Sistema de Búsqueda en Radicador

Búsqueda Radicador Sentencias

Ponente:
Demandado:
Sentencia:
Tema:

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
RELATORIA

Item 1    Expediente   T-2801782    Fecha sentencia   11-1-2012 0:00    Sentencia   T-001/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    YELITZA PAOLA QUIMBAYO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL GUANIA Y OTRO

Tema

Tener una familia y no ser separada de ella, acceso a la justicia. La acción de tutela se interpuso en contra del Instituto de Bienestar Familiar (Regional Guanía) y del señor Eduar Medina, en su condición de Capitán de la Comunidad Yuri, por unos hechos relacionados con un acta de conciliación donde quedó consignado un acuerdo mediante el cual se determinó que la custodia y cuidado de la hija de la actora, estaría en cabeza de padre y abuelos paternos y que con éstos estaría durante veintitrés días al mes, mientras que con la progenitora pasaría los siete días restantes, cuando los abuelos permanecieran en Puerto Inírida, eventos en los que la demandante tendría que asumir los gastos derivados del viaje y alojamiento de éstos. Los argumentos para impugnar el acuerdo de conciliación fueron: 1º. Falta de autonomía para firmar el acuerdo, ya que se le presionó por parte del capital de la comunidad. 2º. Imposición de una carga económica que no tiene como asumir. 3º. Aplicación de una norma de un lugar al que ella no pertenece y respecto del cual desconoce sus usos y costumbres y 4º. Dificultad para cumplir su derecho de visitas, lo que generó la imposibilidad de ver a su hija durante varios meses. Por otra parte, los accionados alegaron que la actora se mostró conforme con las decisiones tomadas en la reunión y que corroboró su aceptación con la firma voluntaria del acta de conciliación. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la diversidad étnica y cultural, las limitaciones a la jurisdicción indígena, los criterios para la determinación del fuero, la renunciabilidad de éste y la regulación del interés superior del niño indígena. La Sala evidenció una serie de irregularidades y omisiones en el acta de conciliación atacada, lo que generó que la accionante no supiera a qué instancias acudir ante el incumplimiento de lo pactado; que no se hubiera dado cumplimiento al régimen de visitas dispuesto y que no hubiera podido la madre estar con su hija. Al tiempo de TUTELAR los derechos de la actora y de su hija, la Sala imparte una serie de órdenes conducentes a determinar la situación de la menor; a realizar una nueva conciliación en la que se garantice el régimen de visitas o de custodia de la madre y en la que se observe el trámite dispuesto para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 2    Expediente   T-3120650 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   11-1-2012 0:00    Sentencia   T-002/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    RESGUARDO INDIGENA NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA Y OTRO VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA DISCIPLINARIA

Tema

Autonomía jurisdiccional, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes son, el gobernador y representante legal del resguardo indígena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña en un caso y, en el otro, el Defensor Público para Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Regional Tolima, como agente oficioso del Resguardo indígena Chenche Socorro Los Guayabos. El accionado en ambos asuntos es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En los dos procesos se alega vulneración de derechos por parte de la autoridad judicial accionada, en tanto profirió fallos que dirimieron conflictos de competencia surgidos entre las autoridades tradicionales de los resguardos y las autoridades del sistema jurídico nacional, especialidad penal, con ocasión de hechos ocurridos al interior de los resguardos en los cuales se vio vulnerada la integridad sexual de dos menores de edad, por parte de algunos de sus miembros, quienes respectivamente ostentaban la calidad de padrastro y abuelo de las niñas abusadas. En los fallos atacados se decidió la competencia a favor de la justicia ordinaria. La Sala hace un amplio análisis de la siguiente temática: 1º. El interés superior del menor y la especial protección a la niñez en el orden jurídico interno. 2º. La importancia de la diversidad, la integridad étnica y la autonomía de las comunidades indígenas como principios consagrados en la Constitución de 1991. 3º. Criterios para solución de conflictos que puedan presentarse entre la autonomía de las comunidades indígenas y los derechos individuales de sus miembros y, 4º. Los elementos determinantes en la competencia de la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena. En el caso del resguardo los Guayabos se presentó una situación en la que sus autoridades tradicionales expresaron la voluntad de ceder la competencia, arguyendo para ello razones poderosas como la inexistencia de reglas específicas e instituciones consolidadas para llevar a cabo el proceso y castigar el agresor en caso de ser hallado culpable y por tal motivo, la Sala dio prevalencia a la protección de los derechos de la menor involucrada en el presente asunto y en tal sentido se abstuvo de otorgar la competencia a las autoridades tradicionales del precitado resguardo. En el asunto de la comunidad La Montaña se ordena la remisión del caso a las autoridades tradicionales de dicho resguardo. CONCEDID.
Recibo Relatoria   24-7-2012 0:00


Item 3    Expediente   T-3132708    Fecha sentencia   11-1-2012 0:00    Sentencia   T-003/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LEOPOLDINA MERCHAN LOZANO EN REPRESENTACION DE LUZ MARINA LOPEZ H. VS. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTRAS

Tema

Vivienda. La actora supone que las entidades demandadas han vulnerado varios de sus derechos fundamentales, con el hecho de ratificar una decisión administrativa mediante la cual se rechazó su hogar en la convocatoria de postulación de la población en situación de desplazamiento para acceder a subsidios de vivienda, por considerar que ya se le había reconocido un apoyo económico para mejoramiento de vivienda en ocasión anterior a su desplazamiento. La Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la vivienda digna puede ser protegido por medio de la acción de tutela cuando se trata de personas en situación de desplazamiento, tanto en la modalidad de atención inmediata y provisional, como con el ofrecimiento de una solución definitiva de habitación para ellos y su familia. Así mismo reitera que, el haber sido beneficiarios de subsidios a la vivienda en un pasado anterior al desplazamiento no les priva del derecho a solicitarlo o recibirlo, máxime cuando por causa de ese traslado han quedado expuestas a la pérdida de sus bienes de habitación. Se decide CONCEDER el amparo solicitado.


Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 4    Expediente   T-3192986    Fecha sentencia   11-1-2012 0:00    Sentencia   T-004/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GUSTAVO ALFONSO LUQUE OVALLE VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Salud. El actor interpone la acción de tutela para solicitar que la E.P.S. COOMEVA dé respuesta oportuna y de fondo respecto a la solicitud que elevara para que se le autorizara la práctica de varios procedimientos quirúrgicos posteriores a la cirugía bariátrica a la que se sometió y por la cual perdió mucho peso. Las intervenciones requeridas fueron prescritas por el médico tratante y la entidad demandada no emitió pronunciamiento alguno sobre el particular. Luego de pronunciarse sobre el derecho a la salud como derecho fundamental constitucionalmente amparable, el derecho al acceso a los servicios de salud y las cirugías plásticas reconstructivas con carácter funcional como parte del contenido del derecho a la salud, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar a la accionada que autorice la realización de la cirugía reconstructiva pos-bypass gástrico con los diferentes procedimientos que comprende, según la prescripción hecha por su médico tratante.
Recibo Relatoria   24-10-2012 0:00


Item 5    Expediente   T-1877036    Fecha sentencia   16-1-2012 0:00    Sentencia   T-005/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO VS. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y OTRO

Tema

Debido proceso. El accionante, en calidad de Gerente General de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdo – AMBUQ ARS ESS, alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Fiduciaria la Previsora S.A, en cuanto adelantaron una actuación administrativa mediante la cual se ordenó revocar la licencia de funcionamiento de la entidad y de manera consecuente, intervenir, liquidar la empresa y retirar a su representante legal. A juicio del actor, la Superintendencia no agotó el procedimiento regular y sancionó a la empresa con fundamento en un informe preliminar de visita de inspección y en las objeciones formuladas en dicho informe, sustrayéndose de realizar varias etapas y garantías procesales. En sede de revisión la Sala evidenció la configuración de un hecho superado, en tanto los reclamos del actor fueron plenamente satisfechos. Con base en lo anterior, se consideró inocuo efectuar pronunciamiento de fondo. Se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.
Recibo Relatoria   16-4-2012 0:00


Item 6    Expediente   D-8567    Fecha sentencia   18-1-2012 0:00    Sentencia   C-006/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MGC, SPV JIPC, SPV HASP, SPV LEVS
Demandante / Demandado    JOSE MARIO CARDONA RAMIREZ VS. LEY 1420 DE 2010

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6,9,11,19,38,48,52,57,60,68,71,74, 79,88,89 y 90 de la Ley 1420 de 2010, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011. En la demanda se acusan dieciséis artículos de la ley de la referencia, por considerar que contrarían, fundamentalmente, dos principios constitucionales. De una parte, el principio de unidad de materia que deben observar las leyes de la República y de otra, el principio de legalidad en materia presupuestaria. Luego de realizar un análisis a cada una de las normas acusadas, la Corte determinó que en algunos casos no se cumple en debida forma con los requisitos mínimos exigidos para emitir un pronunciamiento de fondo. En relación con otros artículos, consideró que no se presentaron los cargos aludidos por el demandante y, en lo referente a la medida sobre incorporación al presupuesto de las obligaciones derivadas de sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, encontró que violaba la Ley Orgánica del Presupuesto, pues constituye un condicionamiento a su cumplimiento que no está sujeto a la disponibilidad de recursos, por lo que resulta inconstitucional al igual que la norma que autoriza la financiación de proyectos de construcción y adquisición y mejoramiento de infraestructura de instituciones de educación media técnica y académica, toda vez que constituye una modificación del destino de los recursos parafiscales nominales que desconoce los principios de unidad de materia y legalidad del gasto. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los artículos 6, 19 y 18 y la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 38 y 71. Con relación a los artículos 9, 11, 52, 57, 60, 68, 74, 79, 88, 89 y 90 acusados, se declara INHIBIDA para adoptar un pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 7    Expediente   T-3182123    Fecha sentencia   19-1-2012 0:00    Sentencia   T-008/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    MARIA SUSANA GONZALEZ MARTINEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES PENSIONES

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna. La demandante recibía la pensión de sobrevivientes por parte del Hospital Lorencita Villegas de Santos de Bogotá, pero cuando ésta entidad entró en liquidación dejó de pagar la prestación. El ISS acordó subrogar el pasivo pensional del hospital y al solicitar a este instituto que continuara cancelando la correspondiente mesada, se negó la solicitud bajo el argumento de que el artículo 36 de la Ley 90 de 1946 establecía una prescripción, pues la solicitud era extemporánea. Luego de establecer la procedencia de la tutela para el reconocimiento de la sustitución pensional, hacer una alusión a las circunstancias que otorgan el carácter fundamental a la pensión de sobrevivientes y estudiar lo atinente a la revocatoria unilateral de un reconocimiento pensional, la Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena al ISS, expedir resolución mediante la cual restablezca la pensión de sobrevivientes a la demandante.
Recibo Relatoria   13-2-2012 0:00


Item 8    Expediente   T-3191858    Fecha sentencia   19-1-2012 0:00    Sentencia   T-009/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CESAR JAVIER GARCES RODRIGUEZ VS. ALCALDIA DE SAN JUAN DE GIRON (SANTANDER) Y OTROS

Tema

Vivienda digna. El demandante aduce que es un perjudicado de la ola invernal que afectó al Departamento de Santander en el año 2005 y refiere que luego de que se declarara la existencia de una situación de desastre departamental, la Alcaldía Municipal de San Juan de Girón lo benefició con un subsidio familiar de vivienda que le otorgaba la oportunidad de aplicar al proyecto de interés social denominado Nuevo Girón. Luego de seis años de espera el actor no ha obtenido la solución de vivienda a que tiene derecho por ser damnificado del desastre natural. Para la Sala, es evidente el quebrantamiento causado contra un derecho fundamental del accionante, quien se encuentra en situación de gran vulnerabilidad, desamparo y extrema necesidad y frente a cuyo sufrimiento y riesgo no pueden ser indiferentes o insensibles ni el Estado ni la sociedad, por el principio general de solidaridad que debe ser desarrollada por éstos como pauta de protección de las personas, especialmente de aquellas que se encuentren en situación de debilidad. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 9    Expediente   T-2868293 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-010/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    MARIA BLAISE CAMELO LUENGAS Y OTRA VS. CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, estabilidad jurídica, igualdad. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes demandan las providencias judiciales que declararon el cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministerio de Hacienda, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de Cuentas de la Fundación San Juan de Dios, respecto al reconocimiento de unas acreencias laborales y, de manera consecuente, se abstuvieron de iniciar los incidentes de desacato propuestos. Una de las partes, consideró además que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la Corte Constitucional al expedir la sentencia de unificación SU484/08. En el primer asunto la Sala de Revisión constató que la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales específicas que hacen procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, mientras que en el segundo caso estableció que derechos fundamentales de la actora no fueron vulnerados y que tampoco se cumplió con el requisito de inmediatez, para habilitar una procedencia excepcional de la acción constitucional. Se CONCEDE el amparo solicitado en el primer asunto y en consecuencia se imparten una serie de órdenes tendientes a declarar vigente y de obligatorio cumplimiento la sentencia judicial que reconoció acreencias laborales a favor de la demandante. En el otro caso analizado, se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela .
Recibo Relatoria   23-4-2012 0:00


Item 10    Expediente   T-3261041    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-011/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JUAN DE DIOS LATORRE SARAY VS. SEGURO SOCIAL PENSIONES, SECCIONAL CUNDINAMARCA

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna. El Instituto de Seguros Sociales expidió dos resoluciones mediante las cuales le negó al demandante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo el argumento de no haber cotizado sino 491 semanas de las 500 requeridas durantes los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad y únicamente 999 semanas de las mil cotizadas en cualquier tiempo. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la pensión de vejez como derecho constitucional fundamental y la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago de pensiones. Se concluye que, el actor cumple no sólo cumple con los requisitos legalmente exigidos para que se le reconozca la prestación reclamada, sino que además se trata de una persona de la tercera edad, que no cuenta con más recursos para solventar sus necesidades básicas y, que de someterlo al agotamiento de la vía ordinaria sería irrazonable e desproporcionado, en la medida en que el trámite de la misma podría excepcionalmente superar su expectativa de vida. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reconocimiento y pago de la pensión reclamada.
Recibo Relatoria   16-5-2012 0:00


Item 11    Expediente   T-3180007    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-012/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JUAN ANTONIO VS. DIANA

Tema


Con el presente fallo la Sala de Revisión resuelve un caso en el que el demandante aduce que la progenitora de su menor hijo vulnera derechos fundamentales del niño, al modificar unilateralmente el régimen de visitas acordado entre ellos en la Comisaría de Familia de Trujillo (Valle). Se alega la prohibición de tener contacto con el menor, lo que hace que se le prive del amor, cuidado, protección y comunicación que todo padre le debe prodigar a su hijo. La accionada por su parte alega que no se opone a la conciliación de regulación de visitas, sino que pretende que las mismas se desarrollen en un ambiente diferente y con el acompañamiento debido, en razón a que el menor aduce ser sometido a abuso sexual en la casa de su padre por parte de una persona que frecuenta dicha vivienda. Estos hechos se encuentran en averiguación por parte de la Fiscalía General de la Nación, para establecer si existe o no la comisión del delito de abuso sexual con menor de catorce años. La Sala reitera jurisprudencia constitucional sobre los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando se está frente de una situación de subordinación o indefensión. 2º. El interés superior del niño, según lo regulado en el artículo 44 de la Constitución y 3º. El derecho fundamental de los niños y de las niñas a tener una familia y no ser separados de ella, así como el derecho de los padres biológicos a mantener contacto con sus hijos e hijas. Se CONCEDE el amparo solicitado, se exhorta a los padres involucrados en el asunto a tratar de mantener la cohesión familiar para minimizar el impacto negativo sobre los derechos fundamentales de su hijo, se emiten una serie de órdenes y requerimientos tendientes a asegurar el cumplimiento de la sentencia y se aclara que, el presente fallo está condicionado a lo resuelto en el proceso penal que se adelanta por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 12    Expediente   T-3176539    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-013/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    JORGE JULIAN SILVA MECHE VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

Tema

El demandante instauró la acción de tutela contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la vivienda y el derecho de sus hijos a la educación, en tanto le negó la devolución de los aportes que tiene en su cuenta individual, bajo el argumento de no cumplir con las exigencias y requisitos de la Ley 100 de 1993 y otras disposiciones legales. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver conflictos relacionados con prestaciones sociales y confirma que el amparo solicitado por el actor no resulta procesalmente viable. Se decide declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela invocada.



Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 13    Expediente   T-3187308    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-014/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    HECTOR FABIO RODRIGUEZ VENEGAS REPRESENTADO POR SUS CURADOR OLMEDO RODRIGUEZ VENEGAS VS. CAJANAL

Tema

Mínimo vital, seguridad social. A través de la agencia oficiosa se presenta la acción constitucional a favor de una persona de más de 60 años de edad, que fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 60% a raíz de una esquizofrenia paranoide, lo cual condujo a que judicialmente se declarara interdicto. En la demanda de tutela se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de CAJANAL, en tanto negó al representado la pensión de sobrevivientes bajo el supuesto de que en la calificación de invalidez la fecha de estructuración era posterior al deceso de su progenitora, lo que conllevaba al incumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos para acceder a la precitada prestación. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la sustitución pensional y, 2º. Jurisprudencia constitucional sobre la pensión de sobrevivientes en hijos discapacitados que dependen económicamente de sus padres, específicamente, la incidencia sobre la misma, de la fecha de es estructuración de la invalidez. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada remitir el caso a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para que emita otro dictamen y a la luz de éste, valore nuevamente las condiciones particulares del representado, de tal manera que se establezca con precisión su titularidad respecto de la pensión de sobrevivientes de su progenitora. Se indica que, en el evento en que dicho concepto se establezca que esta fecha es anterior al deceso de la causante, se debe conceder la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 14    Expediente   T-3182540    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-015/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUZ MIRIAM HIGUITA DE CANTOR VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA CIVIL

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El esposo de la accionante obtuvo la calidad de asegurado en virtud a una póliza de seguro de vida que el Banco Santander había tomado para sus clientes, y en la misma se aseguraba su vida hasta por la suma de $80.021.059, siendo beneficiaria la actora en un 50% y los hijos de ambos en el restante 50%. Tras la muerte de su esposo como consecuencia de una insuficiencia renal crónica, la demandante elevó la respectiva reclamación, pero la entidad aseguradora objetó el pago aduciendo que la causa de la muerte del asegurado se debió a un evento preexistente a la fecha de iniciación del amparo individual. Tras iniciar la demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual contra la compañía aseguradora, el tribunal accionado revocó la decisión de primera instancia y denegó las pretensiones de la demanda, declarando la prosperidad de la excepción alegada por la aseguradora denominada exclusión de responsabilidad por preexistencia. Se alega en la acción de tutela, que el precitado fallo incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, en tanto no valoró adecuadamente todas las pruebas obrantes en el expediente, readecuó oficiosamente el objeto del litigio y por no estimar la prescripción alegada en la supuesta exclusión contenida en el contrato de seguro. Tras analizar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y sus requisitos generales de procedibilidad, la Sala encuentra que el tribunal accionado vulneró el derecho al debido proceso al incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico, al omitir la valoración de pruebas que resultaban relevantes para dictar la sentencia en el proceso civil ordinario iniciado por la actora. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la autoridad judicial accionada proferir una nueva sentencia en el referido proceso ordinario.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 15    Expediente   T-3183107    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-016/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA YOLANDA MONTOYA BENITEZ VS. SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La demandante pretende que vía tutela se ordene dejar sin efectos la providencia judicial que en grado de consulta de un incidente de desacato, revocó la sanción impuesta al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del ISS, Seccional Valle. La orden judicial impartida al ISS decía de manera expresa que la solicitud pensional debía resolverse sin tener en consideración los requisitos de fidelidad y de manera contraria, el Instituto emitió acto administrativo donde reconoció la pensión de manera provisional, reiterando la falta de cumplimiento del mencionado requisito. La autoridad judicial demandada consideró que con la revocatoria de la sanción no vulneró derecho fundamental alguno, en cuanto el incidentado al otorgar la pensión de sobrevivientes, así fuera de manera transitoria mientras se acudía al juez natural, cumplió la orden judicial de resolver la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada por la accionante. La Sala reitera jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente contra las que resuelven un incidente de desacato y sobre los presupuestos generales y adicionales para la procedibilidad de esta acción. Se concluye que la autoridad demandada al resolver la consulta si incurrió en un defecto fáctico. Se enfatiza que en el marco de un incidente de desacato, la autoridad judicial tiene también la obligación de analizar las órdenes contenidas en las sentencias, además de revisar si la conducta desplegada por el destinatario de las mismas se ajusta a éstas, para luego establecer mediante la comparación si cumplió o no con dichas órdenes, todo en últimas, para garantizar la tutela efectiva de derechos fundamentales. Se CONCEDE.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 16    Expediente   T-3140852    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-017/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANA JULIA GARZON GUERRERO VS. COORDINADORA CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Estabilidad laboral reforzada, debido proceso, mínimo vital. La accionante se encontraba desempeñando el cargo de escribiente en provisionalidad en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá y fue desvinculada del empleo por el nombramiento en propiedad de una de las personas que ocupó la lista de elegibles generada por la realización de un concurso público de méritos. Se alega vulneración de derechos fundamentales por retirarla del cargo a pesar de que al momento de su desvinculación existían 96 cargos de la misma naturaleza del que ocupaba en provisionalidad, los cuales no estaban provistos en propiedad como resultado del concurso de mérito, por estar en trámite el reconocimiento de su pensión de jubilación y ser su salario la única fuente de ingresos para suplir sus propias necesidades y las de su madre e hijo. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos que desvinculan a empleados públicos de sus cargos. 2º. Estabilidad intermedia de los trabajadores nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa. 3º. Retiro del servicio por la obtención de la pensión de vejez o de jubilación y 4º. Deberes de los funcionarios administrativos de obrar conforme a los valores, principios y derechos constitucionales en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reintegro de la accionante hasta que ocurra uno de dos eventos: a). que todos los cargos de escribiente de juzgado municipal grado nominado que fueron objeto del concurso de méritos en virtud de los Acuerdos 206 y 208 del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y que actualmente se encuentran en provisionalidad sean proveídos en propiedad ó, b) que la peticionaria sea incluida en nómina de pensionados del ISS.
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 17    Expediente   T-3147388    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-018/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    WILMAR DARIO GALLO ALCARAZ VS. CUARTA BRIGADA Y OTROS

Tema

Libertad de conciencia, libertad de cultos. El actor fue reclutado por miembros del Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular y solicitó el retiro de las filas y la definición de su situación, argumentando para ello su objeción de conciencia frente al servicio militar, dada sus convicciones religiosas toda vez que pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esta petición que no fue resuelta por la entidad demandada. . Por su parte, la accionada solicitó desestimar las pretensiones del accionante, teniendo en cuenta, entre otras argumentaciones, que la referida objeción no está reglamentada en Colombia y que aún se mantiene un sistema de conscripción. La Sala reitera que conforme a la sentencia C-728/09 se dan los siguientes presupuestos: 1º. El derecho a objetar por razones de conciencia, el deber de prestar el servicio militar obligatorio, el cual encuentra su fundamento constitucional en la protección a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y de cultos y, 2º. El ejercicio de este derecho no requiere un desarrollo legislativo específico y, por tanto, mientras el legislador se ocupa de regular la materia, la acción de tutela constituye un mecanismo idóneo para buscar la protección de los derechos del objetor de conciencia. Se concluye que las creencias o convicciones que expuso el accionante para declararse como objetor de conciencia frente al servicio militar cumplen con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para relevarlo del cumplimiento de este deber legal. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al accionado proceder a la desincorporación del demandante y a expedirle la respectiva libreta militar.
Recibo Relatoria   14-5-2012 0:00


Item 18    Expediente   T-3114565 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-1-2012 0:00    Sentencia   T-019/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    GERARDO ANTONIO LOPERA UÑATEZ VS. MINERA LAS BRISAS S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los dos expedientes estudiados el accionante es el mismo y corresponde a una persona de ochenta y un años de edad que padece Alzheimer. A él, la empresa Minera Las Brisas le concedió la pensión de jubilación desde diciembre de 1990, pero esta sólo le fue cancelada oportunamente hasta octubre del año 2010, época en la que la empresa entró en trámite de liquidación judicial. Como quiera que la precitada empresa empezó a realizar aportes al Seguro Social desde agosto de 1998 con el fin de lograr la aplicación de la figura de compartibilidad pensional, el actor solicitó a éste Instituto el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero la prestación fue negada bajo el argumento de acreditar únicamente 982 semanas de cotización, cuando eran necesarias 1000 semanas en cualquier tiempo. La Sala reitera jurisprudencial constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias pensionales; las obligaciones generadas dentro del régimen de compartibilidad pensional; los derechos laborales en el marco de procesos de liquidación de empresas privadas y, el allanamiento en la mora en el pago de aportes. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al Seguro Social Seccional Antioquia, reconocer y pagar la pensión al demandante, sin perjuicio de poder llevar a término las acciones administrativas y judiciales que deba adelantar frente a la empresa Minera Las Brisas S.A., en liquidación, en virtud del régimen de compartibilidad pensional.
Recibo Relatoria   25-6-2012 0:00


Item 19    Expediente   T-3178392    Fecha sentencia   23-1-2012 0:00    Sentencia   T-020/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    LEON ANGEL GALLEGO MARIN VS. EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El demandante aduce que laboró para la Embajada Real de los Países Bajos como asesor de comercialización durante un período superior a los siete años y que dicha entidad sólo realizó aportes a pensión por un mes, hecho que incidió de manera significativa en la decisión adoptada por el ISS, de negarle el reconocimiento de la pensión por no contar con el número de semanas exigidas para acceder a tal prestación. La Embajada accionada solicitó declarar la improcedencia de la acción, entre otros argumentos, por no existir violación a los derechos invocados y porque los hechos referidos y la culminación de la relación laboral, ocurrieron cuando no existía norma que previera mecanismos de pago de reservas, cálculos actuariales o títulos pensionales al ISS y tampoco existía en el ordenamiento jurídico la Ley 50 de 1990, la Constitución de 1991, ni la Ley 100 de 1993. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra organismos internacionales cuando la inmunidad de jurisdicción es relativa o restringida y cuando se pretende el reconocimiento del derecho a la seguridad social. Se encuentra que no existe vulneración ilegítima de los derechos invocados y, en tal sentido se NIEGAN las pretensiones del actor, en cuanto a obtener el pago de las cotizaciones por parte de la Embajada, previo cálculo por parte del ISS.
Recibo Relatoria   16-4-2012 0:00


Item 20    Expediente   T-3188646 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   23-1-2012 0:00    Sentencia   T-021/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    STELLA PATRICIA NIETO RODRIGUEZ Y OTRO VS. CAPRECOM E.P.S. S Y OTRA

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes promovieron acciones de tutela de manera independiente en contra de las E.P.S.s CAPRECOM y COOMEVA, al considerar que estas entidades vulneraron derechos fundamentales de sus hijos, al negarse a asumir el costo del servicio de transporte que requieren para recibir atención médica especializada en una ciudad distinta a la de sus lugares de residencia y, al no exonerarlos de los copagos correspondientes. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala analiza la siguiente temática: 1º. Protección del derecho fundamental a la salud de los niños en consideración a su calidad de sujetos de especial protección. 2º. El servicio de transporte como medio especial para hacer efectivo el acceso a los servicios médicos, en un lugar distinto al de la residencia del paciente y 3º. Exoneración de copagos en el régimen subsidiado. Se CONCEDE el amparo solicitado por los actores y se imparten una serie de órdenes conducentes a que las demandadas cubran los costos de traslado de los pacientes y de sus acompañantes, con el fin de que les sean practicadas los tratamientos o exámenes ordenados por los respectivos médicos tratantes.
Recibo Relatoria   21-11-2012 0:00


Item 21    Expediente   T-3178892    Fecha sentencia   23-1-2012 0:00    Sentencia   T-022/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA IED ENRIQUE PARDO PARRA VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE COTRA Y OTROS

Tema

La acción de tutela la interpone la Personería Municipal de Cota (Cundinamarca), para reclamar la protección a los derechos fundamentales a la educación, a la integridad y a la vida de las niñas, niños y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra, así como también de los docentes y demás funcionarios de dicho plantel, los cuales se ven afectados por la falta de realización de obras de mejoramiento de la infraestructura del colegio o, de la reubicación del mismo. Se aborda la siguiente temática: a). Procedencia de la acción de tutela. b). derecho a la educación y su amparo por medio de la tutela y, c). los derechos de los niños y su protección constitucional. En sede de revisión la Sala tuvo conocimiento de un fallo de tutela dictado con posterioridad a la sentencia revisada en el presente caso, en el cual se concedió el amparo solicitado por los estudiantes del colegio, por una nueva situación que los puso en riesgo. Luego de descartar la temeridad por cuanto se presentaron dos situaciones distintas entre las tutelas presentadas y luego de encontrar satisfecha la pretensión formulada en el asunto en revisión, se decide declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   14-5-2012 0:00


Item 22    Expediente   T-3191215 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   23-1-2012 0:00    Sentencia   T-023/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    FULL PROTECTION LTDA Y OTRO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes coinciden en alegar que las autoridades judiciales accionadas violaron sus derechos fundamentales, al decidir rechazar las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que instauraron, bajo el argumento de no cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. A juicio de los actores, se incurrió en un defecto sustantivo al exigir cumplir con el requisito de la conciliación prejudicial, cuando no se encontraban persiguiendo el efecto patrimonial de los actos administrativos atacados, sino la violación al debido proceso en la elaboración de los mismos, situación que califican como un asunto no conciliable. La Sala reitera doctrina de la Corporación en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y analiza si los asuntos en particular cumplen con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la misma. En un asunto la Sala evidenció que no se cumplió con la causal específica de procedibilidad del defecto sustantivo y en tal sentido concluyó que no es procedente el amparo constitucional solicitado. En el otro caso, se demostró la ocurrencia de dicha causal y, de manera consecuente, se declaró la procedencia de la acción de tutela y se concedió el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   7-3-2013 0:00


Item 23    Expediente   D-8539    Fecha sentencia   24-1-2012 0:00    Sentencia   C-025/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV MVCC, AV GEMM, SV JIPP, SV Y AV NPP
Demandante / Demandado    LAURA MARCELA CAMARGO Y OTRA VS. LEY 1430 DE 2010, ARTICULOS 1, 8 (PARCIAL), 10. 12 Y 54

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 8 (parcial), 10, 12 y54 de la Ley 1430 de 2010, por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. Para el demandante, la norma acusada vulnera la regla de irretroactividad de la ley consagrada para efectos tributarios y desconoce el mandato de aplicación de las leyes impositivas sobre tributos cuya base sea de determinación periódica. La Corte considera que carece de competencia para pronunciarse sobre la validez de la operación administrativa de impresión y publicación de una ley para definir su vigencia y eficacia y, en tal sentido, se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de los artículos 1, 10, 12 y 54. Respecto al inciso final del artículo 8º demandado, la Sala decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-878/11, por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Recibo Relatoria   6-8-2012 0:00


Item 24    Expediente   T-3085105    Fecha sentencia   24-1-2012 0:00    Sentencia   SU.026/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    FRANCY ISABEL CAMACHO BECERRA VS. SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y OTRO

Tema

Trabajo, mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso ordinario laboral iniciado por la accionante en contra del Banco BBVA, los despachos de instancia concedieron las pretensiones de la actora y ordenaron al banco reintegrar a la demandante y pagarle los salarios dejados de percibir con fundamento en la convención colectiva de trabajo y en la interpretación jurisprudencial vigente. La entidad bancaria presentó recurso de casación y la Sala Laboral de la Corte Suprema casó la sentencia arguyendo que la convención colectiva de trabajo suscrita en 1972 no contenía una acción autónoma de reintegro y, en consecuencia de ello, absolvió al banco. La actora considera que la providencia de la Corte Suprema incurrió en defectos de técnica procesal, en un defecto sustantivo y en un defecto orgánico. Luego de reiterar jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la sala confirma la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que NEGO el amparo deprecado, al considerar que la decisión atacada no incurrió en una vía de hecho, pues la misma se fundamentó en consideraciones e interpretaciones de la normatividad legal y convencional.
Recibo Relatoria   7-3-2012 0:00


Item 25    Expediente   T-3186136    Fecha sentencia   24-1-2012 0:00    Sentencia   T-024/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CARLOS ARTURO BURGOS ROSESTAND VS. ING PENSIONES Y CESANTIAS Y OTRO

Tema

Seguridad social, debido proceso administrativo. El demandante elevó solicitud de pensión de invalidez ante ING PENSIONES Y CESANTIAS y esta administradora le negó la prestación argumentando el incumplimiento del requisito de cotización de 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Se alega que, tanto la Administradora de Pensiones como la Junta Regional de Calificación de Invalidez no tuvieron en cuenta su extensa historia clínica, en donde se demostraba que el padecimiento que le generó la incapacidad inició mucho antes de la fecha de estructuración indicada en el correspondiente dictamen de invalidez. La Sala encuentra que el acto de calificación de invalidez, en lo relativo a la definición de la fecha de estructuración de la misma, tuvo una motivación insuficiente que deviene en una afectación del derecho del actor al conocimiento de las razones en las cuales se fundamentó la negativa al reconocimiento de su pensión de invalidez y en la desestimación de una evidencia médica y científica que apoyaba tal pretensión. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitir un nuevo dictamen sobre la fecha de estructuración de invalidez del actor, informando en el mismo las rezones de su decisión con la referencia expresa, clara y suficiente de la valoración que le merezca la evidencia diagnóstica y médica aportada, sin entrar a revisar el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral ya establecido
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 26    Expediente   D-8385 Y 8390    Fecha sentencia   25-1-2012 0:00    Sentencia   C-027/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SPV JCHP, JIPP, LEVS
Demandante / Demandado    FELIPE ORTEGA ESCOVAR Y OTRO VS. LEY 1382 DE 2010

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001. Código de Minas. Se acumulan expedientes por unidad de materia. A juicio de los demandantes, la norma acusada vulnera varios artículos de la Constitución Política y el artículo 200 de la Ley 5ª de 1992, en razón a que en el trámite de las objeciones presidenciales no se cumplió con las mayorías calificadas necesarias y se retiraron dichas objeciones violando lo establecido en el Reglamento del Congreso. Así mismo alegan violación constitucional por no haberse llevado a cabo la consulta previa a las comunidades indígenas en la aprobación de la ley. La Corte constata la existencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional y decide ESTARSE A LO RESUELTO en la decisión adoptada en la sentencia C-366/11, que ordenó declarar inexequible la ley 1382 de 2010 y diferir los efectos de tal declaratoria por el término de dos años. Se subraya, que la declaratoria de inexequibilidad implica de manera ineludible que la ley demandada desaparecerá del ordenamiento jurídico una vez transcurra el plazo fijado por la Corporación, decisión que no puede ser modificada en pronunciamiento posterior, bien sea de declararla exequible o para disponer un efecto inmediato de inexequibilidad, revocando la decisión de diferir los efectos de la sentencia.
Recibo Relatoria   29-3-2012 0:00


Item 27    Expediente   T-3150857    Fecha sentencia   25-1-2012 0:00    Sentencia   T-028/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ANA FRANCISCA RUBIANO DE VARGAS VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA Y OTROS

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital, igualdad. Tutela contra providencia judicial. Tras el fallecimiento de su esposo la demandante solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero dicha entidad negó la prestación argumentando el incumplimiento del requisito de fidelidad. Luego de agotar la vía gubernativa la actora inició proceso ordinario laboral, cuya pretensión principal se dirigía a obtener el reconocimiento de la precitada prestación, sin embargo las dos instancias de decisión resolvieron el asunto de manera adversa a sus intereses. En la acción de tutela se plantea que la decisión adoptada por las autoridades judiciales accionadas incurrió en un defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente constitucional y en una violación directa de la Constitución. La Sala se pronuncia sobre los siguientes aspectos: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. 2º. Caracterización de la causal genérica de procedencia por desconocimiento del procedente constitucional y 3º. Inconstitucionalidad del requisito de fidelidad consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efecto la sentencia de segunda instancia adoptada dentro del proceso ordinario laboral y se ordena al Tribunal accionado que emita una nueva decisión, en la que siga estrictamente el precedente constitucional sobre fidelidad para con el sistema.


Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 28    Expediente   T-2870977 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   26-1-2012 0:00    Sentencia   T-028A/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LIBARDO CARREÑO FERNANDEZ VS. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL Y OTRA

Tema

Debido proceso. Tutela contra tutela. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el primer asunto se demanda al Concejo de Yopal por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la participación ciudadana y al libre desarrollo de la personalidad, en tanto el presidente de la mencionada Corporación se negó a nombrar al accionante como concejal del municipio, en reemplazo de quien resultara electo para ocupar dicha curul, pero posteriormente suspendido por investigación penal en la cual se le dictó medida de aseguramiento con el beneficio de detención domiciliaria. En el segundo caso el mismo actor promueve la tutela en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, por considerar que dicha autoridad judicial desconoció el derecho fundamental al debido proceso, al fallar en segunda instancia la tutela interpuesta en contra del presidente del Concejo de Yopal. La Sala entra a determinar si en el primer expediente los hechos ocurridos durante el trámite de la acción de tutela extinguieron el problema jurídico planteado y, si en el segundo proceso, se superan los presupuestos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela. En este mismo orden de ideas se decide declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO y la IMPROCEDENCIA de la acción constitucional, respectivamente.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 29    Expediente   T-3264501    Fecha sentencia   31-1-2012 0:00    Sentencia   T-029/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ANNY DEL CARMEN JARAMILLO RENTERIA VS. ALCALDIA DE PEREIRA Y OTROS

Tema

Vivienda digna. En el presente caso la actora aduce que fue desalojada del inmueble que habitaba por medio de una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y que este procedimiento vulneró sus derechos fundamentales, motivo por el instauró la acción constitucional para solicitar una solución permanente a su problema de vivienda. La Alcaldía demandada argumentó que la expedición del acto administrativo que ordenó el lanzamiento y su consecuente ejecución no violó ningún derecho, toda vez que el predio desalojado es de propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira, afectado además por la condición de reserva natural y el proceso de lanzamiento se realizó con todas las garantías y requisitos legales. La Sala encuentra improcedente la tutela para la protección de la vivienda digna, por no cumplirse ninguna de las dos condiciones necesarias para acceder al amparo constitucional. Se decide confirmar la decisión de instancia que DENEGÓ la tutela. .


Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 30    Expediente   D-8608    Fecha sentencia   1-2-2012 0:00    Sentencia   C-030/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC, SPV NPP, SV JIPC
Demandante / Demandado    SILVIO SAN MARTIN QUIÑONES RAMOS VS. LEY 734 DE 2002 (ARTICULOS 34 Y 38 PARCIALES)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 34 numerales 2 y 6 (parciales) y del artículo 48 numeral 45 (parcial) de la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. El demandante considera que las expresiones acusadas son violatorias de varios principios fundamentales contenidos en la Carta Superior, básicamente porque todos los tipos sancionatorios demandados constituyen tipos en blanco o abiertos que no se ajustan a los requisitos del principio de tipicidad y legalidad y, por tanto, del derecho al debido proceso, porque, al quedar la tipificación de la conducta en cabeza de los operadores disciplinarios, los convierte en legisladores. Para la Corte, las expresiones “diligencia, eficiencia e imparcialidad”, así como “cualquier acto u omisión”, “servicio esencial”, “abuso indebido”, “respeto, imparcialidad y rectitud”, “negocios incompatibles con” y “la institución”, no vulneran el principio de tipicidad, de legalidad y del debido proceso en materia disciplinaria y en tal sentido las declara EXEQUIBLES. De otro lado considera que, la expresión “el buen nombre y prestigio de” es INEXEQUIBLE, por vulneración de los mismos principios antes mencionados.


Recibo Relatoria   30-5-2012 0:00


Item 31    Expediente   D-8606    Fecha sentencia   1-2-2012 0:00    Sentencia   C-031/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    JUAN DAVID GOMEZ PEREZ VS. LEY 1395 DE 2010 (ARTICULO 52 PARCIAL)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 52 (parcial) de la Ley 1395 de 2010. El aparte acusado se relaciona de manera general con los requisitos de procedibilidad en asuntos susceptibles de conciliación y de manera particular, con la obligación de aportar en asuntos civiles y de familia, las pruebas que las partes tengan en su poder en la etapa de conciliación, so pena de no poderlas presentar en el proceso judicial que se promueva y con la inadmisión de la solicitud de conciliación en materia contencioso administrativa por incumplimiento de requisitos. Para el demandante, los parágrafos acusados vulneran en general el principio constitucional de acceso a la justicia y de manera consecuente el derecho al debido proceso. La Corte determinó la existencia de cosa juzgada en relación con la constitucionalidad de la conciliación extrajudicial como requisitos de procedibilidad. Se decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia 98 de 2011 que declaró exequible el parágrafo 2 del artículo 52 de la ley 1395 de 2010, salvo la siguiente expresión que se declaró inexequible: “De fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en su poder” y que declaró exequible, el parágrafo 3º del artículo 52 de la mencionada ley.
Recibo Relatoria   29-2-2012 0:00


Item 32    Expediente   T-3257055    Fecha sentencia   1-2-2012 0:00    Sentencia   T-032/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV HASP
Demandante / Demandado    FANNY FRANCO LONDOÑO VS. ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

Tema

Mínimo vital, salud, vida digna, seguridad social. La demandante padece de insuficiencia renal terminal e hipertensión arterial, lo que le ha generado una situación de discapacidad severa, cuya valoración arrojó una pérdida de la capacidad laboral del 73.85%. Luego de tener el dictamen de invalidez, radicó ante el ISS la documentación para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez y dicha petición fue negada, bajo el argumento de no reunir el requisito de semanas de cotización. La Sala establece que la actora cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y en tal sentido CONCEDE el amparo invocado y ordena al ISS reconocer y pagar la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   2-3-2012 0:00


Item 33    Expediente   T-3195011    Fecha sentencia   1-2-2012 0:00    Sentencia   T-033/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    JOSE EDUARDO GALLEGO RUIZ VS. ACCION SOCIAL

Tema

Mínimo vital, igualdad. El accionante tiene 82 años de edad y se encuentra incluido junto con su grupo familiar en el Registro Único de la Población Desplazada. Luego de solicitar la prórroga de la atención de emergencia en razón a su delicado estado de salud, ésta fue concedida pero no pudo reclamarla porque se encontraba enfermo. La entidad bancaria donde estaba consignada la ayuda devolvió el dinero a Acción Social, debido a que no se había reclamado durante el mes siguiente de haber sido otorgada. . Frente a una nueva petición, Acción Social aprobó la ayuda pero sometió al demandante a una nueva espera y para el efecto, le asignó un turno. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la atención humanitaria de emergencia y la procedencia de su prórroga. Así mismo refiere casos en los que se ha alterado el orden del sistema de turnos, especialmente cuando se trata de personas en situación de desplazamiento. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la entidad demandada entregar la prórroga de la ayuda humanitaria que le fue otorgada al actor y que por su estado de salud no pudo reclamar en su momento.
Recibo Relatoria   12-3-2012 0:00


Item 34    Expediente   T-3216993 Y OTRO    Fecha sentencia   1-2-2012 0:00    Sentencia   T-034/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    NIBIA MARGARITA CHICA SOTO COMO AGENTE OFICIOSA DE LIBIA DE JESUS CHICA SOTO Y OTRO VS. COMFENALCO E.P.S. S Y OTROS

Tema

Salud, vida, dignidad humana, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las acciones de tutela se instauran en contra de COMFENALCO E.P.S. S, la Dirección Seccional de Antioquia y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en tanto no autorizaron la práctica de cirugías ordenadas a los pacientes demandantes. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La protección del derecho a la salud a través de la acción de tutela. 2º. El contenido y alcance de este derecho. 3º. Los criterios constitucionales para acceder a los servicios y medicamentos no POS y no POS-S. y, 4º. La obligación de las E.P.S de no anteponer trámites administrativos ni burocráticos que impidan el acceso a los servicios de salud. En sede de revisión las entidades accionadas informaron sobre la autorización y realización de los procedimientos quirúrgicos solicitados por los demandantes, motivo por el cual, en ambos casos estudiados, se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   2-3-2012 0:00


Item 35    Expediente   T-3207025 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   1-2-2012 0:00    Sentencia   T-035/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV HASP
Demandante / Demandado    WALTER FRANCISCO MENDOZA ZULETA Y OTRO VS. NACION MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos estudiados se reclama el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a que tienen derecho los demandantes, por las incapacidades permanentes parciales adquiridas en combate. La entidad demandada niega las prestaciones bajo el argumento de que los actores no tienen el porcentaje del 75% de pérdida de la capacidad laboral y que son sólo auxiliares regulares, mientras que la pensión pretendida sólo le es reconocida a los miembros del nivel ejecutivo y agentes de la policía nacional. La Sala examina la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de pensiones. 2º. El contenido del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y la importancia de la pensión de invalidez. 3º. La protección constitucional reforzada de los sujetos de especial protección constitucional, como las personas con discapacidad, con alguna enfermedad grave y, la especial situación de los miembros de la Fuerza Pública y, 4º. El alcance del régimen prestacional de la Fuerza Pública. Se CONCEDE el amparo solicitado por los diferentes actores y se ordena a la entidad demandada reconocer y pagar las pensiones de invalidez reclamadas.
Recibo Relatoria   14-3-2012 0:00


Item 36    Expediente   T-3157462    Fecha sentencia   2-2-2012 0:00    Sentencia   T-036/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ALEIDA MARIA ARREDONDO ARENAS VS. ACCION SOCIAL

Tema

Debido proceso, vida digna, mínimo vital, igualdad. La demandante es víctima del desplazamiento forzado junto con su núcleo familiar, el cual está integrado por su señora madre y dos hermanas que se encuentran en situación de discapacidad. Por encontrarse inscrita en el RUPD solicitó prórroga de la ayuda humanitaria y como respuesta a esta petición, obtuvo la adjudicación de un turno. La actora aduce que le ha sido imposible conseguir el sustento para vivir dignamente con su familia, que no ha logrado estabilidad socioeconómica y que carece de empleo o de otros medios para salir de la crítica situación en la que se encuentran. La Sala encuentra que la entidad demandada no dio una respuesta efectiva a la petición de la actora, así como tampoco reaccionó ante su vulnerabilidad en su condición de mujer desplazada y cabeza de familia que tiene a cargo un adulto mayor y dos personas en situación de discapacidad, que la hace merecedora de una especial protección. Se TUTELAN los derechos de la demandante y se ordena a la entidad accionada prorrogar la ayuda humanitaria de emergencia, entregando de manera completa los componentes previstos en la ley.
Recibo Relatoria   13-3-2012 0:00


Item 37    Expediente   T-3243635    Fecha sentencia   2-2-2012 0:00    Sentencia   T-037/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LEIDY DANIELA VASQUEZ LENTINO VS. UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN Y OTRO

Tema

Educación, confianza legitima. Alega la accionante que pese a cumplir con todos los requisitos académicos contemplados en el programa de derecho de la Universidad Manuela Beltrán no ha recibido el título de abogada, porque según la institución educativa no puede expedirle el paz y salvo financiero establecido como un requisito de grado, en tanto adeuda el pago de la matrícula correspondiente al segundo semestre del 2005. La actora indica que el ICETEX debió haber desembolsado el dinero cobrado y este Instituto aduce que empezó a hacer los desembolsos a partir del primer semestre del 2006. Se CONCEDE la protección invocada y se ordena al ICETEX pagar a la Universidad Manuela Beltrán el valor de la matrícula de la demandante correspondiente al período adeudado conforme a las condiciones del crédito otorgado a su favor, sin perjuicio de que posteriormente exija a la beneficiaria el pago de este período de préstamo en los términos del reglamento de crédito de la entidad.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 38    Expediente   T-3211760    Fecha sentencia   2-2-2012 0:00    Sentencia   T-038/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ROSAURA SANCHEZ MOROS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA Y OTRO

Tema

Mínimo vital. La actora interpuso la acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Cúcuta y la Secretaría de Educación Municipal del mismo municipio por considerar que dichas entidades gubernamentales vulneraron sus derechos fundamentales, al haber ordenado su retiro del cago de docente que desempeñaba en una institución educativa de la Capital de Norte de Santander, por haber cumplido la edad de retiro forzoso. Con la acción constitucional se pretende que se derogue el decreto de desvinculación y se ordene su reintegro hasta tanto sea incluida en nómina de pensionados. La Sala concluye que la autoridad demandada, al desvincular a la demandante del cargo de docente por haber cumplido la edad de retiro forzoso, vulneró su derecho fundamental al mínimo vital, pues el salario era la única fuente de ingresos y su situación pensional no estaba resuelta aún. Se CONCEDE el amparo de manera transitoria, se deja sin efectos los actos administrativos de desvinculación de la accionante y se ordena su reintegro hasta que se resuelva en forma definitiva su solicitad de reconocimiento pensional.
Recibo Relatoria   27-6-2012 0:00


Item 39    Expediente   T-3203328    Fecha sentencia   2-2-2012 0:00    Sentencia   T-039/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ELISA MERCEDES CASTRO DE ORTIZ VS. FONDO DE PASIVOS PENSIONALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. En el presente caso la Sala de Revisión entra a decidir si las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales de la actora al no reconocerle la pensión de sobrevivientes solicitada, a pesar de que para la fecha de fallecimiento de su cónyuge éste no tenia el status de pensionado, toda vez que la prestación de jubilación que inicialmente le fue reconocida, había sido revocada mediante sentencia judicial. A pesar de que la Sala no encuentra satisfecho el requisito de inmediatez para darle curso a la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, resalta que la accionante es una persona de la tercera edad, sujeto de especial protección constitucional y con base en ello hace algunas precisiones sobre la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes que podría reclamar, dado que a su cónyuge no se le reconoció la pensión de jubilación. Se decide confirmar las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción, pero se informa a la actora que puede solicitar a la accionada una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 40    Expediente   T-3195643    Fecha sentencia   2-2-2012 0:00    Sentencia   T-040/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS FERNANDO ALVAREZ CHICA VS. CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.

Tema

En el presente caso el accionante considera que el Centro Médico Imbanaco le vulneró varios de sus derechos fundamentales, al no permitirle ejercer la profesión de Endoscopista en sus instalaciones, por considerar que no cumple con las condiciones para el ingreso en dicha unidad y que debe someterse al trámite de asignación de esta prerrogativa institucional. El actor pretende que se tutelen sus derechos a la igualdad, el trabajo, la libertad de escoger libremente profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad y se ordene al representante legal del centro médico accionado, que se le faculte para ejercer la referida profesión, por cumplir con los requisitos constitucionales, legales, académicos y reglamentarios aplicables. La Sala concluye que el accionado no tiene la obligación de otorgar las prerrogativas al demandante, porque el ingreso a la planta de personal y la habilitación de estas libertades médicas, en virtud de las disposiciones reglamentarias y de la lógica inherente al funcionamiento de una institución prestadora de salud, son decisiones discrecionales de las autoridades de la institución correspondiente, siempre que no se incurra en discriminación, la cual no se demostró ni siquiera superficialmente en el presente caso. SE DENIEG.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 41    Expediente   T-3157196    Fecha sentencia   2-2-2012 0:00    Sentencia   T-041/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA INOCENCIA ROMERO AREVALO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales le niega a la accionante la pensión de sobrevivientes de su compañero permanente, bajo el argumento de no estar claro que hubiera convivido con el pensionado hasta la fecha de su muerte. La demandante cohabitó con el causante cerca de cincuenta años y de está unión nacieron diez hijos, sin embargo el Instituto accionado no resolvió el recurso de apelación que se interpuso frente a la decisión de negar el reconocimiento de la sustitución pensional por la falta de acreditación de vida marital. La Sala estima que existen elementos probatorios suficientes para considerar que la actora convivió con el causante hasta el momento de su deceso, por lo tanto, establece que cumple con los requisitos para ser beneficiara de la pensión reclamada. De igual manera resalta, que la actora es un sujeto de especial protección constitucional por su avanzada edad, que su derecho al mínimo vital está gravemente afectado porque no cuenta con fuente de ingresos propia, debido a que dependía económicamente de su compañero permanente. Así mismo destaca que el ISS negó el reconocimiento de la prestación con argumentos contrarios a la finalidad constitucional y legal de las normas que regulan la materia, generando con dicha actuación vulneración de derechos fundamentales. Se CONCEDE.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 42    Expediente   D-8547    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   C-049/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARIA ISABEL RIO DEL PAJARO VS. DECRETO 3806 DE 2009

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el decreto 3806 de 2009, por el cual se expiden disposiciones sobre la promoción del desarrollo de las Mipymes y de la industria nacional en la contratación pública. El demandante solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma precitada, argumentando que en su expedición se produjo la infracción de los artículos 13 y 333 de la Constitución. La Corte precisó que las competencias especiales o atípicas en relación con ciertos decretos y actos de autoridad, no incluyen el control de decretos reglamentarios. La Sala se declara INHIBIDA por falta de competencia.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 43    Expediente   D-8626    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   C-050/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    JHON FREDY SEGURA AMORTEGUI VS. LEY 1450 DE 2010

Tema

Demanda de inconstitucional en contra de la Ley 1425 de 2010. Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998, Acciones Populares y de Grupo. El demandante formuló cargos de inconstitucionalidad en contra de los dos artículos que componen la ley 1425 de 2010, mediante la cual se derogan los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, pues considera que su contenido normativo es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política y el artículo 5º de la propia ley 472 de 1998. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional y en tal sentido decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-630-11, mediante la cual se declaró EXEQUIBLE la ley 1425 de 2010, por los cargos de violación a los principios de igualdad, progresividad y solidaridad y del derecho de acceso a la administración de justicia.
Recibo Relatoria   9-3-2012 0:00


Item 44    Expediente   LAT 370    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   C-051/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROTOCOLO MODIFICATORIO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y DE LA LEY 1457 DE 2011 VS.

