Relatoria   28-11-2011 0:00


Item 90    Expediente   T-2828945    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-087/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DIANA CONSTANZA GARZON BARRAGAN VS. DISFARMACOS Y SALUDCOOP EPS

Tema

Vida, mínimo vital, seguridad social, salud. La accionante sufre de discopatía lumbar, por lo que se le generaron varias incapacidades y se inició tratamiento, la enfermedad fue calificada como degenerativa y de origen común, sin embargo su contrato laboral fue terminado, y ella quedó desprotegida, solicita se ordene su reintegro. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la obligación de las EPS en dar continuidad a los tratamientos iniciados en pacientes que por una u otra circunstancia no puedan continuar cotizando al sistema, durante el proceso la accionante concilió con su empleadora, y actualmente se encuentra cotizando como independiente, por lo tanto se decide declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 91    Expediente   T-2508518 Y 2508519    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-088/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE GUILLERMO AVILA RODRIGUEZ Y OTRA VS. UNION TEMPORAL DE VIVIENDA PRO ORINOQUIA LLANOS Y OTROS

Tema

Vivienda digna. En el presente caso se acumularon dos expedientes por unidad de materia. En ambos casos, los accionantes fueron desplazados forzosamente de los municipios donde residían y posteriormente fueron inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. El Fondo Nacional de Vivienda les adjudicó un subsidio familiar para la adquisición de vivienda nueva por un valor de $10.000.000 para cada uno. Los demandantes suscribieron contratos con la Unión Temporal de Vivienda Pro Orinoquía Llanos, para la construcción de unidades de vivienda de interés social tipo 2, las cuales tenían un costo de $15.750.000 que serían cancelados con el subsidio de Fonvivienda y aportes de Villavienda y la Gobernación del Meta. En ambos contratos se pactó la duración de la construcción en 120 días calendario a partir de la iniciación de la obra. Por presentar mora en la entrega de la vivienda, los peticionarios elevaron derechos de petición para solicitar información respecto a la tardanza de la entrega de las viviendas y la entidad accionada les contestó que la demora obedecía al incumplimiento de las entidades que adquirieron la obligación de concurrir al pago. La Corte reiteró la procedencia de la acción de tutela para exigir la protección al derecho de la vivienda digna cuando quien invoca esta protección ha sido víctima del desplazamiento forzado, también estudió el tema relacionado con las obligaciones que tienen los particulares en relación con la población desplazada y los principios para la coordinación entre la Nación y los entes territoriales encargados de atender a este grupo poblacional. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 92    Expediente   T-2826867    Fecha sentencia   15-2-2011 0:00    Sentencia   T-091/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    NEFTALI RUEDA DELGADO VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. Actuando en calidad de agente oficiosa, la accionante incoa la tutela porque su esposo de 84 años de edad, sufrió un accidente cerebro vascular isquémico que le generó una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, que le imposibilita valerse por sus propios medios, por lo que requiere ayuda para realizar sus necesidades personales básicas. Teniendo en cuenta que la agente oficiosa es una persona de 72 años de edad, solicita se le autorice los procedimientos, medicamentos, servicios y productos necesarios para brindarle al afectado una atención integral, tales como cama hospitalaria eléctrica, grúa de traslado, silla de ruedas, enfermero o cuidador 24 horas, terapias en diferentes disciplinas, pañales, crema antipañalitis, etc. La Sala reitera jurisprudencia sobre la protección constitucional al derecho fundamental a la salud, así como la protección reforzada a la salud en sujetos de especial protección como son los adultos mayores. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 93    Expediente   D-8206    Fecha sentencia   16-2-2011 0:00    Sentencia   C-089/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    RICARDO MENESES SANTAMARIA VS. LEY 1383 2010 ARTICULOS 18 Y 24

Tema

Ley 1383 de 2010, por la cual se reforma la Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 y 24 parciales de la Ley 1383 de 2010. El actor considera que los enunciados normativos acusados son violatorios del artículo 29 de la Constitución Política, norma que consagra el derecho al debido proceso. El demandante alega que el artículo 18 acusado viola el derecho al debido proceso por cuanto quebranta la presunción de inocencia y el derecho de defensa a los propietarios de los vehículos y empresas afiliadoras, al establecer solidaridad entre éstas y el infractor de la norma de tránsito. Por otra parte aduce, que el artículo 24 es violatorio del derecho al debido proceso, en cuanto no establece que al propietario del automotor o a la empresa donde se encuentra afiliado el mismo, les asisten los mismos derechos del infractor de la norma, en cuanto a aceptar la infracción y acceder a la rebaja en el monto de la multa y tampoco prevé que los mismos sean reconocidos como sujetos procesales, con lo que se viola sus derechos a ser oídos, solicitar práctica de pruebas y controvertir las que fueran allegadas en su contra. La Corte constató que la obligación solidaria entre el propietario del vehículo y la empresa afiliadora era razonable y proporcionada, además de que no se les desconoce el debido proceso ni el derecho de defensa. Respecto a la reducción de las multas, la Corporación tampoco encontró que resultara violatoria del debido proceso. Se declaran EXEQUIBLES los artículos demandados.
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 94    Expediente   D-8180    Fecha sentencia   16-2-2011 0:00    Sentencia   C-090/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FELIPE OSPINA ACOSTA VS. LEY 100 DE 1993 ARTICULO 135

Tema

Ley 100 de 1993, artículo 135, el aparte acusado es el siguiente “Tratamiento Tributario. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, los recursos de los fondos de reparto del Régimen de Prima Media con Prestación definida, los recursos de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales y los recursos del fondo de solidaridad pensional, gozan de exención de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen, del orden nacional” se formulan dos cargos, el primero de omisión legislativa relativa, ya que se omitió la autorización de los entes territoriales para que graven los recursos, a pesar de la expresa prohibición del artículo 48 constitucional, el segundo cargo consiste en que el legislador no hizo referencia expresa al tratamiento tributario que corresponde a los recursos destinados por las empresas y entidades en los procesos de conmutación o normalización pensional, con lo cual se dejan desprotegidas aquellas sumas que, dentro del sistema pensional colombiano y conforme los procedimientos de ley, destinan los empleadores para la financiación y el traslado de las obligaciones pensionales a entidades administradoras o compañías de seguros. La Corte se pronuncia sobre la omisión legislativa relativa, se estudia si los recursos del sistema de seguridad social son recursos de carácter parafiscal que no pueden ser objeto de gravámenes por disposición del artículo 48, la normalización o conmutación del pasivo pensional, se concluye que el cargo por omisión legislativa no está llamado a prosperar, por cuanto el debate planteado esta girando en torno a la aplicación o interpretación de la ley y no a una supuesta omisión legislativa, se decide declarar la EXEQUIBILIDAD, del artículo demandado por los cargos analizados.
Recibo Relatoria   25-3-2011 0:00


Item 95    Expediente   T-2819761    Fecha sentencia   17-2-2011 0:00    Sentencia   T-093/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    BENJAMIN FERNANDEZ NARANJO VS. ISS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante a través de apoderado instauró la acción de tutela por considerar que con la negativa del ISS de reconocerle la pensión de jubilación le está vulnerando sus derechos fundamentales. El accionante es una persona de 67 años de edad que manifiesta que cotizó al sistema de pensiones por más de 23 años, pero no de forma exclusiva al ISS, sino haciendo aportes durante un lapso de tiempo a una Caja de Previsión Social Regional. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos prestacionales como un mecanismo necesario para garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, así como el alcance de la figura de pensión de vejez en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Concedida.


Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 96    Expediente   T-2736644 Y ACUMULADOS    Fecha sentencia   22-2-2011 0:00    Sentencia   T-094/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JOSE RICARDO FERNANDEZ MORA Y OTROS VS. MEDICOS ASOCIADOS EPS Y OTROS

Tema

Vida digna, integridad física, salud y protección social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los señores actúan en representación de sus menores hijos, dos de las menores sufren de bulimia y uno de los menores es drogadicto, comentan que sus respectivas EPS-S no les han brindado el tratamiento adecuado en las instituciones óptimas y por lo tanto los problemas de sus hijos se han venido agravando, por lo tanto solicitan les sea brindado el tratamiento en instituciones privadas las cuales prestan el servicio adecuado a la problemática de sus hijos. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad, la prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS y el recobro ante el Fosyga, el principio de atención integral en materia del derecho a la salud, se concluye que existe un enrome vació en el ordenamiento colombiano en lo que se refiere a la regulación referente a la atención, diagnóstico y tratamiento en los casos de trastornos de la alimentación, por esta razón, resulta de vital importancia exhortar tanto al Ministerio de la Protección Social y a la Comisión de Regulación en Salud, para que tengan en cuenta el vacío que se presenta sobre este punto y la importancia de regularlo, se encuentra absolutamente necesario que se incluya dentro del POS un programa serio de diagnóstico y rehabilitación para los casos de desórdenes alimenticios, en consideración al aumento de patologías entre la población adulta y adolescente en tanto comportan realmente un problema de salud pública preocupante, se ordena a las EPS-S accionadas asumir los costos de los tratamientos de las menores y se les recuerda que tienen la facultad de recobro frente al FOSYGA. Concedida.
Recibo Relatoria   6-4-2011 0:00


Item 97    Expediente   T-2755052    Fecha sentencia   22-2-2011 0:00    Sentencia   T-095/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ALBERTO EFRAIN CABRERA VS. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE IPIALES

Tema

Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. En la resolución de un proceso ordinario de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, el demandante consideró que el juzgado accionado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al no dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto declaró a favor de tres poseedores, la prescripción adquisitiva sin notificarle de la existencia de esos procesos, aún cuando tenía la posesión del inmueble inscrita, en su decir, en el registro de instrumentos públicos, desde el año 1957. En el caso concreto, la Sala consideró que no se cumple con el requisito genérico de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, según el cual el actor debe haber agotado todos los medios, ordinarios y extraordinarios, de defensa judicial a su alcance y demostrar la existencia de un perjuicio irremediable. Con base en lo anterior, se declara la IMPROCEDENCIA de la acción
Recibo Relatoria   17-3-2011 0:00


Item 98    Expediente   T-2824666    Fecha sentencia   22-2-2011 0:00    Sentencia   T-096/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CESAR AUGUSTO ARANGO MEJIA VS. COOMEVA EPS

Tema

Salud, vida digna, derechos de los niños. El señor actúa en representación de su menor hijo a quien se le diagnosticó hiperactividad, por lo cual le fueron prescritas algunas sesiones de neuro-psicología, sin embargo fue negada con posterioridad a la autorización de las mismas, por lo que el actor interpuso acción de tutela la cual le fue concedida, la EPS respondió que si iba a brindarle el tratamiento pero en la ciudad de Risaralda, por lo tanto interpuso una nueva acción de tutela solicitando que el tratamiento siga siendo brindado pero en el Hospital Infantil de Manizales donde venía siendo tratado el menor. La Sala estudia el carácter fundamental del derecho a la seguridad social y a la salud, se encuentra que la EPS no demostró porque el tratamiento no podía tener continuidad en el centro médico en el que se venía prestando, vulnerando los derechos del menor, por lo tanto se decide ordenar la autorización de neuro-psicología en la Ciudad de Manizales. Concedida.
Recibo Relatoria   22-3-2011 0:00


Item 99    Expediente   T-2811873    Fecha sentencia   22-2-2011 0:00    Sentencia   T-097/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ROCIO DEL CARMEN PINEDA IBAÑEZ VS. ALCALDIA DE MONTERIA

Tema

Trabajo, mínimo vital. Relata la accionante que hace aproximadamente 20 años se dedica a la venta de frutas y jugos naturales, como única actividad de la que obtiene el sustento diario. Refiere que hace 8 años se encuentra ubicada en el mismo lugar, el cual es una zona calificada como espacio público y que a lo largo de los años la administración municipal le ha otorgado diferentes permisos, pero que en la actualidad le han estado enviando resoluciones y notificaciones de desalojo, en las cuales le han establecido un ultimátum de fecha para el desalojo y restitución del espacio. La Sala considera que la decisión adoptada por la autoridad demandada desconoce el principio de confianza legítima de la accionante, pues si bien, le asiste a la Administración la obligación de preservar el interés común, en este caso el acceso, goce y utilización del espacio público, también le asiste el deber de preservar los derechos de aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta, ya sea por sus condiciones físicas o económicas, no pueden soportar una sorpresiva carga desproporcionada, al impedírsele abruptamente lo que antes se le permitía. Concedida.
Recibo Relatoria   5-6-2011 0:00


Item 100    Expediente   T-2806949    Fecha sentencia   22-2-2011 0:00    Sentencia   T-098/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    NICOLAS PELAEZ SALAZAR VS. COLEGIO SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO DE POPAYAN

Tema

Libre desarrollo de la personalidad, educación. El joven accionante promovió la tutela para reclamar su derecho al libre desarrollo de la personalidad, vulnerados presuntamente por el Colegio donde ha realizado sus estudios primarios y secundarios. Según el actor, la institución le ha exigido llevar un corte de cabello con determinadas especificaciones , orden que acogió en los primeros años de estudio porque sus decisiones no eran propias y porque su personalidad apenas estaba en proceso de formación. Aduce que en los últimos dos años ha tenido problemas con las directivas del colegio, porque él ha querido y decidido llevar el cabello más largo de lo estatutariamente establecido. La Sala precisa que los establecimientos educativos, con fundamento en su potestad reguladora, pueden imponer restricciones para preservar los derechos de los demás y el orden jurídico, pero que dichas restricciones se deben ajustar a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Concedida.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 101    Expediente   T-2835172    Fecha sentencia   22-2-2011 0:00    Sentencia   T-109/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DIANA MILENA FRANCO ATEHORTUA, PERSONERA DE YUMBO VALLE VS. MUNICIPIO DE YUMBO Y OTROS

Tema

Vivienda digna, vida, integridad física. Las accionantes, mujeres cabeza de hogar, madres de menores de edad y representadas por la Personera Municipal de Yumbo (Valle), instauran la acción de tutela para que los entes municipales responsables efectúen la adjudicación inmediata con títulos de propiedad y entrega real y material de una nueva unidad de vivienda, en razón a que el inmueble en donde residen con sus menores hijos, se encuentra en deplorable estado de habitabilidad, además de estar construido en zona declarada como de riesgo no mitigable. La Sala de Revisión hace referencia en primera instancia a la figura de agencia oficiosa como forma de configurar la legitimación por activa en las acciones de tutela y analiza la reiterada jurisprudencia que existe sobre el tema de la vivienda en condiciones dignas y su exigibilidad en sede de tutela. En particular, evidencia que en el caso concreto existe afectación o riesgo de sujetos de especial protección como son las mujeres cabeza de familia y los menores de edad, los cuales son poseedores de derechos de rango superior. Concedida
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 102    Expediente   T-2644270    Fecha sentencia   22-2-2011 0:00    Sentencia   T-110/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ANA OFELIA ESQUIVEL TORRES VS. LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO.

Tema

Seguridad social, igualdad, mínimo vital. La accionante convivió en forma continua y permanente con el señor Antonio Serrato Lozano durante 25 años, en unión marital de hecho. Al señor Serrato le fue concedida una pensión de invalidez por parte de la Dirección General de la Policía Nacional y luego de su muerte, la actora solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente supérstite. La petición pensional fue negada por la entidad accionada, bajo el argumento de que las normas jurídicas vigentes a la fecha del fallecimiento del asegurado, no establecían dicho beneficio para las compañeras permanentes de los miembros de la institución policial. Debido a la situación de salud que aqueja a la accionante y a su situación económica, se presentó nuevamente la petición a la entidad demandada y la misma resolvió la solicitud en los mismos términos. La Sala de revisión se pronunció sobre: i). el carácter vinculante de las sentencias constitucionalidad y de tutela y la obligatoriedad de los precedentes constitucionales para las autoridades administrativas. ii) la aplicación retrospectiva de la constitución y los criterios a emplear al momento de enjuiciar situaciones jurídicas durante el tránsito de la Constitución de 1886 y la de 1991. iii). La seguridad social como bien jurídico constitucionalmente tutelado. iv). La naturaleza y finalidad de la pensión de sobrevivientes, la protección de la familia, el principio de igualdad entre parejas conformadas por cónyuges o compañeros permanentes en materia de sustitución pensional y la situación jurídica en la que se encuentran las personas que iniciaron la configuración de su derecho prestacional en vigencia de la Constitución de 1886 y v). las condiciones excepcionales de la acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. Concedida.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 103    Expediente   D-8199    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   C-100/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC, AV GEMM, SV JIPC, SV HASP
Demandante / Demandado    IVAN SANTIAGO MARTINEZ VASQUEZ VS. LEY 599 DE 2000 ARTICULOS 165 Y 166 NUMERAL 5

Tema

Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”, artículos 165 y 166, el artículo 165 regula la desaparición forzada y el artículo 166 regula las circunstancias de agravación punitiva, en los casos de desaparición forzada el aparte acusado es el siguiente, “Cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el numeral anterior, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, el demandante considera que las normas acusadas vulneran los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 42 y 43 de la Constitución, al no incluir al cónyuge y al compañero o compañera permanente dentro de la causal de agravación punitiva prevista para el delito de desaparición forzada, constituyéndose esta circunstancia en una omisión legislativa relativa. La Corte como cuestión preliminar pasa a estudiar la aptitud sustancial de la demanda para permitir el pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación, se pronuncia sobre la potestad de configuración en materia penal, la omisión legislativa relativa contraria a la Carta, en cuanto a la demanda formulada contra el artículo 165 decide declararse INHIBIDA por ineptitud sustantiva de la demanda, y en cuanto al artículo 166 numeral 5 decide declararlo EXEQUIBLE en el entendido de que la circunstancia de agravación punitiva allí contemplada se extiende cuando la víctima de desaparición forzada es el o la cónyuge o el compañero o la compañera permanente de las personas aludidas en el numeral 4 de la citada disposición legal.
Recibo Relatoria   12-4-2011 0:00


Item 104    Expediente   D-8187    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   C-101/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA VS. DECRETO LEY 1042 DE 1978 APARTE DEL ARTICULO 1o.

Tema

Decreto Ley 1042 de 1978. Demanda de inconstitucionalidad contra un aparte de su artículo 1º. La norma establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional. El aparte acusado es el siguiente: ….. del orden nacional …… El demandante considera que el aparte subrayado vulnera el artículo 13 de la Constitución Política y solicita se declare su inexequibilidad. La Corte determina que existe una ineptitud sustancial de la demanda para emitir un pronunciamiento de fondo, por lo tanto decide declararse INHIBIDA
Recibo Relatoria   20-5-2011 0:00


Item 105    Expediente   D-8211    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   C-102/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUIS ANGEL MENDOZA SALAZAR VS. LEY 820 DE 2003, ARTICULOS 33 Y 34 PARCIAL

Tema

Ley 820 de 2003. Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. La demanda se dirige contra apartes de los artículos 33 y 34 de la norma en mención. Los artículos acusados son los siguientes: artículo 33: 3. Controlar el ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana, especialmente en lo referente al contrato de administración. Artículo 34: 2. Cuando las personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley incumplan cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de administración suscrito con el propietario del inmueble. ….. 6. Cuando las personas que tengan el carácter de arrendador de inmuebles destinados a vivienda urbana, estén sometidos o no, a la obtención de matrícula de arrendador, incumplan con lo señalado en los casos previstos en los numerales 1 a 3 del artículo anterior. El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos referidos con fundamento en varios cargos. El primer cargo formulado consiste, en la violación de la regla de unidad de materia El segundo cargo consiste en la violación de la cláusula general de competencias del Congreso y de las funciones que se ejercen a través de la ley, según la Constitución Política. El tercer cargo consiste en la violación del principio de poderes El cuarto cargo, es la violación al principio de dos instancias y el quinto cargo, consistente en la violación del principio de igualdad. La Corte se pronuncia sobre el principio de unidad de materia y establece que no existe vulneración de este principio, porque sí existe una relación temática directa entre los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y el llamado contrato de administración. Sobre las competencias territoriales recuerda que al Congreso de la República se le asignó explícitamente esta compentencia en el artículo 150 de la Constitución. Frente al principio de igualdad, establece que no se vulnera este principio por el hecho de que la facultad sancionatoria se interponga sólo sobre los arrendadores de vivienda y no sobre los propietarios, pues ambos sujetos están en una situación jurídica distinta que conlleva a un trato diferenciado entre ambos. En cuanto a la doble instancia se estima que tampoco hay vulneración a este principio, pues existe la posibilidad de que las partes de un contrato de administración puedan dirimir los conflictos contractuales ante la jurisdicción civil o ante cualquier mecanismo alternativo si así se ha pactado en el contrato. Por todo lo anterior se decide declarar la norma acusada exequible.
Recibo Relatoria   20-5-2011 0:00


Item 106    Expediente   T-2797519    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   T-099/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NELLI OROSTEGUI DE BAYONA COMO AGENTE OFICIOSA DE RODRIGO BAYONA SANCHEZ VS. ISS SECCIONAL SANTANDER

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna de adulto mayor. La accionante, agenciado oficiosamente a su esposo de 66 años de edad, solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, aduciendo que su agenciado cumplió con los requisitos legalmente exigidos, éstos son: la pérdida de la capacidad laboral superior al 50% (por cáncer de laringe en estado terminal) y 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. El ISS negó la solicitud al considerar que el actor no cumplía con el requisito de las semanas cotizadas, ya que presentaba mora en el pago de algunos aportes por parte del empleador. La Sala en el caso concreto estableció que la pensión de invalidez como componente esencial de la seguridad social adquiere rango fundamental y que el trabajador no debe soportar las consecuencias generadas por la negligencia de los empleadores constituidos en mora, ni la omisión de los administradores de pensiones de hacer efectivo el cobro de dichos aportes. Concedida.
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 107    Expediente   T-2785134    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   T-103/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    AURENTINO HERNANDEZ LONDOÑO VS. ISS SECCIONAL CALDAS

Tema

Dignidad humana, seguridad social, mínimo vital, debido proceso. Comenta el actor que en febrero 29 de 2009 fue notificado del dictamen emitido el 11 de noviembre de 2008, en el cual el médico calificador del ISS seccional Caldas certificó la pérdida de su capacidad laboral en un 67.3%, estructurada en febrero 21 de 2002, cuyo origen fue enfermedad común. Con dicho dictamen el accionante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez por considerar que cumplía con los requisitos para acceder a esta prestación. Refiere que el ISS respondió erradamente la petición pues le negó la pensión de vejez y no la de invalidez. Con el ánimo de corregir el error elevó los recursos respectivos ante el Instituto y la pensión de invalidez fue negada argumentada dicha decisión en que al momento de estructurarse la invalidez, el peticionario no se encontraba cotizando. En sede de revisión la Sala reiteró jurisprudencia respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, al igual que la existente en la garantía del derecho de la seguridad social y la condición de derecho fundamental que adquiere la pensión de invalidez. Concede.
Recibo Relatoria   29-4-2011 0:00


Item 108    Expediente   T-2806978    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   T-104/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    HENRY POVEDA RODRIGUEZ Y OTRA VS. DIRECCION DE PROTECCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DPAE Y OTRO

Tema

Igualdad, petición, vivienda digna, debido proceso. Los accionantes, padres de dos menores de edad y propietarios de un bien inmueble ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, refieren que en el 2005, la alcaldía local decretó la demolición de la vivienda, ordenando a cargo de los demandantes, tanto el pago de los costos de la demolición como el de una sanción, por haber construido sin la correspondiente licencia. En el 2006, el DPAE realizó visita al inmueble y determinó que estaba ubicado en zona de alto riesgo, motivo por lo cual recomendó la evacuación temporal y requirió a los demandantes para que aportaran varios documentos para ingresarlos en el programa de reasentamiento de las familias y proceder a su reubicación; sin embargo, estas medidas no se hicieron efectivas. Los actores manifiestan que de llegarse a ejecutar la orden de demolición, no tendrían otro lugar donde vivir y tampoco tendrían recursos suficientes para comprar o alquilar otra vivienda. La Sala considera que las circunstancias especiales en las que se encuentran los accionantes los convierten en sujetos vulnerables acreedores de mayor protección, por lo que el juicio de procedibilidad del amparo debe realizarse con un criterio más amplio. Concedida
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 109    Expediente   T-2799353    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   T-105/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MAYERLING RAMIREZ RAMIREZ VS. ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO

Tema

Debido proceso, igualdad, vida, seguridad social, protección a la mujer y al trabajo. La accionante estuvo vinculada primero mediante contrato de prestación de servicios y luego nombrada mediante resolución, para realizar su servicio social obligatorio como enfermera profesional en una E.S.E.. Luego de llevar cerca de 10 meses laborando en la entidad se enteró que estaba embarazada, hecho que comunicó verbalmente a su patrono. Sin embargo, en días posteriores recibió comunicación en donde le informaban sobre la terminación de su vínculo laboral, situación que la llevó a notificar nuevamente su estado de gravidez, pero esta vez por escrito. La accionante se considera discriminada por su estado de embarazo, porque le terminaron la vinculación laboral sin haber terminado el año que dura la prestación del servicio social obligatorio. La Sala reitera jurisprudencia sobre el fuero constitucional e internacional a la maternidad y también sobre la estabilidad laboral reforzada que tiene la mujer embarazada, independientemente de la relación laboral que exista. Concedida.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 110    Expediente   T-2813312    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   T-106/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIBEL NIÑO SERRANO VS. CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Tema

Vivienda digna,protección especial a los menores de edad, igualdad, vida digna. Refiere la actora que su vivienda se encuentra ubicada en un lugar que fue declarado zona de alto riego según diagnóstico ténico del DPAE, por encontrarse al borde de una quebrada de aguas contaminadas que no está canalizada, la que además, en temporada invernal se inunda creando peligro para los habitantes. No obstante lo anterior, la Caja de Vivienda Popular le notificó que había sido excluida del programa de reasentamiento, porque su predio aparece en la Oficina de Instrumentos Públicos a nombre de otras personas. Para decidir la Sala se apoyo en la reiterada jurisprudencia que hay sobre el derecho a la vivienda en condiciones dignas y en el marco normativo que cobija el proceso de reubicación de hogares situados en zonas declaradas como de alto riesgo Concedida.
Recibo Relatoria   11-4-2011 0:00


Item 111    Expediente   T-2791680    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   T-107/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ESTEVINSON AVILA PERTUZ VS. DRUMMOND LTDA

Tema

Debido proceso. El accionante fue despedido del cargo que desempeñaba en la DRUMMOND LTDA, supuestamente por haber participado activamente en un cese de actividades que se produjo en la mencionada empresa y que fue declarado ilegal por las autoridades judiciales respectivas. Para el actor, la accionada violó su derecho al debido proceso al no agotar adecuadamente un procedimiento previo, como es la diligencia de descargos previsto en la convención colectiva de trabajo, antes de desvincularlo del cargo que venía desempeñando en la empresa desde varios años atrás. Para la Sala, es claro que se vulneró el derecho al debido proceso al no agotarse adecuadamente el procedimiento para el despido del actor y, la orden de reintegro se encaminó directamente a la restitución de este derecho. Concedida
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 112    Expediente   T-2787950    Fecha sentencia   23-2-2011 0:00    Sentencia   T-108/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA LICENIA SANCHEZ LOPEZ VS. ISS

Tema

Vida digna, salud, seguridad social, mínimo vital, debido proceso. Refiere la actora que instauró demanda ordinaria laboral en contra del ISS para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de su esposo, la cual fue reconocida judicialmente, ordenándosele al ISS el pago de las mesadas desde el fallecimiento de su esposo. Comenta que pese al fallo judicial, el ISS no hizo efectivo ningún pago, vulnerándose de esta forma sus derechos fundamentales a la vida digna, salud, mínimo vital, seguridad social y debido proceso. Estando en trámite de revisión la entidad accionada acreditó la inclusión en nómina y el pago del retroactivo, por lo cual se declara el hecho superado por carencia actual del objeto. Concedida.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 113    Expediente   T-2845539    Fecha sentencia   24-2-2011 0:00    Sentencia   T-111/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    JACKELINE LOPEZ VS. JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Con la presente acción se estudió si el titular del Despacho Judicial accionado incurrió en un defecto procedimental absoluto, en la decisión que adoptó de negar el embargo de remanentes dentro de un trámite ejecutivo hipotecario, fundándose en la existencia de dación de pago del inmueble dado en garantía real, cuando la solicitud la recibió antes de que la providencia que aprobó dicha dación, cobrara ejecutoria. Para resolver, la Sala reiteró las reglas relativas a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales y se centró en la identificación de las condiciones formales y sustantivas para ello, especialmente analizó la caracterización del defecto procedimental absoluto y declaró la improcedencia de la acción
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 114    Expediente   T-2819465    Fecha sentencia   24-2-2011 0:00    Sentencia   T-112/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ Y OTROS VS. ECOPETROL S.A.

Tema

Igualdad, seguridad social. Los accionantes, trabajadores del nivel directivo de ECOPETROL mantuvieron una relación laboral con esta empresa hasta el momento en que adquirieron el derecho a una pensión de invalidez. En el 2007, la accionada implementó una política de compensación salarial dirigida a los directivos jóvenes que llevaran poco tiempo de labores en la empresa y; para el grupo de trabajadores denominados trabajadores pensionables, se creó un rubro conocido como estímulo al ahorro sin connotación salarial. A juicio de los actores, esta decisión de tajo los excluyó y generó una situación de notoria inequidad en relación con los otros empleados de la empresa que realizan actividades iguales. Para la Sala de Revisión el presente caso no cumplió el requisito formal de procedibilidad de la tutela frente a reclamaciones de carácter pensional y por tanto declaró la improcedencia de la misma. Negada.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 115    Expediente   T-2817449    Fecha sentencia   24-2-2011 0:00    Sentencia   T-113/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    AA VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Vida, salud, seguridad social. Los actores de la presente acción, en su calidad de cónyuges, están afiliados a la Nueva E.P.S como cotizante y beneficiaria respectivamene desde el mes de junio de 2010. Afirma el actor que él fue diagnosticado como portador del V.I.H. en 1999 y que su esposa presenta igual condición desde junio de 2010. Refieren que solicitaron a la Nueva E.P.S. atención médica e integral a esta enfermedad y que su petición fue denegada por no contar con un mínimo de 26 semanas cotizadas. La entidad accionada señaló que no vulneró ningún derecho fundamental ya que no le había negado la atención a los afectados y sólo les estaba exigiendo el cumplimiento de los requisitos legales previstos para la prestación de determinado servicio. La Sala reiteró jurisprudencia sobre el derecho a la salud como derecho fundamental; el alcance de la protección constitucional a los enfermos de VIH-SIDA por parte de las E.P.S y la evolución jurisprudencial en la exigencia de los períodos mínimos de cotización, hasta llegar a la inaplicación de tales exigencias en caso de enfermedades catastróficas y ruinosa. Determinó que a los accionantes sí les vulneraron los derechos fundamentales a la vida y a la salud, al negarles la atención y el cubrimiento integral de la enfermedad que padecen, al exigir el cumplimiento de requisitos de tipo legal. Concedida.
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 116    Expediente   T-2828639    Fecha sentencia   24-2-2011 0:00    Sentencia   T-114/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SPV HASP, SPV LEVS, SPV MVCC
Demandante / Demandado    MARISOL HINESTROZA SINESTERRA COMO AGENTE OFICIOSA DE SU HIJA ASHLY VANESA PEREA HINESTROZA VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. La accionante instaura la tutela en representación de su menor hija, quien padece del síndrome de West desde su nacimiento, lo que le produce una invalidez del 100% a raíz de una parálisis cerebral severa. La entidad demandada ha negado a la menor los pañales desechables y la crema que requiere para evitar laceraciones en su piel, así como el transporte en ambulancia y la atención médica domiciliaria, a pesar de que la niña se encuentra conectada a una bala de oxígeno y tiene la columna afectada. Dentro de las pretensiones de la demanda se solicita además, la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, así como la atención integral y progresiva para el retardo psicomotor que presenta la niña. Luego de analizar el caso a la luz de la jurisprudencia relacionada con el derecho a la salud de los niños y niñas, la Sala decide conceder parcialmente la protección de los derechos invocados por la representante legal de la menor afectada y sólo se niega la pretensión relacionada con la solicitud de atención integral y progresiva, por considerar que la acción de tutela no procede contra actos futuros e inciertos. CONCEDIDA PARCIALMENTE.
Recibo Relatoria   27-7-2011 0:00


Item 117    Expediente   T-2830322    Fecha sentencia   24-2-2011 0:00    Sentencia   T-115/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LETTY CECILIA LAZARO PABON VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social. La peticionaria, mujer de 59 años de edad, presenta una patología denominada discopatía degenerativa por lo que fue intervenida quirúrgicamente de una hernia discal. La Junta Regional de Calificación le determinó una perdida de capacidad laboral por enfermedad común equivalente al 56.55%, con fecha de estructuración del 10 de noviembre de 2004. Con dicho dictamen la actora solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, sin embargo la entidad accionada le negó la pensión por no acreditar el requisito de fidelidad, razón por la cual le concedió una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en una cuantía de $ 4.083.486. La Sala de Revisión estudió el caso desde la perspectiva del tratamiento constitucional y legal que se le ha dado al derecho fundamental de la seguridad social y se basó en el principio de progresividad en el caso de reconocimiento de la pensión de invalidez y el posterior análisis de constitucionalidad del artículo 1º. De la Ley 860 de 2003. Concedida.
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 118    Expediente   T-2817405    Fecha sentencia   24-2-2011 0:00    Sentencia   T-116/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARCIANA QUIRA CALAPSU EN MOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE LA GAITANA VS. DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Tema

Consulta previa de decisiones, educación, identidad cultural de población indígena. La Gobernadora del Resguardo Indígena de Páez de la Gaitana interpuso la acción en nombre de su Resguardo, por considerar que el Departamento del Cauca vulneró algunos de los derechos fundamentales en cabeza de la población indígena colombiana. Refiere la parte actora que la Secretaría de Educación del Cauca convocó a las autoridades tradicionales indígenas de ese departamento, a una mesa de trabajo con el acompañamiento del Ministerio de Educación, con el fin de determinar los establecimientos educativos oficiales que se encontraban ubicados en territorios indígenas atendiendo dicha población. Comenta que luego de hacer una estadística de estos establecimientos, se excluyó, sin consulta previa, una Institución Educativa con sus respectivas sedes, con lo cual se descartó la aplicación de una política etnoeducativa en la referida entidad. Para decidir se reitera jurisprudencia relacionada con las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales y la legitimación activa en los casos en que reclaman la protección de estos derechos mediante la acción de tutela. Así mismo, se decidió con base en el derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas a que se les consulte previamente, aquellas medidas legislativas o administrativas que pueden ser susceptibles de afectarles directamente. Concedida.
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 119    Expediente   T-2814984    Fecha sentencia   24-2-2011 0:00    Sentencia   T-117/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    YENNI NOHEMI GONZALEZ GONZALEZ VS. JAIME CUBILLOS CHAPARRO Y OTRA

Tema

Trabajo, debido proceso. La accionante suscribió un contrato verbal de arrendamiento de un local comercial que le permitía el uso de un frigorífico en un horario determinado. El inmueble cambió de dueño y el nuevo propietario no permitió el uso del frigorífico. Este hecho generó varios conflictos entre las partes, por lo cual se vieron obligados a asistir a una Casa de Justicia para procurar un acuerdo conciliatorio en el cual se aprobó la terminación del contrato. La accionante pretende el desconocimiento de dicho acuerdo conciliatorio y la continuación de la relación contractual, a fin de que se le evite un daño irremediable. La Sala estudia la procedencia de la acción de tutela contra particulares, cuando se trata de salvaguardar los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones privadas y en el caso concreto declara la improcedencia de la acción por no existir una perturbación de derechos fundamentales. Negada.
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 120    Expediente   T-2857624    Fecha sentencia   28-2-2011 0:00    Sentencia   T-118/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CARMEN PATRICIA DIAZ BERRIO VS. SALUDCOOP EPS

Tema

Salud, vida digna. La accionante solicita se ordene a SALUDCOOP EPS, autorice la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, ya que sufre de insuficiencia renal crónica, su médico tratante determinó iniciarle un estudio a fin de ingresarla al programa de transplante renal cadavérico, para analizar la viabilidad se deben realizar una serie de exámenes prescritos por su médico tratante, pero no ha podido realizarlos porque no cuenta con el dinero para costear los copagos que demandan los exámenes, dada su difícil situación económica. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la exigencia de cuotas moderadoras y copagos en el régimen contributivo, se recuerdan las reglas probatorias para establecer la capacidad económica, se establece que la accionante se encuentra en grave peligro ante la enfermedad crónica terminal que padece, por lo que requiere con urgencia que se tomen las medidas para que le sea brindado el tratamiento de manera inmediata, se decide eximirla del pago de cuotas moderadoras y de los copagos. Concedida.
Recibo Relatoria   31-3-2011 0:00


Item 121    Expediente   T-2837712    Fecha sentencia   28-2-2011 0:00    Sentencia   T-119/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    MIGUEL RICARDO GARNICA HUERTAS VS. COMANDANTE DISTRITO MILITAR N.8 OFICINA DE RECLUTAMIENTO BATALLON TARQUI

Tema

Igualdad, debido proceso. El accionante solicita se ordene al Distrito Militar número 8, que realice la liquidación de la cuota de compensación militar, atendiendo a su situación económica particular y no a la de su núcleo familiar, ya que hace varios años se encuentra emancipado y se le esta exigiendo estados financieros de su padre, con quien hace muchos años no convive. La Sala se pronuncia sobre la prestación del servicio militar obligatorio y el trámite para definir la situación militar, la cuota de compensación militar, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar el derecho al debido proceso administrativo, la observancia del debido proceso en los trámites relativos a la definición de la situación militar, dentro del expediente aparece demostrada la independencia económica del accionante, por lo tanto se ordena realizar la liquidación de la cuota de compensación militar y requerir únicamente la información del señor sin solicitar los documentos relacionados con sus padres, además se deja sin efecto la multa impuesta al peticionario por no haber seguido el debido proceso. Concedida.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 122    Expediente   T-2857529    Fecha sentencia   28-2-2011 0:00    Sentencia   T-120/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    STEFANY BARON RODRIGUEZ VS. LINEA HUMANA DE SERVICIOS LTDA Y LABORATORIOS INCOBRA S.A.

Tema

Mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, mujer embarazada. La accionante comenta se encontraba vinculada a la empresa accionada por intermedio de Línea Humana Servicios, en el desarrollo de sus actividades quedó en estado de embarazo situación que informó a las dos empresas, sin embargo fue desvinculada, solicita ser reintegrada a su trabajo. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, el derecho a la no discriminación por razón de género con fundamento en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se aclara que el fuero de maternidad opera independientemente del tipo de vinculación, se determina que la empresa accionada vulneró los derechos de la accionante, ya que en los contratos a término fijo, así la trabajadora anuncie con posterioridad al preaviso su embarazo, es obligación del empleador renovar el contrato, por lo tanto se ordena afiliar a la accionante y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema de Seguridad Social en Salud, cancelar la indemnización del artículo 239 del CST, y el pago de la licencia de maternidad. Concedida.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 123    Expediente   T-2559956    Fecha sentencia   28-2-2011 0:00    Sentencia   T-121/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOSE FRANCISCO AGRAY SUSA VS. COORATIENDAS TIERRA BUENA

Tema

Vida digan, mínimo vital, trabajo. El accionante tuvo un vínculo laboral con la empresa Cooratiendas-Tierra Buena desde el 17 de febrero de 2008 hasta el 25 de febrero de 2009. El 10 de noviembre del 2008, en ejercicio de sus funciones laborales, sufrió un accidente de trabajo y a partir de ese momento continuó presentando fuertes dolores de espalda, hecho que le generó una incapacidad entre el 21 y el 25 de febrero de 2009, fecha cuando se reintegró y se dio por terminada la relación contractual de manera unilateral y sin justa causa. El actor solicita su reintegro porque depende económicamente de su trabajo para mantener a su familia y para pagar un crédito de vivienda, cuyo pagos están sujetos a su salario. La Sala estudia la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral y la estabilidad laboral reforzada de que son titulares aquellos empleados que sufren un deterioro de su estado de salud en el transcurso del contrato laboral, así no hayan sido calificados como discapacitados. Concedida
Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 124    Expediente   D-8207    Fecha sentencia   1-3-2011 0:00    Sentencia   C-122/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV GEMM, AV MVCC, SPV MGC, SV HASP
Demandante / Demandado    ADRIANA PARRA HERNANDEZ VS. LEY 5 DE 1992, ARTICULO 40

Tema

Ley 5 de 1992. Por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Demanda de Inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 40. El parágrafo demandado reza: En tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes y Comisiones Legales habrá un Presidente y un Vicepresidente, elegido por mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan a mismo partido o movimiento político. Según la demandante, la norma acusada va en contra del artículo 112 de la C.P., que le otorga una serie de garantías y derechos a los partidos y movimientos minoritarios que no hacen parte del Gobierno como coalición, con el fin de permitir su participación y fortalecimiento. La Corte encontró que las excepciones de inconstitucionalidad proferidas en casos concretos por otras autoridades u órganos no vinculaban a esta Corporación en los pronunciamientos que le corresponda adoptar en desarrollo del control de constitucionalidad y consideró que la participación de las minorías en las mesas directivas de las comisiones constitucionales permanentes y legales del Congreso no tiene reserva de ley estatutaria y por ser materia propia del ejercicio de la actividad legislativa debe ser regulada por ley orgánica. Se declara EXEQUIBLE
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 125    Expediente   D-8191    Fecha sentencia   1-3-2011 0:00    Sentencia   C-123/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV MVCC, SPV LEVS, SV HASP
Demandante / Demandado    MARIA CRISTINA DIAZ GOMEZ Y OTRO VS. LEY 356 DE 1994, ARTICULOS 8, 12, 30, 47 Y YY (PARCIALES)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 8, 12, 30, 47 y 66 (parciales) del Decreto Ley 356 de 1994, “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada” Los apartes demandados hacen referencia a los requisitos de persona natural y nacionalidad colombiana a socios de empresas de vigilancia y seguridad privada y; sobre la exigencia de organización como sociedad de responsabilidad limitada Para los demandantes, los preceptos demandados vulneran los artículos 1, 2, 4, 5, 13,25, 333 y 334 de la Constitución Política. Se fundamenta la demanda en los siguientes aspectos: 1º. Se plantea una excepción a favor de las sociedades de responsabilidad limitada que se considera caprichosa y no proporcionada, si se tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico ha reconocido validez a otros tipos de sociedades. 2º. Se impide la participación de “todos” en las decisiones que los afecten, específicamente de las sociedades distintas a las de responsabilidad limitada, en relación con los servicios de vigilancia y seguridad privada encaminadas a la protección ciudadana que el Estado no puede ofrecer. 3º. Se viola el derecho al trabajo de las sociedades que no son de responsabilidad limitada, quienes se ven imposibilitadas de ejercer su actividad en materia de vigilancia y seguridad. 4º.las normas demandadas obstruyen y restringen la iniciativa privada y la libertad económica de las sociedades diferentes a las de responsabilidad limitada, impidiéndoles actuar como empresas de vigilancia y seguridad privadas. La Corte concluye que si bien los artículos 12 y 47 de la norma demandada establecen un tratamiento diferencial que limita el ejercicio de algunos derechos y libertades, éste se encuentra constitucionalmente justificado por cuanto persigue fines admisibles y para alcanzarlos utiliza medios razonables y proporcionales. Se resuelve declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones demandadas contenidas en los artículos 12 Y 47, e INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la demanda de los artículos 8, 30 y 66 del Decreto 356 de 1994.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 126    Expediente   D-8217    Fecha sentencia   1-3-2011 0:00    Sentencia   C-124/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    KLAUS ANDRES PRIETO LOZADA VS. LEY 1395 DE 2010 ARTICULO 25

Tema

Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, artículo 25 numeral segundo literal a), el aparte acusado es el siguiente “en ningún caso habrá lugar a objeción del dictamen”, el demandante afirma que dicho aparte, es contrario a los artículos 2, 29 y 228 constitucionales, considera que vulnera el debido proceso debido a que establece la eliminación de la objeción del dictamen pericial por error grave, el cual existía durante la legislación procesal civil anterior, y era un instrumento destinado a la contradicción de las pruebas que hacen parte del derecho de defensa y debido proceso. La Corte se pronuncia sobre los límites constitucionalmente admisibles al amplio margen de configuración legislativa en materia de procedimientos judiciales, la naturaleza jurídica del dictamen pericial y su contradicción, las decisiones sobre la eliminación de la etapa de objeción al dictamen pericial, se estudia el contexto normativo de la expresión acusada, se encuentra que la censura planteada por el actor desconoce que el modelo de control judicial del dictamen pericial tiene un carácter complejo y por ende no se agota en la objeción de dictamen por error grave, el restringir apenas uno de los instrumentos de control en nada se opone al debido proceso, por lo tanto se decide declarar la norma acusada Exequible.
Recibo Relatoria   25-3-2011 0:00


Item 127    Expediente   LAT-347    Fecha sentencia   2-3-2011 0:00    Sentencia   C-125/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. CONVENIO DE UNIDROT Y DE LA LEY APROBATORIA 1304 DE 2009

Tema

Revisión de Constitucionalidad del Convenio de Unidrot sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente y de la Ley Aprobatoria No. 1304 de 2009. El Convenio puesto a consideración de la Corte se enmarca dentro de los criterios de cooperación internacional, promoción y preservación del patrimonio cultural y acoge lo dispuesto en la Carta Política en los artículos 2, 8, 9, 63, 70, 71 y 72, por tanto, frente a su contenido no se encuentra ninguna objeción constitucional. Se declaran EXEQUIBLES tanto la Ley 1304 de 2009, como el Convenio de Unidrot sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente
Recibo Relatoria   30-6-2011 0:00


Item 128    Expediente   D-81846    Fecha sentencia   2-3-2011 0:00    Sentencia   C-126/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV JCHP, AV MVCC, AV LEVS
Demandante / Demandado    VICTOR JAVIER VELASQUEZ GIL VS. LEY 1089 DE 2006, ARTICULO 158

Tema

Ley 1089 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Demanda de Inconstitucionalidad parcial contra el artículo 158 El aparte demandado establece: …En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte. A juicio del demandante, las garantías de prohibir el juicio en ausencia del adolescente y de ordenar la suspensión hasta que éste no comparezca, tienen como carga, el aumento del término de la prescripción. A su parecer, ésas garantías y ésa carga, se previeron sin limitar el alcance del artículo estudiado, a los casos de ausencia justificada. Se establece que la demanda presentada contra el segmento del artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia, se dirigieron en contra de una norma legal que ya había sido declarada exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional en una sentencia previa, en la cual, los cargos esbozados ya habían sido considerados y analizados y frente a los cuales, se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Se resuelve, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-055/10.
Recibo Relatoria   29-8-2011 0:00


Item 129    Expediente   D-8228    Fecha sentencia   2-3-2011 0:00    Sentencia   C-127/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA GABRIELA RINCON MARTINEZ VS. LEY 906 DE 2004 ARTICULOS 267 Y 287

Tema

Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Se demandan los artículos 267 y 278 que hacen referencia a: Artículo 267. Facultades de quien no es imputado. Artículo 287: Situaciones que determinan la formulación de la imputación. La demandante considera que el legislador al expedir el primer artículo demandado incurrió en una supuesta omisión legislativa relativa, violatoria de los derechos de defensa, acceso a la justicia y dignidad humana, al atribuir exclusivamente al Fiscal la competencia para solicitar la audiencia preliminar de formulación de imputación, sin prever la oportunidad para que el indiciado pueda solicitar tal audiencia, en procura de la garantía de sus derechos a ser oído desde la iniciación de la investigación. Por otra parte, considera la actora, que el artículo 287, vulnera los mismos postulados, porque al no prever un término razonable de duración de la indagación preliminar, por parte de la Fiscalía, distinto al de prescripción de la acción penal, somete al indiciado indefinidamente a las molestias propias de este tipo de investigaciones. En relación con el derecho a la notificación de los cargos, garantía intangible que no puede ser limitada en ninguna situación o estado de excepción, considera la demandante, que el legislador debió prever la posibilidad de que el indiciado pueda acudir ante un juez de garantías, para exigir la determinación de sus derechos, dentro de un sistema judicial en el que no existe discrecionalidad para imputar o acusar porque está sometido al principio de legalidad penal. La Sala, luego de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional cuando se trata de un cargo por omisión legislativa relativa, considera que no hay violación a los derechos del indiciado, porque tales derechos surgen desde el momento mismo en que tiene conocimiento, por cualquier medio, de que cursa una investigación en su contra. De otra parte, considera la Corporación que el término de prescripción de la acción penal, es un lapso que permite al Estado, en su deber de administrar justicia, investigar y reprimir delitos, adelantar de manera eficiente y eficaz la respectiva investigación, permitiendo a su vez que el sindicado también tenga la oportunidad de estructurar adecuadamente su defensa. Se resuelve declarar EXEQUIBLES los artículos demandados.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 130    Expediente   D-8221    Fecha sentencia   2-3-2011 0:00    Sentencia   C-128/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO VS. LEY 906 DE 2004, ARTICULOS 177 Y 286

Tema

Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 177 y 286. Los artículos demandados se relacionan con los efectos en que se concede la apelación y el concepto de la formulación de imputación. Para el actor, la totalidad del artículo 177 es contrario a la Constitución por omisión legislativa relativa, como quiera que por razones lógicas y jurídicas tendría que hallarse incluido en el acto de formulación de la imputación, que al no estar, genera una imperfección que lo hace inequitativo, inoperante e ineficiente. Respecto al artículo 286 atacado, considera que es contrario al artículo 29 superior, por cuanto la formulación de la imputación, al ser considerada como un acto de mera comunicación, no podría ser objeto de contradicción, con lo cual se vulnera los derechos constitucionales de defensa y debido proceso. La Corte se declara INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, por ineptitud sustancial de la demanda.
Recibo Relatoria   30-8-2011 0:00


Item 131    Expediente   T-2451120    Fecha sentencia   3-3-2011 0:00    Sentencia   T-129/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    OSCAR CARUPIA DOMICO Y OTROS VS. MINISTREIOS DE TRANSPORTE, AMBIENTE, VIVENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y OTROS

Tema

Consulta previa, debido proceso, diversidad étnica, vida digna. Los accionantes son miembros de los resguardos indígenas de Embera-Katío y Chidima-Tolo, mediante la presente acción exponen la problemática que presenta la construcción de las obras de una carretera que atraviesa los resguardos, el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, y los trámites relativos a la concesión para la explotación de oro, ya que estas circunstancias han fragmentado el territorio de los resguardos, facilitando la presencia de colonos que de forma irregular ocupan sus territorios y explotan los recursos naturales ocasionando daños ambientales a zonas del resguardo y aledañas del mismo, y los ponen en peligro de desplazamiento, solicitan se ordene la suspensión de las obras de la carretera denominada Ungía-Acandí en el sector K26-00 al K34-700, hasta tanto no se realice la consulta previa y mientras se interponen las acciones administrativas correspondientes. La Sala se pronuncia sobre, la protección constitucional especial de la diversidad étnica y cultural de la Nación, el reconocimiento en materia indígena y la autonomía en sus territorios, la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, la tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, el derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa respecto de obras, proyectos y actividades que tengan la potencialidad de afectar sus territorios étnicos y el derecho de las comunidades de compartir los beneficios, los requisitos jurisprudenciales para la realización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento libre e informado.
La Corte encuentra que se deben adoptar las ordenes necesarias para mejorar la situación de desprotección que padecen las comunidades indígenas por las obras de infraestructura y por la ocupación de tierras por parte de los colonos, para ello se hace necesario disminuir el impacto desproporcionado de las distintas medidas administrativas que autorizan la explotación de recursos y obras de infraestructura, se ordena al Ministerio del Interior y de Justicia como medida simbólica de reparación coordinar y financiar la traducción de las ordenes dictadas en esta sentencia a la lengua Embera, y suministrar copias de la misma, se exhorta al Congreso para que se regule y materialice el derecho fundamental a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado de los grupos étnicos que hacen parte de la Nación, se decide conceder la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la autonomía e integridad étnica, cultural y social y la protección de riquezas naturales y culturales, se ordena suspender la ejecución de las obras hasta tanto se realice la consulta previa, además se ordena suspender todas las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera que puedan afectar a las comunidades indígenas y se ordena a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que apoyen, acompañen y vigilen el pleno cumplimiento del presente fallo, se ordena a los Ministerios de Interior y de Justicia y del Medio Ambiente, que dentro de un año rindan un informe detallado del cumplimiento de las órdenes adoptadas en la presente providencia. Concedida.

Recibo Relatoria   25-4-2011 0:00


Item 132    Expediente   T-2759209    Fecha sentencia   3-3-2011 0:00    Sentencia   T-130/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JESUS ANILIO MOSQUERA IBARGUEN VS. CONCEJO MUNICIPAL DE MEDIO SAN JUAN

Tema

Mínimo vital. El accionante fue elegido Concejal del Municipio de Medio San Juan Chocó para el período comprendido entre el 2004-2007. Vencido su período y retirado de la Corporación, la misma le quedó debiendo el pago de algunas sesiones de trabajo y excedentes de honorarios, los cuales quedaron expresamente reconocidos en un acto administrativo. Refiere que pese a diversas conversaciones con el presidente del Concejo y a la decisión judicial dictada dentro de un proceso ejecutivo laboral, no ha logrado que se le cancele el dinero adeudado, el cual requiere para cumplir con los compromisos económicos y judiciales que tiene. Se declara la improcedencia de la acción.
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 133    Expediente   T-2816316    Fecha sentencia   3-3-2011 0:00    Sentencia   T-131/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    WILLIAM BARROS CERVANTES ACTUANDO COMO AGENTE OFICIOSO DE MODESTA ISABEL CERVANTES SERRANO VS. E.P.S. SALUD TOTAL S.A.

Tema

Salud, seguridad social, tercera edad. El afiliado tiene una relación matrimonial hace 30 años. En 1999, afilió a su cónyuge a la E.P.S. SALUD TOTAL en calidad de beneficiaria. En el 2008, el ISS le reconoció a su esposa la pensión de vejez y ésta se afilió a la misma E.P.S., pero en calidad de cotizante. En virtud del cambio de la calidad de afiliación de su cónyuge, el actor solicitó, mediante derecho de petición, la desvinculación de ella por presentar multiafiliación y en su reemplazo pidió inscribir a su progenitora como beneficiaria, teniendo en cuenta que dependía económicamente de él. En la respuesta le fue indicado que para desvincular a su esposa, debía demostrar que no existía ningún vínculo matrimonial con ella, situación que acreditaba con la respectiva acta de divorcio. Para la Sala, la madre del actor tiene derecho a ser afiliada como beneficiaria de su hijo, porque reúne los requisitos legales para serlo, independientemente de la desvinculación de su esposa a la E.P.S SALUD TOTAL, entre otras razones, porque la norma establece que cuando los dos cónyuges cotizan al Sistema General de Salud, deben estar vinculados a la misma empresa promotora de salud, sin la necesidad de estar separados o divorciados. Concedida.
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 134    Expediente   T-2858715    Fecha sentencia   3-3-2011 0:00    Sentencia   T-132/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JHONATAN FERNEY TEJADA GOMEZ VS. PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GLOBAL SOLIDARIA Y OTRO

Tema

Seguridad social, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital. El accionante comenta que trabajó para la empresa Fibras Nacionales, quien a su vez hizo que se afiliara a Cooperativa Global Solidaria, sus tareas consistían en cargar material de reciclaje, con un peso que oscilaba entre los 50 y 100 kilos, esta situación le generó una hernia inguinal la cual fue operada, después de terminar su periodo de incapacidad el trabajador fue despedido, solicita se ordene su reintegro. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el alcance de la acción de tutela como medio excepcional par a la protección de la estabilidad laboral reforzada frente a grupos vulnerables, y de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de las limitaciones físicas sensoriales o psicológicas, se estudian los fundamentos normativos de las cooperativas de trabajo asociado y la relación jurídica entre los cooperados y las cooperativas de trabajo asociado, se encuentra que los derechos del accionante han sido vulnerados, por lo tanto se ordena reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, o un cargo acorde con sus actuales condiciones de salud, se dispone que tanto la cooperativa como la empresa accionadas, cancelen al actor de forma solidaria, la indemnización a la que tiene derecho de conformidad con el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Concedida.
Recibo Relatoria   25-3-2011 0:00


Item 135    Expediente   T-2826450    Fecha sentencia   3-3-2011 0:00    Sentencia   T-134/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CATALINA PEREZ LOPEZ VS. COOMEVA MEDICINA PREPAGADA

Tema

Salud, vida digna. La accionante sufre de hipertrofia mamaria, dorsalgia y quistes de mama bilaterales y quistes en las mamas, por lo tanto su médico tratante le ordenó que debía someterse a la cirugía de mamoplastia de reducción, sin embargo COOMEVA medicina prepagada se negó a realizarle dicha operación por cuanto esta operación se encuentra expresamente excluida del plan obligatorio de salud. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para resolver controversias derivadas de contratos de medicina prepagada, los límites de los planes adicionales de salud en aplicación del principio de buena fe contractual y la protección del derecho a la salud, se concluye que la cláusula de cobertura y de exclusión, sobre la cirugía mamaria, no permite determinar con claridad cuál fue la intención real de la parte que redactó la forma del contrato, ya que tiene un carácter ambiguo el cual no le es oponible a la accionante, por lo cual la entidad accionada debe asumir la responsabilidad sobre la prestación del servicio quirúrgico requerido por la accionante. Concedida.
Recibo Relatoria   25-3-2011 0:00


Item 136    Expediente   T-2830401    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-135/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS HERNANDO LONDOÑO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Salud, vida digna. La accionante sufre de hipertrofia mamaria, dorsalgia y quistes de mama bilaterales, por lo tanto su médico tratante le ordenó que debía someterse a la cirugía de mamoplastia de reducción, sin embargo COOMEVA medicina prepagada se negó a realizarle dicha operación por cuanto se encuentra expresamente excluida del plan obligatorio de salud. La Sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para resolver controversias derivadas de contratos de medicina prepagada, los límites de los planes adicionales de salud en aplicación del principio de buena fe contractual y la protección del derecho a la salud, se concluye que la cláusula de cobertura y de exclusión, sobre la cirugía mamaria, no permite determinar con claridad cuál fue la intención real de la parte que redactó la forma del contrato, ya que tiene un carácter ambiguo el cual no le es oponible a la accionante, por lo cual la entidad accionada debe asumir la responsabilidad sobre la prestación del servicio quirúrgico requerido por la accionante. Concedida.
Recibo Relatoria   29-3-2011 0:00


Item 137    Expediente   T-2816545    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-136/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JUSTINO ALAPE SANCHEZ VS. ING PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Tema

Mínimo vital, vida digna. El accionante, hombre de 79 años de edad, reclamó ante ING Pensiones y Cesantías S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, derivada de la muerte de su hijo. La empresa ING, luego de observar que las semanas cotizadas eran suficientes para alcanzar el beneficio pensional, remitió la solicitud a la Compañía de Seguros Bolívar con el fin de obtener el pago de la suma adicional para financiar la pensión de sobrevivientes, pues la cuenta de ahorro pensional del afiliado era insuficiente para sufragar la prestación. Esta última entidad manifestó que no iba a financiar el monto reclamado porque no se cumplía el requisito de la dependencia económica. En sede de revisión, se reitera jurisprudencia relacionada con el requisito de la dependencia económica de los padres respecto del afiliado fallecido para acceder a la pensión de sobrevivientes y en el caso concreto, la Sala consideró que una dependencia parcial y razonable como la que tenía el tutelante respecto de su hijo, lo hace beneficiario de la pensión de sobrevivientes solicitada. Concedida
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 138    Expediente   T-2814789    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-137/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ALFREDO APONTE VERA VS. ECOPETROL GERENCIA NACIONAL Y OTRO

Tema

Petición. El accionante elevó derecho de petición ante el gerente de la estación de ECOPETROL de Apiay, solicitando información sobre los contratos celebrados por la entidad con siete empresas contratistas para las cuales laboró. La solicitud, fue sustentada en el hecho de que en la historia laboral del ISS, no aparecieron reflejados los aportes para el sistema de seguridad social que dichas empresas le efectuaron. En concreto, el actor solicitó información respecto a que si dichas empresas evadieron pagar sus aportes de pensión y si estaban obligadas a hacerlo. Estos datos fueron requeridos para tramitar el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Para el demandante, las respuestas dadas por la entidad accionada no contienen información concreta, ni de fondo, que le ayuden a dilucidar la ausencia de pago de aportes a su favor. . Se decide amparar el derecho de petición y ordenar a la entidad accionada suministrar al actor, copia auténtica de los contratos suscritos por la empresa con diferentes firmas y responderle, si con respecto a dichos contratos, ECOPETROL verificaba el pago del contratista como empleador, a salud, pensiones y riesgos profesionales. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 139    Expediente   T-2755050    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-138/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MAURICIO PARDO HASCHE VS. JUZGADO QUINTO DE EJECUCION DE PENAS DE TUNJA Y OTRO

Tema

Libertad, igualdad, debido proceso. El accionante fue condenado a 30 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo, esta decisión fue impugnada y el Tribunal de segunda instancia le fijó una penal principal de 29 años de prisión. El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Tunja le concedió un descuento parcial equivalente al 2.5% de la pena, por considerar que no cumplía todos los requisitos previstos en la ley para acceder a una rebaja del 10%. Esta decisión fue revocada por el superior, estableciendo que se deben cumplir íntegramente todos los requisitos que permiten la rebaja de pena en el 10% y que éstos deben ser cumplidos simultáneamente y durante el tiempo que estuvo vigente el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. La Sala de Revisión reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre la procedencia del beneficio contenido en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, a partir de su declaratoria de inexequibilidad mediante sentencia C-370/06. En el caso concreto de confirman parcialmente las decisiones atacadas en cuanto negaron la procedencia de la acción de tutela, pero igualmente se revocan parcialmente, en cuanto a la afirmación de que no se incurrió en un desconocimiento del precedente . Negada
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 140    Expediente   T-2819120 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-139/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    SONIA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ ACTUANDO CMO AGENTE OFICIOSO DE SU MADRE MARIA EVELIA RODRIGUEZ PEDRAZA Y OTROS VS. NUEVA E.P.S. Y OTROS

Tema

Vida digna, salud, debilidad manifiesta. Se acumulan varios expedientes por unidad de materia. Los accionantes, en causa propia y otros a través de agentes oficiosos, presentaron individualmente acciones de tutela en contra de diferentes entidades prestadoras de salud, porque consideran que estas E.P.S les violaron sus derechos fundamentales, al negarse a autorizar varios servicios de salud que no se encuentran incluidos en el POS. En sede de revisión de los casos, la Sala recuerda que las entidades prestadoras de servicios de salud y los jueces de tutela, tienen el deber constitucional de trabajar y decidir armónicamente por la protección y promoción de los derechos fundamentales, de aquellas personas que por sus condiciones físicas se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta. Se concede la protección de los derechos invocados y se imparten órdenes a las entidades accionadas para que hagan efectivo el cumplimiento de los mismos. Concedida.
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 141    Expediente   T-2828372    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-140/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    IDALDO RAFAEL MARENCO ESPAÑA VS. TIEMPOS S.A.

Tema


Trabajo, mínimo vital, seguridad social. El demandante ingresó a laborar a la Empresa de Servicios Temporales TIEMPOS S.A, contratado por obra o labor como trabajador en misión en otra empresa, para desempeñar el oficio de soldador. Luego de llevar cuatro meses de labores y estando fuera de su horario de trabajo, fue atropellado por un vehículo automotor lo que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo. Después de permanecer siete días en la unidad de cuidados intensivos fue dado de alta, pero de manera posterior tuvo que asistir en varias oportunidades al servicio de urgencias por presentar dolor de cabeza persistente, visión borrosa, pérdida de equilibrio, desorientación, hipoacusia y otalgia, dolencias que le generaron una incapacidad de trescientos siete días. Se instaura la acción de tutela, porque la empresa empleadora terminó de manera unilateral el contrato de trabajo, sin previa notificación y permiso del inspector del ramo, a pesar de que a la fecha del despido el actor seguía incapacitado y no había sido valorado para determinar su porcentaje de discapacidad. La Sala decide el caso, tras el estudio de la siguiente temática: 1º. Procedibilidad de la acción de tutela contra particulares. 2º. Garantías constitucionales de la estabilidad laboral reforzada respecto a los sujetos con limitaciones. 3º. Análisis de la justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo consagrada en el CST, 4º. Los contratos a término fijo por obra o labor, frente a la estabilidad laboral reforzada y 5º. Continuidad en la prestación del servicio de salud. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reintegro sin solución de continuidad, en un cargo que ofrezca iguales o superiores condiciones, de conformidad con la naturaleza del vínculo laboral y con las prescripciones que el médico tratante emita. Igualmente, se ordena el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir y la cancelación de aportes al Sistema General de Seguridad Social. De otra parte, se imparten una serie de órdenes a la E.P.S. COOMEVA y a la AFP PORVENIR S.A.; tendientes a establecer la pérdida de la capacidad laboral del actor.