Tema

Revisión de Constitucionalidad del “Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela y de la Ley 1457 del 29 de junio de 2011, por medio del cual fue aprobado. La Corte encuentra que tanto el Protocolo Modificatorio como su Ley aprobatoria se ajustan los cánones constitucionales al igual que a las reglas jurisprudenciales en materia de control de los acuerdos de liberación comercial en general y, del TLC--G3 y sus modificaciones en particular. Se declaran EXEQUIBLES el Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela y la Ley 1457 de 2011
Recibo Relatoria   30-3-2012 0:00


Item 45    Expediente   T-2828671    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   T-042/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    LA NACION- MINISTERIO DE EDUCACION Y OTROS VS. JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LORICA, CORDOBA

Tema

Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Dentro de un proceso ejecutivo laboral iniciado en contra del Ministerio de Educación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria la Previsora, con el fin de condenar a dichas entidades al pago de las sumas reconocidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba por concepto de reajustes laborales, el Despacho Judicial accionado, tras considerar que los actos administrativos aportados al proceso cumplían los requisitos de un título ejecutivo, libró mandamiento de pago, decretó el embargo y la retención de los dineros que se tuvieran o llegaran a tener estas entidades en cuentas de ahorro o corrientes. En la acción de tutela se alega la ocurrencia de una vía de hecho, en tanto se otorgó mérito ejecutivo a unas resoluciones que nunca cumplieron con los requisitos para ello, en cuanto no surtieron el trámite de aprobación por parte de la Fiduciaria. Igualmente se alega una vía de hecho, en la decisión de mantener el embargo decretado dentro de un proceso ejecutivo que fue declarado irregular, bajo el pretexto de trasladarlo a un nuevo caso que se había iniciado. Luego de verificar los requisitos genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales, la Sala determina que en la decisión judicial atacada se incurrió en un defecto sustantivo y en tal sentido decide CONCEDER la protección solicitada, dejar sin efectos lo actuado dentro del proceso ejecutivo laboral mencionado y ordenar el envío a la Fiduciaria la Previsora de los proyectos de resoluciones que reconocieron un reajuste pensional a los demandantes dentro del proceso ordinario, para que se surta el trámite correspondiente a su aprobación.
Recibo Relatoria   27-4-2012 0:00


Item 46    Expediente   T-3229258    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   T-043/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSEFA MARIA CARRERA CAMPO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida digna, mínimo vital, seguridad social. El ISS le negó a la demandante, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada a raíz del fallecimiento de su hija, argumentando el incumplimiento del requisito de fidelidad establecido en la Ley 797 de 2003. La accionante es una mujer de 87 años de edad, que dependía de su hija y que en la actualidad presenta una precaria y angustiosa situación, la cual se agudiza por la falta del servicio de salud. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales; el derecho a la pensión de sobrevivientes, finalidad, naturaleza y requisitos para acceder a ella y posición jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a los requisitos de la Ley 797 de 2003, antes de proferir la sentencia C-556/09. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al Seguro Social reconocer y empezar a pagar con carácter definitivo, la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora.
Recibo Relatoria   23-4-2012 0:00


Item 47    Expediente   T-3171940    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   T-045/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    CARLOS ARTURO ROMERO GONGORA VS. PROTECCION S.A AFP Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad, seguridad social. El accionante solicitó su afiliación al régimen de ahorro individual en la AFP PROTECCION S.A. y esta entidad le negó tal pretensión, argumentando que ya se encontraba afiliado al ISS, por lo que procedía un traslado de régimen, situación que tampoco podía ser resuelta favorablemente, en tanto le faltaban menos de diez años para alcanzar la edad de pensión. El actor inició una demanda laboral y de manera adicional la presente acción de tutela, con la pretensión de que se ampare transitoriamente sus derechos fundamentales, mientras se profiere el fallo en la jurisdicción ordinaria y se ordene a PROTECCION S.A. efectuar su afiliación al sistema de seguridad social en pensiones. La Sala establece que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, ni se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, motivo por el cual declara la IMPROCEDENCIA de la acción.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 48    Expediente   T-3222011    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   T-046/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    FANNY MUÑOZ RODRIGUEZ VS. FAMISANAR E.P.S.

Tema

En el presente caso se solicitó el amparo constitucional para conseguir que FAMISANAR E.P.S. autorice, a favor de la representada, el 100% de la práctica de la rehabilitación oral que requiere, sin que para ello presente ningún tipo de impedimento por trámites administrativos. La persona para quien se solicita el tratamiento oral padece epilepsia y tiene periodontitis crónica, situación última que le impide alimentarse de manera apropiada, toda vez que solo puede tener una dieta absolutamente líquida. La entidad accionada sustentó la negación del servicio en el hecho de que el tratamiento requerido se encuentra expresamente excluido del POS y porque hacía falta la orden del médico tratante. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad; la prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS; el recobro ante el FOSYGA y el deber de garantizar el acceso a los servicios de salud, libre de trámites y procedimientos administrativos engorrosos o innecesarios. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   14-1-2013 0:00


Item 49    Expediente   T-3242835    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   T-047/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    SOCIEDAD YESID CECILIA ZAPPA MORANTE Y CIA LTDA VS. SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La sociedad Yesid Cecilia Zappa Morante incoa la acción de tutela en contra de las decisiones adoptadas dentro de un proceso ejecutivo por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena y el Tribunal Superior de esa misma ciudad, alegando que en su trámite le vulneraron derechos fundamentales al negarle la posibilidad de iniciar un incidente de nulidad en contra del mismo, por no haber sido integrado al contradictorio. La Sala no encuentra que haya ocurrido ningún tipo de anomalía judicial, requisito esencial para que proceda la acción de tutela contra sentencias judiciales, cuando se pretende alegar la existencia de irregularidades procesales como la supuesta falta de notificación alegada y en tal sentido se decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo incoado.
Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 50    Expediente   T-2852934    Fecha sentencia   7-2-2012 0:00    Sentencia   T-048/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    DIANA PAULINA SERRANO OROZCO EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA DIANA MARCELA MARTINEZ SERRANO VS. MUTUAL SER E.P.S.

Tema

Vida digna, salud. Se incoa la acción de tutela en representación de una menor de edad a quien le fue diagnosticada una epilepsia refractiva. Para el tratamiento de esta patología el médico tratante le ordenó una serie de medicamentos que sólo fueron autorizados parcial y temporalmente por la E.P.S. demandada. Tras analizar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela respecto al derecho fundamental a la salud de los niños y las niños; la prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS y el principio de atención integral en materia del derecho a la salud, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar el suministro de los medicamentos prescritos a la menor, así como brindar el tratamiento integral respecto de aquellas prestaciones que se relacionen directamente con el tratamiento y la enfermedad que padece, cuya concreción y desarrollo particular deberá estar custodiado por el médico tratante adscrito a la entidad demandada, sin que esto signifique que los trámites administrativos internos se conviertan en obstáculos para el acceso a los servicios médicos requeridos. Así mismo se dispone exonerar a la madre de la menor del pago de copagos y cuotas moderadoras para acceder al servicio público de salud y autorizar a la accionada a ejercer la facultad de recobro ante el respectivo ente territorial.
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 51    Expediente   D-8593    Fecha sentencia   8-2-2012 0:00    Sentencia   C-052/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV MVCC, AV JIPP, AV LEVS
Demandante / Demandado    JESUS ANTONIO ESPITIA MARIN VS. LEY 1448 DE 2011, ARTICULO 3 (PARCIAL)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º (parcial) de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Para el demandante, los apartes acusados vulneran el derecho a la igualdad por doble motivo. Por una parte, por exigir de forma excepcional a determinadas personas el acaecimiento de una condición suspensiva, que de no configurarse, les impediría el acceso a los beneficios desarrollados por la ley, desconociendo así que aún cuando ellas no hubieran sido directamente lesionadas por las acciones descritas en la norma, si podrían ser considerados víctimas de tales hechos. De otra parte, por restringir sólo al primer grado de consanguinidad y primero civil el grupo de familiares de la víctima directa que tendrán acceso a esos beneficios en las ya indicadas circunstancias. La Corte encontró que las expresiones acusadas no son contrarias a la Constitución por cuanto el legislador está facultado para incorporar en las leyes, definiciones de términos referidos por la Constitución Política siempre que al hacerlo no desvirtúe la esencia de tales instituciones, ni las razones por las cuales ellas han sido relevadas del texto superior. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de las expresiones acusadas, respecto del cargo planteado, en el entendido que también son víctimas aquellas personas que hubieran sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo.
Recibo Relatoria   15-5-2012 0:00


Item 52    Expediente   T-3170053    Fecha sentencia   8-2-2012 0:00    Sentencia   T-053/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JUAN EUSTACIO TORRES ACERO VS. INSPECCION 9A DE POLICIA Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la Inspección 9ª A de Policía y del Consejo de Justicia de Bogotá, en tanto decidieron una querella policiva de lanzamiento por ocupación, aplicándole una normatividad que no se encontraba vigente. Según el accionante, las decisiones proferidas por las autoridades accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto, en tanto dieron aplicación a lo dispuesto en la Ley 57 de 1905, cuando dicha norma fue subrogada y modificada por el Código Nacional de Policía. Se indica además que, el error de procedimiento tuvo grave incidencia en la decisión adoptada, toda vez que el Código Nacional de Policía sí le otorgaba al actor la posibilidad de acreditar una causa justificable de ocupación, derivada de la condición de tenedor o poseedor u orden de autoridad competente, mientras que la Ley 57 de 1905, sólo admitía la defensa del ocupante en la demostración de la tenencia. La Sala confirma las decisiones de instancia que CONCEDIERON el amparo solicitado y ordenaron la nulidad de todo lo actuado en el proceso policivo precitado y adiciona dichas sentencias, en el sentido de disponer que el actor mantenga la posesión del predio objeto de la disputa, hasta tanto se decida sobre la misma en el marco del proceso policivo que se adelante con base en la normatividad vigente.
Recibo Relatoria   14-5-2012 0:00


Item 53    Expediente   T-3204600 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-054/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SPV JIPC, AV HASP
Demandante / Demandado     VS.

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso los accionantes tienen una calificación de la pérdida de la capacidad laboral del 66.55% y 90.45%, respectivamente y, tanto el Instituto de Seguros Sociales como el Fondo de Pensiones ING niegan el reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez solicitadas, argumentando la falta del requisito del tiempo mínimo de cotización con anterioridad a la estructuración de la invalidez, exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y modificado por la Ley 860 de 2003. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la pensión de invalidez como componente esencial del derecho fundamental a la seguridad social, su protección por medio de la acción de tutela y los fundamentos normativos de esta prestación, específicamente en cuanto a su desarrollo y evolución legal y jurisprudencial. Se CONCEDE el amparo solicitado por los demandantes y se ordena a las accionadas expedir los correspondientes actos que decidan el reconocimiento de las correspondientes prestaciones a que respectivamente tienen derecho los accionantes.
Recibo Relatoria   16-4-2012 0:00


Item 54    Expediente   T-3196343    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-055/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    HERNANDO HERNANDEZ PARDO VS. ECOPETROL S.A.

Tema

Igualdad, trabajo, debido proceso, libertad de asociación. El accionante pretende que mediante la acción de tutele se ordene a ECOPETROL cubrir los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo detenido preventivamente por orden expedida por una Fiscalía Especializada, dentro de un proceso penal por rebelión que se adelantaba en su contra. La Sala revoca las decisiones de instancia que concedieron el amparo solicitado por el actor y en su defecto declara su IMPROCEDENCIA. De manera concomitante, compulsa copias del expediente estudiado a la Fiscalía General de la Nación, para que, si encuentra mérito, disponga las investigaciones que conduzcan a esclarecer si en el asunto pudiere existir la consumación de conductas punibles.


Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 55    Expediente   T-3094951 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-056/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    LEYDI YOHANA PEREZ GARCIA Y OTRA VS. SIA SALUD IPS LTDA Y OTRA

Tema

Seguridad social, estabilidad laboral reforzada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las demandantes alegan que la empresa SIA SALUD IPS, en un caso, y, Temporal del Caribe Ltda., en el otro, vulneraron sus derechos fundamentales al haber terminado sus contratos de trabajo estando ambas embarazadas al momento de finiquitar la relación laboral. Con base en las alegaciones esbozadas por cada una de las entidades demandadas, la Sala entró a analizar si las razones argumentadas por la primera empresa constituyeron una causa justificada, con independencia del estado de gravidez de la actora y si el procedimiento seguido para la desvinculación atendió las normas legales y la jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada. En el segundo asunto el estudio de la Sala se enfocó a determinar si la accionada realmente desconoció los derechos a la estabilidad laboral reforzada de la peticionaria, definiendo previamente a cual alternativa laboral correspondió el vínculo entre las partes o si dicha relación realmente existió. Para el efecto se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada y el fundamento constitucional y legal de su protección. 2º. Si la simple terminación de la obra o labor contratada es justa causa para terminar el contrato laboral suscrito con una empresa temporal cuando la empleada se encuentra en estado de gravidez o en período de lactancia. Y, 3º. Aspectos en los que ha coincidido la jurisprudencia constitucional para ordenar la protección a la estabilidad laboral reforzada. Se decide NEGAR el amparo solicitado en el primer asunto y CONCEDERLO en el otro, impartiendo además
Recibo Relatoria   12-6-2012 0:00


Item 56    Expediente   T-3068243    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-057/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARCOS REMIGIO CARDENAS CARDENAS COMO AGENTE OFICIOSO DE HERNANDO CARDENAS DUQUE VS. EMCOSALUD UTMS

Tema

Salud mental. El accionante, en calidad de agente oficioso de su padre, quien padece de trastorno afectivo bipolar y adicción al alcohol y a diferentes sustancias psicoactivas, presentó la acción de tutela en contra de EMCOSALUD UTMS alegando que dicha entidad vulneró derechos fundamentales, en tanto se negó a expedir una autorización para internar a su progenitor de manera permanente en una clínica u hospital especializado en tratar este tipo de afecciones. La entidad accionada argumentó haber prestado todos los servicios de salud requeridos por el agenciado y que los médicos especialistas tratantes no ordenaron su reclusión permanente en una clínica especializada. La Sala realiza un amplio recorrido jurisprudencial respecto al concepto de salud en sentido amplio, el derecho fundamental a la salud mental, la protección constitucional de las personas que padecen trastornos afectivos, mentales y del comportamiento y el trastorno mental y del comportamiento por adicción a sustancias psicoactivas y fármaco dependientes. Se reitera que, la protección constitucional que se brinda a los fármaco dependientes ha tenido sustento en consideraciones tales como: 1º. Las personas que sufren tal dependencia son sujetos de especial protección estatal, 2º. La drogadicción crónica es una enfermedad psiquiátrica que afecta la salud mental y requiere tratamiento médico, 3º. La drogadicción afecta la autodeterminación y autonomía de quien la padece. 4º. El estado de debilidad e indefensión en el que se encuentra el afectado hace necesaria la intervención del Estado en aras de garantizar los derechos fundamentales y, 5º. El tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para tratar la drogadicción crónica debe ser brindado por el sistema integral de seguridad social en salud. Se CONCEDE.
Recibo Relatoria   16-7-2012 0:00


Item 57    Expediente   T-3234266    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-058/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    AAA VS. FISCALIA LOCAL 1 DE GIRARDOT

Tema

Acceso a la administración de justicia. La acción de tutela se instaura en contra de la Fiscalía Local 1 de Girardot (Cundinamarca), por no realizar las actividades investigativas pertinentes en un caso en el que la accionante, cuando aún era menor de edad, presentó denuncio por el delito de injuria contra una persona que individualizó plenamente como responsable de difundir por internet una fotografía suya, con indicación de ser portadora de SID. El juez de instancia negó las pretensiones de la tutela y estimó que la entidad accionada no vulneró derecho alguno, en tanto la dilación de la investigación se debió al elevado número de procesos que tramita y al cambio frecuente de fiscal o investigador del caso. No obstante, decidió compulsar copias de la actuación al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que dicha autoridad determinara si la mora judicial era justificada o no. Luego de analizar la procedencia de la acción de tutela en casos de mora judicial y la procedencia de este amparo en el evento de afectar a menores de edad, la Sala decide AMPARAR a la accionante y ordenar a la demandada practicar todas las diligencias que le permitan evaluar el mérito de la investigación
Recibo Relatoria   12-5-2012 0:00


Item 58    Expediente   T-3211568    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-059/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    ARNALDO HERNANDEZ Y OTRO VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Tema

Seguridad, vida, integridad. Los demandantes aducen ser líderes de grupos de población desplazada afro-descendiente desde el año 2000 y afirman que en desarrollo de dicha labor han sido víctimas de amenazas de parte de grupos armados al margen de la ley, motivo por el cual el Ministerio del Interior y de Justicia les otorgó medidas de protección para salvaguardar su integridad. Se alega en la acción de tutela que el precitado Ministerio los desvinculó del programa de protección en razón al resultado del estudio de seguridad realizado por la Policía Metropolitana de Cartagena, en donde se estableció que el nivel de riesgo era ordinario y que no ameritaba el otorgamiento de medidas especiales. Se solicita al juez constitucional ordenar al Ministerio accionado el restablecimiento de las medidas de protección a su favor, debido a que su situación implica un riesgo constante. La Sala hace una breve síntesis de la jurisprudencia relativa a la protección especial a la que tienen derecho las personas que realizan un trabajo social y político como dirigentes de comunidades o grupos especialmente vulnerables, tal como es el caso de los líderes de la población desplazada y de la población afro-colombiana y, se refiere a la regulación sobre la protección especial a cargo del Estado teniendo en cuenta los niveles de riesgo. Se concluye que, la suspensión de las medidas de protección a los actores no implicó la vulneración de sus derechos fundamentales; sin embargo y, teniendo en cuenta que el último estudio de seguridad realizado a los demandantes es anterior a la entrada en vigencia de la nueva regulación al respecto, se decide ordenar la práctica de un nuevo estudio tendiente a determinar la pertinencia de la aplicación de las medidas de protección propias del Programa de Prevención y Protección de los derechos fundamentales de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 59    Expediente   T-3208082    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-060/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ROSALINA MEYER MIER Y OTRO VS. JUZGADO CATORCE CICIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La acción de tutela se interpone en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, en la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución dentro de un proceso ejecutivo singular promovido en contra de los accionantes. Los actores alegan que la decisión se adoptó desconociendo las pruebas practicadas y las normas legales aplicables al caso. La Sala hace referencia a jurisprudencia constitucional existente en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y al defecto fáctico como causal específica de dicha procedencia. Se CONCEDE el amparo constitucional solicitado, se deja sin efectos la decisión atacada y se ordena emitir una nueva sentencia en el proceso ejecutivo singular promovido en contra de los demandantes, la cual debe tener en cuenta las consideraciones hechas por la Sala en la presente providencia.
Recibo Relatoria   26-4-2012 0:00


Item 60    Expediente   T-3232850    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-061/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    INCUBACOL S.A. VS. SECCION CUARTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad. Tutela contra providencia judicial. La accionada interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Impuestos, a través de las cuales se impuso una sanción a la empresa INCUBACOL, por considerar que no estaba obligada a pagar las sumas que fueron determinadas en dichos actos administrativos por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios y de sanción por inexactitud. En la acción de tutela se ataca la decisión judicial que resolvió el proceso contencioso administrativo y el auto que denegó la solicitud de aclaración de dicha providencia, alegando que en ellas se incurrió en defectos fáctico y sustantivo y que tuvo una argumentación insuficiente y una incongruencia manifiesta en su motivación. La Sala se refiere a la siguiente temática: 1º. La titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas y su legitimación activa para impetrar una acción de tutela. 2º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 3º. La jurisprudencia constitucional sobre los defectos sustantivo y fáctico de las providencias judiciales. Ante la ausencia de una de las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias, la Sala se abstiene de examinar de fondo los defectos planteados y decide confirmar las sentencias de instancias que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción impetrada.


Recibo Relatoria   25-6-2012 0:00


Item 61    Expediente   T-3217722    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-062/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    AURA RIVERA DE RODRIGUEZ VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

Vida digna, seguridad social, mínimo vital. La demandante solicitó a CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la petición fue negada por la entidad argumentando que, si bien tenía 546 semanas cotizadas, éstos aportes se habían realizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, norma que creó la figura de la indemnización sustitutiva. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. 2º. La especial protección constitucional a las personas pertenecientes a la tercera edad y 3º. La indemnización sustitutiva y su reconocimiento cuanto los aportes se efectuaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada iniciar los trámites tendientes a reconocer y pagar la prestación reclamada
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 62    Expediente   T-2536645    Fecha sentencia   9-2-2012 0:00    Sentencia   T-063/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV JIPP, AV NEPP
Demandante / Demandado    AURELIANO VS. HOSPITAL MATERNO INFANTIL EL CAMEN DE BOGOTA Y OTRO

Tema

En el presente asunto el demandante, actuando en representación de su hija, quien padece retardo mental moderado, presentó la acción de tutela contra el Hospital Materno Infantil el Carmen, con sede en la ciudad de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la integridad física, a la salud y el de petición, al no haberle practicado la cirugía de ligadura de Trompas de Falopio que fuera autorizada por CAPRECOM E.P.S. S. A juicio del demandante, su hija no es apta para ser madre de familia, en tanto no está en capacidad de comprender plenamente las consecuencias de sus actos y decisiones, así como tampoco de adoptarlas de manera autónoma. La Sala confirmó la decisión de instancia que NEGO el amparo solicitado, en cuanto hace relación a la específica finalidad que pretendía, esto es la ligadura de trompas de la hija del actor, en tanto no encontró que la agencia oficiosa estuviera acreditara para que el juez constitucional ordenara la referida esterilización. Pese a lo anterior, y, atendiendo el carácter informal de la acción de tutela, la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia, como principios que orientan esta acción, asumió de oficio la protección de otras garantías constitucionales de la representada, por su situación de discapacidad que la convierte en sujeto de especial protección constitucional. Se imparten una serie de órdenes cuya finalidad es asegurar los derechos a la salud, a una educación especial, que a su vez incluya, información y orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos y, a la vida digna.
Recibo Relatoria   25-11-2012 0:00


Item 63    Expediente   T-3082042 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-2-2012 0:00    Sentencia   T-064/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    LEIDY PAOLA ROJAS RIAÑO Y OTROS VS. SOLSALUD Y OTROS

Tema

Salud, seguridad social, vida en condiciones dignas. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los diferentes casos estudiados se tiene como factor común que las personas que solicitan el amparo, en su mayoría, están afectadas por padecimientos que menoscaban gravemente su salud y la posibilidad de tener una vida digna. Las patologías que padecen los pacientes de manera respectiva son, distrofia muscular y falla ventilatoria; hipertrofia mamaria; diabetes, obesidad mórbida, VIH SIDA y EPOC pulmonar. El problema jurídico a resolver por la Sala de Revisión es saber si en los siete casos se vulneraron o no derechos fundamentales de los accionantes, al no brindárseles, reconocérseles y/o pagárseles los tratamientos y procedimientos médicos, insumos y medicamentos, así como las incapacidades que requieren para mejorar y conservar su calidad de vida, bajo el argumento de no estar incluidos en el POS, deber cobrar copagos y cuotas moderados y existir mora en el pago de los aportes por parte del empleador. Se desarrollan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud. 2º. Prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS y recobro ante el FOSYG. 3º. El principio de atención integral en materia del derecho a la salud. 4º. El derecho al diagnóstico de una enfermedad como parte del derecho a la salud. 5º. Incapacidad laboral y allanamiento a la mora por parte del empleador. 6º. Carencia actual de objeto por daño consumado y 7º. Deber de garantizar el acceso a los servicios de salud, libre de trámites y procedimientos administrativos engorrosos e innecesarios. En un caso se declara la improcedencia de la acción y en los restantes se CONCEDE el amparo solicitado, declarando en uno de estos que se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por daño consumado ante el fallecimiento de la accionante.


Recibo Relatoria   22-1-2013 0:00


Item 64    Expediente   T-3269526    Fecha sentencia   14-2-2012 0:00    Sentencia   T-066/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    AMPARO MENDOZA ROMERO EN REPRESENTACION DE SU HERMANO AUGUSTO BERTHEL ROMERO VS. HUMANA VIVIR E.P.S.

Tema

Salud, seguridad social, vida digna. En el presente asunto se interpone la acción de tutela en representación de un paciente a quien se le diagnosticó tumor en el tórax y a quien su médico tratante le ordenó un tratamiento de quimioterapia, el cual no ha sido autorizado por la E.P.S. demandada, bajo el argumento de presentar mora en el pago de los aportes y haber sido suspendido del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por ende, quedar sin derecho a los beneficios del POS. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena a la E.P.S. HUMANA VIVIR realizar el procedimiento de quimioterapia ordenado y todos los tratamientos médicos requeridos por el paciente para el manejo de su enfermedad y que hayan sido ordenados por su médico tratante.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 65    Expediente   T-3236923 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   14-2-2012 0:00    Sentencia   T-067/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    RICHARD MAURICIO HERNANDEZ TAMAYO Y OTRO VS. NUEVA E.P.S. Y OTRO

Tema

Salud, vida en condiciones dignas. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos estudiados los accionantes solicitan que se ordene a la NUEVA E.P.S y a CAPRECOM ARS, respectivamente, asumir y autorizar los gastos económicos de transporte que requieren para poder cumplir con los tratamientos, exámenes y citas médicas ordenadas por el médico tratante, los cuales se realizan en lugar diferente al de su residencia y resultan indispensables para mejorar su estado de salud. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el carácter fundamental y autónomo del derecho a la salud y el cubrimiento de los gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes por parte de las E.P.S.. Decide CONCEDER el amparo solicitado por los demandantes y ordenar a las Entidades Prestadoras de Salud demandadas, cubrir los gastos de transporte que necesitan los actores para asistir a las citas médicas, tratamientos y controles ordenados para el manejo de las enfermedades que padecen. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   12-4-2012 0:00


Item 66    Expediente   T-3221870    Fecha sentencia   14-2-2012 0:00    Sentencia   T-068/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    GERMAN HUMBERTO RINCON PERFETTI Y OTRA EN REPRESENTACION DE EVELYN GALICIA GONZALEZ VS. ICETEX Y OTRO

Tema

En el presente caso se le atribuye al ICETEX y a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, al trabajo, al buen nombre, a la dignidad y a la igualdad de la accionante, en tanto se le impidió realizar un curso académico que tiene la calidad de requisito necesario para graduarse como profesional de Diseño y, además, se le revocó el año de gracia para el pago de crédito que le fue otorgado y se le inició cobro coactivo de los períodos adeudados. Se alega en la acción de tutela que la universidad le permitió a la estudiante continuar sus clases a pesar de que el ICETEX había incurrido en mora de los desembolsos que le correspondía realizar, situación que sólo se le informó a la actora cuando pretendió cumplir los requisitos de graduación, fecha en la que además se le indicó que debía asumir el pago de la obligación. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena a la universidad accionada autorizar la inscripción de la accionante en el curso que requiere realizar como requisito de grado y realizar con ella un acuerdo de pago de las sumas adeudadas. Al ICETEX se le ordena reanudar el año de gracia que en principio había concedido a la demandante.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 67    Expediente   D-8598    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   C-076/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV GEMM, SV MVCC, AV MGC, SV JIPP, SPV NPP
Demandante / Demandado    SONIA ESTHER OSORIO VESGA VS. LEY 1430 DE 2010

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 1430 de 2010. Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. Se fundamenta la demanda en las siguientes acusaciones: 1º. Incumplimiento del requisito de publicación previa del informe de conciliación. 2º. Incumplimiento de lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. 3º. Falta de debate del informe de conciliación. 4º. Aclaración al informe de conciliación. 5º. Conformación de la Comisión Accidental de forma contraria al reglamento del Congreso y, 6º. Fecha de publicación de la Ley. La Corte encontró que en el trámite de la Ley 1430 de 2010 no se configuraron los vicios de forma alegados respecto del trámite de debate y aprobación del informe de conciliación y su aclaración, y determinó que no existía la vulneración del principio de irretroactividad tributaria. En el presente caso y en virtud de la duda razonable sobre la legalidad y transparencia del proceso por demoras injustificadas en la publicación de la ley, se dio aplicación al principio in dubio pro legislatoris, con el fin de conservar la norma fruto del proceso de decisión. Se decide: 1º. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1430 de 2010 por los siguientes cargos de a) incumplimiento del requisito de publicación del informe de conciliación, b) vulneración del artículo 182 del Reglamento del Congreso, c) ausencia de debate del informe de conciliación, d) ausencia de debate y aprobación por una minoría de la aclaración presentada al informe de conciliación y, e) vulneración del artículo 187 del Reglamento del Congreso por la conformación de la Comisión Accidental de Conciliación. 2º. Declarar EXEQUIBLE la expresión “A partir del año gravable 2011” contenida en el artículo 1º de la Ley 1430 de 2010 por los cargos estudiados y 3º. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-822/11 respecto con los cargos de falta de publicación con un día de antelación y alcance sustancial de la aclaración presentada al informe de conciliación en el procedimiento legislativo de la Ley 1430 de 2010.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 68    Expediente   D-8599    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   C-077/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANDRES DE ZUBIRIA SAMPER VS. LEY 1450 DE 2011, ARTICULOS 11,12,13, 14, 20, 22, 23,24, 49, 175 Y 274

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 49, 175 y 274 de la Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El actor fundamentó la demanda en los siguientes cargos: 1º. Desconocimiento de la regla de unidad de materia, 2º. Violación de los principios de autonomía y descentralización territorial y 3º. Vulneración de la reserva de la Ley Orgánica. En la presente decisión, la Corte analizó el principio de unidad de materia en la ley del plan nacional de desarrollo y la conexidad de los elementos que se regulan en esta norma con los objetivos, metas y prioridades de la política económica, social y ambiental en el respectivo periodo presidencial, al igual que las estrategias presupuestales y normativas diseñadas para alcanzarlas. Se decide, declarar EXEQUIBLES los artículos 13, 14, 20, 22, 23, 24, 49 y 175 e INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto a los artículos 11, 12 y 274, por ineptitud sustantiva de la demanda y del artículo 14, por la misma ineptitud, en relación con el cargo de reserva de ley orgánica.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 69    Expediente   D-8584    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   C-078/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GERMAN ESPINOSA MEJIA VS. ELY 1278 DE 2002, ARTICULO 36, NUMERAL 2 (PARCIAL)

Tema


Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 36, numeral 2 (parcial), del Decreto Ley 1278 de 2002 “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”. El demandante solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión “quienes obtengan más del 80% en la evaluación de competencias”, argumentando que dicho texto es violatorio del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, en tanto discrimina negativamente a los docentes cuando se les exige para el ingreso a la carrera docente un porcentaje de aprobación de las pruebas equivalente al 60%, al igual que para la superación de las evaluaciones anuales de desempeño, mientras que para ser ascendidos o merecedores de una reubicación salarial se les exige superar el 80% en las pruebas de competencias. La Corte considera que el tratamiento diferenciado dado a docentes que pertenecen a categorías distintas, consistente en la previsión de un estándar aprobatorio más exigente para la promoción salarial y el ascenso del educador respecto del previsto para el ingreso y permanencia del mismo en la carrera, se apoya en la amplia potestad de configuración legislativa en materia de la actividad docente, siendo, además, constitucionalmente admisible, por tratarse de un instrumento idóneo para el logro de niveles crecientes de calidad en la educación y garantía del mérito en la promoción de los educadores, fines que son legítimos y deliberados por el Constituyente del 1991. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma demandada.

Recibo Relatoria   25-5-2012 0:00


Item 70    Expediente   D-8631    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   C-079/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV MGC, AV NPP
Demandante / Demandado    HERNANY ALBERTO TRIANA ALDANA VS. DECRETO LEY 268 DE 2000, ARTICULO 3 PARCIAL

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra del artículo 3 (parcial) del Decreto Ley 268 de 2000, por el cual se dictan las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la República. El demandante alega que el aparte objeto de censura contraviene lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, al reproducir apartes normativos del artículo 122 de la Ley 106 de 1992, que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-514/94 y C-405/95. La Sala advierte que ha operado el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional y en tal sentido decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-284/11, en relación con las expresiones “Gerente Departamental” y “Asesor de Despacho” contenidas en el artículo 3º del Decreto Ley 268 de 2000.
Recibo Relatoria   7-5-2012 0:00


Item 71    Expediente   T-3225494    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   T-069/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    SANDRA PATRICIA HURTADO ARBOLEDA VS. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Tema

Mínimo vital. La accionante tiene la condición de desplazada y madre cabeza de familia y alega la vulneración de derechos fundamentales, en tanto el Banco Agrario no efectúo el desembolso de la ayuda humanitaria a pesar de presentar el comprobante de trámite del documento de identidad expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el denuncio de pérdida de sus documentos. La Sala concluye que, a la entidad financiera le asistía la obligación de exigir a la actora la presentación de la cédula de ciudadanía para poder hacer efectivos los pagos de las ayudas humanitarias, en razón a que este documento tiene el alcance de prueba de identificación personal, de donde se infiere que, sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En sede de revisión se allegó escrito de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde se informó sobre la expedición y entrega a la demandante del duplicado de su cédula de ciudadanía y en tal sentido se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.


Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 72    Expediente   T-3252618 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   T-070/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUDY XIOMARA BERNAL MANOSALVA EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJA Y OTRO VS. SALUDCOOP E.P.S. Y OTRA

Tema

Salud, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos analizados la Sala de Revisión entró a determinar si las E.P.S. SALUDCOOP y CRUZ BLANCA violaron los derechos invocados por los actores, en tanto se negaron a suministrar unos medicamentos excluidos del POS del régimen contributivo, consistentes en su orden, en unas vacunas requeridas dentro del proceso de crecimiento de una niña menor de tres años y, unas ampollas para el tratamiento de un cáncer de próstata. En el estudio específico de los casos se reiteró jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes tópicos: 1º. La salud como derecho fundamental autónomo y su protección por vía de tutela. 2º. Procedencia de la acción constitucional para ordenar el suministro de medicamentos, exámenes o procedimientos excluidos del POS y la negativa a suministrar vacunas a menores de edad, y, 3º. Improcedencia de la acción de tutela por hecho superado. En el primer asunto se NIEGA el amparo deprecado por no estar las vacunas solicitadas en el Plan de Salud Pública-Plan Ampliado de Inmunización, no ser prescritas por el médico tratante y no ser justificadas ante el Comité Técnico Científico de la E.P.S. demandada para que efectuara su estudio. En el segundo caso, se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado.
Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 73    Expediente   T-3150597    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   T-071/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    DIEGO GUTIERREZ FIGUEROA Y OTRO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA DE FAMILIA

Tema

Tutela contra providencia judicial. Dentro de un proceso de impugnación de la paternidad iniciado por el actor, el juez de primera instancia profirió sentencia a su favor y declaró que no era el padre extramatrimonial de la menor reconocida. El Tribunal accionado revocó la anterior decisión y de oficio declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, de manera consecuente, negó la prosperidad de las pretensiones del demandante. La Sala de Revisión considera que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución, porque en el proceso de impugnación de la paternidad interpretó la ley en un sentido tan restrictivo, que desconoció una realidad contundente como la demostrada con la prueba de ADN, mediante la cual se tenía la certeza de que el demandante no era el padre biológico de la menor. Así mismo concluye, que el accionado incurrió en defecto fáctico al omitir analizar y valorar las pruebas genéticas de ADN allegadas y practicadas oportunamente en el proceso de impugnación. Se decide TUTELAR a favor del demandante, sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la filiación, a decidir en pareja y en forma libre el número de hijos, a acceder a la administración de justicia y al debido proceso y, TUTELAR a favor de la menor de edad referida En el proceso de filiación, sus derechos fundamentales a tener una familia, a la personalidad jurídica, a la filiación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad.


Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 74    Expediente   T-3234256    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   T-072/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    NELLY CARVAJAL DE GIL VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

Igualdad, vida digna, mínimo vital, debido proceso, seguridad social. La accionante solicitó ante CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y esta entidad negó la prestación al estimar que no se cumplía el requisito de veinte años de servicios al Estado, contenido en la legislación vigente para la época del fallecimiento del causante. La actora advierte que es una persona de la tercera edad, que padece varias enfermedades, que no posee ninguna fuente de ingreso y que no puede acudir a los mecanismos ordinarios de defensa por la demora que ello representaría. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. El derecho a la pensión de sobrevivientes. 2º. La procedibilidad de la acción de tutela frente a actos administrativos en materia pensional. Y, 3º. El precedente del Consejo de Estado sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes por aplicación retrospectiva de la ley. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la entidad accionada emitir un nuevo acto administrativo en el que reconozca la pensión reclamada, teniendo en cuenta para ello la interpretación que el Consejo de Estado ha realizado al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, cuando se trata de su aplicación retrospectiva de las normas pensionales, en razón de los principios de igualdad y favorabilidad constitucionales.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 75    Expediente   T-3210146    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   T-073/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUCERO DE LAS MERCEDES PEÑARETE EN REPRESENTACION DE JUAN ALBERTO MIRA PEÑARETE VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema

Acceso y prestación integral del servicio de salud, vida digna. En el presente caso se analiza la posible vulneración de derechos por parte de la E.P.S. SALUD TOTAL, en tanto negó a un usuario con un alto nivel de invalidez el servicio de transporte para desplazarse desde su domicilio al lugar en que se le debía realizar un procedimiento especializado y al sitio donde debía cumplir una cita médica que no estaba disponible en su lugar de domicilio. De manera concomitante, por no prestar el servicio médico domiciliario y la práctica de terapias de lenguaje y rehabilitación, pese a haber sido ordenadas por el médico tratante, bajo el argumento de no tener cubrimiento en la zona de residencia del peticionario. La Sala aborda temática relacionada con la protección del derecho fundamental a la salud, el deber de las E.P.S. de prestar el servicio sin dilaciones conforme al principio de integralidad y el servicio de transporte en el sistema de salud. Se reitera que, la territorialidad del aseguramiento no constituye excusa constitucionalmente admitida para impedir el acceso de una persona a los servicios de salud que requiera. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales del actor y se ordena la práctica de las terapias, procedimientos, citas especializadas y tratamientos de medicina domiciliaria que fueron autorizadas, así como la disposición de todos los medios necesarios para hacer efectiva la atención integral del accionante, asumiendo además los costos de transporte del paciente y de su acompañante.
Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 76    Expediente   T-3226452    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   T-074/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    MANUEL GUTIERREZ RIVAS Y OTROS VS. SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el presente asunto los hechos se circunscriben a la decisión tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta en el trámite de un incidente de desacato promovido por los actores, dentro de una acción de tutela en la cual se ampararon sus derechos fundamentales. Se alega, que la autoridad judicial vulneró derechos fundamentales porque aún teniendo la competencia para verificar el cumplimiento del fallo, profirió un auto mediante el cual negó el incidente de desacato, por considerar que la entidad accionada no incurrió en ningún incumplimiento. La Sala encuentra que no existió extralimitación de funciones por parte del Tribunal accionado, toda vez que la decisión atacada se enmarcó dentro de las funciones del juez de tutela de primera instancia para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas y de imponer, si es del caso, las sanciones a que hay lugar. Se confirma la decisión de segunda instancia que NEGÓ las pretensiones de la demanda
Recibo Relatoria   12-4-2012 0:00


Item 77    Expediente   T-3232328    Fecha sentencia   15-2-2012 0:00    Sentencia   T-075/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    PRISCILIANO LLANOS VS. EMCALI EICE ESP Y OTROS

Tema

Vivienda digna, confianza legítima. El demandante es poseedor de un terreno sobre el cual construyó su vivienda hace aproximadamente veintiséis años. La posesión sobre el lote, así como las mejoras realizadas sobre el mismo fueron protocolizadas mediante escritura pública. A raíz de unas obras que se realizan en un canal de aguas negras que colinda por un costado de su casa, la administración municipal de Cali planteó la construcción de unas viviendas que serían entregadas a los posibles afectados por las obras, previo cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio. Así mismo se informó que mientras se construían las viviendas tendrían una ayuda económica para sufragar el canon de arrendamiento. El actor fue notificado de la resolución que ordena el desalojo y pretende que vía tutela se ordene el reconocimiento de las mejoras construidas sobre el bien inmueble que habita y el otorgamiento de una casa nueva o usada dentro del mismo barrio en que reside. Luego de pronunciarse sobre el alcance y contenido del derecho a la vivienda digna y sobre el tema de la recuperación de los bienes de uso público frente al principio de confianza legítima, la Sala CONCEDE el amparo solicitado por el demandante y se ordena la elaboración de un censo de la totalidad de las familias afectadas con el desalojo, frente a las cuales debe socializar el presente fallo y realizar un trabajo de información y acompañamiento para indicarles la forma de acceder a nuevas viviendas. Así mismo, se suspende la orden de desalojo y el procedimiento de recuperación del espacio público, hasta que se de cumplimiento a todas las órdenes impartidas en el fallo y se tenga garantizado el derecho a una vivienda digna de las familias afectadas.
Recibo Relatoria   14-3-2012 0:00


Item 78    Expediente   T-3202172    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-080/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS ALBERTO ROSAS URIBE Y OTRO VS. FIDEICOMISO DE CREDITOS LITIGIOSOS IFI Y OTRO

Tema

Consideran los accionantes que la negativa del Fideicomiso Créditos Litigiosos IFI, de reintegrar y reanudar el pago del beneficio asistencial reconocido mediante un pacto colectivo suscrito entre el Instituto de Fomento Industrial y sus trabajadores no sindicalizados, representado en el pago de medicina prepagada para éstos, constituyó una vulneración al derecho al debido proceso y una amenaza al derecho a la salud, a la vida y a la seguridad social. La Sala encuentra que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, motivo por el cual declara IMPROCEDENTE la tutela deprecada.
Recibo Relatoria   26-8-2013 0:00


Item 79    Expediente   T-3204890    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-081/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ELIZABETH HURTADO TORRES VS. CAPRESOCA EPS S

Tema

Salud, debido proceso. La accionante aduce que estando afiliada al régimen subsidiado en salud con la entidad CAPRESOCA EPS-S durante varios años, requirió un tratamiento quirúrgico que no fue realizado por su I.P.S. bajo el argumento de haber sido desafiliada del sistema por parte de la precitada Entidad Promotora de Salud. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con el carácter fundamental del derecho a la salud, en especial, con lo relativo a la oportunidad, eficacia y calidad en el acceso a los servicios de salud y presenta las características del Régimen Subsidiado dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. Se decide CONCEDER el amparo solicitado, al tiempo que prevenir a la entidad territorial vinculada en el asunto, para que no reincida en actuaciones que desconozcan los derechos tutelados y para que, en aquellas situaciones en las que por orden de los entes de control deban depurar las bases de datos de afiliados al régimen subsidiado, actúe de conformidad con lo establecido en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   14-1-2013 0:00


Item 80    Expediente   T-3215831 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-082/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ZANDRA KARINA OBANDO CAMPOS Y OTRA VS. CENEDAR S.A. E.S.P.

Tema

Seguridad social, estabilidad laboral reforzada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso las demandantes presentaron la acción de tutela en contra de sus empleadores CEDENAR S.A E.S.P y Claudia Zaray Agustín Márquez, con el fin de que les fueran restablecidos sus derechos fundamentales, supuestamente vulnerados, al ser despedidas de sus respectivos empleos a pesar de que ambas se encontraban en estado de embarazo. Solicitan que vía tutela se ordene el reconocimiento de la indemnización por despido injustificado, de los aportes correspondientes a la seguridad social y el reintegro a las respectivas labores que venían desempeñando. Las accionadas alegaron la falta de procedencia de la protección derivada del fuero de maternidad, en el primer caso porque la actora no fue contratada directamente por la empresa, sino por una persona que se encontraba vinculado a ella mediante contrato de interventoría y, en el segundo caso, porque la empleadora no había sido notificada del estado de gravidez de la mujer cuya relación laboral se había dado por terminada y porque existía una justa causa para haberlo hecho. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con el fuero de maternidad derivada de la especial protección constitucional a las mujeres durante el embarazo y la lactancia; las medidas de protección derivadas de dicho fuero, la indemnización del artículo 239 del CST y, el alcance de las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad cuando las causas para la terminación de la relación laboral fueron objetivas, generales y legítimas. Se CONCEDE el amparo solicitado por las demandantes y se ordena a los empleadores tomar las medidas necesarias para reconocerles los aportes al Sistema de Salud correspondientes al período efectivamente laborado por ellas y al período de gestación posterior a la terminación de los respectivos contratos de trabajo, con el fin de garantizarles a futuro el reconocimiento de las licencias de maternidad.
Recibo Relatoria   12-6-2012 0:00


Item 81    Expediente   T-3218399    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-083/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MAELA CECILIA IBARRA MIRANDA EN REPRESENTACION DE LIZANDER REINANDO IBARRA MIRANDA VS. CAJACOPI E.P.S. S

Tema

Salud, vida, seguridad social. Alega la accionante que a su hijo le diagnosticaron una discapacidad cognitiva I y que luego de ser valorado por fisiatría le fueron ordenadas terapias de musicoterapia, terapia del lenguaje basada en neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, neuropedagogía y psicología y que CAJACOPI E.P.S.S. negó los mencionados procedimientos bajo el argumento de no estar incluidos dentro del POS. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la salud y con la protección constitucional para las personas con limitaciones físicas, funcionales, psíquicas y sensoriales, en el ordenamiento constitucional e internacional. En sede de revisión se constató que al representado le estaban brindando los servicios solicitados, motivo por el cual se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   26-4-2012 0:00


Item 82    Expediente   T-3165718    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-084/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ALAIT DE JESUS DIAZ ESCALANTE VS. COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.

Tema

El accionante, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Transportadora de Valores PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., pretende la salvaguarda de los derechos fundamentales a la asociación sindical, al trabajo, a la vida digna y a la igualdad en titularidad suya, los cuales aduce vulnerados debido a la disposición de la empresa de suscribir y firmar una serie de acuerdos económicos individuales con varios trabajadores no sindicalizados que eran beneficiarios de la convención colectiva vigente hasta el año 2009, mientras estaba latente el conflicto suscitado por la falta de acuerdo entre el sindicato y la empresa accionada, respecto del pliego de peticiones presentado a finales de ese mismo. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: a). la procedencia de la acción de tutela contra particulares. b). La configuración del fenómeno de temeridad y c). El derecho a la asociación sindical y su protección mediante la acción de tutela. .Se concluye que, los pactos individuales estaban exclusivamente destinados a los empleados no sindicalizados que, además renunciaron a sus beneficios convencionales so pretexto de su firma, lo cual en sí mismo no resulta inconstitucional, pero adquiere esa connotación cuanto ello es contrastado con las condiciones de los trabajadores sindicalizados a quienes les negaron esas prestaciones, a la espera de la definición de un conflicto cuya resolución no se convocará al Tribunal de Arbitramento por determinación del Ministerio de Protección Social. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena extender a los trabajadores sindicalizados los beneficios otorgados a los no coaligados mediante pactos individuales.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 83    Expediente   T-3198516    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-085/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    FELICIANA CUERO VALENCIA VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La demandante considera que la entidad demandada está vulnerando sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada tras la muerte de su cónyuge, bajo el argumento de incumplir con el requisito establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, relacionado con la exigencia de la convivencia. A juicio de la accionada, la existencia de un embargo de la mesada pensional que recibía el causante, el cual figuraba a favor de la accionante, constituye prueba objetiva de que ésta y el titular de la prestación no vivían juntos. La actora es una mujer de 81 años de edad a quien además de negarle la prestación económica, le suspendieron el servicio de salud que venía recibiendo en calidad de beneficiaria. La Sala CONCEDE DE FORMA TRANSITORIA el amparo solicitado y en consecuencia, deja sin efectos el acto administrativo mediante el cual se negó la pensión reclamada y ordena a la entidad demandada, incluir en nómina y pagar la pensión de sobrevivientes solicitada, hasta tanto el asunto se decida de forma definitiva por la autoridad judicial competente.
Recibo Relatoria   26-4-2012 0:00


Item 84    Expediente   T-3185418 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-086/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SEGUNDO PINZON ALBARRACIN Y OTROS VS. LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC Y OTROS

Tema

Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes, quienes se desempeñaban como docentes, solicitaron préstamos a entidades del sistema financiero los cuales respaldaron con pólizas de seguro de vida grupo deudores, expedidas por las compañías de seguros que de manera posterior se negaron a pagar el saldo insoluto de las obligaciones contraídas, argumentando que al momento en que se otorgó el préstamo y antes de ingresar a la póliza ya se les había diagnosticado enfermedades expresamente excluidas de la póliza, por las que fueron calificados con pérdida de la capacidad laboral e invalidez, sin haber sido declaradas en el documento de asegurabilidad. Los jueces de instancia decidieron no tutelar los derechos reclamados por considerar la improcedencia del mecanismo constitucional, puesto que los asuntos debatidos son de contenido meramente económico, además, porque los actores cuentan con un mecanismo judicial más idóneo que pueden ejercer ante la justicia civil ordinaria y porque tampoco se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni la afectación del mínimo vital. La Sala decide confirmar las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de las acciones de tutela incoadas por los actores.
Recibo Relatoria   12-6-2012 0:00


Item 85    Expediente   T-3195272 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-087/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    OSCAR MANUEL MONSALVE JAIMES Y OTROS VS. ECOPETROL

Tema

Vida, familia, igualdad, libre asociación, organización sindical, seguridad social, huelga, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. La Sala analiza si ECOPETROL vulneró derechos fundamentales de los demandantes al no reintegrarlos a sus puestos de trabajo, supuestamente incumpliendo las recomendaciones que el Comité de Libertad Sindical de la OIT emitiera dentro de la queja presentada contra el gobierno colombiano. La Sala realiza una consideración previa sobre el carácter vinculante de las recomendaciones del comité aludido aprobadas por el Consejo de Administración y analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de derechos laborales litigiosos, el requisito de inmediatez y el factor de competencia territorial de los jueces. La Sala revoca las decisiones de instancias que en los diferentes procesos concedieron la tutela y en su defecto resuelve DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de dichas acciones. Así mismo decide compulsar copias de los procesos analizados a la Fiscalía General de la Nación para que si encuentra mérito disponga de las investigaciones que conduzcan a esclarecer si en los asuntos pudiera existir la consumación de conductas punibles por parte de los servicios judiciales y de quienes dolosamente hubieren determinado su comportamiento, o fueran coautores, cómplices o intervinientes. Se exhorta al Congreso de la República para que expida la ley que conduzca a actualizar la legislación laboral.


Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 86    Expediente   T-3183529 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-088/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    AICARDO DE JESUS SALDARRIAGA MOLINA Y OTROS VS. MOLDURAS MADEXITOS S.A.S Y OTROS

Tema

Vida digna, igualdad, seguridad social, estabilidad laboral reforzada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las situaciones relacionados en los diferentes procesos tienen como hecho común que las empresas demandadas dan por terminadas las relaciones laborales con los demandantes, de manera unilateral y por presunta justa causa, sin acatamiento de las normas legales y jurisprudenciales existentes, las cuales protegen la estabilidad laboral de las personas con discapacidad o en períodos de incapacidad laboral. La Sala aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra particulares; 2º. Improcedencia general de la acción de tutela para obtener reintegro laboral y sus excepciones, 3º. Protección laboral reforzada de los trabajadores con discapacidad y en período de incapacidad laboral y 4º. Facultad limitada del empleador de terminar el contrato laboral por incapacidad superior a 180 días. Se tutelan los derechos invocados por los actores y se imparten órdenes a las empresas accionadas, tendientes a lograr el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   16-4-2012 0:00


Item 87    Expediente   T-3183719 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-089/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA RITA TARAZONA EN REPRESENTACION DE SU HIJO GUSTAVO ADOLFO CAPACHO Y OTROS VS. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y OTROS

Tema

Vida en condiciones dignas, agua potable. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los aspectos coincidentes en las acciones de tutela presentadas de manea individual, tienen que ver con la presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de Entidades de Servicios Públicos al proceder estas a suspender el servicio de agua en las viviendas de los accionantes, debido al incumplimiento consecutivo en el pago de las obligaciones facturadas, sin tener en cuenta que en ellas residen sujetos de especial protección constitucional. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con: 1º. Derecho fundamental al agua potable. 2º. Procedencia de la acción de tutela para proteger este derecho y, 3º. Casos en que la actuación de las E.S.P. de suspender el servicio de agua potable en las viviendas de los usuarios, por incumplimiento consecutivo en el pago de las obligaciones facturadas, es inconstitucional. Luego de analizar cada caso de manera particular se decide conceder el amparo solicitado en un proceso, en dos asuntos se deniega la tutela por no reunir las condiciones señaladas por la jurisprudencia constitucional para que le sea concedido el derecho al agua potable y por no cumplir con el requisito de inmediatez y, en un último expediente, se declara la carencia actual de objeto por presentarse un hecho superado.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 88    Expediente   T-3154181    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-090/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CESAR GIOVANNY CHAPARRO RINCON VS. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tema

En este asunto se aduce que la Contraloría General de la República vulneró los derechos fundamentales del actor al debido proceso administrativo, al libre desarrollo de la personalidad en el contexto laboral, a la libertad de escoger y ejercer profesión, al mínimo vital y a la vivienda, así como los principios de buena fe, favorabilidad laboral, prevalencia del derecho sustancial y la confianza legítima, al tomar la decisión de declarar el incumplimiento de un convenio de contraprestación por comisión de estudios y exigir el pago inmediato de los salarios y prestaciones otorgados por dicha entidad. Se analizan los siguientes temas: 1º. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos. 2º. Competencia de la Contraloría General de la República para conceder comisión de estudios y régimen legal de la contraprestación de servicios de las comisiones de estudios en el exterior de los funcionarios públicos. La Sala concluye, que ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de la cual es posible solicitar la suspensión provisional de los actos demandados y, dado que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, es pertinente confirmar la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   3-5-2013 0:00


Item 89    Expediente   T-3198500 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-091/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    MARINO CAMPO CARABALI Y OTRO VS. JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En un primer asunto se demanda al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, alegando vulneración de derechos fundamentales por no realizar una correcta valoración del material probatorio allegado al proceso ordinario laboral adelantado en contra del ISS, en el que se pretendía el reconocimiento pensional del 14% por tener cónyuge a cargo. En el otro asunto se demanda al ISS por la presunta violación de los derechos del actor, al no reconocerle el incremento pensional del 14% y del 7% respectivamente, por tener cónyuge e hijo a su cargo. Luego de hacer el análisis de cada uno de los casos, se decide confirmar las decisiones judiciales que en su orden denegaron y declararon improcedente el amparo solicitado por cada uno de los accionantes.
Recibo Relatoria   18-2-2013 0:00