Recibo Relatoria   23-4-2012 0:00


Item 142    Expediente   T-2815412    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-141/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ELY JOHANA URQUIJO GUIZA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Vida digna, mínimo vital, igualdad. La accionante refiere que se desplazó del municipio del Puerto Trujillo al municipio de Puerto Gaitán , debido a amenazas que le hiciera las FARC por no permitir que sus hijos se reclutaran en sus filas. Manifiesta que declaró su situación de desplazado ante la Procuraduría Regional de Villavicencio, pero que esta autoridad le negó la inscripción en el registro único población desplazada, por considerar como una falta de verdad el hecho de que la accionante se encontrara en la encuesta del SISBEN en un municipio diferente, para la época y lugar en que se ubicaron los hechos motivo del desplazamiento. Para la Sala de Revisión, con la negativa de inscripción al registro único, si existió vulneración al derecho al reconocimiento como persona víctima del desplazamiento forzado, pues se desconocieron los principios que gobiernan las normas acerca del desplazamiento y el actuar de las autoridades en el momento de su aplicación Concedida.


Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 143    Expediente   T-2829620    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-142/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. (ISA) VS. JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PIVIJAY (MAGDALENA)

Tema

Debido proceso, acceso a la justicia. Tutela contra providencia judicial. En el 2006, el actor presentó dos demandas de imposición de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica contra el propietario de los predios el Paraíso y el Edén y contra la sociedad propietaria de los inmuebles Las Pavas y El Encanto. Al parecer del actor, el juzgado demandado cometió múltiples irregularidades en lo atinente a las reglas procesales que debían seguirse en la resolución de este tipo de procesos y, por estar cuestionada la legalidad de los fallos, presentó una denuncia contra el operador jurídico y solicitó la suspensión de los mandamientos de pago ordenados en los mismos, en razón a la prejudicialidad existente. La Sala de Revisión observa la ocurrencia de una causal específica de prosperidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales y resuelve amparar los derechos invocados por el actor, ordenando además a la autoridad judicial accionada, que suspenda los procesos ejecutivos que dieron origen a la presentación de la acción constitucional y cualquier otra actuación o decisión dentro de los mismos, hasta tanto la causa penal se resuelva. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 144    Expediente   T-2785200    Fecha sentencia   4-3-2011 0:00    Sentencia   T-171/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    GERMAN LUIS ALVARINO SORACA Y OTROS VS. ECOPETROL S.A.

Tema

Vida, familia, igualdad, trabajo, reconocimiento del Derecho Internacional, reunión y manifestación pública, libre asociación, organización sindical, estabilidad en el empleo, seguridad social, protección del conflicto colectivo, huelga, La tutela la presenta el apoderado judicial en representación de 50 demandantes. Los hechos que dan origen a la acción se remontan al año 2004, cuando en desarrollo de una huelga denominada Huelga por la defensa de ECOPETROL, la cual fue declarada ilegal por el Ministerio de la Protección Social, la demandada terminó unilateralmente por justa causa los contratos de trabajo, de conformidad con lo pactado en la convención colectiva de trabajo, pero omitiendo el previsto en la Ley 734 de 2002, que era de obligatoria aplicación para lo accionantes. . A través de un laudo arbitral, se ordenó el reintegro de los trabajadores para que les fuera aplicado el Código Disciplinario Único, pero después de culminar los procesos, en los cuales se tipificó la conducta de participar en la huelga como un abandono del cargo, de la función y del servicio, fueron destituidos e inhabilitados por 10 y 20 años, para el ejercicio de cargos públicos. La situación fue puesta en conocimiento de la OIT, instancia que realizó pronunciamientos y recomendaciones para que la estatal petrolera cesara los despidos y ordenara los reintegros de las personas despedidas, sin que dichas disposiciones fueran atendidas por la demandada. En el análisis del caso, la Sala constató la cesación de la acción vulnerante de los derechos fundamentales alegados por los actores y consecuentemente declaró la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado. Así mismo, exhortó al Congreso de la República a proferir la ley que corresponda, en orden a actualizar la legislación laboral, a efectos de establecer la regulación de las huelgas en las actividades del sector petrolero, a partir de las precisiones que correspondan en la definición o no de dichas actividades, como servicio público esencial. HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   9-8-2011 0:00


Item 145    Expediente   T-2814624    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-144/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUCIRIA ROJAS NIETO EN REPRESENTACION DE SU HERMANO JOSE MARIO ROJAS NIETO VS. PORVENIR

Tema

de tutela para reclamar de PORVENIR la continuidad de la prestación de los servicios de salud en forma integral, ante la presunta amenaza de la suspensión de los mismos. . La entidad accionada solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción por no ser el representado su afiliado activo, sino del ISS con vinculación a la E.P.S. SALUD TOTAL. La Sala no encontró justificación acerca del motivo por el cual se instauró la acción constitucional contra la empresa Porvenir, toda vez que no está dentro de su objeto social la prestación de servicios de salud y el representado no aparece afiliado a ella. SE NIEG.
Recibo Relatoria   12-12-2011 0:00


Item 146    Expediente   T-2821299    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-145/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GLADIS CECILIA MONTUA DE CAICEDO VS. CAJANAL EN LIQUIDACION

Tema

Debido proceso, igualdad, seguridad social. La demandante prestó sus servicios a la Cámara de Representantes durante 16 años y en dicho período laboral las cotizaciones al sistema pensional se hicieron inicialmente a CAJANAL y de manera posterior, al Fondo Nacional de Previsión del Congreso de la República. A raíz de una enfermedad de tipo común, la accionante no pudo continuar trabajando ni aportando al sistema de seguridad social, motivo por el cual, al no cumplir requisitos para acceder a una pensión de invalidez o de vejez, solicitó a ambas entidades el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. En cumplimiento de un fallo de tutela, el Fondo de Previsión del Congreso le reconoció y pagó la indemnización que en su proporción le correspondía, situación que no ocurrió con CAJANAL, en cuanto emitió dos resoluciones en las cuales negó y confirmó la decisión de no reconocer la indemnización pretendida por la actora. Frente al tema de la indemnización sustitutiva, la Sala recuerda que ésta es un derecho de orden pensional, para cuyo reconocimiento deben aplicarse las reglas que existen para las diferentes modalidades de pensión. Se concluye, que los actos administrativos expedidos por CAJANAL son violatorios de la regla jurisprudencial existente y en tal sentido se tutelan los derechos incoados en la demanda y se dejan sin efecto las resoluciones nugatorias de la indemnización sustitutiva a favor de la demandante. Así mismo se ordena la expedición de un nuevo acto administrativo en el cual se reconozca dicha prestación. CONCEDID.
Recibo Relatoria   5-12-2011 0:00


Item 147    Expediente   T-2832870    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-146/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    SARAI GUTIERREZ VURSA VS. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

Tema

Salud, vida digna. En una brigada de salud realizada en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), organizada por la ONG Somos Especialistas, un cirujano plástico le diagnosticó a la demandante una Hipertrofia Mamaria Bilateral y le indicó que debía someterse a una operación de mamoplastia reductora. Mediante derecho de petición la actora solicitó al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander la autorización para que se le practicara la cirugía sugerida y obtuvo una respuesta negativa, bajo los argumentos de que tal procedimiento quirúrgico estaba por fuera del POS y que ella no había sido valorada por un médico adscrito a la entidad, ni por junta médica que indicara que la cirugía era funcional y no meramente estética. La Sala analizó si la posición de la entidad demandada de no validar un diagnóstico de un médico no adscrito a la E.P.S., que ordenaba una intervención no incluida en el Plan Obligatorio de Salud, vulneró los derechos fundamentales de la actora. Se concluyó que los argumentos expuestos por la accionada se constituyeron en una barrera al acceso a la salud, por cuanto se trataban de trámites administrativos internos que no tenían que convertirse en una carga para la accionante. Igualmente reiteró que un dictamen médico de un profesional no adscrito a la E.P.S. puede vincular a la misma, cuando ésta no hace una evaluación técnica y especializada del concepto con el fin de aceptarlo, modificarlo o rechazarlo. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   28-11-2011 0:00


Item 148    Expediente   T-2768074    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-147/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CESAR AUGUSTO PEREZ GARCIA VS. PROCURADURIA REGIONAL DE ANTIOQUIA Y OTROS

Tema

Debido proceso, accedo al desempeño de funciones públicas. El accionante fue demandado por pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por haber incurrido el la falta de haber postulado su nombre para el ejercicio de cargos de elección popular, a pesar de que de manera previa el Consejo de Estado lo había despojado de su investidura como parlamentario de la Cámara de Representantes. El despacho judicial aludido negó las pretensiones de la demanda y ésta providencia hizo tránsito a cosa juzgada, en cuanto no se interpuso en su contra recurso alguno. De manera posterior, la Procuraduría Regional de Antioquia adelantó un proceso disciplinario en su contra por los mismos hechos y en la resolución de tal causa se determinó sancionarlo con la destitución del cargo de diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia y con una inhabilidad general por 15 años. La tutela se instauró en contra de la decisión emitida y confirmada por las instancias de control disciplinario, alegando que en ellas hubo violación al principio constitucional del nom bis in ídem, al desconocer lo decidido por la jurisdicción contenciosa administrativa respecto a la pérdida de su investidura. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la tutela contra actos administrativos y la naturaleza jurídica de los procesos de pérdida de investidura y del disciplinario y decide NEGAR el amparo solicitado, en cuanto no se constató violación alguna al derecho alegado como vulnerado.
Recibo Relatoria   14-12-2011 0:00


Item 149    Expediente   T-2772711    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-148/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NEPP
Demandante / Demandado    JUAN DARIO BURGOS HERNANDEZ VS. JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, ADJUNTO

Tema

Vida digna, mínimo vital, igualdad. El accionante promovió demanda ordinaria laboral contra el ISS con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a la que tenía derecho por haber cumplido los requisitos legales. Así mismo solicitó la actualización del ingreso base de liquidación de la mesada pensional, por haber transcurrido un término considerable entre la fecha del último vínculo laboral y la que debía adquirir el status de pensionado. Dicho proceso fue resuelto en el sentido de ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo, desde la fecha en que cumplió 60 años, esto es desde el 29 de enero de 1999 y declarar la prescripción de las mesadas con anterioridad al 7 de abril de 2003, razón por la cual el derecho se hizo efectivo a partir de esa fecha. Pese a resolución del caso, el despacho judicial no se pronunció sobre la indexación de la primera mesada pensional, ni sobre el reconocimiento y pago de los reajustes de las mesadas pensionales entre la pensión real indexada y la pensión mínima reconocida. El ISS, dio cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado, mediante la expedición de una resolución fechada el 13 de noviembre de 2009 y el actor no agotó la vía gubernativa contra ese acto. En sede de revisión se analizó jurisprudencia sobre los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se resolvió conceder el amparo solicitado. Igualmente, se ordenó al juzgado que resolvió el proceso laboral ordinario, complementar la sentencia dictada, en el sentido de reconocer el valor indexado de la mesada pensional del accionante, teniendo en cuenta las disposiciones legales pertinentes, de acuerdo al régimen jurídico aplicable. CONCEDID.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 150    Expediente   T-2806056 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-149/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUIS ALEJANDRO ANDRADE OSORIO Y OTRO VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Vida, salud, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes coinciden en señalar que el derecho a la salud es un servicio público a cargo del Estado y una garantía fundamental de todas las personas, por eso afirman que no se justifica que su prestación sea racionalizada y deficiente, pues en aplicación del principio de integralidad que gobierna la seguridad social, cada paciente debe recibir todos los servicios médicos y asistenciales que requieran para enfrentar las contingencias que afectan su salud. Como quiera que a los demandantes les fueron prescritos y ordenados tratamientos médicos y clínicos en municipios diferentes a los de su lugar de residencia, consideran que el servicio de transporte es esencial para poder recibirlos, porque sin ellos no es posible recuperar su salud y tener una mejor calidad de vida. La Sala concede los derechos invocados, ordena a las E.P.S. que otorguen a los accionantes el servicio de transporte que requieran para desplazarse a los lugares donde les deben practicar los procedimientos prescritos y se hace un llamado a los jueces de instancia que intervinieron en estos asuntos, para que en el futuro, cuando asuman el conocimiento de un caso como el presente, verifiquen las normas vigentes que regulan los POS para efectos de la decisión que profieran, en procura
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 151    Expediente   T-2827290    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-151/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JORGE EDUARDO BELLO DIAZ VS. EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO LOS CENTAUROS

Tema

Trabajo. El accionante pretende que se ordene a la empresa Rápido los Centauros que lo reintegre al cargo de conductor de servicio público que desempeñó durante doce años, a través de un contrato a término indefinido. La accionada adujo que la supresión de las órdenes de despacho se debió al hecho de que el actor perdió uno de sus ojos y que esta circunstancia generó que el Centro de Reconocimiento de Conductores lo declarara no apto para conducir servicio público y no le emitiera la certificación de aptitud exigida por la ley para dicha actividad. Advierte la Sala que al margen de la pretensión del accionante existe una serie de vacíos y ambigüedades en torno a la relación laboral que mantuvo con la empresa accionada, su naturaleza, duración, la fecha en que se dio por terminada o las prestaciones recíprocas entre las partes y, en relación con las circunstancias médicas y legales en las que se produjo la extracción de su ojo derecho, en razón de un cáncer que lo afectó. Se concluye que, dado el carácter subsidiario de la tutela no procede en esta sede dirimir asuntos como el planteado en el presente caso y en tal sentido advierte que, le corresponde al interesado plantear el asunto ante la justicia ordinaria laboral. Se confirma la decisión de instancia que NEGO el amparo solicitado por el actor.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 152    Expediente   T-2826299    Fecha sentencia   7-3-2011 0:00    Sentencia   T-152/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LIDIA QUIÑONEZ CABEZAS VS. ALCALDIA DE CALI Y OTROS

Tema

Trabajo, mínimo vital, confianza legítima. La accionante hace 27 años ocupa un kiosco que le fue entregado por la empresa Postobón .S.A y frente al cual, en el año 1993, suscribió con la Dirección de Espacio Público de Cali, un acta de concertación, que se basó en la reglamentación existente en el municipio para la ocupación parcial del espacio público. Por la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad, el Alcalde inició algunas acciones administrativas tendientes a recuperar el espacio público y como consecuencia de ellas, a la actora le fue solicitado el desalojo de su lugar de trabajo. En desacuerdo con la decisión, la demandante solicitó a Metrocali el pago de una indemnización económica por los perjuicios que se presentarían de hacerse efectiva la orden de desalojo y dicha entidad contestó, informándole que había trasladado la petición a la Alcaldía, por ser dicha entidad la encargada de la protección del espacio público y de la reubicación de los vendedores ambulantes. La Administración Municipal, no dio respuesta alguna a la petición elevada. Para la Sala, la Alcaldía de Cali vulnera los derechos fundamentales al trabajo y a un mínimo vital de la accionante, al desconocer que ésta se encuentra amparada por el principio de confianza legítima y en tal sentido establece que, si bien la entidad tiene la facultad de retirar a todo aquel que no esté autorizado por ella para ocupar el espacio público, también le asiste la obligación de adelantar las acciones necesarias para garantizar la reubicación de quien resultare afectado por tal decisión. CONCEDID.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 153    Expediente   T.2894175    Fecha sentencia   8-3-2011 0:00    Sentencia   T-153/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ROSALINA BEDOYA DE CORTES VS. DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA Y OTRO

Tema

Vida digna, salud, seguridad social. La parte actora, mujer de 62 años de edad, afirma que está vinculada en el nivel 2 al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Régimen Subsidiado. Relata que su salud y su calidad de vida están seriamente afectadas pues padece de dolores intensos en su aparato reproductor, al igual que de incontinencia y leucemia, lo que le impiden llevar a cabo cualquier actividad personal o laboral por sencilla que sea. Como resultado de sus diferentes patologías deben tomar varios medicamentos que no le han sido suministrados por la parte actor, bajo el argumento de no existir presupuesto para ello. La Sala se pronuncia sobre la protección constitucional del derecho fundamental a la salud, el procedimiento y la obligación de afiliación al sistema de seguridad social en salud, en el régimen subsidiado y sobre la improcedencia de la acción de la tutela por falta de prueba. En el presente caso se estableció que la parte actora no se encontraba afiliada al sistema de seguridad social en el régimen subsidiado, por lo que no existió vulneración de sus derechos fundamentales, por parte de la entidad accionada. Negada.


Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 154    Expediente   T-2853844    Fecha sentencia   8-3-2011 0:00    Sentencia   T-154/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    WILMAR EVELIO CONTRERAS VS. E.P.S. COMFENALCO ANTIOQUIA

Tema

Mínimo vital, salud. Refiere el actor que fue atendido por los médicos adscritos a la E.P.S. accionada, quienes que dieron incapacidades continuas por 42 días, pero que dichas incapacidades no fueron autorizadas por dicha E.P.S, porque su empleador pagó los aportes de los últimos cuatro meses anteriores a la primera incapacidad, fuera del término oportuno. Para resolver la Sala de Revisión analiza la procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de incapacidades laborales y el allanamiento a la mora de la E.P.S. en el pago de las cotizaciones. En el presente caso se declara la improcedencia de la acción de tutela por no existir vulneración al mínimo vital Negada.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 155    Expediente   T-2844320    Fecha sentencia   8-3-2011 0:00    Sentencia   T-155/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ROSA ORTIZ BOLAÑOS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social. El ISS le denegó a la accionante la pensión de invalidez y le concedió una indemnización sustitutiva de la misma, por la suma única de $815.100, teniendo en cuenta para la liquidación un total de 269 semanas. La actora siguió cotizando hasta enero de 1998, cuando llegó a completar 540 semanas en total. Ante la imposibilidad de continuar cotizando, la actora solicitó el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y dicha petición también fue negada, bajo el argumento de no cumplir la densidad de las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990 En mayo de 2008, el ISS le reconoció a la demandante, dicha indemnización sustitutiva por un valor de $1.947.352, correspondientes a 271 semanas, dejando de contabilizar las 269 semanas que habían sido tenidas en cuenta en la decisión inicial, indicando que había operado el fenómeno de la prescripción. Reitera la Sala que el término de prescripción es predicable únicamente de las mesadas pensionales no reclamadas y deducido del contenido de las prestaciones. Así mismo establece, que la desprotección es mayor en quien recibe la indemnización sustitutiva que en quien recibe la pensión de vejez, por lo cual considera que dar aplicación al Decreto 758 de 1990, constituye una decisión que viola directamente los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, con los cuales el Estado tiene la obligación de prestar el servicio público de la seguridad social CONCEDID.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 156    Expediente   RE-171    Fecha sentencia   9-3-2011 0:00    Sentencia   C-156/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MVCC, AV JIPP, AV NPP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 4580 DE 2010

Tema

Revisión de Constitucionalidad del Decreto 4580 de 2010, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de la grave calamidad pública. Luego de analizar la temática relacionada con i) los Estados de excepción y el estado de emergencia económica, social y ecológica. ii). El control formal del decreto de declaración del estado de emergencia. y, iii). El control material del citado decreto, La Corte determina que el decreto 4580 de 2010 supera los análisis realizados respecto del presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y la calificación sobre la suficiencia de los medios ordinarios y concluye que está ajustado tanto a los requisitos formales como a los requisitos materiales señalados en la Ley, la Constitución Política y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, razón por la cual lo declara EXEQUIBLE
Recibo Relatoria   30-5-2011 0:00


Item 157    Expediente   D-8212    Fecha sentencia   9-3-2011 0:00    Sentencia   C-157/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    PEDRO VACA VILLARREAL Y OTRA VS. LEY 1312 DE 2009 ARTICULO 2 NUMERAL 17

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad. Los demandantes estiman que la disposición objeto de censura de constitucional, contraviene lo dispuesto en los artículos 115 y 186 de la Ley 5ª de 1992, los artículos 2, 5, 29, 152 lit. a), 153, 157, 158, 160 y 229 de la Constitución Política, los artículos 2.1, 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 2.2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Para los demandantes, la causal 17 del artículo 2º de la Ley 1313 de 2009, no fue considerada en ninguna de las fases necesarias para la aprobación del proyecto de ley en el Senado de la República, sino hasta el respectivo trámite conciliatorio. La Corte determina que el precepto acusado ya fue sometido al juicio de inconstitucionalidad y retirado del ordenamiento como consecuencia de su declaratoria de inexequibilidad, por lo cual se abstiene de emitir un nuevo pronunciamiento de fondo, por haber operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional. Se resuelve ESTARSE a lo resuelto por la Corte en Sentencia C-936/10.
Recibo Relatoria   12-5-2011 0:00


Item 158    Expediente   T-2858284    Fecha sentencia   10-3-2011 0:00    Sentencia   T-159/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MANUEL IGNACIO ROBAYO MORALES VS. INCODER

Tema

Vivienda digna, mínimo vital. Relata el accionante que en el 2003 el INCORA regional Cundinamarca le adjudicó una parcela ubicada en el municipio de Pandi, la cual usó y explotó con cultivos de tomate, café y granadilla. Comenta que a finales del 2010 empezó a recibir amenazas contra su vida, lo que lo llevó a abandonar la parcela y salir huyendo del municipio con el ánimo de preservar su vida y la de su familia. Afirma que le solicitó al INCODER le concediera la autorización para vender el inmueble o en defecto, lo reubicara en otro de iguales o mejores condiciones del que habitaba, pero que la entidad no le dio una respuesta concreta y explícita a sus peticiones. En sede de revisión se reitera la jurisprudencia de la Corporación respecto a la procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de la población desplazada y sobre el derecho a la reubicación y restitución de la tierra por parte de las comunidades desplazadas por la violencia, como mecanismo de estabilización socioeconómica. La Sala ordena que el INCODER que se proceda a la reubicación y restitución de los derechos sobre la tierra del accionante en un predio de iguales o superiores condiciones, pero respetando los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, con el fin de asegurar la plena participación de los afectados. Concedida.
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 159    Expediente   T-2839541    Fecha sentencia   10-3-2011 0:00    Sentencia   T-160/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HERLINDA SANDOVAL DE OLARTE COMO AGENTE OFICIOSA DE MIGUEL ANTONIO OLARTE VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud. El accionante presenta la acción a través de Agente Oficioso. Se relata que el agenciado es un hombre de 60 años de edad que se encuentra afiliado como beneficiario a la Nueva E.P.S. y que le fue diagnosticado la enfermedad de Parkinson de rigidez, lo que le ha limitado su capacidad de locomoción al punto de no poder realizar sus necesidades fisiológicas por sí mismo y requerir el uso permanente de pañales desechables para mantener su higiene personal. En sede de revisión se analiza la reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de la agencia oficiosa, el derecho fundamental a la salud y el acceso a los servicios médicos excluidos del POS. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 160    Expediente   T-2843676    Fecha sentencia   10-3-2011 0:00    Sentencia   T-161/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS CONTRERAS VS. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE MEDELLIN - BELLAVISTA -

Tema

Derecho de petición. El accionante elevó derecho de petición ante el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Medellín -Bellavista- , para que le fuera informado los motivos por los cuales en el patio cuarto de dicho establecimiento, se había clausurado el lugar donde por años había funcionado una biblioteca. El director del establecimiento contestó el derecho de petición, pero sin dar una respuesta de fondo al peticionario. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia respecto al alcance y ejercicio del derecho de petición y sobre el derecho al acceso a la información e informaciones reservadas. Se concluye que en el caso particular es procedente la tutela ya que la información solicitada no tiene el carácter de reservada sino de pública. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 161    Expediente   T-2845494    Fecha sentencia   10-3-2011 0:00    Sentencia   T-162/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    NANCY PERDOMO LEYVA COMO AGENTE OFICIOSA DE MARIA INES LEYVA ARIAS VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida, Se presenta la acción de tutela a través de agente oficioso. Se relata que la afectada es una persona de 79 años de edad que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo, a través de la Nueva E.P.S., en calidad de beneficiaria. El médico tratante de la accionante le ordenó los medicamentos Risendronato Sódico x 150 mg y Actemra ampolla x 200 mg, los cuales se encuentran fuera del POS. Se refiere que luego de los trámites administrativos se autorizó solo una entrega del medicamento Actemra. En sede de revisión la Sala reiteró jurisprudencia relacionada con la salud como derecho fundamental; el suministro de medicamentos excluidos del POS y sobre el concepto del Comité Técnico Científico como requisito no indispensable para que el medicamento o tratamiento requerido por el usuario sea otorgado a través del mecanismo de tutela. Concedida parcialmente
Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 162    Expediente   T-2837163    Fecha sentencia   10-3-2011 0:00    Sentencia   T-164/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    GERARDO SEGURA VS. CAJANAL BUEN FUTURO PATRIMONIO AUTONOMO

Tema

Seguridad social. El accionante, hombre de 82 años de edad, cotizó a la Caja Nacional de Previsión Social 4197 días, equivalentes a 599 semanas. En mayo de 1999 solicitó ante dicha institución el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva y la petición le fue negada bajo el argumento de que dicha indemnización fue creada para el servidor público, por la Ley 100 de 1993 y que él había realizado las cotizaciones al sistema de seguridad social, con anterioridad a la expedición de la misma, lo que haría, de reconocerse la sustitución, que se le diera un efecto retroactivo a la norma. Analizada la procedencia de la acción, la Sala considera que este mecanismo es el idóneo y eficaz, por cuanto el peticionario sobrepasa el índice promedio de vida en Colombia y en relación con la indemnización sustitutiva, se recuerda que es un derecho irrenunciable e imprescriptible y además, que no reconocerlo propiciaría un enriquecimiento sin junta causa a favor de la entidad que recibió los aportes del afiliado. Concedida
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 163    Expediente   T-2837739    Fecha sentencia   11-3-2011 0:00    Sentencia   T-163/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NELCY JANETTE SANCHEZ VS. CESANTIAS PORVENIR S.A. Y OTRO

Tema

Vida digna, salud, mínimo vital. La accionante sufre de una pérdida de capacidad laboral del 71.91%, por lo que solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, sin embargo dicha solicitud fue rechazada porque no acreditó 50 semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. La Sala se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la tutela para solicitar el reconocimiento de derechos pensionales, las reglas constitucionales para garantizar el derecho a la pensión de invalidez cuando se trata de invalidez generada por enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina, se concluye que Porvenir S.A. vulneró los derechos fundamentales de la accionante al no reconocerle el derecho a la pensión de invalidez, pese a que cotizó las semanas mínimas requeridas, entre la fecha señalada como de estructuración de invalidez, y la fecha de calificación de su pérdida de capacidad laboral, se toma en cuenta la fecha en que la accionante perdió su capacidad laboral y por lo tanto su capacidad de seguir cotizando, se ordena el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Concedida.
Recibo Relatoria   11-4-2011 0:00


Item 164    Expediente   T-2853183    Fecha sentencia   11-3-2011 0:00    Sentencia   T-165/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NEFTALI AGUDELO GOMEZ VS. ISS

Tema

Seguridad social. El accionante de 71 años de edad, solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de su pensión de jubilación. La entidad accionada negó la petición por cuanto no se acreditó las semanas exigidas. El actor adujo que le era aplicable el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, puesto que a la entrada en vigencia de la norma tenía más de 40 años de edad y había cotizado más de 500 semanas en los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cumplió 60 años de edad. La Sala reitera jurisprudencia que establece que la acción de tutela no procede para ordenar el reconocimiento y pago de acreencias pensionales y en el caso concreto no se agotó la vía gubernativa y tampoco se cumplió el requisito de inmediatez. Sin embargo, pese a declararse la improcedencia de la acción, por tratarse de una persona de la tercera edad, sujeto de especial protección constitucional, la Sala realizó algunas precisiones relacionadas con el reconocimiento de la pensión del accionante. Improcedente
Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 165    Expediente   T-2857660    Fecha sentencia   11-3-2011 0:00    Sentencia   T-166/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    EDILMA RODRIGUEZ URIBE VS. COOPERATIVA LABORAMOS LTDA Y OTRO

Tema

Trabajo, salud, vida, seguridad social. La accionante se vinculó laboralmente a la Cooperativa Laboramos Ltda mediante contrato de asociación, prestando sus servicios como auxiliar de enfermería en el Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué. Cuando llevaba un poco más de seis años de labores en el hospital, sufrió un accidente de trabajo frente al cual le diagnosticaron un esguince y torceduras de la articulación de hombro izquierdo. Dos años después del accidente y luego de controles médicos especializados, le diagnosticaron tendinitis calcificante del hombro izquierdo y tendinitis del bíceps izquierdo como consecuencia del referido evento laboral. Dos meses después de este nuevo diagnostico, fue informada de la terminación laboral de su contrato, sin ánimo de renovación. En la misma fecha en que se hacía efectiva la desvinculación, acudió a control médico donde le ordenaron unos medicamentos y le otorgaron una incapacidad por diez días. La actora alega que es madre cabeza de familia de cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad, quienes dependen económicamente de ella. Luego de analizar jurisprudencia relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela contra particulares, las garantías constitucionales de la estabilidad laboral reforzada respecto de los sujetos con limitación, los contratos a término fijo frente a la estabilidad laboral reforzada y la relación o vínculo laboral existente entre el accionante, la cooperativa asociada y la empresa contratante, la Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordenar el reintegro de la demandante al Hospital donde prestaba sus servicios al momento de la desvinculación. Igualmente ordena a la Cooperativa contratante y al Hospital Federico Lleras Acosta responder solidariamente por las compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas y, remitir copia del expediente a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio de la Protección Social, para que, de acuerdo a sus competencias, inicien una investigación contra la cooperativa demandada, a fin de determinar si infringió las normas que regulan la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, particularmente sobre la prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales y la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social Integral.
Recibo Relatoria   23-4-2012 0:00


Item 166    Expediente   T-2813791 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   11-3-2011 0:00    Sentencia   T-167/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CARMEN LUCIA AGAMEZ SALTARIN EN REPRESENTACION DE MARIA DEL SOCORRO REBOLLEDO MACHACON Y OTROS VS. PASIVO PENSIONAL DE PUERTOS DE COLOMBIA Y OTROS

Tema

Igualdad, seguridad social, vida digna, mínimo vital. Acumulación de procesos por unidad de materia. En el presente asunto se demanda al Grupo Interno para el Pasivo Pensional de Puertos de Colombia, al Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP), al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Secretaría de Educación de Sahagún Cordoba, por situaciones relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de las demandantes. En dos acciones de tutela presentadas de manera aislada, tanto la cónyuge supérstite como la compañera del titular de la prestación reclaman la pensión de sobrevivientes, siendo reconocido el derecho sólo a la esposa y exigiendo para la compañera, la comparecencia ante la jurisdicción ordinaria, por no existir elementos probatorios suficientes que acreditaran la convivencia simultánea. En el tercer caso se reclama mediante derecho de petición, la pensión sustitutiva a favor de la esposa y los menores hijos del causante, la que se negó bajo el argumento de no contar el fallecido con el tiempo exigido en el Decreto 224 de 1972, para que sus beneficiarios gozaran de tal prestación, en un equivalente al 75% de la asignación mensual devengada por el titular al tiempo de su muerte. . La Sala estudia la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar la pensión sustitutiva. 2º. Jurisprudencia constitucional sobre el hecho superado por carencia actual de objeto. 3º. El elemento de la convivencia para el reconocimiento de la pensión sustitutiva al cónyuge o compañero (a) supérstite. 4º. Jurisprudencia sobre la aplicación general a los sectores que hacen parte del régimen especial y 5º. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación del régimen general en materia de pensión de sobrevivientes a los maestros. Se decide otorgar la pensión sustitutiva a la compañera permanente del causante, en los términos previstos en la sentencia C-1035/08 y la prestación de los servicios médicos que esta decisión conlleva. En cuanto al reconocimiento de la pensión a la cónyuge supérstite, se declara la existencia de un hecho superado por carencia actual de objeto, al estar ya reconocido el derecho en un 50%. Se ordena la inclusión en nómina y el restablecimiento de los servicios médicos. Con respecto al tercer caso, se concede el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva a la luz del régimen de la ley 100 de 1993.


Recibo Relatoria   5-9-2011 0:00


Item 167    Expediente   T-2857968    Fecha sentencia   11-3-2011 0:00    Sentencia   T-169/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    JAIME ALBERTO NIEBLES PARDO VS. ALCADE DEL MUNICIPIO DEL PALMAR DE VARELA

Tema

Acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Dentro de un concurso de méritos conducente a conformar una terna para proveer el cargo de Gerente de la E.S.E. Centro de Salud del Municipio de Palmar de Varela, el accionante ocupó el primer lugar, con un puntaje máximo de 76.1 puntos. Pese al resultado obtenido y al lugar ocupado en la lista, el Alcalde nombró y posesionó en el cargo a la persona que ocupó el tercer lugar, quien además tenía un puntaje menor. Por la actuación desplegada por el mandatario municipal, se instauró una acción de tutela en busca de la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. El juez de primera instancia amparó los derechos invocados y ordenó el nombramiento del demandante como Gerente de la E.S.E, esta orden fue acatada por el accionante, pero nunca se procedió a posesionar al actor en el cargo para el cual fue nombrado. En la segunda instancia la decisión fue revocada en su totalidad, por no ser la acción de tutela el mecanismo idóneo para reclamar el amparo solicitado. Con la presente tutela, el actor pretende que la entidad accionada proceda a hacer efectivo su nombramiento y posesión en el cargo de Gerente de la E.S.E. Centro de Salud del Municipio de Palmar de Varela. La Sala, previamente a estudiar el caso concreto, analiza la procedencia de la tutela para establecer si se trata de una acción temeraria o si existe una cosa juzgada constitucional. Se decide tutelar el derecho invocado y ordenar al Alcalde del Municipio de Palmar de Varela nombrar al actor en el cargo de Gerente convocado, procediendo además a darle posesión en el mismo, una vez se acrediten los requisitos de ley para el efecto. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   26-7-2011 0:00


Item 168    Expediente   T-2834620    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-172/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MIMI VS. SANITAS E.P.S.

Tema

Igualdad, dignidad, protección especial de la maternidad y la niñez. Luego de realizar los trámites respectivos ante el I.C.B.F., a la accionante le fue entregada en adopción una menor de 11 años de edad. La demandante radicó solicitud ante su E.P.S. para el reconocimiento de la licencia de maternidad, pero la misma fue negada bajo el argumento de que dicha prestación solo se hace extensiva a la madre adoptante de menor de siete años. La actora considera que la edad no puede ser un criterio válido para limitar el derecho de la menor al disfrute de una etapa de reconocimiento y consolidación de la relación de adopción con su madre, ni tampoco, para excluir a las madres trabajadoras adoptantes de mayores de 7 años. En sede de revisión se aborda el caso a través del análisis de jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de licencias de maternidad o paternidad y la protección constitucional especial de la mujer en estado de embarazo, durante y en la época posterior al parto, así como de las personas adoptantes y de los adoptados. Así mismo, se estudia lo dispuesto en la sentencia C-543/10, frente a la declaratoria de inconstitucionalidad de la edad como criterio restrictivo para que a los adoptantes de infantes y adolescentes mayores de 7 años, se les reconozca y pague la licencia de maternidad o paternidad. Se CONCEDE y se ordena que la E.P.S. proceda a reconocer y pagar en su totalidad, la licencia de maternidad de la accionante, con fundamento en el monto que servía de base de cotización al momento de la entrega formal de la niña, por parte del I.C.B.F.
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 169    Expediente   T-2838568 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-173/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    FARITH CORTES CORDOBA Y OTROS VS. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLOMBIA SOLIDARIA Y OTROS

Tema

Estabilidad laboral reforzada, salud, igualdad, vida en condiciones dignas.. Se acumulan expedientes por existir entre ellos unidad de materia. Los accionantes se encontraban laborando en empresas de diferente naturaleza jurídica a través de contratos de trabajo o de acuerdos cooperativos. Los empleadores, dieron por terminada la relación contractual, aduciendo la culminación de la obra o labor contratada, la finalización del término del contrato o la culminación de procesos disciplinarios. Los accionados tomaron la decisión sin entrar a valorar que los demandantes se encontraban en estado de debilidad manifiesta, en razón de la situación de salud que cada uno padecía para la época del despido. La Sala analiza el caso a la luz de la siguiente temática: i). las cooperativas de trabajo asociado. ii). Primacía de la realidad sobre las formalidades cuando la relación cooperativa se torna laboral. iii). Los contratos laborales en empresas de servicios temporales. iv). El marco legal de los contratos de trabajo a término fijo inferior a un año. v). El principio de estabilidad en el empleo y vi). La procedencia de la acción de tutela para garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada del trabajador en estado de debilidad manifiesta en razón al estado de salud. Se concede la protección de los derechos conculcados y se imparten una serie de órdenes tendientes a garantizar el reintegro de los actores y el desarrollo de funciones laborales acordes con la situación de salud de cada uno, sin que se desmejoren las condiciones de trabajo, en razón a que los cargos a ocupar deben ser iguales o superiores a los que venían realizando. CONCEDID.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 170    Expediente   T-2851009    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-174/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REBECA SANCHEZ OSPINA VS. COOMEVA E.P.S. Y OTRO

Tema

Estabilidad laboral reforzada, protección especial a la mujer embarazada, mínimo vital, protección a la niñez. La demandante laboró con la empresa COMCEL S.A. bajo la modalidad de contrato de aprendizaje por un período de 8 meses, tiempo en el que quedó en estado de embarazo y continuó trabajando hasta los seis meses de gestación. Durante el término del contrato la empresa efectuó las respectivas cotizaciones al sistema de seguridad y de manera posterior a la desvinculación, la demandante a través de derecho de petición, reclamó a COOMEVA E.P.S. el pago de la licencia por maternidad proporcional al tiempo laborado. Esta solicitud fue resuelta de manera negativa, bajo el argumento de que el pago de dicha prestación se sujeta a la cancelación de cotizaciones ininterrumpidas al sistema, durante todo el período de gestación. Para resolver el caso la Sala de Revisión analiza si COMCEL vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la actora, al desvincularla al terminar el contrato de aprendizaje, aún cuando estaba en estado de embarazo y si COOMEVA E.P.S. causó detrimento de los derechos fundamentales de la accionante y de su hija, al negar el pago de la licencia de maternidad argumentando no encontrar acreditado el requisito de cotización ininterrumpida. Se resuelve CONCEDER el amparo constitucional solicitado
Recibo Relatoria   13-2-2012 0:00


Item 171    Expediente   T-2857259    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-175/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado     VS.

Tema

Debido proceso, vida digna, mínimo vital, tercera edad. A cada uno de los accionantes les fue concedida, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena, pensión de jubilación en diferentes cuantías, atendiendo el monto del salario y el cargo que desempeñaban en la entidad, al momento de sus respectivas desvinculaciones. De manera posterior, el ISS accedió el reconocimiento de una pensión de vejez a favor de cada uno de ellos. En razón del reconocimiento de la segunda pensión, la Empresa de Servicios Públicos ordenó compartir la pensión de jubilación con la pensión de vejez. Los demandantes exponen que con esta decisión se incurrió en una doble vía de hecho, porque se disminuyó de un tajo el valor adquirido sin que mediara autorización expresa del titular del derecho y porque la notificación de dicha decisión se realizó a través de edicto emplazatorio y no de manera personal, como legalmente se debía. En sede de revisión, la Sala consideró, luego de un análisis pormenorizado de cada uno de los casos en particular, que no se presentaba afectación de derecho fundamental alguno de los accionantes, que pudiera hacer necesaria la protección constitucional por vía de tutela, por lo cual declaró la improcedencia de la acción
Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 172    Expediente   T-2844103    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-176/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado     VS.

Tema

Vida, seguridad social, debido proceso. El representante legal de la firma CORPORACIÓN COLOMBIA, actuando a través de apoderada judicial, presentó la acción de tutela en procura de obtener la protección de los derechos fundamentales de 48 trabajadores de la empresa a la que representa, al considerar que la entidad accionada, Colmena Vida y Riesgos Profesionales, tomó la decisión unilateral, sin mediar orden de autoridad judicial o administrativa, de suspender la cobertura al Sistema de Riesgos Profesionales de dichos trabajadores, los cuales habían sido afiliados a través de un convenio de intermediación con un tercero. La empresa demandada suspendió la afiliación de los trabajadores, argumentando que la firma CORPORACION COLOMBIA estaba ejerciendo funciones de afiliación colectiva sin cumplir el lleno de los requisitos legales establecidos para ello y sin tener autorización para el efecto. La Sala aborda la resolución del caso a través del análisis de la siguiente temática: i). La seguridad social como derecho fundamental y su justiciabilidad por vía de tutela y ii). El Sistema de Riesgos Profesionales, estructura y régimen sancionatorio. Se resuelve conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, ordenar a la entidad accionada que mantenga activa la afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales de todos los trabajadores que CORPORACION COLOMBIA tiene vinculados a dicha ARP, hasta tanto se produzca una decisión por parte del Ministerio de la Protección Social, quien viene adelantando la respectiva investigación. CONCEDID.


Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 173    Expediente   T-2844031    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-177/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    TANYA PATRICIA MARQUEZ KRUGER VS. EMPRESA COLSIMETRIC S.A.

Tema

Trabajo en condiciones dignas, seguridad social integral, salud. La accionante se vinculó a la empresa demandada en mayo de 2008, mediante contrato individual de trabajo a término indefinido. En octubre de ese mismo año recibió comunicación de su E.P.S en la cual le informaban sobre la suspensión de su afiliación por el no pago de aportes en salud por parte de su empleador. Dicha irregularidad también incluyó los aportes en pensión de ella y de otros compañeros de trabajo de la misma empresa. Desde enero del 2009 se vinculó a otra empresa, que agrupa a los trabajadores como independientes y con un salario mínimo legal vigente como ingreso base de cotización. La E.P.S., al detectar la irregularidad de estar afiliada como agremiada/asociada sin el lleno de los requisitos legales procedió a desvincularla, solicitándole que se afiliara en calidad de trabajador independiente o en la calidad que efectivamente le correspondía. Se indica en la demanda que no ha obtenido arreglo a la anómala situación y que padece una enfermedad crónica que requiere controles y tratamiento periódico. La Sala, luego de analizar jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela, la existencia de otro medio de defensa judicial y la tutela como mecanismo transitorio ante la existencia de un perjuicio irremediable, declara la IMPROCEDENCIA de la presente acción de tutela y ordena compulsar copias del expediente y de la sentencia al Ministerio de la Protección Social, para que investigue el posible incumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales que presuntamente le corresponden a la entidad accionada
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 174    Expediente   T-2835417    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-178/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    FABIOLA DEL SOCORRO PALACIO ARBELAEZ VS. DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA Y OTROS

Tema

Vida en condiciones dignas, salud, seguridad social. La accionante solicita que la E.P.S. S COMFENALCO le autorice la práctica de una mamografía bilateral, que le fue ordenada por un médico no adscrito a dicha entidad, para descartar la posible aparición y desarrollo de algún nuevo tipo de cáncer, teniendo en cuenta que anteriormente había padecido un cáncer de cérvix. La E.P.S. accionada argumentó que los servicios y procedimientos requeridos se encuentraban excluidos del Plan Obligatorio de Salud – POS – y que en consecuencia, debían ser asumidos por el ente territorial correspondiente, en este caso, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la siguiente temática: i). circunstancias en las que el concepto proferido por un médico tratante no adscrito, vincula a la E.P.S.S. y la obliga a acatarlo, modificarlo o desvirtuarlo con base en criterios científicos. ii). Requisitos jurisprudenciales que se han señalado para que las E.P.S. S procedan a autorizar un tratamiento o medicamento no POS. Y iii). Prestación del tratamiento integral del servicio público de seguridad social en salud. CONCEDID.
Recibo Relatoria   21-10-2011 0:00


Item 175    Expediente   T-2839887 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   14-3-2011 0:00    Sentencia   T-179/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    FORTUNATO LOPEZ Y OTRO VS. GOBERNACION DEL CAQUETA Y OTRO

Tema

Educación. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes actúan en representación de sus menores hijos, por considerar que se han visto afectados por las autoridades accionadas, en el sentido de que no adoptar las medidas necesarias para garantizar que en los centros educativos donde estudian sus hijos, hayan docentes que dicten las correspondientes clases académicas. En sede de revisión se constató que las causas que en un primer momento motivaron la presentación de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los menores desaparecieron en la medida que los demandados realizaron las gestiones para nombrar los docentes requeridos. En tal sentido se resuelve tutelar los derechos invocados, pero declarar la ocurrencia de un hecho superado por carencia actual de objeto.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 176    Expediente   T-2844029    Fecha sentencia   15-3-2011 0:00    Sentencia   T-180/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    IVAN DARIO RESTREPO GARCIA VS. INSPECCION PRIMERA DE POLICIA DE MACHADO (BELLO)

Tema

Debido proceso. El demandante alega haber sido poseedor quieto y pacífico durante más de 25 años de un lote en el municipio de Bello, el cual tuvo que abandonar por amenazas recibidas de parte de una banda delincuencial. Indica que la Inspección de Policía accionada no ordenó la demolición de unas construcciones hechas en su propiedad, pese a las diferentes peticiones que realizó en tal sentido y de tener pleno conocimiento de que la interrupción de la posesión por razones de violencia que obligan al desplazamiento, no interrumpe el término de prescripción a favor del desplazado. La Sala concluye que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, la acción de tutela resulta improcedente en cuanto no existió vulneración al debido proceso alegado y el aparente derecho a la posesión no tiene el carácter de fundamental. Así mismo, porque al actor le asisten otros mecanismos de protección judicial para tratar de conseguir las pretensiones incoadas en la acción constitucional. SE NIEG.
Recibo Relatoria   28-11-2011 0:00


Item 177    Expediente   T-2844340    Fecha sentencia   15-3-2011 0:00    Sentencia   T-181/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FRANCISCO RAUL RODRIGUEZ GARZON VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social. El demandante solicitó al ISS el reconocimiento de su derecho pensional, porque a su parecer, de acuerdo a la Ley 33 de 1985 cumple los requisitos exigidos, al tener más de 55 años de edad y 20 años de servicio. La entidad accionada negó la prestación argumentando, a diferencia del actor, que el tiempo del servicio militar no fue computado, por cuanto el Ministerio de Defensa no realizó las cotizaciones correspondientes. El peticionario solicita que vía tutela se reconozca que el tiempo prestado en el servicio militares válido para acceder a su derecho pensional y que en consecuenci, el demandado debe reconocerle su pensión de jubilación. El asunto es analizando a la luz de la jurisprudencia existente sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela en casos de protección de derechos de contenido prestacional y sobre la adecuada interpretación del contenido del artículo 40 de la ley 48 de 1993. La Sala determina que el tiempo de servicio militar se debe computar como válido en las pensiones de vejez, en los regímenes pensionales en los cuales la exigencia es de tiempo de servicio y no de cotizaciones efectivas o un ahorro determinado. Para el caso concreto, se establece que el actor aún no cumple con los requisitos para acceder a su derecho prestacional. NEGADA
Recibo Relatoria   9-8-2011 0:00


Item 178    Expediente   T-2856624    Fecha sentencia   15-3-2011 0:00    Sentencia   T-182/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARIA NELLY TORO CARVAJAL VS. FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna, protección laboral a incapacitados. La accionante fue incapacitada por enfermedad de origen común y los primeros 180 días fueron cancelados por la E.P.S. SALUDCOOP. Luego de solicitar la pensión de invalidez a la Administradora de Pensiones, la entidad negó la prestación bajo el argumento de que la pérdida de la capacidad laboral era en proporción inferior al 50%. Al momento de interponer la acción de tutela la E.P.S. certificó la incapacidad por enfermedad general (cáncer de mama), el médico tratante le había expedido incapacidades que no habían sido canceladas y, la Junta Nacional de Calificación no había resuelto el recurso presentado a efecto de determinar el porcentaje actual de la pérdida de capacidad laboral de la actora. Para resolver el caso la Sala analiza jurisprudencia relacionada con el principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, así como la procedencia excepcional para obtener el pago de acreencias laborales y las disposiciones que regulan las prestaciones por incapacidad generadas por enfermedad no profesional o accidente común. Se recuerda que frente al no pago de prestaciones económicas derivadas de incapacidades laborales se establece la existencia de una presunción, mediante la cual se prevé que las incapacidades son la única fuente de ingreso con la que el trabajador cuenta para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar, tal como el salario. Se concede el amparo de los derechos invocados y se ordena al Fondo de Pensiones PORVENIR cancelar las incapacidades dejadas de pagar a la accionante, hasta que el dictamen de su pérdida laboral quede en firme y asuma la obligación legal que le corresponda.
Recibo Relatoria   28-11-2011 0:00


Item 179    Expediente   T-2906557    Fecha sentencia   15-3-2011 0:00    Sentencia   T-183/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ANGEL EDUARDO PIRAQUIVE ROMERO VS. E.P.S. HUMANA VIVIR

Tema

Petición. El accionante sufrió un accidente de tránsito que le generó varios meses de incapacidad. Su médico tratante le formuló un tutor de comprensión y alargamiento óseo del fémur, previa valoración por la junta médica de ortopedistas de la E.P.S. a la que se encuentra afiliado. El 8 de marzo de 2010 elevó derecho de petición a la entidad solicitando la autorización de la cirugía y este le fue resuelto en el sentido de informarle que el procedimiento no estaba incluido en el POS y que debía acercarse al servicio al cliente de su regional y radicar la solicitud por CTC. Para complementar la respuesta, le fue indicado cuáles documentos debía llevar y a qué línea podía llamar si requería mayor información. En agosto 12 de 2010, el accionante radicó un nuevo derecho de petición, con el lleno de los requisitos antes establecidos y frente al mismo no recibió respuesta alguna. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analiza el derecho de petición cuando es interpuesto frente a particulares que desempeñan funciones públicas y establece que en el caso concreto si hubo una vulneración a este derecho. Concedida.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 180    Expediente   T-2892164    Fecha sentencia   15-3-2011 0:00    Sentencia   T-184/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA NOEMI MEJIA GIRALDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE GLORIA GALLEGO MEJIA VS. SALUDCOOP

Tema

Salud. La niña Gloria Gallego Mejía es una persona de condición indígena, de 11 años de edad, que se encuentra afiliada en calidad de beneficiaria a la E.P.S. SALUDCOOP. A la menor le fue diagnosticado enanismo, no clasificado en otra parte, lesión de línea media y cardiopatía congénita y el especialista en endocrinología, le prescribió como tratamiento de hormona de crecimiento por un año, el medicamento somatropina. Así mismo, diligenció el formato de medicamento no POS, en el cual justificó la prescripción de la medicina señalada. Refiere la accionada que el médico tratante modificó la fórmula del medicamento enunciado, porque no existía en la farmacia la inicialmente prescrita y que el comité técnico científico autorizó por tres meses el medicamento variado por el endocrinólogo. Para la Sala, la actuación del juez constitucional no está dirigida a sustituir los criterios y conocimientos del médico, sino a impedir la violación de los derechos fundamentales de la paciente, por lo que declara la improcedencia de la acción, pero ordena a la E.P.S. que realice una nueva valoración médica a la menor, para establecer el tratamiento necesario e idóneo para manejar las patologías de la accionante
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 181    Expediente   D-8198    Fecha sentencia   16-3-2011 0:00    Sentencia   C-185/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    JULIAN ARTURO POLO ECHEVERRY VS. LEY 1142 DE 2007 ARTÍCULO 50

Tema

Ley 1142 de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana” artículo 50 numeral 4, regula los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión el aparte acusado es el siguiente “que se realice el pago total de la multa”, el demandante considera que la norma acusada vulnera el principio de igualdad ya que resultan injustificadamente perjudicados aquellos internos que cumpliendo la pena privativa de la libertad, no cuentan con recursos económicos suficientes para realizar el pago en mención. La Corte se pronuncia sobre los sistemas de vigilancia electrónica, su alcance, las autoridades competentes, los requisitos y las modalidades y funcionamiento, y la financiación, la comparación entre los subrogados de la vigilancia electrónica y la prisión domiciliaria, se realizan algunas conclusiones preliminares sobre la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica, en cuanto a la exigencia del pago de la multa, se hace mención de la línea jurisprudencial sobre el sentido y alcance de la multa como sanción penal y como requisito para los subrogados de la pena de prisión, el alcance de la jurisprudencia constitucional sobre la exigencia de la multa para acceder a subrogados penales, se estudian las líneas jurisprudenciales sobre el principio de igualdad, formal y material, se concluye que la posibilidad de salir de la cárcel y cumplir la pena privativa de libertad fuera de ella debe brindarse en igualdad de condiciones, que la posibilidad de purgar la pena privativa de la libertad fuera de la cárcel dependa de los medios económicos del condenado, hace que las desigualdades de hecho se conviertan en desigualdades jurídicas, por lo tanto la discriminación hecha por el legislador no resulta justificada, y la exigencia de la multa en el caso de la vigilancia electrónica no encuentra sustento alguno en la consecución de un fin constitucionalmente relevante, se decide declarar la norma EXEQUIBLE, en el entendido que, en caso de demostrarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la insolvencia actual del condenado, el no pago previo a la multa no impedirá la concesión del subrogado de vigilancia electrónica.
Recibo Relatoria   3-5-2011 0:00


Item 182    Expediente   D-8226    Fecha sentencia   16-3-2011 0:00    Sentencia   C-186/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HENRY TAPIERO JIMENEZ VS. LEY 1341 DE 2009 ARTÍCULO 22

Tema

Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TI-, se crea la Agencia Nacional del espectro y se dictan otras disposiciones” artículo 22 (parcial), el artículo regula las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el aparte demandado es el siguiente, “Ningún acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”, el accionante considera que se vulnera la reserva de ley en materia de limitación de principios y derechos constitucionales, además sostiene que se atenta contra el principio de confianza legítima ya que de la norma se entiende que la Comisión meditante la expedición de regulaciones puede dejar sin efectos los acuerdos entre proveedores, sin necesidad de un procedimiento especial, también considera vulnerado el principio de legalidad y por último considera que la norma acusada cercena la autonomía de los particulares de acudir a distintos mecanismos de solución de conflictos como el arbitraje. La Corte se pronuncia sobre el contenido normativo del enunciado demandado, la autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual según la jurisprudencia constitucional, el principio del Estado Social de Derecho, la intervención del Estado en la economía y el alcance de las libertades económicas en materia de servicios públicos, las comisiones de regulación, la intervención estatal en la economía y la reserva de ley en materia de restricción de principios y derechos constitucionales, la autonomía de la voluntad, el derecho de acceso a la administración de justicia y la justicia arbitral, se concluye que la restricción de la autonomía de la voluntad privada contenida en la norma es constitucionalmente legítima porque persigue salvaguardar los poderes de intervención que el legislador le asigna a la CRC, se decide declarar la norma acusada Exequible.
Recibo Relatoria   26-4-2011 0:00


Item 183    Expediente   LAT-362    Fecha sentencia   16-3-2011 0:00    Sentencia   C-187/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REVISION CONSTITUCIONAL VS. LEY 1411 DE 2010 Y ACUERDO

Tema

Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre la República de Colombia y Canadá hecho en Bogotá el día 27 de mayo de 2010” y la Ley 1411 de 2010 que lo aprueba. La Corte realiza una descripción general del contenido del Acuerdo y la Ley que lo aprueba, la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, se analiza la obligatoriedad de la consulta previa en el asunto de la referencia, se concluye que en el presente caso no resulta obligatoria la consulta previa ya que no constituye ni contiene medidas legislativas que afecten de forma directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en seguida se analiza la constitucionalidad del tratado internacional y de la ley aprobatoria en sus aspectos formales y materiales, se encuentra que tanto el Acuerdo como la Ley aprobatoria están acordes a la Constitución y por lo tanto se decide declararlas. Exequibles.
Recibo Relatoria   5-4-2011 0:00


Item 184    Expediente   T-2833228    Fecha sentencia   17-3-2011 0:00    Sentencia   T-188/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA IVONNY HURTADO BENITEZ VS. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

Tema

Dignidad humana, seguridad social, vida, salud, mínimo vital. La accionante se afilió a Porvenir en enero de 2006 y cotizó de manera ininterrumpida hasta noviembre de 2008. En abril del 2009 le fue calificada, por el médico de Seguros de Vida Alfa S.A., una pérdida de la capacidad laboral en un 77.86%, con fecha de estructuración 6 de noviembre de 2008. En septiembre 18 del 2009 solicitó una pensión de invalidez a Porvenir, quien negó la petición bajo el supuesto de la falta del requisito de fidelidad al sistema. En sede de revisión la Sala reitera jurisprudencia que establece la procedencia de la tutela para el reconocimiento de la pensión de la peticionaria, por cuanto se evidencia la generación de un perjuicio irremediable, al afectarse el mínimo vital en razón de la discapacidad para trabajar. Así mismo, establece que la actora es sujeto de especial protección, teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, lo que la imposibilita para trabajar y pervivir dignamente. Además, se estableció que la peticionaria cumple con los requisitos legales establecidos para acceder a la pensión de invalidez. Concedida.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 185    Expediente   T-2815414    Fecha sentencia   17-3-2011 0:00    Sentencia   T-189/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA TELVIA ANGULO BONILLA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Vida, condiciones dignas, mínimo vital. Relata la accionante que tuvo que desplazarse junto con su familia de la vereda Impilbi del Carmen (Tumaco) a la ciudad de Villavicencio, en cuanto recibió amenazas del frente 42 de las FARC, quienes reclutaron y posteriormente desaparecieron a su compañero y abusaron sexualmente de una de sus hijas. Indicó que declaró su situación de desplazamiento ante la Defensoría del Pueblo de Villavicencio, pero que no ha sido notificada de la resolución que la incluya en el Registro Único de Población Desplazada RUPD, motivo por el cual solicitó mediante derecho de petición, la expedición de una copia de dicho documento, para poder acceder a todos los derechos que tiene como desplazada. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales de la población desplazada, en cuanto son consideradas personas de especial protección, y sobre los criterios y normas que deben tenerse en cuenta al momento de la inscripción en el RUPD. Concedida.
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 186    Expediente   T-2832023 Y OTRO    Fecha sentencia   17-3-2011 0:00    Sentencia   T-190/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LEONARDO SEPULVEDA RIOS Y OTRO VS. MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. TITAN Y OTRO

Tema

Seguridad social, igualdad, trabajo especialmente protegido. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes se encontraban vinculados laboralmente con sus respectivos empleadores a través de contratos de trabajo y; en desarrollo de las funciones asignadas sufrieron accidentes laborales que les dejaron secuelas que redujeron su capacidad para trabajar. Las empresas accionadas dieron por terminado los respectivos contratos, sin que mediara permiso del Ministerio de la Protección Social, pese a tener conocimiento de la disminución laboral de los demandantes. En sede de revisión se estudia jurisprudencia relacionada con la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro al trabajo, salvo que se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada. Así mismo, se analiza jurisprudencia sobre la protección laboral reforzada que se le otorga al trabajador discapacitado, en acatamiento de normas nacionales e internacionales. Concedida
Recibo Relatoria   14-4-2011 0:00


Item 187    Expediente   T-2255209 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   17-3-2011 0:00    Sentencia   T-191/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA DOLORES LOPEZ LOPEZ Y OTRA VS. MUNICIPIO DE MARIQUITA Y OTRO

Tema

Vivienda digna, vida, integridad física. Se acumulan procesos por unidad de materia. Los accionantes consideran que las autoridades públicas han vulnerado sus derechos fundamentales, al no otorgarles las ayudas necesarias para mejorar las condiciones de los inmuebles que habitan, teniendo en cuenta que viven en situaciones denigrantes, ya que en un primer caso la accionante perdió la vivienda como consecuencia de un incendio y, en el segundo caso, existe la amenaza de perderla ante un eventual deslizamiento del terreno donde está ubicada. En sede de revisión se analiza jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda y la procedencia de la acción de tutela en casos de siniestros que provoquen fallas del inmueble en que se habita. También se analiza temática relacionada con el deber de solidaridad, respecto de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad a causa de la ocurrencia de un desastre. Se resuelve conceder el amparo a los derechos invocados, pero se declara la ocurrencia de un hecho superado por carencia actual de objeto
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 188    Expediente   T-2877756    Fecha sentencia   17-3-2011 0:00    Sentencia   T-192/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARGARITA OCAMPO DE CARMONA VS. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Tema

Vida digna, trabajo, mínimo vital, igualdad, principio de confianza legítima. La accionante vive y ocupa hace 27 años, un predio de propiedad del municipio de Desquebradas (Risaralda) y en él, construyó una casa para vivir con su familia, al igual que un kiosko destinado a la venta de gaseosas y varios. Además, utiliza parte del terreno como parqueadero y con esto consigue el dinero para sufragar las necesidades de su familia. Como resultado de un proceso administrativo, la Alcaldía Municipal ordenó la restitución del espacio público ocupado por la demandante, le impuso una multa de $9.887.199 por la afectación causada y le concedió un plazo de 15 días para demoler la construcción levantada, o de lo contrario proceder la Alcaldía a realizarla, pero con costos a cargo de la infractora. Para la Sala se configura una situación consolidada en la que la accionante debe tener la confianza de que la administración no alterará sorpresivamente la misma, y por tanto, tomará medidas de transición pertinentes, tendientes a atenuar los resultados del cambio a que se verá sometida. Igualmente considera que con la demolición de la vivienda y del kiosko se afectan otros derechos fundamentales de la peticionaria, como lo son la vivienda digna y el mínimo vital. Concedida.


Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 189    Expediente   RE-177    Fecha sentencia   18-3-2011 0:00    Sentencia   C-193/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4702 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4702 del 21 de diciembre de 2010. Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989. Revisión oficiosa de constitucionalidad. La Corte examinó formal y materialmente el Decreto Legislativo 4702 de 2010, para determinar si el ejercicio de los poderes de excepción y el contenido de las medidas adoptadas en él, se ajustaron a la Constitución y si las mismas cumplieron los requisitos de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad. Se resuelve, declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, la EXEQUIBILIDAD PARCIAL del artículo 4 y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 9, en el entendido que la labor de auditaje debe ser previa o concurrente y no desplaza la que está a cargo de los organismos de control.
Recibo Relatoria   28-7-2011 0:00


Item 190    Expediente   RE-190    Fecha sentencia   18-3-2011 0:00    Sentencia   C-194/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4830 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4830 del 29 de diciembre de 2010. Por el cual se modifica el decreto 4702 de 2010. Revisión de Constitucionalidad. El Decreto en revisión tiene como fundamento el Decreto 4580 de 2010, por medio del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública. Luego del análisis en concreto de la constitucionalidad de cada uno de los artículos que integran el Decreto 4830 se decide: declarar EXEQUIBLE el artículo 1º, modificatorio del artículo 4º del Decreto 4702 de 2010, INEXEQUIBLE la potestad reglamentaria prevista en el mismo y se precisan ciertos condicionamientos e inconstitucionalidades parciales. EXEQUIBLE el artículo 2º del Decreto 4830, en el entendido que la destinación de los recursos y el orden de prioridades debe enfocarse hacia las zonas y municipios afectados a que se refiere el decreto 4580 de 2010; y EXEQUIBLES los artículos 3º y 4º del Decreto 4830 de 2010.
Recibo Relatoria   30-6-2011 0:00


Item 191    Expediente   T-2866327    Fecha sentencia   18-3-2011 0:00    Sentencia   T-195/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    DENIS LORENA PEREZ PATIÑO EN REPRESENTACION DE ANDREA DEL CARMEN PEREZ PATIÑO VS. SALUD VIDA E.P.S. S

Tema

Salud, vida digna, igualdad. La accionante actuando en representación de su mejor hija, solicita la práctica de la cirugía de prótesis auditiva tipo Baha + Vistafix para tratar la hipoacusia conductiva bilateral que le fue diagnostica. La cirugía consiste en la conducción ósea de un procesador de sonido a un pequeño implante de titanio que se coloca en el hueso detrás de la oreja. La Sala se pronuncia sobre la jurisprudencia que existe en relación con la salud como derecho fundamental y servicio público y las consideraciones generales en cuanto a la normatividad aplicable para la financiación de prestaciones médicas requeridas por personas vinculadas al sistema de seguridad social en salud, a través del régimen subsidiado. Concedida
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 192    Expediente   T-2865135    Fecha sentencia   18-3-2011 0:00    Sentencia   T-196/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    YY EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJO XX VS. INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL COLEGIO NUEVA ZELANDIA

Tema

Educación, debido proceso, igualdad, libre desarrollo de la personalidad. Caso en el que se pretende que se declare la nulidad del acto emitido por el Consejo Directivo del plantel educativo accionado, mediante el cual se sancionó a un estudiante con su desescolarización y cancelación de la matrícula estudiantil, por presentar problemas de disciplina y conducta y por haberlo encontrado ingiriendo sustancias alucinógenas cerca de las instalaciones del colegio. La madre del menor alegó la falta de garantías en la toma de la aludida determinación, porque el proceso disciplinario adelantado en contra de su hijo se llevó de manera irregular.. La Sala encontró que efectivamente se vulneraron los derechos del menor, en cuanto se le impidió la culminación de su año lectivo, como consecuencia de la aplicación de una sanción gravosa que no estaba contemplada en el Manuel de Convivencia de la institución. Como quiera que el estudio del presente caso estuvo encaminado al restablecimiento de los derechos del menor y se constató que el mismo continuó sus actividades académicas en otra institución educativa, se declaró la carencia actual de objeto por haberse presentado un daño consumado. Así mismo, se ordena a la institución accionada reformar el Manual de Convivencia, determinando específicamente las sanciones a imponer a estudiantes que consuman sustancias psicoactivas y se le advierte que debe garantizar el debido proceso en los procesos disciplinarios adelantados en contra de los estudiantes. HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   8-9-2011 0:00


Item 193    Expediente   T-2870723    Fecha sentencia   23-3-2011 0:00    Sentencia   T-197/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS EFRAIN LEYTON CRUZ VS. SALUD VIDA E.P.S.