Item 90    Expediente   T-3235472    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-092/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    YINED MARIN MONTEALEGRE VS. ACCION SOCIAL SECCIONAL TOLIMA Y OTRO

Tema

Debido proceso. La actuación que genera la vulneración de derechos alegada tiene que ver con la decisión de la entidad accionada, de resolver desfavorablemente la solicitud de la accionante de ser incluida dentro del Registro Único de Población Desplazada. La entidad demandada negó la inscripción, porque a su parecer, existen razones objetivas y fundadas para concluir que la actora no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, en tanto en su lugar de domicilio no se tienen registros sobre la existencia de grupos guerrilleros. La Sala de Revisión precisa que el proceso de inscripción en el RUPD de la población en situación de desplazamiento forzado se rige por el principio de la buena fe y que en consecuencia, goza de la presunción de veracidad el dicho de quien aduce tal condición, correspondiéndole entonces a la Administración la carga de desvirtuarlo razonadamente, debiendo para el efecto actuar con prontitud y diligencia. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la demandada realizar un nuevo estudio con relación a la situación de la accionante y su familia, ordenando además que, si no existen razones suficientes para desvirtuar la situación de desplazamiento aducida por la actora, se proceda a su inscripción en el RUPD.
Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 91    Expediente   T-3170212    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-093/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FLORESMIRO SUAREZ LEON VS. ACNUR

Tema

En el presente caso el demandante interpone la acción de tutela para solicitar que se ordene a la ACNUR (Agencia de la ONU para Refugiados), resolver el derecho de petición relacionado con la solicitud de darle a conocer el contenido del acuerdo firmado por esta entidad como mediadora, en el caso de la toma pacífica de la población desplazada en el parque Tercer Milenio de la ciudad de Bogotá y con que se le brindara información respecto al término para dar cumplimiento al acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital y la población desplazada, en lo relacionado con la entrega de comprobantes de generación de ingresos. La Sala NIEGA las pretensiones de la demanda y fundamenta su decisión en el hecho de que, por su naturaleza jurídica de sujetos del derecho internacional, las agencias u organizaciones como la demandada, no son sujetos del deber de resolver peticiones que las personas presenten en desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política. Así mismo recuerda que, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia, dichas entidades gozan de inmunidad de jurisdicción y no tienen el deber de comparecencia en procesos judiciales que se adelanten en su contra, ni procede contra ellos medida coercitiva alguna de allí derivada.
Recibo Relatoria   22-10-2012 0:00


Item 92    Expediente   T-3210179    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-094/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALIRIA ROSAS ROJAS VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL

Tema

Debido proceso, administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. La peticionaria alega que las entidades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión sobrevivientes, bajo el argumento de no haber probado la dependencia económica, ni parcial, ni total, respecto a su fallecido hijo. A juicio de la actora, las decisiones judiciales atacadas incurrieron en defecto sustantivo, por la errada interpretación que se le dio a la expresión “dependencia económica” contenida en el artículo 47 de la ley 100 de 1993. La Sala de Revisión considera que la interpretación dada por los operadores judiciales accionados a la expresión “dependencia económica”, no constituye una interpretación arbitraria o injusta y en consecuencia no configura un defecto sustantivo que haga procedente el amparo solicitado. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON la tutela impetrada.
Recibo Relatoria   26-10-2012 0:00


Item 93    Expediente   T-3208728    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-095/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FRANCISCO JAFET MORALES URREGO VS. CENTRO ALFEREZ REAL S.A.

Tema

Debido proceso, mínimo vital, vida digna. El accionante tiene cerca de noventa años de edad y padece una enfermedad crónica terminal. Se instaura la acción de tutela contra el Centro Alférez Real S.A. para que efectúe el pago inmediato y no fraccionado de las acreencias laborales adeudadas al actor y ordenadas cancelar mediante sentencia judicial dictada en un proceso laboral iniciado por despido sin justa causa. La accionada adujo estar inmersa en el trámite de un acuerdo de reestructuración bajo la Ley 550 de 1999 y en tal sentido indicó que en dicho acuerdo se estableció que las obligaciones relacionadas con créditos con los trabajadores se cancelarían a las personas discriminadas en el anexo 1, en un plazo de seis años y en cuotas trimestrales iguales. La Sala advierte que el actor no se encuentra discriminado en el precitado anexo a pesar de que en un acta previa a la celebración del acuerdo se relacionaron los litigios laborales y en ella aparecía el peticionario como un acreedor. Al comprobar que existe vulneración de derechos fundamentales se CONCEDE la tutela y se ordena que las partes firmantes en el acuerdo de reestructuración se reúnan para que realicen una modificación, adenda o cualquier mecanismo jurídico para que se incluyan al accionante como acreedor laboral de la entidad accionada y se pague la suma adeudada en un plazo máximo de tres años y como mínimo en cuotas trimestrales.
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 94    Expediente   T-3158943    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-096/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    PEDRO GONZALEZ LLINAS VS. LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

El demandante alega que la Escuela Naval de Cadetes de la Armada Nacional, vulneró su derecho fundamental a la igualdad, en tanto dejó de reconocerle el tiempo de su formación en dicha institución, como sí lo hizo con otro oficial retirado. Se pretende con la acción de tutela que se ordene a la accionada certificar el tiempo total laborado en la Armada Nacional, a fin de que el actor pueda completar el tiempo necesario para obtener una pensión. La Sala de Revisión no evidenció un tratamiento diferenciado e injusto que vulnerara el derecho alegado, toda vez que no existió el supuesto fáctico en que se fundó la demanda de tutela, toda vez que al otro oficial referenciado en la demanda tampoco se le contabilizó el período de tiempo en que se desempeñó como cadete de la escuela accionada. SE NIEG.
Recibo Relatoria   22-10-2012 0:00


Item 95    Expediente   T-3152248    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-097/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    COMUNIDAD INDIGENA ZENU Y OTROS VS. INPEC

Tema

En el presente asunto la Sala analiza si una medida de detención preventiva o una pena de privación de la libertad, dictada por una autoridad judicial ordinaria contra los miembros de una comunidad indígena, puede realizarse en un centro de reclusión avalado por el respectivo resguardo, pero que no se ajusta a los estándares requeridos por el INPEC. Con base a lo anterior, la Corporación entra a determinar si el viable contabilizar el tiempo de privación en dicho centro de reclusión, para efectos de descontarlo de la pena y decretar la libertad condicional. Los hechos que generaron el anterior análisis, se relacionan con una condena que impuso un juez de la jurisdicción ordinaria a dos indígenas pertenecientes a la etnia Zenú, miembros del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento en Córdoba, consistente en una pena de seis años de prisión y una multa de 2000 smlmv. La supuesta vulneración de derechos alegada tiene que ver con el hecho de que no se contabiliza la permanencia de los procesados en un centro de reclusión y resocialización indígena denominado “Cacique Mexión”, que funciona al interior de su resguardo, en tanto el INPEC no le reconoce a este centro comunitario el estatus de reclusión. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática. 1º. Concepto de autonomía de los pueblos indígenas, el derecho propio, la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena. 2º. La pena y su función en el ordenamiento penal colombiano y en la cosmovisión del pueblo Zenú. 3º. Mecanismos de coordinación entre las autoridades indígenas, las autoridades judiciales y el INPEC, con respecto al lugar donde debe cumplirse la pena de un indígena juzgado por la jurisdicción ordinaria. Se confirma la decisión de instancia que NEGO las pretensiones de la demanda.
Recibo Relatoria   22-10-2012 0:00


Item 96    Expediente   T-3112323 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   16-2-2012 0:00    Sentencia   T-098/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    AMPARO LOPERA POLANIA Y OTROS VS. MUNICIPIO DE IBAGUE YOTROS

Tema

Vivienda digna, debido proceso administrativo. Se acumulan expedientes por unidad de materia. El hecho que se alega como vulnerador de derechos fundamentales en todas las acciones de tutela estudiadas en el presente caso, tiene que ver con el incumplimiento en la entrega efectiva de un inmueble adjudicado a los actores en el proyecto Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué, so pretexto de estar ocupadas por terceros. La Sala de Revisión, luego de hacer el examen de procedencia de la acción de tutela, así como una especial referencia a la existencia de mecanismos alternativos para proteger los derechos del propietario que no ha obtenido la entrega material del inmueble debido a su ocupación por un tercero y de analizar los casos en concreto, concluye que existe un derecho subjetivo a favor de los accionantes y que este está fundado en los derechos al debido proceso y a la vivienda digna, así como en el principio de la buena fe. Así mismo, indica que la infracción a este derecho tiene como consecuencia la imposición de un deber que vincula a las autoridades y entidades municipales correspondientes, de agotar las competencias dirigidas a obtener la restitución de los bienes ocupados. En dos asuntos de declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO y en los otros dos se CONCEDE la tutela y entre otras preceptos, se ordena evaluar la situación actual de las viviendas y de las familias objeto de dichas acciones constitucionales, a las cuales todavía no se les ha hecho entrega real, material y efectiva de las unidades de vivienda en la Urbanización Nueva Castilla. Se ordena que esta acción debe estar dirigida a todas las demás viviendas y familias que se encuentren en situación análoga. De manera simultánea, se dispone elaborar un plan de acción para dar solución definitiva a esta problemática.
Recibo Relatoria   17-9-2013 0:00


Item 97    Expediente   T-3224402    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-099/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LIBARDO ANTONIO MORALES TABA VS. PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A. Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante le solicitó al ISS la pensión de vejez y esta entidad le otorgó la indemnización sustitutiva, por contar con tan solo 141 semanas de cotización. Con la acción de tutela pretende el actor que se ordene a las entidades accionadas que realicen el pago de los aportes supuestamente dejados de cotizar durante el tiempo en que sostuvo una relación laboral con ellas. La Sala de Revisión pudo constatar que el actor no aparece en relación jurídica de subordinación o en situación fáctica de dependencia con ninguna de las accionadas, por no cual no se acredita la exigencia de legitimación por pasiva o en relación con ellas en el proceso de tutela. Igualmente encuentra no acreditado el requisito de inmediatez y en tal sentido decide confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA del amparo solicitado.
Recibo Relatoria   26-10-2012 0:00


Item 98    Expediente   T-3219559    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-100/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    TERESITA GALLO DE BRAVO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales ha negado en varias oportunidades el reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada por la accionante, bajo el argumento de no cumplir con el número de semanas de cotización exigidas en el Decreto 758 de 1990 y por no ser posible acumular dentro de este régimen pensional, los tiempos laborados en el sector público y los cotizados al ISS de manera directa. La Sala considera que el accionado vulneró derechos de la actora al impedirle de manera injustificada acceder a la prestación a la cual tenía derecho. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al Instituto accionado iniciar todos los trámites y gestiones encaminadas a recocer la pensión de vejez a la accionante, al igual que incluirla en nómina con la finalidad de iniciar el correspondiente pago de las mesadas pensionales.
Recibo Relatoria   17-8-2012 0:00


Item 99    Expediente   T-3173608    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-101/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ROSALBA CONTRERAS PIRABAN VS. ISS

Tema

Seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales le negó a la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, argumentando el incumplimiento del requisito de cotización de 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la incapacidad. La actora tiene más de mil semanas cotizadas al sistema durante más de veinte años y luego de ser diagnosticada con un cáncer papilar de tiroides, fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 59,20%. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena al ISS emitir un nuevo dictamen sobre la fecha de estructuración de la invalidez, informando en él las razones por las cuales fundamentó su decisión, con la referencia expresa, clara y suficiente de la valoración de la evidencia técnica-científica en la que soporta la determinación, sin que pueda disminuir el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral.


Recibo Relatoria   22-10-2012 0:00


Item 100    Expediente   T-3163131 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-102/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    CLAUDIA FERNANDA BARRETO VASQUEZ Y OTROS VS. LA NACION-RAMA JUDICIAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, trabajo, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las conductas que generan la vulneración de los derechos fundamentales por parte de las diferentes entidades accionadas tiene que ver con: 1º. La expedición de actos administrativos inmotivados para declarar la insubsistencia de los actores en los cargos de carrera que ocupan en provisionalidad. 2º. La circunstancia anterior aunada al hecho de que las accionantes ostentaban la condición de madres cabeza de familia y, 3º. Sentencias judiciales que negaron la nulidad del acto de insubsistencia de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación. La Sala se pronuncia respecto a los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que desconocen el precedente de la jurisprudencia constitucional en materia de despido sin motivación y cuando se dirige directamente contra las entidades que expiden dichos actos para solicitar el reintegro de los funcionarios en provisionalidad. 2º. El deber de motivación de las insubsistencias de funcionarios en provisionalidad que ocupan cargos de carrera. 3º. Las madres cabeza de familia como sujetos de especial protección constitucional y, 4º. El régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación. Se decide: a). En un asunto, amparar los derechos de la accionante como mecanismo transitorio, mientras interpone las acciones respectivas ante la jurisdicción ordinaria y en consecuencia, suspender la resolución que declaró la insubsistencia sin motivación. b). Dejar sin efectos las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, declarar la nulidad que ordenó la desvinculación del accionante y, a título de restablecimiento del derecho, ordenar el reintegro. c). confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo solicitado.

NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 102 de fecha 11 de abril de 2014, se corrige el error incurrido en el numeral 7.1. de la parte motiva de la presente sentencia, relacionado con la clase de mecanismo de protección de tutela concedido. En este sentido se sustituye el término “definitivo” por “transitorio”.
Recibo Relatoria   4-9-2013 0:00


Item 101    Expediente   T-3221596 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-103/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA ESPERANZA MORALEZ ARIZA EN REPRESENTACION DE SU HIJO LUIS ERNESTO GONZALEZ MORALES Y OTRO VS. SOLSALUD E.P.S. Y OTRO

Tema

Salud, seguridad social, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las acciones de tutela se interponen en representación de un menor de edad y de una mujer de 52 años de edad, quienes de manera respectiva se encuentran afiliados a SOLSALUD E.P.S y EMDISALUD E.P.S.S.. Se alega la vulneración de derechos fundamentales a los representados, en tanto las entidades prestadoras de salud negaron la autorización para la práctica de exámenes y citas ordenadas por los respectivos médicos tratantes. Los procedimientos fueron negados bajo el argumento de no estar contemplados dentro del POS y por estar frente a un hecho superado, sin tener en cuenta que el servicio se requiería para un menor de dieciocho años y para una mujer en delicado estado de salud. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la salud como derecho fundamental y sobre el Acuerdo de la Comisión de Regulación en Salud que a finales del año 2011 definió, aclaró y actualizó el POS del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se dispone TUTELAR los derechos invocados y ordenar a las entidades accionadas ordenar las citas y los exámenes requeridos por los pacientes representados.
Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 102    Expediente   T-3228384    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-104/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MONICA JEANNETTE ROMAN PINILLA EN REPRESENTACION DE SU HIJO EVAN MANUEL INFANTE ROMAN VS. ALCALDIA DE MATANZA, SANTANDER

Tema

Salud, integridad personal. La demandante instauró la acción de tutela en representación de su menor hijo y en contra de la Alcaldía de Matanza (Santander), para solicitar que la entidad territorial accionada repare las instalaciones del hogar infantil donde estudia el niño, las cuales se encuentran en pésimas condiciones y conlleva a que los menores no tengan un lugar digno y adecuado en el que puedan recibir sus clases y cuidados. Aunado a lo anterior se indicó en la demanda, que el hogar infantil está construido cerca a varias antenas parabólicas, lo cual incide de manera negativa en la salud de los menores. La entidad accionada adujo que el hogar infantil si presenta ciertos deterioros pero no en la magnitud que los señala la actora y que el mal estado no es producto de la indebida contratación del municipio o de la mala calidad de la obra, sino por el uso indebido que se le ha dado a la misma. Igualmente argumenta que el mal estado de la obra obedece a problemas de humedad y de goteras debido a la fuerte ola invernal que enfrentó el municipio. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: Acceso a una institución educativa digna, el servicio público de telecomunicaciones, los campos electromagnéticos y el principio de precaución. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes tendientes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 103    Expediente   T-3162513    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-105/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    GUILLERMO LEON PUERTA RAMIREZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida digna, igualdad, seguridad social, mínimo vital. El demandante alega que el ISS vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por acumulación de aportes que solicitó, a pesar de cumplir los requisitos exigidos en cuanto a edad y aportes realizados y además, ser beneficiario del régimen de transición. A su juicio, el Instituto incurrió en una vía de hecho al negar la prestación aplicando normas diferentes a las que le correspondían a su caso. La Sala de Revisión se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela frente a la existencia de otros medios de defensa judicial; el derecho a la seguridad social en materia pensional y su procedencia para reclamarlo mediante la acción de tutela. Así mismo, reitera los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tomando como régimen aplicable la Ley 71 de 1988. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al ISS reconocer y pagar la prestación reclamada por el actor
Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 104    Expediente   T-3215125    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-106/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA MAGDALENA MAYA RODRIGUEZ VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA NOVENA DE DECISION

Tema

Seguridad social, igualdad. Tutela contra providencia judicial. La accionante dependía económicamente de un hijo que falleció estando al servicio del Ejército Nacional en calidad de soldado profesional. Por haberse producido el deceso en combate se ascendió al occiso póstumamente al grado de Cabo Segundo y en esta categoría se solicitó la pensión de sobrevivientes. La Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército negó la petición bajo el argumento de que las disposiciones legales vigentes no consagraban tal beneficio a los soldados voluntarios. Como resultado de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal accionado revocó la decisión que había declarado la nulidad del acto administrativo demandado, al considerar que la demandante no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la referida prestación. La Sala de Revisión analiza si existió vulneración de derechos por parte del Ministerio de Defensa y del Tribunal accionado, en tanto no se tuvo en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el tiempo que el causante prestó al servicio militar obligatorio y, si se profirió sentencia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento sin la observancia de las directrices planteadas por la jurisprudencia. Se decide TUTELAR los derechos invocados, dejar sin efectos la sentencia del Tribunal demandado y ordenar a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército, reconocer a favor de la actora la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho
Recibo Relatoria   21-3-2012 0:00