Tema

Igualdad, interés superior del niño, salud. El personero Municipal de Piedras (Tolima), presenta la acción de tutela en representación de una menor de 9 meses de edad, a la que le fue ordenado un examen de cadera de abducción y ablución, por parte de su médico tratante y la E.P.S. se negó a atender bajo el argumento de no estar registrada en la base de datos del sistema como beneficiaria de la madre. Estando en sede de revisión la madre de la niña expresó que se cambió de la E.P.S. que supuestamente había vulnerado los derechos de la menor y; además que a la niña se le determinó que no poseía factores de riesgo para desarrollar displasia de cadera o luxación, que era lo que se pretendía determinar con el examen ordenado. Por los hechos anteriores se declaró la carencia actual de objeto por hecho consumado.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 194    Expediente   T-2882439    Fecha sentencia   23-3-2011 0:00    Sentencia   T-198/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ANA ESTHER BENAVIDES CORDOBA VS. SALUDCOOP E.P.S

Tema

Salud, vida digna. La accionante padece una enfermedad denominada Síndrome de Sjorgreen asociada a Lupus Eritomatoso Sistémico, cuyos síntomas le impiden llevar una vida normal. Una de las consecuencias de esta enfermedad, es el deterioro total de su dentadura por la no producción de saliva, por lo que ha sido remitida en varias ocasiones a tratamiento de periodoncia para que se le realice un raspaje y alisado radicular. Los tratamientos ordenados han sido negados por la E.P.S., bajo el argumento de no estar incluidos en el POS. La falta de dichos tratamientos le produce fuertes dolores en la boca y le imposibilita masticar correctamente, por lo que su dieta normal se ve afectada. La Sala reitera jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el suministro de medicamentos, exámenes o procedimientos que no están incluidos en el POS y en relación a los tratamientos, o procedimientos odontológicos, recuerda la posición de la Corporación en cuando a la procedencia de la acción de tutela, cuando la falta de suministro del tratamiento de ortodoncia compromete la salud, la integridad personal o la vida en condiciones del dignas del paciente. Concedida.
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 195    Expediente   T-2888106    Fecha sentencia   23-3-2011 0:00    Sentencia   T-199/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUZ MARINA FERNANDEZ RINCON EN REPRESENTACION DE SU MADRE FILOMENA RINCON DE FERNANDEZ VS. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA

Tema

Salud, vida. La accionante representada a través de la figura de agencia oficiosa, refiere que tiene 80 años de edad y que se encuentra afiliada en el régimen subsidiado a la E.P.S. S CAFAM. A causa de una afección cardiaca le diagnosticaron EPOC descompensado y le ordenaron oxígeno de por vida, para lo cual requiere manejo intrahospitalario. Al realizar los trámites ante la institución hospitalaria, se le suministró el oxigeno durante los primeros tres meses, a un costo de $15.000 y, al tramitar el suministro del oxígeno para los siguientes tres meses, se le informó que debía cancelar la suma de $154.000, dinero que no posee, pues pertenece a una familia de escasos recursos económicos. La Sala considera en el presente caso que se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la situación generadora de la vulneración de los derechos fundamentales incoados, fue superada mediante una acción constitucional presentada en forma posterior y en la cual le fueron amparados tales derechos a la accionante
Recibo Relatoria   13-4-2011 0:00


Item 196    Expediente   T-2753390    Fecha sentencia   23-3-2011 0:00    Sentencia   T-200/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANGELA INES BLANCO AVENDAÑO VS. PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION

Tema

Vida, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital. La accionante, mujer de 32 años de edad, madre cabeza de familia, sufrió un accidente cerebro vascular que le produjo ausencia de visión lateral en ambos ojos, dificultad para hablar, ademas limitaciones para caminar y utilizar su mano derecha. Como consecuencia de lo anterior se le determinó pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 64.05% con fecha de estructuración 2 de mayo de 2008. El Fondo de Pensiones le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, argumentando que la actora no completaba el número de semanas cotizadas requeridas, ni el porcentaje de fidelidad al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Por su parte, la demandada accedió a la devolución del 100% de los dineros acreditados en la cuenta de ahorro individual de la accionante, los cuales equivalen a la suma de $1.134.874. La Sala reitera jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez; así como sobre la pensión de invalidez como componente de la seguridad social y la protección constitucional especial para las personas en circunstancia de discapacidad. Concedida
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 197    Expediente   T-2821741    Fecha sentencia   23-3-2011 0:00    Sentencia   T-201/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CARMEN ROSA YARA DE CASTILLO COMO AGENTE OFICIOSO DE ARCESIO CASTILLO VS. BANCO COLMENA BCSC

Tema

Salud, seguridad social, mínimo vital. La accionante, actuando como agente oficioso de su esposo, relata que el Banco Colmena BCSC se negó a entregarle la mesada pensional de su esposo, bajo el argumento que sólo podía hacerlo con una autorización debidamente autenticada ante notario o con una orden judicial que se lo ordenara. Para la accionante no es posible tener la autorización de su esposo, pues éste se encuentra hospitalizado por múltiples afecciones y con un pronóstico reservado, situación que puede permanecer en iguales condiciones de manera indefinida. En sede de revisión se determina que el hecho vulnerador del derecho fundamental al mínimo vital fue superado, en razón a que la parte actora inició un proceso de interdicción judicial para administrar los bienes de su esposo y el juzgado, en el respectivo auto admisorio, nombró a la accionante como curadora provisional, situación que le permite reclamar las mesadas pensionales correspondientes. En el presente asunto se resuelve declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado.
Recibo Relatoria   14-4-2011 0:00


Item 198    Expediente   T-2840562    Fecha sentencia   23-3-2011 0:00    Sentencia   T-202/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ELVIRA EDITH AGUIRRE GOMEZ VS. JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Seguridad social, mínimo vital y preeminentes de los niños Refiere la accionante que su compañero permanente, fue asesinado en el restaurante donde laboraba, al tratar de evitar que se robaran algunos elementos de allí. Asegura que la ARP Sura le informó que después de realizar un minucioso análisis, se había establecido que lo sucedido no correspondía a un accidente de trabajo. Por su parte, la Administradora de Pensiones Porvenir, al momento de solicitar la pensión de sobrevivientes, le informó que no era procedente dicha prestación, que solo procedía la entrega de los aportes y que era la A.R.P., la responsable de pensionarla. De otra parte se relató que el empleador incurrió en una falsedad, cuando indicó que la causa de desvinculación del esposo del accionante correspondió a una renuncia del mismo, situación que no era viable, pues para el momento del fallecimiento se encontraba laborando y en el sitio de trabajo. En sede de revisión se analizó jurisprudencia relacionada con las excepciones a la improcedencia de la acción de tutela para reclamar pensiones, así como los criterios que existen en relación con el derecho a la pensión de sobrevivientes en el sistema de riesgos profesionales y las controversias suscitadas entre las entidades del Sistema General de Seguridad Social, frente al reconocimiento de derechos prestacionales de los afiliados. Concedida.
Recibo Relatoria   14-4-2011 0:00


Item 199    Expediente   D-8237    Fecha sentencia   24-3-2011 0:00    Sentencia   C-203/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    EDWING JABETH ARTEAGA PADILLA VS. LEY 1395 DE 2010 - ARTICULO 49, INCISO 3o.

Tema

Ley 1395 de 2010. por la cual adoptan medidas en materia de descongestión juiucial Demanda de Inconstitucionalidad contra un aparte de su artículo 49, inciso 3º, por el cual se modifica el artículo 93 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. El aparte demandado es el siguiente: … Si la demanda no reúne los requisitos, o. A juicio del demandante, el texto acusado vulnera los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución. Respecto al derecho a la igualdad (artículo 13 C.P.) considera, que el precepto contempla por un lado, una misma sanción para dos situaciones jurídicas diferentes y por el otro, una carga injustificada sobre el recurrente que presenta una demanda que se estima no reúne los requisitos legales. Con relación al artículo 229, observa el actor que no obstante a ser un recurso extraordinario, la existencia de requisitos tan gravosos para la demanda de casación laboral, restringen de forma injustificada la posibilidad que tiene un ciudadano para el acceso a la justicia y la vulneración al artículo 29 se da, según el demandante, al no contemplarse recurso alguno contra la decisión que impone la multa por indebida presentación del escrito de solicitud de casación. La Corte determinó que la sanción de multa por incumplimiento de los requisitos de la demanda de casación laboral, vulneraba el principio de igualdad y los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, dado que la medida adquiere características de medida correccional que resulta inadmisible, por cuanto se sanciona el ejercicio de un recurso de manera oportuna pero insatisfactoria. Además existen las facultades correccionales del juez y las sanciones previstas en el Estatuto del Abogado por faltas a los deberes profesionales. Se declara INEXEQUIBLE la expresión acusada.
Recibo Relatoria   21-6-2011 0:00


Item 200    Expediente   T-2779725    Fecha sentencia   24-3-2011 0:00    Sentencia   T-204/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    FABIAN JAVIER MOLINA MARTINEZ VS. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo. El actor participó en el Concurso de Méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la convocatoria pública 001 de 2005 y quedó en el primer puesto de la lista de elegibles para la provisión del cargo al cual aspiró. La demandada no hizo el correspondiente nombramiento argumentando que dentro de una reestructuración administrativa efectuada en la entidad se suprimió el cargo ofertado. La Sala, determina que la entidad demandada deberá vincular al actor a la correspondiente planta de personal, al primer cargo que exista o cuya provisión llegare a requerirse acorde con la capacitación que él acredita.
Recibo Relatoria   16-2-2012 0:00


Item 201    Expediente   T-2830810    Fecha sentencia   24-3-2011 0:00    Sentencia   T-205/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    SANDRA MILENA GUTIERREZ RAMIREZ EN REPRESENTACION DE TRES MENORES DE EDAD VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA PENAL

Tema

Derecho de los niños, debido proceso. La accionante actuando en representación de tres menores de edad, refiere que las mismas comparecieron a un juicio oral para comprobar que habían sido víctimas de delitos sexuales y que en el transcurso de la audiencia, tuvieron que soportar la presencia del imputado, hecho que las lleno de temor y presión. Se indica que la juez que llevaba el caso fue sustituida por haber accedido a su pensión de vejez y que quien asumió el conocimiento decretó de manera oficiosa la nulidad del juicio, hecho que implica someter nuevamente a las menores a la comparecencia a la audiencia que les generó tanto malestar. En sede de revisión se ordenó suspender provisionalmente las diligencias ordenadas, mientras se profería sentencia de fondo y se analizó si, atendiendo los principios de inmediación y concentración, el cambio de un juez dentro de un proceso adelantado en el marco del sistema penal acusatorio, hace indispensable volver a efectuar toda la etapa probatoria, o si por el contrario, ello vulneraría derechos fundamentales de menores de edad, víctimas de las conductas delictivas investigadas. En el caso concreto se concede la tutela pero se declara la carencia actual del objeto en el presente proceso, por cuanto el acusado se allanó a los cargos que le habían sido formulados. Concedida.
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 202    Expediente   T-2861644    Fecha sentencia   25-3-2011 0:00    Sentencia   T-206/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA ANITA RODRIGUEZ DE SUAREZ VS. FONCEP

Tema

Debido proceso, mínimo vital, seguridad social. La accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales que considera vulnerados por parte del Fondo de Prestaciones Económicas , Cesantías y Pensiones (FONCEP), en tanto se negó a reactivar el pago de su pensión de sobrevivientes, luego de que la Fiscalía General de la Nación profiriera resolución inhibitoria en el proceso que adelantó para investigar la posible comisión de las conductas punibles de fraude procesal y falso testimonio, en el trámite administrativo por medio del cual se le reconoció la sustitución pensional. Para dar solución al caso en concreto, la Sala analizó jurisprudencia constitucional relacionada con el requisito de inmediatez y la relación entre el derecho fundamental al debido proceso y la revocatoria directa de actos de reconocimiento pensional. Se PROTEGEN los derechos fundamentales rogados, se deja sin efectos el acto administrativo por medio del cual se revocó la pensión de sobrevivientes a la actora, se ordena a la accionada reiniciar el pago de las mesadas pensionales y consignar el monto de las prestaciones dejadas de percibir a partir de la emisión de la referida resolución.
Recibo Relatoria   9-10-2012 0:00


Item 203    Expediente   T-2868781 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   27-3-2011 0:00    Sentencia   T-213/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    EDGARDO GARID GRAJALES GRISALES Y OTROS VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y OTROS

Tema

Trabajo, debido proceso, libertad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes presentaron las acciones de manera separada pero en sus correspondientes demandas coincidieron en sus aspectos esenciales. En un caso, la entidad accionada se negó la inclusión del accionante en los programas de estudio, trabajo o enseñanza previstos para acceder a los beneficios para la redención de penas, bajo el argumento de que el escrito de petición no era la forma adecuada para adquirir lo pretendido por el actor, quien además debía esperar a las convocatorias de los respectivos programas. En el otro caso, los demandantes estaban clasificados dentro del tratamiento penitenciario en la fase de mediana seguridad y fueron trasladados de un pabellón de mediana seguridad, que les otorgaba más beneficios, a otro de alta seguridad, sometido a más restricciones. Advierten estos peticionarios, que llevan más de cinco meses sin ser incluidos en programas de estudio, trabajo o enseñanza, que les permitan redimir las penas impuestas. Se resuelven los problemas planteados bajo el análisis de la siguiente temática: i). derechos fundamentales de los internos. ii). Finalidad del tratamiento penitenciario. iii). Facultad discrecional del INPEC para trasladar reclusos y configuración de un hecho superado. En sede de revisión la Sala tuvo conocimiento que la situación fáctica de cada uno de los peticionarios fue modificada, lo que conllevó a que se cambiaran o terminaran las condiciones de vulnerabilidad a que estaban expuestos, por lo cual ampara los derechos pero declara la ocurrencia de un hecho superado por carencia actual de objeto
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 204    Expediente   T-2875202    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-207/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BLANCA MARIA TAPIA DE CHAMORRO VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

En el presente caso el problema planteado gira en torno a la afectación de los derechos a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital de una persona de la tercera edad, por una situación jurídico-procesal relacionada con la negativa dada por CAJANAL para el reconocimiento y pago de una prestación pensional, aduciendo que no se aportó una certificación laboral expedida por la empresa empleadora, a pesar de que se allegó prueba supletoria de la inexistencia de dicho documento porque los archivos de la empresa se incendiaron. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. El derecho fundamental al debido proceso administrativo para el reconocimiento de la pensión post morten y la sustitución pensional mediante prueba supletoria y 2º. La procedencia excepcional de la acción de tutela como medio de defensa judicial frente a actos administrativos que niegan prestaciones periódicas. Se declara la improcedencia de la acción de tutela respecto al amparo de los derechos relacionados con la reclamación de la prestación económica y se protege el derecho a la salud, frente al cual se ordena a CAJANAL que pague a SALUDCOOP E.P.S. el dinero que le adeuda por la afiliación al régimen contributivo de la accionante, durante el período adeudado
Recibo Relatoria   8-2-2012 0:00


Item 205    Expediente   T-2836183    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-208/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LUIS MIGUEL PASTRANA GONZALEZ VS. ALCALDIA DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA

Tema

Mínimo vital. El accionante fue nombrado por la Alcaldía de Ciénaga de Oro, como corregidor de policía en la vereda El Salado del corregimiento El Siglo, ejerciendo dicha cargo hasta el 23 de enero de 2010. La entidad accionada le adeuda dineros por concepto de vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses de cesantías y el salario correspondiente a 8 meses de trabajo. El actor ha solicitado el pago de las acreencias en varias oportunidades y el municipio demandado no ha efectuado ningún pago. El demandante es padre cabeza de familia, tiene pocos recursos económicos y está desempleado. La Sala se pronuncia sobre se pronuncia sobre el incumplimiento en el pago de salarios y la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital. Concedida
Recibo Relatoria   4-5-2011 0:00


Item 206    Expediente   T-2866650    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-209/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    DIOGENES RIAÑO VS. JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Indexación primera mesada pensional. Tutela contra providencia judicial. Dentro de una acción ordinaria laboral adelantada por el accionante en contra del ISS, mediante la cual pretendía la indexación de la primera mesada pensional, los despachos judiciales de primera y segunda instancia decidieron negar las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que la indexación solicitada era para pensiones causadas a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, situación en la que no se enmarcaba el demandante, en tanto la prestación le fue reconocida en 1990. Luego de determinar la procedencia de la acción de tutela, la Sala estima que el fallo atacado constituye una vía de hecho por concurrencia de un defecto material o sustantivo, con una violación directa de la Constitución Política y un desconocimiento del precedente judicial. Se CONCEDE el amparo solicitado y se revoca el fallo de segunda instancia que por vía ordinaria, confirmó la decisión de negar la indexación solicitada. Con base en los principios de celeridad y eficacia, se ordena directamente al ISS indexar la primera mesada pensional del actor, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia T-098/05.
Recibo Relatoria   23-4-2012 0:00


Item 207    Expediente   T-2883542    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-210/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    BLANCA EDILA PALACIOS ALBAN VS. CAJANAL I.E.C.E. EN LIQUIDACION Y OTRO

Tema

Petición, mínimo vital, seguridad social. El cónyuge de la accionante falleció en junio de 2009 y ésta, mediante derecho de petición, solicitó a la entidad accionada que le fuera reconocida la pensión de vejez a su esposo y de manera simultánea, se procediera a ordenar la sustitución pensional a su nombre, por ser la única beneficiaria de la misma. Respecto a su petición no obtuvo comunicación alguna y solo, recibió respuesta a una petición que en el año 2007 hiciera su difunto esposo, en el sentido de informar que la solicitud de pensión se encontraba en el Plan de Contingencia, en estudio, para resolver en el menor tiempo posible. La Sala hace reiteración de jurisprudencia sobre: i). Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, ii). Término para responder los derechos de petición relativos al reconocimiento y pago de acreencias pensionales. iii). Derecho a la seguridad social y sustitución pensional y iv). Régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y Régimen pensional vigente, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 y aplicables a empleados oficiales. Decide amparar no solo el derecho de petición, sino también los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la actora y ordenar a la entidad accionada que proceda a reconocer la pensión de vejez en cabeza del difunto esposo de la accionante y la sustitución pensional a favor de ésta. CONCEDID.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 208    Expediente   T-2861992    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-211/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CLEMENCIA FORERO UCROS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTROS

Tema

Debido proceso, igualdad, seguridad social, vida digna, mínimo vital. La accionante prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores, en varios cargos y de manera ininterrumpida entre los años 1978 y 2010. Dada la naturaleza de los cargos ocupados y las funciones asignadas, devengó sus salarios en dólares y francos suizos. El ISS le reconoció la pensión de vejez con base a un IBL (Ingreso Base de Liquidación) inferior al que considera se debe aplicar, por lo cual el monto pensional fijado fue igualmente bajo frente a sus expectativas. Contra la resolución que reconoció la prestación, la demandante interpuso los recursos de ley, pero la misma fue confirmada en los mismos términos en que fue expedida. En sede de revisión se analizan las condiciones de procedibilidad excepcional de la acción de tutela para obtener la reliquidación o reconocimiento de la pensión y el concepto de mínimo vital frente a la configuración de un perjuicio irremediable. Por no avizorarse el acaecimiento de un perjuicio irremediable y por existir un debate en torno al cumplimiento de obligaciones legales que debe ser dirimido en otras instancias judiciales, se resuelve declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela para amparar los derechos invocados.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 209    Expediente   T-2865846 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-212/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    GLORISSABETH CASTAÑEDA DIAZ Y OTROS VS. ALIANSALUD E.P.S. Y OTROS

Tema

Salud, vida digna, integridad personal, derechos de los niños. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el primer caso, la accionante, obrando en representación de su menor hijo, quien presenta una discapacidad a causa de una hidrocefalia, le reclama a la E.P.S. Aliansalud asumir todos los costos que acarrean los tratamientos de salud, rehabilitación y sostenimiento de su hijo. En la segunda acción de tutela, también a favor de un menor de 2 años de edad, con diagnóstico de microcefalia severa, licencefalia y otras deformidades congénitas de la cadera, se solicita a Humana Vivir E.P.S. y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la prestación de un tratamiento integral que incluya además, una serie de insumos, servicios y exoneraciones adicionales a favor del paciente. En el tercer caso, un menor de edad con discapacidad física y mental a raíz de múltiples patologías, solicita de COOMEVA E.P.S. que además de continuar prestando los servicios médicos, cancele el arrendamiento de una vivienda en Medellín, en lugar de pagar los costos de transporte que representa su movilización desde Puerto Berrío hasta dicha ciudad, para asistir a los controles y citas médicas. El cuarto caso lo inicia la accionante en representación de una sobrina ya mayor de edad, pero con un diagnóstico de esclerosis múltiple, para solicitar que la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y CAPRECOM E.P.S. suministre los pañales que diariamente requiere la paciente y la exoneración de los pagos de las cuotas moderadoras y copagos. Para decidir, la Sala reitera jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad¸ la prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS y recobro ante el Fosyga; el principio de atención integral en materia del derecho a la salud; reglas jurisprudenciales sobre el cubrimiento de gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes por las E.P.S; naturaleza jurídica de los copagos y de las cuotas moderadoras y las hipótesis en las que cabe su exoneración y sobre el deber de garantizar el acceso a los servicios de salud, libre de trámites y procedimientos administrativos engorrosos y necesarios. Se conceden parcialmente las pretensiones elevadas en tres de los casos estudiados y sólo en un asunto, se declara la improcedencia de la acción, dejando a discreción de la accionada la posibilidad de discutir con la parte actora, para tratar de llegar a un acuerdo sobre las pretensiones incoadas.


Recibo Relatoria   12-8-2011 0:00


Item 210    Expediente   T-2861822    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-213A/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GABRIEL ALBERTO PALACIO EUSSE Y OTROS VS. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Tema

Igualdad, debido proceso. Los demandantes son servidores públicos que desempeñan cargos de carrera administrativa mediante nombramientos en provisionalidad. En la demanda de tutela se alega la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto fueron excluidos de la Convocatoria No. 001 de 2005 por no haber presentado la prueba de conocimientos específicos, programada como una etapa del proceso de selección. Los actores no realizaron la prueba referida por cuanto se consideraron amparados por el Acto Legislativo No. 01 de 2008, mediante el cual se estableció una inscripción extraordinaria en carrera administrativa y se ordenó la suspensión de los trámites de los concursos públicos que se encontraran en marcha. Al declarar inexequible la Corte Constitucional el Acto Legislativo 01 de 2008 mediante Sentencia C-588-09, los accionantes solicitaron a la CNSC, permitirles presentar el examen de conocimientos específicos, petición que fue negada por ser la prueba de carácter eliminatorio cuya no presentación conlleva a la exclusión de la convocatoria. La Sala concluye que la entidad demandada vulneró derechos fundamentales de los actores y de muchos otros aspirantes que se encontraban en igual circunstancia a éstos, en cuanto no tenía competencia, luego de expedido el Acto Legislativo 01 de 2008, para seguir adelantado trámites relacionados con los cargos ocupados por aquellos empleados a quienes les asistía el derecho de ingresar automáticamente a la carrera administrativa, pues existía una norma de rango constitucional que se lo impedía. Se decide tutelar los derechos invocados por los demandantes y ordenar la CNSC, citar, inscribir a la segunda fase de la convocatoria y asignar nueva fecha, para que los actores y todas las personas que se encuentren en las mismas condiciones fácticas, presenten la prueba de conocimientos específicos. A la presente sentencia se le otorga efectos inter comunis que se aplicarán a todos las personas cuya situación particular se enmarque dentro de los presupuestos descritos en la providencia. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   2-12-2011 0:00


Item 211    Expediente   T-2863223    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-214/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JOSE GUZMAN SALINAS SAZA VS. HACEMOS SEGURIDAD LTDA

Tema

Mínimo vital. El accionante cuenta con 58 años de edad y laboró por cerca de 15 años en dos empresas de seguridad, ambas de propiedad de una sola dueña. El contrato laboral fue terminado sin justa causa y la empleadora le quedó adeudando varias acreencias laborales, que no fueron posible conciliarlas, bajo el argumento de encontrarse la compañía en estado de iliquidez. El despido injustificado y el no pago de las prestaciones adeudadas, llevaron al demandante a una situación económica deplorable, que consecuencialmente han afectado su calidad de vida de una manera negativa. La Sala resuelve el caso concreto analizando la siguiente temática: i). la procedencia de la acción de tutela contra particulares. ii). la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar prestaciones laborales y iii). La presunción de veracidad. Se resuelve tutelar el derecho invocado y ordenar a la accionada ponerse al día con los aportes a la seguridad social del demandante, así como cancelarle las acreencias laborales adeudadas, sin perjuicio de las acciones que pueda adelantar el actor por la vía ordinaria. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 212    Expediente   T-2886459    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-215/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    BERNARDO ANTONIO CASTAÑEDA HENAO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS

Tema

Seguridad social, igualdad, mínimo vital, debido proceso En 1998 el accionante solicitó al ISS, el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual fue negada por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley y, por esta razón, el actor continuó realizando sus aportes al sistema de seguridad social en pensión. En el 2002, la entidad accionada le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por un valor de $4.921,634 la cual nunca reclamó y en su lugar, continuó realizando los aportes hasta mediados de 2010 con el ánimo de alcanzar la prestación solicitada. En este mismo año, el ISS volvió a negar la pensión por considerar que no tenía derecho a ella, por haber sido beneficiario de la indemnización sustitutiva. Para la Sala, la entidad accionada, al haber negado sin razones válidas ni jurídicas la pensión de vejez pretendida, procedió de manera arbitraria y violatoria de los derechos fundamentales del demandante, quien además, por ser una persona mayor de 79 años, merece una especial protección constitucional. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 213    Expediente   T-2864069    Fecha sentencia   28-3-2011 0:00    Sentencia   T-215A/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    AGOBARDO MARIN ROMERO VS. JUZGADO 12 DE FAMILIA DE BOGOTA

Tema

Petición, debido proceso, igualdad, vida digna, seguridad social, mínimo vital. El accionante presentó derecho de petición ante el despacho judicial demandado, solicitando la suspensión del embargo de alimentos que recaía sobre el 100% de su pensión de retiro decretado a favor de sus hijos, alegando que éstos ya son mayores de edad y que él se encontraba en una precaria situación económica. La acción de tutela la interpone el demandante, por considerar vulnerados varios derechos fundamentales, al pasar diez días después de la presentación del derecho de petición, sin que se le diera respuesta alguna. En la contestación de la demanda el juez indicó que mediante auto se negó la suspensión requerida, por estar el escrito firmado solo por el actor, cuando la cuota había sido fijada a través de conciliación entre las partes y la exoneración, debía hacerse a través de sentencia judicial o nuevo acuerdo suscrito por los mismos intervinientes. La Sala encuentra improcedente la acción de tutela impetrada por el actor en cuanto a los cargos de violación al derecho de petición y debido proceso, por la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto el despacho judicial dio respuesta a la solicitud por él elevada, así mismo respecto a la pretensión de desembargo del 100% de la cuota alimentaria, por contar con otros mecanismos judiciales ordinarios de defensa, para pretender tal exoneración. NEGADA.
Recibo Relatoria   14-12-2011 0:00


Item 214    Expediente   RE-197    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-216/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 020 DEL 7 DE ENERO DE 2011

Tema

Decreto 020 del 7 de enero de 2011, por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de la grave calamidad pública. Revisión de Constitucionalidad. La Corte no encontró que se hubiese demostrado por parte del Gobierno, de manera concreta y específica, las razones por las cuales los hechos aducidos no podían ser atendidos con las facultades de excepción que ostentaba en virtud del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, vigente hasta el 5 de enero de 2011, ni por qué, estas atribuciones resultaban insuficientes para superar la perturbación causada por el fenómeno climático de La Niña e impedir la extensión de sus efectos, para acudir a una nueva declaratoria de emergencia, dado que cada declaratoria de estado de emergencia tiene que ser rigurosa y autónomamente justificada, observando que desde . la primera declaración del estado de emergencia el Gobierno advirtió la prolongación de la ola invernal por la presencia del fenómeno de La Niña, la cual podía irse agravando con el devenir de los días hasta mediados de 2011 según pronósticos del IDEAM. De la misma manera tampoco se superaba el juicio de insuficiencia de los medios ordinarios de que dispone tanto el poder legislativo como el ejecutivo en su funcionamiento normal, ni se explicó por qué dichos medios no eran adecuados para el manejo del nuevo estado de excepción ni para qué necesitaba las facultades extraordinarias. Encontró la Corte que los mecanismos excepcionales no pueden instrumentalizarse con miras a eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   17-6-2011 0:00


Item 215    Expediente   R.E. 195    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-217/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 016 DEL 6 DE ENERO DE 2011

Tema

Revisión constitucional del Decreto Legislativo 016 del 6 de enero de 2011, por medio del cual se crea la figura del empleo de emergencia, para los damnificados por la emergencia social, económica y ecológica, declarada por el Decreto 4580 de 2010. La Corte declara INEXEQUIBLE el Decreto 016, al presentar un vicio de competencia que resulta insaneable, por cuanto fue expedido por fuera del término establecido en el Decreto 4580 de 2010, declaratorio del estado de emergencia
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 216    Expediente   RE-196    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-218/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    RÉVISION CONSTITUCIONAL VS. DECRETO LEGISLATIVO 017 DEL 6 DE ENERO DE 2011

Tema

Decreto Legislativo 017 del 6 de enero de 2011, por medio del cual se adoptan medidas en materia de salud con el fin de hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010. Revisión de Constitucionalidad. El Decreto en revisión presenta un vicio de incompetencia insubsanable, por cuanto fue expedido por fuera del término de vigencia del Estado de Emergencia que le sirvió de origen y sustento. Se declara INEXEQUIBLE
Recibo Relatoria   16-6-2011 0:00


Item 217    Expediente   D-8281    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-220/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT VS. LEY 99 DE 1993, PARAGRAFO 1o ARTICULO 43

Tema

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Demanda de Inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 43. Para el demandante, con la ambigüedad del aparte acusado, se desconocen los principios de legalidad y reserva de ley que rigen la imposición de las cargas públicas y, los principios de igualdad, proporcionalidad y equidad en la distribución de esas mismas cargas. Así mismo, el demandante alega que la disposición acusada viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto no prevé una medida idónea para alcanzar el fin perseguido y conduce a una restricción desproporcionada de los derechos a la igualdad, a la libre empresa y al de propiedad. En el caso concreto, la Corte evidenció la no existencia de cosa juzgada constitucional y concluyó que, si bien la norma crea una carga pública en la modalidad de inversión forzosa y no de tributo, no le son aplicables las reglas sobre sistema y método previstos para tasas y contribuciones. Adicionalmente consideró, que la carga no resulta desproporcionada y en consecuencia declaró EXEQUIBLE el parágrafo acusado.
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 218    Expediente   D-8222    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-221/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    ARMANDO ENRIQUE COLON CARDENAS VS. LEY 181 DE 1995 ARTICULO 45 PARCIAL

Tema

Ley 181 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Se demanda el artículo 45 (parcial) en el aparte que establece ….. cuando no tenga recursos o sus ingresos sean inferiores a cuatro (4) salarios mínimos. Para el demandante, se genera una restricción en la concesión del estímulo a las glorias del deporte nacional, relativa a que el posible beneficiario no tenga recursos o sus ingresos no sean superiores a cuatro salarios mínimos, con lo que se viola los artículos 13 y 52 de la Constitución. El razonamiento del demandante se basa en considerar que los beneficiarios del estímulo deben ser todos los deportistas que han sido acreedores de las máximas distinciones deportivas, sin lugar a establecer condiciones particulares de ausencia o límite de recursos, para poder ser acreedores del beneficio económico. Para la Corte, la norma acusada no vulnera el principio de igualdad y los deberes estatales de fomento al deporte y por el contrario considera, que dicho precepto configura una medida adecuada para cumplir con ambos fines, puesto que promueve la igualdad de oportunidades y utiliza un criterio constitucionalmente obligatorio para la distribución del gasto público, en tal sentido declara la EXEQUIBILIDAD del artículo (parcial) demandado.


Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 219    Expediente   RE-175    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-222/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 4673 DE 2010

Tema

Decreto 4673 de 2010, por el cual se adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional La Corte encontró con respecto al parágrafo primero que si bien la disposición no fijan un horizonte temporal para la aplicación de la medida, dicho horizonte vendría dado por la naturaleza de las actividades que es posible acometer en el marco de la autorización prevista en la norma, siendo del caso limitar su aplicación sólo para las actividades que se desarrollen dentro de la fase I de las contempladas en el marco de la emergencia. Asimismo, manifestó que la no inclusión de recursos de vía gubernativa tiene una justificación específica en la urgencia de las medidas, cuyo trámite podría verse dilatado por los distintos recursos de la vía gubernativa. Con relación al parágrafo segundo que provee una garantía del derecho de uso del titular del bien, de acuerdo con el condicionamiento que se hará a la exequibilidad del parágrafo primero, resulta claro que el uso autorizado sólo podrá prolongarse por el tiempo necesario para hacer frente a las necesidades urgentes dentro de la fase I de la atención de la emergencia. Y respecto del parágrafo tercero, las previsiones previstas son consecuencia necesaria del estado de incertidumbre en el que se encuentran los bienes e implican que los titulares de los mismos no tienen por qué asumir los costos de su utilización para atender la emergencia, no existiendo reparo alguno de inconstitucionalidad. Sin embargo, considera la Corte que, debe condicionarse la exequibilidad de esta disposición, porque se estaría imponiendo sin justificación, por la vía de un decreto de emergencia, un gravamen especial a una persona que no tiene por qué soportarlo. EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA para la adición del parágrafo primero y segundo del artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, realizada mediante el Decreto 4673 de 2010. EXEQUIBLE, la adición del parágrafo segundo del artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, realizada mediante Decreto 4673 de 2010 y EXEQUIBLE el artículo 2 del Decreto 4673 de 2010.
Recibo Relatoria   16-6-2011 0:00


Item 220    Expediente   RE-176    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-223/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4674 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4674 del 7 de diciembre de 2010, por el cual se dictan normas sobre evacuación de personas y se dictan otras medidas. Revisión Oficiosa de Constitucionalidad. La Corte concluye que las medidas adoptadas en el Decreto 4674 de 2010, orientadas a la evacuación, reubicación, reasentamiento y acompañamiento institucional de las personas que ocupan zonas calificadas como de alto riesgo no mitigable, satisfacen los requisitos de conexidad, necesidad, finalidad, proporcionalidad e insuficiencia de medios, exigidos por la Constitución y la Ley. Se estableció igualmente, que el decreto bajo revisión respeta los límites generales previstos en la Constitución y en los Tratados sobre Derechos Humanos, cuando mediante las medidas de excepción se contemplan restricciones a derechos fundamentales o garantías constitucionales. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 221    Expediente   RE-182    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-224/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4822 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4822 de 2010, por el cual se suspenden restricciones para la operación de las pistas de los aeropuertos nacionales e internacionales en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional. Revisión Oficiosa de Constitucionalidad La Corte concluye que la medida de emergencia adoptada con el Decreto objeto de revisión, es un ejercicio constitucionalmente admisible de las competencias del Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria de la emergencia ocasionada por la crisis invernal, en tanto es un instrumento adecuado para conjurar dicha crisis y, en especial, de impedir la extensión de los efectos, que para el caso versan acerca de las graves restricciones al transporte de carga y pasajeros en condiciones de normalidad, al igual que el aumento de los riesgos para la operación aérea nacional. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 222    Expediente   RE- 187    Fecha sentencia   29-3-2011 0:00    Sentencia   C-225/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4827 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4827 del 29 de diciembre de 2010, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la prestación del servicio educativo con ocasión de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica. Revisión de Constitucionalidad. Con el Decreto en mención, el Gobierno Nacional decidió adoptar medidas extraordinarias tendientes a conjurar la crisis en el sector educativo y controlar la extensión de sus efectos, dirigidas a flexibilizar las disposiciones vigentes en lo relacionado con el calendario académico, la jornada escolar y el uso de los bienes y espacios disponibles, dentro del propósito específico de enfrentar el déficit de establecimientos educativos adecuados y aptos para la prestación del servicio de educación durante el 2011. Se encuentra que el Decreto está ajustado a la Constitución y a los Tratados sobre derechos humanos y se advierte además que los propósitos que se tienen previstos alcanzar con él, no sacrifican otros intereses constitucionales. Se declara EXEQUIBLE
Recibo Relatoria   16-6-2011 0:00


Item 223    Expediente   R.E. 194    Fecha sentencia   30-3-2011 0:00    Sentencia   C-219/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA VS. DECRETO LEGISLATIVO 015 DE 2011

Tema

Revisión oficiosa del Decreto Legislativo 015 de 2011, por el cual se establecen los límites máximos de velocidad para garantizar la seguridad vial en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada por el Decreto 4580 de 2010. La Corte declara la INEXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 015 de 2011, por ser abiertamente inconstitucional por desconocimiento del principio de temporalidad
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 224    Expediente   RE-189    Fecha sentencia   30-3-2011 0:00    Sentencia   C-226/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4829 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4829 de 2010, por el cual se adiciona la Ley 1341 de 2009, con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 4580 de 2010. Revisión Oficiosa de Constitucionalidad. En desarrollo del Decreto objeto de análisis se adoptaron medidas con el objeto de contrarrestar las consecuencias negativas del fenómeno de La Niña frente a la infraestructura de telecomunicaciones y en consecuencia, se adicionaron tres párrafos al artículo 8 de la Ley 1341 de 2009. Para la Corte se hizo necesario condicionar la exequibilidad en el entendido que las medidas a que aluden los parágrafos uno y dos serán aplicables durante la fase de atención humanitaria de emergencia, es decir, durante el año 2011, y encontró que para que se entienda satisfecha la conexidad del decreto legislativo con el decreto declaratorio de la emergencia –decreto 4580 de 2010-, debe entenderse que dichas medidas sólo serán aplicables en los municipios y zonas afectadas por la ola invernal a la que se refiere el decreto 4580 de 2010. Respecto del parágrafo 3 del se declaró inexequible la expresión “para ello, bastará la autorización de la respectiva secretaría de planeación municipal o distrital o de la autoridad del orden nacional según su respectiva competencia, sin que sea necesario aportar estudios técnicos, de licencia de construcción, estudios de seguridad, entre otros”, al encontrarla violatoria de los principios constitucionales de la función administrativa así como de los derechos al ambiente sano, el espacio público, la moral administrativa, entre otros. Adicionalmente, declaró exequible la expresión “nacional” contenida en ese mismo parágrafo en el entendido que los permisos para despliegue de infraestructura sólo podrán ser expedidos por autoridades nacionales cuando ello no implique la usurpación de competencias de los municipios en la ordenación de su territorio y los usos del suelo, cuando la ley ha previsto esa competencia. EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS PARAGRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 1º DEL DECRETO LEGISLATIVO 4829 DE 2010, AL IGUAL QUE LA EXPRESION “NACIONAL” DEL PARAGRAFO TERCERO E INEXEQUIBLE UNA EXPRESION DEL PARAGRAFO TERCERO
Recibo Relatoria   13-5-2011 0:00


Item 225    Expediente   RE-173    Fecha sentencia   30-3-2011 0:00    Sentencia   C-227/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4628 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4628 del 13 de diciembre de 2010. Por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas. Revisión de Constitucionalidad. La Corte encontró que el instrumento desarrollado por el decreto es útil para la rápida consecución de bienes indispensables para ejecutar planes específicos encaminados a la construcción y reconstrucción de viviendas y la reubicación de asentamientos urbanos en las áreas afectadas por la ola invernal, de desastre o de riesgo, o en sus áreas de influencia, así como la prevención de asentamientos en lugares que presenten grave riesgo. Además, el desarrollo de infraestructura urbana y rural adecuadas para albergar, dotar de vivienda y de servicios a la población afectada y la reconstrucción o reparación de la malla vial. Se resuelve declarar EXEQUIBLES LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTICULO TERCERO, Y LOS ARTICULOS QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO. Así mismo, declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS PRIMERO, SEGUNDO, EL NUMERAL 1º DEL ARTICULO TERCERO Y EL ARTICULO CUARTO e INEXEQUIBLES, LAS EXPRESIONES “CALENDARIO” DE LOS NUMERALES 2º Y 3º DEL ARTICULO TERCERO
Recibo Relatoria   28-6-2011 0:00


Item 226    Expediente   D-8216    Fecha sentencia   30-3-2011 0:00    Sentencia   C-228/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA FERNANDA OROZCO TOUS Y OTRO VS. DECRETO LEY 1282 DE 1994 (ARTICULO 6) Y LEY 797 DE 2003 (ARTICULOS 9 Y 10)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad parcial del artículo 6º del Decreto Ley 1282 de 1994 y parcial de los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003. Las normas demandadas hacen relación al Régimen Pensional de los Aviadores Civiles y sobre los Regímenes Pensionales Exceptuados y Especiales. Los demandantes consideran que las normas demandadas violan el principio de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos sociales, por cuanto el reconocimiento de las condiciones de tiempo de servicio y monto de la liquidación de la pensión, que tenían los aviadores civiles que pertenecen al régimen de pensiones especiales transitorias, eran mejores antes de las modificaciones señaladas en la Ley 797 de 2003. La Corte encontró que en aplicación del principio de progresividad y de prohibición de regresividad en materia de pensiones, se ha acogido la regla de que toda modificación legal de carácter regresivo debe presumirse prima facie como inconstitucional. Sin embargo se debe diferenciar si la modificación trata de un derecho adquirido o consolidado o si trata de una mera expectativa. En el presente caso encontró que la remisión que hace el artículo 6º de la Ley 1282 de 1994 a los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificados luego por los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 1993, no se pueden considerar como arbitrarios, inopinados y abruptos. Puesto que la reforma pensional de 2003 se realizó de manera general, es decir para todos los trabajadores, y la reforma prevista en la Ley 797 de 2003 no es desproporcionada ni arbitraria ni va en contra del principio de no regresividad de los derechos pensionales, como tampoco fueron discriminatorias. EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 227    Expediente   D-8266    Fecha sentencia   30-3-2011 0:00    Sentencia   C-229/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 1211 DE 1990- ARTICULO 96 PARCIAL

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 96 (parcial) del Decreto 1211 de 1990, por el cual se reforma el Estatuto de Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Públicas. El demandante considera que la norma acusada es violatoria del principio de igualdad, toda vez que contempla una prima especial profesional del 40% del sueldo básico correspondiente a su grado para los Oficiales del Cuerpo Administrativo de las Fuerzas Militares que presten servicios profesionales de su especialidad de tiempo completo, con lo que se excluye de manera injustificada a los suboficiales con título profesional que se encuentren en la misma situación fáctica. Para la Corte no se introduce un trato diferenciado entre oficiales y suboficiales con título profesional universitario que soliciten prestar los servicios de su especialidad por tiempo completo, en el cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares, en la medida en que la norma establece una equiparación u homologación entre unos y otros para efectos de la prestación allí prevista. Luego, la prima establecida en el artículo 96 del Decreto 1211 de 1990, cobija tanto a oficiales como suboficiales profesionales, en los términos del artículo 15, en concordancia con el 96 del mismo estatuto. EXEQUIBLE
Recibo Relatoria   11-5-2011 0:00


Item 228    Expediente   T-2482392    Fecha sentencia   31-3-2011 0:00    Sentencia   T-230/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MINISTERIO DE TRASNPORTE VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Tema

Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Dentro de una acción popular promovida en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia y como consecuencia del mismo, Ordenó entre otras disposiciones, el pago de unos dineros en beneficio de la Federación Nacional de Municipios. El Ministerio de Transporte apeló el fallo adverso por considerar la existencia de una incorrecta escogencia de la acción constitucional y por incurrir en varias vías de hecho, tales como: falta de motivación, ausencia de legitimación en la causa por pasiva, defecto sustantivo manifiesto, vulneración a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, defecto procedimental manifiesto y desconocimiento del precedente judicial. Las pretensiones del accionante no fueron acogidas en las instancias que conocieron la acción de tutela. En sede de revisión, se analizó la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en sus causales genéricas y específicas. Se determinó, que efectivamente los despachos judiciales que tramitaron y fallaron la acción popular, incurrieron en algunas causales de procedencia del amparo contra sentencias judiciales y se decidió revocar las sentencias de amparo proferidas por el Consejo de Estado en sus secciones Primera y Segunda, amparando de manera transitoria el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de Transporte. Igualmente, se decidió suspender los efectos de la sentencia de segunda instancia de la acción popular, hasta que el Consejo de Estado resuelva de fondo la cuestión, pudiendo acoger o no lo decidido por la Corte Constitucional. CONCEDIDA TRANSITORIAMENTE.
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 229    Expediente   T-2934095    Fecha sentencia   31-3-2011 0:00    Sentencia   T-231/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARIA DEL CARMEN RUIZ RODRIGUEZ COMO GUARDADORA DE LUIS ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ VS. FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES, FONCEP

Tema

Seguridad social. La accionante, actuando como guardadora de su hermano Luis Enrique a quien mediante fallo judicial se le decretó una interdicción definitiva, interpuso la acción de tutela para demandar de la entidad accionada, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de su padre, a favor de su hermano. La demandada negó la pensión bajo el argumento de haberse establecido que el señor Luis Enrique no vivía con su padre y consecuentemente no dependía económicamente de él. En sede de revisión se analiza la naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes, la imprescriptibilidad de dicha pensión y la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos en materia pensional, como mecanismo definitivo. Para el caso concreto, a pesar de comprobarse la no dependencia económica del hijo respecto a su fallecido padre, se concede el amparo solicitado habida cuenta de la protección constitucional de que es titular el señor Luis Enrique, en razón a su condición de sujeto especial que lo coloca en estado de debilidad manifiesta. Concedida.
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 230    Expediente   T-2858521    Fecha sentencia   31-3-2011 0:00    Sentencia   T-232/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    BLANCA CENAIDA SANCHEZ VS. HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante, de 64 años de edad, cotizó al ISS 597 semanas. En el 2002 le solicitó al Instituto el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada por la entidad, pero le fue manifestado que tenía derecho a una indemnización sustitutiva. La actora ingresó a laborar nuevamente y cotizó para el Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte, un total de 420 semanas. En el 2010, la actora solicitó al fondo privado el reconocimiento de la pensión y este le informó que sus aportes serían trasladados al ISS, por cuanto le había sido reconocida, por parte de esta entidad, una indemnización sustitutiva. La Sala concede el amparo de los derechos invocados y ordena a las entidades demandadas que verifiquen de manera coordinada el cumplimiento, por parte de la accionante, del requisito de la equivalencia del ahorro y en el evento de encontrarse satisfecho, se ejecuten los trámites necesarios para trasladar al régimen de prima media, la totalidad del ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual. De no ser cumplido el requisito, se ordena dar un plazo razonable a la peticionaria, para que realice el aporte de dinero equivalente a la diferencia del ahorro efectuado a ambas entidades. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 231    Expediente   T-2876514 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   31-3-2011 0:00    Sentencia   T-233/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    DUVER ALEXANDER ROJAS ALVAREZ VS. NUEVA E.P.S. Y OTROS

Tema

Vida digna, salud, debilidad manifiesta. Se acumulan varios expedientes por unidad de materia. Los accionantes, unos en causa propia y otros a través de agencia oficiosa, presentaron individualmente acciones de tutela en contra de diferentes Entidades Prestadoras de Salud, porque consideran que éstas violaron sus derechos fundamentales al negarse a autorizar servicios de salud o a suministrar insumos y elementos que requieren los pacientes para el manejo y cuidado de sus dolencias y patologías. Las respectivas Entidades. niegan las pretensiones de los demandantes, argumentando que la mayoría de sus pedidos no están cubiertos por el plan obligatorio de salud POS, ni el régimen contributivo ni el subsidiado. La Sala reitera que el derecho a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, el cual, en el caso de personas de la tercera edad, discapacitadas y de los niños, tiene una especial protección constitucional. Igualmente, hace énfasis en que el derecho a la salud debe prestarse conforme al principio de atención integral y por ello comprende todo cuidado y suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, etc, que se requieran para el restablecimiento de la salud del o la paciente. Respecto al principio de continuidad indicó que, el acceso a un servicio de salud debe ser continuo y no puede interrumpirse o suspenderse de manera repentina, dejando al paciente desprotegido en su salud. Por último, reiteró que se debe garantizar el acceso libre de trámites y procedimientos administrativos engorrosos o innecesarios, que conlleven a imponer al interesado, una carga que no le corresponde asumir. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 232    Expediente   T-2887230    Fecha sentencia   31-3-2011 0:00    Sentencia   T-234/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    RAMIRO SAAVEDRA BECERRA VS. CAJA DE PREVISION SOCIAL E.I.C.E

Tema

Petición, seguridad social, mínimo vital. CAJANAL le reconoció al accionante una pensión de vejez en agosto de 2009, por un monto de $8.055.864. En la respectiva resolución, se estableció que el peticionario era beneficiario del régimen de transición y por tanto, debía acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicios por un régimen anterior al previsto por la Ley 100 de 1993. Para el actor, el régimen pensional que se debió aplicar a su caso debió ser el consagrado en la Ley 4ª de 1992 y no el previsto en el Decreto 546 de 1971 y con base en esta premisa solicitó a CAJANAL la reliquidación de su mesada pensional, teniendo en cuenta la aplicación del régimen de los congresistas. Frente a esta petición, el demandante no ha obtenido respuesta alguna. Para la Sala, el accionante no cumple con los requisitos que determinan la procedencia de la acción de tutela cuando la solicitud está relacionada con el reajuste o reliquidación de la mesada pensional, en la medida en que no acudió al medio de defensa ordinario, ni comprobó condiciones materiales apremiantes que desplazaran el mismo. Por este motivo se declaró la improcedencia de la acción en este sentido y se amparó únicamente el derecho de petición.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 233    Expediente   T-2618764    Fecha sentencia   31-3-2011 0:00    Sentencia   T-235/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CABILDO MAYOR INDIGENA DEL CAÑON DEL RIO PEPITAS DEL MUNICIPIO DE DAGUA (VALLE) VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA Y OTROS

Tema

Territorio colectivo, vivienda digna, educación, seguridad, integridad personal La accionante, actuando en calidad de gobernadora y representante legal de la comunidad indígena radicada en el cañón del río pepitas del municipio de Dagua (Valle), presentó la tutela por considerar que a los miembros de su comunidad les fue vulnerado varios de sus derechos fundamentales. Argumentó la petición del amparo, en el hecho de considerar que la Administración y el CLOPAD del municipio de Dagua, actuaron de manera omisiva frente a la grave afectación que produjo la ola invernal del 2008, en los caminos aledaños al resguardo, en algunas edificaciones de la comunidad y en la escuela étnica. Se especificó en la demanda, que la fuerte ola invernal que afectó el municipio de Dagua, generó una situación de emergencia de especial gravedad en la comunidad indígena del cañón del río pepitas y; que pese a que se elevaron varias peticiones requiriendo la atención de los daños acaecidos, no se efectuó ninguna acción para solucionar la situación del resguardo. En sede de revisión se consideró que la función de la Corte, en el presente asunto, trascendía la solución de un caso concreto pues su competencia no es la de un juez de instancia, sino la de unificar jurisprudencia y definir el contenido y alcance de los derechos fundamentales. En tal sentido, evaluó la situación desde diferentes puntos de vista, tales como: i). la posible afectación a derechos individuales de las personas indígenas que componen el resguardo. ii). La eventual amenaza de derechos fundamentales de la comunidad indígena y iii). La viabilidad de la acción de tutela para estudiar un potencial riesgo a los derechos colectivos de una comunidad. Para resolver el problema jurídico planteado se acogieron las tesis jurisprudenciales de la Corporación frente a: i). las comunidades indígenas como sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales, ii). El derecho fundamental al territorio colectivo, iii). El derecho fundamental a la vivienda digna y iv). El carácter excepcional de la acción de tutela como vía de protección judicial de los derechos colectivos y, de manera concreta, con la prevención y atención de desastres. Se resuelve tutelar los derechos invocados, se solicita a la comunidad del río pepitas que elija representantes o comisiones para reunirse con las distintas autoridades del sistema nacional de prevención y atención de desastres y se ordena a las autoridades locales, departamentales y nacionales involucradas en el caso, que adelanten reuniones con la comunidad afectada, a fin de programar, coordinar y desarrollar, programas integrales que conlleven a la solución de los problemas generados por la ola invernal. Se advierte que la adopción de algunos de estos planes debe surtir el trámite de consulta previa, en los términos previstos por la jurisprudencia constitucional. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 234    Expediente   RE-191    Fecha sentencia   1-4-2011 0:00    Sentencia   C-240/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4831 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4831 del 29 de diciembre de 2010. Por el cual se destinan recursos para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos causados por el fenómeno de la niña. Revisión de Constitucionalidad. La Corte encontró que las medidas adoptadas mediante el Decreto legislativo guardan conexidad con los motivos de la declaratoria de emergencia, al igual que encontró acreditado el requisito de necesidad de las medidas adoptadas. Así mismo determinó que las medida de excepción cumplen con la finalidad constitucional de conjurar una situación de crisis o calamidad pública además de ser idóneas, adecuadas y proporcionales en sentido estricto. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos 1, 2, 3 Y 4, en el entendido que los recursos arbitrados se destinarán solo para la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión para la rehabilitación de las zonas afectadas por la ola invernal; y EXEQUIBLE el artículo 5 del Decreto 4831 de 2010.
Recibo Relatoria   8-7-2011 0:00


Item 235    Expediente   RE-178    Fecha sentencia   1-4-2011 0:00    Sentencia   C-241/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4703 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4703 del 21 de diciembre de 2010. Por el cual se decretan medidas sobre fuentes de financiamiento en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretado mediante el decreto 4580 de 2010. Revisión de Constitucionalidad. La Corte encontró que las medidas adoptadas cumplen el requisito de conexidad material con los motivos de la declaratoria de emergencia, y encontró además que la autorización de reorientación de recursos de Fondos Especiales de la Nación, debe ser entendida y aplicada dentro de los límites y fines estrictos de la institución de la emergencia económica, social y ecológica, de tal suerte que no puede tratarse de una autorización permanente. Asimismo, no encontró reparo respecto de medidas que resultaban razonables y proporcionadas a las finalidades de la declaratoria de emergencia Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos 1, 2, 3 y 6, en el entendido que la autorización excepcional para gestionar y celebrar operaciones de crédito destinadas a financiar los costos que genera la emergencia causada por la ola invernal, no puede ser permanente ni para financiar proyectos de largo plazo; y EXEQUIBLES los artículos 4, 5, 7 y 8.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 236    Expediente   T-2870725    Fecha sentencia   1-4-2011 0:00    Sentencia   T-236/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    ELIZABETH FIGUEROA BENAVIDES EN REPRESENTACION DE AURA MARIA BENAVIDES DE FIGUEROA VS. NUEVA E.P.S.

Tema


Vida digna, salud, seguridad social. La accionante actuando en representación de su madre de 95 años de edad, refiere que su progenitora se encuentra afiliada a la Nueva E.P.S. y que padece parkinson y glaucoma. En razón de la primera patología le fue recetada la medicina Levodopa Carbidopa, la que fue autorizada pero no entregada, lo que viene generando un deterioro mayor en su estado de salud. En relación con la segunda enfermedad se comenta, que un médico particular, no adscrito a la E.P.S, le prescribió un medicamento no POS, que reemplaza el formulado por su médico tratante, el cual no le estaba haciendo ningún efecto para su mejoría, por lo que se elevó petición de cambio del medicamento. La Sala reitera jurisprudencia sobre los derechos de los adultos mayores a la seguridad social, recordando que la especial condición en que se encuentran las personas de edad avanzada hace que se resalte la protección que a su favor impone el artículo 46 de la Constitución, primordialmente por el vínculo que une a la salud con la posibilidad de llevar una vida digna. Concedida.

Recibo Relatoria   6-5-2011 0:00


Item 237    Expediente   T-2849702    Fecha sentencia   1-4-2011 0:00    Sentencia   T-237/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    MARIA HILDELGAER SARMIENTO MIRANDA VS. FERRUCHO JOSE ISIDRO

Tema

Mínimo vital, seguridad social, vida en condiciones dignas.. La accionante trabajó para el demandado como empleada de servicio doméstico durante varios años. Durante ese lapso de tiempo no fue afiliada a seguridad social por parte del empleador, pero si lo estuvo en calidad de beneficiaria de su esposo. En el 2008, en ejercicio de sus actividades, sufrió un accidente de trabajo consistente en un golpe en el hombre izquierdo, que le causó múltiples dolores que se fueron agudizando con el tiempo y por el cual le ordenaron una serie de exámenes clínicos, entre ellos, una resonancia magnética. Con dicho examen se diagnosticó rompimiento de los tendones y se concluyó que padecía traumatismo de manguito rotatorio izquierdo, el cual debía ser operado. Luego de la intervención quirúrgica ha tenido varias incapacidades que no han sido canceladas en su totalidad por su patrono y tampoco se ha llegado a ningún acuerdo respecto al moto y al pago de las mismas. El análisis de la Sala se basó en el estudio del tema del trabajo doméstico y su situación de vulnerabilidad, así como en el análisis de jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de incapacidades laborales. Concedida.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 238    Expediente   T-2860298    Fecha sentencia   1-4-2011 0:00    Sentencia   T-238/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    FERNANDO ELIECER MALDONADO CALA Y OTRO VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema

Debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia. Dentro de un proceso disciplinario adelantado en contra de los accionantes, en su condición de Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, como consecuencia de la actuación por ellos cumplida durante una audiencia en la que resolvieron un recurso de apelación interpuesto por un representante del Ministerio Público, se tomó la decisión de sancionarlos con suspensión de dos meses en el ejercicio de sus cargos, como autores responsables de la falta consistente en incumplimiento del deber descrito en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Los demandantes consideran que esta decisión adversa es injusta y vulneratoria de sus derechos fundamentales y es constitutiva de una vía de hecho. Analizados los fundamentos de la determinación disputada, consideró la Sala de Revisión que, pese al parcial desacierto de la decisión de los magistrados tutelantes que dio origen al proceso disciplinario seguido en su contra, aquella no envuelve una infracción a un deber legal y, por el contrario, puede considerarse razonablemente sustentada en la autonomía judicial que en ejercicio de sus cargos les reconoce la Constitución. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   21-6-2011 0:00


Item 239    Expediente   T-2887706    Fecha sentencia   1-4-2011 0:00    Sentencia   T-238A/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    PEDRO PABLO CASTRO SANCHEZ VS. ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA Y OTRO

Tema

Vivienda digna, vida. Como producto de un trabajo de dragado de los sedimentos de la cuenca baja del río Manzanares en la ciudad de Santa Marta, que fue adelantado por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la vivienda del accionante sufrió algunos daños, al llevarse la corriente del río parte de la bancada y dejarla próxima a la ronda hidráulica. La Alcaldía Municipal, en atención al aumento del caudal del río, decretó la alerta roja y recomendó la reubicación de las personas que vivían cerca de allí. La Sala reiteró jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda, el contenido del derecho a la vivienda y el proceso de reubicación de hogares cuando sus viviendas no cumplen los requisitos de habitabilidad. Teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio se constató que estaban involucrados los derechos de un sujeto de especial protección constitucional, como lo es un menor de edad, la Sala decidió tutelar los derechos invocados y ordenar la reubicación temporal del actor y de su menor hijo. CONCEDID.
Recibo Relatoria   24-10-2011 0:00


Item 240    Expediente   T-2861115    Fecha sentencia   1-4-2011 0:00    Sentencia   T-239/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    GERLEIN ECHEVERRIA Y OTROS VS. JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Se alega en la acción de tutela que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la precitada ciudad, vulneraron derechos fundamentales de los accionantes, al incurrir en una vía de hecho por no valorar las pruebas aportadas dentro de un proceso de declaración de pertenencia, las cuales mostraban la existencia de personas titulares de derecho de dominio sobre los bienes inmuebles objeto de controversia. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y decide confirmar los fallos de instancia a través de los cuales se NEGO el amparo solicitado. De manera simultánea, decide remitir copia del expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, para que en ejercicio de sus competencias legales, determine si hay lugar a iniciar un proceso disciplinario en contra del juez accionado en el presente asunto.
Recibo Relatoria   27-6-2012 0:00


Item 241    Expediente   RE-180    Fecha sentencia   4-4-2011 0:00    Sentencia   C-242/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 4820 DE 2010

Tema

Decreto 4820 de 2010. Por el cual se dispone la enajenación de una participación accionaria de la nación en Ecopetrol S.. Revisión oficiosa de constitucionalidad. La Corte concluye que la autorización que se arroga el Gobierno para enajenar hasta el 10% de la participación accionaria de la Nación en ECOPETROL, no satisface el presupuesto de especificidad ni el requisito de necesidad, que se exigen a las medidas de emergencia económica, social y ecológica. En consecuencia, se declara la INEXEQUIBILIDAD del decreto 4820 de 2010.
Recibo Relatoria   30-8-2011 0:00


Item 242    Expediente   RE-185    Fecha sentencia   4-4-2011 0:00    Sentencia   C-243/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SPV MVCC, SPV GEMM
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 4825 DE 2010

Tema

Decreto 4825 de 2010, por el cual se adoptan medidas en materia tributaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010. Revisión de Constitucionalidad. La Corte considera que el decreto examinado cumple con los requisitos formales y materiales que la Constitución exige a los decretos que desarrollan una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, en particular, se verificó que las medidas adoptadas tienen una conexidad necesaria y proporcional de los motivos que llevaron al Gobierno Nacional a declarar el Estado de emergencia, pues con la creación de un nuevo impuesto y la imposición de una sobretasa a uno ya existente, se pretende recaudar nuevos recursos que permitan atender a las víctimas de la calamidad pública y adelantar urgentes proyectos que se necesitan para controlar la extensión de los efectos de la emergencia. EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14; Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO 4825 DE 2010.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 243    Expediente   RE-192    Fecha sentencia   4-4-2011 0:00    Sentencia   C-244/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SPV MVCC, SPV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 4832 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4832 del 29 de diciembre de 2010. Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica nacional. Revisión de Constitucionalidad. Para la Corte, el Decreto revisado no tiene reparo alguno, en atención a que cumple con los criterios de justificación, necesidad y proporcionalidad exigidos en el estudio de constitucionalidad. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 6, 7 y 8 y EXEQUIBLES CONDICIONADOS los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del Decreto 4832 de 2010
Recibo Relatoria   28-6-2011 0:00


Item 244    Expediente   R.E 200    Fecha sentencia   4-4-2011 0:00    Sentencia   C-245/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 127 DEL 20 DE ENERO DE 2011

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 127 del 20 de enero de 2011, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la inversión de recursos para garantizar la prestación del servicio público educativo con la ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del decreto por establecerse la figura jurídica de Inconstitucionalidad por Consecuencia, en la medida en que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-216/11 declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, con lo cual desapareció el fundamento de la competencia del Presidente de la República para dictar medidas legislativas de excepción
Recibo Relatoria   31-5-2011 0:00


Item 245    Expediente   RE-209    Fecha sentencia   4-4-2011 0:00    Sentencia   C-246/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 146 DEL 21 DE ENERO DE 2011

Tema

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 146 del 21 de enero de 2011, por el cual se establecen medidas de eficiencia y control en el manejo y protección de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia económica, social y ecológica y se dictan otras disposiciones. Como quiera que el Decreto Legislativo 146 de 2011 fue expedido en virtud de las facultades conferidas al Gobierno Nacional mediante Decreto 020 del 7 de enero de 2011, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-216/11, la Sala se abstuvo de hacer el estudio correspondiente y lo declaró INEXEQUIBLE por Inconstitucionalidad por Consecuencia Se precisa, que la figura establece que la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto que instaura un estado excepción, trae como consecuencia la inmediata inconstitucionalidad de los decretos legislativos que lo desarrollan
Recibo Relatoria   31-5-2011 0:00


Item 246    Expediente   T-2932393    Fecha sentencia   5-4-2011 0:00    Sentencia   T-248/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    BERTHA MERY MARIN LOAIZA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social. En el 2007 le fue negada a la accionante el reconocimiento de la pensión de vejez, por acreditar tan sólo 908 semanas de cotización, de las 1000 requeridas por la ley. Esta decisión fue recurrida y el ISS confirmó el recurso aduciendo que la peticionaria no acreditaba las 500 semanas de aportes pensionales efectuados con exclusividad al ISS, ni las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y que tampoco fueron cotizados los aportes al Sistema General de Salud durante un lapso de tres años. La actora canceló al FOSYGA los aportes en salud dejados de pagar y al resolver el recurso de apelación, el Instituto negó nuevamente la pensión. En el 2010, la accionante interpuso derecho de petición solicitando el reconocimiento de la pensión y afirma que de manera verbal le fue comunicado que su petición había sido negada por no cumplir con el requisito de semanas cotizadas requerido. La Sala se pronuncia sobre i). las cotizaciones en salud como requisito para tener en cuenta las cotizaciones en pensiones y ii). El cumplimiento de los requisitos de la pensión en vejez y decide conceder de manera transitoria los derechos invocados, mientras la actora acude a la jurisdicción ordinaria laboral, quien debe decidir de fondo sobre el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. . Concedida transitoriamente
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 247    Expediente   T-2894637    Fecha sentencia   5-4-2011 0:00    Sentencia   T-249/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO DIAZ BARRAGAN VS. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - DIRECCION DE HIDROCARBUROS

Tema

Debido proceso. El accionante refiere que es el representante legal de una distribuidora de combustible, la cual desarrolla su actividad a través de la Estación de Servicio Autromotriz Luriger San Blas. Esta estación, está ubicada en el mismo lugar donde operaba otra estación de servicio que había sido investigada y sancionada por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, bajo la presunción de realizar conductas de competencia desleal. Aduce el actor que la Dirección de Hidrocarburos habilitó el sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos (SICOM) a la estación de servicio que él representa, para la prestación del servicio de distribución de hidrocarburos y de manera posterior le fue bloqueado este código, con lo cual se le impidió el ejercicio de la actividad comercial para la cual se había constituido. Refiere además que fue requerido por el Ministerio para que presentara en contrato de suministro vigente y otros documentos, con el fin de verificar las inconsistencias que presentaba la base de datos, en relación con la estación de servicio que anteriormente operaba en el mismo lugar que su representada. Para la Sala, luego de estudiar el caso, sí existió una vulneración al debido proceso y en consecuencia amparó el derecho invocado por el actor. Concedida.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 248    Expediente   D-8231 Y OTROS ACUMULADO    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-250/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MAURICIO PAVA LUGO Y OTROS VS. LEY 1395 DE 2010 ARTICULOS 86 PARCIAL, 89 PARCIAL, 90 Y 100

Tema

Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Se acumulan varios procesos en los cuales se demanda la inconstitucionalidad de la Ley 1395, en sus artículos 86 (parcial), 89 (parcial), 90 y 100. Las normas y apartes normativos acusados son los siguientes: artículo 86 (parcial) … la sentencia condenatoria y, articulo 89 (parcial) … después de haber quedado en firme el fallo condenatorio. Artículo 90, que versa sobre el trámite del recurso se apelación contra autos y el artículo 100 que establece la individualización de la pena y la sentencia. Los demandantes consideran que los apartes de los artículos 86 y 89 de la Ley, vulneran los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución Política. Respecto al artículo 90 demando, se considera la vulneración de los artículos 29 y 250 de la Constitución ycon relación al artículo 100, se aduce la vulneración de los artículos 2, 13, 228 y 229 de la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad (Pacto Universal de los Derechos Humanos – Ley 74 de 1968, artículo 14, Convención Interamericana de Derechos Humanos – Ley 16 de 1972, artículo 8), vía de omisión legislativa relativa. Para la Corte la intervención del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal con posterioridad al juicio de responsabilidad no vulnera la Constitución, pues éste no es equiparable a los demás intervinientes y partes del proceso penal. Mientras que en la individualización de la pena y sentencia, evidenció una omisión legislativa relativa, en la medida que excluye a la víctima de ser oída, por lo que procedió a su condicionamiento, de manera que se entienda que el juez debe concederle a la víctima y/o representante, la oportunidad de referirse a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, en igualdad de condiciones de la defensa y la Fiscalía. Asimismo la Corte reiteró que el recurso de apelación no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio, por lo que la sustentación del recurso ante el juez de primera instancia no desconoce el principio de inmediación ni el debido proceso. EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 86, 89 y 90; Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTICULO 100.
Recibo Relatoria   13-5-2011 0:00


Item 249    Expediente   RE-179    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-251/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4819 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4819 de 2010. Por el cual se crea el Fondo de Adaptación. Revisión oficiosa de constitucionalidad. La Corte constató el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en la Constitución y normas estatutarias, además de la conexidad existente entre la creación del Fondo y las causas que originaron la emergencia. Se precisa que si el fondo se concibe para la identificación, estructuración y gestión de proyectos para la recuperación y reconstrucción, la medida resulta proporcionada además de idónea para alcanzar los fines indicados. La proporcionalidad de la medida se entiende siempre y cuando las acciones que se emprendan no superen el año 2014. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 y, EXEQUIBLES CONDICIONADOS los artículos 6 Y 7. Así mismo se delcara INEXEQUIBLE una expresión del artículo 7, relacionada con una potestad reglamentaria asignada al consejo directivo del fondo.
Recibo Relatoria   11-8-2011 0:00


Item 250    Expediente   RE-203    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-252/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 130 DE 2011

Tema

Decreto Legislativo 130 del 20 de enero de 2011. Por el cual se modifica el Decreto 016 de 2011. Revisión oficiosa de constitucionalidad. Habida cuenta que el Decreto Legislativo 130 de 2011 fue proferido al amparo de las facultades de autohabilitación contenidas en el Decreto 020 de 2011 y para modificar algunas disposiciones del Decreto Legislativo 016 de 2011 y, que ambas normas fueron declaradas inexequibles por esta Corporación mediante las sentencias 16 y 17 de 2011, se presenta el fenómeno que la jurisprudencia constitucional ha denominado inconstitucional por consecuencia, por haber desaparecido del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que le sirvió de sustento para su expedición. INEXEQUIBLE
Recibo Relatoria   30-6-2011 0:00


Item 251    Expediente   RE-207    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-253/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 144 DEL 21 DE ENERO DE 2011

Tema

Decreto Legislativo 144 del 21 de enero de 2011. Por el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos generados por el fenómeno de la niña. Revisión Oficiosa de Constitucionalidad. En el presente caso se configura el fenómeno de Inexequibilidad por consecuencia, habida cuenta que mediante Sentencia 16 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011 en que se fundamentaban las facultades legislativas de excepción del Presidente de la Republica y en consecuencia, no puede la Corte entrar a analizar ni de forma, ni de fondo, los decretos legislativos expedidos en desarrollo del decreto que declara el estado de emergencia social, por inexistencia de causa jurídica. INEXEQUIBLE
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 252    Expediente   RE-199    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-254/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 126 DE 2011

Tema

Revisión de Constitucionalidad del Decreto 126 de 2011. Por medio del cual se adoptan medidas en materia de riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos. Teniendo en cuenta que el sustento jurídico del Decreto 126 de 2001 es el Decreto 020 del año en curso y, que este fue declarado inexequible por la Corporación mediante sentencia C-216/11, se presenta caso la figura que la jurisprudencia de la Corte ha denominado INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA, consistente en que la inexequibilidad de la norma que declara un estado de emergencia económica, social y ecológica, trae como consecuencia la inexequibilidad de los decretos legislativos que la desarrollan . INEXEQUIBLE
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 253    Expediente   RE-201    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-255/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    REVISION CONSTITUCIONAL VS. DECRETO LEGISLATIVO 128 DE 2011

Tema

Decreto Legislativo 128 de 2011, por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011. Revisión de Constitucionalidad. Como quiera que el fundamento jurídico de la norma que se revisa es el Decreto 020 de 2011, por el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional , que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-216/11, se configura el fenómeno jurídico denominado Inexequibilidad por Consecuencia, por la desaparición de la norma que daba soporte al desarrollo del Decreto analizado. INEXEQUIBLE.


Recibo Relatoria   20-5-2011 0:00


Item 254    Expediente   RE-202    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-256/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 129 DEL 20 DE ENERO DE 2011

Tema

Decreto Legislativo 129 del 20 de enero de 2011, por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo, para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica, declarada por el Decreto 020 de 2011. Revisión de constitucionalidad. Habida cuenta que mediante Sentencia 16 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 129 de 2011, se procede declarar la inexequibilidad del decreto objeto de revisión, sin que la Corte entre a analizar su contenido. Se declara la INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA
Recibo Relatoria   28-6-2011 0:00


Item 255    Expediente   RE-206    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-257/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 143 DEL 21 DE ENERO DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 143 del 21 de enero de 2011. Por el cual se adiciona un numeral al artículo primero se modifica el artículo segundo del Decreto 4628 de 2010. Revisión de Constitucionalidad. En el presente caso se da la figura jurídica denominada inexequibilidad por consecuencia, por cuanto la Corte Constitucional, mediante sentencia C-216/2011 declaró integralmente inexequible el Decreto 020 de 2011, el cual fue el fundamento jurídico de la norma en examen. Es decir, que declarada la inexequibilidad del decreto básico, corren igual suerte los decretos legislativos dictados bajo su amparo. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   28-6-2011 0:00


Item 256    Expediente   D-8244    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-258/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JULIAN ARTURO POLO ECHEVERRI VS. LEY 1015 DE 2006, NUMERAL 1o, LITERAL K (PARCIAL) Y NUMERAL 2o, LITERALES A, B, Y C. DEL ARTICULO 40

Tema

Ley 1015 de 2006. Demanda de Inconstitucionalidad contra el numeral 1º, literal k), parcial y numeral 2º, literales a, b, c, del artículo 40. Por medio de la Ley 1015 de 2006, se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, y en su artículo 40, se establecen los criterios para determinar la graduación de la sanción. Para el demandante, la disposición impugnada vulnera el artículo 33 del Constitución Política, de acuerdo con el cual nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Para el demandante, con la norma acusada se le otorgan facultades para que tenga en cuenta, como criterio de graduación de la sanción disciplinaria, una conducta del sujeto disciplinado que se encuentra protegido por la Constitución Política, como es la de no declarar contra sí mismo. Para la Corte, la elusión de responsabilidad no puede referirse al derecho a la no autoincriminación. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “eludir la responsabilidad”, en el entendido que se refiera a conductas dolosas orientadas a obstruir la investigación
Recibo Relatoria   16-6-2011 0:00


Item 257    Expediente   D-8255    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-259/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    PATRICIA MIER BARROS VS. LEY 768 DE 2002, NUMERAL 3 DEL ARTICULO 6 PARCIAL

Tema

Ley 768 de 2002. Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Demanda de Inconstitucionalidad contra el numeral 3 del artículo 6 parcial. Para la demandante, la norma acusada viola el principio de igualdad ante la ley y desconoce los artículos 150, último inciso, 158, 363 y 313 numeral 4, en concordancia con el artículo 317 de la constitución Política, por cuanto el Legislador incurre un una omisión legislativa al no identificar debidamente al sujeto pasivo del impuesto y extender los efectos de dicha norma al contratista o concesionario de obra pública y/o de servicio público. La Sala concluye que en el presente caso se configura una ineptitud sustantiva de la demanda, razón por la cual, al no encontrar verdaderos cargos de inconstitucionalidad, no se pronuncia en relación con la configuración de cosa juzgada constitucional y se declara INHIBIDA para pronunciarse de fondo en relación con el aparte acusado.
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 258    Expediente   D-8269    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-260/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MAURICIO PAVA LUGO VS. LEY 906 DE 2004 ARTICULO 397 PARCIAL

Tema

Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 397 (parcial). El aparte demandado es el siguiente: Artículo 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ… Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. A juicio del demandante, la expresión acusada vulnera los artículos 2, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto la restricción prevista en la norma deja a la víctima sin recursos idóneos para reclamar la protección efectiva de sus derechos. Para la Corte, no se incurrió en una omisión legislativa relativa contraria a los derechos de las víctimas, en tanto éstas, están facultadas para intervenir, exponer sus argumentos y controvertir directamente las decisiones adoptadas, en otras instancias del proceso, previas y posteriores, e incluso dentro del propio juicio oral. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   2-6-2011 0:00


Item 259    Expediente   LAT-349    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-261/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1343 DEL 31 DE JULIO DE 2009 VS.

Tema

Ley 1343 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994. Revisión de Constitucionalidad. Después de realizar el análisis de la Ley 1343 de 2009, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que, tanto la ley como los instrumentos internacionales por ella aprobados, se ajustan a los preceptos constitucionales y en consecuencia se declara EXEQUIBLE tanto el Tratado sobre Derecho de Marcas y su reglamento adoptados el 27 de octubre de 1994, como la Ley 1343 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual se aprueba el tratado en mención.
Recibo Relatoria   20-6-2011 0:00


Item 260    Expediente   D-8248    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-262/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JAVIER MAURICIO HIDALGO ESCOBAR VS. LEY 906 DE 2004, ARTICULOS 175 Y 189

Tema

Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. Demanda de inconstitucionalidad en contra de sus artículos 175 y 185. Los artículos demandados se refieren a: Artículo 175: duración de los procedimientos y Artículo 189: Suspensión de la Prescripción. Para el demandante, los artículos acusados vulneran la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad, en cuanto se presenta una omisión legislativa en el primer numeral y en el segundo, se viola el debido proceso al permitirse la suspensión de la prescripción al momento de proferirse la segunda instancia, lo que a su vez autoriza al Tribunal de Casación a contar con 5 años más para tomar una decisión sobre los hechos expuestos a su consideración. La Corte se declara INHIBIDA para proferirse de fondo sobre los artículos acusados, por presentarse el fenómeno jurídico de la ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 261    Expediente   D-8270    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-263/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ANDRES JULIAN ESTRADA OTALVARO VS. LEY 1101 DE 2006 (PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 13) Y LEY 300 DE 1996, ARTICULO 71, LITERAL G

Tema

Ley 1101 de 2006. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Demanda de Inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 1101 de 2006 y contra del literal g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996. El actor considera que las disposiciones acusadas son inconstitucionales, pues desconocen los principios de libertad económica y libertad de empresas consagradas en el artículo 333 de la Constitución Política. En particular, afirma que las normas demandadas, en tanto establecen que el Registro Nacional de Turismo es un requisito previo para el funcionamiento de los establecimientos turísticos, violan los principios antes anotadas y contravienen abiertamente las formas de limitación consagradas en la Constitución a tales libertades. Para la Corte, la obligación del Registro Nacional de Turismo para los operadores de servicios del sector no desconoce la libertad económica y en consecuencia, declara la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 262    Expediente   RE-205    Fecha sentencia   6-4-2011 0:00    Sentencia   C-264/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 142 DEL 21 DE ENERO DE 2011

Tema

Decreto Legislativo 142 del 21 de enero de 2011. Por el cual se adiciona el Decreto 4819 de 2010. Revisión Oficiosa de Constitucionalidad. En el presente caso se da la figura jurídica de inconstitucionalidad por consecuencia, por cuanto la Corte Constitucional mediante sentencia C-216/11 declaró la inexequibilidad del Decreto 020 de 2011, norma jurídica en que se sustentó el Decreto que ahora se examina. INEXEQUIBLE
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 263    Expediente   T-2881668    Fecha sentencia   7-4-2011 0:00    Sentencia   T-247/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MIRIAN ARANZAZU GONZALEZ VS. DEPARTAMENTO DE CALDAS Y OTROS

Tema

Seguridad social, salud, vida digna, mínimo vital. Manifiesta la actora que laboró en diferentes entidades del estado por espacio de nueve años, tiempo durante el cual realizó aportes a seguridad social al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto trabajó con el magisterio por espacio de tres años y medio. Refiere que padece de trastorno afectivo bipolar, glaucoma y un cuadro de deformidad originado por ósteoartritis, por lo cual se le establecido la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 90.5% , con fecha de estructuración 19 de agosto de 2008. En septiembre de 2008 radicó la documentación para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y la petición fue negada por no haber cumplido con el requisito de fidelidad al sistema, sin tener en cuenta sus especiales condiciones de discapacidad. En sede de revisión se analiza la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez y jurisprudencia sobre el requisito de fidelidad y el principio de progresividad. Para la Sala, la razón expuesta por la parte demandada para negar el reconocimiento de invalidez de la actora ha sido considerado y declarado como contrario a la Constitución por lo que se accede a las pretensiones de la demanda. Concedida.
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 264    Expediente   T-2873936    Fecha sentencia   7-4-2011 0:00    Sentencia   T-265/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV NPP
Demandante / Demandado    HECTOR HERNAN GALLO NOREÑA VS. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA CEJA (ANTIOQUIA)

Tema

Intimidad personal, unidad familiar. El accionante se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de la Ceja (Antioquia) y solicita que vía tutela se ordene a la dirección de la cárcel revocar la sanción que le fue impuesta a su esposa, en el sentido de suspenderle definitivamente el ingreso tanto a dicho establecimiento carcelario como a cualquier otro del país. El castigo fue impuesto porque antes de entrar a la cárcel y previo requerimiento para ser requisada, entregó voluntariamente 42.30 gramos de cannabis que escondía en sus genitales. El actor aduce que dicha situación le afecta directamente, en cuanto se le impide recibir visitas conyugales mientras se encuentre privado de la libertad. La Sala considera que la suspensión definitiva de visitas a la esposa del actor, constituye una limitación desproporcionada que vulnera derechos fundamentales y, en tal sentido, CONCEDE el amparo solicitado y deja sin efectos la resolución atacada.
Recibo Relatoria   8-2-2012 0:00


Item 265    Expediente   T-2678560    Fecha sentencia   7-4-2011 0:00    Sentencia   T-266/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CARLOS EDUARDO LOZANO LOPEZ VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y OTROS

Tema

Igualdad, seguridad social, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. El accionante laboró en el Banco Cafetero durante más de 20 años y esta entidad le reconoció en febrero de 1996, una pensión de jubilación de carácter compartible, efectiva a partir de noviembre de 1995, fecha de cumplimiento del requisito de edad. Dos años después, el actor solicitó la indexación de la primera mesada pensional y la entidad bancaria negó la petición reclamada, frente a lo cual el accionante inició demanda ordinaria laboral, la cual no prosperó en ninguna de las instancias que conocieron el caso. En mayo de 2001, el ISS reconoció al actor una pensión de vejez y en virtud de ello, el Banco Cafetero extinguió la pensión de jubilación reconocida, basándose en la figura jurídica de la compartibilidad pensional, toda vez que la suma reconocida por el ISS como mesada prestacional, era superior a la que venía pagando la entidad bancaria. El accionante presentó derecho de petición al Banco para solicitar nuevamente la indexación de la primera mesada pensional y la entidad negó la petición amparándose para ello, en la figura de cosa juzgada. La Sala decide revocar las sentencias que denegaron el amparo solicitado y en su lugar declara la improcedencia de la acción. Igualmente, concede la tutela al derecho constitucional a la actualización de las pensiones en su contenido de indexación de la primera mesada pensional y, en tal sentido, deja sin efecto la resolución del Banco que extinguió el derecho a una pensión de jubilación oficial y le ordena reconocer y actualizar el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional. Una vez realizada la indexación, debe la entidad bancaria efectuar los cálculos con miras a establecer si, en las condiciones actuales y en virtud de la aplicación del régimen compartido entre la pensión de jubilación y la de vejez, reconocidas por el banco y el ISS respectivamente, se presenta un mayor valor a pagar a su cargo, en cuyo evento debe proceder a cancelarlo. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 266    Expediente   T-2353243    Fecha sentencia   8-4-2011 0:00    Sentencia   T-267/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MISAEL PAYARES GUERRERO Y OTROS VS. INSPECCION UNA DE POLICIA DEL PEÑON

Tema

Vida digna, igualdad, trabajo, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso. Los accionantes comentan que en el año 2008 mediante resolución de la UNAT se dispuso iniciar las diligencias administrativas tendientes a declarar la extinción de dominio privado sobre los predios rurales denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, la resolución determina que los predios mencionados no han sido objeto de explotación económica por parte del titular del dominio, sin embargo el titular de los predios los vendió a las sociedades Aportes San Isidro S.A. y C.I. quienes solicitaron a través de acción policiva el amparo a la posesión en contra de la comunidad ASOTAB, la inspección de policía de El Peñon, emitió una resolución en donde se concedió el amparo policivo y se ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho, los accionantes consideran que existe una vía de hecho por defecto sustantivo ya que se desconoció el Decreto 747 de 1992, el cual señala que en ningún caso las autoridades de policía pueden ordenar el desalojo de un predio agrario cuando de forma precedente se constatare el inicio de un proceso de extinción de dominio. La Sala se pronuncia sobre la población desplazada como sujeto de especial protección, la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones de autoridades de policía, se realiza reiteración de jurisprudencia sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, se decide inaplicar las decisiones que anularon el proceso de extinción del derecho de dominio y se ordena a el INCODER retomar el proceso primitivo y concluirlo, cumpliendo todas las exigencias aplicables al caso y teniendo en cuenta las decisiones y parámetros adoptados en la presente sentencia. Concedida.
Recibo Relatoria   5-5-2011 0:00


Item 267    Expediente   T-2876451    Fecha sentencia   11-4-2011 0:00    Sentencia   T-268/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NELSON RAFAEL TORRES VEGA VS. COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS

Tema

Vida digna, seguridad social. El demandante padece un cáncer terminal y en razón a ello, Colfondos Pensiones y Cesantías lo calificó con pérdida de la capacidad laboral del 66.40%, de origen común, con fecha de estructuración del 19 de diciembre de 2006. Con base en dicha calificación, el actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, petición que fue negada por la entidad accionada, bajo el argumento de no cumplir con el requisito de cobertura exigido por la Ley 860 de 2003, en cuanto no contaba con el número mínimo de semanas cotizadas. La Sala, luego de analizar el caso con base en la jurisprudencia de la Corporación frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez y teniendo en cuenta que el actor es persona de especial protección constitucional, decide conceder el amparo de los derechos invocados, para lo cual ordena a la Administradora de Pensiones, reconocer y pagar a favor del demandante, la pensión de invalidez reclamada. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   7-7-2011 0:00


Item 268    Expediente   T-2901055    Fecha sentencia   11-4-2011 0:00    Sentencia   T-269/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LUIS ALBEIRO MORALES MARIN VS. CAPRECOM E.P.S S

Tema

Salud, vida. El accionante se encuentra incluido en el Registro Único de Población Desplazada y está afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el Régimen Subsidiado, adscrito a Caprecom E.P.S. S. Su médico tratante le diagnosticó Dermatomicosis pierna izquierda y lo remitió a valoración por dermatología. Este servicio fue negado por no encontrarse incluido en el Plan Obligatorio de Salud. La Sala de Revisión se pronunció sobre el derecho a la salud de la población desplazada y su protección especial y la reiteró jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para obtener el suministro de prestaciones excluidas del POS. Concedida.
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 269    Expediente   T-2919663    Fecha sentencia   11-4-2011 0:00    Sentencia   T-270/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ELIZABETH JUANILLO VS. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. La accionante se encuentra afiliada al régimen subsidiado a través de CAPRECOM E.P.S S. El especialista cardiovascular le diagnosticó obesidad mórbida y ordenó la realización de una resonancia magnética en la que se encontró hernia de disco central que comprime el saco dural,… presencia de insuficiencia venosa profunda bilateral, por lo cual se comentó para cirugía bariátrica. Refiere que no ha logrado bajar de peso, aunque ha realizado todos los tratamientos médicos ordenados y que por el contrario se le han agudizado las patologías asociadas a la obesidad. .Con el ánimo de mejorar sus condiciones físicas, requiere la práctica inmediata del bypass gástrico. La Sala ordena que se autorice la remisión de la demandante al grupo interdisciplinario de la E.P.S. para que sea valorada y advertida de la naturaleza, características, riesgos y consecuencias de la cirugía bariátrica y si ella suscribe el consentimiento informado, se inicie los trámites pertinentes para realizar dicho procedimiento quirúrgico, brindando además la adicional atención integral que requiera la acciónate. Concedida
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 270    Expediente   T-2534467    Fecha sentencia   11-4-2011 0:00    Sentencia   T-271/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    STEVENSON RAFAEL PIMIENTA SOLANO VS. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Tema

Debido proceso, mínimo vital, seguridad social, igualdad, trabajo. En julio 9 de 2009, el accionante solicitó al ISS seccional La Guajira, el reconocimiento de su pensión de jubilación por considerar que tenía derecho a ella por haber laborado más de 20 años y tener la edad requerida, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, sin que reciba respuesta alguna frente a su petición. Refiere igualmente, que la Procuraduría General de la Nación, en agosto de 2009, mediante acto administrativo sin motivación, lo retiró del cargo que allí venía desempeñando por más de 12 años. Manifiesta que al ser retirado de su trabajo y al no tener respuesta frente al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, se le están vulnerando varios de sus derechos fundamentales. En sede de revisión, se recibió copia de la resolución mediante la cual el ISS reconoce la pensión de jubilación al demandante y en consecuencia la Sala declara la carencia actual de objeto por hecho superado
Recibo Relatoria   23-5-2011 0:00


Item 271    Expediente   RE-183    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   C-272/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV MGC, SPV HASP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4823 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4823 de 2010. Por medio del cual los contratistas y concesionarios del Estado deberán contribuir solidariamente a la atención de la emergencia económica, social y ecológica. Revisión de Constitucionalidad. La Corte establece que los lineamientos generales del decreto se encuentran en relación de conexidad con los hechos que motivaron la declaración de alteración del orden público social y; que las medidas concretas se encuentran en relación de conexidad, necesidad y proporcionalidad con la declaración de la Emergencia Económica, Social y Ecológica y con el contenido mismo del decreto en el cual se insertan. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 2, 3, 4, 5 y 6; EXEQUIBLE CONDICIONADO el artículo 1, en el entendido de que las medidas en él contenidas sólo son aplicables al ámbito geográfico expresamente definido por el Gobierno en el inventario de vías y a las áreas afectadas por el fenómeno de La Niña. Así mismo se declaran INEXEQUIBLES las expresiones “a precios de mercado” y “en caso de discrepancia”, contenidas en el parágrafo del artículo 2 del decreto 4823 de 2010, sobre contribución solidaria de contratistas y concesionarios
Recibo Relatoria   29-8-2011 0:00


Item 272    Expediente   D-8167    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   C-273/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DANIELA GONZALEZ MANASCERO VS. LEY 1382 DE 2010 ARTICULO 3

Tema

Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas. Demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 3º de la norma, que se refiere a las zonas excluibles de la minería. Para la demandante, la modificación introducida al artículo acusado vulnera el principio constitucional de consecutividad, aplicable a los trámites legislativos. A su juicio, el artículo impugnado no fue debatido ni aprobado por el Senado de la República, ni en primer debate de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, ni en la Plenaria. Para la Corte, el artículo 3º de la ley 1382 de 2010 no vulnera los principios de consecutividad e identidad flexible, por cuanto corresponde a una modificación introducida en desarrollo de una atribución conferida a las Cámaras, con clara conexidad con los objetivos de la ley y que hace parte de su contenido temático EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   20-5-2011 0:00


Item 273    Expediente   RE-172    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   C-274/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    REVISION CONSTITUCIONAL VS. DECRETO LEGISLATIVO 4627 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4627 de 2010, por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica y se modifica el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2010. Revisión de Constitucionalidad. Concluye la Corte que las medidas adoptadas mediante el Decreto objeto de revisión son constitucionales, en la medida en que cumplen con los requisitos formales y materiales exigidos en el orden constitucional vigente. Además, son necesarias, pues su finalidad es solventar uno de los principales problemas de la crisis: el estado de precariedad y de desprotección en el que se encuentran las familias damnificadas por la ola invernal. También se ajusta a los principios de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, como medida de protección de los recursos, se condiciona la exequibilidad de la norma, en entendido de que las partidas transferidas al Fondo Nacional de Calamidades, sólo podrán ser ejecutadas en las zonas y municipios afectadas por el desastre y sólo podrán ser destinadas a la primera fase de la ayuda humanitaria. EXEQUIBLE CONDICIONADO
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 274    Expediente   RE-193    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   C-275/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4833 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4833 del 29 de diciembre de 2010. por el cual se decretan medidas asociadas al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, tendientes a conjurar el estado de emergencia económica, social y ecológica, decretada mediante Decreto 4580 de 2010. Revisión de Constitucionalidad. La Corte considera que las medidas adoptadas mediante el Decreto objeto de revisión, cumplen con los requisitos formales y materiales exigidos en el orden constitucional vigente, en cuanto a la conexidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   31-5-2011 0:00


Item 275    Expediente   RE-204    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   C-276/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 141 DE 2011

Tema

Decreto 141 de 2011, por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31,33, 37, 41, 44, 45, 46, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se dictan otras disposiciones. Revisión de Constitucionalidad. El fundamento jurídico de la norma revisada es el Decreto 020 de 2011, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública., el cual se declarÓ inexequible mediante C-216/11. Es decir, que desaparecido del ordenamiento jurídico la norma que reviste de facultades de excepción al Presidente de la República por decisión de inexequibilidad, los decretos legislativos dictados a su amparo deben correr la misma suerte, en virtud de la figura jurídica de inexequibilidad por consecuencia. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 276    Expediente   D-8224    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   C-277/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ VS. LEY 1340 DE 2009, ARTICULO 8 PARCIAL

Tema

Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. Demanda de Inconstitucionalidad contra su artículo 8 (parcial). El aparte de la norma demandado es el siguiente: PARAGRAFO: La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil conservará su competencia para la autorización de todas las operaciones comerciales entre los explotadores de aeronaves consistentes en contratos de código compartido, explotación conjunta, utilización de aeronaves en fletamento, intercambio y bloqueo de espacio en aeronaves. En criterio de la demandante, el aparte acusado viola el principio de unidad de materia en cuanto el parágrafo es una norma ajena al artículo 8º que lo contiene, pues los artículos 6, 7 y 8 pertenecen al capítulo III sobre “Autoridad Única en Materia de Protección de la Competencia” y de pretenderse una excepción a esa autoridad, se debió incluir desde el principio del artículo 6 de la misma Ley. Igualmente aduce la demandante, que el parágrafo demandado contraría los principios de consecutividad e identidad flexible, ya que el texto fue aprobado sin el cumplimiento total de los requisitos constitucionales, específicamente, por la no realización de los cuatro debates requeridos. La Corte decide declarase INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto del cargo fundado en la violación del principio de unidad de materia, en razón de la ineptitud sustantiva de la demanda y declara EXEQUIBLE el parágrafo acusado, en relación a los principios de consecutividad e identidad flexible, por no existir violación a los mismos. NOTA DE RELATORIA: Con base en el A160/11, se corrige el primer párrafo del numeral 1.3.6 de la sentencia C-277/11, en cuanto al nombre del interviniente.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 277    Expediente   RE-198    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   C-278/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 125 DE 2011

Tema

Decreto 125 del 20 de enero del 2011, por el cual se crea el Programa Especial de Reforestación y se dictan otras disposiciones en desarrollo del Decreto 020 de 2011. Revisión de Constitucionalidad. Se declara INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, habida cuenta de que la norma fue expedida en desarrollo del Decreto No. 020 de 2011, declaratorio del estado de emergencia y éste fue declarado inconstitucional en la sentencia C-216/11.
Recibo Relatoria   13-6-2011 0:00


Item 278    Expediente   T-2935467    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   T-279/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    ANIBAL MUÑETON POSADA VS. PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P

Tema

Derechos de los niños, vida en condiciones dignas, agua, mínimo vital. El accionante compró un lote de terreno que hacía parte de otro de mayor extensión y en él construyó una vivienda para habitarla en compañía de su menor hijo. Al solicitar la instalación del servicio de agua con medidor independiente para su inmueble, la empresa de servicios públicos negó la petición por presentar el contrato del cual pretendía la independencia, una deuda correspondiente a 70 facturas pendientes de pago. La Sala encuentra que la empresa accionada incurrió en un completo descuido frente a la mora en el pago de las facturas adeudadas y que a raíz de su propia negligencia pretendió imponerle al demandante una carga que no tenía que soportar, en cuanto no éste tenía la condición de suscriptor ni de usuario del servicio cobrado. Partiendo además de las condiciones particulares del demandante y de su hijo, que los enmarca dentro de una posición de debilidad manifiesta y extrema vulnerabilidad, convirtiéndolos en sujetos de especial protección constitucional, la Sala resolvió conceder el amparo deprecado y en consecuencia ordenar a la demandada, realizar la conexión del servicio de acueducto en el predio del actor, previo el pago de los costos que se generen por tal concepto y la cancelación de sólo los primeros dos períodos de facturación adeudados. CONCEDID.
Recibo Relatoria   7-12-2011 0:00


Item 279    Expediente   T-280/11    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   T-280/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV MVCC
Demandante / Demandado    MARTA MENA MOSQUERA VS. COOPERATIVA DE TRABAJO ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL

Tema

Debido proceso, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital. La demandante aduce que la Cooperativa de Trabajo Asociado Alianza Solidaria Empresarial O.C. vulneró sus derechos fundamentales, como consecuencia de la suspensión del convenio de asociación aún cuando se encontraba dentro del período de lactancia. La Sala de Revisión aborda unos cuestionamientos previos relacionados con la competencia del juez constitucional para declarar la existencia de un contrato de trabajo por aplicación del principio de realidad sobre las formas y, a la improcedencia de la acción de tutela como defensa directa cuando no se incoa como mecanismos transitorio. Así mismo, reitera y armoniza jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a las cooperativas de trabajo asociado, el principio constitucional de primacía de la realidad en las relaciones laborales y, los requisitos para que proceda la protección constitucional del derecho fundamental a la maternidad en el ámbito laboral. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, debido a que el amparo constitucional no procede de forma transitoria y en el presente caso no se produjo un perjuicio irremediable, en la medida que lo solicitado por la demandante es propio de la competencia del juez laboral, que no desplaza el recurso ordinario, porque la presente acción es de carácter residual y subsidiaria.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 280    Expediente   T-2893777    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   T-281/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    PAULINA MUÑOZ MIRANDA VS. MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. En el 2005 la Alcaldía de San Bernardo del Viento reconoció a favor de la demandante, una pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, a partir del 1º de enero del 2005, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. La acción de tutela la interpuso porque la entidad accionada ha incurrido en mora superior a un año en el pago de la mesada pensional a la que está obligada, afectando de esta manera su única fuente de ingreso para su sostenimiento y el de su familia. Refiere igualmente que la demandada ha retardado igualmente el traslado de los aportes al sistema de seguridad social en salud. La Sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para exigir el pago de las mesadas pensionales adeudadas por el encargado de sufragar la prestación, así como sobre el derecho a la continuidad en la prestación de los servicios médicos, aún si existe mora en el pago de los aportes. Se ordena a la entidad accionada cancelar las mesadas pensionales adeudadas, siempre y cuando no opere frente a ellas el fenómeno de la prescripción. Concedida.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 281    Expediente   T-2898085 Y 2890730    Fecha sentencia   12-4-2011 0:00    Sentencia   T-282/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    CHILO VALENCIA Y OTROS VS. INSPECCION URBANA DE POLICIA MUNICIPAL 1a CATEGORIA FRAY DAMIAN No. 4 DE CALI Y OTRO

Tema

Vivienda digna, diversidad e identidad étnica, autonomía de las comunidades indígenas. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes consideran que las autoridades demandadas desconocieron los derechos fundamentales a la vivienda digna, la especial protección de las personas desplazadas y los derechos derivados de la diversidad étnica como personas indígenas, en el trámite policivo adelantado en su contra, por la ocupación de un bien fiscal en el barrio Alto Nápoles de Cali. La Sala se pronuncia sobre temáticas relacionadas con las comunidades indígenas como sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales. La condición de sujetos colectivos de especial protección constitucional de estos mismos grupos. Facetas del derecho fundamental al territorio colectivo para los pueblos aborígenes. Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Derechos de la población desplazada en materia de desalojo forzoso. Se determina que los hechos se deben subsumir en las subreglas constitucionales que ordenan: (i) conceder el amparo al derecho fundamental a la vivienda digna de los peticionarios mediante la disposición de un albergue en condiciones dignas; y (ii) activar el sistema de atención a la población desplazada, así como las obligaciones concretas de las autoridades accionadas, de Acción Social, y de cualquier otra autoridad concernida en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, siendo procedente, por lo tanto conceder el amparo al derecho fundamental a la vivienda digna y la especial protección a la población desplazada, de los peticionarios. En el caso concreto debe darse prevalencia a los intereses constitucionalmente legítimos de los demandantes, de encontrar condiciones mínimas de vivienda y de iniciar un proceso de reconstrucción de tradiciones ancestrales de manera autónoma, sobre el interés también legítimo de la autoridad de policía accionada de recuperar el patrimonio público. Se ordena a la Inspección de Policía suspender el desalojo y a las autoridades municipales demandadas, a través de la Secretaría de Vivienda, preservar el predio de Alto Nápoles, como albergue temporal de las 120 familias que actualmente lo ocupan, garantizando que sus condiciones sean acordes con la dignidad humana. Se notifica además a Acción Social para que inicie los trámites de su competencia destinados a asegurar la atención de la población desplazada; y a la Alcaldía de Cali para que inicie los trámites pertinentes para la inclusión de las 120 familias indígenas ubicadas en ese predio en los planes de atención a la población vulnerable que adelanta el municipio.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 282    Expediente   D-8112    Fecha sentencia   13-4-2011 0:00    Sentencia   C-283/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV GEMM, AV NEPP
Demandante / Demandado    MARTIN ALFONSO ALVAREZ BERMUDEZ VS. CODIGO CIVIL (ARTICULOS 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251, 1278)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1243, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil. Para el demandante, los preceptos parcialmente acusados contienen un beneficio exclusivo para quien ostenta la calidad de cónyuges, excluyendo del mismo a los compañeros permanentes y a las parejas del mismo sexo. Se solicita a la Corte Constitucional analizar nuevamente las expresiones demandadas y efectuar un test estricto de igualdad en el que se determine que tanto el matrimonio como la unión marital de hecho requieren de criterios análogos de protección, que permita al compañero permanente supérstite acceder al patrimonio de la pareja fallecida por medio de la porción conyugal. La Corte determinó la no existencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional y reiteró su jurisprudencia frente a la diferencia entre las uniones maritales de hecho y el matrimonio. Concluyó que, el que no sean vínculos iguales no impide que se puedan asimilar los derechos, garantías y cargas que el legislador ha reconocido a una y otra unión, en especial en el campo patrimonial. Con fundamento en el criterio de igualdad de trato, estableció que dada la finalidad de la porción conyugal y la no existencia de razón válida para el no reconocimiento de esa protección patrimonial, era dable extenderla al compañero o compañera permanente supérstite y a la pareja del mismo sexo. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos acusados y se EXHORTA al Congreso para que legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.


Recibo Relatoria   13-3-2012 0:00


Item 283    Expediente   D-8249    Fecha sentencia   13-4-2011 0:00    Sentencia   C-284/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MGC, SPV NPP
Demandante / Demandado    JOSE ANTONIO GALAN GOMEZ VS. DECRETO LEY 268 DE 2000, ARTICULO 3 PARCIAL

Tema


Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 (parcial) del Decreto Ley 268 de 2000, por el cual se dictan normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la República. El artículo demandado establece, entre otros cargos, el de Gerente Departamental, Director, Director de Oficina y Asesor de Despacho, como de libre nombramiento y remoción, exceptuados de los cargos de carrera administrativa de la Contraloría General de la Nación. El demandante considera que los apartes demandados violan el Preámbulo y los artículos 113, 125 y 268 numeral 10 de la Constitución Política, por cuanto reproduce una disposición declarada inexequible mediante las sentencias C-514/94 y C-405/95. Para la Corte, los cargos de libre nombramiento y remoción son los creados de manera específica por la ley, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, y de los cargos previstos en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000, como de libre nombramiento y remoción de la Contraloría General de la República, el único que no se adecua a esta clasificación es el de Director, cuya competencia cobija un sinnúmero de funciones meramente administrativas que no son incompatibles con un sistema de carrera, pues no conducen a la adopción de políticas de la entidad, ni implican confianza especial, ni responsabilidad de aquel tipo que reclame este mecanismo de libre nombramiento y remoción. Se declara INEXEQUIBLE la expresión Director y EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones Gerente Departamental, Director de Oficina y Asesor de Despacho, contenidas en el artículo 3º del Decreto Ley 268 de 2000

Recibo Relatoria   28-8-2012 0:00


Item 284    Expediente   T-2908644    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-285/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANELCYS BEATRIZ IGUARAN VALDEBLANQUEZ VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida digna, seguridad social. . La accionante está afiliada a Coomeva E.P.S. en calidad de beneficiaria del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo. Padece de hipertrofia mamaria que le afectan su columna y cintura. Su médico tratante, previa valoración y exámenes, estableció la necesidad de realizar mamoplastia reductora con reconstrucción mamaria y tratamiento bilateral de glándula supernumeraria. El galeno diligenció el respectivo formato y justificó el procedimiento, pero la E.P.S. negó el servicio bajo argumento de no estar incluida en el POS. Se reitera jurisprudencia relacionada con la salud como derecho fundamental y sobre las reglas para determinar la procedencia de la acción de tutela, para obtener el suministro de prestaciones excluidas del POS. Concedida
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 285    Expediente   T-2664169    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-286/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    GILBERTO CASTILLO VS. DIRECCION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD PICALEÑA DE IBAGUE

Tema

Petición, trabajo y/o estudio penitenciario, libertad. El peticionario se encuentra recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué, en calidad de sindicado por varios delitos que están siendo adelantados por dos juzgados diferentes. Refiere que elevó solicitud ante el director del establecimiento carcelario para que le indicaran los motivos por los cuales no le permitían adelantar actividades de trabajo o estudio, para efectos de redimir su pena. La respuesta a la solicitud la emitió la Junta Evaluadora de Estudio y Trabajo, en el sentido de indicarle que el trabajo y la educación para los sindicados se constituían en actividades voluntarias, por cuanto persistía la presunción de inocencia. El accionante considera que la respuesta no se ajusta a su condición, por cuanto, si bien está sindicado de dos delitos, en uno ya tiene impuesta una condena y en el otro, se acogió a la figura de sentencia anticipada, por lo que si opera la figura de redención de la pena. En sede de revisión la Sala examinó el caso desde varias perspectivas: i). el sistema de tratamiento penitenciario, ii) las actividades de trabajo y estudio para efecto de redención de la pena y iii), la posibilidad de que un interno, en calidad de sindicado, pueda desarrollar un programa de trabajo y/o estudio, con el fin de reducir la condena. En el caso concreto se encontró acreditada la vulneración de los derechos al trabajo y al estudio penitenciario, los cuales están íntimamente relacionados con el derecho a la libertad del accionante. Concedida
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 286    Expediente   T-2726909    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-287/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    LILIA MARITZA PRADILLA VS. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSE DE CUCUTA

Tema

Mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, seguridad social. A la accionante le fue diagnosticado por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, una pérdida de la capacidad laboral del 22,26%, con fecha de estructuración del 11 de diciembre de 2008. Este diagnóstico fue corroborado por la Junta Nacional de Calificación, quien además señaló que se trataba de una enfermedad de origen profesional. La entidad accionada no llevó a cabo la reubicación laboral que fue sugerida por el médico tratante de la accionante, so pretexto de estar finalizado el contrato que vinculaba la cooperativa con Caprecom, en ese entonces administrador de la clínica donde la tutelante prestaba sus servicios. De igual manera, dejó de asistir a las 3 citaciones que le hiciera el Ministerio de la Protección Social. En sede de revisión se estudian los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la tutela contra particulares. 2º. La naturaleza jurídica de las cooperativas de trabajo asociado. 3º. El principio de primacía de la realidad sobre las formas en la relación laboral y el contrato realidad. 4º. El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de debilidad manifiesta. 5º. La facultad del empleador de terminar el contrato laboral a un trabajador con una incapacidad superior a 180 días y 6º. La figura de sustitución del empleador. Se decide tutelar los derechos invocados por la peticionaria y se ordena su reintegro a un cargo que no constituya un riesgo para su salud, atendiendo el diagnóstico. Así mismo, se ordena el pago de todos los salarios y prestaciones sociales y económicas dejadas de percibir, así como los aportes de seguridad social correspondientes a la salud y pensión de la accionante. Por último, se ordena compulsar copias a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio del Protección Social, para que de acuerdo a sus competencias, inicien una investigación en contra de la accionada, para determinar si infringió las normas que regulan la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, en particular, las disposiciones relativas a la prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales. Concedida.
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 287    Expediente   T-2741623    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-288/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARIA CLARA LEON ROJAS VS. SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Dentro de un proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado por el Banco Davivienda S.A. en contra de la accionante, para obtener el recaudo de una obligación suscrita con la entidad bancaria y garantizada por hipoteca, se formularon unas objeciones a la reliquidación presentada por la entidad bancaria y se propusieron algunas excepciones previas y de mérito, las cuales fueron declaradas no probadas en ninguna de las instancias que conocieron el caso. Inconforme con las decisiones judiciales, el actor solicitó la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del mandamiento de pago y en su lugar, ordenar el trámite bajo la normatividad aplicable al caso, prevista en la Ley 546 de 1999 bajo las reglas de exequibilidad condicionada, ordenadas en las sentencias 95 y de 2000. El Despacho judicial rechazó de plano la nulidad invocada y frente a esta decisión, el demandante interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos confirmando el auto recurrido. En sede de revisión se analizó jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre los requisitos generales y específicos de dicha procedencia. Así mismo se analizó la interpretación y alcance de las sentencias C-383, C-700, 47 de 1999 y 55 de 2000, respecto de la Ley 546 de 1999. La Sala estableció que: 1º. No se estructuró un defecto fáctico en las providencias atacadas, 2º. No se desconoció el acuerdo de las partes frente a las condiciones de la obligación. 3º. La actuación de los jueces de instancia no fue caprichosa ni arbitraria y valoraron la realidad probatoria existente y 4º. Se corrió traslado del informe pericial sin que por alguna de las partes fuera complementado, aclarado u objetado por error grave. Por el análisis anterior se concluyó que no hubo vulneración al debido proceso y por tanto no se incurrió en ninguna causal específica de procedibilidad de la acción. NEGAD.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 288    Expediente   T-2882988    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-289/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    YOLANDA INES VARGAS GALINDA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION A Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra sentencia judicial. La accionante fue vinculada al SENA Regional Bogotá – Cundinamarca, a través de una resolución emanada de la Dirección General de la entidad. Cuando asumió las funciones un nuevo Director Regional de la institución, le fue solicitada la renuncia a varios servidores de libre nombramiento y remoción y a algunos provisionales que estaban ocupando cargos de carrera administrativa. La demandante hizo caso omiso de ese requerimiento y fue declarada insubsistente mediante una resolución no motivada. Dicho acto administrativo fue demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en ambas instancias fueron negadas las pretensiones de la actora, quien considera que dichas sentencias desconocieron el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales y la protección constitucional a empleados en provisionalidad que están ocupando cargos de carrera. Así mismo, se pronuncia sobre la necesidad de motivación de los actos de insubsistencia de cargos en provisionalidad, en donde existe una abierta contradicción con la posición jurisprudencial del Consejo de Estado. Se conceden los derechos invocados, se deja sin efecto las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se declara la nulidad de la resolución que dictó la insubsistencia de la demandante y se ordena el reintegro de la accionante, al cargo que se encontraba desempeñando al momento de su desvinculación, ordenando pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir. Se supedita el reintegro al cargo específicamente desempeñado, en la medida que no se haya provisto mediante el concurso de méritos, en cuyo caso, solo aplica el pago de salarios y prestaciones hasta el momento en que se haya efectuado la vinculación en propiedad. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 289    Expediente   T-2827499    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-290/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DAGOBERTO GUERRERO CARRASCAL VS. ECOPETROL S.A.

Tema

Igualdad, movilidad salarial, mínimo vital. Refiere el accionante que fue trabajador de ECOPETROL en donde ocupaba un cargo perteneciente a la nómina directiva de la entidad, de la cual hacían parte los trabajadores de dirección, confianza y manejo. La Junta Directiva de la empresa, mediante acta suscrita el 5 de octubre de 2007, estableció los lineamientos generales de una política de compensación salarial para los trabajadores de nómina directiva. Al implementarse dicha política, la entidad discriminó indebidamente a los trabajadores directivos y los dividió en dos grupos: uno, conformado con los trabajadores sin retroactividad de cesantías y el otro, compuesto por los trabajadores antiguos amparados por el régimen de retroactividad de sus cesantías. A los del primer grupo se les incrementó el salario directamente y a los del segundo, se les aplicó una figura denominada estímulo al ahorro, consistente en la consignación de una suma de dinero, sin incidencia salarial, en un Fondo de Pensiones Voluntario. La Sala, acogiendo el precedente jurisprudencial determina que el asunto no puede ser resuelto a través de la acción de tutela, pues no es un mecanismo judicial que bajo las circunstancias del caso, resulte procesalmente viable. Negada.


Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 290    Expediente   T-2902128    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-291/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    BLANCA INES MUÑOZ DE MUÑOZ COMO AGENTE OFICIOSA DE JHOAN ANDRES MUÑOZ MUÑOZ VS. LA NACION - EJERCITO NACIONAL

Tema

Igualdad, debido proceso administrativo. La accionante actuando en representación de su hijo, manifiesta que éste fue reclutado como soldado regular en el Batallón de Girardot, a pesar de ser una persona desplazada, bachiller y tener diagnosticado un trastorno bipolar de la personalidad. Comenta que acudió al batallón para aportar las pruebas que corroboraban la situación especial de su hijo y que las mismas no fueron recibidas bajo el argumento de su hijo ostentaba la calidad de conscripto y prestando el servicio militar obligatorio en la base militar de Playas, del municipio de San Rafael (Antioquia). En sede de revisión, se acredita el desacuartelamiento del joven pero por término del servicio militar. La Sala se pronuncia sobre la agencia oficiosa de las personas que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio, la carencia actual de objeto por hecho superado y daño consumado y la especial connotación del servicio militar obligatorio frente a personas desplazadas. Se resuelve negar la tutela de los derechos fundamentales invocados por la accionante y se declara la carencia actual de objeto por daño consumado. Así mismo se ordena la expedición de la libreta militar de reservista de la clase que corresponda, en el evento en que no se hubiese hecho entrega de la misma
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 291    Expediente   T-2902876    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-292/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    CARMEN ROSA LOPEZ PINEDA VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE LA DORADA

Tema


Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital. La accionante se encontraba laborando con la Alcaldía Municipal de la Dorada (Caldas), bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios, con un término de duración de un mes. En ejecución de sus actividades laborales sufrió un accidente de trabajo y como consecuencia de él, le fue diagnosticada una Lumboxiatica y se le otorgó una incapacidad de 30, cual se vencía luego de la fecha de terminación de su contrato laboral. La entidad accionada no renovó el contrato, a pesar de que la actora estaba en incapacidad laboral y con la necesidad de recibir tratamiento médico. La Sala en su estudio analiza temática relacionada con la configuración de la relación laboral en los contratos de servicios, el alcance de la tutela como medio excepcional para la protección de la estabilidad laboral reforzada; el derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y el derecho a la reubicación laboral. Se decide amparar los derechos invocados y se ordena el reintegro de la peticionaria, bajo la modalidad de un contrato de trabajo que le garantice todas las prestaciones sociales, en un cargo igual, similar o superior al que antes desempeñaba, así como la capacitación para nuevas funciones, si ello llegar a ser necesario. Se advierte igualmente a la demandante que de no interponer la acción laboral correspondiente dentro de los 4 meses siguiente a la notificación de la sentencia, cesarán los efectos del reintegro ordenado. CONCEDID.

Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 292    Expediente   T-2918410    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-293/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ALCIDES REINA VILLARREAL VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida digna, mínimo vital, salud, seguridad Social. En el 2001, cuando el accionante tenía 60 años de edad, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, por haber cumplido uno de los requisitos exigidos para adquirir este derecho. El Instituto le negó la petición bajo argumento de contar con solo 786 semanas cotizadas durante toda su vida laboral. Con base en esta respuesta, el actor decidió afiliarse a la entidad accionada, en calidad de independiente, a efecto de poder acumular las 1000 semanas que exigía el régimen de transición. En el 2007, solicitó nuevamente al ISS el reconocimiento de su pensión y por segunda vez le fue negada, pero esta vez bajo el pretexto de contar con solo 799 semanas cotizadas. De manera posterior se estableció que el Seguro Social no había contabilizado el tiempo cotizado como independiente, por no haber cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo cual el demandante le canceló al FOSYGA la suma de $18.988.94. Efectuado el pago, el accionante solicitó por tercera vez su pensión y la misma fue rechazada nuevamente, bajo el argumento de no tener el número de semanas requerido. En sede de revisión la Sala reitera jurisprudencia relacionada con la seguridad social como derecho fundamental y la procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de prestaciones sociales y decide tutelar los derechos invocados. Concedida.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 293    Expediente   T-2852368    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-294/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ELVIRA LILIANA HERNANDEZ LIBREROS VS. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO

Tema

Igualdad, trabajo, debido proceso, acceso a la administración de justicia. La demandante considera que la Comisión Nacional del Servicio Civil violó sus derechos fundamentales, porque una vez agotó con éxito un concurso público de méritos e hizo parte de la lista de elegibles, al ocupar el segundo lugar de dos cargos ofertados, no aplicó los efectos retroactivos señalados en la sentencia 88 de 2009 y por el contrario, ofertó nuevamente su empleo. En sede de revisión se reitera jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales asociados al acceso a la carrera administrativa y sobre la aplicación de las listas de elegibles. También se estudia temas relacionados con las Facultades de la CNSC, el Acto Legislativo 01 de 2008 y la Sentencia C-588/09. Se confirman parcialmente las sentencias de instancia que negaron las pretensiones de la actora y se ordena a la CNSC, que adopte los actos y trámites administrativos necesarios para garantizar a la demandante, la participación en el concurso público de méritos para proveer el cargo en el cual se encontraba inscrita inicialmente, la cual fue suspendida por el Acto Legislativo 01 de 2008 y reanudada posteriormente en cumplimiento de la Sentencia 88 de 2009.
Recibo Relatoria   10-5-2011 0:00


Item 294    Expediente   T-2828724    Fecha sentencia   14-4-2011 0:00    Sentencia   T-295/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JOSE ROSELVER RODRIGUEZ ESPITIA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida, mínimo vital, seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales le negó al actor el reconocimiento y pago de la pensión de vejez que solicitara, argumentando que al peticionario no le era aplicable el régimen de transición, por haberse afiliado a un fondo privado de pensiones y porque los aportes efectuados al régimen de ahorro individual no habían sido trasladados al régimen de prima media administrado por él. La Sala de Revisión, luego de establecer la procedencia de la acción de tutela en materia pensional y, de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, la aplicación de la normatividad pensional de la Ley 33 de 1985 y, el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen solidario de prima media con prestación definida decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar al Instituto accionado reconocer y pagar la prestación solicitada, con base en la normatividad aplicable al caso concreto y con la inclusión de la indexación de la primera mesada pensional.
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 295    Expediente   RE-186    Fecha sentencia   27-4-2011 0:00    Sentencia   C-296/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4826 DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4826. Por la cual se adiciona la Ley 785 de 2002 y se dictan otras disposiciones para hacer frente a la emergencia social y ecológica nacional. Revisión de Constitucionalidad. Para la Corte, el Decreto cumple con los requisitos formales previstos por la Constitución y las normas estatutarias y, en términos generales existe conexidad entre las medidas adoptadas por el Decreto y el estado de emergencia, verificando la finalidad y necesidad de las medidas previstas, desde el punto de vista fáctico y jurídico. Sin embargo, a juicio de la Corte, las medidas relacionadas con la enajenación y destinación definitiva de los bienes en proceso de extinción, vulneran el debido proceso y el principio de proporcionalidad. Se declaran EXEQUIBLE el Decreto 4826 de 2010, salvo el inciso segundo del parágrafo introducido y el artículo 2º, los cuales se declaran INEXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   27-10-2011 0:00


Item 296    Expediente   RE-184    Fecha sentencia   27-4-2011 0:00    Sentencia   C-297/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SPV MGC, SPV HASP
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4824 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4824 del 29 de diciembre de 2010. Por medio del cual se permite la disposición temporal de los escombros y la utilización de fuentes de materiales para atender la emergencia invernal. Revisión de Constitucionalidad. Para la Corte, la declaración de utilidad pública e interés social de la disposición de escombros, estabilización y construcción de obras públicas para atender la emergencia invernal y la concesión de permisos temporales de utilización de fuentes de material constituyen medidas conexas, necesarias y proporcionales para conjurar la crisis causada por el fenómeno de la niña. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 5 y 6. EXEQUIBLES el inciso 1º y el numeral 2º del artículo 4, así como el numeral 1º de este mismo artículo, salvo la expresión “los precios de mercado vigentes en el primer semestre del año 2010 y en caso de discrepancia se tomarán como referencia, el cual se declara INEXEQUIBLE
Recibo Relatoria   7-7-2011 0:00


Item 297    Expediente   RE-174    Fecha sentencia   27-4-2011 0:00    Sentencia   C-298/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4629 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto Legislativo 4629 del 13 de diciembre de 2010. Por el cual se modifican transitoriamente el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el artículo 4 del Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional. Revisión de Constitucionalidad. Para la Cort,e la modificación temporal de la legislación ordinaria en orden a direccionar las transferencias del sector eléctrico para llevar a cabo obras de mitigación y prevención de daños, cumple con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas de excepción. EXEQUIBLE.


Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 298    Expediente   RE--181    Fecha sentencia   27-4-2011 0:00    Sentencia   C-299/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SPV Y AV MVCC
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 4821 DE 2010

Tema

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo 4821 de 2010. Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional. La Corte encuentra que los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) cumplen con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas de emergencia, dentro de las fases de atención humanitaria y rehabilitación las cuales están concebidas hasta el año 2014. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y EXEQUIBLES CONDICIONADOS los artículos 1 y 7 del Decreto Legislativo 4821 de 2010, en el entendido que los PIDU y los recursos destinados a estos proyectos por parte de FONVIVIENDA solo podrán mantenerse hasta el año 2014.
Recibo Relatoria   12-9-2011 0:00


Item 299    Expediente   RE-188    Fecha sentencia   27-4-2011 0:00    Sentencia   C-300/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO 4828 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010

Tema

Decreto 4828 del 29 de diciembre de 2010. Por el cual se dictan disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos. Revisión de Constitucionalidad. El Decreto está encaminado a crear instrumentos financieros con la finalidad de asignar recursos que permitan la recuperación de la capacidad productiva y la estabilidad socioeconómica del sector rural afectado. Además, a establecer programas para la atención de emergencias sanitarias y fitosanitarias y para la rehabilitación y construcción de distritos de adecuación de tierras. La Corte considera que las medidas financieras adoptadas cumplen con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los artículos 1, 4, 7, 8, 10, 14, 16 Y 17 y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los parágrafos 1 y 2 del artículo 1, y de los artículos 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 y 15. Así mismo se declara INEXEQUIBLE la expresión “a criterio del Ministerio” del artículo 6 del decreto 4828 de 2010
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 300    Expediente   D-8285    Fecha sentencia   27-4-2011 0:00    Sentencia   C-301/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS DANIEL MANTILLA ARANGO VS. LEY 599 DE 2000, ARTICULO 40, MODIFICADO POR LA LEY 1142 DE 2007, ARTICULO 37 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 240, numeral 4º de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1142 de 2007, artículo 37 (parcial). El aparte acusado es el siguiente: “4º. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. Para el demandante, la norma acusada viola el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto a través suyo se consagra una norma legal vaga y ambigua que resulta contraria a los principios de tipicidad y legalidad. Para el actor, las conductas punibles deben estar descritas de manera expresa, clara e inequívoca, pues sólo de tal forma las personas pueden conocer con exactitud los comportamientos prohibidos que se les imputa. Para la Corte, los argumentos del actor no despiertan ninguna incertidumbre sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, factor indispensable en la argumentación del demandante para hacer un pronunciamiento de fondo. En tal virtud, la Sala se declara INHIBIDA para resolver de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda.
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 301    Expediente   T-2635345    Fecha sentencia   28-4-2011 0:00    Sentencia   T-302/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    TELMEX COLOMBIA S.A. VS. INSPECTOR TERCERO CIVIL DE POLICIA DE PASTO Y OTRO

Tema

Debido proceso. TELMEX COLOMBIA S.A. instaura la acción de tutela en contra de la decisión adoptada por el Inspector Tercero Civil de Policía de Pasto, confirmada por el Secretario de Gobierno Municipal de dicha ciudad, por considerar que dichas disposiciones incurrieron en un defecto orgánico por falta de competencia. El asunto se origina porque mediante una actuación policiva se resuelve una controversia de aspectos eminentemente contractuales y de derechos personales o de crédito, cuando la finalidad de esta acción es prevenir o evitar la perturbación de derechos reales derivados de la posesión o tenencia de un bien. Para la Sala de Revisión, las decisiones emitidas por las autoridades de policía demandadas incurrieron en un defecto orgánico, al hacer un análisis equivocado del supuesto de hecho llevado a su conocimiento, que les permitió concluir que existía perturbación de la posesión sobre la unidad de bienes que componen el servicio público de televisión por suscripción, sin percatarse de que los bienes no eran poseídos por la querellante y que sobre uno de esos bienes la Constitución y la ley no admite posesión alguna. Así mismo considera la Sala, que las autoridades policivas son incompetentes para resolver la protección de derechos e intereses colectivos mediante un amparo policivo por perturbación al libre ejercicio de la posesión o de la mera tenencia de un bien, por lo que la decisión adoptada desbordó abiertamente las facultades otorgadas por el Código Nacional de Policía y el Código Departamental de Policía de Nariño. SE CONCEDE
Recibo Relatoria   12-1-2012 0:00


Item 302    Expediente   T-2693032    Fecha sentencia   28-4-2011 0:00    Sentencia   T-303/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO MONTENEGRO ERAZO Y OTROS VS. UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL - UTEN - Y OTROS

Tema

Trabajo, mínimo vital, vida digna, debido proceso, seguridad social. Los accionantes, setenta y tres trabajadores del sector energético, afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN), solicitan el reconocimiento y pago oportuno de los salarios y prestaciones correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2009, causados por la prestación de servicios profesionales en cumplimiento de un Contrato Colectivo Sindical suscrito entre la UTEN y la Sociedad de Ingenieros de Colombia (SOINCO). Se el caso a través del estudio de jurisprudencia constitucional relacionada con la procedibilidad de la tutela para reclamar acreencias laborales y para dar aplicación al principio de solidaridas laboral. Para la Sala, es improcedente la acción de tutela para amparar los derechos invocados por los demandantes y en consecuencia, DENIEGA las pretensiones incoadas
Recibo Relatoria   21-7-2011 0:00


Item 303    Expediente   T-2899398    Fecha sentencia   28-4-2011 0:00    Sentencia   T-304/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    EMILY VALENCIA RODRIGUEZ VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Salud, seguridad social, vida, seguridad social. La demandante, actuando en representación de su cónyuge, instaura la acción de tutela en contra de COOMEVA E.P.S.; para solicitar la autorización y entrega de una prótesis modular para miembro inferior derecho y una silla de ruedas que necesita su esposo para movilizarse y que fueron ordenados por sus médicos tratantes, dada la necesidad de intercalar dichos elementos para una óptima movilización. La E.P.S. demandada negó la entrega de dichos insumos e indicó que la solicitud debía someterse a estudio del Comité Técnico Científico. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad y la prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS y el recobro ante el FOSYG. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la entidad accionada, autorizar y hacer posible la entrega de la prótesis que requiere el representado, recordándole la posibilidad que tiene de recobrar ante el Fosyga los gastos que esto le represente. Igualmente le ordena autorizar y entregar la silla de ruedas ordenada por los médicos tratantes como parte del tratamiento integral y hasta que éstos determinen que ya no es necesaria su utilización. Frente a entrega también se advierte sobre la posibilidad del recobro.
Recibo Relatoria   23-4-2012 0:00


Item 304    Expediente   T-2814962    Fecha sentencia   28-4-2011 0:00    Sentencia   T-306/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    RUTH LILIANA CASTELLANOS SANCHEZ EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJO Y OTRO VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

Tema

Educación. La accionante es madre cabeza de familia y presenta la acción tutela en representación de su menor hijo y de una sobrina que se encuentra bajo se cuidado, debido a los quebrantos de salud de su hermana. La demandante solicita que a los menores representados les asignen cupos escolares en el mismo establecimiento educativo donde estudia su hija mayor, por cuanto se pretende la unificación de hermanos en una sola institución y que ésta, esté cerca al lugar de su residencia. Para resolver el asunto la Sala se pronunció sobre la agencia oficiosa ante la protección de los derechos de los niños, niñas y de los adolescentes; el derecho fundamental a la educación y su exigibilidad por vía de tutela y, sobre el contenido del derecho fundamental a la educación y obligaciones estatales en materia educativa, de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Se decide tutelar el derecho a la educación en relación con la sobrina de la accionante y ordenar a la entidad accionada que le asigne un cupo en la misma institución donde estudian sus primos. Respecto al menor hijo de la actora, se declara la ocurrencia de un hecho superado, por cuanto se acreditó que ya se encuentra adelantando estudios en el mismo establecimiento educativa donde está su hermana
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 305    Expediente   T-2856841    Fecha sentencia   28-4-2011 0:00    Sentencia   T-307/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REGINA MERCEDES CHIMA DE CARDENAS VS. FISCALIA 14 SECCIONAL DE CARTAGENA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. En el presente caso se pretende que vía tutela se ampare el derecho fundamental al debido proceso, vulnerado presuntamente por los fiscales accionados, al decretarse por parte de una Fiscalía, la preclusión de la investigación y por parte de la otra, la nulidad de todo lo actuado desde la interposición de los recursos de reposición y apelación contra dicha providencia, dentro de una denuncia penal por el delito de fraude procesal que había interpuesto la demandante. Por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, la Sala estudió inicialmente las condiciones generales de procedibilidad, específicamente, el agotamiento de los recursos ordinarios y el requisito de inmediatez y resolvió, declarar la improcedencia de la acción por cuanto no se acreditó que las entidades demandadas hubiesen actuado de manera irrazonable o injustificable, como fundamento para determinar la existencia de un defecto fáctico en las providencias atacadas
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 306    Expediente   T-2896027    Fecha sentencia   28-4-2011 0:00    Sentencia   T-308/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    CLAUDIA PEREZ ARENAS EN REPRESENTACION DE SU HIJA JENNIFER PEDRAZA PEREZ Y OTRAS VS. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y OTROS

Tema

Educación, confianza legítima. La acción de tutela la presentó la demandante en representación de su hija y como apoderada de un grupo de padres de familia de un número de menores que estaban matriculados en determinadas instituciones educativas de carácter privado, con las cuales la Secretaría de Educación de Bucaramanga suscribió contrato para la prestación del servicio de educación. Aduce la accionante que desde el año 2002, la Alcaldía de Bucaramanga determinó adjudicar subsidios escolares para el ingreso en instituciones privadas de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos poblacionales vulnerables, cuyo objetivo era proporcionar educación hasta la terminación del bachillerato en colegios con énfasis profesionalizante. La medida tuvo como único requisito para no perder el subsidio, la no pérdida del año escolar y la no comisión de faltas disciplinarias, sin embargo, al iniciar el año lectivo del 2010, se le comunicó a los padres de familia que el otorgamiento de los subsidios se había suspendido. La accionante reclamó la continuación del programa de subsidios para garantizar que los menores siguieran estudiando en la institución privada donde iniciaron su formación académica. Como quiera que la actora no acreditó la calidad de abogada para actuar en representación del grupo de padres de familia de los otros menores afectados por la medida de suspensión, la Sala concluyó respecto a la presente acción constitucional, que solo procedía frente al amparo solicitado por la demandante para la tutela de su propia hija. En el caso concreto se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, en cuanto se acreditó que la institución educativa concedió el subsidio educativa y que la menor cursa el último grado de educación media. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.
Recibo Relatoria   26-9-2011 0:00


Item 307    Expediente   T-2907041    Fecha sentencia   28-4-2011 0:00    Sentencia   T-309/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    WILSON PATIÑO EN REPRESENTACION DE SU HIJO JOHAN ADNRES PATIÑO RODRIGUEZ VS. E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Y OTRO

Tema

Salud, seguridad social, vida digna. La peticionaria actúa en calidad de representante legal de su menor hijo, quien presenta una patología denominada Hemofilia Factor VIII. El hospital demandado no le brinda el tratamiento integral al menor, bajo el argumento de que las pretensiones solicitadas por la actora no hacen parte de su portafolio de servicios. Por otra parte, se refiere en la demanda, que la accionante y su núcleo familiar se encuentran desplazados desde el año 2003, presentando por este hecho una difícil situación económica, que impide asumir los costos del tratamiento que requiere el joven afectado. La Sala reitera jurisprudencia en la cual se ha dispuesto que el derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo, que procede ser amparado por vía de tutela. En el caso particular se constató que el menor de edad está recibiendo atención médica e integral para el manejo de su patología, por lo cual se resuelve declarar la carencia actual de objeto por hecho superado
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 308    Expediente   T-2906219    Fecha sentencia   3-5-2011 0:00    Sentencia   T-311/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS PALOMEQUE GARCIA VS. INPEC Y OTRO

Tema

En el presente asunto la Corte Constitucional concede el amparo al derecho fundamental de petición y ordena al INPEC que, en un término perentorio de cuarenta y ocho horas, proceda a pronunciarse de manera motivada sobre la solicitud de traslado de penitenciaría elevada por el actor. A juicio de la Sala, las entidades accionadas vulneraron el derecho fundamental aludido, pues la actuación adelantada para dar respuesta a la petición del actor no se llevó a cabo dentro del término que contempla el Código Contencioso Administrativo. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 309    Expediente   T-2898422    Fecha sentencia   3-5-2011 0:00    Sentencia   T-312/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO MARIN GALLEGO Y OTROS VS. GOBERNACION DE RISARALDA Y OTROS

Tema

Vivienda digna. Se alega en la acción de tutela que los demandantes han sido amenazados por la Alcaldía de Pereira y por la Gobernación de Risaralda, de ser desalojados de las viviendas de invasión que construyeron en el barrio el Danubio de dicha ciudad. A juicio de los actores, las órdenes de desalojo fueron impartidas de manera abusiva y arbitraria, en razón a que se dictaron sin tener en cuenta su condición de personas desplazadas por la violencia, que se vieron obligadas a construir sus viviendas por invasión por estar totalmente desprotegidas y no contar con los recursos suficientes para asentarse en otro lugar. Para determinar si las autoridades administrativas vulneraron el derecho a la vivienda digna al desalojar unas personas desplazadas por la violencia de un lote de terreno considerado de alto riesgo, pero sin ofrecerles previamente una solución de vivienda de carácter permanente y sin reubicarlas temporalmente, la Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los fundamentos de la especial protección constitucional que gozan las personas víctimas de la violencia pública, así como del carácter fundamental del derecho a la vivienda digna en el caso de la población en condición de desplazamiento y el deber de las autoridades administrativas de reubicar a las personas asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Se CONCEDE el amparo solicitado por la mayoría de los demandantes y frente a éstos, se ordena a la Alcaldía de Pereira reubicarlos temporalmente hasta tanto se haga efectivo su derecho fundamental a la vivienda digna por parte de las entidades nacionales que administran la política dirigida a la atención de las personas desplazadas por la violencia y a la satisfacción del precitado derecho.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 310    Expediente   T-2916233    Fecha sentencia   3-5-2011 0:00    Sentencia   T-313/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    YESENIA ALICIA SILVA CANDELARIO OBRANDO COMO AGENTE OFICIOSA DE ALFREDO ENRIQUE PERTUZ CANDELARIO VS. JAPIAVISOS DIGITAL PRINTER LTDA

Tema

Vida, salud, seguridad social, mínimo vital. La accionante, actuando en calidad de agente oficiosa, describe en la demanda que su hermano trabajaba con la accionada en calidad de vigilante de un parqueadero, en el cual se guardaban los vehículos y materiales de la empresa. La demandada no afilió al afectado al sistema de seguridad social y por tanto, se utilizaban los servicios del régimen subsidiado a través de la E.P.S. SOLSALUD, por estar clasificado en el nivel I del SISBEN. Luego de sentir dolores abdominales y ser hospitalizado, le fue diagnosticado un cáncer en el estómago con metástasis al hígado, motivo por el cual, su hermana reportó esta situación a la empresa, siendo informada que ésta no tenía ninguna obligación al respecto. En sede de revisión la Sala conoció sobre el fallecimiento del paciente, motivo que la llevó a determinar que la acción de tutela carecía de objeto alguno, toda vez que el propósito de la misma era precisamente la protección de los derechos fundamentales del afectado. De manera consecuente con lo sucedido, se declaró la improcedencia de la acción por carencia actual del objeto.
Recibo Relatoria   9-8-2011 0:00


Item 311    Expediente   RE-208    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   C-336/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. DECRETO LEGISLATIVO 145 DEL 21 DE ENERO DE 2011

Tema

Decreto Legislativo 145 del 21 de enero de 2011. Por el cual se modifica el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2011. Revisión Oficiosa de Constitucionalidad. Habida cuenta que mediante Sentencia 16 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 145 de 2011, se declara INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 312    Expediente   D-8292    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   C-337/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ VS. LEY 1221 DE 2008, LITERAL C, NUMERAL 6, ARTICULO 6

Tema

Ley 1221 de 2008, Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. Demanda de Inconstitucionalidad contra el literal c), numeral 6, artículo 6. Estima el demandante que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, por cuanto al regular la protección en materia de seguridad social para los llamados teletrabajadores no incluyó el sistema de subsidio familiar, vulnerándose así el derecho fundamental a la igualdad, entre éstos y los trabajadores ordinarios para quienes la protección integral de seguridad social sí incluye el derecho al subsidio familiar. Para la Corte, la omisión del legislador incorpora una discriminación que no tiene asidero constitucional, pues frente a una misma situación fáctica, sin criterios de razonabilidad, suficiencia y proporcionalidad, se le aplica una razón jurídica distinta a los llamados teletrabajadores, con grave impacto en sus garantías laborales y de seguridad social. Se declara la exequibilidad de la norma acusada, pero bajo el entendido de que la protección en materia de seguridad social a favor de los telebrajadores, también incluye el sistema de subsidio familiar. EXEQUIBILIDAD CONDICIONAD.
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 313    Expediente   D-8273    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   C-338/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LILIANA GIRALDO GOMEZ VS. LEY 734 DE 2002, ARTICULO 53 (PARCIAL)

Tema

Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Demanda de Inconstitucionalidad en contra del artículo 53 (parcial). El artículo 53 del que hace parte el segmento demandado se ocupa de los sujetos disciplinables. El aparte que se ataca es la expresión salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado. Para el demandante, la expresión impugnada vulnera los artículos 13 y 123 de la Constitución y al efecto recuerda que, según el texto de este último, son servidores públicos los miembros de las Corporaciones Públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Considera el actor, que siendo las sociedades de economía mixta parte del sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público, las personas que prestan sus servicios en estas sociedades, son servidores públicos y por tanto, no puede el aparte atacado darles el tratamiento de particulares. Para la Corte, el control disciplinario fue reservado por el constituyente para quienes cumplan de manera permanente o transitoria funciones públicas y no encontró contradicción entre la expresión demandada y el artículo 123 de la Constitución. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   31-8-2011 0:00


Item 314    Expediente   T-2735401    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   SU.339/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV MVCC, AV JIPP
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS ABUABARA ELJADUE VS. SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema

Petición, trabajo, igualdad, acceso y desempeño de cargos y funciones públicas, debido proceso. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial convocó, mediante Acuerdo 02 de 2009, a quienes tuvieran interés de desempeñar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial y reunieran los requisitos exigidos por la Ley 270 de 1996, para que inscribieran sus nombres y presentaran la hoja de vida con los documentos que demostraran las calidades requeridas para el desempeño del referido cargo. El accionante atendió la convocatoria y agotó las diferentes etapas del concurso, llegando a conformar la lista de finalistas con mayor puntuación, la cual debía ser votada por los miembros de la Comisión, a efecto de elaborar la terna de la cual se elegiría el Director Ejecutivo, quedando en dicha votación en un cuarto lugar. El actor considera que la Comisión incurrió en una vía de hecho, al no incluirlo en la terna a pesar de reunir las calidades exigidas y haber quedado de cuarto, mientras sí nominó a otras personas que no cumplían con los requerimientos exigidos. Para la Sala, ninguno de los aspirantes puede alegar ser titular de un derecho subjetivo a ser nominado Director Ejecutivo de Administración Judicial, pues todos los que reúnen los requisitos tienen el derecho a que el proceso de selección culmine y finalmente el cargo público sea provisto. En tal sentido, la paralización del procedimiento de selección supone la afectación de derechos de todos los participantes que reúnen las condiciones para ocupar el cargo. Se decide revocar la sentencia que resolvió la segunda instancia y se le ordena a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, para que en un término no mayor a 30 días hábiles, provea lo conducente a la conformación de la terna para la provisión del cargo en comento, recomponiéndola, si es del caso, total o parcialmente con los aspirantes que al efecto decida tener en cuenta, y la presente de inmediato a la Sala Administrativa del C.S.J. para que proceda a elegir a dicho funcionario, dentro de los diez días hábiles siguientes.
Recibo Relatoria   31-5-2011 0:00


Item 315    Expediente   T-2643229    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-314/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    VALERIA HERNANDEZ FRANCO VS. OLGA MARIA CHACON Y OTROS

Tema

Igualdad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad. La demandante alega que por su identidad de género, esto es, ser transgenerista, le fue negado el ingreso a dos eventos abiertos al público que se llevaron a cabo en el piso 30 del Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá. La sociedad hotelera adujo no ser parte en el proceso en cuanto en los eventos descritos sólo actúo como arrendador del salón. Los organizadores de los programas adujeron que la negativa de ingreso no se debió a un criterio discriminatorio, sino a que el personal de seguridad evidenció una conducta agresiva por parte de la actora. A pesar de que la Corte reconoció que una persona de identidad transgenerista pertenece a un grupo históricamente discriminado, en el presente caso no encontró evidencia que le permitiera establecer que a la actora le fue negado el ingreso por su identidad sexual y por ende, no pudo predicar que dicha actuación se constituyó en un acto discriminatorio por parte de los accionados. Se niega el amparo de los derechos invocados, se advierte a la demandante que en el futuro se abstenga de ejecutar conductas como las constatadas en el caso y se exhorta a varias entidades gubernamentales y no gubernamentales a articular una política pública integral nacional, constante y unificada con los entes territoriales para la sociedad LGTBI, que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas. NEGAD.
Recibo Relatoria   1-11-2011 0:00


Item 316    Expediente   T-2916771    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-315/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA AMELIA PEREZ DE LEON VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida digna, mínimo vital, salud, igualdad, seguridad social. La accionante junto con su cónyuge dependían económicamente de su única hija, la cual murió en 1990. El ISS reconoció la pensión de sobrevivientes a su esposo y este a su vez, falleció en marzo del 2009. Ese mismo año la accionante solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en calidad de madre de la afiliada fallecida y esta petición fue negada bajo el argumento que se encontraba prescrito el derecho, por cuanto debió haberla reclamado 19 años atrás. En este caso considera la Sala que opera la procedencia excepcional de la acción de tutela por cuanto se presentan dos situaciones especiales: 1º. La demandante es una persona de 84 años de edad y desde esa perspectiva, es un sujeto de especial protección constitucional y 2º. A pesar de tratarse de la reclamación de un derecho en principio prestacional, la pensión de sobrevivientes es un derecho fundamental cuyo amparo se justifica en el hecho en que su respectivo pago, se constituye en el único de medio de subsistencia para garantizar la vida digna a una persona de la tercera edad. Concedida
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 317    Expediente   T-2923730    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-316/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CLAUDIA MARINA RODIRGUEZ PEREZ VS. ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.. -CALI- Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna, educación. La accionante en nombre propio y en representación de sus hijos reclama el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, que les corresponde como cónyuge supérstite e hijos sobrevivientes del causante, por cuanto dicha prestación se constituye en la única fuente de ingreso para su supervivencia y la de sus hijos. La Sala tutela los derechos invocados por la demandante y ordena a la ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., emitir la decisión mediante la cual otorgue el reconocimiento y pago de la pensión reclamada. La continuación del pago de dicha prestación queda supeditada a la decisión de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y en el caso de determinar que la muerte del causante obedeció a una causa de origen común, se subrogará la obligación al Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte S.A., quien deberá continuar asumiendo los respectivos pagos y reconocer los valores pagados por la ARP POSITIVA, contrario sensu, deberá la entidad accionada continuar con el pago de la pensión de manera ininterrumpida. CONCEDID.
Recibo Relatoria   28-9-2011 0:00


Item 318    Expediente   T-2898627    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-317/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUIS ARTURO ROMERO CONTRERAS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO

Tema

Igualdad, seguridad social, libre escogencia del régimen pensional. El demandante considera ser beneficiario del régimen de transición, por cuanto para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y había cotizado un total de 784.71 semanas al sistema de seguridad social. Una vez cumplió sus 60 años y cotizó mil semanas, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, prestación que fue negada bajo el argumento de presentar una inconsistencia de nómina, al aparecer también vinculado a la AFP COLFONDOS S.A., entidad que debía decidir sobre la prestación económica reclamada. El accionante radicó ante el ISS un derecho de petición donde manifestaba ser acreedor de los beneficios del régimen de transición y donde solicitaba además, el traslado al régimen de prima media con prestación definida y ser pensionado de acuerdo a las condiciones de este régimen. Ante COLFONDOS también presentó derecho de petición, solicitando el retiro del régimen de ahorro individual y la aceptación de traslado al régimen de prima media. El ISS no realizó pronunciamiento alguno y COLFONDOS respondió, pero al parecer del actor, sin el suficiente análisis de la documentación por él aportada. La Sala reitera jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para la protección de la seguridad social como derecho fundamental y sobre el régimen de transición y los planteamientos unificados sobre el traslado de un régimen a otro, en el caso de los beneficiarios del régimen de transición. Se decide tutelar los derechos invocados y ordenar a los accionados realizar los trámites pertinentes para hacer efectivo el traslado de un Fondo de Pensiones a otro. Así mismo se ordena que una vez el ISS acepte el traslado y verifique el cumplimiento de los requisitos legales para adquirir el derecho de pensión, proceda a su reconocimiento. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 319    Expediente   T-2772734    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-318/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    HENRY VILLAZON OCHOA VS. ACCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Mínimo vital, vida digna. Por temor a que su vida y la de su familia corrieran peligro por haber sido su hermano víctima de un falso positivo y por empezar a recibir amenazas, el accionante decidió desplazarse a la ciudad de Cúcuta a comienzos del año 2009. Desde esa época le ha solicitado a Acción Social, por diferentes medios y en varias oportunidades, su inclusión en el Registro Unico de Población Desplazada. La entidad demandada emitió resolución mediante la cual negó la inscripción solicitada, aduciendo que la función de las fuerzas militares es garantizar la protección de la vida, honra y bienes de los colombianos y que, por ende, no provocan desplazamiento. Se resuelve el caso con el análisis de la siguiente jurisprudencia: i). Protección a la población en situación de desplazamiento forzado. ii). La actividad ilegítima de actores estatales que ocasionan hechos generadores de desplazamiento forzado en Colombia. iii). El desplazamiento forzado ocasionado por ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias por agentes estatales. La Sala resuelve conceder el amparo solicitado y en consecuencia ordena la inscripción del demandante y de su núcleo familiar en el RUPD y la entrega de la respectiva ayuda humanitaria de emergencia. Así mismo imparte unas órdenes a los Ministerios de Defensa e Interior, para que brinden las medidas de protección, atención y ayudas necesarias al actor y a su núcleo familiar. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 320    Expediente   T-2906284    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-319/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    SHIRLY PAOLA SERJE GUZMAN VS. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

Tema

Unidad familiar, derecho a tener una familia y no ser separada de ella. . La accionante se encontraba recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar desde el 14 de octubre de 2009 y por orden del INPEC, el 27 de marzo de 2010, fue trasladada a la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga en Girón (Santander). La actora tiene dos hijos menores de edad, los cuales están bajo el cuidado de una persona ajena al núcleo familiar y quienes, dado la lejanía del lugar de reclusión en el que ahora se encuentra su madre, no pueden visitarla constantemente, hecho que los ha llevado a presentar inestabilidad emocional, ansiedad, inapetencia y desmotivación escolar. La demandante solicita que vía tutela se ordene su traslado al establecimiento carcelario de Valledupar, para poder facilitar un acercamiento con sus hijos. Para decidir, la Sala desarrolla algunos aspectos relacionados con: 1º. El derecho fundamental y prevalerte de los niños a tener una familia y no ser separado de ella. 2º. La garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad, especialmente ante la presencia de hijos menores de edad y 3º. Límites a la facultad discrecional del INPEC para los traslados de los recursos. Dada la particular situación en que se encuentran los hijos de la accionante, se decide amparar los derechos invocados y ordenar a la accionada que proceda a trasladar a la demandante al establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar, con observancia de las normas que regulan la materia. Así mismo, se ordena al ICBF que previa verificación del estado físico, psicológico y familiar de los menores, se adopten medidas de protección conducentes al restablecimiento de los derechos que pudieran estar vulnerados o amenazados. CONCEDID.
Recibo Relatoria   9-8-2011 0:00


Item 321    Expediente   T-2897273    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-320/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ROSA MYRIAM CAMACHO DE PINILLA ACTUANDO COMO AGENTE OFICIOSA DE TOBIAS CAMACHO PINZON VS. NUEVA E.P.S. S.A.

Tema

Salud, vida digna. La tutela se presenta a través de la figura de agencia oficiosa, en razón a que el afectado es una persona de 86 años de edad que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un evento cerebro vascular, que le ha generado además la práctica de dos intervenciones quirúrgicas. La NUEVA E.P.S., entidad a la que está afiliado el agenciado, interrumpió de manera súbita e intempestiva el suministro de pañales desechables así como los servicios de terapias físicas y de enfermería las 24 horas, bajo el argumento de que son elementos o servicios excluidos del POS, que requieren orden médica vigente que los prescriba. Luego de reiterar jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud y la prestación de servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, la Sala concede la protección de los derechos fundamentales invocados, ordenando a la NUEVA E.P.S. el suministro de pañales desechables y la realización de las terapias requeridas por el agenciado. Así mismo, se ordena la valoración de su condición médica actual, a fin de determinar si se requiere o no el servicio de enfermería 24 horas o atención médica domiciliaria y de ser necesario, se suministre de acuerdo a los lineamientos señalados por el médico tratante. CONCEDID.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 322    Expediente   T-2893061    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-321/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    TEOFILO ABELARDO QUIÑONES CABEZAS COMO AGENTE OFICIOSO DE FIDELA CABEZAS NARVAEZ VS. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Mediante acción de tutela incoada a través de la figura de la agencia oficiosa, la Corte Constitucional protege el derecho a la salud de una mujer de 72 años de edad, a quien le diagnosticaron un carcinoma mamario y le ordenaron un procedimiento de poliquimioterapia de alto riesgo, que no le fue realizado en el hospital de Kennedy de Bogotá, si previamente no cancelaba el 30% por concepto de cuota de recuperación. La entidad accionada argumentó que la paciente se encontraba afiliada a la E.P.S. EMSSANAR del municipio de Barbacoas (Nariño), y que allí le debían garantizar la atención médica y la prestación de los servicio de salud. En el presente caso, la Sala concluye que la exigencia de cuotas moderadoras o de recuperación no pueden constituirse en barreras para la prestación del servicio médico requerido, máxime cuando se trata de sujetos de características particulares, como en el presente caso,, de especial protección constitucional, dada su condición de persona de la tercera edad, afectada por una enfermedad de las denominadas ruinosas o catastróficas y con una difícil situación económica, a la que se le debe garantizar de forma efectiva sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas, buscando siempre una atención inmediata, sin la exigencia de trámites y demoras injustificadas. En relación con la residencia de la paciente, la Corte advirtió que la territorialidad del aseguramiento no constituye una excusa constitucionalmente aceptable, para impedir o negar el acceso a los servicios médicos requeridos. Se CONCEDE el amparo y se insta a diferentes entidades de control para que investiguen la conducta dilatoria desplegada
Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 323    Expediente   T-2907228    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-322/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ANAIS MURILLO RIVERA VS. SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tema

Igualdad, seguridad social. La accionante interpone la acción de tutela en contra de Seguros del Estado S.A., con el objetivo de que dicha aseguradora sufrague los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y esta a su vez, determine la pérdida de la capacidad laboral originada en accidente de tránsito y consecuentemente emita el respectivo dictamen, para así acceder al reconocimiento y pago de la indemnización prevista para estas contingencias, por el SOAT. La entidad demandada se niega a cancelar los gastos de la Junta Regional de Calificación, aduciendo que quien ostenta la calidad de beneficiario, es quien debe correr con dichos costos. Para la Sala, la decisión de no tutelar el derecho de la peticionaria, desconoce entre otros el derecho a la seguridad social, puesto que coarta su acceso y posible goce. Así mismo considera la Sala, que en el fallo de instancia se aplicó una norma que para ese instante se encontraba fuera del ordenamiento jurídico, puesto que había sido declarada inexequible. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 324    Expediente   T-2866195    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-323/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    XXX VS. SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y OTROS

Tema

Salud, vida digna, dignidad humana. El accionante padece de V.I.H. y tuberculosis desde el año 2009 y en la actualidad no puede subsidiar los tratamientos que requiere para el manejo de estas patologías, por cuanto atraviesa una difícil situación económica, no tiene donde vivir y es un habitante de la calle. En virtud del riesgo que representa para la sociedad, el propio actor solicitó su ubicación en una institución u hogar de paso donde pueda continuar adecuadamente con los tratamientos médicos y esté aislado, para no causar ningún tipo de perjuicio a la sociedad. La E.P.S. S demandada argumentó que dentro del POS-S no se contempla el internamiento de un paciente o habitante de la calle en un hogar de paso o en establecimiento similar, porque esta actividad hace parte de los programas sociales que deben ser desarrollados por la Administración Municipal. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala analizó la siguiente temática: i). Protección constitucional de los habitantes de la calle portadores de V.I.H. y, ii). Casos en los que la Corte Constitucional ha desarrollado aspectos importantes, atinentes a la especial protección de que son objeto las personas que padecen del V.I.H.. Se decide tutelar los derechos fundamentales invocados e impartir varias órdenes a autoridades e instituciones involucradas, para que garanticen la oportuna y adecuada atención médica del actor
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 325    Expediente   T-2933514    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-324/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUZ MARINA MARIN CASTAÑO COMO AGENTE OFICIOSA DE SU HIJO OSMAN ALEXIS MARIN VS. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. La señora Luz Marina Marín Castaño interpone acción de tutela como agente oficiosa de su hijo, por considerar que a éste no se le está prestando la atención médica necesaria y ella no posee los recursos físicos ni económicos suficientes para ofrecerle a su hijo la atención y cuidado que requiere, dada su situación física y mental actual. Como antecedentes de la demanda, comenta la actora que su hijo se encontraba recluido en un establecimiento carcelario cuando sufrió una hipoxia cerebral, que luego de ser tratada médica y clínicamente lo dejó con secuelas neurológicas, trastorno depresivo y sin control de esfínteres, por lo que requiere terapias físicas y de lenguaje. Al afectado le fue concedida la sustitución de la pena de prisión intramuros por prisión domiciliaria la cual está pagando en el domicilio de su progenitora. La Sala considera que el traslado del agenciado a la residencia de su progenitora no garantiza el nivel de cuidado y atención requeridos por éste, en cuanto la accionante no cuenta con los medios físicos y económicos para hacerlo y en tal sentido, concede la tutela de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del agenciado e imparte una serie de órdenes a las entidades accionadas para que procedan a hacer efectivos los derechos amparados. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   1-7-2011 0:00


Item 326    Expediente   T-2918065    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-325/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ZENAIDA EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ Y OTROS VS. FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Tema

Igualdad, libertad de expresión, libertad de información, libre desarrollo de la personalidad. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño abrió la convocatoria denominada “Publicación periódica sobre artes plásticas y visuales” en el primer semestre de 2009. La Unión Temporal Mantaraya -UTM- conformada por los accionantes , ganó la convocatoria y la misma se hizo efectiva a través de una resolución. Según las reglas del contrato, los ganadores debían elaborar tres números de una revista en un lapso de once meses. Para los peticionarios la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales, al haber presuntamente censurado la publicación del primer número de la revista, al exigirles retirar de circulación los ejemplares de la revista para incluirles una fe de erratas. Consideran que la anterior decisión se tomó por el contenido de un artículo de la publicación, en el cual se presentaba a juicio de la opinión pública, algunas actuaciones de una dependencia adscrita a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Para la Sala, no se halla configurada violación alguna al derecho de la libre expresión, ni un acto de censura. En ese orden de ideas tampoco se vislumbra un trato cruel e inhumano, ni una violación al libre desarrollo de la personalidad. NEGADA
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 327    Expediente   T-2913229    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-326/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    BLANCA MARINA CAGUA ALONSO VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS BBVA HORIZONTE

Tema

Seguridad social, vida digna, mínimo vital. Tras el fallecimiento de su hijo, de quien dependía económicamente, la accionante solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías del BBVA HORIZONTE; el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. El Fondo negó la petición argumentando que el causante no cumplía con el requisito de las semanas cotizadas previsto en la Ley 100 y conminó a la demandante, a reclamar la correspondiente devolución de saldos. Luego de una nueva petición, el Fondo aceptó el cumplimiento del requisito de las semanas cotizadas, pero negó la pensión arguyendo la falta de demostración de la dependencia económica, con el causante del derecho pensional. La Sala analiza la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de un derecho pensional y los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes y el alcance del requisito de dependencia económica. Concedida.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 328    Expediente   T-2921242    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-327/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARCELINO ISAZA ARANGO Y OTRO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA CIVIL

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Los actores refieren que mediante fallo dictado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, en el curso de un proceso ordinario de mayor cuantía que adelantaron en contra del Banco Colmena .S.A, actualmente, Banco BCSC S.A., se condenó al demandado a reparar los daños financieros causados por el sistema UPAC y a hacer los ajustes al crédito hipotecario convenido, concediendo de ese modo las prestaciones formuladas por los mismos. Dicha decisión fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín y a su juicio, esta decisión les vulneró el derecho fundamental al debido proceso, porque se adoptó desconociendo el precedente judicial y porque interpretó erróneamente un dictamen pericial aportado e ignoró una prueba documental aportada. En sede de revisión se analiza las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales y se CONCEDE la tutela, ordenando en la misma que el Tribunal Superior de Medellín decrete un período probatorio e 30 días, en el cual se deberá ordenar un nuevo dictamen pericial para proferir decisión en los términos del artículo 124 del C.P.C.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 329    Expediente   T-2935197    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-328/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    MERCEDES MARIBEL LIDUEÑA LOZANO VS. JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ

Tema

Seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso, mínimo vital. En el presente caso, la accionante considera que la fecha de estructuración señalada en el dictamen expedido por la Junta Nacional de Calificación y que le determinó una pérdida de la capacidad laboral de un 67.36%, a partir del 25 de febrero de 2010 no es razonable, en tanto que el cáncer que padece le impide trabajar desde el 2007, año en que solicitó y se le practicó la primera valoración, cuyo resultado impugnó por no estar de acuerdo con el porcentaje en él establecido. La petición se encamina a que sea tenido en cuenta el resultado del último dictamen en cuanto al porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, pero con la fecha de estructuración del dictamen anterior, esto es, el 16 de mayo de 2007. La Sala de Revisión decide tutelar los derechos a la seguridad social, debido proceso, dignidad humana y mínimo vital de la accionante y ordena a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que expida un nuevo dictamen con el mismo porcentaje del último resultado, pero con fecha de estructuración del 2007. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 330    Expediente   T-2931290    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-329/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CESAR ANTONIO MERCADO DIAZ VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Petición. El accionante se encuentra afiliado a la NUEVA E.P.S., quien expidió el carné de afiliación suyo y el de su esposa, omitiendo entregar los de sus dos hijos. Su hija padece un retardo mental moderado por lo que requiere de un tratamiento especial, el cual no ha podido continuar, debido a que no le brindan la atención médica por falta del respectivo documento. Mediante derecho de petición elevado ante la entidad accionada, el actor solicitó la expedición y entrega de los carnés de sus hijos, sin que hubiese recibido respuesta alguna. En sede de revisión la entidad accionada, adjuntó al escrito de contestación de demanda, los carnés de afiliación del accionante, su cónyuge y su menor hijo. Argumentó no hacer entrega del carné de la otra hija del demandante, en razón a que la misma es mayor de edad y no tiene acreditada su condición de discapacidad, lo que no cumple los requisitos para ser beneficiaria del peticionario. Se declara la improcedencia de la acción y se previene a la E.P.S. para que una vez el accionante presente los documentos que acrediten la condición de beneficiaria de su hija, se le brinde la atención requerida teniendo en cuenta que se trata de un sujeto de especial protección constitucional.
Recibo Relatoria   8-6-2011 0:00


Item 331    Expediente   T-2842780    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-330/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    RAFAEL ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE

Tema

Igualdad. Tutela contra decisión judicial. El accionante se vinculó con la Fiscalía General de la Nación en marzo de 1994, para ocupar en provisionalidad un cargo de carrera. Durante varios años estuvo trabajando con la entidad, nombrado en varios cargos a través de diferentes resoluciones. Todos los nombramientos se hicieron bajo la modalidad de provisionalidad. El 14 de julio de 2002, encontrándose en servicio, sufrió un accidente de trabajo del cual emanaron diferentes incapacidades. Cuatro meses después del accidente, cuando fue a radicar una nueva incapacidad médica, encontró que había sido declarado insubsistente del cargo que ostentaba, sin que fuese motivado el acto administrativo mediante el cual se hizo tal declaratoria. Frente a dicha resolución interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que fueran aceptadas sus pretensiones en ninguna de las instancias que conocieron el caso. El peticionario pretende que vía tutela se declare la nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente y se ordene su reintegro a la entidad. En sede de revisión se analiza la posición de la Corte frente a la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y la procedencia de la misma acción respecto a la declaratoria de insubsistencia sin motivación, de nombramientos de servidores públicos en provisionalidad en cargos de carrera. La Sala decide tutelar el derecho a la igualdad, deja sin efecto la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, declara la nulidad de la resolución de la Fiscalía General, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del demandante, ordena a la Fiscalía el reintegro del peticionario al cargo que desempeñaba al momento de su retiro o a uno superior acorde con su aptitud y ordena al Tribunal accionado que profiera una sentencia que reemplace la que quedó sin efecto. Concedida.
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 332    Expediente   T-2903620    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-331/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    BLANCA MORA MONGE VS. ALCALDIA DE PEREIRA

Tema

Vivienda digna. La accionante tiene una vivienda construida en un sector del municipio de Pereira, la cual fue declarada por la Alcaldía de dicha ciudad, como construida en zona de riego potencial y/o en estudio, por lo que ordenó la demolición del inmueble. La peticionaria fue advertida de que debía desalojar el inmueble o se procedería a su demolición, en cuyo caso debía asumir los costos de la misma. De manera posterior, funcionarios de la administración fueron a la vivienda y le suspendieron los servicios públicos, bajo el argumento de tener que cumplir la orden de desalojo. La demandante solicita suspender la orden de desalojo o la reubicación en una vivienda digna. Teniendo en cuenta que la actora es madre cabeza de familia de tres hijos, dos de ellos menores de edad y que se encuentran en situación económica precaria, la Sala considera que son sujetos de especial protección y tutela el derecho a la vivienda digna y ordena a la Administración Municipal que informen, acompañen e incluyen a la demandante y a sus hijos en un programa de vivienda y de subsidios económicos que estén adelantado, teniendo en cuenta su condición social y económica, respetando el orden de asignación. Concedida
Recibo Relatoria   3-6-2011 0:00


Item 333    Expediente   T-2895764    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-332/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ULDARICO FLOREZ PEÑA VS. JUZGADO 21 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Salud, vida, integridad personal. Refiere el accionante que junto a su residencia, la empresa COMCEL S.A., está llevando a cabo la construcción de una torre de telecomunicaciones, sin que exhiba la autorización pertinente y sin que cumpla los lineamientos establecidos por el distrito, en cuanto a la distancia que deben tener de los centros geriátricos, educativos y médicos. Frente al hecho, radicó derecho de petición ante la Alcaldía Local de Bosa, con el fin de poner en conocimiento la referida anomalía y para que procedieran al cierre de la obra, hasta tanto la misma no cumpliera las normas que rigen ese tipo de instalaciones. La Alcaldía respondió, comunicándole acerca de la práctica de una inspección al lugar de los hechos. La Sala encuentra improcedente la acción de tutela para el caso específico, por cuanto existen otros medios idóneos para debatir la controversia planteada. NEGAD.
Recibo Relatoria   8-6-2011 0:00


Item 334    Expediente   T-2846349    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-333/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANA MARGARITA ESTUPIÑAN VARGAS VS. ALCALDIA DE SOACHA Y OTROS

Tema

Vivienda digna, vida, petición. La accionante adquirió vivienda de interés social por contrato de compraventa, el cual fue impulsado por la empresa CUSEZAR y proyectado y construido por la sociedad PROVINSA. El inmueble se encuentra ubicado en el municipio de Soacha (Cundinamarca) y a los 6 meses de entrega comenzó a presentar fisuras en muros, placas, andenes y terrazas, razón por la cual la actora dio aviso a la constructora quien manifestó que los cambios presentados obedecían al asentamiento normal del terreno. La demandante ha venido observando el deterioro progresivo de su casa y pese a haber presentado múltiples requerimientos ante la constructora y la administración municipal, no ha obtenido respuestas a las mismas ni soluciones definitivas a los problemas de su vivienda. La Sala analizó el caso planteado bajo el estudio de los siguientes tópicos: i). La acción de tutela en contra de particulares, ii). La acción de tutela como mecanismo subsidiario de protección ante la existencia de un perjuicio irremediable. iii). El derecho a la vivienda digna en conexidad con el derecho a la vida, entre otros y, iv), la naturaleza del derecho de petición y su protección constitucional. Se CONCEDEN lo derechos invocados y se dan una serie de órdenes a las entidades demandadas e involucradas para que realicen diferentes acciones tendientes a garantizar el cumplimiento y efectividad de los mismos.
Recibo Relatoria   7-7-2011 0:00


Item 335    Expediente   T-2892812    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-334/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    BLANCA NIEVES MARTINEZ ESCOBAR VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA

Tema

Seguridad social, mínimo vital, igualdad, vida digna. La accionante, de 64 años de edad, cotizó ininterrumpidamente desde 1968 en diferentes entidades públicas y privadas. Al cumplir los requisitos del régimen de transición, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, pero dicha pretensión fue negada bajo el argumento de no contar con el número de semanas cotizadas requeridas. La actora, luego de realizar los trámites para comprobar el lleno del requisito de las 1000 semanas, procedió nuevamente a solicitar el reconocimiento de la prestación y esta vez, el Instituto la negó, con argumentos diferentes al inicialmente esgrimido. La Sala tutela los derechos invocados y ordena al ISS que proceda, de no haberlo efectuado, a expedir resolución que reconozca la pensión de vejez a la demandante, bajo el régimen de transición y empiece a pagarla con la periodicidad debida, cubriendo además las mesadas correspondientes a los tres últimos años. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   7-7-2011 0:00


Item 336    Expediente   T-2856803    Fecha sentencia   4-5-2011 0:00    Sentencia   T-335/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    HUGO RAMON VASQUEZ CONTRERAS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

En el presente caso el accionante solicitó el amparo definitivo de sus derechos fundamentales supuestamente vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales, al haberle negado la pensión de vejez reclamada conforme a lo señalado en el artículo 10 del Decreto 546 de 1971. La Sala inicialmente entró a determinar la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de derechos pensionales y posteriormente se pronunció sobre el régimen de transición y los regímenes especiales, particularmente en el invocado por el actor. Se concluye que, a pesar de que la acción de tutela es procedente y que el actor pertenece al régimen de transición por tener la edad exigida para ello, no es posible acceder a la petición de reconocimiento y pago de la prestación reclamada, toda vez que, para ser beneficiario de un régimen pensional especial no basta con pertenecer al régimen de transición, sino que también es necesario encontrarse afiliado a dicho régimen en el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Pese a lo anterior, y, por encontrar vulnerado el derecho de petición del actor en relación con el derecho a la seguridad social, se CONCEDE éste amparo y se ordena al ISS expedir una nueva resolución en la que se compute el tiempo laborado por el actor, dando una solución efectiva al problema planteado por la Defensoría del Pueblo, respecto a la realización de cálculo actuarial de los aportes a pensión del actor y la información del trámite a seguir en este aspecto.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 337    Expediente   T-2344138    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-340/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    BANCO DE LA REPUBLICA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SEC. TERCERA SUBSECCION A

Tema

Debido proceso, igualdad. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso de reparación directa contra el Banco de la República, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, emitió una sentencia en la cual declaró administrativamente responsable al Banco por los perjuicios ocasionados al demandante en dicho proceso, como consecuencia de la aplicación de una resolución que establecía la metodología para determinar el valor del UPAC, cuando la misma había sido anulada por el Consejo de Estado. Para el Banco accionante, la sentencia atacada incurre en diferentes defectos de naturaleza sustantiva, orgánica, procedimental y fáctica. La Sala resuelve el caso reiterando jurisprudencia de la Corte en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y las características de los defectos orgánicos, sustantivos, procedimentales y fácticos. Se concluye que el Tribunal accionado al emitir la sentencia atacada, no incurrió en ninguno de los defectos alegados por el actor. NEGADA.
Recibo Relatoria   23-8-2011 0:00


Item 338    Expediente   T-2775397    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-341/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    XIOMARA ALVAREZ SUAREZ VS. COLMENA ARP

Tema

Educación, mínimo vital. La accionante en calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su fallecido padre, reclama el pago de las mesadas que le fueron dejadas de cancelar durante dos años, por COLMENA ARP. La entidad demandada alegó que la obligación pensional se suspendió, cuando la demandante interrumpió sus estudios y dejó de acreditar la condición de estudiante. A fin de resolver el asunto la Sala se pronunció sobre los siguientes tópicos: 1º. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. 2º. La protección del derecho a la sustitución pensional como derecho fundamental y 3º. De la condición de estudiante para acceder a la pensión de sobreviviente. La Sala establece que la demandante cumple con los requisitos prescritos por la legislación vigente para acceder al pago de la pensión reclamada y que la entidad demandada, al interpretar la norma, adicionó un requisito que la misma no prescribe. CONCEDID.
Recibo Relatoria   4-10-2011 0:00


Item 339    Expediente   T-2833248    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-342/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    XX Y YY VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tema


Estabilidad Emocional de los menores. En el caso seleccionado se presentó una situación en la cual el I.C.B.F. hizo entrega a una familia de 2 menores de edad, mediante “acta de colocación familiar hogar amigo” como medida de protección dentro de un proceso de restablecimiento de derechos de los pequeños. Esta entrega se hizo con el fin de proteger a los niños en sus necesidades, de manera temporal, mientras el juez respectivo definía la situación jurídica de los mismos. Transcurridos 10 meses, el Instituto informó a la familia que debía hacer entrega de los niños al día siguiente, situación que no fue compartida por los esposos, en cuanto consideraron que el cambio súbito de ubicación de los infantes, implicaba una vulneración de sus derechos, pues al cabo de 10 meses había surgido entre ellos fuertes lazos de afectividad. La entidad demandada argumentó que dentro del acuerdo de cuidado temporal pactado se especificó claramente como una obligación de los demandantes, que éstos debían entregar los menores cuando el ICBF lo solicitara. La Sala advirtió que en el presente caso se presentó una carencia actual de objeto, porque la orden que pudiera darse carece de sentido en relación con la vulneración alegada. En este sentido no se concede el amparo solicitado, pero se requiere a la demandada para que elabore un protocolo que regule la consideración, forma de aplicación y surtimiento de las etapas necesarias para la implementación de medidas tendientes a modificar el entorno de cuidado temporal de los menores, con el fin de dar un manejo prudencial del componente afectivo que ello supone. NEGADA

Recibo Relatoria   25-7-2011 0:00


Item 340    Expediente   T-2860348    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-343/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZABAL VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE Y OTRO

Tema

Defensa, debido proceso, buen nombre, libertad, dignidad. Tutela contra decisión judicial. Dentro del trámite de un incidente de desacato se impuso al accionado una sanción de tres días y una multa equivalente a un salario mínimo mensual. En grado jurisdiccional de consulta, esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. Para el accionante, la providencia mediante la cual se impuso la sanción de desacato y la que la confirmó, incurren en las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominadas defecto fáctico, defecto procedimental, defecto sustantivo y violación del precedente. La Sala, luego de analizar el caso a la luz de jurisprudencia constitucional relacionada con: i) el inci0dente de desacato; ii). la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que deciden un incidente de desacato y iii) los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, resuelve DENEGAR el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 341    Expediente   T-2890559    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-344/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    ROSA ELISA SANTANDER SANCHEZ VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

Seguridad social, igualdad, mínimo vital. Caso en el que la accionante reclamó ante la entidad demandada, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del causante, con quien contrajo matrimonio en 1981, en la ciudad de Ureña Estado del Táchira, de la República de Venezuela. La prestación solicitada se negó y se confirmó, bajo el argumento de que el matrimonio celebrado no era válido ante la Constitución Política de 1886. De manera posterior, la demandante solicitó el reconocimiento de la prestación, alegando la calidad de compañera permanente y, en esta ocasión, la negativa se dio bajo el pretexto de haberse solicitado la pensión invocando dos calidades tan diferentes como son la de cónyuge sobreviviente y la de compañera permanente. La Sala reitera que la acción de tutela no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y como en el caso concreto no se cumplieron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que eventualmente hacen posible conceder la acción constitucional, como mecanismo para evitar o prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, declaró su IMPROCEDENCIA.
Recibo Relatoria   19-9-2011 0:00


Item 342    Expediente   T-2917429 Y 2935581 ACUMULADOS    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-345/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ALCIRA BLANCO DE ORTEGA Y OTRA VS. COLMEDICA E.P.S. (HOY ALIANSALUD E.P.S. ) Y OTRA

Tema

Salud, dignidad humana. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos estudiados se presentan situaciones en las cuales las respectivas E.P.S. a las cuales están afiliadas las demandantes, se niegan o prestan por una sola vez, el suministro de elementos, medicamentos y exámenes prescritos por sus médicos tratantes, cuando son requeridos de manera prioritaria o constante para la recuperación o tratamiento integral de la salud de las pacientes. La negativa de las Entidades se fundamentó en diferentes circunstancias que no fueron valoradas íntegramente por las instancias de decisión. Al resolver el caso, la Sala reiteró jurisprudencia constitucional relacionada con: i). La salud como derecho fundamental y su protección vía tutela, ii). Carácter integral de la prestación del servicio de salud, iii) los médicos tratantes como competentes para solicitar al Comité Técnico Científico, el estudio y aprobación de los servicios de salud no cubiertos por el POS y iv). La afiliación simultánea al régimen contributivo y al subsidiado no puede implicar la suspensión de la prestación de los servicios médicos requeridos por el usuario, cuando se vulnere el derecho a la vida o a la salud. Se resuelve amparar los derechos invocados e impartir órdenes a las entidades demandadas para que procedan a hacer efectivo el goce de los mismos. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 343    Expediente   T-2836980    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-346/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOSE FERNANDO MORENO CASTRO VS. FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA

Tema

Mínimo vital. En el presente asunto el demandante es una persona que padece SIDA y que interpuso la acción constitucional para que se le reconozca el derecho a la pensión de sobreviviente, por haber sido compañero permanente del causante de la prestación y haber convivido con él de manera continua durante los ocho años anteriores a su muerte. La convivencia con el fallecido la probó mediante declaraciones extrajuicio y aún así, el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima se abstuvo de reconocerle la prestación, porque a su parecer, existía controversia respecto al titular de la misma, en tanto otra persona de sexo femenino realizó igual reclamación, bajo el argumento de ser compañera del causante. La Sala constató que la entidad demandada previamente descartó a la precitada reclamante como beneficiaria de la prestación, tras advertir incompatibilidades significativas en las pruebas aportadas por ella en su reclamación pensional. La Sala concluye que, el accionado se abstuvo de resolver la pensión del demandante sin justificación suficiente y que con dicha actuación vulneró derechos fundamentales, en tanto el actor requería de la prestación reclamada para llevar una vida digna. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena reconocer y pagar al demandante la pensión de sobrevivientes causada por su compañero, pero se advierte al demandante que queda con la carga de intentar ante la justicia una acción ordinaria, para que resuelva si él tiene el derecho a recibir la pensión otorgada, o si quien tiene este derecho es la otra peticionaria. En el evento en que no se intente dicha acción en los cuatro meses siguientes a la notificación de la presente sentencia, cesarán los efectos de la misma.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 344    Expediente   T-2892462    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-348/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    IRMA CONTRERAS MARTINEZ VS. MINISTERIO DE HACIENDA - OFICINA DE BONOS PENSIONALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social. La accionante cotizó al Sistema General de Pensiones en dos regímenes; en el de prima media lo hizo de manera discontinua por cerca de 16 años y, en el de ahorro individual con solidaridad, alcanzó a acreditar un total de 399 semanas. En el 2009, la actora solicitó a Protección S.A. la devolución de saldos correspondientes a su cuenta de ahorro individual y la entidad respondió negativamente, bajo el argumento de estar excluida de dicho régimen, por cuanto para el 1º de abril de 1994 contaba con 64 años de edad y no había cotizado 500 semanas, después de su traslado del régimen de prima media, lo que impedía la negociación del bono pensional. Como resultado de una orden impartida en un fallo de tutela, COLFONDOS pagó a la demandante las sumas acumuladas en su cuenta de ahorro individual, sin el monto del bono pensional, por cuanto la emisión de éste correspondía a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda. La accionante cuente con 81 años de edad y además tiene una pérdida progresiva de la capacidad visual total, equivalente al 98%, lo que le impide continuar cotizando al sistema para completar las 101 semanas faltantes. En sede de revisión se analiza el caso a la luz de la jurisprudencia existente sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales y la aplicación del principio constitucional de equidad, en la interpretación del literal b) del artículo 61 de la ley 100 de 1993. Se concede el amparo al derecho invocado y se ordena al accionado redimir y pagar el bono pensional a favor de la demandante. CONCEDID.


Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 345    Expediente   T-2902418    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-349/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL VILLA ESTRADA VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Integridad, salud, salud sexual. Según el accionante, su pene tiene una malformación consistente en una torcedura al tener erección. En una radiografía ordenada por su médico tratante el resultado salió normal, pero dado las continuas molestias que continuaba presentando, fue al urólogo quien le diagnosticó leucoplasia del pene o enfermedad de peyrionie, con curvatura del pene de 46 grados hacia el lado izquierdo El médico especialista ordenó la práctica de una intervención quirúrgica denominada corrección de curvatura del pene, pero el Comité Técnico Científico de la entidad demandada se negó a prestar el servicio, bajo el argumento de que sólo pueden ser autorizados servicios de salud no incluidos en el POS, cuando exista un riesgo inminente para la vida o la salud del paciente, situaciones que a su parecer, no se presentaban el caso del accionante. La Sala decide tutelar al demandante y ordenar a la E.P.S. COOMEVA, que practique la intervención quirúrgica sugerida por el urólogo, pero autorizando el recobro ante el FOSYGA, de los costos en que incurra y que en virtud de la legislación vigente, no le corresponda asumirlos. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   22-7-2011 0:00


Item 346    Expediente   T-2903079    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-350/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    CESAR JULIO VALENCIA COPETE VS. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Tema

Caso en que el demandante considera que la decisión del Procurador Auxiliar de remitir los documentos de una queja que él presentara en contra del Secretario de Prensa de la Presidencia de la República, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, así como la del Procurador General de confirmar tal envío, violó sus derechos constitucionales al debido proceso, al acceso a la justicia y al derecho de solicitar de las autoridades competentes la sanción de los servidores públicos que se derive de su comportamiento ilegal. A juicio del actor, las decisiones de esos funcionarios incurrieron en una vía de hecho, entre otras situaciones, porque se asumió una competencia que no le correspondía legalmente al funcionario auxiliar y porque se decidió el caso con base en normas inconstitucionales. La Sala, luego de determinar la procedencia de la acción de tutela se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Características del derecho disciplinario a la luz de la jurisprudencia constitucional. 2º. El rol del Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público. 3º. Los principios y fines de la función de juzgar, en especial en casos disciplinarios y 4º. Cuáles violaciones al derecho constitucional al debido proceso en el contexto de procesos disciplinarios han sido identificados en la jurisprudencia. Se concluyó que efectivamente existió una violación al debido proceso constitucional dentro del contexto del proceso disciplinario y una consecuente violación al derecho de acceso a la justicia. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efectos todo lo actuado en el proceso disciplinario a partir del auto que ordenó la remisión a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y se ordena a la entidad demandada que adopte las medidas adecuadas y necesarias para tramitar la queja presentada por el accionante.


Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 347    Expediente   T-2878204    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-351/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ICFES VS. JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE POPAYAN Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El ICFES interpuso la demanda de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación directa en las cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de perjuicios morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas adolecen de una motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede llegar a un grave detrimento del erario público. SE CONCEDE el amparo invocado y se deja sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo referente a la tasación de perjuicios morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial dictar sentencia de reemplazo.
Recibo Relatoria   13-12-2011 0:00


Item 348    Expediente   T-2911909    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-352/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    GRACIELA ESPERANZA RODRIGUEZ BERNAL VS. POLICIA NACIONAL Y OTRO

Tema

Mínimo vital, vida digna. La demandante actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos, presentó la acción de tutela porque su cónyuge se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, en estado de inconsciencia, entubado, bajo sedantes y con trauma cráneo cefálico severo y al solicitar en su nombre, el pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2010, su petición fue supeditada a la presentación de un informe de epicrisis emitido por la entidad hospitalaria y a una certificación de beneficiaria, expedida por el Grupo de Talento Humano de la Policía Nacional La copia de la historia clínica no le fue entregada por ser un documento sometido a reserva y respecto a la certificación, le fue informado que debía adelantar un proceso ante la jurisdicción de familia, para que fuera designada como curadora especial y poder actuar en representación de su esposo. La Sala colige que, si bien la accionante tiene la posibilidad de iniciar un proceso ante la jurisdicción de familia para debatir por esa vía la designación de la curaduría provisional o permanente de su esposo, también es cierto que en el caso concreto es procedente la tutela porque se debe evitar un perjuicio irremediable a sujetos de especial protección constitucional. Se resuelve conceder la tutela para amparar los derechos fundamentales invocados y se reconoce como mecanismo transitorio, el pago de los salarios del cónyuge a la accionante. CONCEDID.


Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 349    Expediente   T-2892198    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-353/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS HUMBERTO VERBEL PAUTT VS. CLUB CARTAGENA

Tema

Petición, seguridad social, mínimo vital. El accionante es mayor de 60 años, tiene una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 50.76% y dependía económicamente de su padre, quien era titular de una pensión de vejez. Tras fallecer su progenitor, el actor solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional y esta pretensión fue denegada por parte del Club Cartagena, bajo el argumento de haber fenecido la obligación de continuar cancelando la mesada pensional, porque dicho compromiso debía ser asumido por el ISS. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la sustitución pensional. 2º.reconocimiento de la sustitución pensional a favor del hijo discapacitado que dependía económicamente de su padre y 3º. Compatibilidad y compartibilidad pensionales. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al Club accionado iniciar las gestiones pertinentes para reconocer y pagar la sustitución pensional reclamada, pago que deberá incluir las mesadas adeudadas desde la muerte del causante y las generadas hasta que la jurisdicción laboral adopte una decisión definitiva sobre el particular.
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 350    Expediente   T-2894851 Y T-2902700 ACUMULADOS    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-354/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CAROLINA DUQUE LAVERDE y HENRY FORERO HERNANDEZ VS. COOMEVA E.P.S. Y SALUD TOTAL E.P.S

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos analizados los accionantes padecen diferentes patologías asociadas a la obesidad mórbida que presentan. Luego de varias valoraciones médicas, les fue ordenada la práctica del tratamiento quirúrgico bariátrico tipo By Pass Gástrico por técnica de laparoscopia. Tanto la E.P.S. COOMEVA como SALUD TOTAL E.P.S negaron el procedimiento, bajo los argumentos de estar excluido del POS, no contar con la aprobación del Comité Técnico Científico ó la no inexistencia de una prescripción que ordene la cirugía pretendida. Los demandantes solicitan aparte de la práctica del procedimiento quirúrgico, que se les exonere del pago de las cuotas moderadoras y copagos que se llegaran a generar con ocasión de la misma. La Sala hace un análisis jurisprudencial de temas relacionados con: i). el derecho fundamental a la salud y la procedencia de la acción de tutela para su protección, ii). La inclusión del procedimiento denominado By Pass Gástrico por Laparoscopia en el POS, iii). La orden médica del profesional tratante frente al criterio del Comité Técnico Científico y iv). La prescripción médica emitida por un profesional no adscrito a la E.P.S.. Se concede el amparo de los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes a las distintas E.P.S. demandadas, para que procedan a hacer efectivo el cumplimiento y goce de los mismos. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   13-7-2011 0:00


Item 351    Expediente   T-2890217    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-355/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    EFRAIN LOAIZA VALENCIA VS. CAPRECOM E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. El accionante estaba recluido en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Manizales y el médico tratante de la E.P.S S CAPRECOM le ordenó una incapacidad de 8 días en su celda, para tratar la tos con sangrado que hacía cinco meses lo estaba aquejando. A juicio del demandante, la E.P.S. accionada debió remitirlo durante el término de la incapacidad a una clínica y no a su celda, pues en dicho lugar no se cuenta con la asistencia médica requerida. También se alegó la falta de valoración por parte de médico especialista en otorrinolaringología, por la demora y la negligencia de los servidores públicos que de una u otra manera estaban comprometidos, en el trámite administrativo para expedir las autorizaciones respectivas. Se reitera jurisprudencia sobre la relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad frente al Estado; el derecho fundamental a la salud de los internos y la obligación del Estado para garantizarlo. En sede de revisión, la Sala conoció sobre el fallecimiento del actor y en consecuencia declaró la carencia actual de objeto por daño consumado. Pese a lo anterior, previno al INPEC y al Establecimiento Carcelario de Manizales, respecto al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales y la protección de los derechos fundamentales de los reclusos.


Recibo Relatoria   5-9-2011 0:00


Item 352    Expediente   T-2858448    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-356/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUZ ADRIANA MOLINA DUQUE VS. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS

Tema

Vivienda digna. La demandante es una persona desplazada y junto con su núcleo familiar se encuentra inscrita en el RUPD. FONVIVIENDA ha rechazado en varias oportunidades su postulación para acceder a un subsidio familiar, argumentando que, como consecuencia de un cruce de información entre diferentes entidades, ella aparece como beneficiaria de un subsidio de vivienda asignado por el FOREC. Para la Sala, la demandante no está inhabilitada para recibir el subsidio pretendido, toda vez que en su caso particular se presentó una situación en la que efectivamente fue beneficiaria de una ayuda previa de vivienda, pero por concepto de arrendamiento y como afectada del fenómeno natural que ocurrió en el Departamento del Quindío en el año 1999, mientras que el beneficio solicitado ante FONVIVIENDA es por su condición de desplazada. Se CONCEDE el amparo impetrado, bajo la condición de demostrar que se encuentra enfrentada a un problema habitacional por circunstancias sobrevinientes que la obligaron a abandonar su vivienda y a desplazarse a otro lugar como víctima del desplazamiento forzado.
Recibo Relatoria   8-2-2012 0:00


Item 353    Expediente   T-2847989    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-357/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    MARTHA CECILIA MENDOZA DUARTE VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, igualdad, buen nombre, acceso a la administración de justicia. Auto 100. Tutela contra providencia judicial. Se presenta la acción de tutela contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y del Juzgado Penal del Circuito de Bucaramanga, por la vulneración de derechos fundamentales en virtud a la condena penal que se le impuso a la accionada por el delito de falsedad en documento privado, por una actuación que se le atribuyó en su calidad de liquidadora dentro de un proceso liquidatorio. Se aduce que, en las providencias penales condenatorias, los falladores incurrieron en defectos sustancial y fáctico. Luego de abordar el tema de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala decide NEGAR el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   1-10-2012 0:00


Item 354    Expediente   T-2839245    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-358/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    EFRAIN ZEA TRUJILLO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

Tema

Trabajo, debido proceso, doble instancia. Tutela contra sentencia judicial. El accionante alega que el Tribunal demandado vulneró sus derechos fundamentales y los de su poderdante, al no haber resuelto previamente la solicitud de aplazamiento de la audiencia de sustentación del recurso de apelación impetrado en contra de la sentencia que condenó a su cliente y, por haber realizado la audiencia declarando desierto el recurso por la ausencia del abogado defensor, al no encontrar justificada la excusa que presentó para solicitar el aplazamiento de la diligencia. La Sala encuentra que en el presente caso no se puede emplear la acción de tutela para revivir oportunidades procesales que hubieran permitido subsanar los yerros cometidos en el curso del proceso penal, menos cuando ellos derivan de insuficiente diligencia, atribuible a un apoderado judicial de las partes. NEGADA POR IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   20-10-2011 0:00


Item 355    Expediente   T-2815439    Fecha sentencia   5-5-2011 0:00    Sentencia   T-359/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ARMINDA SUSANA MESTRA DE RUIZ Y OTROS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA Y OTROS

Tema

Intimidad personal y familiar. Los accionantes viven en una zona residencial del municipio de Montería, el cual está ubicado de manera aledaña a un sector comercial en el cual existen varios establecimientos públicos en donde se expende licor, utilizan altoparlantes y se propicia la realización de actividades ruidosas, que les afecta notablemente su tranquilidad, intimidad y descanso. A juicio de los demandantes, las autoridades administrativas del municipio no realizan los controles necesarios para evitar las alteraciones del orden público y el ruido que producen los establecimientos comerciales aludidos. Se concede el amparo de los derechos fundamentales invocados por los demandantes y se ordena al Alcalde de Montería coordinar acciones que permitan regularmente la medición de los decibeles en las viviendas de los acionantes, hasta que se tomen las medidas que se requieran para cesar definitivamente la perturbación por ruido. Así mismo se ordena a las regionales de la Personería y la Defensoría del Pueblo, que dentro del ámbito de sus competencias, vigilen el cumplimiento de las decisiones adoptadas. CONCEDID.
Recibo Relatoria   5-9-2011 0:00


Item 356    Expediente   T-2861086    Fecha sentencia   6-5-2011 0:00    Sentencia   T-360/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA VS. JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, igualdad, defensa. Tutela contra providencia judicial. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado inició ante el juzgado demandado un proceso de expropiación de un terreno de propiedad de la Corporación Club los Lagartos, con el objeto de ejecutar el proyecto de canalización y terraceo del río Salitre. Con la presente acción de tutela se pretende la revocatoria de lo actuado desde la presentación de una segunda aclaración del informe de la perito, bajo el argumento de que el despacho judicial incurrió en un defecto fáctico por no valorar las pruebas referentes al avalúo de la indemnización y al proferir sentencia sin motivación clara, expresa y exigible. Se aduce igualmente que, dentro del proceso existen dos peritajes en firme y por tanto, es necesario que el accionado tome las medidas pertinentes para establecer la veracidad de los dictámenes, con base en un nuevo avalúo de indemnización efectuado por el IGAC. Luego de reiterar jurisprudencia sobre la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y de esbozar la caracterización de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto como causales de dicha procedibilidad, la Sala concluye que con el fallo atacado si hubo vulneración de derechos de la EEAA. Se CONCEDE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   29-5-2012 0:00


Item 357    Expediente   T-2829186 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   6-5-2011 0:00    Sentencia   T-361/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JUAN RAMON PEREZ RODRIGUEZ Y OTROS VS. ISS SECCIONAL ATLANTICO Y OTROS

Tema

Seguridad social, trabajo, debido proceso, igualdad. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Con la presente sentencia la Sala de Revisión reitera jurisprudencia de la Corporación, mediante la cual se establece que la indexación de la primera mesada pensional es un derecho constitucional que se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo, indistintamente de tener origen legal o convencional. Se indica en el fallo, que le corresponde a los empleadores al momento de tomar el ingreso base para la liquidación de la pensión, indexar la primera mesada so pena de que la persona afectada acuda a las vías administrativas y judiciales, entre las que se haya la acción de tutela, como mecanismo para hacer valer sus derechos. Al conceder el amparo en dos de los procesos acumulados, se precisa que el reajuste resultante se debe aplicar hacia el futuro y retroactivamente, frente a las mesadas a las cuales, a la fecha de interposición de las respectivas acciones de tutela, no hubiese operado el fenómeno de la prescripción.
Recibo Relatoria   19-12-2011 0:00


Item 358    Expediente   T-2899768    Fecha sentencia   6-5-2011 0:00    Sentencia   T-362/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALVARO ALZATE DUQUE VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS -

Tema

Mínimo vital, seguridad social. El accionante es una persona de 68 años de edad que asegura haber cotizado durante toda su vida laboral al ISS. Al considerar que reunía los requisitos legales elevó ante el Instituto accionado la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, petición que fue negada bajo el argumento de no reunir las semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ya que sólo contaba con 874 semanas. Para el peticionario, el ente demandando no tuvo en cuenta los períodos cotizados entre 1º de diciembre de 1980 y el 31 de diciembre de 1994, por el hecho de que el empleador no efectuó los aportes correspondientes. La Sala analiza jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez; la mora del empleador en el pago de las cotizaciones pensionales y la obligación de las entidades administradoras de cobrar las no transferidas. Se resuelve conceder la tutela y ordenar al ISS reconocer y pagar la pensión de vejez al actor. CONCEDID.
Recibo Relatoria   6-9-2011 0:00


Item 359    Expediente   T-2892445    Fecha sentencia   6-5-2011 0:00    Sentencia   T-363/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM, SV MGC
Demandante / Demandado    CLAUDIA PATRICIA ROMERO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA DE DESCONGESTION

Tema

Debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso ordinario laboral iniciado por la actora en contra de la Compañía Suramericana de Seguros de vida S.A., cuya pretensión era conseguir el reconocimiento de una sustitución pensional que había sido negada bajo el argumento de no depender económicamente de forma total y absoluta de su causante hijo, el Tribunal accionado decidió revocar la sentencia de primera instancia y absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas. A juicio de la actora, la decisión que se ataca incurrió en defectos sustantivo y fáctico, careció de motivación, desconoció el precedente y violó de manera directa la Constitución. Para resolver el asunto la Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, analiza de manera específica los defectos sustantivo y fáctico como causales específicas de procedencia y recuerda el concepto de dependencia económica establecido en la sentencia C-111/06, a efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes. Se CONCEDE el amparo solicitado, se revoca la decisión de segunda instancia proferida dentro del proceso ordinario y en su lugar se confirma el fallo de primera instancia, en el cual se condenó a la compañía aseguradora a reconocer a favor de la demandante el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, en su calidad de madre legítima del pensionado fallecido, en cuantía del 100% de la mesada pensional por invalidez que venía percibiendo el causante.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 360    Expediente   T-2894178    Fecha sentencia   9-5-2011 0:00    Sentencia   T-364/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    DUMER MAJIN PAPAMIJA VS. JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE BOLIVAR CAUCA

Tema

Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. El accionante es un indígena Yanakoma que pertenece al resguardo Kakiona del municipio de Almaguer (Cauca), contra quien adelantaron un proceso penal en el cual lo declararon como persona ausente. El accionante se enteró que habían adelantado la causa y dictado sentencia condenatoria en su contra, donde lo declaraban penalmente responsable del homicidio de otro indígena de su comunidad, 8 años después cuando fue capturado y tuvo que afrontar una pena privativa de la libertad. El demandante alega que no recibió notificación en ninguna etapa procesal, lo que le impidió tener conocimiento del caso, lo privó de la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y a recurrir la decisión. Así mismo adujo, que la pena impuesta desconoció los usos y costumbres indígenas, con lo que se generó un desarraigo de su núcleo familiar y de las tradiciones propias de su cultura. Luego de analizar la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, la Sala concluyó que la autoridad judicial demandada omitió determinar que el competente para dirimir la situación penal controvertida, era la jurisdicción especial indígena. Se tutela el derecho invocado por el accionante y se decreta la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso penal adelantado en su contra. Igualmente, se establece que el competente para conocer el caso es la autoridad indígena respectiva del resguardo al que pertenece el actor, quien dentro del marco de sus atribuciones y competencias debe adelantar los trámites a que haya lugar. CONCEDID.
Recibo Relatoria   4-10-2011 0:00


Item 361    Expediente   T-2908702    Fecha sentencia   9-5-2011 0:00    Sentencia   T-431/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    ABICINIA LLANES BENITEZ VS. CAJANAL ADMINISTRADA POR EL PATRIMONIO AUTONOMO BUEN FUTURO

Tema

Debido proceso, seguridad social, vida digna, mínimo vital, tercera edad. La accionante reclama el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a causa del fallecimiento de su compañero permanente, con quien convivió los últimos 40 años antes de su deceso. Su pareja ostentaba la calidad de pensionado a cargo de CAJANAL y era quien velaba económicamente por la familia, compuesta además, para la época, octubre de 1990, por dos menores de edad. La entidad demandada le negó la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que al momento del fallecimiento se encontraba vigente un vínculo matrimonial con otra persona, sin que obrara sentencia judicial de separación de cuerpos. La prestación se reconoció a favor de los entonces hijos menores, pero únicamente hasta el momento en que alcanzaron su mayoría de edad, esto es abril de 1993 y diciembre de 1995. En varias oportunidades la actora ha solicitado a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión, peticiones que ha respaldado con los documentos que le han sido exigidos y con las pruebas testimoniales que acreditan su condición de compañera permanente del titular de la pensión, pero no ha logrado respuesta favorable a sus requerimientos. Para decidir la Sala examina el caso, desarrollando la siguiente temática: 1º. Posible incidencia en el asunto del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte en sentencia T-016/10 en CAJANAL. 2º. La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales. 3º. El derecho a la seguridad social para los ancianos, teniendo en cuenta el tema de la vida probable y su relación con el mínimo vital. 4º. La relevancia constitucional del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a las personas de la tercera edad como sujetos de especial protección constitucional y 5º. Los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con la sentencia T-1094/03. Se decide tutelar los derechos invocados y se ordena a la accionada que adopte las medidas necesarias para reconocer y hacer efectivo el derecho de la accionante a recibir la pensión que correspondía a su compañero permanente. CONCEDID.
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 362    Expediente   D-8250    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   C-366/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC, SV GEMM, AV JIPC, SPV HASP, SPV LEVS
Demandante / Demandado    GUSTAVO GALLON GIRALDO Y OTROS VS. LEY 1382 DE 2010

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 1382 de 2010. Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas. Para los demandantes, la Ley 1382 de 2010 es inexequible en su integridad, como quiera que viola los artículos 2, 7, 40 y 330 de la Constitución, al igual que el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consideran hace parte del bloque de constitucionalidad. Lo anterior, porque no fue consultada a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de la radicación del proyecto de ley por parte del Ministerio de Minas y Energías, ni durante su trámite en el Congreso. La Corte precisó que, como la ley demandada contiene decisiones legislativas que inciden directamente en la exploración y explotación de recursos mineros en territorios de las comunidades étnicas, su expedición debió estar precedida de espacios de participación para dichos pueblos, y por tratarse de medidas legislativas que las afectan directamente, debieron someterse al trámite de consulta previa. La Corte también consideró las consecuencias del retiro inmediato de la ley y paralelamente decidió diferir los efectos de la declaratoria de su inexequibilidad por el término de dos años. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   28-7-2011 0:00


Item 363    Expediente   D-8277    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   C-367/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV MVCC, AV LEVS, AV HASP
Demandante / Demandado    GUILLERMO LEON HENAO GOMEZ VS. LEY 1382 DE 2010

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra de la Ley 1382 de 2010. Modificatoria de la Ley 685 de 2001. El demandante sostiene que la norma demandada vulnera varios artículos de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT, porque no se surtió el trámite de la consulta previa a las comunidades indígenas. La Corte estima que por haberse resuelto la demanda de la Ley 1382 en la Sentencia C-366/11 sobre el mismo cargo, se configura en el caso concreto el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Se resuelve ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-366/11 que declaró la inexequibilidad de la ley 1382 de 2010.
Recibo Relatoria   31-8-2011 0:00


Item 364    Expediente   D-8245    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   C-368/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    OSCAR ALFONSO RUEDA GOMEZ Y OTRO VS. LEY 1394 DE 2010, ARTICULOS 1, 3 Y 5

Tema

Ley 1394 de 2010. Por la cual se regula el Arancel Judicial. Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 3º y 5º. Los actores estructuran la demanda aduciendo que al establecer un arancel judicial a cargo del demandante dentro de los procesos ejecutivos, civiles, comerciales y contenciosos administrativos, cuando del monto de las pretensiones ha sido estimado en una suma igual o superior a los doscientos salarios mínimos, con destino a sufragar los gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia, desconocen los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia, igualdad y gratuidad, así como también los principios de equidad y progresividad que orientan el sistema tributario. La Corte reiteró lo señalado en la sentencia C-713/08 en la que concluyó que el arancel judicial tiene la naturaleza de una contribución parafiscal, que es la mima naturaleza del Arancel contemplado en la norma demandada, que para nada desconoce los principios de gratuidad y acceso a la administración de justicia, en la medida que se trata de una contribución que resulta razonable y proporcionada a la finalidad que persigue. Se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados, el primer inciso del artículo 1º, el primer inciso del artículo 3º y la expresión “El Arancel Judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos…” del artículo 5º de la Ley 1394 de 2010.
Recibo Relatoria   8-9-2011 0:00


Item 365    Expediente   D-8252    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   C-369/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    OSCAR ALFONSO RUEDA GOMEZ VS. LEY 1393 DE 2010, ARTICULOS 26,27, 28

Tema

Ley 1393 de 2010. Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. Demanda de Inconstitucionalidad de los artículos 26, 27 y 28. Para la Sala, los argumentos expresados por el demandante no permiten cotejar las normas impugnadas con los preceptos superiores presuntamente infringidos y advierte que tampoco le compete crear ni elaborar los fundamentos jurídicos de la pretensión de inexequibilidad. En conclusión, las razones esbozadas por el actor adolecen de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, circunstancias que la conducen a declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de mérito.


Recibo Relatoria   5-7-2011 0:00


Item 366    Expediente   D-8202    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   C-370/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CARLOS GERMAN FARFAN PATIÑO VS. LEY 1386 DE 2010

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra de la Ley 1386 de 2010. Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones. Para el actor, la ley demandada fue objeto de conciliación y en consecuencia, debió surtir el trámite que para el efecto establecen los artículos 161 de la Constitución y 188 del reglamento del Congreso. A juicio del demandante, durante el trámite surtido en la Cámara de Representantes el proyecto inicial presentado por el Gobierno Nacional no sufrió modificación alguna, en tanto que en el Senado, el mismo fue modificado o adicionado en un parágrafo mediante el cual se estipuló que los contratos de concesión diferentes a los tributarios, tales como los de infraestructura vial o los de los servicios públicos, no son objeto de la presente ley. Para la Corte, tratándose del caso concreto, no podía la comisión de conciliación incluir el parágrafo como objeto de su labor conciliadora, pues, según lo ha destacado la Corte, se incurre en exceso cuando una comisión accidental incluye “en el informe que sería sometido a consideración de las plenarias como artículo nuevo, un precepto que no debatido y por ende tampoco aprobado en segunda vuelta por una de las Cámaras. Se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados, la Ley 1386 de 2010.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 367    Expediente   D-8301 Y D-8322    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   C-371/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    EDGAR SAAVEDRA ROJAS Y OTROS VS. LEY 1395 DE 2010, ARTICULOS 90. 91, 98, 101 (PARCIALES) Y 122

Tema

Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91, 98, 101 (parciales) y 122 Se acumulan dos expedientes para tramitar y decidir conjuntamente las demandas. Las normas acusadas hacen relación al tramite de los recursos de apelación contra autos y contra sentencias en el proceso penal y sobre la oportunidad para interponerlos Los demandantes consideran que los preceptos demandados son violatorios de los derechos al debido proceso, la favorabilidad, la doble instancia, el acceso a la administración de justicia, al principio acusatorio previsto en el artículo 250 de la Carta y, a las normas del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, relativas al debido proceso y al derecho de defensa. Para la Sala, las consideraciones de los demandantes no configuran un reproche de naturaleza constitucional, fundado en un análisis sobre el contenido de normas superiores que se estiman quebrantadas y su confrontación con los preceptos legales que se acusan. Se decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-250/11, que declaró EXEQUIBLE por los mismos cargos, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 y declarar EXEQUIBLES el artículo 122 y el inciso primero del artículo 91 de la norma acusada. Respecto a los cargos formulados contra el inciso primero del artículo 98 y el inciso primero del artículo 101 de la Ley 1395, se declara INHIBIDA para pronunciarse sobre ellos..
Recibo Relatoria   13-7-2011 0:00


Item 368    Expediente   D-8467    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   C-746/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JULIAN ARTURO POLO ECHEVERRY VS. CODIGO CIVIL, ARTICULO 154 NUMERAL 8 (PARCIAL), MODIFICADO POR LA LEY 25 DE 1992

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 154 numeral 8 (parcial), del Código Civil, modificado pro el artículo y de la Ley 25 de 1992. Para el actor el aparte demandado vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política, al establecer como una de las causales objetivas de divorcio la separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por más de dos años, sujetando al transcurso del período indicado la libre elección del cónyuge de continuar o no con el vínculo matrimonial. Para la Sala, la exigencia de dos años de separación corporal de los cónyuges para su invocación como causal de divorcio, es una limitación temporaria y no una medida que vacíe o anule la dignidad o el derecho del cónyuge separado, ni representa una restricción desproporcionada de su autonomía para elegir libre y responsablemente el estado civil que le plazca u optar por la conformación de una nueva relación sentimental o de familia. Se declara EXEQUIBLE el aparte acusado por el cargo analizado.
Recibo Relatoria   1-12-2011 0:00


Item 369    Expediente   T-2890212    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   T-347/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    GLADIS CALERO EN REPRESENTACION DE SU HERMANO ARNOLDO CAMACHO CALERO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL VALLE

Tema

Petición, seguridad social, dignidad, mínimo vital. La accionante presenta la tutela a favor de su hermano, quien es una persona que tiene demencia, sordomudez y estrabismo congénitos de carácter permanente. Refiere que solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de su hermano por ser hijo del señor Hernando Camacho, quien había muerto en 1971 y le había dejado dicha pensión a su cónyuge, quien también falleció en el año 2003. El instituto le negó la petición por no existir prueba que demostrara la filiación entre su hermano y el señor Camacho y con fundamento en dicha respuesta, se inició un proceso de filiación en el cual se declaró que su hermano era efectivamente hijo extramatrimonial del señor Hernando Camacho. Con esta declaratoria, la actora elevó tres derechos de petición al ISS para solicitar de nuevo el reconocimiento y pago de la pensión para su hermano, sin que le resolvieran de fondo la solicitud. En la resolución del caso se concede el amparo invocado y se ordena al ISS reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor del agenciado, cancelando las mesadas pensionales con retroactividad, desde el 5 de noviembre de 2009.
Recibo Relatoria   1-6-2011 0:00


Item 370    Expediente   T-2933450 Y 2936858    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   T-374/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ARMANDO ENRIQUE BASTIDAS Y OTRA VS. INPEC

Tema

Unidad familiar. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso los accionantes solicitan el amparo al derecho fundamental a la unidad familiar, por cuanto sus respectivos cónyuges se encuentra purgando penas en establecimientos carcelarios ubicados en ciudades distantes a sus sitios de residencia, con lo que se les dificulta realizar visitas y fomentar encuentros con los hijos menores de edad, que existen en los casos estudiados. Los demandantes solicitaron al INPEC realizar el traslado de sus parejas a sus respectivas ciudades y en un caso no hubo pronunciamiento alguno y en el otro, se respondió negativamente la petición, bajo el argumento de que la persona que está condenada tiene limitaciones en el ejercicio de algunos derechos fundamentales y que el Estado, no es responsable de los efectos negativos que genere su conducta en el entorno familiar. Para resolver el caso la Sala examinó la siguiente temática: i). el derecho fundamental de los niños y niñas a tener una familia y no ser separados/as de ella, ii). La restricción del derecho a la unidad familiar en el caso de los reclusos y, iii). La facultad del INPEC para realizar el traslado de internos. Analizados los casos, la Sala encuentra diferencia en los mismos en cuanto al tiempo de reclusión que llevan los internos, delitos cometidos y término de la condena, por lo que decide amparar el derecho invocado en un caso y denegarlo en el otro. En este último caso se advierte al INPEC que de presentarse una nueva petición o cambiar las situaciones de traslado del interno, se deberá ponderar tanto las condiciones de seguridad del traslado, como el acercamiento del interno a su grupo familiar, en la medida que colateralmente estén involucrados los derechos de los hijos menores de éste.
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 371    Expediente   T-375/11    Fecha sentencia   11-5-2011 0:00    Sentencia   T-375/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ULISES SOTO AVILEZ VS. CRISTOBAL CUELLAR QUEVEDO

Tema

Salud, vida, seguridad social, mínimo vital, estabilidad laboral. El accionante suscribió un contrato de trabajo a término fijo por tres meses, para desempeñarse como mayordomo de una finca del demandado. Este contrato tuvo varias prórrogas y en cada una de estas, fue liquidado junto con sus prestaciones sociales. En desarrollo de sus actividades laborales sintió un dolor que lo llevó a consulta médica y en esta le fue diagnosticada una lumbalgia, la cual le produjo fuertes dolores y varias incapacidades continuas. Para la última incapacidad, su empleador se negó al pago de la misma, bajo el argumento de que debía ser asumida por la E.P.S. de manera directa y sin intermediarios, hasta que se decidiera sobre la pensión por invalidez o la indemnización. Así mismo, recibió comunicación escrita en la cual le informaban la fecha de vencimiento de su contrato y la no prórroga del mismo. Luego del análisis, la Sala resuelve conceder el amparo solicitado por el actor y declarar la ineficacia del despido, ordenando así mismo el reintegro del demandante al cargo que desempeñaba o a otro que sea conforme a sus condiciones físicas actuales, mientras se determina sobre la pérdida de la capacidad laboral por parte de las autoridades correspondientes y se resuelva lo pertinente a la situación de discapacidad física. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 372    Expediente   D-8274    Fecha sentencia   12-5-2011 0:00    Sentencia   C-372/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV MVCC, SV HASP
Demandante / Demandado    JORGE LUIS PABON APICELLA VS. LEY 1395 DE 2010, ARTICULO 48

Tema

Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 48. El artículo acusado establece que sólo serán susceptibles del recurso de casación en materia laboral, los procesos cuya cuantía exceda de 220 veces el salario mínimo legal mensual vigente. A juicio del demandante, la disposición contenida en el artículo atacado desconoce el principio de igualdad, vulnera el derecho al acceso de la administración de justicia, así como los de libertad, dignidad humana y demás derechos de los trabajadores. La Corte determina que la cuantía de 220 SMLMV establecida en el artículo 48 de la ley 1395 de 2010 es contraria a la Constitución y vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. En consecuencia, no se entiende modificado el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y por ende, queda rigiendo la cuantía regulada en la Ley 712 de 2001, esto es 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. INEXEQUIBLE.


Recibo Relatoria   10-8-2011 0:00


Item 373    Expediente   D-8264    Fecha sentencia   12-5-2011 0:00    Sentencia   C-373/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    YESID ROJAS NEIRA VS. LEY 940 DE 2005, ARTICULOS 4, 7, 10, 12 Y 13 (PARCIALES)

Tema

Ley 940 de 2005. Por la cual se expiden normas sobre requisitos para el desempeño de cargos en la Jurisdicción Penal Militar. Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 4, 7, 10, 12 y 13 (todos parciales). Los artículos atacados hacen referencia a los requisitos generales y especiales para acceder a los cargos de Magistrados de Tribunal Superior, Fiscal Penal Militar, Juez de Primera Instancia Penal Militar, Fiscal Penal militar ante los Juzgados de Primera Instancia, Auditor de Guerra y Juez de Instrucción Penal Militar en la jurisdicción penal militar Para el demandante, los apartes acusados vulneran los artículos 221 y 243 de la Constitución, por cuanto se configura una omisión legislativa relativa, con la cual se vulneran las garantías que se les brindan a los acusados para que éstos sean investigados y juzgados por sus pares y además, porque en el asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, derivada de un pronunciamiento anterior de esta Corporación. La Corte considera que no se incurrió en una omisión legislativa relativa por no haberse establecido la exigencia de ser oficial en servicio activo o en retiro de las fuerzas militares para los cargos de fiscal penal militar y juez de instrucción penal militar, pues existen razones de fondo para un trato diferenciado, máxime cuando se trata de funcionarios de la jurisdicción penal militar que no ejercen funciones de juzgamiento. Se declaran EXEQUIBLES por los cargos analizados, los segmentos demandados de los artículos 4. 7,10 y 12 y frente al aparte demandado del artículo 13, se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda.
Recibo Relatoria   1-9-2011 0:00


Item 374    Expediente   T-2874103    Fecha sentencia   12-5-2011 0:00    Sentencia   T-376/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    GLADYS RODRIGUEZ COMO AGENTE OFICIOSA DE JULIO MEDINA ACOSTA VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL ISS

Tema

Seguridad social. La demandante actúa como agente oficioso de su esposo, quien tiene 46 años de edad y padece la enfermedad de Huntigton. Se refiere en la demanda, que a raíz de dicha patología le fue calificado por el médico laboral del ISS, una pérdida de su capacidad laboral en un 72.2%, con fecha de estructuración de la invalidez, el 5 de marzo de 2005. Con base en dicho dictamen, se solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, pero la petición fue negada bajo el argumento de no cumplirse ninguno de los requisitos exigidos por la Ley 860 de 2003. Las dos instancias de decisión declararon la improcedencia de la tutela, una por no existir vulneración al mínimo vital del actor y la otra, por existir otro mecanismo de defensa judicial consistente en un proceso ordinario laboral. Para la Sala de Revisión, no solo es procedente la acción de tutela para amparar el derecho invocado, sino que considera, que al afectado solo le es exigible el requisito de haber cotizado 50 semanas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, requerimiento que se acreditó cumplido a satisfacción. En tal sentido, la Sala decide CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la seguridad social del peticionario
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 375    Expediente   T-2910366 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   12-5-2011 0:00    Sentencia   T-377/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    GILBERTO GARCIA LUNA Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS

Tema

Mínimo vital, seguridad social, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En todos los casos estudiados se presenta una situación en la que el accionante es una persona de la tercera edad que solicita al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero la petición es negada bajo el argumento de no cumplirse los requisitos legales para acceder a tal prestación. A fin de resolver el asunto materia de estudio, la Sala se pronunció sobre los siguientes temas: i). Derecho a la pensión de vejez, ii).procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez a personas de la tercera edad, iii). La acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, iv). La mora en el pago de aportes y cotizaciones a pensión y, v). El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Se resuelve conceder de manera transitoria el amparo de los derechos invocados y ordenar a la entidad accionada, que expida nuevos actos administrativos en los cuales se resuelva lo pertinente a la pensión de vejez solicitada por los accionantes, pero dando aplicación a lo consagrado en el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Igualmente se advierte a las partes que deben acudir a la vía ordinaria y que los efectos del fallo de tutela permanecerán vigentes durante el tiempo que la justicia ordinaria emplee para decidir de fondo las pretensiones de los actores, por lo cual éstos deben actuar en el proceso de manera diligente para disfrutar de la protección que se les concede.
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 376    Expediente   T-2930486    Fecha sentencia   12-5-2011 0:00    Sentencia   T-378/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LUZ STELLA VARGAS RAMIREZ VS. JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA

Tema

Vivienda digna. Tutela contra providencia judicial. La accionante instauró la acción de tutela, procurando que por esta vía se detenga el desalojo del inmueble que habita, el cual fue ordenado dentro de un proceso ejecutivo que concluyó con el embargo y posterior remate de la vivienda. La actora alega que tiene la condición de madre cabeza de familia y que el inmueble objeto de remate está constituido como patrimonio de familia. La Sala concluye que en el presente caso no se cumplen las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales y que no se vulneró garantía alguna por el hecho de haber realizado el embargo y posterior remate del inmueble donde habita la actora. IMPROCEDENTE
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 377    Expediente   T-2817423 Y T-2922870 ACUMULADOS    Fecha sentencia   12-5-2011 0:00    Sentencia   T-379/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ QUISPE EN REPRESENTACION DEL RESGUARDO INDIGENA QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL Y OTRO VS. MUNICIPIO DE PASTO Y OTROS

Tema

Consulta previa. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos analizados se involucra la situación de docentes pertenecientes a comunidades indígenas que laboraban en calidad de provisionales en instituciones educativas de carácter público y que fueron desvinculados en razón a la realización de concursos de mérito, que condujeron al nombramiento en las plazas que ocupaban, de las personas que respectivamente ganaron los concursos. En un caso, el actor, en su calidad de Gobernador de un Resguardo Indígena, solicitó a la Secretaría de Educación de Pasto, adelantar gestiones para contratar a los docentes de su comunidad que fueron desvinculados, por considerar que dicha decisión vulneró el derecho de consulta previa, ya que al ser una medida que los afectó de forma directa les debió ser consultada previamente. En este asunto se adujo igualmente, que la decisión violó el derecho de la comunidad indígena a la educación propia, en donde prevalece la enseñanza de sus usos y costumbres. En el otro caso, una docente nombrada en provisionalidad en una institución educativa del Cauca, actuando en nombre propio, solicitó a la Secretaría de Educación de dicho departamento que se excluyera su plaza del concurso de méritos convocado, por cuanto la misma pertenecía a una comunidad indígena. En este caso, la peticionaria solicitó el reintegro al cargo docente del cual fue desvinculada, bajo el argumento de ser beneficiaria del llamado retén social. A fin de resolver los casos, la Sala consideró y analizó temáticas relacionadas con: i). las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales y la legitimación activa en los casos en los que reclaman la protección de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela, ii), el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas y su protección por vía de tutela, iii). El derecho fundamental de las comunidades étnicas y sus integrantes a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural y iv). El régimen de ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos docentes para las comunidades étnicas, con especial referencia a la población indígena. Se resolvió CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la consulta previa en el proceso instaurado por el Gobernador de la Comunidad Indígena Quillasinga de Pasto y ordenar al accionado, adelantar gestiones para reubicar a los docentes de la comunidad indígena que fueron desvinculados. En el caso de la docente que presentó la tutela en nombre propio, se declara la IMPROCEDENCIA de la acción.
Recibo Relatoria   26-7-2011 0:00


Item 378    Expediente   T-2913628 Y 2924502 ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-5-2011 0:00    Sentencia   T-380/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ALVARO SADYS ALVIS MERCADO Y OTRO VS. MUNICIPIO DE SINCELEJO Y OTRO

Tema

Mínimo vital, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En ambos casos, los accionantes son personas de la tercera edad y presentaron ante las entidades demandadas derecho de petición, para solicitar el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez, a la que consideran tener derecho, pero las solicitudes fueron negadas. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela cuando se está frente a un sujeto de especial protección, por ser persona de avanzada edad y resuelve TUTELAR los derechos de los actores al mínimo vital y a la seguridad social, ordenando a las entidades demandadas que procedan al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez a que tienen derecho. CONCEDID.
Recibo Relatoria   7-7-2011 0:00


Item 379    Expediente   T-2935170    Fecha sentencia   13-5-2011 0:00    Sentencia   T-381/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ALVARO RUIZ PATIÑO VS. JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Tema

Mínimo vital. El accionante es una persona de la tercera edad que percibe una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, el cual fue embargado en un porcentaje equivalente al 50%, dentro de un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía instaurado por la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad. El porcentaje del embargo se aplicó sobre el monto total del salario, sin descontar el valor del aporte de salud del pensionado, lo que condujo a que éste recibiera una cifra inferior al 50% de un SMLMV. El accionante alega que la pensión es la única fuente de ingreso que tiene para subsistir tanto él, como su hija de 22 años de edad, quien sufre retardo mental moderado. La Sala reitera, que debido a la protección especial que ampara a los pensionados como personas de edad avanzada, titulares de especiales derechos de rango constitucional, entre ellos el mínimo vital propio y de sus familias, no es viable, ni siguiera con autorización expresa del mismo pensionado, aplicar descuentos más allá de los permitidos por la Ley. En el caso particular, como al actor se le ha reconocido una pensión equivalente a un salario mínimo, se deben efectuar primero los descuentos de Ley y posteriormente, al valor neto, aplicar la deducción máxima y excepcional hasta el 50%, para el cumplimiento de obligaciones por alimentos o con una cooperativa autorizada. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   13-7-2011 0:00


Item 380    Expediente   T-2918802    Fecha sentencia   16-5-2011 0:00    Sentencia   T-382/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    FELIO DE JESUS HERNANDEZ TORRES Y OTROS VS. FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA Y OTRO

Tema

Igualdad. En el caso en estudio se presentan cinco accionantes que son mayores de 60 años de edad y que reclaman el amparo constitucional, alegando que su mínimo vital está afectado por la falta de actualización del monto de la pensión, la cual constituye el único sustento para ellos y para sus respectivas familias. Según lo exponen los demandantes, la empresa Álcalis de Colombia Ltda les reconoció sus pensiones de jubilación, pero en la actualidad el monto de sus mesadas está alrededor de un salario mínimo, es decir, que están recibiendo sumas de dinero muy similares a las devengadas hace 17 años atrás, cuando fueron desvinculados de la empresa. Se indica que con el fin de obtener la indexación de la primera mesada agotaron de manera infructuosa la reclamación administrativa pertinente y todo un procedimiento ordinario laboral, llegando incluso al extraordinario de casación, que no les fue admitido por insuficiencia de la cuantía del interés para recurrir. La Sala recuerda que la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional significa que este beneficio se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo, sin que importe que su origen sea convencional o legal, toda vez que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, como consecuencia de la inflación, afecta por igual a todos los jubilados. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   29-8-2011 0:00


Item 381    Expediente   T-2927078    Fecha sentencia   16-5-2011 0:00    Sentencia   T-383/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SPV JIPC
Demandante / Demandado    GERARDO RAFAEL DUQUE MONTOYA VS. DEFENSORIA DEL PUEBLO Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad, bloque de constitucionalidad. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso penal adelantado en contra del accionante se interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por el Tribunal Superior de Bogotá, Despacho Judicial que concedió un plazo de 30 días para presentar la correspondiente demanda por intermedio de apoderado. El actor solicitó a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público para la sustentación del recurso y transcurrido más de tres meses, el despacho accionado procedió a declarar desierto el recurso de casación. Esta decisión fue impugnada por el demandante y confirmada por el Tribunal. Para el accionante, la Defensoría del Pueblo vulneró sus derechos fundamentales, en tanto el abogado que le fue asignado emitió un concepto negativo sobre la procedencia de la casación y por ello, se abstuvo de sustentarla. Por otra parte considera, que el Tribunal Superior de Bogotá quebrantó sus derechos, al declarar desierta la impugnación que por sí mismo interpuso el procesado, sin haber requerido a la Defensoría del Pueblo, sobre por qué no se efectúo tal sustentación. La Sala, luego de analizar temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales; el debido proceso y la defensa técnica en el Estado social de derecho y; la demanda de casación en un proceso adelantado bajo el sistema establecido en la Ley 600 de 2000, niega por improcedente la acción de tutela impetrada. NEGAD.
Recibo Relatoria   9-8-2011 0:00


Item 382    Expediente   T-2934161    Fecha sentencia   16-5-2011 0:00    Sentencia   T-384/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    HERNAN ARIAS RIOS VS. UNIMEZCLAS S.A.

Tema

Seguridad social, vida digna, mínimo vital. El accionante, de 73 años de edad, estuvo vinculado a la empresa CONY LTDA durante más de 30 años, desempeñándose como mecánico diesel. La contratación inicial fue por obra o labor contratada y a pesar de que la empresa sufrió diferentes trasformaciones de índole comercial, que afectaron su nombre inicial, la relación contractual con el actor se mantuvo intacta a través de los años. En el 2003 se dio por terminado el vínculo laboral y la entidad accionada, que para la época operaba con el nombre de UNIMEZCLAS S.A., le reconoció una pensión sanción en forma vitalicia y/o hasta que se asumiera su reconocimiento por parte del ISS. En el 2010, la empresa demandada dejó de realizar el pago mensual de la prestación y el accionante reclama vía tutela, tanto el pago de las mesadas adeudadas, como la indexación de la primera mesada pensional. La Sala reitera que el derecho al reconocimiento y pago de la pensión sanción tiene un carácter prestacional, pero inherente a la protección de la vida en condiciones dignas del extrabajador en su vejez. En el presente caso, se concede la tutela y se ordena a la accionada pagar lo adeudado al actor y continuar cubriendo la pensión sanción reconocida a favor de éste, pero ajustándola año a año sobre la base del salario mínimo legal mensual que rija en cada período. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   13-7-2011 0:00


Item 383    Expediente   T-2916590    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-386/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV NPP
Demandante / Demandado    JHON FREDY PULIDO Y OTROS VS. SOCIEDAD COMERCIAL RESTCAFE OMA S.A.

Tema

Trabajo, asociación sindical, mínimo vital. En el presente asunto se estudia la posible vulneración de derechos por parte de la Sociedad Comercial Restcafé OMA S.A. al despedir a varios miembros activos del sindicato SINTRAOMA, aduciendo razones de reestructuración administrativa, ventas y mercadeo, cuando los demandantes alegan que el despido fue injusto e ilegal y tuvo como base la sindicalización de los empleados. La Sala concluye que los despidos realizados por la empresa accionada fueron una consecuencia directa de la afiliación de los demandantes al sindicato y en tal sentido decide amparar los derechos fundamentales vulnerados, ordenando su reintegro y exhortando a la accionada para que se abstenga de incurrir en conductas que obstaculicen o hagan nugatorio el ejercicio del derecho de asociación sindical de los trabajadores que se encuentran laborando a su servicio. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   27-1-2012 0:00


Item 384    Expediente   T-2927616 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-387/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA LUCILA RODRIGUEZ HERNANDEZ Y OTRA VS. ALVARO BORDA Y OTROS

Tema

Seguridad social, vida digna, trabajo, igualdad, mínimo vital Se acumulan expedientes por unidad de materia. La decisión se tomó frente a dos casos en los cuales a las accionantes les terminan la relación laboral de manera unilateral, luego de que trabajaron durante varios años en calidad de empleadas del servicio doméstico, sin que sus respectivos empleadores las afiliaran al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión. Las actores alegan que tienen edad avanzada, delicado estado de salud, precaria situación económica y a su cargo, un familiar con algún grado de limitación física o cognitiva. La Sala reitera jurisprudencia sobre: i). procedencia de la acción de tutela contra particulares. Estado de indefensión o subordinación. ii). Procedencia de la acción de tutela a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial. iii). El derecho fundamental a la seguridad social y iv). El servicio doméstico y su situación de vulnerabilidad. Se recuerda que las labores desarrolladas por las personas que trabajan en el servicio doméstico no pueden ser subvaloradas, ni convertirse este trabajo en un foco de discriminación, ni de negación de derechos fundamentales que son considerados como pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. Se concede el amparo de los derechos invocados por las demandantes y se ordena como mecanismo transitorio y hasta que la jurisdicción ordinaria laboral se pronuncie, el pago a título de pensión provisional, el valor de un salario mínimo legal mensual y la afiliación al régimen contributivo de seguridad social en salud (POS). CONCEDID.
Recibo Relatoria   11-10-2011 0:00


Item 385    Expediente   T-2915200    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-388/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    FABIO ARANGO TORRES VS. SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso penal adelantado en contra del accionante, la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal -, resolvió declararlo penalmente responsable como autor de la conducta punible de corrupción al sufragante, en concurso homogéneo y sucesivo, imponiéndole una pena de prisión de 72 meses y una multa por valor de 196 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el actor, la decisión adoptada por la Corte Suprema incurrió en gravísimos defectos fácticos, al rechazar la práctica de algunas pruebas solicitadas por la defensa, valorar inadecuadamente las pruebas allegadas y dar valor probatorio a distintos anónimos recibidos en la causa. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordó el estudio de la siguiente temática: i). acceso efectivo a la administración de justicia en materia de tutela, ii). la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y iii) el defecto fáctico como causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Se concluyó que la Corporación accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor y en consecuencia se resolvió NEGAR la solicitud de amparo incoada.
Recibo Relatoria   9-8-2011 0:00


Item 386    Expediente   T-2913934    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-389/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIBEL DEL CARMEN ACOSTA MACIAS VS. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTROS

Tema

Debido proceso administrativo, estabilidad laboral del servidor público en carrera administrativa. En octubre de 1992 la accionante ingresó a laborar en la Secretaría Distrital de Tránsito y Transportes de Barranquilla desempeñándose en un cargo de carrera administrativa, la anterior relación laboral se mantuvo aún después de que dicha entidad se transformó en la empresa METROTRANSITO. Como producto de un proceso de liquidación, el cargo que venía desempeñando se suprimió y ella optó por acogerse a la reincorporación. La accionada remitió a la Comisión Nacional del Servicio Civil el listado de personas que habían escogido igual opción, pero omitió incluir en dicho informe el nombre de la accionante. Luego de transcurrir más de un año sin que se diera una nueva ubicación, METROTRANSITO procedió de manera unilateral a pagar la indemnización, sin que hubiera tramitado el procedimiento establecido para la reincorporación. La actora reclama su reubicación alegando que es madre cabeza de familia y que está inmersa en el llamado Retén Social, por estar próxima a cumplir requisitos para obtener su pensión. La Sala se pronuncia acerca del deber que recae en la administración pública de respetar los procedimientos que se deben seguir frente a las solicitudes de reincorporación de los funcionarios de carrera administrativa y sobre el derecho a la estabilidad laboral de los empleados inscritos en la carrera administrativa, en el contexto de la supresión de entidades de la administración pública. Se CONCEDEN los derechos invocados por la demandante.
Recibo Relatoria   19-9-2011 0:00


Item 387    Expediente   T-2793799    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-390/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ENRIQUE CASTILLO RAMOS Y OTRA VS. COLEGIO VERMONT SCHOOL DE MEDELLIN

Tema

Debido proceso, educación. Los accionantes fueron citados por el Rector del Colegio Vermot para tratar una falta grave de su hijo. La reunión terminó con la suscripción de una matrícula condicional que permitiría la permanencia del joven en la institución. Pasado un mes, fueron citados a una nueva reunión y en ésta, fueron informados sobre la expulsión de su hijo del colegio, en razón al incumplimiento de la matrícula condicional y la agresión física a un compañero. Para los demandantes, el proceso adelantado por las directivas del colegio tuvo varias deficiencias procesales, además de inferir, que la expulsión afectó la salud mental de su hijo y la tranquilidad emocional de toda la familia. Una vez descolarizado el niño lo llevaron a consulta con psiquiatría infantil y le diagnosticaron un TDAH (Trastorno con Déficit de Atención por Hiperactividad), situación que nunca fue detectada ni tratada por la institución educativa, la que solo lo estigmatizó como persona desobediente, necia y agresiva, sin pensar que existía una causa diferente para el comportamiento del estudiante, que era ajena a su propia voluntad. La Sala de Revisión decide con base en el análisis de la jurisprudencia existente en torno a la procedencia de la acción de tutela frente a instituciones educativas de naturaleza privada; el derecho fundamental a la educación y la importancia del acceso y la permanencia en el sistema educativo y sobre el debido proceso en el ámbito disciplinario de las instituciones educativas. Se concluyó en la decisión, que efectivamente no se respetó el derecho a la educación al descolarizar al alumno sin la garantía del debido proceso durante el asunto disciplinario, con lo cual se vulneró también, el derecho a la permanencia en el sistema educativo. Se consideró además, la falencia del colegio en el desarrollo de programas específicos para la atención integral de estudiantes que, como en el caso particular, padecen de TDHA. Se ordenó el reintegro del estudiante para que continuara el grado que venía cursando. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 388    Expediente   T-2927229    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-391/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MAURICIO ACEVEDO BUSTOS VS. DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL

Tema

Mínimo vital, seguridad social. En el año 2004 el actor sufrió un impacto con arma de fuego en ejercicio de sus labores como soldado profesional del Ejército Nacional, durante un enfrentamiento con una cuadrilla de las FARC. La anterior situación, según dictamen de la Junta Médica Laboral emitido en el año 2007, le generó una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 52.1%, con origen profesional, por lo que fue declarado no apto para la actividad militar y desvinculado del servicio, previo reconocimiento de una indemnización por $36.329.845. En el 2010, el actor elevó una solicitud de reconocimiento pensional ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, pero la respuesta recibida no hizo alusión alguna frente a la prestación requerida, sino que se limitó a indicar el término de cuatro meses con que contó el actor para recurrir el dictamen del tribunal médico. El demandante solicita, además del reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, que sea valorado nuevamente por la Junta Médica Laboral para que se determine el deterioro y porcentaje actual de la disminución de su capacidad psicofísica. En sede de revisión se abordó el estudio del caso a través del análisis de la siguiente temática: i). La seguridad social como derecho fundamental, ii). La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones económicas y, iii). El régimen aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez en beneficio de miembros de las fuerzas militares. Se decide CONCEDER el amparo de los derechos invocados por el accionante y consecuentemente, ordenar a la entidad accionada que reconozca la pensión de invalidez, de cuyo pago será compensado el valor de la indemnización reconocida a favor del actor.
Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 389    Expediente   T-2914531 Y 2924503 ACUMULADOS    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-392/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    CLAUDIA PATRICIA BARCELO GARCIA EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJO ANDRES DAVID ZARACHE BARCELO Y OTRO VS. E.P.S. SALUD TOTAL Y OTRA

Tema


Vida, salud, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes instauran la acción de tutela en representación de sus hijos, quienes son menores de edad y presentan además patologías relacionadas con un déficit o retardo psicomotor, el cual les genera un alto grado de discapacidad. En ambos casos se refiere, que las respectivas E.P.S. donde están afiliados los menores, suministran precarios tratamientos para la enfermedad, cuando en realidad requieren un servicio terapéutico integral, que está excluido del POS. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hace referencia a jurisprudencia sobre: i). el derecho fundamental a la salud de los niños con discapacidad y su protección por medio de la acción de tutela, ii) La protección constitucional para las personas con limitaciones físicas, funcionales, psíquicas y sensoriales, en el ordenamiento constitucional e internacional, iii) el precedente jurisprudencial fijado por la Corporación en sentencia T-650/09 y iv). Los supuestos fácticos previstos por la jurisprudencia constitucional para garantizar el suministro de servicios médicos no incluidos en el POS. Se decide acceder a la protección constitucional solicitada por los representantes de los menores y ordenar a sus E.P.S. que practiquen las terapias especializadas requeridas por los niños afectados, previa valoración de los médicos adscritos a cada entidad, con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento concreto que deba realizarse. CONCEDIDA

Recibo Relatoria   23-6-2011 0:00


Item 390    Expediente   T-2936286    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-402/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUCIANO QUERAGAMA TEQUIA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Mínimo vital, vida digna. La acción de tutela la interpone un indígena de la comunidad Embera Katío al considerar que Acción Social vulneró varios de sus derechos fundamentales, al negar su inclusión y la de su grupo familiar en el Registro Único de la Población Desplazada (RUPD), bajo el argumento de que su desplazamiento obedeció a la búsqueda de mejores oportunidades económicas a través de la mendicidad en los principales centros urbanos del país. A juicio del actor, no se tuvo en cuenta que las razones que ocasionaron dicha situación estuvieron relacionadas con la carencia de alimentos, servicios de salud y de educación que se presentaron en su territorio, por encontrarse éste en medio del conflicto armado. La Sala señala que el desplazamiento forzado es una situación de hecho que no necesita, como requisito indispensable para adquirir la condición de desplazado, ser declarado por ninguna entidad pública o privada para configurarse. En tal sentido, resalta que es inminente la necesidad de la presunción de buena fe, si se pretende dar protección al desplazado. CONCEDE el amparo solicitado por el demandante y, ordena a la accionada tener en cuenta lo ordenado en el presente fallo respecto de situaciones similares en las que se encuentren ciudadanos indígenas de la comunidad Embera Katío de la comunidad de Conondo, que arribaron a la ciudad de Bogotá, como consecuencia del conflicto armado.
Recibo Relatoria   12-2-2012 0:00


Item 391    Expediente   T-2934273    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-403/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    NESTOR OBED CAMARGO CAMELO Y OTRA EN REPRESENTACION DE LAS MENORES PAULA JANETH Y OTRA VS. DIRECCION DE LOS LICEOS DEL EJERCITO

Tema

Derecho a la familia y a la igualdad. El accionante es padre de dos hijos y conformó un nuevo núcleo familiar con una persona que tiene cuatro hijos, es decir, que la nueva familia quedó integrada por los dos compañeros y seis hijos. El asunto bajo estudio se centra en un acto administrativo expedido por el Ejército Nacional que generó una clara discriminación entre los hijos y los hijastros del accionante, al otorgar un beneficio a la educación sólo a los primeros y aplicándole una tarifa diferente a los segundos. La Sala recuerda que el constituyente equiparó la familia que procede del matrimonio con la que surge de la unión de hecho en ciertos aspectos como la seguridad social y, que en dicha perspectiva de concepción igualitaria, no se permite discriminaciones en materia de educación entre los hijos de los compañeros, sea porque nacieron como fruto de su relación o porque provenían de una anterior. Se concede el amparo invocado y se ordena a la accionada igualar los derechos de las hijastras del demandante con los que tienen sus hijos, para lo cual debe aplicar igual tarifa como referente de pago de los costos educativos. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   27-1-2012 0:00


Item 392    Expediente   T-2929754    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-404/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE EN REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MAXIMILIANO NEIRA LAMUS VS. MUNICIPIO DE IBAGUE Y OTRO

Tema

Educación. La acción de tutela es presentada por la Personería Municipal de Ibagué en representación de los niños, niñas y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Maximiliano Neira Lamus. Advierte el demandante, que la institución educativa cuenta con 1450 estudiantes y que las instalaciones locativas son insuficientes para atender la demanda estudiantil, hecho que genera que las clases se dicten en condiciones de hacinamiento, lo cual no es digno, ni saludable y mucho menos seguro para los alumnos. Se pretende que vía tutela se ordene a la administración municipal disponer los recursos necesarios para adecuar la planta física de la institución, con la correspondiente dotación y la ampliación de la planta de docentes. La Sala CONCEDE el derecho invocado e imparte una serie de órdenes tendientes a garantizar y hacer efectivo el goce del mismo.
Recibo Relatoria   8-2-2012 0:00


Item 393    Expediente   T-2924817    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-405/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSE DELGADO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social, debido proceso. Mediante apoderado judicial el demandante, beneficiario del régimen de transición, presentó la acción de tutela con el propósito de reclamar el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada por el Instituto de Seguros Sociales con el argumento de no cumplir los requisitos establecidos en la Circular 1586 del 10 de febrero de 2004, para poder aplicar al estudio de su prestación, la Ley 71 de 1988. La Sala recuerda que. cuando las administradoras de pensiones exigen a sus afiliados requisitos no establecidos en la Constitución y la Ley para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, incurren en la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto estableció que el demandante es sujeto de especial protección constitucional y que la entidad demandada le impuso cargas administrativas inconstitucionales que desconocieron sus derechos adquiridos, al cumplir con la totalidad de las cotizaciones establecidas en la Ley 71 de 1988 y con la edad para obtener el reconocimiento de su pensión de vejez. Se CONCEDE la tutela y se ordena al ISS iniciar el trámite para el reconocimiento y pago de la prestación solicitada.
Recibo Relatoria   4-11-2011 0:00


Item 394    Expediente   T-2922284    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-406/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    FULGENCIO CORDOBA CORDOBA VS. PATRIMONIO AUTONOMO BUEN FUTURO

Tema

Debido proceso. El accionante solicitó ante el Patrimonio Autónomo Buen Futuro el reconocimiento de su pensión de vejez y, luego de dejar pasar 8 meses sin recibir respuesta alguna, se comunicó con la audiolínea de la entidad, en donde le informaron que la prestación había sido negada y que debía notificarse personalmente del contenido de la misma en la ciudad de Bogotá. Dada la avanzada edad del actor, su delicado estado de salud y la falta de recursos económicos para trasladarse desde Quibdo hasta la Capital de la República, el actor le otorgó poder a un tercero para que en representación suya se notificara, pero la entidad demandada no realizó esta diligencia, bajo el argumento de que sólo el titular del derecho podía notificarse personalmente. La Sala encuentra que la actuación de la accionada desconoció el postulado constitucional según el cual, se debe procurar el ejercicio de la defensa y contradicción a quienes no están de acuerdo con las decisiones de la administración que resuelven asuntos de su interés. Se concede el amparo invocado y se ordena la notificación personal de la resolución que negó la prestación al demandante, con la indicación de los recursos que proceden contra ella. Así mismo, se ordena a la Personería Municipal de Quibdó hacer un acompañamiento en el caso y, compulsar copias al Ministerio de la Protección Social y a la Procuraduría General de la Nación, para que investigue las posibles irregularidades dentro del proceso. CONCEDID.
Recibo Relatoria   20-10-2011 0:00


Item 395    Expediente   T-2915808    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-407/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado     VS.

Tema

Igualdad, movilidad salarial, condiciones de trabajo dignas, irrenunciabilidad del salario. El accionante alega que ECOPETROL no resolvió de fondo la petición que elevó para que se tuviera en cuenta como factor salarial para la liquidación de su salario y prestaciones sociales, la figura denominada “estímulo al ahorro”, situación que a su vez generó un trato diferente y discriminatorio frente a los trabajadores que sí reciben dicho bono. La entidad accionada argumenta que la diferencia salarial se encuentra legalmente respaldada y, que no existe discriminación entre los trabajadores con régimen tradicional de cesantías retroactivas que están próximos a jubilarse bajo el régimen pensional exceptuado que administra ECOPETROL y los trabajadores que son afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones ya sea al ISS o a las AFP. La Sala concluye que el asunto relacionado con la liquidación salarial no puede ser resuelto por medio de la acción de tutela, en cuanto es una controversia que debe ser analizada por el juez de la jurisdicción ordinaria laboral, ya que no se demuestra en ella la existencia de una situación apremiante que justifique la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable. NEGADA POR IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   5-9-2011 0:00


Item 396    Expediente   T-2910292    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-408/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSE ALEJANDRO FANDIÑO CASTILLO EN REPRESENTACION DE SU HIJA MARIA PAULA FANDIÑO MARTINEZ VS. COMPENSAR E.P.S.

Tema

Vida en condiciones dignas, salud, derechos de los niños. La acción de tutela se instaura en representación de una menor de edad que presenta una pérdida de la capacidad del 95%, ocasionada por múltiples enfermedades que padece entre ellas, cuadriplejía espástica, retrasos psicomotor y del lenguaje severo, desfase mental severo, desnutrición crónica, ceguera en ambos ojos, cianosis generalizada, escoliosis severa y retracciones en miembros superiores. El padre de la menor le solicitó a COMPENSAR E.P.S. la realización de terapias físicas a domicilio, transporte para la asistencia a citas médicas, traslado al instituto FUNDINES, suministro de 120 pañales desechables por mes, complementos multivitamínicos, una bala de oxígeno de transporte y la atención domiciliaria de una enfermera calificada. . La entidad demandada negó las pretensiones bajo el argumento de haber brindado algunos servicios de los solicitado, la no inclusión de otros en el POS y la falta de prescripción médica. La Sala reitera que los niños tienen la calidad de sujetos de especial protección constitucional, a quienes se les ha reconocido la salud como un derecho de índole fundamental. De igual manera se pronuncia sobre el principio de integralidad del derecho a la salud y los casos en los que procede la orden de tratamiento integral. Se concede el amparo de los derechos invocados y se ordena a la accionada que, independientemente de encontrarse o no en el POS, suministre los elementos, tratamientos y servicios requeridos para el manejo de las patologías de la menor, de tal forma que sus condiciones de salud sean un poco más tolerables. CONCEDID.
Recibo Relatoria   5-9-2011 0:00


Item 397    Expediente   T-2871932    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-409/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    PROCURADOR II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIO EN REPRESENTACION DE REINA ROSA GALLEGO LOPEZ Y OTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL Y OTRO

Tema

Vida, seguridad personal, mínimo vital, vivienda digna, igualdad. Los accionantes son personas desplazadas que fueron beneficiarias de la adjudicación de un subsidio integral para la adquisición de un predio y la implementación de un proyecto productivo. De manera posterior y una vez suscrito el contrato de compraventa del inmueble, el INCODER les anunció que iniciaría los trámites para proceder a revocar directamente la resolución que autorizó la adjudicación, al encontrar que el predio escogido no cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos de la convocatoria pública. La Sala encuentra que pese a que el INCODER no cumplió a cabalidad con su gestión de brindar una asesoría clara, oportuna y precisa a los demandantes, el asunto en estudio no puede resolverse a través de la acción de tutela, porque se presenta un problema respecto a la titulación del predio que fue elegido por los actores y para resolver esta clase de litigios existen otras acciones en el ordenamiento jurídico. Se ordena al INCODER que brinde la asesoría jurídica pertinente para que los afectados escojan un nuevo predio que sea adecuado para implementar el proyecto productivo que permita su estabilización socioeconómica y una vez seleccionado el predio, ubicarlos de manera preferencial y rápida en el orden de asignación de los subsidios de tierras. Se ordena igualmente a ACCION SOCIAL que verifique las condiciones de los demandantes, para coordinar, en caso de requerirse, la provisión de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia.


Recibo Relatoria   8-2-2012 0:00


Item 398    Expediente   T-2832803 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-410/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BERCELY VELASCO PEREZ Y OTROS VS. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA Y OTROS

Tema

Seguridad laboral reforzada. En el presente asunto la Sala decide acumular diez expedientes que presentan unidad de materia. Se analiza si las empresas demandadas vulneraron derechos fundamentales de los diferentes actores, al terminar los contratos de trabajo que habían suscrito con ellos, a pesar de las condiciones de salud en que se encontraban y sin la previa autorización del Ministerio de la Protección Social. Se hace un estudio de la jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados y la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. De manera concomitante, se aborda temática relacionada con el contrato a término fijo cuya duración dependa de la obra o labor contratada; las relaciones laborales en las empresas de servicios temporales y se estudia cada caso en concreto. Se CONCEDE el amparo solicitado por todos los demandantes y se ordena a las empresas demandadas que procedan a reintegrarlos y a pagarles una indemnización. Se advierte a los actores, de considerar que les asiste el derecho, que deben acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a reclamar el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que permanecieron desvinculados. A los empleadores se les advierte que la vinculación sólo podrá terminarse en caso de mantenerse las condiciones de limitación en salud de los accionantes, previa autorización del Ministerio del ramo.
Recibo Relatoria   23-4-2012 0:00


Item 399    Expediente   T-2932180    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-411/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ VS. ISS Y OTROS

Tema

Seguridad social. El instituto de Seguros Sociales le negó al demandante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, argumentando que se había trasladado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, razón por la cual había sido incluido en el Comité de Múltiple Afiliación, instancia que a su vez consideró que la entidad competente para atender y resolver sobre la prestación solicitada era la AFP COLFONDOS y no el ISS. Con base en la anterior decisión, el demandante elevó nuevo derecho de petición ante el Instituto accionado, solicitando su admisión al régimen de prima media con prestación definida. La Sala considera que el ISS al no tramitar la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el argumento de que le corresponde decidir y asumirla otra Administradora de Pensiones, vulnera derechos del accionante en tanto dicha decisión no tiene ningún fundamento . Se resuelve conceder el amparo constitucional impetrado y ordenar al ISS responder la petición de reconocimiento y pago de la prestación, mediante el estudio de la misma en los términos legales y jurisprudenciales vigentes, haciendo caso omiso del concepto emitido por el Comité de Multiafiliación y, de encontrarse que se cumple los requisitos para ello, reconocerle el derecho y proceder a incluirlo en la nómina de pensionados. CONCEDID.
Recibo Relatoria   13-12-2011 0:00


Item 400    Expediente   T-2934614    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-412/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    BLANCA LIDIA INCA OJEDA VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

Mínimo vital, vida digna, unidad familiar. En el presente caso se instaura la acción de tutela con el fin de obtener el desacuartelamiento del compañero permanente de la accionante, por estar incurso en una de las causales de exención de la prestación del servicio militar obligatorio, como lo es aquella de vivir en unión permanente, ser cabeza de familia de su grupo familiar, estar la actora en estado de gravidez y ser víctimas de desplazamiento forzado interno por acciones de grupos al margen de la ley. La autoridad militar demandada adujo que la condición de compañero permanente alegada no se probó de acuerdo con los términos de la ley. La Sala de revisión estima necesario brindar el amparo tutelar solicitado, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corporación, según la cual, priman los derechos de los niños y del nasciturus, así como de la mujer embarazada, sobre la obligación de los colombianos de prestar el servicio militar obligatorio. Se CONCEDE la acción de tutela incoada y de manera consecuente se ordena al Ejército Nacional disponer el desacuartelamiento del soldado. Se condiciona el desacuartelamiento definitivo al hecho de que el beneficiario del mismo se presente ante notario y reconozca al niño o niña ya nacido o que esté por nacer, si considera que es su padre, como requisito para expedir la respectiva libreta militar en la forma prevista en la ley y el reglamento. CONCEDID.


Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 401    Expediente   T-2931491    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-413/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    AURELIA SOTO SALAZAR VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Debido proceso administrativo, vida, salud, integridad. La accionante dio a luz a su hijo en septiembre de 2008 y en enero del 2009 solicitó a COOMEVA E.P.S. el pago de la licencia de maternidad. La entidad accionada expidió la licencia por 84 días pero no efectuó el correspondiente pago. Luego de reiteradas solicitudes elevadas por la demandante y trabas establecidas por la E.P.S., ésta manifestó que el término para solicitar el pago de las incapacidades es de un año a partir del evento que la genera y, que para el caso concreto, dicho término estaba vencido. La Sala establece como problema jurídico la posible vulneración de los derechos fundamentales de la mujer y de su hijo recién nacido, cuando la entidad encargada de garantizar la prestación de servicios de salud, demora el pago de la licencia de maternidad más de un año y, luego impone cargas administrativas adicionales para efectuarlo, a pesar de haber reconocido la prestación. Se resuelve tutelar los derechos invocados y se ordena a la demandada pagar a favor de la actora, la prestación económica contenida en la licencia de maternidad por ella emitida. CONCEDID.
Recibo Relatoria   23-8-2011 0:00


Item 402    Expediente   T-2926671    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-414/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NELSON DARIO ROMERO LEGUIZAMON VS. JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE LORICA Y OTRO

Tema

Debido proceso, defensa. Tutela contra decisión judicial. El accionante, en calidad de promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Santa Cruz de Lorica, interpuso la acción constitucional en contra del despacho judicial que en segunda instancia confirmó un fallo de tutela, en el cual se ordenó que el municipio debía pagar unas mesadas atrasadas y unas acreencias laborales, a pesar de encontrarse bajo la intervención económica contemplada en la Ley 550 de 1999. A juicio del demandante, el operador jurídico incurrió en una vía de hecho al no vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de tercero con interés legítimo y al no resolver una solicitud de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, bajo el argumento de que el respectivo fallo se encontraba debidamente ejecutoriado. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones que se adoptan dentro de un proceso de tutela y concluye que el mecanismo que debió emplear el actor para atacar la decisión que consideró violatoria, era solicitar su revisión ante la Corte Constitucional y no la de interponer una nueva acción de tutela. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción.
Recibo Relatoria   5-9-2011 0:00


Item 403    Expediente   T-2923992    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-415/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    AMPARO MORALES VS. INDUSTRIAS FANNY Y OTROS

Tema

Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital. La demandante empezó a trabajar en la empresa accionada desde el 1º de abril del año 2000, mediante la suscripción de contratos a término fijo inferiores a un año. En el 2003, la accionante sufrió un accidente de origen común que le generó una pérdida de la capacidad laboral permanente parcial del 44.16%. En el año 2007 fue reintegrada a su trabajo pero en enero del 2010 recibió comunicación del gerente, donde le informaba la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo, debido a la difícil situación económica que estaba atravesando la empresa. Para resolver el caso, la Sala analiza la jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la tutela frente a controversias laborales y la existente frente al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión. Se decide tutelar los derechos incoados por la demandante. CONCEDID.
Recibo Relatoria   24-8-2011 0:00


Item 404    Expediente   T-2916695    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-416/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FLOR MARINA GOMEZ DE GONZALEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL CUNDINAMARCA

Tema

Mínimo vital. En el presente caso el ISS le negó a la accionante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, tras considerar que la peticionaria no cotizó las semanas mínimas requeridas, de acuerdo al régimen aplicable a su caso, esto es, el Acuerdo 049 de 1991. Al resolver los recursos impetrados la entidad accionada adujo además, que en el cálculo de las semanas cotizadas no se tuvieron en cuenta algunos períodos, al registrarse mora en el pago de aportes por parte de dos empleadores que no realizaron las respectivas cotizaciones. La Sala recuerda, que cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones no ejercen las acciones correspondientes para realizar el cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, se allanan a la mora, situación que los convierte en responsables de asumir el reconocimiento de la prestación derivada del Sistema General de Seguridad Social, cuando el derecho se cause. Se resuelve conceder la protección constitucional pero de manera transitoria y por un término de cuatro meses, período dentro del cual la accionante debe acudir a la jurisdicción laboral ordinaria para reclamar el reconocimiento definitivo de su pensión. CONCEDIDA TRANSITORIAMENTE.
Recibo Relatoria   20-10-2011 0:00


Item 405    Expediente   T-2914502    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-417/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    OSCAR MAURICIO MURILLO VS. LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

Tema

Trabajo, vida, mínimo vital. El demandante prestó servicio al Ejercito Nacional en calidad de soldado profesional por un término mayor a 6 años y luego de un accidente de trabajo que le generó una incapacidad permanente parcial y la declaratoria de no apto para la actividad militar, fue retirado del servicio activo por disminución de su capacidad psicofísica. El accionante es padre cabeza de familia y tiene a su cargo a su madre, su compañera permanente y a sus dos hijos menores de edad. Se pretende que vía tutela se ordene a la Policía reintegrar al actor al cargo que tenía o a otro de igual o superior rango. La Sala consideró que el Ejército, al retirar del servicio activo de la institución al demandante, le vulneró su derecho fundamental a la salud al desvincularlo del sistema a pesar de haber adquirido las lesiones en ejercicio de las funciones como militar y, además le desconoció el derecho al trabajo y al mínimo vital en cuanto lo desvinculó de la institución sin brindarle ayuda para la incorporación en el mundo laboral civil, a sabiendas de que su formación como soldado profesional limitaba su campo de acción al combate militar. Se concede el amparo constitucional impetrado y se ordena al accionado proceder a incorporar al accionante en programas que le ayuden a insertarse en el mundo laboral, así como a vincularlo en su sistema de salud. CONCEDID.
Recibo Relatoria   13-12-2011 0:00


Item 406    Expediente   T-2911568    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-418/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    MARIA AMPARO CANO VS. E.P.S. COMFENALCO VALLE

Tema

Vida digna, salud. La accionante padece una retinopatía diabética proliferativa AO con edema macular y para tratar tal patología su médico tratante, adscrito al Instituto para Ciegos y Sordos del Valle del Cauca le ordenó la aplicación en ambos ojos de un medicamento que no se encuentra incluido en el POS, ni cuenta con el registro INVIM. La medicina fue solicitada a la E.P.S. COMFENALCO pero el Comité Técnico Científico de la entidad sólo autorizó el suministro de un medicamento sustituto del solicitado. La Sala reitera que. 1º. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corporación toda persona tiene derecho constitucional a acceder a los servicios de salud que requiera; 2º. El conocimiento científico, aplicado al caso concreto del paciente, es criterio mínimo para establecer si el servicio médico se requiere; 3º. Cuando el servicio que se requiere es un medicamento, este debe ser ordenado de acuerdo con su principio activo, salvo casos excepcionales. 4º. Los medicamentos que aún no han sido autorizados por el INVIMA deben ser suministrados cuando se requieran, con base en la mejor evidencia científica disponible; 5º. Los pagos moderadores no pueden constituirse en barreras de acceso a los servicios de salud para las personas que no tienen la capacidad económica de soportar su pago. 6º. La decisión de un médico tratante de ordenar una droga excluida del POS por considerar que se requiere, debe prevalecer y ser respetada, salvo que el Comité Técnico Científico considere lo contrario y 7º. Obstaculizar el acceso a los medicamentos que se requieren a pesar de demostrarse que son de calidad, seguridad, eficacia y comodidad, es violatorio del derecho a la salud, máxime cuando éstos representan una alternativa significativa mejor en términos económicos SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   13-12-2011 0:00


Item 407    Expediente   T-2591548    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-419/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BLAS ARVELIO ORTIZ REBOLLEDO VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION QUINTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El accionante interpone la acción constitucional en contra de la providencia de segunda instancia emitida por el Consejo de Estado- Sección Quinta -, que dentro de un proceso de nulidad electoral declaró nulo el acto administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada, mediante la cual se le había declarado elegido como Gobernador de dicho departamento para el período 2008-2011. A juicio del actor, al dictar la providencia, se incurrió en una vía de hecho por comisión de defectos procedimental, fáctico y sustantivo. Luego de analizar el caso bajo la jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la Sala confirma las decisiones de instancia mediante las cuales se NEGO el amparo de los derechos incoados por el actor.
Recibo Relatoria   28-11-2011 0:00


Item 408    Expediente   T-2926327    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-420/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA CRISTINA GUTIERREZ GONZALEZ VS. ISS

Tema

Seguridad social, vida digna. A la accionante le calificaron una pérdida de la capacidad laboral del 67.5% y el ISS se negó a reconocerle la pensión de invalidez, bajo el pretexto de no cumplir con los requisitos exigidos en la ley al momento de la estructuración de la invalidez determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el caso y recuerda que esta prestación se constituye en la única fuente de ingresos de las personas que tienen un alto grado de discapacidad. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al ISS reconocer y pagar la pensión de invalidez a favor de la actora.
Recibo Relatoria   6-2-2012 0:00


Item 409    Expediente   T-2922774    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-421/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JOSE EDISON PINO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social. En el 2006 el ISS le informó al accionante sobre la pérdida de su capacidad laboral en un 57.30%, con fecha de estructuración de invalidez a partir de octubre del año 2005. Luego de solicitar la pensión, el Instituto negó la prestación bajo el argumento principal de no cumplir con el requisito de fidelidad en la cotización al Sistema de Seguridad Social en materia de pensiones. La decisión fue objeto de los recursos de ley, los cuales fueron resueltos confirmando la negativa. En el año 2010, el accionante requirió la reapertura del expediente y solicitó al Seguro Social el reconocimiento de la pensión con fundamento en la sentencia C-428-09, que declaró la inexequibilidad del requisito de fidelidad y esta petición fue nuevamente negada. En el presente asunto la Sala de Revisión entró a determinar si el ISS vulneró derechos fundamentales del actor, al negarse a reconocerle la pensión, so pretexto de no cumplir con los requisitos exigidos en la ley 860 de 2003 al momento de estructuración de la invalidez y luego de analizar temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; la inexequibilidad parcial del artículo 1º. De la Ley 860 de 2003 y el amparo definitivo y retroactivo en materia de acción de tutela, decide conceder el amparo invocado y ordenar al ISS proceder a reconocer y pagar a favor del actor, la prestación por él reclamada. CONCEDID.
Recibo Relatoria   16-1-2012 0:00


Item 410    Expediente   T-2930322    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-422/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS ERNESTO HERNANDEZ VS. FONDO DE PENSIONES SKANDIA Y OTRO

Tema

Seguridad social. La Sala de Revisión analiza si en el presente caso existió vulneración de derechos fundamentales, cuando el ISS negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del demandante, por considerar que no conservaba el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, por haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por AFP SKANDIA, a pesar de que dicho fondo devolvió los aportes cotizados a dicho instituto al determinar que el actor se encontraba válidamente afiliado a esté último fondo. Al deducirse que el demandante nunca fue desafiliado materialmente del régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales y que además, pertenece al régimen de transición, se decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar al demandado que proceda a reconocerle y pagarle su pensión de vejez, incluyendo el derecho a la indexación de la mesada pensional.
Recibo Relatoria   6-2-2012 0:00


Item 411    Expediente   T-2915465    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-423/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CLARA MIREYA PATIÑO DE ARBOLEDA COMO AGENTE OFICIOSA DE SU HIJO DOUGLAS ADRIAN ARBOLEDA PATIÑO VS. DIRECCION NACIONAL PENITENCIARIA Y CARCELARIA Y OTROS

Tema

Salud. La demandante inicia la acción de tutela en representación de un hijo que fue detenido en momentos en que sostenía una riña callejera, cuando las autoridades policivas advirtieron que tenía una orden de captura vigente. Se alega la vulneración de derechos por parte de las entidades accionadas, en tanto al recluso no se le practicó la cirugía que le fue ordenada por el médico tratante, por las lesiones sufridas en los hechos previos a la aprehensión. La Sala concluye que el INPEC debe asumir la obligación de prestarle atención médica al agenciado en la medida que, en el marco del ejercicio del poder punitivo, el Estado tiene la obligación de proteger y respetar los derechos a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. En este mismo sentido afirma que, la obligación de asegurarse de que el representado reciba oportunamente la atención médica requerida se deriva del derecho de todos los recluidos a obtener la recuperación de la salud, con independencia de si la enfermedad o la lesión se producen con anterioridad al momento de la privación de la libertad por parte del Estado. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al INPEC que proceda a tomar todas las medidas necesarias ante la E.P.S. CAPRECOM para que se determine el procedimiento médico que se le debe practicar al hijo de la actora y una vez se precise el mismo, tomar las medidas necesarias que llevarlo a cabo.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 412    Expediente   T-2935945    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-424/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    KARINA ALVAREZ CAMACHO VS. AUTOTRUCKS S.A Y OTRO

Tema

Mínimo vital. La accionante trabajó con la empresa Autotrucks S.A por cerca de ocho meses y presentó renuncia por el incumplimiento sistemático en los pagos de la remuneración pactada, así como en la cancelación de los aportes obligatorios en salud, riesgos profesionales, pensión y demás parafiscales. Transcurrido más de un mes después de la renuncia, la actora se enteró que tenía un embarazo de 7 meses e instaura la acción de tutela para reclamar el pago de los aportes debidos al sistema de seguridad social y de los salarios y prestaciones sociales adeudadas, así como para solicitar el reconocimiento y pago de las indemnizaciones correspondientes al despido indirecto, la mora en el pago y la licencia de maternidad. La Sala se pronuncia sobre los siguientes aspectos: la improcedencia de la acción de tutela por hechos futuros e inciertos, su procedencia excepcional para el cobro de acreencias laborales, especialmente en los casos en los que exista una afectación al mínimo vital y la acción constitucional cuando se dirige contra particulares. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción con respecto al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, de las prestaciones sociales adeudadas y del pago de los aportes a la seguridad social y, Se CONCEDE el amparo solicitado respecto al derecho fundamental al mínimo vital, en relación con las pretensiones de obtener el reconocimiento y pago de los salarios adeudados y la indemnización por el despido injusto.
Recibo Relatoria   12-1-2012 0:00


Item 413    Expediente   T-2931735    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-425/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ISABEL BODENSIEK BELLO VS. JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Derecho de petición. La acción de tutela se instaura en contra de varias autoridades judiciales en cuanto no resolvieron de fondo y en término oportuno, los diferentes derechos de petición que elevó la demandante para solicitar el desarchivo de un expediente contentivo de un proceso de divorcio iniciado en contra suyo. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los elementos característicos del derecho de petición y su alcance y decide CONCEDER el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   19-12-2011 0:00


Item 414    Expediente   T-2911253    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-426/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    IRLAIS ALOMIA GARCIA VS. UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Tema

Igualdad, ecuación, trabajo. Con la presente sentencia se resuelve un caso en el que se alega la vulneración de derechos fundamentales, con ocasión de la negativa de un centro universitario de otorgarle a la accionante una fecha de grado cuando ella terminó materias hace 12 años y en la actualidad el programa académico no cuenta con el registro calificado por parte del Ministerio de Educación. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con el carácter fundamental del derecho a la educación, su relación con el otorgamiento del título de una carrera y sobre la autonomía universitaria. Se encuentra que la acción impetrada resulta improcedente, sin perjuicio de la decisión que tomen las instituciones educativas demandadas. NEGAD.
Recibo Relatoria   12-1-2012 0:00


Item 415    Expediente   T-2918453    Fecha sentencia   17-5-2011 0:00    Sentencia   T-427/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ELVINA LIANA MURILLO DE PADILLA VS. CAJANAL EN LIQUIDACION Y OTRO

Tema

Seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso. Tras el fallecimiento de su compañero permanente, con quien convivió en unión libre durante 45 años, la accionante solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva. La anterior petición fue denegada, argumentando que la actora tenía vínculo matrimonial con una persona diferente al causante y que por ello no se le podía dar la calidad de compañera permanente, cuanto ostentaba la calidad de casada, sin que probara además, la separación de cuerpos con su cónyuge. La Sala desarrolla la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar la pensión sustitutiva. 2º. Naturaleza jurídica de esta prestación. 3º. Requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional y medios de prueba. 4º. Derecho al mínimo vital en relación al pago de mesadas pensionales. 4º. Jurisprudencia en relación al pago de dos pensiones de manera simultánea. 5º. Imprescriptibilidad de la pensión de sobrevivientes y 6º. Pago retroactivo en materia de pensión sustitutiva y de sobreviviente. Al constatar que la actora no tiene la doble condición de esposa y compañera permanente, así como que cumple los requisitos legales para acceder a la prestación sustitutiva reclamada y que no existe dentro del sistema de seguridad social prohibición alguna que establezca que una persona no pueda recibir más de una pensión sustitutiva, se decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   23-7-2012 0:00


Item 416    Expediente   D-8267    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-393/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA VS. LEY 52 DE 1975, TITULO PARCIAL Y LEY 91 DE 1989, LITERAL B PARCIAL, DEL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 15

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el título (parcial) de la Ley 52 de 1975, por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares y contra el literal B (parcial) del numeral 3º del artículo 15, de la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Los apartes demandados son los siguientes: del título de la Ley 52 de 1975, … particulares, de la Ley 91 de 1989: … equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Para el actor, los apartes demandados vulneran el derecho a la igualdad de los docentes al servicio del Estado respecto a los trabajadores particulares, al establecer métodos diferentes para liquidar la tasa de interés de las cesantías. Para la Corte, existe cosa juzgada constitucional respecto al literal B, del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por cuanto fue declarado EXEQUIBLE en la Sentencia C-928/06 y con relación a la expresión particulares contenida en el título de la Ley 52 de 1975, encuentra que la misma no desconoce las funciones que la jurisprudencia constitucional de la otra, precisó que el título de la ley, a pesar de no configurar por si mismo una norma con eficacia jurídica directa, si puede ser objeto de control constitucional le ha reconocido a los títulos de las leyes dentro del ámbito de delimitar o circunscribir la materia tratada en el respectivo cuerpo normativo o de servir como criterio de interpretación para establecer el sentido de las disposiciones contenidas en la Ley. Se resuelve, respecto al cargo acusado del aparte de la Ley 91 de 1989, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-928/06 y con relación al cargo analizado a la ley 52 de 1975, declararlo EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 417    Expediente   D-8329    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-394/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ALFONSO DAZA GONZALEZ VS. LEY 1395 DE 2010, ARTICULO 98

Tema

Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Demanda de Inconstitucionalidad en contra del artículo 98. El artículo demandado reza: … Oportunidad: el recurso se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos. Si no se presenta la demanda dentro del término señalado se declara desierto el recurso, mediante auto que admite el recurso de reposición. A juicio del actor, la reforma introducida por la norma acusada en la legislación procesal, limita a las personas para presentar recursos de casación, con lo que se vulneran los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. La Corte considera que no existen razones ciertas, específicas y suficientes que muestren claramente los motivos por los cuales la norma acusada implica una violación a los derechos fundamentales supuestamente vulnerados y en consecuencia, se declara INHIBIDA para hacer pronunciamiento de fondo sobre la acción de inconstitucionalidad, en contra de la norma atacada.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 418    Expediente   D-8296    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-395/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV NEPP, AV HASP,AV MGC
Demandante / Demandado    WILSON RUIZ ORJUELA VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 ARTICULO 9 PARCIAL

Tema

Acto Legislativo 01 de 2009, por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Demanda de Inconstitucionalidad contra su artículo 6 (parcial): El Demandante considera que el Congreso de la República se excedió en sus competencias al modificar el régimen de reemplazos de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Con dicha actuación, considera, se sustituyó ejes definitorios de la identidad de la Constitución, como son los principios de Soberanía Popular, Estado Democrático de Derecho, Pluralismo e Interés General, consagrados en el Preámbulo y en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución y desarrollados en los artículos 107, 108, 133, 258, 260, 263 y 263 A de la Carta. Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada más de un año después de promulgado el Acto Legislativo acusado, se presenta el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción constitucional, que conlleva a la Corte a perder competencia para pronunciarse de fondo, por lo que se declara INHIBID.
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 419    Expediente   D-8308    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-396/11
Ponente   -
Demandante / Demandado    RAMON VALDES MENDOZA VS. DECRETO 284 DE 1957, ARTICULO 1o

Tema

Decreto 284 de 1957. Por el cual se dictan normas sobre salarios y prestaciones de los trabajadores de contratistas a precio fijo, en empresa de petróleos. Demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 1º del Decreto Legislativo 284 de 1957. El aparte acusado reza: …en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Para el demandante, el contenido normativo resaltado incurre en una omisión, luego en la vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, porque no regula la posibilidad de que los beneficios referidos se extiendan también a los trabajadores que no trabajen en las zonas en donde se realizan las respectivas labores de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos. En la presente demanda se configura el fenómeno jurídico de Cosa Juzgada Constitucional por cuanto la Corte, mediante sentencia C-994/01 analizó la constitucionalidad del inciso primero del artículo actualmente demandado, el cual incluye el aparte que el demandante acusa en el presente proceso. En consecuencia, se decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-994/01, en la cual se declaró exequible el inciso primero del artículo 1º del Decreto Legislativo 284 de 1957
Recibo Relatoria   28-6-2011 0:00


Item 420    Expediente   D-8304    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-397/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS CARLOS SANDOVAL NAVAS VS. ESTATUTO TRIBUTARIO, NUMERAL 5 DEL ARTICULO 206

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra del numeral 5º, del artículo 206 del Estatuto Tributario. El artículo demandado es el siguiente: 5. las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir del 1º de enero de 1998 estarán gravadas solo en la parte del pago mensual que exceda de 1.000 UVTs. Para el demandante, el aparte acusado desconoce los principios constitucionales a la igualdad frente a las leyes, a la justicia, a la equidad, a la prevalencia del interés general y a la obligación de contribuir a las cargas públicas que recae sobre todos los ciudadanos. Así como los de proporcionalidad y progresividad que deben regir la tributación. Para la Corte, la exención prevista en la norma no vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que la seguridad social y en particular la protección especial de las pensiones, ha sido considerada como un derecho fundamental. Además, la situación de los pensionados y los trabajadores asalariados no resulta equiparable puesto que no se encuentran en la misma situación fáctica. EXEQUIBLE-
Recibo Relatoria   10-8-2011 0:00


Item 421    Expediente   D-8344    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-398/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSE ALEJANDRO HOFMANN DEL VALLE VS. LEY 1123 DE 2007, ARTICULO 29, NUMERAL 3 (PARCIAL)

Tema

Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Demanda de Inconstitucionalidad en contra del artículo 29, numeral 3º (parcial). El artículo 29 establece las incompatibilidades para ejercer la abogacía y el aparte del numeral 3 demandado establece dicha incompatibilidad como consecuencia de la imposición : de una medida de aseguramiento. Para el actor, el fragmento acusado viola la presunción de inocencia, el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad del sindicado, quien eventualmente puede derivar su sustento del ejercicio de su profesión, actividad que, por ser un trabajo, debe ser permitida, promovida y protegida por el Estado. La Corte concluye que la incompatibilidad censurada tiene claros fines constitucionales en la previsión del riesgo social, en el interés general inherente a ejercicio profesional de la abogacía y en la protección de los derechos de terceros, objetivos que aportan un marco de justificaciones más amplio que el fundado en la mera apreciación individual de las consecuencias que la privación de la libertad, tendría sobre el directamente implicado. La expresión demandada se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados en la sentencia.


Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 422    Expediente   LAT-361    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-399/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. PROTOCOLO A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE Y DE LA LEY 1410 DE 2010, APROBATORIA DE LA MISMA

Tema

Revisión de Constitucionalidad del “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 durante el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA y de la Ley 1410 del 13 de septiembre del 2010. Aprobatorio del mismo. La Corte encontró un vicio de inconstitucionalidad insubsanable, consistente en que en la aprobación del proyecto de Ley en Senado, el anuncio y la votación tuvieron lugar el mismo día. En consecuencia, se declara INEXEQUIBLE la Ley 1410 de 2010, aprobatoria del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 423    Expediente   D-8354    Fecha sentencia   18-5-2011 0:00    Sentencia   C-400/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ANDRES ATAHUALPA PEREZ VS. LEY 1328 DE 2010, ARTICULO 100

Tema

Ley 1238 de 2010. Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 100. Para el demandante, la ley acusada no contempló en su texto original la figura de los corresponsales bancarios, como tampoco fue objeto de debate en las Comisiones Constitucionales Permanentes de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes, ni del Senado de la República. Alega igualmente que en el Pliego de Modificaciones al proyecto de Ley inicial, ni en las ponencias para segundo debate al interior de las dos Cámaras, se hizo mención alguna sobre lo que efectivamente quedó estipulado en el artículo 100 de la Ley 1238 de 2010, con lo cual se dio un quebrantamiento al principio de consecutividad establecido en la Constitución Política. La demanda de inconstitucionalidad se presentó cuando ya había transcurrido algo más de un año para solicitar el estudio del vicio de procedimiento señalado por el actor, operando en este caso el principio de caducidad de la acción, que conduce a la Corte a declarase INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 424    Expediente   T-2940219    Fecha sentencia   19-5-2011 0:00    Sentencia   T-427A/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAIME DE JESUS MERLANO FERNANDEZ VS. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS

Tema

Debido proceso, igualdad. Dentro de un proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República, el accionante fue encontrado responsable fiscalmente. A juicio del actor, los fallos que declararon su responsabilidad incurrieron en defectos sustantivo y fáctico y en tal sentido solicita que al resolverse la acción de tutela se dicte como medida transitoria, la suspensión o nulidad del proceso de responsabilidad fiscal, mientras acude a la jurisdicción contenciosa administrativa a demandar los actos cuestionados. La entidad accionada solicita negar el amparo por improcedente, ya que no existió vulneración a los derechos fundamentales del demandante, en cuanto las actuaciones adelantadas respetaron el trámite propio y la normatividad establecida para la imposición de la sanción que puso fin al mismo. La Sala encuentra improcedente la protección constitucional no sólo porque el actor cuenta con otra vía judicial idónea para rebatir los argumentos alegados, sino porque no encontró acreditado un perjuicio irremediable que justificara la adopción de un amparo transitorio. NEGADA
Recibo Relatoria   11-12-2011 0:00


Item 425    Expediente   T-3007873    Fecha sentencia   19-5-2011 0:00    Sentencia   T-428/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CARLOS ARTURO CALUME PIÑERES VS. LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

Tema

Salud, vida. El accionante manifestó en el escrito de tutela ser miembro de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, en el grado de Cabo I. Narró, que a través de apoderado solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, dada su inconformidad con la Junta Médico Laboral. Dicha petición fue acogida favorablemente y el demandante fue citado para ser valorado por el Tribunal, cita a la que no puedo asistir por no ser informado oportunamente por parte de su apoderado. El Tribunal realizó dos nuevas citaciones y el peticionario no pudo asistir a ninguna de ellas. De manera posterior, el demandante radicó varias solicitudes para pedir la conformación de una junta médico laboral para que valorara su situación y las mimas fueron resueltas como improcedentes por las inasistencias presentadas anteriormente. En noviembre de 2010, la Junta de Decisiones del Comité Técnico Científico del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Militar Central, le diagnosticó Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes cd positivo y, el accionante falleció el 20 de febrero de 2011. Con base en la jurisprudencia constitucional se tiene, que la muerte del demandante en el trámite de una tutela configura un daño consumado y la consecuencia procesal, es la declaratoria de la carencia actual de objeto. Sin embargo, este hecho impone la necesidad de pronunciarse de fondo, por la proyección que puede presentarse hacia el futuro y la posibilidad de establecer correctivos. La Sala revocó la decisión judicial objeto de revisión, la cual había declarado la improcedencia de la acción; y, declaró la carencia actual de objeto.
Recibo Relatoria   10-6-2011 0:00


Item 426    Expediente   T-2954560    Fecha sentencia   19-5-2011 0:00    Sentencia   T-429/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    VICTORIANO MARQUEZ HERNANDEZ VS. SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, principio de justicia material. Tutela contra decisión judicial. Dentro de un proceso de reparación directa, en hechos en los cuales el accionante resultó perjudicado por la acción del Ejercito Nacional, cuando bombardeó la zona en la que habitaba y le causó daños a su vivienda, enseres y cultivos, al igual que a la de otros vecinos, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia en la cual condenó a la Nación a pagar los daños y perjuicios ocasionados al actor y a los otros afectados. Dicha decisión fue apelada y la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, modificando lo atinente a la condena impuesta para indemnizar el daño moral sufrido por algunos de los demandantes, dentro de los cuales se encontraba el accionante. Pese a la decisión, en la parte resolutiva de la sentencia no se relacionó el nombre del actor y éste, dentro del término de ejecutoria, no solicitó la adición del fallo, aduciendo que por la demora en la resolución del caso, el cual tardó cerca de 18 años, perdió el control del proceso. La parte demandada, alegó la improcedencia de la acción por la exagerada extemporaneidad para presentarla sin una justificación válida para la tardanza en su ejercicio, pues el peticionario impetró la acción de tutela dos años después de haber sido notificada la decisión a las partes, mediante edicto. En sede de revisión se analizó el problema jurídico planteado con base en el estudio de la siguiente temática: i). la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales – causales genéricas y específicas – y ii), la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por exceso ritual manifiesto en la aplicación de las normas procedimentales. Para la Sala, el accionado no tuvo en cuenta que el derecho procesal es un medio para la realización de los derechos subjetivos de los ciudadanos y aplicó de manera rígida y ciega el procedimiento, aún cuando la consecuencia de su proceder significó la vulneración del derecho fundamental del actor, al acceso a la administración de justicia y del principio de la justicia material. Se tutela el derecho invocado y se ordena adicionar, con el nombre del accionante, la parte resolutiva de la sentencia que declaró responsable a la Nación del pago de la indemnización de los perjuicios morales, dentro del proceso de reparación directa. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   14-6-2011 0:00


Item 427    Expediente   T-2944164    Fecha sentencia   19-5-2011 0:00    Sentencia   T-430/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    CARMEN STELLA ROMERO RENDON VS. CAJANAL EN LIQUIDACION

Tema

Seguridad social, debido proceso, igualdad. La accionante trabajó en varias entidades del sector público y una vez reunió los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez, solicitó el reconocimiento y pago de esta prestación a CAJANAL. La entidad accionada negó la petición alegando que, si bien la actora cumplía con el requisito de edad y de 10 años al servicio del Ministerio Público, no contaba con el requisito de tener 20 años de servicio en el sector oficial. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y el acto administrativo fue revocado, expidiéndose en su lugar, una nueva resolución en la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia. Al parecer de la accionante, la liquidación se hizo desconociendo los parámetros del régimen especial para los funcionarios judiciales, contemplado en el Decreto 546 de 1971. Para decidir, la Sala reitera jurisprudencia sobre el derecho a la seguridad social en pensiones, el régimen de transición en materia pensional y el régimen especial de la Rama Judicial. Se decide que, a pesar de existir otro medio de defensa judicial ante el juez contencioso administrativo, la entidad demandada incurrió en una flagrante vía de hecho al haber expedido el acto administrativo mediante el cual se le reconoció la pensión de vejez a la actora, con base en normas claramente inaplicables y desfavorables para la misma. Se concede el amparo de los derechos invocados y se ordena a CAJANAL reliquidar la pensión, pero de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971. CONCEDID.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 428    Expediente   T-2933110    Fecha sentencia   23-5-2011 0:00    Sentencia   T-432/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    RAMON ARCADIO HENAO CASTAÑO VS. ISS DE ANTIOQUIA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al demandante, bajo el argumento de no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. El demandante fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 51.75% de origen común, con fecha de estructuración 23 de febrero de 2006 y presentó la solicitud para el reconocimiento de la prestación en el año 2010. La Sala concluyó que, en casos de pensiones de invalidez causadas por enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, cuando se señala como fecha de estructuración de la invalidez la fecha en que al paciente le apareció el primer síntoma y no la fecha en que por su estado de salud ya no pudo volver a trabajar, el no contabilizar las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración, vulnera derechos fundamentales. En el presente caso se concede el amparo y se ordena al ISS iniciar el trámite para el reconocimiento y pago de la pensión del invalidez al actor. CONCEDID.
Recibo Relatoria   28-9-2011 0:00


Item 429    Expediente   T-2918340    Fecha sentencia   23-5-2011 0:00    Sentencia   T-433/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    APULIO CHAMARRA CHAMARRA Y OTRO EN REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EMBERA DOBIDA DE EYAKERA DEL CHOCO VS. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS

Tema

Propiedad territorial, vida. Los demandantes en representación de la comunidad indígena Embera Dobida de Eyakera solicitan que se reinicien los trámites de constitución del resguardo de su comunidad, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Ungía (Chocó), así mismo requieren se efectúe un nuevo estudio técnico y topográfico del área total del resguardo y una medición exacta del territorio ancestral que les pertenece y que buscan titular a su nombre, el que indican asciende aproximadamente a cinco mil hectáreas y no a las quinientas que les ofrece el INCODER. La Corte reitera que los grupos indígenas gozan de una especial protección por parte del Estado y que el derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios indígenas, reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional. Se concede el amparo de los derechos invocados y se ordena a la entidad accionada reiniciar el proceso de reconocimiento del resguardo referido, previo agotamiento del trámite establecido en los Decretos 1397 de 1996 y 982 de 1999. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-10-2011 0:00


Item 430    Expediente   T-2914433    Fecha sentencia   23-5-2011 0:00    Sentencia   T-434/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV JCHP
Demandante / Demandado    JAIDER ALBERTO BARRIENTOS CORREA EN REPRESENTACION DE SINTRAINDULECHE VS. PROLECHE S..

Tema

Libertad de expresión, actividad sindical. La vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes se origina en las actuaciones adelantadas por parte de la empresa PROLECHE, mediante las cuales imparte la orden de retirar los afiches, volantes, pancartas y petos utilizados por los miembros del Sindicato SINTRAINDULECHE para defender el Pliego de Peticiones que no pudo ser negociado en la etapa de arreglo directo con los representantes de la empresa y; por la decisión de abrir procesos disciplinarios en contra de aproximadamente 20 asociados que se negaron a retirar dicha publicidad. Por su parte considera PROLECHE que no ha vulnerado los derechos del sindicato, porque el reglamento de la empresa establece la prohibición de distribuir esa clase de material publicitario y consagra las sanciones para quienes desobedezcan dicha prohibición. Para la Corte, las regulaciones internas de la actividad empresarial son legítimas pero no pueden llegar al punto de limitar o restringir los derechos de los trabajadores y del sindicato, en particular en el marco del proceso de negociación colectiva. Se amparan los derechos a la libertad de expresión y la actividad sindical respecto a la posibilidad de fijar y distribuir material grafico en las carteleras y espacios preestablecidos en el interior de la empresa y a ésta se le ordena disponer de los espacios para este fin y abstenerse de restringir los derechos amparados. CONCEDID.
Recibo Relatoria   16-1-2012 0:00


Item 431    Expediente   T-2863522    Fecha sentencia   23-5-2011 0:00    Sentencia   T-435/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JAIME HERNAN SUAREZ TORRES VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

Asociación sindical. En el presente caso se da una situación en la cual CAJANAL decide no despedir al accionante por hacer parte del retén social como prepensionado y por lo mismo, procede a no dar cumplimiento al fallo dictado dentro del proceso especial de fuero sindical, mediante el cual se le concedió autorización para desvincularlo por la supresión del cargo como consecuencia del proceso liquidatorio de la entidad. Al tiempo de no hacer efectivo el despido, CAJANAL le reasigna funciones al actor bajo el argumento de no contar ya con el permiso sindical previamente concedido. La Sala no considera censurable la actuación de la Caja desde el punto de vista de la efectividad de los derechos del trabajador y por el contrario considera que se encaminó a garantizarlos, en el sentido de facilitar la transición sin inconvenientes del trabajador asalariado a la población pensionada. Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la relación laboral existente entre el demandante y CAJANAL, se ordena la suspensión de los efectos de la orden judicial que autorizó el levantamiento del fuero sindical, hasta tanto el actor complete los requisitos para pensionarse y se incluya en la nómina de pensionados ó, se finalice o sea inminente la finalización del proceso de liquidación de la empresa y sea indispensable terminar la relación laboral existente. Igualmente se advierte, que durante el tiempo que la suspensión del levantamiento del fuero sindical se encuentre vigente, el empleador deberá abstenerse de tomar determinaciones encaminadas a desatender los permisos sindicales que se encontraban vigentes y que cobijaban al actor, ó, a imponer eventuales sanciones por inasistencias en fechas en las que se acredite la existencia de un permiso sindical válido. CONCEDID.
Recibo Relatoria   2-2-2012 0:00


Item 432    Expediente   D-8230    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-436/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    VICTOR DAVID LEMUS CHOIS VS. LEY 1395 DE 2010, ARTICULO 9

Tema

Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 9º, que adicionó un parágrafo al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil. El artículo acusado regula los términos para dictar resoluciones judiciales, fija los plazos máximos para dictar sentencia en primera y segunda instancia y; establece el procedimiento a seguir en los casos en que dichos plazos no se cumplan. El demandante estima que la disposición objeto de censura contraviene lo dispuesto en los artículos 13, 29, 150, 158 y 228 de la Constitución Política. A juicio de la Corporación, la acusación formulada carece de claridad, especificidad, certeza, pertinencia y suficiencia, toda vez que los cargos no recaen directamente sobre el contenido de la disposición demandada, sino sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor. La Sala se INHIBE para emitir pronunciamiento de fondo por presentarse en fenómeno de la ineptitud sustancial de la demanda.
Recibo Relatoria   30-8-2011 0:00


Item 433    Expediente   D-8312    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-437/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    JAVIER BLEL BITAR VS. LEY 26 DE 1989, ARTICULOS 5, 6, 7, 8 Y 9

Tema

Ley 26 de 1989. Por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 5, 6, 7, 8 y 9. Los artículos demandados hacen referencia a la creación, funciones, naturaleza, administración y patrimonio del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM. La demanda se sustentó en la falta de autorización por parte del Congreso para la celebración del contrato de administración de los recursos parafiscales entre dos entidades privadas; en el silencio guardado por el legislador respecto al sistema y método que debe seguir el Fondo, respecto a la administración, recaudo e inversión de los recursos que lo conforman; en el incumplimiento de los fines de la parafiscalidad y; en la violación del artículo 363 de la Carta Política. La Corte destacó que los recursos parafiscales emanan de la soberanía del Estado y que si bien procede su administración por una persona jurídica de derecho privado, ésta debe ser contratada por el Gobierno Nacional y no directamente por el Fondo creado por la Ley. Se declaran EXEQUIBLES los artículos 5, 7 y 8 y EXEQUIBLE CONDICIONADO el artículo 7, en el entendido de que Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, deberá suscribir el contrato con la Federación o Federaciones de distribuidores minoristas de combustibles líquidos del petróleo, que cumpla con las exigencias previstas por la ley para la administración de los recursos parafiscales del SOLDICOM. Así mismo se declara INHIBIDA respecto a los artículos 6 y 9, por la vulneración de los artículos 2, 13 y 363 de la Carta Política.
Recibo Relatoria   18-10-2011 0:00


Item 434    Expediente   D-8327    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-438/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    FERNAN IGNACIO BEJARANO ARIAS VS. LEY 1306 DE 2009, ARTÍCULO 82, INCISO 3o (PARCIAL)

Tema

Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de representación legal de incapaces emancipados. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 82, inciso tercero (parcial). El aparte demandado es el siguiente:…, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras avalará al obligado, directamente o ante la entidad fiadora. Según el demandante, el apartado acusado es contrario al artículo 150 numeral 19 literal d) de la Constitución Política, en cuanto está atribuyendo al FOGAFIN una función de garante, pese a que la mencionada ley no es marco. Así mismo, señala que se violan los artículos 158 y 169 de la Carta, en cuanto han violación al principio de unidad de materia y conexidad del título con el contenido de la ley, por cuanto se le está asignando al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, una función que no tiene conexidad con el contenido material de la Ley 1306 de 2009, ni con las funciones que le fueron asignadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. La Corte analizó el trámite de las leyes ordinarias y las leyes marco, concluyendo que no difieren y que no resulta inconstitucional la inclusión de normas marco en leyes ordinarias, siempre que se satisfaga el requisito de unidad de materia y el grado de amplitud que caracteriza las leyes generales o marco. Se resuelve declararse INHIBIDA por ineptitud sustantiva de materia de la demanda, en relación al cargo de unidad de materia propuesto por el actor y declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte acusado, en relación con el cargo analizado en cuanto a la violación del artículo 150, artículo 19, literal d, de la Carta Política.
Recibo Relatoria   21-7-2011 0:00


Item 435    Expediente   D-8314    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-439/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV MVCC, AV HASP
Demandante / Demandado    MARTHA STELLA CORONELL HERRERA VS. LEY 769 DE 2002, ARTICULO 87 PARCIAL

Tema

Ley 769 de 2002. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 87 (parcial). El artículo demandado se refiere a la prohibición de llevar animales y objetos molestos en vehículos para pasajeros. El aparte acusado es “ni animales”. La actora manifiesta que el texto demandado vulnera los artículos 13 (derecho a la igualdad); 15 (derecho a la intimidad personal y familiar), 16 (derecho al libre desarrollo de la personalidad), 24 (libertad de locomoción) y 58 (propiedad privada) de la Constitución Política. La Sala concluye que la decisión legislativa de prohibir el acceso de animales en los vehículos de servicio público de pasajeros se encuentra exequible en relación con las especies de fauna silvestre, salvajes, fieros y domesticados debidamente señaladas por el Código Nacional de Recursos Renovables y normas concordantes, pero no en relación con animales domésticos, con los cuales los usuarios no corren ningún tipo de peligro. Sin embargo se dispone que el transporte de estos animales debe realizarse siempre y cuando se aseguren las condiciones de seguridad, salubridad, razonabilidad y en los términos que al efecto se señalen en los respectivos reglamentos, los cuales en todo caso no pueden contener condiciones que impliquen obstáculos irrazonables para la efectiva movilización de personas con mascotas. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “ni animales” contenida en el artículo 87 de la Ley 769 de 2002, bajo el entendido que se exceptúan de dicha prohibición los animales domésticos, siempre y cuando sean tenidos y transportados bajo ciertas condiciones y reglas aplicables.
Recibo Relatoria   30-8-2011 0:00


Item 436    Expediente   D-8330    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-440/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JORGE ORLANDO SAAVEDRA ANGEL VS. LEY 633 DE 2000, ARTICULO 72 (PARCIAL) Y LEY 789 DE 2002, ARTICULO 19, PARAGRAFO 1 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 633 de 200 y parágrafo 1º (parcial) del artículo 19 de la Ley 789 de 2002. La demanda se dirige contra las expresiones “… exceptuando el subsidio monetario…” del artículo 72 de la Ley 633 y “… salvo el subsidio monetario”, contenido en el parágrafo 1º de la Ley 789 de 2002. A juicio del actor, los apartes atacados vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13, 25 y 48 de la Constitución Política, al ser contrarios a los fines sociales del Estado y resultar injustas para los trabajadores independientes y los desempleados, situación que en nada beneficia a los sectores más desfavorecidos del mercado laboral colombiano. La Corte encontró que las normas que posibilitan la afiliación de los trabajadores independientes y desempleados de manera voluntaria y por cuenta propia a las Cajas de compensación Familiar para acceder a algunos servicios que ellas ofrecen, no configuran una medida regresiva en materia de derechos sociales. Se declara la EXEQUIBILIDAD por los cargos analizados, de las expresiones impugnadas.
Recibo Relatoria   30-8-2011 0:00


Item 437    Expediente   D-8289    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-441/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    VANESSA BENAVIDES QUEVEDO Y OTRA VS. LEY 1330 DE 2009

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el texto íntegro de la Ley 1330 de 2009. Por la cual se adiciona la Ley 793 de 2002 y se establece el trámite abreviado y el beneficio por colaboración. Los demandantes aducen cargos relacionados con la posible vulneración de los artículos 34 y 58 de la Constitución. La Corte decide declararse INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de inconstitucionalidad formulada, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 438    Expediente   D-8295    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-442/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV JCHP, SV MVCC
Demandante / Demandado    EDUARDO MARQUEZ GONZALEZ Y OTRO VS. LEY 599 DE 2000, ARTICULOS 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228

Tema

Ley 599 de 2000. Por el cual se expide el Código Penal. Demanda de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228. El demandante alega que los artículos 220 y 221 atacados tipifican el delito de injuria y calumnia de manera vaga e imprecisa y que la indeterminación en la formulación de los tipos penales vulnera el principio de legalidad y da lugar a una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Aduce que tales vicios de inconstitucionalidad se extienden a los artículos 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 del Código Penal, por tratarse de tipos penales subordinados a los delitos de injuria y calumnia que incorporan en sus elementos normativos, las expresiones tachadas de vagas e imprecisas. Para la Corte, la tipificación penal de los delitos de injuria y calumnia no desconoce el principio de legalidad y no constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Se declaran EXEQUIBLES los artículos demandados, por los cargos examinados en la presente decisión.
Recibo Relatoria   24-8-2011 0:00


Item 439    Expediente   D-8350    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   C-444/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    YADIRA ALARCON ROJAS VS. LEY 1407 DE 2010. ARTICULO 628 (PARCIAL)

Tema

Ley 1407 de 2010. Por el cual se expide el Código Penal Militar. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 628 (parcial). El aparte acusado reza: “La presente ley regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2010, conforme al régimen de implementación…”. Según el demandante, el aparte que se reprocha vulnera el artículo 29 Superior, relativo al debido proceso y según el cual, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las normas preexistentes. Para resolver, la Corte analizó los siguientes puntos: 1º. Antecedentes legislativos del artículo 628 de la Ley 1407 de 2010 y, 2º. El derecho al debido proceso y el principio de legalidad y vigencia de la ley. Se declara la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “al 1º de enero de 2010” y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto del artículo 628 de la ley 1407 de 2010, bajo el entendido que la ley regirá a partir del 17 de agosto de 2010, fecha de su promulgación.
Recibo Relatoria   25-8-2011 0:00


Item 440    Expediente   D-8350    Fecha sentencia   25-5-2011 0:00    Sentencia   44
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    YADIRA ALARCON ROJAS VS. LEY 1407 DE 2010, ARTICULO 628 (PARCIAL)

Tema

Ley 1407 de 2010. Por el cual se expide el Código Penal Militar. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 628 (parcial). El aparte acusado reza: “La presente ley regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2010, conforme al régimen de implementación…”. Según el demandante, el aparte que se reprocha vulnera el artículo 29 Superior, relativo al debido proceso y según el cual, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las normas preexistentes. Para resolver, la Corte analizó los siguientes puntos: 1º. Antecedentes legislativos del artículo 628 de la Ley 1407 de 2010 y, 2º. El derecho al debido proceso y el principio de legalidad y vigencia de la ley. Se declara la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “al 1º de enero de 2010” y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto del artículo 628 de la ley 1407 de 2010, bajo el entendido que la ley regirá a partir del 17 de agosto de 2010, fecha de su promulgación
Recibo Relatoria   25-8-2011 0:00


Item 441    Expediente   D-8328    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   C-443/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    FERNAN RAMIRO ALVAREZ RANGEL VS. LEY ESTATUTARIA 1157 DE 2007, ARTICULO 6

Tema

43
Ley Estatutaria 1157 de 2007. Por la cual se desarrolla el artículo 227 de la Constitución Política, con relación a la elección directa de parlamentarios andinos. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 6º. El artículo atacado es el siguiente. REPOSICIÓN DE VOTOS: Los candidatos elegidos al Parlamento Andino tendrán derecho a la reposición estatal por los votos válidos obtenidos, en los términos de esta ley. En la presente demanda la Corte estudió si, el restringir la financiación estatal a los elegidos al Parlamento Andino, va en contra de los términos constitucionales establecidos por el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 109 de la Constitución. El actor señala que el cambio operado vulnera el principio de igualdad y la disposición constitucional sobre financiación de partidos y movimientos políticos. La Sala no encuentró reproche desde el punto de vista de su adecuación constitucional en contra del artículo impugnado y resolvió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-502/07, respecto de la vulneración del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución, por parte del artículo 6º de la Ley 1157 de 2007 y declarar EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 1157 de 2007, por el cargo estudiado en la presente demanda.

Recibo Relatoria   7-9-2011 0:00


Item 442    Expediente   D-8345    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   C-445/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JULIAN ARTURO POLO ECHEVERRI VS. DECRETO LEY 1791 DE 2000. ARTICULO 21, PARÁGRAFO 4, NUMERAL 4

Tema

Decreto Ley 1791 de 2000 Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 21 numeral 4, parágrafo 4º. El artículo demandado establece los requisitos para ascenso de oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales. Por su parte, el parágrafo 4 establece los requisitos previos que deben cumplir los patrulleros en servicio activo que deseen concursar para ingresar como Subintendentes. Para el demandante, el texto acusado desconoce el artículo 13 de la Constitución, en cuanto se plantea un trato discriminatorio injustificado entre los patrulleros y demás miembros del cuerpo de Policía Nacional pues los primeros, a diferencia de los segundos, para ascender dentro de la estructura policial tienen que acreditar no haber sido sancionados en los últimos tres (3) años. Para la Corte, existe pluralidad de regímenes jurídicos que cobijan el ingreso y ascenso por parte de los patrulleros y el resto de personal a que se refiere la norma, que no pueden ser equiparados y en consecuencia, no hay lugar a un juicio de igualdad. Se declara EXEQUIBLE la norma acusada, por el cargo propuesto en la demanda.
Recibo Relatoria   22-7-2011 0:00


Item 443    Expediente   T-2643464 ACUMULADOS    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   SU.446/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV GEMM, SV JIPP, SPV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    NELSON TRIANA CARDENAS Y OTROS VS. COMISION NACIONAL DE CARRERA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Tema

Proceso de selección y concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación. Sentencia de unificación frente a las diferentes demandas de tutela presentadas en contra de la Fiscalía, por la expedición y utilización del registro definitivo de elegibles resultante de la culminación de las diferentes etapas del concurso de méritos realizado por la entidad a través de 6 convocatorias en las cuales se ofertaron 4697 cargos, cuando el total de cargos de carrera de la misma naturaleza y perfil de los convocados ascendía a 9498. Las tutelas seleccionadas y acumuladas se identificaron y agruparon dentro de dos grupos de accionantes. En el primero, estaban los que participaron en las convocatorias y quedaron en el registro de elegibles, pero no fueron nombrados porque el puesto que ocuparon excedía el número de plazas ofertadas. El segundo grupo se conformó por demandantes que estaban desempeñando un cargo en la Fiscalía en calidad de provisionales y no participaron en ninguna de las convocatorias; participaron y no alcanzaron el puntaje mínimo o, se encontraban en la lista de elegibles pero en un escaño superior al número de cargos ofertados. Los primeros demandantes alegaron que en la entidad hay un número suficiente de cargos iguales a los que fueron objeto de concurso que son desempeñados por empleados en provisionalidad o están vacantes y por tanto, les asiste el derecho a ser nombrados en ellos, en cuanto hacen parte de una lista de elegibles que está vigente. El segundo grupo de accionantes consideró que tienen el derecho a permanecer en sus cargos provisionalmente, bien porque tienen una condición particular que los cobija con una protección especial o, porque la entidad ha debido tener criterios válidos y objetivos para dar por terminada su provisionalidad. La Sala hace un extenso análisis sobre el alcance y la obligatoriedad de las reglas del concurso de méritos que efectuó la Fiscalía General de la Nación y sobre la naturaleza, alcance y fuerza vinculante del registro de elegibles que se elaboró como resultado de dicho concurso. Se concluye que el uso del registro o lista de elegibles se impone sólo para proveer vacantes y los cargos en provisionalidad que registre la entidad durante su vigencia, siempre y cuando se trate de las plazas ofertadas en el respectivo concurso. Se resuelve revocar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, según la cual se estableció que la Fiscalía General debía agotar el registro de elegibles para proveer todos los cargos vacantes o en provisionalidad a los que hacían referencia las seis convocatorias publicadas. Se determinó además, que las personas que fueron nombradas en carrera en virtud de la orden antes referida, sigan vinculados a la entidad, pero bajo el entendido que su vinculación es de carácter provisional y no de carrera y, que la vinculación se debe mantener hasta tanto se provea el cargo mediante concurso público o se cumplan las condiciones establecidas en la sentencia SU-917-10, para su desvinculación. Como medida de protección para personas en situación de especial protección que fueron desvinculadas en virtud del concurso de méritos, se ordena a la entidad demandada que en el evento de existir vacantes en un cargo igual o similar al que ocupaban, se les designe nuevamente o se les mantenga en el cargo hasta que éste se provea mediante concurso público o se den las condiciones de la sentencia SU-917-10 para su desvinculación. Se ordena igualmente a la entidad accionada, iniciar en un término de 6 meses los trámites pertinentes para convocar a concurso público todos y cada uno de los cargos de carrera existentes, los cuales deben culminar definitivamente en un término máximo de dos años. Fallo con efectos inter comunis, los que cobijan tanto a quienes hicieron uso de la acción de tutela que originó la decisión, como a quienes sin interponer dicha acción, se encuentren en las situaciones previstas en él.
Recibo Relatoria   12-12-2011 0:00


Item 444    Expediente   2089121 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   SU.447/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y FOGAFIN VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. La superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN -, presentaron demandas de tutela en contra de la sentencia proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la que en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho varias sociedades (antiguas accionistas mayoritarias de Granahorrar) demandaron la nulidad, por falta de motivación y notificación, de una orden de capitalización expedida por la Superintendencia Bancaria y de una resolución de FOGAFIN, en la que se ordenó la reducción del valor nominal de las acciones de Granahorrar; que se expidieron como medidas preventivas de recapitalización de la entidad bancaria. Como antecedentes de la acción de nulidad impetrada se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un primer momento rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, pero luego de ser apelada dicha decisión, optó por concluir en la sentencia que no existía caducidad alguna y en consecuencia resolvió el asunto negando las pretensiones incoadas. En la providencia de segunda instancia que se demanda, se confirmó la decisión del Tribunal respecto a la caducidad, pero se decidieron favorablemente las pretensiones, declarando la nulidad de los referidos actos administrativos y ordenando a la superintendencia y a FOGAFIN, pagar cada una un 50% de los valores determinados por concepto de reparación del daño a las sociedades actoras. La Sala resuelve el problema jurídico planteado analizando la siguiente temática: 1º. Las notificaciones en actuaciones administrativas. 2º. La sociedad anónima y su representante legal. 3º. La jurisprudencia constitucional en la materia y 4º). La caducidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Se concluye que la Sección Cuarta del Consejo de Estado al emitir pronunciamiento en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo y procedimental, al seguir un trámite ajeno al pertinente y al actuar al margen del procedimiento establecido, al tener como válida la fecha de presentación de la demanda, cuando había operado para la misma, el fenómeno de la caducidad. se CONCEDE el amparo reclamado, se revocan las decisiones de instancia que rechazaron la tutela por improcedente y se deja sin valor y efecto la decisión tomada en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, declarando que ésta acción se encuentra caduca desde el 5 de febrero de 1999.
Recibo Relatoria   5-12-2011 0:00


Item 445    Expediente   T-2176281    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   SU.448/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    EDGARDO MAYA VILLAZON (PROCURADOR GENERAL DE LA NACION) VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. Los hechos que originaron la presentación de la acción constitucional tuvieron fundamento en la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de San Andrés – en descongestión del de Cundinamarca, que dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, anuló el acto administrativo que declaró insubsistente a un funcionario de libre nombramiento y remoción de la Procuraduría General de la Nación y ordenó su reintegro, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar durante el lapso de tiempo que estuvo desvinculado de la entidad, descontando de esa suma lo recibido mientras laboró en otras entidades públicas durante el mismo período. A juicio del demandante, existió una vía de hecho en la sentencia impugnada en cuanto incurrió en 1º. Defecto fáctico, por la inconducencia, impertinencia e ineficacia de las pruebas y por error en la valoración de las mismas. 2º. En defecto sustantivo derivado del desconocimiento del marco legal y constitucional que regula la discrecionalidad del nominador en los cargos de libre nombramiento y remoción, por la desproporcionalidad en el monto de la condena y la prohibición de doble asignación del tesoro. 3º En defecto por desconocimiento del precedente constitucional y 4º. En defecto orgánico por incompetencia de quien adoptó la decisión en segunda instancia. Luego de verificar la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales, la Sala concluye que la entidad judicial accionada, al dictar la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en defectos sustantivos por cuanto tomo como fundamento una norma que no era pertinente al caso dejando de aplicar las que efectivamente correspondían y, no hizo valer las sentencias con efectos erga omnes dictadas por la Corte Constitucional respecto de las normas que debía emplear Se tutela el derecho invocado y se deja sin valor y efectos jurídicos la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho mencionado. CONCEDID.
Recibo Relatoria   12-12-2011 0:00


Item 446    Expediente   T-2919871    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   T-450/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    PIERIC JOEL VAUCHER DE LA CROIX VS. JUZGADO TREINTA PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, igualdad, defensa. Tutela contra providencia judicial. Argumenta el apoderado del acccionante, que dentro de un proceso penal seguido en su contra, por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador, el Despacho Judicial accionado le impuso una condena de 42 meses de prisión, una multa superior a los 21 millones de pesos y la inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas, a pesar de no encontrarse en el país para ejercer su derecho de defensa y sin que el abogado defensor nombrado de oficio, actuara con el suficiente cuidado para asegurar la defensa de sus derechos. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales en la jurisprudencia constitucional y las precisiones de la Corte en materia de defecto procedimental por desconocimiento del derecho de defensa técnica. 2º. Declaratoria de persona ausente como forma de vinculación en el proceso penal. Ley 600 de 2000 y 3º. La presunción de culpa y responsabilidad de los administradores, dispuesta en el artículo 24 de la Ley 222 de 1995. Se concluye que, el despacho accionado no actúo caprichosa y arbitrariamente al condenar al actor, pues su actuación se enmarcó en las disposiciones legales y la sentencia estuvo plenamente motivada, sin la existencia de ningún elemento que pudiera deducir la existencia de una vía de hecho. NEGAD.


Recibo Relatoria   16-8-2011 0:00


Item 447    Expediente   T-2913378    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   T-451/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SANTIAGO SOTO MOLINA VS. MINISTERIO DE TRANSPORTE

Tema

Acceso a la información pública. El actor solicitó al Ministerio de Transporte un listado de las placas de los vehículos que se encuentran registrados como taxi en el país, así como la marca y modelo que corresponda a cada uno de éstos vehículos y la ciudad en la cual están autorizados a prestar el servicio. La petición se hizo a través de un correo electrónico y por este mismo medio la entidad accionada respondió que no disponía de una base de datos con la información solicitada, pues tal labor correspondía a los organismos de tránsito de las entidades territoriales, motivo por el cual sugería que elevara la petición a cada uno de ellos. Ante la respuesta obtenida, el demandante reiteró la petición alegando que la dicha información es de carácter público y que además, le corresponde legalmente al Ministerio de Transporte poner en funcionamiento el RUNT. Para la Sala, no existe justificación para denegar la información solicitada por el actor y en consecuencia concede el amparo del derecho de acceso a la información pública y ordena al Ministerio de Transporte y a la Concesión RUNT S.A., suministrar la información requerida por el actor. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 448    Expediente   T-2955496    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   T-452/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HAROLD WALTER PALACIOS GARCIA EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJO MALCOM XAVIER PALACIOS ARARAT VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Salud, integridad física, libre desarrollo de la personalidad. El accionante, actuando en representación de su hijo, elevó derecho de petición ante COOMEVA E.P.S., con el objeto de que le fuera suministrada al menor, en forma gratuita y sin dilación, la vacuna de neumococo. La entidad accionada no dio respuesta alguna al peticionario. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la salud de los niños y su protección por medio de la acción de tutela y enmarca la decisión dentro de la línea jurisprudencial adoptada por la Corporación para ordenar el suministro de vacunas, entre las que se encuentra la del neumococo. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 449    Expediente   T-2890032 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   T-453/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SPV HASP
Demandante / Demandado    WILSON ARTURO ACOSTA RODRIGUEZ Y OTROS VS. PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. Y OTROS

Tema

Vida digna, seguridad social, igualdad, mínimo vital. Se acumulan seis expedientes por unidad de materia. Los hechos de cada uno de los casos tienen en común la exigencia por parte de las entidades demandadas (Pensiones y Cesantías Protección S.A., Instituto de Seguros Sociales, Secretaría de Educación de Medellín y el Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA), del requisito de fidelidad al sistema, para el reconocimiento y pago de pensiones. En cuatro casos se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y en los dos procesos restantes, se pidió el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Ninguna de las prestaciones fue concedida y todos los accionados se escudaron de una u otra forma, en la falta del requisito de fidelidad al sistema. La Sala abordó la siguiente temática: 1º. El derecho fundamental a la seguridad social, su protección por medio de la acción de tutela y la procedencia de ésta para reclamar pensiones de invalidez y sobrevivientes. 2º. El carácter vinculante del precedente constitucional y, 3º El principio de progresividad en materia de seguridad social. Se concluye que los fondos accionados, que en cada caso negaron las pensiones respectivas lo hicieron de forma errada, vulnerando con su actuación los derechos fundamentales de los actores; en consecuencia, se resolvió tutelar los derechos invocados en cada proceso por los demandantes. CONCEDID.
Recibo Relatoria   23-8-2011 0:00


Item 450    Expediente   T-2903684    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   T-454/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MYRIAM CAMARGO ORDUZ VS. POLICIA NACIONAL Y OTRO

Tema

Trabajo, mínimo vital. La accionante vende obleas en el parque principal del municipio de Chía desde hace 28 años. Para desarrollar su labor ha contando con el permiso y la autorización de la administración municipal, sin embargo, ha sido víctima de maltrato por parte de la autoridad policiva del municipio quien la persigue insistentemente, hasta el punto de desalojarla del sitio donde desarrolla su actividad laboral y quitarle mercancía, bajo el argumento de contar con el respaldo de acto administrativo proferido por el Alcalde Municipal, que frente al tema de vendedores ambulantes, comisiona y autoriza con amplias facultades a las Inspecciones y al Comando de Policía, para imponer sin privilegio y drásticamente las sanciones pertinentes. La Sala analiza el caso teniendo en cuenta el principio de confianza legítima, en cuanto concepto que se deriva de los principios de la buena fe y la seguridad jurídica y que se erige como un límite a la actuación de la Administración. Se decide tutelar los derechos invocados por la accionante y ordenar a la Alcaldía de Chía proceder a verificar las condiciones socio-económicas de la actora, para establecer y realizar el tipo de alternativa aplicable a la misma, a fin de permitirle ejecutar una actividad laboral igual o similar a la venía desarrollando. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   6-7-2011 0:00


Item 451    Expediente   T-2135546    Fecha sentencia   26-5-2011 0:00    Sentencia   T-455/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARTHA JIMENEZ DE MERCADO VS. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE GIRARDOT

Tema

Igualdad, libre desarrollo de la personalidad, trabajo. En el presente asunto se ataca la decisión adoptada por la ESE Hospital Universitario San Rafael de Girardot de desvincular a la actora dentro del proceso de liquidación de la empresa, a pesar de estar próxima a cumplir con la totalidad de requisitos para acceder a su pensión de jubilación o vejez. Se solicita que se imparta la orden de incluirla en el retén social establecido en el decreto de liquidación. El Hospital argumentó que no hay lugar a la aplicación de la precitada figura jurídica, toda vez que en el proceso de liquidación no se previó la protección para personas que se encontraran próximas a cumplir requisitos para pensionarse, sino para aquellas que, habiendo cumplido los requisitos, aún no estaban incluidas en la nómina de pensionados por parte de la entidad encargada. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para garantizar la aplicación de las normas del retén social y, 2º. Los programas de reestructuración y de la administración pública y la aplicación del retén socia en el caso de prepensionados. Se revoca la decisión de instancia que NEGO la acción de tutela y se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.
Recibo Relatoria   29-11-2012 0:00


Item 452    Expediente   T-2891196    Fecha sentencia   27-5-2011 0:00    Sentencia   T-456/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GILBERTO LOPEZ GUEVARA VS. SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, igualdad, vivienda digna. Tutela contra providencia judicial. El accionante alega que el Tribunal demandado incurrió en una vía de hecho, al dar una errada interpretación o valoración probatoria dentro del proceso reivindicatorio de la cuota parte del inmueble respecto del cual alega tener derechos de posesión. A juicio del actor, el despacho judicial no midió con el mismo rasero a las partes en litigio, pues sin razón alguna contabilizó el término de preeminencia de los títulos de cada una de las partes, a partir de fechas diferentes. La Sala concluye que la decisión impartida por el Tribunal accionado no incurrió en el defecto fáctico alegado y por tanto, al no estar inmersa en una causal de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se NIEGA el amparo invocado
Recibo Relatoria   3-10-2011 0:00


Item 453    Expediente   T-2903447    Fecha sentencia   27-5-2011 0:00    Sentencia   T-456A/11
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JORGE EDUARDO TORRES VEGA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Tema

Acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad. Tutela contra providencia judicial. El accionante se desempeñaba en la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Investigador Judicial I en la Dirección Seccional del CTI de la ciudad de Medellín, cargo que siendo de carrera administrativa era ocupado por él en calidad de provisional. Se interpone la acción de tutela en contra de las decisiones judiciales que en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, negaron la solicitud de declaratoria de nulidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia, así como la petición del reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir a razón del injustificado despido. La Sala analiza si la declaratoria de insubsistencia de un funcionario público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, debe ser motivado o no y, en caso de no serlo, si se vulneran derechos fundamentales. Se concluye que los fallos atacados no hicieron referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que por ende se trata de providencias que vulneran la Constitución Política, en tal sentido se revocan y se ordena al juez ordinario que se pronuncie nuevamente sobre el asunto, pero teniendo en cuenta la línea jurisprudencial de la Corporación, según la cual, los actos de insubsistencia de funcionarios en provisionalidad sin motivación son nulos, caso en el cual procede el reintegro siempre que el cargo no haya sido provisto por el sistema de carrera o se haya suprimido. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   14-12-2011 0:00


Item 454    Expediente   T-2716705    Fecha sentencia   27-5-2011 0:00    Sentencia   T-457/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    VICTOR GREGORIO BONILLA IPIA Y OTROS VS. UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL -UTEN- Y OTROS

Tema

Mínimo vital, trabajo, debido proceso, vida digna, seguridad social. Los accionantes, cuarenta y seis en total, en su calidad de asociados a la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN), presentan la acción de tutela para reclamar a las entidades accionadas el pago de salarios, aportes a la seguridad social y otras acreencias laborales, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2009, que se derivaron del contrato colectivo laboral suscrito entre su agremiación y la Sociedad de Ingenieros de Colombia SOINCO Proyectos Limitada. La Sala reitera que las controversias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones dinerarias adquiridas por el sindicato en beneficio de sus afiliados partícipes; o entre el empresario contratante y el sindicato de trabajadores en el marco de un contrato colectivo sindical, deben ventilarse ante la justicia laboral o ante el tribunal de arbitramento competente según lo pactado y; que la única excepción para que en dichos casos proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, es cuando se afecta el derecho al mínimo vital, circunstancia que no se presentó en el caso concreto, por lo que la acción constitucional resulta improcedente. NEGAD.
Recibo Relatoria   9-9-2011 0:00


Item 455    Expediente   T-2843002    Fecha sentencia   31-5-2011 0:00    Sentencia   T-458/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JULIO PEREZ SUAREZ EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE ASOLAVAMOS VS. MUNICIPIO DE MONTERIA Y OTRO

Tema

Mínimo vital. El representante Legal de la Asociación de Lavadores de Vehículos ASOLAVAMOS presenta la acción de tutela a través de apoderado judicial, para solicitar a las entidades accionadas que de proceder a retirar los lavaderos en donde laboran los miembros de su asociación, los reubiquen en otro lugar en el que puedan desarrollar una actividad económica, o en su defecto los indemnicen, pues éstas son personas desplazadas por la violencia, que decidieron unirse para lavar carros y motocicletas, como desarrollo de una actividad que les genera una fuente justa y digna de trabajo. Para decidir el caso, la Sala se pronuncia sobre temáticas relacionadas con: 1º. El derecho a un ambiente sano y el deber del Estado y los particulares de contribuir a su realización, 2º. El agua como patrimonio de la Nación y bien de uso público y derecho fundamental y 3º. Jurisprudencia relacionada con la posibilidad de limitar la actividad económica en virtud del deber de conservación del medio ambiente. Se concluye que las medidas adoptadas las entidades demandadas se ajustan a los mandatos constitucionales y legales en materia ambiental, pero afectan directamente el derecho al mínimo vital de los afiliados a ASOLAVAMOS. Se tutela el derecho afectado y se imparten una serie de órdenes a las accionadas para que garanticen el goce efectivo del mismo, a través de la reubicación de los lavaderos o la consolidación de otras alternativas económicas de trabajo. CONCEDID.
Recibo Relatoria   25-7-2011 0:00


Item 456    Expediente   D-8319    Fecha sentencia   1-6-2011 0:00    Sentencia   C-459/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUAN PABLO CARDONA GONZAEZ VS. DECRETO 1355 DE 1970, ARTICULOS 186 (PARCIAL), 194 Y 213. DECRETO 522 DE 1971, ARTICULO 129

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 186 (parcial), 194 y 213 del Decreto 1355 de 1970 y el artículo 129 del Decreto 522 de 1971. El demandante acusó la expresión “decomiso” contenida en los artículos atacados, por considerar que la medida correctiva del decomiso administrativo es inconstitucional, toda vez que se trata de una especie de extinción de dominio que tiene reserva judicial. Así mismo, alegó que la atribución judicial a una autoridad administrativa desconoce el artículo 121 constitucional, en cuanto no es función de los servidores del poder ejecutivo, adoptar posiciones que afecten permanentemente el derecho a la propiedad. Por último, argumentó el actor, que los preceptos acusados consagran un típico caso de confiscación prohibido expresamente por el artículo 34 de la Constitución. Para la Corte, el decomiso administrativo previsto como medida correctiva de policía constituye una medida legítima de limitación del derecho de propiedad, que difiere de la extinción de dominio prevista en el articulo 34 de la Constitución, por lo que no requiere de orden judicial. Se declara la EXEQUIBILIDAD del término decomiso, empleado en los artículos demandados.
Recibo Relatoria   22-8-2011 0:00


Item 457    Expediente   D-8325    Fecha sentencia   1-6-2011 0:00    Sentencia   C-460/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DIEGO ALBERTO CARDENAS MESTRE VS. LEY 1380 DE 2010, ARTICULOS 2(PARCIAL), 4 (PARAGRAFO 1 PARCIAL), 16 (PARAGRAFO), 17 (PARCIAL), 18 (PARCIAL), 25 (PARCIAL).

Tema

Ley 1380 de 2010. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante. Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial), 4 (parágrafo 1 parcial), 16 (parágrafo), 17 (parcial), 18 (parcial) y 25 (parcial). El demandante formula cargos en contra expresiones contenidas en los artículos acusados, los cuales se relacionan con el ámbito de aplicación de la ley, los supuestos de insolvencia económica, procesos ejecutivos alimentarios en curso, notificación del inicio del trámite de negociación de deudas y efectos de la celebración del acuerdo de pago. La Corte, luego de analizar cada uno de los cargos formulados por el demandante, resuelve declararse INHIBIDA para de decidir de fondo en relación con los apartes acusados, por ineptitud sustantiva de la demanda
Recibo Relatoria   28-7-2011 0:00


Item 458    Expediente   D-8349    Fecha sentencia   2-6-2011 0:00    Sentencia   C-461/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    KARIN IRINA KUHFELDT SALAZAR VS. DECRETO 2636 DE 2004, ARTICULO 7 (PARCIAL)

Tema

Decreto 2636 de 2004. Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002. Demanda de Inconstitucionalidad en contra del artículo 7º (parcial). La demanda se dirige contra la expresión “visitas mensuales” mediante la cual se le endilga a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los Personeros Municipales y Distritales, el deber de constatar el estado general de los establecimientos de reclusión y de manera especial el respeto de los derechos humanos, la atención y el tratamiento a los internos. La actora sustenta la demanda fundamentalmente en tres cargos: 1º. Violación de las facultades institucionales del Ministerio Público. 2º. Violación de los derechos de los reclusos y 3º. Violación del derecho a la información de la comunidad. Para la Corte, las visitas de inspección no se restringen a una visita mensual, sino a un término mínimo de visitas por parte del Ministerio Público, que debe entenderse como la facultad de realizar varias visitas dentro de un mes, sentido acorde con las funciones que le competen al Ministerio Público en la vigilancia y tutela de los derechos de las personas privadas de la libertad. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   30-8-2011 0:00


Item 459    Expediente   T-2899122    Fecha sentencia   3-6-2011 0:00    Sentencia   T-462/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUZ NEIRA MONSALVE AVILA VS. SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CORDOBA

Tema

Estabilidad laboral reforzada, seguridad social, trabajo, dignidad humana, igualdad. La demandante acudió en acción de tutela en contra de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, para solicitar que se amparen sus derechos fundamentales, supuestamente vulnerados con el hecho de haber sido desvinculada de su cargo como secretaria nominada del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montelíbano, el cual ocupaba en provisionalidad, sin tener en cuenta que padecía un cáncer uterino. La accionada solicitó denegar el amparo solicitado, aduciendo que la desvinculación de la actora se dio porque se nombró en propiedad a la persona que se encontraba en una lista de elegibles, producto de un proceso de selección. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Revisión analizó la siguiente temática: 1º. Presupuestos procesales de las acciones de tutela. 2º. Motivación de los actos administrativos que desvinculan empleados públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, y 3º. Provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y la protección especial de las personas en situación de discapacidad, las madres y padres cabeza de familia y los prepensionados. A pesar de confirmar la decisión de segunda instancia que negó el amparo solicitado, la Sala decide ordenar a la autoridad judicial donde laboraba la demandante, que la vincule en forma provisional en el cargo que ocupaba, en el evento de estar vacante y, hasta la fecha que llegare a ser provisto en propiedad mediante el sistema de carrera o, si su desvinculación cumple con los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional o se presenta el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o de jubilación, según el caso. La Sala también dispone que, en el evento de no ser posible la nueva vinculación de la actora, deberá la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Córdoba, iniciar las actuaciones necesarias para vincularla al Sistema de Seguridad Social en Salud, a efecto de garantizarle el acceso al tratamiento integral que requiere para la recuperación de la normalidad de su estado de salud. En este caso, la vinculación al régimen contributivo de salud se deberá mantener hasta tanto pueda la accionante pueda acceder a este servicio luego de que se le reconozca la prestación económica.
Recibo Relatoria   30-10-2012 0:00


Item 460    Expediente   T-2938208    Fecha sentencia   9-6-2011 0:00    Sentencia   T-463/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    FREDY RAFAEL SOLANO FLOREZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERIA SALA PENAL

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El accionante interpuso la acción de tutela en contra de la Gobernación de Bolívar, por cuanto ésta no dio respuesta al derecho de petición en el cual solicitaba resolver lo pertinente a la obligación que a su favor adeudaba la Lotería de Bolívar, que se encontraba en estado de liquidación. Resuelta la acción y amparado el derecho de petición, la entidad territorial incurrió en desacato y frente a éste, el juzgado impuso la sanción respectiva, la cual consistió en 5 días de arresto y 5 salarios legales mensuales vigentes. El desacato subió en consulta ante el Tribunal Superior de Montería, Despacho Judicial que revocó la decisión consultada, por considerar que el accionado había cumplido la orden impartida en la sentencia de tutela. La Sala se pronuncia sobre la naturaleza y posible afectación de derechos fundamentales en el incidente de desacato y la procedencia de la acción de tutela frente a las decisiones que a su término se adopten . La Sala concluye que la decisión adoptada por el Tribunal accionado desconoció reiterada jurisprudencia constitucional, lo cual condujo a la ocurrencia de una vía de hecho, a raíz de la cual se violó el derecho fundamental del debido proceso del accionante. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   13-7-2011 0:00


Item 461    Expediente   T-2897707    Fecha sentencia   9-6-2011 0:00    Sentencia   T-464/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NEPP
Demandante / Demandado    ICFES VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO

Tema

Igualdad, debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Dentro de un proceso de reparación directa se declaró responsable al ICFES y al Ministerio de Educación Nacional, por haber omitido el deber de vigilar y controlar la implementación y el desarrollo de un programa profesional en una universidad, sin contar con el debido registro ante el Sistema Nacional de Información sobre la Educación Superior. El proceso de reparación culminó con la imposición de la máxima condena por daño moral a favor del estudiante que inició la mencionada acción. Al parecer del ICFES, las sentencias judiciales atacadas incurrieron en defectos sustantivo y fáctico, así como en el desconocimiento del precedente aplicable al caso. Para la Sala, la ausencia de argumentos que explicaran por qué a la acción de reparación directa decidida por las instancias judiciales accionadas le fue aplicado el monto máximo del perjuicio moral, resulta arbitraria y por tanto, vulneradora de derechos. En tal sentido se concede el amparo invocado y se ordena al Tribunal demandado dictar una nueva sentencia que debe ser debidamente motivada y se pronuncie y justifique el monto de la condena por perjuicios morales impuesta dentro del proceso de reparación directa mencionado. CONCEDID.
Recibo Relatoria   16-1-2012 0:00


Item 462    Expediente   T-2945998    Fecha sentencia   9-6-2011 0:00    Sentencia   T-465/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    EULISES BALCAZAR NAVARRO VS. JUZGADO SEPTIMO PENAL DE CIRCUIO DE BUCARAMANGA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Para el actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto en la causa penal seguida en su contra no aceptaron la petición de preclusión sanción, a pesar que, en su concepto, se vencieron los términos establecidos en la Ley 906 de 2004, para que el ente fiscal presentara el escrito de acusación ante el juez de conocimiento. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluye que la solicitud de amparo resulta improcedente, en cuanto el actor contaba con otros medios de defensa judicial, especialmente en una circunstancia como la suya, en la cual, al momento de interponer la tutela no se había surtido la audiencia de formulación de acusación, escenario donde podía alegar la vulneración expuesta. De manera consecuente se resuelve declarar la improcedencia de la acción incoada.
Recibo Relatoria   21-11-2011 0:00


Item 463    Expediente   T-2544540    Fecha sentencia   9-6-2011 0:00    Sentencia   T-466/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MUNICIPIO DE TURBO VS. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONFORMADO PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS ENTRE CONHYDRA S.A, EL MUNICIPIO DE TURBO Y AGUAS DE URABA S.A.

Tema

Debido proceso. Ante una controversia generada en un contrato, su cesión y la solicitud de liberar la obligación de pagar las pérdidas operativas generadas en el mismo, las partes contractuales (Conhydra S.A. E.SP., Municipio de Turbo y Aguas de Urabá S.A. E.S.P. ), solicitaron la conformación de un Tribunal de Arbitramento que dirimiera sus diferencias. El trámite arbitral culminó en un laudo, frente al cual se solicitó la aclaración, corrección y complementación, petición que fue desatendida por el panel de árbitros. Por existir inconformidad con la decisión arbitral, se presentó un recurso de anulación ante la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, quien declaró infundado el recurso. El accionante considera que el Tribunal de Arbitramento desconoció su derecho fundamental al debido proceso y la Sala concluye que efectivamente el laudo arbitral constituye una vía de hecho por defecto fáctico, toda vez que existió una valoración defectuosa del acervo probatorio que incidió de manera directa en el sentido de la decisión, la cual derivó en un quebrantamiento del derecho al debido proceso de la entidad accionante, toda vez que el plenario apuntaba inequívocamente a una conclusión diametralmente opuesta. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 464    Expediente   T-2929755 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   9-6-2011 0:00    Sentencia   T-467/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LEONARDO MACHADO LOPEZ Y OTROS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE Y OTROS

Tema

Vivienda digna, vida, salud, integridad física. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En todos los casos analizados se presenta una situación en la cual los demandantes solicitan ser reubicados en una vivienda digna, toda que vez que sus lugares de habitación se encuentran ubicados en zonas que fueron o son catalogadas de alto riesgo ó; su casa se encuentra construida sobre la ronda de un caño, cuyos desbordamientos la han venido destruyendo paulatinamente. En un caso se solicita además, la indemnización por los perjuicios causados a su vivienda y demás propiedades destruidas por un desastre natural, ocasionado por la orden de la administración municipal de construir una bocatoma para desviar el cauce original de un río. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la vida en condiciones dignas y su naturaleza, alcance y exigibilidad en sede de tutela. De igual manera se reitera la posición de la Corte, respecto al marco normativo del proceso de reubicación de hogares situados en zonas declaradas de alto riesgo y el deber social, tanto del Estado como de la sociedad, frente a las víctimas de desastres naturales. CONCEDID.
Recibo Relatoria   23-8-2011 0:00


Item 465    Expediente   T-2983421    Fecha sentencia   12-6-2011 0:00    Sentencia   T-557/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    PEDRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CENTRO ZONAL 4 DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

Tema

Integridad física y psicológica, crecer en un ambiente de afecto, unidad familiar, solidaridad. El demandante convivió con su compañera permanente durante ochos años y en dicha unión fueron procreados dos hijos. La pareja se separó y los niños se radicaron con su madre en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander). Por posibles actitudes sexuales abusivas en contra de los menores, por parte del nuevo compañero de la madre, el demandante inició un proceso judicial en donde el juez de familia decidió otorgar a su favor, la custodia y cuidado personal de ambos menores. En noviembre del 2010 y a través de un acuerdo verbal suscrito con su expareja, el actor permitió que los niños pasaran las vacaciones de fin de año en la ciudad de Ocaña, pero con el compromiso de que permanecieran en la residencia de la abuela materna y los regresara a Bogotá, una vez finalizado el período vacacional. La madre incumplió el acuerdo pactado y aparte de no regresar los niños, acudió al ICBF para solicitar ella la custodia y cuidado personal e inició ante un juzgado de familia, un proceso de custodia y cuidado personal a favor de sus hijos y en contra del padre de éstos. El Instituto otorgó la custodia provisional a favor de la abuela materna, sin haber notificado al actor de las actuaciones administrativas adelantadas y desconociendo la decisión judicial que previamente existía. Para resolver el caso la Sala estudió temática relacionada con la prevalencia de los derechos de los niños en el ordenamiento constitucional colombiano, derivada del principio del interés superior del menor y, el proceso de custodia en el ordenamiento jurídico colombiano Se decide conceder la tutela como mecanismo transitorio, hasta tanto se resuelva el proceso judicial en curso y; dejar sin efectos la resolución del ICBF que otorgó la custodia provisional de los menores a su abuela materna. Así mismo, se imparten una serie de órdenes tendientes a garantizar el regreso de los menores al hogar del progenitor, el acompañamiento institucional requerido y la culminación del año lectivo de los menores. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   23-8-2011 0:00


Item 466    Expediente   D-8315    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   C-468/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV JCHP, AV MVCC
Demandante / Demandado    JEFFERSON DAVID MONTOYA GARCIA VS. LEY 1397 DE 2010, ARTICULO 3, NUMERAL 1

Tema

Ley 1397 de 2010. Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 3, numeral 1º. El numeral atacado establece como uno de los requisitos para obtener la licencia de conducción para vehículos automotores particulares el saber leer y escribir. A juicio del demandante, la exigencia de tal requisito vulnera el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación y el principio de diversidad étnica y cultural de la Nación, al introducir una restricción injustificada al ejercicio de la libertad constitucional de conducir y transitar libremente en un vehículo automotor, para las personas que no saben leer y escribir, segmento dentro del cual se encuentran grupos históricamente relegados como los campesinos, las mujeres y los indígenas. Concluye la Sala que la medida cuestionada no ofrece en términos generales un tratamiento manifiestamente desproporcionado a quienes no saben leer ni escribir, ni limita excesivamente su derecho a la libre locomoción, entre otras consideraciones porque la actividad de conducir un automotor no es un derecho; es una actividad peligrosa que pone en riesgo la vida no sólo de quienes conducen, sino también la de otros conductores y peatones y; porque el legislador puede establecer limitaciones razonables y proporcionadas a la libertad de locomoción, cuando se trata de salvaguardar intereses y valores superiores. Se declara la EXEQUIBILIDAD del aparte del numeral demandado.
Recibo Relatoria   29-8-2011 0:00


Item 467    Expediente   D-8265    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   C-469/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV NEPP, SV LEVS
Demandante / Demandado    EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET VS. LEY 1378 DE 2010, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1378 de 2010, por la cual se regula la cesión del IVA de licores a cargo de las licoreras departamentales en lo correspondiente al descuento del impuesto para los productores oficiales. El aparte demandado hace referencia a que los recursos que se obtengan por el descuento del IVA serán destinados exclusivamente para la financiación de los servicios de salud hasta tanto se logre la cobertura universal y la unificación del POS en el respectivo departamento. El actor formula un solo cargo de inconstitucionalidad referente a vicios ocurridos durante el trámite de aprobación legislativa del párrafo acusado, hecho que contaría los artículos 157 y 160 (inciso 2º) de la Constitución y 177, 178 y 179 del Reglamento del Congreso. La Corte reiteró los lineamientos en relación con los principios de consecutividad e identidad flexible del debate legislativo, pero encontró que el tema relacionado con la condición temporal de aplicación, no fue propuesto en ninguno de los debates ni mucho menos discutido, por lo que decidió excluirlo del ordenamiento por desconocimiento de los precitados principios. El parágrafo acusado se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados, salvo la expresión “hasta tanto se logre la cobertura universal y la unificación del Plan Obligatorio de Salud en el respectivo Departamento”, que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   23-3-2012 0:00


Item 468    Expediente   D-8303    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   C-470/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    LAURA ORJUELA ALBARRACIN Y OTRAS VS. LEY 1395 DE 2010, ARTICULOS 45, 47 Y 48

Tema

Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas de descongestión judicial. Demanda de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 45, 47 y 48. Como quiera que mediante sentencia C-372/11 se declaró inexequible el artículo 48 acusado, la Sala entra a estudiar y analizar sobre la demanda interpuesta en contra de los artículos 45 y 47, relacionados respectivamente con el tema de la competencia de los jueces del trabajo por razón del territorio y con la posibilidad que tiene el juez laboral de ordenar antes de la sentencia, el pago de aquellos conceptos solicitados en la demanda que correspondan a derechos irrenunciables del trabajador y que a su juicio se encuentren debidamente probados por documentos. La Corte determina que el artículo 45 demandado es inconstitucional, pues la regla que él establece resulta contraria al principio de igualdad y a los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia. Con relación al artículo 47 acusado se concluye que el mismo es inconstitucional, por cuanto afecta de manera desproporcionada el debido proceso del sujeto demandado, lesiona la igualdad en perjuicio de la misma parte e impide la impugnación de tal importante decisión. Se declaran INEXEQUIBLES los artículos 45 y 47 y respecto al artículo 48 se dispone ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-372/11.


Recibo Relatoria   11-8-2011 0:00


Item 469    Expediente   T-2807622    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-471/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ILCE ANA GARAVITO VELASCO VS. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

Tema

Consumo de agua potable. La accionante en nombre propio y en representación de sus hijos, interpone la acción de tutela en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasuga -EMSERFUSA- por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, al suspenderles el servicio de agua potable por falta de pago de algunas facturas. La actora tiene cuatro hijos de los cuales tres son menores de edad y otro, a pesar de tener veinte años, es un sujeto de especial protección constitucional ya que padece una enfermedad congénita que altera su capacidad para controlar esfínteres y para cuyo tratamiento demanda enormes cantidades de agua potable. Se solicita la reconexión del servicio de agua, la posibilidad de pactar un plan de pago adaptado a la capacidad económica de la actora y que no se vuelva suspender el servicio público de acueducto. La Corte precisa que en ciertos casos la suspensión del servicio público de acueducto puede violar el derecho al consumo de agua potable y que esta vulneración resulta definitivamente inconstitucional si en ella confluyen tres condiciones: 1º. Que la suspensión recaiga sobre un sujeto de especial protección constitucional. 2º. Que tenga como consecuencia directa para él, un desconocimiento de sus derechos constitucionales y 3º. Que se produzca por un incumplimiento no imputable a la voluntad del sujeto especialmente protegido a quienes cuidan de él. Así mismo recuerda que la carga de la prueba de estas condiciones está en cabeza del usuario, pero que a los que estén clasificados en el nivel uno del SISBEN sólo les asiste el deber de probar la primera condición, porque la presencia de las otras dos se presume. En el caso concreto, concurren las tres condiciones indispensables para evitar la desconexión del servicio público de acueducto y en tal sentido se protege el derecho solicitado. Para hacer efectivo el amparo concedido, se imparten una serie de directrices conducentes a ordenar la reconexión del servicio, suscribir un acuerdo de pago, garantizar por lo menos 50 litros de agua por persona al día y evitar que en lo sucesivo se suspenda completamente el suministro de agua potable, aún en los casos de incumplimiento en el pago.
Recibo Relatoria   9-5-2012 0:00


Item 470    Expediente   T-2950793    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-472/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ARIELA LUGA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE

Tema

Debido proceso, mínimo vital, seguridad social. Se presenta la acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales por el hecho de haberse tardado casi dos años para resolver, de manera negativa, las solicitudes de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y de la indemnización sustitutiva. El accionado argumentó en la primera petición, que no se cumplían los requisitos legales en tanto el causante cotizó menos de 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a su fallecimiento. Respecto a la segunda petición, se sustentó la negación en la prescripción del derecho, por cuanto la demandante radicó la solicitud después de haber transcurrido más de un año desde la fecha de fallecimiento de su cónyuge. La Sala concluye que la entidad administradora de pensiones vulneró el derecho al debido proceso de la accionante, al decidir sobre el reconocimiento pensional por medio de un acto que no motivó en debida forma y, que la decisión de negar la indemnización sustitutiva de la pensión es abiertamente inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales, en tanto la jurisprudencia constitucional ha establecido que en dicha prestación, el fenómeno de la prescripción es inoperante. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena expedir un nuevo acto administrativo en el cual se decida sobre la pensión reclamada, pero especificando de manera clara y suficiente los fundamentos fácticos en los que se apoya. Se decide igualmente que, si la demandante no cumple con los requisitos para acceder a dicha prestación, se le reconozca en el mismo acto la indemnización sustitutiva. Se previene al ISS, Seccional Valle, para que en lo sucesivo se abstenga de negar las solicitudes de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, argumentando la prescripción extintiva.
Recibo Relatoria   3-5-2012 0:00


Item 471    Expediente   T-2938929    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-473/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ROBERTO COLLANTE VARGAS (PERSONERO DE HISPANIA) EN REPRESENTACION DE IVAN DARIO QUIROZ VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida. El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales y en tal sentido se ordene a COOMEVA E.P.S. que le preste el servicio de ambulancia desde el municipio de Hispania (Antioquia), donde reside, hasta la ciudad de Medellín a donde debe asistir a la práctica de diversos tratamientos, terapias y revisiones médicas para el manejo de sus múltiples y delicadas patologías. La entidad demandada niega el servicio, argumentando que el transporte interinstitucional por vía terrestre únicamente se reconoce a las personas que residen en lugares para los cuales pagan una UPC adicional y que el municipio de Hispania no es uno de ellos. La Sala considera que, a pesar de que el transporte ambulatorio no está incluido en el POS para las circunstancias del accionante, en cuanto el municipio de residencia no es uno de aquellos en los que se reconoce una UPC adicional, el tutelante si tiene el derecho constitucional a que dicho servicio se preste por parte de la E.P.S., porque cumple con los requisitos necesarios para acceder al mismo, ya que ni él, ni sus familiares cercanos tienen recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y, de no efectuarse la remisión se pone en riesgo su vida, integridad física o su estado de salud. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   3-5-2012 0:00


Item 472    Expediente   T-2907244    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-474/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DB SIG GEOLOGOS CONSULTORES LTDA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE PASTO, SALA PENAL

Tema

Tutela contra providencia de tutela. La Empresa DB SIG Consultores Ltda. interpuso la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, los cuales considera vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, al haber ordenado mediante un fallo de tutela, suspender las actividades que se adelantaban o se fueran a adelantar en desarrollo del contrato de exploración y explotación minera del río Guineo, en el municipio de Villagarzón (Putumayo). Adujo la sociedad accionante, que a pesar de llevar cerca de cinco años desarrollando las actividades de exploración y explotación en la zona, la autoridad indígena del Resguardo Wasipungo del Pueblo Inga, interpuso una acción de tutela argumentando que dicha comunidad tiene algunas de sus familias ubicadas en la zona minera y que las autoridades estatales omitieron la etapa de la consulta previa durante el trámite de otorgamiento de la licencia ambiental y del contrato mismo. La decisión que se ataca en este asunto, es la que resolvió en segunda instancia la tutela instaurada por la autoridad indígena. La Sala reitera la jurisprudencia constitucional relacionada con la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones que se adoptan en un proceso de tutela y concluye que en el caso concreto se intenta revivir una controversia que ya fue resuelta en una acción de tutela anterior y frente a la cual ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Así mismo considera, que aún cuando la empresa demandante alega que en el proceso de tutela cuestionado se incurrió en una violación al debido proceso, no solicitó su nulidad, sino que propuso una tutela contra tutela, lo cual resulta del todo improcedente y, que evaluadas las razones invocadas por la peticionaria, ninguna de ellas está orientada a mostar la violación del debido proceso sino a reabrir la controversia resuelta mediante la acción constitucional relativa a sí debió adelantar o no el trámite de consulta previa, polémica que el juez constitucional colegiado, al que le correspondió en segunda instancia la tutela inicial, ya resolvió. Se NIEGA POR IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   29-5-2012 0:00


Item 473    Expediente   T-2848446    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-475/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ALFONSO ZUÑIGA CONTRERAS VS. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Luego de que le fuera negado el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el accionante solicitó a la alcaldía del municipio de Tolú el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión, argumentando su avanzada edad y los graves problemas de salud que le impiden seguir cotizando al Sistema de Seguridad Social. La entidad accionada también negó la indemnización y alegó que el municipio no afilió al actor al Sistema General de Seguridad Social luego de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de los derechos pensionales. 2º. El requisito de inmediatez y, 3º. El derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Se concluye que, los empleadores que incumplen con su obligación legal y reglamentaria de afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Pensiones, vulneran su derecho a la seguridad social y deben responder por las pensiones y prestaciones a las que tendrían derecho, de haber sido afiliados al mismo. Se CONCEDE el amparo respecto al reconocimiento de la indemnización sustitutiva reclamada, pero se advierte que esta decisión no puede afectar el sentido de un posible fallo que sobre el derecho a la pensión sanción a favor del demandante, adopte la jurisdicción laboral ordinaria.
Recibo Relatoria   10-7-2012 0:00


Item 474    Expediente   T-2840061    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-476/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS ARMANDO VENTE BANGUERA VS. ALCALDIA DE TIMBIQUI (CAUCA) Y OTRO

Tema

Trabajo, mínimo vital. Se instaura la acción de tutela contra el Municipio de Timbiquí (Cauca) y la Institución Educativa Comercial Santa Clara de Asis, bajo el argumento de que dichas entidades vulneraron derechos fundamentales del actor, en tanto dejaron de pagar, por más de tres años, la remuneración pactada por la prestación de sus servicios como vigilante en la mencionada institución. Según la demanda, la solicitud de prestación de servicios la hizo de manera expresa el rector de la institución, bajo la condición de que el pago del sueldo lo haría la administración municipal, entidad territorial que le adeuda más de treinta y cuatro meses de labores, en tanto solo realizó un abono de $3.500.000. La Sala recuerda que, se presume la afectación del mínimo vital cuando existe un incumplimiento en el pago del salario y ese incumplimiento es prolongado e indefinido, entendiendo por tales términos, la suspensión por un período superior a los dos meses. Aprecia igualmente que, la afectación se presenta con mayor razón cuando sólo se devenga un salario mínimo, tal y como sucede en el presente asunto. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la institución educativa accionada que reconozca y pague al actor todos los salarios y demás prestaciones adeudadas, debiendo gestionar el mismo ante la entidad territorial competente.
Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 475    Expediente   T-2753981    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-477/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    HERNANDO CASTILLO MENDOZA VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTRO

Tema

Debido proceso, confianza legítima, garantía de los derechos adquiridos, mínimo vital, seguridad social. Se interpone la acción de tutela alegando la vulneración de derechos fundamentales, en virtud de la revocatoria unilateral que hiciera el Ministerio de la Protección Social de la resolución mediante la cual la Empresa Puertos de Colombia le había reconocido al actor una pensión de jubilación. El Ministerio argumentó que la decisión se produjo en un contexto en el cual se sometió a revisión todas las pensiones reconocidas por Foncolpuertos y en el hecho de haber verificado en el caso del accionante, que éste no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación, toda vez que la naturaleza del cargo que ocupó en la extinta empresa era de empleado público y no de trabajador oficial, por lo que no podía ser beneficiario de prerrogativas contempladas en la convención colectiva de trabajo que regía en esa época y sobre la cual se le reconoció erróneamente la pensión. La Sala evidencia que el Ministerio accionado no observó los requisitos para revocar conforme a derecho su propio acto, en tanto no inició el proceso judicial correspondiente para derogar el reconocimiento de la pensión del actor y porque tal reconocimiento tampoco se dio en virtud de algunos de los dos supuestos excepcionales en los cuales se puede revocar un acto particular y concreto, sin contar con el consentimiento expreso del beneficiario. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   4-5-2012 0:00


Item 476    Expediente   T-2674656    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-478/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    XXX VS. YYY

Tema

Mínimo vital, seguridad social. El peticionario es una paciente de VIH-SIDA que tuvo una incapacidad por más de 180 días y un dictamen de pérdida de la capacidad laboral del 76.8% por enfermedad de origen común. La Compañía BBVA Horizontes Pensiones y Cesantías negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, alegando la falta de cotización de cincuenta semanas durante los últimos tres años anteriores la fecha de estructuración del estado de invalidez y el incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema. Afirma el accionante que estuvo vinculado a una entidad territorial del orden municipal durante varios períodos, pero que dicha entidad, en algunas oportunidades omitió hacer el pago completo o dejó de hacer los aportes a pensión, motivo por el cual no puedo completar el número mínimo de semanas requerido por la AFP. La Sala aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver una controversia relativa al reconocimiento de una pensión de invalidez en el caso particular de una persona que padece VIH-SID 2º. Normatividad que regula los deberes del empleador y del fondo administrador en materia de seguridad social en pensiones de los trabajadores y, 3º. Las cargas que cada uno de los sujetos de la relación debe asumir. Se concluye que, la mora alegada y el requisito de fidelidad no son razones válidas que justifiquen la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez, en primer lugar, porque son deberes del empleador y del fondo de pensiones las cuales no se pueden endilgar al trabajador y en segundo lugar, porque el requisito de fidelidad alegado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Por ser una persona de especial protección constitucional a quien han vulnerado sus derechos fundamentales, se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 477    Expediente   T-2549402    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-479/11
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ESMITH DAYANNA MUÑOZ BUSTOS VS. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-

Tema

Vivienda digna. La accionante es madre cabeza de familia y tiene la condición de desplazada por haber sido víctima de amenazas de los grupos armados al margen de la ley. Se interpuso la acción de tutela porque después de esperar durante más de dos años, la entidad demandada no ha hecho entrega del subsidio familiar de vivienda de interés social que solicitó y, para el cual, fue clasificada como beneficiaria. La Sala hace una breve referencia a los siguientes temas: 1º. Especial desprotección a la que se ve expuesta la población desplazada por la violencia en materia de derechos sociales y, 2º. Principales componentes en la atención a este sector de la población en materia de vivienda. Se reitera que, se requiere el esfuerzo continuo del Estado en la atención a la población desplazada del país, en aras de superar el estado de desprotección generalizada de sus derechos fundamentales, así como de garantizar a este colectivo unas condiciones mínimas de vida digna. Se enfatiza que, dentro de dichos esfuerzos se incluye el rediseño de la política pública en materia de vivienda, como componente indispensable tendiente a superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corporación en la sentencia T-025/04. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   25-7-2012 0:00


Item 478    Expediente   T-2972157    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-480/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DIEGO BEJARANO DAZA, APODERADO DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA VS. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Tema


Perjuicio irremediable, mecanismo transitorio. El accionante actuando como apoderado de la Beneficencia de Cundinamarca presentó la acción de tutela en contra del Ministerio de Hacienda, por el cobro coactivo que le iniciara esta entidad con base en la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional SU-484-08. Lo que se pretende con la acción, es evitar que se cause un perjuicio irremediable a la entidad demandante, mientras se acude a la jurisdicción contencioso administrativa para definir las relaciones entre ésta y el Ministerio y su respectiva responsabilidad patrimonial, en los términos y condiciones señalados en la referida sentencia. Se aduce en la demanda, que el monto de las acreencias laborales de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil sobrepasa los dos billones y medio de pesos, cuando el presupuesto asignado a la misma entidad no llega a los 100 mil millones de pesos, con lo cual, de cancelar el porcentaje que le corresponde asumir, se pondría en peligro la propia existencia de la Beneficencia y los derechos fundamentales de las personas que se encuentran amparadas por ésta. . La Sala, luego de estudiar si vía tutela es procedente modificar las órdenes dadas por la Corporación en un fallo de unificación, ante la supuesta eventualidad de un perjuicio irremediable en el cumplimiento del mismo y de analizar si dicha acción es el medio idóneo para suspender un proceso de cobro coactivo iniciado en cumplimiento de tales órdenes, resuelve negar la protección solicitada por la entidad tutelante. NEGADA

Recibo Relatoria   29-7-2011 0:00


Item 479    Expediente   T-2968756 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-481/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    INGRID MARCELA ROMERO DAZA EN CALIDAD DE AGENTE OFICIOSO DE TEODOSIA DAZA DE ROMERO Y OTROS VS. CAFESALUD E.P.S. Y OTROS

Tema

Vida en condiciones dignas, salud, Se acumulan varios expedientes por unidad de materia. En el primer caso, la NUEVA E.P.S. niega el servicio de transporte en ambulancia para remitir la paciente de su casa a un centro hospitalario, para que le realicen una valoración médica y le diagnostiquen la enfermedad que padece, la cual está asociada con obesidad y acumulación de grasa en las piernas. En el segundo caso, la E.P.S. CAFESALUD, se niega a autorizar los gastos de traslado y hospedaje del paciente, quien reside en Aguadas (Caldas) y requiere viajar hasta la ciudad de Manizales (Caldas), con el fin de tratar la Diabetes Mellitus y la Hipertensión que padece. En un tercer caso, le fue diagnosticado al paciente una enfermedad renal crónica y la E.P.S. SALUDCOOP se niega a autorizar los gastos de su traslado y los de un acompañante, del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) a Bogotá, en donde le deben practicar el procedimiento de diálisis a través de hemodiálisis. En el último caso, le fue diagnosticado a la paciente una enfermedad renal crónica y el Servicio Occidental de Salud S.O.S., no autorizó el transporte medicalizado entre instituciones del sistema de salud y además negó el suministro de pañales desechables y el servicio de enfermera que fuera solicitado por el hijo de la paciente. La Sala reitera jurisprudencia sobre temática relacionada con la protección constitucional del derecho fundamental a la salud y sobre el transporte en el sistema de salud y su nexo con el principio de integralidad. Se resuelve tutelar los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y la salud de los accionantes de los dos primeros casos. En el tercer caso se niega el amparo invocado, por cuanto no se cumplieron los requisitos jurisprudenciales establecidos para la procedencia de una orden de traslado del paciente y su acompañante, dado que no se demostró la falta de capacidad económica para asumir el costo de la prestación solicitada y en el cuarto y último caso, se declaró la carencia actual de objeto por existir daño consumado, en la medida que la no prestación de ciertos servicios de salud produjo un perjuicio materializado en la muerte de la tutelante. En virtud a esta situación, se previno a la E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD no volver a incurrir en actuaciones dilatorias injustificadas en los trámites de autorización o prestación se procedimientos a su cargo y se compulsar copias de este expediente a la Superintendencia Nacional de Salud para que en el ámbito de su competencia investigue lo pertinente.
Recibo Relatoria   27-7-2011 0:00


Item 480    Expediente   T-2864851    Fecha sentencia   13-6-2011 0:00    Sentencia   T-482/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS BELTRAN PEREZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI SALA LABORAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. El accionante es una persona de 91 años de edad, a quien en el 2005 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle le estableció una pérdida de capacidad laboral de origen común, correspondiente al 57.27%, con fecha de estructuración a partir del 5 de enero del mencionado año. Con base en la referida calificación, el actor presentó ante el ISS solicitud de reconocimiento de su pensión de invalidez, pero la misma fue negada y solo se le concedió una indemnización sustitutiva de la prestación pretendida en cuantía de $3.735.135. La negativa se basó en la aplicación del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en cuanto a la falta de cumplimiento del requisito de fidelidad. En el 2006 el tutelante presentó demanda ordinaria laboral contra el ISS y en la primera instancia se resolvió la litis propuesta a su favor, pero en la segunda instancia se revocó tal decisión y se absolvió al ISS, de las pretensiones formuladas en la demanda. La acción de tutela se promueve en contra del Tribunal Superior de Cali, para solicitar se conceda el amparo constitucional de los derechos invocados y se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso ordinario laboral. Para resolver la Sala reitera jurisprudencia relativa a i). La procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, ii). La caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional y iii). Inconstitucionalidad del requisito de fidelidad consagrado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Se concede el amparo de los derechos invocados, se deja sin efecto la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral y se ordena al accionado que profiera una nueva sentencia como juez de segunda instancia en el proceso ordinario laboral promovido por el accionante contra el ISS, pero teniendo en cuenta las argumentaciones contenidas en la presente sentencia. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   27-7-2011 0:00


Item 481    Expediente   T-2991694    Fecha sentencia   20-6-2011 0:00    Sentencia   T-484/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DORA EMMA NIETO DE MORENO VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES -

Tema

Vida, salud, vivienda. La accionante y su familia residen desde 1968, en una casa ubicada en el Barrio Santa Ana de la Localidad 4 de San Cristóbal, en Bogotá. En el año 1990, la Alcaldía Mayor expidió un acuerdo dentro del cual su inmueble quedó incluido dentro de la ubicación de la zona de ronda hidráulica del río Fucha, la cual es de manejo y preservación ambiental y por lo tanto, le prohíbe el uso residencial así como la realización de construcciones o mejoras en el mismo. El terrero sobre el cual está construida la vivienda está erosionado y con las intensas lluvias que se han presentado en el pais, se ha estado deslizando lo cual pone en peligro la vida de la demandante y de su familia, la cual está compuesta entre otros miembros, por una hija discapacitada y un hijo que tiene V.I.H.. La actora ha intentado mediante derechos de petición que la entidad accionada le compre su inmueble y la única respuesta que ha obtenido es que no es viable, ya que la EAAB sólo adquiere los terrenos que necesita para la construcción o adecuación de obras destinadas a servicios públicos. Luego del análisis de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto y teniendo en cuenta las amplias facultades que le asisten al juez de tutela para interpretar y esclarecer los hechos y pretensiones de la demanda, la Sala decide tutelar los derechos invocados e impartir una serie de órdenes tendientes a determinar el grado de amenaza y peligro en los que vive la actora, así como a la búsqueda de mecanismos idóneos para enfrentarlos. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   27-7-2011 0:00


Item 482    Expediente   T-2891721 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   20-6-2011 0:00    Sentencia   T-485/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ELIDA INES CARDOZO ARGUMEDO Y OTRA VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Vida digna, mínimo vital, seguridad social, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los dos casos estudiados se presenta una situación similar en la cual la accionante es una persona de la tercera edad que reclama el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante. Las entidades accionadas negaron la prestación aduciendo que las peticionarias no eran las cónyuges al momento de la muerte del pensionado. La Sala se pronuncia entre otros aspectos, sobre la siguiente temática: 1º. Los alcances de la exigencia legal de hacer vida marital hasta la muerte del causante para el reconocimiento a la cónyuge o compañera supérstite del derecho a la pensión de sobrevivientes, en aquellos eventos en los cuales las partes no cohabitan bajo un mismo techo. 2º. La interpretación del presupuesto de independencia económica que se exige para la procedencia del amparo en los casos de pensión de sobrevivientes y, 3º. El alcance a la luz de la Constitución de 1991, de las normas legales que consagran únicamente a la esposa como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a las entidades demandadas reconocer a las accionantes como compañeras permanentes de los causantes y en tal sentido, reconocerles la sustitución pensional a que tienen derecho, teniendo en cuenta las razones e interpretaciones jurisprudenciales realizadas en la sentencia.
Recibo Relatoria   2-2-2012 0:00


Item 483    Expediente   T-3027375    Fecha sentencia   20-6-2011 0:00    Sentencia   T-486/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ANA TRINIDAD CASTELLANOS EN REPRESENTACION DE RUBIEL MORATO CORRALES VS. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Vida, integridad personal, salud. La accionante, actuando en representación de su cónyuge, presentó la demanda de tutela aduciendo que a su esposo le fue negado el suministro de oxígeno y la autorización para valoración de especialistas en neumología, neurología, psicología y psiquiatría, bajo el argumento de no encontrarse afiliado al SISBEN. La Sala concluye que los hechos que generaron la acción de tutela fueron superados, porque se demostró que al paciente le fueron suministrados tanto el oxígeno y los medicamentos, como la atención médica especializada por él requeridos. En consecuencia se declara la carencia actual de objeto, por existir un hecho superado.
Recibo Relatoria   27-7-2011 0:00


Item 484    Expediente   T-2981636    Fecha sentencia   21-6-2011 0:00    Sentencia   T-483/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    FRANCISCO PROSPERO DE VENGOECHEA FLEURY VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida, salud, seguridad social, mínimo vital. El accionante es una persona mayor de 70 años quien solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez, por cumplir con los requisitos de ley exigidos para adquirir dicha prestación. Teniendo en cuenta que el accionado no dio respuesta oportuna a esta petición, se solicitó la pensión de jubilación y el retroactivo pensional, con base en la aplicación del principio de favorabilidad. El demandado expidió un acto administrativo mediante el cual negó la pensión de vejez, bajo el argumento de no cumplir el actor con el requisito del número de cotizaciones exigidas por la ley. . Esta decisión fue impugnada y el demandado no resolvió el recurso impetrado, ni el derecho de petición que se elevó para que se corrigiera la base de datos de la entidad, por cuanto en ella se registraba al demandante como fallecido. La Sala reitera jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y resuelve, tutelar los derechos invocados y ordenar al accionado revocar la decisión mediante la cual se negó la prestación pretendida y expedir otra, en la que se sume el tiempo de cotización dejado de contabilizar, procediendo consecuencialmente a reconocer la pensión que le corresponda al accionante. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   29-7-2011 0:00


Item 485    Expediente   T-2919170    Fecha sentencia   21-6-2011 0:00    Sentencia   T-487/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FEDERACION MEDICA COLOMBIANA VS. LA NACION-MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Tema

Acceso a documentos públicos. En el presente asunto la Corte ordena al Ministerio de la Protección Social suministrarle a la Federación Médica Colombiana, la información relacionada con el listado de precios pactados con los laboratorios como efectos de las resoluciones 1424, 1499, 1662 y 1663 ó, en su defecto, el listado de precios pactados con Productos Roche S.A., en virtud de la cual se produjo la Resolución 1662 de 2010. Inicialmente el Ministerio se negó a suministrar esta información al demandante, bajo el argumento de tener el carácter de confidencial y en consecuencia, estar sometida a reserva. Para la Sala, no existe una norma de carácter legal que proteja la confidencialidad de la información solicitada y en tal sentido, el listado de precios requeridos por la Federación demandante no se enmarca dentro del tratamiento de información reservada en los términos previstos por el artículo 74 de la Constitución Política y el 12 de la Ley 57 de 1985. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   19-12-2011 0:00


Item 486    Expediente   T-2921636    Fecha sentencia   21-6-2011 0:00    Sentencia   T-488/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARCO FARID RAIGOSO GARIBELLO VS. INPEC

Tema

Unidad Familiar. El accionante se desempeña en el cargo de Oficial Logistico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del Inpec, desde el año 1990. La Dirección General de la entidad accionada emitió resolución mediante la cual ordenó su traslado del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Bogotá al Establecimiento Carcelario de Jamundí (Valle), argumentando la necesidad del servicio. El demandante tiene a su cargo la manutención y cuidado de su progenitora y la de sus dos hijos, por lo que considera que el traslado de su lugar de trabajo afecta la unidad de su núcleo familiar. Para decidir, la Sala analiza la siguiente temática: 1). La procedencia de la acción de tutela como mecanismo para controvertir decisiones de la administración pública referentes a traslados. 2). El alcance y limitaciones del ejercicio del ius variandi. 3). La condición de padre cabeza de familia y 4). El derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella. Se decide conceder el amparo al derecho invocado y suspender los efectos del acto administrativo, mediante el cual se ordenó el traslado del actor, hasta tanto finalice el año lectivo que cursan sus menores hijos. Así mismo, se ordena que el INPEC disponga las medidas necesarias para lograr que el demandante se reubicado en el Establecimiento Carcelario de Bogotá. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-8-2011 0:00


Item 487    Expediente   T-2968860    Fecha sentencia   21-6-2011 0:00    Sentencia   T-489/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    EDWIN ALEXANDER FIGUEROA VS. EJERCITO NACIONAL

Tema

Debido proceso, igualdad, mínimo vital. El demandante se presentó ante el Batallón de Artillería de Bogotá, con el objeto de definir su situación militar. En dicha oportunidad, adjuntó los documentos que acreditaban que se encontraba incurso en una causal de exoneración para prestar el servicio militar obligatorio, toda vez que tenía una unión marital de hecho y su compañera se encontraba embarazada. Además argumentó y acreditó, ser la única fuente de subsistencia para su núcleo familiar. Pese a su particular situación, fue incorporado a las filas del Ejército y no se emitió pronunciamiento alguno frente a la solicitud de desacuartelamiento que hiciera su compañera, a través de un derecho de petición. La Sala no se pronunció sobre la posible vulneración del derecho fundamental de petición, por no acreditarse ni siquiera sumariamente, que la solicitud se hubiese presentado. Frente a la exención al deber de prestar el servicio militar, se precisó que el accionante es beneficiario de tal privilegio y en consecuencia resolvió conceder el amparo de los derechos invocados y ordenar al accionado, proceder al desacuartelamiento del mismo y expedir la libreta militar, teniendo en consideración la normativa que regula la cuota de compensación militar, en atención a las condiciones particulares del demandante. CONCEDID.
Recibo Relatoria   26-7-2011 0:00


Item 488    Expediente   PE-031    Fecha sentencia   23-6-2011 0:00    Sentencia   C-490/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV JCHP SPV MVCC
SPV GEMM AV JIPP AV JIPC
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD VS. PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 190/10 SENADO - 092/10 CAMARA, POR LA CUAL SE ADOPTAN REGLAS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS, DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Tema

Revisión de Constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 190/10 Senado – 092/10 Cámara. Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. La Corte constató que el trámite surtido al proyecto de ley revisado cumplió con los requisitos legales y constitucionales que se exigen para una ley de naturaleza estatutaria. Desde el punto de vista procedimental se verificó el cumplimiento de los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible. Frente al tema del censo electoral, la Corte estimó que se trataba de un instrumento técnico, idóneo y racional para la planeación, ejecución y control de los comicios electorales por parte de la Organización Electoral, pero que la exclusión automática del censo, por no haber votado en las últimas elecciones, constituía una limitación que vulneraba los derechos a la igualdad, a la participación en la conformación del poder político y al sufragio en su dimensión universal y libre, desconociendo además, la abstención como legítima expresión política. La Corte excluyó una norma que pretermitía la consulta a las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, respecto de la adopción de normas que las afectan directamente, como era el caso de las listas en las circunscripciones especiales de minorías étnicas, por lo que decidió declararla inexequible, como igual hizo respecto de otras disposiciones por razones de orden material. Para la Corte, el proyecto de ley estatutaria cumple con dos finalidades: Primera). Ofrece herramientas dirigidas a fortalecer el sistema de partidos y movimientos políticos, entre ellas (i) la aplicación uniforme de la prohibición de doble militancia a todas las agrupaciones, con o sin personería jurídica, (ii) la obligación de exigencias precisas en cuanto el contenido de los estatutos; (iii) el reconocimiento estatal y la obligatoriedad de los resultados de las consultas internas y populares que realicen partidos y movimientos; (iv) la vinculación de los modos de financiación al funcionamiento y pertenencia a dichas agrupaciones políticas; (v) la exigencia de estructuras institucionales y procedimientos particulares para el aval e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular; y (vi) la prescripción de estímulos a la participación política de mujeres, jóvenes y otras minorías; y Segunda) Contempla instrumentos destinados a garantizar la responsabilidad de partidos y movimientos respecto de faltas que vulneran los principios que guían el proceso democrático, aspectos que se ven reflejados en (i) la determinación de un régimen sancionatorio aplicable tanto a los partidos y movimientos, como a sus directivos y (ii) la fijación de topes a la financiación privada de partidos y movimientos políticos, como de las campañas electorales, al igual que la identificación de fuentes de financiación prohibida. Estas finalidades resultan válidas, en el marco propio del constitucionalismo colombiano, que está especialmente interesado en evitar que el sistema de partidos y movimientos resulte afectado por fenómenos dirigidos tanto a su fragmentación y debilitamiento, como a su cooptación por parte de actores ilegales, resultando la norma estatutaria compatible con la Constitución y con las reformas constitucionales de 2003 y 2009 que han llevado a una reformulación del papel y las responsabilidades de los partidos y movimientos políticos en la vida democrática de la Nación, Se declara, por su aspecto formal, EXEQUIBLE el proyecto, salvo el inciso tercero del artículo 28, que se declara INEXEQUIBLE. Así mismo, se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 54 y 55 y EXEQUIBLES CONDICIONADOS los artículos 2, 3, 12, 14, 22, 29, 36 Y 50. Los artículos 10, 13, 28, 30, 45, 46, 47, 51 y 53, se declaran EXEQUIBLES CONDICIONADOS.
Recibo Relatoria   11-7-2011 0:00


Item 489    Expediente   T-2919132    Fecha sentencia   28-6-2011 0:00    Sentencia   T-491/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    EDITH JOHANA CERPA SALAZAR VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA PENAL DE DESCONGESTION

Tema

Debido proceso, igualdad, propiedad privada, honra, buen nombre, mínimo vital, trabajo. Sentencia contra providencia judicial. La accionante pretende que mediante la acción de tutela se deje sin efecto la decisión adoptada por el Tribunal demandado, mediante la cual se declaró la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de propiedad de su grupo familiar y en consecuencia, se ordene la devolución de los mismos a sus propietarios con la consecuente desafectación y cancelación de los registros respectivos. La Sala de Revisión concluye que la presente tutela no cumple con el principio de inmediatez, el cual es un presupuesto instituido como esencial para la viabilidad de la acción. SE NIEGA POR IMPROCEDENTE
Recibo Relatoria   13-12-2011 0:00


Item 490    Expediente   T-2970924    Fecha sentencia   28-6-2011 0:00    Sentencia   T-492/11
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    DELLANIRA CABALLERO NARE VS. MARIO DE JESUS GIRALDO MARTINEZ

Tema

Libre desarrollo de la personalidad, igualdad, trabajo. Caso en el que la accionante es despedida por su empleador de manera unilateral y sin mediar autorización del Ministerio de la Protección Social, a pesar de padecer una limitación física resultante de un accidente de trabajo. El despido se generó, según el demandado, porque la actora infringió el reglamento interno, al negarse a utilizar el uniforme de trabajo que le fue asignado, para el desempeño de las nuevas funciones fijadas, en cumplimiento de la reubicación ordenada por la ARP. La actora alegó que su condición y orientación sexual la han llevado a utilizar siempre pantalón y camisa y que por ello, no le es dable llevar vestido de falda. La Sala concluyó que la demandante no solo se encuentra inmersa en una de las situaciones sobre las cuales la Carta Política erige un manto de protección laboral reforzada, como lo es una discapacidad física, sino que también le asiste la facultad constitucional, de decidir acerca de su apariencia personal y sobre la forma en que desea presentarse ante los demás. Se tutelan los derechos conculcados a la demandante y se ordena su reintegro, el resarcimiento de todos los derechos laborales y de seguridad social dejados de cubrir y el pago de 180 días de salario, por el hecho de haber efectuado la cancelación del contrato sin la previa autorización ministerial. Así mismo se dispone que la ubicación laboral sea acorde con las disposiciones impartidas por la ARP y que el uniforme de dotación que se suministre conserve las características de color que la empresa tenga establecidas, pero sin obligarla a emplear prendas de vestir que no sean usuales en su opción sexual. CONCEDID.
Recibo Relatoria   6-10-2011 0:00


Item 491    Expediente   T-2862165    Fecha sentencia   29-6-2011 0:00    Sentencia   T-495/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    LUIS ANIBAL CARDONA VS. GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El demandante nació el 6 de febrero de 1945 e ingresó a trabajar al Departamento de Antioquia en abril 27 de 1990. El 5 de febrero de 2010 fue retirado de la entidad por cumplir la edad de retiro forzoso. El actor repuso la anterior decisión y solicitó un período de gracia hasta completar los veinte años de servicio para acceder a la pensión de vejez, pero esta petición fue denegada. De manera posterior, el Fondo de Pensiones de Antioquia le negó la prestación reclamada, argumentando que le faltaban dos meses y medio de servicio para completar los 20 años requeridos y por no estar cubierto por el régimen de transición. Con la acción de tutela pretende el actor su reintegro a la institución y al cargo que venía desempeñando, hasta tanto le sea reconocida su pensión de jubilación y sea incluido en la nómina para el correspondiente pago. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro al cargo para acceder la prestación de vejez. 2º. La edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de los trabajadores y la normatividad relacionada con el hecho de mantener al trabajador en el cargo hasta que devengue su pensión de vejez y, 3º. El derecho fundamental al mínimo vital, la protección a la tercera edad y el derecho a la seguridad social. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena el reintegro sin solución de continuidad y el reconocimiento y pago de la prestación reclamada por el actor.


Recibo Relatoria   16-8-2012 0:00


Item 492    Expediente   T-2913197    Fecha sentencia   29-6-2011 0:00    Sentencia   T-496/11
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    DICKSON ANDRES VELANDIA TRIVIÑO VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema

Salud, vida digna, derechos de los niños. El accionante es cotizante en la E.P.S. SALUD TOTAL y su menor hijo es su beneficiario. El niño nació con labio leporino y paladar hendido, por lo que se le han practicado varias cirugías. Se instaura la acción de tutela para procurar que la E.P.S. demandada autorice la práctica de la cirugía adicional denominada “colgajo libre de cresta ilíaca” para la reconstrucción de su paladar, la cual precisa ser realizada por un médico que no hace parte del personal vinculado a su red prestadora de servicios. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho a la salud de las personas en estado de discapacidad; la libertad de las E.P.S. para conformar su propia red de servicios, el derecho a la libre escogencia de IPS y excepciones y la naturaleza jurídica de los copagos y de las cuotas moderadoras, así como las hipótesis en las que cabe su exoneración. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena la práctica de la cirugía prescrita al menor representado, en el Hospital Infantil San José. Así mismo se ordena a la accionada cubrir todo el tratamiento odontológico que necesite el niñor tras la práctica de la cirugía, a efecto de que logre una rehabilitación completa y, exonerar el pago de cuotas moderadoras y copagos al accionante, en todo lo referente a los tratamientos requeridos por el agenciado para la recuperación de su salud, relacionados con su padecimiento de labio leporino
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 493    Expediente   T-2910430    Fecha sentencia   29-6-2011 0:00    Sentencia   T-498/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    FLORINDA URREGO JIMENEZ VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida en condiciones dignas, salud, trabajo, igualdad. La accionante es una profesora nombrada en provisionalidad a quien retiraron del servicio porque su cargo fue proveído en período de prueba, por la persona que se encontraba en el registro de elegibles resultante de un concurso de méritos realizado por la institución. En la demanda de tutela se relata que la actora previno a la Secretaria de Educación sobre su condición de prepensionada y en tal virtud, le solicitó no ofertar el cargo que ocupaba hasta tanto no lograra obtener la pensión de jubilación. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter popular y concreto. 2º. La estabilidad laboral reforzada establecida en el marco del retén social y 3º. Los concursos públicos en el caso de docentes oficiales. Luego de corroborar que la demandante no tiene la calidad de prepensionada pero sí de sujeto de especial protección constitucional y que existe una posibilidad válida de remediar su situación personal, sin transgredir los principios y lineamientos del sistema de concurso público para proveer cargos de docentes oficiales, se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reintegro hasta tanto se provea el cargo en período de prueba o en propiedad ó, la actora termine de cotizar el número de semanas que le hacen falta para obtener los requisitos que le permitan solicitar su derecho a la pensión de vejez.
Recibo Relatoria   7-12-2011 0:00


Item 494    Expediente   T-2938956    Fecha sentencia   29-6-2011 0:00    Sentencia   T-499/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    EUCLIDES ANTONIO CARCAMO CASTRO VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Seguridad social, mínimo vital, salud. El accionante interpuso la acción de tutela para solicitar que la E.P.S. SALUDCOOP reporte la novedad de su desafiliación al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo exonere de pagar la multa y los intereses moratorios que le impusieron como castigo, por no haber avisado que el contrato se había terminaba y que no continuaría afiliado a dicha E.P.S.. El demandante alegó, que el no continuar cancelando los aportes al régimen contributivose debió a que a sus 75 años de edad, presenta un delicado estado de salud que le impide conseguir un trabajo digno y lo conlleva a tener una precaria situación económica. Según el actor, la E.P.S. del régimen subsidiado a la cual se afilió, se negó a prestarle los servicios médicos por no aparecer retirado del régimen contributivo de la base de datos de SALUDCOOP. En cuanto al primero de los pedimentos de la demanda, la Sala constató que el accionante ya no se encontraba reportado en la base de datos como afiliado a SALUDCOOP, sino a la E.P.S. del régimen subsidiado CAPRECOM, entidad que informó que le venía prestando materialmente la atención en salud y, respecto al tema de la exoneración del pago de los aportes dejados de cancelar, la Sala encontró que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto la solicitud de amparo envuelve una controversia estrictamente económica. NEGAD.
Recibo Relatoria   9-9-2011 0:00


Item 495    Expediente   T-2932208    Fecha sentencia   29-6-2011 0:00    Sentencia   T-500/11
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ELKIN ALONSO CASTAÑO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD APUESTAS EN LINEA S.A. VS. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y OTRO

Tema

Debido proceso administrativo. Dentro de un proceso licitatorio, la Lotería de Bogotá adjudicó a la sociedad demandante, la concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance en Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, bajo su control, fiscalización y supervisión. En el contrato suscrito se incorporó una cláusula donde se estableció el valor del contrato por un monto total, sin prever incremento alguno. La Superintendencia Nacional de Salud, ente que ejerce la inspección, vigilancia y control de los recursos de los monopolios de juego de suerte y azar, decidió ordenar un estudio de mercadeo selectivo con referencia al objeto del anterior contrato y consecuencialmente, instruyó a la Lotería de Bogotá para que ajustara el contrato de concesión por la operación de juegos permanentes, sin permitir que la accionante interpusiera los recursos pertinentes u objetara las conclusiones del mencionado estudio. La Sala entra a analizar previamente, si para el caso concreto procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así mismo analiza el asunto con base en la siguiente temática: i). El debido proceso administrativo y su observancia por parte de la administración y ii). La procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la existencia de otro medio de defensa. A juicio de la Sala, la tutela de la referencia es improcedente por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, específicamente ante el contencioso administrativo, así mismo porque no existen elementos de juicio que permitan concluir la inminencia de un perjuicio irremediable originado en la vulneración de derechos fundamentales. NEGAD.
Recibo Relatoria   9-8-2011 0:00


Item 496    Expediente   T-2529904    Fecha sentencia   29-6-2011 0:00    Sentencia   T-501/11
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ESTANISLAO CISNEROS ROMERO VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

Petición. El accionante presentó la acción de tutela como mecanismo transitorio contra CAJANAL EN LIQUIDACION, con el objeto de que se proteja su derecho fundamental de petición, el cual considera violado debido a que presentó solicitud de reconocimiento de su pensión de vejez en mayo de 2009 y la misma no ha sido resuelta. En sede de revisión el Gerente Liquidador de CAJANAL informó a la Sala de Revisión que la solicitud presentada por el actor fue remitida por competencia al Centro de Atención al Pensionado del ISS, de lo cual se dio aviso al peticionario. Pese a que se comprobó la ocurrencia de un HECHO SUPERADO POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, la Sala hace un análisis y pronunciamiento sobre los elementos de caso estudiado y decide revocar la sentencia que negó el amparo deprecado. Así mismo, advierte a CAJANAL que, en la medida que ha superado la primera fase del plan de acción propuesto para resolver el problema de represamiento de la entidad y que presumiblemente ello implica que todas las solicitudes están inventariadas y sistematizadas, debe cumplir puntualmente con su obligación de informar al usuario sobre el estado del trámite de su solicitud. Ordena a la accionada, adelantar una labora de coordinación interinstitucional con el ISS; orientada a establecer de manera cierta, quién tiene la competencia para resolver la solicitud presentada por el actor y, que si ha ello hay lugar, proceder a dar una respuesta definitiva.
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 497    Expediente   T-2622716    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-502/11
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    HELENA Y DIEGO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tema

Unidad e intimidad familiar, autodeterminación reproductiva, tener una familia y a no se separados de ella. Dentro de un proceso administrativo adelantado por el ICBF, los hijos de los accionantes fueron declarados en estado de vulnerabilidad y en consecuencia, como medida para restablecer sus derechos, se decretó el estado de adoptabilidad. A juicio de los actores, el Instituto vulneró sus derechos fundamentales al haberlos privado del cuidado y compañía de sus hijos y al ignorar la clara intención e interés que tenían para recuperarlos, al cumplir con todos los requerimientos que le fueron exigidos, inclusive con la realización de intervenciones quirúrgicas como la ligadura de trompas y la vasectomía, que fueron exigidas como método de anticoncepción. Se alega además que los niños aún se encuentran en hogar sustituto sin haber sido reintegrados a su núcleo familiar, a pesar de que la resolución mediante la cual se declaró el estado de adaptabilidad quedó sin efectos jurídicos, al no haber sido homologada por el Juez de Familia. La Sala encontró que no existieron razones suficientes que justificaran la persistencia del ICBF de mantener quebrantada la unidad familiar de los accionantes y de sus hijos y que dicha actuación resultó desproporcionada, en cuanto omitió atender criterios jurídicos establecidos por la jurisprudencia constitucional, para determinar el interés superior de los niños. Se concluyó además que la actuación desplegada por la entidad demandada quebrantó los límites impuestos al proceso de restablecimiento de derechos y vulneró directamente otros derechos de los accionantes y de sus menores hijos. Se concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados y se impartieron una serie de órdenes al ICBF para que adopte las actuaciones indispensables para hacer efectivo el retorno de los niños con sus padres, incluyendo trámites para la fijación de la patria potestad en cabeza de los demandantes y para que el retorno y el manejo de las relaciones psicoafectivas y la recuperación de los lazos filiales sean lo menos traumáticas posibles. Se ordena compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, para lo de su competencia. CONCEDID.
Recibo Relatoria   26-9-2011 0:00


Item 498    Expediente   T-3003508    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-503/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    VIANEY EULALIA ROLDAN ROJAS VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso penal en el cual la accionante obraba como representante del Ministerio Público, se objetó la intervención que ella hiciera dentro de una audiencia de interrogatorio, al considerarse que había desbordado las facultades legales que le brindaba el artículo 397 de la Ley 906 de 2004. El Tribunal demandado decretó la nulidad pedida por los defensores, argumentando que el Ministerio Público se entrometió incorrectamente en el debate probatorio exclusivo de la Fiscalía y la Defensa, al formular preguntas que no tenían relación directa con las que habían hecho los adversarios, con lo cual mostraba que su intención no era aclarar respuestas dadas, sino probar aspectos relacionados con los hechos juzgados. La Sala se pronunció sobre la siguiente temática: 1º.causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El papel que está llamado a cumplir el Ministerio Público en el proceso penal acusatorio y 3º. El rol que está llamado a cumplir el Ministerio Público durante los interrogatorios realizados en la audiencia de juzgamiento. Se concluye que la intervención de la accionante dentro del proceso penal no violó la constitución ni la ley y que, por el contrario, redundó en beneficio de la obtención de una justicia material, fin último de cualquier proceso penal. Consideró igualmente la Sala, que el Tribunal demandado si incurrió en una vía de hecho por desconocimiento de la Constitución y de la jurisprudencia sobre la materia. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-10-2011 0:00


Item 499    Expediente   T-2979045    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-504/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ROSA EMILIA GRISALES DE VALENCIA VS. SALUD VIDA E.P.S.

Tema

Salud. En el presente caso la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en cuanto se comprobó en sede de revisión, que la E.P.S. demandada garantizó la prestación del servicio de quimioterapia y realizó, después del suspendido procedimiento, cinco sesiones más. Pese a lo anterior, la Sala insta a la accionada a asegurar el procedimiento médico que la actora requiera para el tratamiento de su complicado estado de salud, hasta tanto el médico tratante considere que éste deba culminar. HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   5-9-2011 0:00


Item 500    Expediente   T-2988478    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-505/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    GUILLERMO CASSERES HERNANDEZ VS. CAJANAL - BUEN FUTURO PATRIMONIO AUTONOMO

Tema

Seguridad social. El accionante es una persona de 75 años de edad que cotizó a CAJANAL 490 semanas y a mediados del 2010 solicitó ante dicha institución, el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. La entidad negó la prestación argumentando que las cotizaciones al sistema de seguridad social se realizaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y de acceder a las pretensiones, se estaría concediendo a la ley un efecto retroactivo. La Sala recuerda que la indemnización sustitutiva es una alternativa con la que cuenta el afiliado que cumplió la edad para acceder a la pensión de vejez, pero que por alguna circunstancia, no tiene las semanas establecidas para este fin y no desea, o no puede seguir realizando los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Así mismo enfatiza que la entidad demandada no puede tener como argumento que el actor cotizó antes de la promulgación de la Ley 100, porque las normas que regulan la materia del caso concreto son de orden público; establecen que se deben tener en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, determinan que es un derecho irrenunciable e imprescriptible; que no reconocerlo puede propiciar un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad que recibió lo aportes del afiliado y; que no consagran ningún límite temporal en su aplicación. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   8-9-2011 0:00


Item 501    Expediente   T-2936513    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-506/11
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SANTOS MARIA SILVA DE PEREZ VS. FONDO PASIVO DE PUERTOS DE COLOMBIA FONCOLPUERTOS

Tema

Petición. A través de apoderada judicial y mediante derecho de petición, la actora solicitó a la entidad demandada que se pronunciara sobre el pago de la mesada de alimentos, que le fuera suspendida luego del fallecimiento de su esposo, del cual llevaba varios años separada de hecho. La cuota de alimentos había sido decretada mediante sentencia judicial y la misma quedó vigente después del fallo que decidió sobre la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, al no pronunciarse el juez de instancia sobre dicha prestación. La demandada indicó que el derecho de petición se encontraba en estudio para proceder a dar una respuesta de fondo y, con posterioridad a la presentación de la impugnación dio contestación al mismo, motivo por el cual el juez de segunda instancia declaró la carencia de objeto por hecho superado. En el caso concreto, la Sala entró a determinar inicialmente la procedencia de la acción de tutela, antes de establecer si el no pago de la cuota alimentaria fijada a favor de la actora mediante sentencia judicial, vulneraba o no sus derechos fundamentales. Para resolver el asunto se estudiaron los siguientes tópicos: 1º. Consideraciones generales sobre los alimentos que se deben por ley entre cónyuges y cónyuges divorciados, 2º. La extinción de la obligación alimentaria y 3º. La improcedencia de la tutela para definir derechos litigiosos de contenido económico. Al definirse que la actora no ejerció las acciones procedentes ante la jurisdicción ordinaria, que igualmente dejó transcurrir un tiempo considerable antes de interponer la tutela y que no se configuró un perjuicio irremediable, se declaró la IMPROCEDENCIA de la acción impetrada.
Recibo Relatoria   19-9-2011 0:00


Item 502    Expediente   T-2959022    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-507/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELASQUEZ VS. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tema

Trabajo, debido proceso. Dentro de un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del accionante y varios funcionarios de la Gobernación del Magdalena, por presunto detrimento al erario de dicho departamento, la Contraloría General de la Nación dictó resolución mediante la cual ordenó la suspensión provisional del gobernador de dicho departamento. Para el actor, la medida de suspensión fue expedida contrariando sus derechos al debido proceso en cuanto a la presunción de inocencia y competencia legal, así como sus derechos políticos y al trabajo. Para el órgano de control accionado, la medida estuvo encaminada a evitar la posible influencia del demandante en las actuaciones procesales adelantadas en su contra. Teniendo en cuenta que el accionante interpuso dos acciones de tutela en las cuales presentó identidad de hechos, partes, pretensiones y derechos invocados, la Sala encontró la configuración de una actuación temeraria y, en tal sentido, denegó el amparo solicitado. NEGADA
Recibo Relatoria   23-8-2011 0:00


Item 503    Expediente   T-2927070    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-508/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    JOSE MARIA NIETO ROSA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, defensa. Tutela contra decisión judicial. En un proceso penal adelantado en contra del accionante, se condenó a éste a 36 meses de prisión y al pago de una multa superior a los setenta y dos millones de pesos, al ser declarado responsable del delito de omisión de agente retenedor, proceso que al parecer del actor, fue adelantado en su ausencia y sin que se realizaran las acciones pertinentes para lograr su ubicación y consecuente vinculación personal. Los jueces de instancia solicitaron desestimar las pretensiones del demandante, por considerar que la acción de tutela no es una instancia adicional dentro del procedimiento ordinario; no se utilizaron todos los medios legales al alcance y tampoco se cumplió el requisito de inmediatez. Para la Sala, durante el trámite del proceso penal adelantado en contra del demandante no se realizaron todas las acciones tendientes a su notificación, aún contando con los medios para este fin, lo cual derivó en una sentencia condenatoria después de que fueron trasgredidos derechos fundamentales. Se decide tutelar los derechos invocados por elector y declarar sin valor ni efecto, en lo concerniente al actor, lo actuado a partir del auto de la Fiscalía Seccional que lo declaró persona ausente y toda la actuación subsiguiente, la que se ordena realizar nuevamente. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   8-9-2011 0:00


Item 504    Expediente   T-2983517    Fecha sentencia   30-6-2011 0:00    Sentencia   T-509/11
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA LOURDES RADA CASTRO VS. MUNICIPIO DE MAJAGUAL (SUCRE) Y OTRA

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo.. La accionante se inscribió y participó en un concurso de méritos que tenía por objeto la conformación de una terna para designar el gerente de la E.S.E. Centro de Salud del municipio de Majagual (Córdoba). Luego agotar todas las etapas del proceso, la universidad encargada de realizarlo publicó los resultados,