Item 105    Expediente   T-3222421    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-107/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CARLOS ALBERTO LOPEZ ARCINIEGAS Y OTROS VS. SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI Y OTROS

Tema

Tutela contra providencia judicial. En el presente asunto los accionantes consideran que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en una vía de hecho por defectos sustantivo y procedimental, al no haber decidido favorablemente el incidente de nulidad constitucional propuesto contra los mandamientos de pago expedidos dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios instaurados en su contra por los Bancos Granahorrar (hoy BBVA), Colpatria, Conavi, la empresa Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, Fogafín y el Fondo Nacional del Ahorro, vulnerando así sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad. Solicitan que en la decisión de la tutela se dejen sin efectos las sentencias atacadas y en su lugar se imparta la orden de proferir nuevos fallos en los que se den por terminados los procesos ejecutivos adelantados en su contra. A su juicio, las autoridades judiciales resolvieron rechazar o negar las solicitudes de nulidad presentadas contra los mandamientos de pago dentro de los respectivos procesos ejecutivos hipotecarios, con fundamento en que las causales aducidas no estaban incluidas en las enlistadas por el legislador en el artículo 140 del CPC, las que son taxativas y no susceptibles de ser aplicadas por analogía. Igualmente, por no estar enmarcadas dentro de los presupuestos previstos en el artículo 143-4 de la mencionada norma y por no cumplir tampoco con los presupuestos de la sentencia SU-813/07. Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y las condiciones básicas de procedibilidad cuando se trata de procesos ejecutivos hipotecarios, la Sala concluye que los defectos alegados por los actores no se configuraron en ninguno de los casos analizados. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 106    Expediente   T-3219033    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-108/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ALCIRA FLOREZ DE MANTILLA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCINAL SANTANDER

Tema

Debido proceso administrativo. La presente acción constitucional se instauró en contra del ISS, Seccional Santander, por considerar que la negativa de esta entidad de reconocerle a la demandante la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su compañero permanente, vulnera sus derechos fundamentales. Se alega que la accionada no tuvo en cuenta los medios probatorios allegados en el expediente, de acuerdo con los cuales se demostró la convivencia permanente con el causante en una primera época en caldiad de esposa hasta el momento de dictarse sentencia de divorcio y luego de esta, otros años en calidad de compañeros permanentes hasta la fecha de la muerte del causante. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos pensionales la Sala concluye que una entidad administradora de pensiones y en el caso concreto el ISS, vulnera el derecho al debido proceso administrativo cuando resuelve una solicitud de reconocimiento pensional, por medio de un acto no motivado en debida forma y tomando como único fundamento de su decisión, una declaración rendida por el titular de la prestación, quince años antes de su deceso. Luego de CONCEDER el amparo solicitado, se ordena al accionado proferir un nuevo acto administrativo en el cual decida la solicitud pensional de la actora en calidad de compañera permanente del fallecido causante.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 107    Expediente   T-3174061    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-109/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANGELA PATRICIA RECALDE VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTRO

Tema

Igualdad, trabajo, salud, vida, protección a personas con discapacidad. La accionante obtuvo el título profesional en medicina y con el fin de prestar el Servicio Social Obligatorio se postuló ante el Instituto Departamental de Salud de Nariño para el sorteo de adjudicación de las plazas existentes en la región suroccidental del país. Como resultado del sorteo, a la actora le correspondió una plaza en el Hospital Clarita Santos del municipio de Sandoná (Nariño) e inconforme con esta decisión, en razón a la necesidad de permanecer con su hija, la cual es menor de edad, presenta una discapacidad y un estado de salud muy delicado que afecta diversas funciones vitales, solicitó al Comité de Servicio Social Obligatorio del Ministerio de la Protección Social, la exención del Servicio Obligatorio o en su defecto la asignación de una plaza en la ciudad de Pasto, pero ambas peticiones fueron resueltas de manera negativa. Para resolver el caso la Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Facultad legislativa de establecer requisitos de idoneidad para el ejercicio de una profesión y la posibilidad de hacerlos más exigentes cuando se trata de carreras que conllevan una responsabilidad social. 2º. El principio de igualdad y su relación con la distribución de bienes escasos y cargas sociales. 3º. El principio de igualdad y la obligación de dar un trato especial a personas vulnerables, destacando el caso de menores con discapacidad y mujeres cabeza de familia. Se concluye que, si bien el SSO es un requisito previsto por los órganos competentes para el ejercicio de la medicina que, en principio, se ajusta a la Constitución, en el caso concreto y debido a las especiales circunstancias de la peticionaria y de su hija, la aplicación estricta de las normas legales reglamentarias sobre este servicio derivó en una restricción de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. Se CONCEDE el amparo solicitado y entre las decisiones adoptadas, se destaca el hecho de exhortar al Ministerio de la Protección Social, para que en el marco de sus competencias legales y constitucionales, adopte y/o adapte una regulación que tome en cuenta la situación de grupos y sujetos vulnerables como criterio de repartición de cupos o exoneración del SSO.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 108    Expediente   T-3214326 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-110/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CLAUDIA TATIANA VILLAMIZAR MORGADO EN REPRESENTACION DE SU PADRE ANIBAL VILLAMIZAR GONZALEZ Y OTROS VS. NUEVA E.P.S Y OTROS

Tema

Salud, vida en condiciones dignas. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los seis casos estudiados los accionantes o representados son personas que por su edad (jóvenes ó adultos mayores), por su delicado estado de salud y en atención al estado de postración que sufren y a la dependencia total del cuidado de un tercero, son considerados sujetos de especial protección constitucional. En todos los asuntos las entidades accionadas (NUEVA E.P.S., CAFESALUD EPS Y ESPS Y LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA), reinciden en negarles el acceso a los servicios de salud que requieren los usuarios, argumentando razones que la Corte Constitucional ha considerado en innumerables oportunidades como inconstitucionales y para las cuales se han definido reglas estrictas las cuales las entidades promotoras de salud se niegan a cumplir. Para la Sala resulta inadmisible que las E.P.S. sigan respondiendo a sus usuarios que un servicio no puede ser suministrado porque no se encuentra incluido en el POS o porque no se tramitó la autorización ante el Comité Técnico Científico. De igual manera considera injustificable que un servicio que venía siendo suministrado se suspenda sin razón médica. Se reitera jurisprudencia relacionada con los derechos de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud a. acceder a los servicios que requieran están o no incluidos en el POS; la continuación en la prestación de servicios de salud y a que se les realicen las pruebas y exámenes diagnósticos necesarios para determinar si un servicio de salud es requerido o no. Así mismo se reitera la posición de la Corporación respecto al derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y personas de la tercera edad. Se CONCEDEN las tutelas solicitadas y se imparten una serie de órdenes tendientes a que las diferentes E.P.S. demandadas hagan efectivo el goce efectivo de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   27-6-2012 0:00


Item 109    Expediente   T-3215219 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-111/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA CRISTINA ARROYO POLO Y OTROS VS. EMPRESA DON ASEO LTDA Y OTROS.

Tema

Estabilidad laboral reforzada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los cuatro demandantes interpusieron los acciones de tutela en contra de sus respectivos empleadores, por considerar que al dar por terminadas las relaciones labores que tenían, entre las cuales se encuentran contratos de trabajo, acuerdos cooperativos y órdenes de prestación de servicios, vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital, toda vez que para el efecto no tuvieron en cuenta que se encontraban en estado de indefensión y además no medió para ello autorización de la oficina del trabajo. Para dirimir los problemas planteados la Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para dirimir controversias laborales y sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en condición de discapacidad o disminución física. Al definir cada caso en particular se determinó de manera específica lo siguiente: 1º. En el primer asunto se encontró vulnerado el derecho a la estabilidad laboral reforzada, se CONCEDIO el amparo solicitado, pero a su vez se declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO. 2º. En el segundo caso no se encontró violación de derechos fundamentales y en tal sentido se DENEGO la tutela. 3º. En este proceso tampoco se determinó infracción de derecho alguno, porque el accionante no se encontraba en circunstancias de debilidad manifiesta. En tal sentido, se NEGO la solicitud de amparo. 4º. En este último expediente se constató que la entidad accionada quebrantó derechos del actor y en tal sentido le CONCEDIO la tutela y ordenó el reintegro. Se advierte al accionante que debe acudir a la jurisdicción contenciosa para solicitar que se declare la existencia de su relación laboral y se le reconozcan las demás prestaciones solicitadas, so pena de que cesen los efectos de la presente decisión.
Recibo Relatoria   29-6-2012 0:00


Item 110    Expediente   T-3215150    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-112/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    IRMA MATILDE ORTIZ DE ENRIQUEZ VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Tema

Debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, mínimo vital y móvil. Tutela contra providencia judicial. Se incoa la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, tras alegar la configuración de defectos fáctico y sustantivo y desconocimiento del precedente vertical en la decisión tomada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de revocar la decisión mediante la cual se había accedido a la nulidad de las resoluciones proferidas por el Instituto de Seguros Sociales y ordenado reconocer y pagar la pensión de jubilación reclamada por la accionante. La Sala se pronuncia sobre los siguientes tópicos: 1º. Procedencia subsidiaria y residual de la acción de tutela contra providencias judiciales, con énfasis en el desconocimiento del precedente y los defectos fáctico y sustantivo y, 2º. El carácter fundamental del derecho a la seguridad social en pensiones y, cómo el desconocimiento de los derechos adquiridos y de los principios constitucionales de irrenunciabilidad y favorabilidad en materia pensional afecta el debido proceso. Se concluye que, la entidad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico al tener por cierto un hecho que no se desprende del material probatorio obrante, el efecto del status de pensionada, cual es percibir efectivamente la mesada pensional a cargo de CAJANAL. Igualmente, que incurrió en defecto sustantivo por no aplicar normas constitucionales y legales que regulan el caso y, en desconocimiento del precedente vertical de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el alcance del artículo 128 de la Constitución, aplicado en pensiones. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efectos la providencia atacada y se adoptan una serie de medidas para restablecer inmediatamente la eficacia de los derechos fundamentales vulnerados a la actora.


Recibo Relatoria   12-6-2012 0:00


Item 111    Expediente   T-3163147    Fecha sentencia   20-2-2012 0:00    Sentencia   T-113/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    LUIS JESUS VILLAMIZAR VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. En este caso se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial que, dentro de un proceso de reparación directa, revocó la decisión que accedió a las pretensiones de la demanda, por no haberse allegado al proceso las pruebas documentales en original o en copias auténticas. La Sala de Revisión reitera la doctrina de la Corporación en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y verifica si en el caso bajo examen se cumplen con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la misma. Se concluye, que, el Tribunal accionado incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria, al no darle valor probatorio a documentos allegados en copias simples, sin haber sido controvertidos por la contraparte. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   29-10-2013 0:00


Item 112    Expediente   T-3221906    Fecha sentencia   21-2-2012 0:00    Sentencia   T-117/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JORGE ELICER MAHECHA ROA VS.

Tema

En el presente asunto el accionante presentó la acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por considerar que esa autoridad desconoció los derechos fundamentales de sus menores nietos a tener una familia, a la identidad y la protección integral, así como el derecho fundamental de su hijo al debido proceso, al incurrir en arbitrariedades en el trámite de dos procesos de restablecimiento de derechos, supuestamente por no ordenar una prueba de ADN, corregir la identidad de los menores sin sustento fáctico para ello y no permitir la intervención de su hijo en dichos procesos. En trámite de revisión la Sala analizó la procedencia de la acción de tutela, la legitimación por activa, la eventual carencia de objeto y la existencia de mecanismos de defensa idóneos para resolver la controversia presentada al juez de tutela. Se concluye que, en el presente caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad, así que cualquier controversia sobre las decisiones adoptadas por el Instituto accionado en el trámite de protección de los menores cobijados con la medida de restablecimiento de derechos, deberá ser resuelta por los jueces de familia en el trámite de homologación de tales decisiones administrativas. SE NIEG.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 113    Expediente   T-3219331    Fecha sentencia   21-2-2012 0:00    Sentencia   T-118/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ROSA PAJARO MARTINEZ VS. JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

Tema

Debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia, contradicción. La demandante interpuso la acción de tutela contra el juzgado 2º Civil Municipal de Cartagena, alegando vulneración de derechos fundamentales por no permitir ser oída dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado en dicho despacho judicial, por no pagar los cánones de arrendamiento presuntamente adeudados, a pesar de que tachó de falsos los documentos que probaban la existencia del contrato de arrendamiento. Alega la actora, que el juez accionado no actuó conforme a la jurisprudencia constitucional, la cual considera perjudicial a los derechos fundamentales de una persona, el no ser escuchada en juicio cuando exista duda sobre el contrato de arrendamiento. La Sala concluye que el Juzgado accionado incurrió en un defecto fáctico en la modalidad de omisión, no valoración del acervo probatorio y valoración defectuosa del material probatorio. Así mismo, que incurrió en defecto sustantivo, por cuanto la decisión de no oír a la demandante se fundamentó en una norma inaplicable al caso concreto. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efecto todo lo actuado a partir del auto que decidió no escuchar a la tutelante dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado y se ordena al juez de dicho caso, que la escuche y le garantice sus derechos fundamentales.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 114    Expediente   T-3225930    Fecha sentencia   21-2-2012 0:00    Sentencia   T-119/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    FERNANDO LOPEZ SUAREZ, DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL GUAJIRA VS. ALCALDIA DE RIOHACHA

Tema

Vivienda digna, protección a personas en situación de desplazamiento. El Defensor del Pueblo Regional de la Guajira, interpuso la acción de tutela en nombre de varios grupos de personas en situación de desplazamiento que se encuentran ubicados en diferentes predios de la ciudad de Riohacha. La revisión del caso se realiza de manera particular frente a la comunidad que se vio afectada con un proceso policivo mediante el cual se ordenó la práctica de una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela para la protección de derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado y la suspensión de diligencias de lanzamiento cuando los ocupantes han sido víctimas de dicho desplazamiento. En el presente caso la Sala concluye que debe darse prevalencia a los intereses constitucionalmente legítimos de los peticionarios, de acceder en condiciones de dignidad a una vivienda, sobre el interés también legítimo de la autoridad de policía accionada de mantener el statu quo de la querellante como resultado de una actuación ajustada a sus competencias legales. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena la suspensión de la práctica de la diligencia de lanzamiento, hasta tanto se realice un censo de las familias afectadas con dicha decisión y se les garantice el acceso a un albergue en condiciones dignas.
Recibo Relatoria   14-5-2012 0:00


Item 115    Expediente   T-3198142 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   21-2-2012 0:00    Sentencia   T-120/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    HILDA BEATRIZ MARTINEZ DE JARAMILLO Y OTROS VS. FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se demanda al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en un asunto porque la accionante considera que erró en la liquidación de la pensión de jubilación que le fue reconocida como Congresista de la República y en el otro caso, porque ha intentado reducir el valor de la mesada que reciben algunas personas que fueron pensionados antes de 1992, las cuales forman parte de la Asociación Nacional de Parlamentarios Pensionados _ANPRE_. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reajuste adecuado de la mesada pensional. 2º. Régimen prestacional de los miembros del Congreso de la República, de manera específica realiza un estudio sobre el reajuste especial, la diferenciación entre el grupo de congresistas pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992 y el grupo de parlamentarios pensionados con posterioridad a la misma. 3º. Imposibilidad del juez de tutela de limitar la facultad que tiene la administración de demandar sus propios actos en acción de lesividad y 4º. La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, su imposibilidad de declararla por parte del juez de tutela y el competente para reconocerla por vía de excepción. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de las acciones de tutela iniciadas por los diferentes accionantes.
Recibo Relatoria   16-5-2012 0:00


Item 116    Expediente   D-8634    Fecha sentencia   22-2-2012 0:00    Sentencia   C-121/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV GENN, SPV JIPP, SPV NPP
Demandante / Demandado    JULIAN ARTURO POLO ECHEVERRI VS. LEY 1453 DE 2011, ARTICULOS 7 Y 10. 19 Y 65 (PARCIALES)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 7 y 10, 19. 65 (parciales) de la Ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones. La Corte considera que el actor construyó cuatro cargos de inconstitucionalidad que sintetizó en: 1º. Vulneración del derecho al debido proceso, específicamente al principio non bis in ídem. 2º. Infracción del principio de estricta legalidad penal, integrante del derecho al debido proceso. 3º. Desconocimiento del orden justo contenido en la Constitución Política y 4º. Quebrantamiento del principio de presunción de inocencia. La Corte concluye que: El tipo penal de USO DE MENORES DE EDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS, es un delito autónomo y no da lugar a una vulneración de la prohibición de la doble incriminación. La potestad punitiva del Estado está limitada por los deberes de observar la estricta legalidad, respeto de los derechos constitucionales y de los principios de proporcionalidad y razonabilidad del tipo penal y su sanción, así como de la detención preventiva y la presunción de inocencia. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 7º atacado, al igual que de las expresiones “u objetos peligros” contenidas en el artículo 10 y “de nueve (9) a doce (12) años incluida en el inciso primero del artículo 19 de la Ley 1453 de 2011. Frente a la expresión “la pena anteriormente dispuesta se duplicará”, inmersa en el inciso tercero del mismo numeral 19, la Sala se declara INHIBID. Con relación al texto “estar acusado o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de”, se declara su INEXEQUIBILIAD.
Recibo Relatoria   25-4-2012 0:00


Item 117    Expediente   D-8596    Fecha sentencia   22-2-2012 0:00    Sentencia   C-122/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ALIDIER RAFAEL DIAZ FLOREZ VS. DECRETO EXTRAORDINARIO 753 DE 1996, LITERAL D, ARTICULO 1

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956, por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. El demandante señala que la norma atacada es inconstitucional por cuanto vulnera el requisito de reserva legal establecido por la Carta Política. La Corte precisó que el derecho a la huelga solamente puede restringirse en el caso de los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador para la limitación de la huelga. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, en el entendido que solo se restringe el derecho de huelga en aquellos establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia que atiendan necesidades básicas de sujetos de especial protección constitucional.
Recibo Relatoria   3-5-2012 0:00


Item 118    Expediente   LAT-367    Fecha sentencia   22-2-2012 0:00    Sentencia   C-123/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE LA INDIA Y DE LA LEY APROBATORIA 1449 DE 2011 VS.

Tema

Revisión de Constitucionalidad del “Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009” y la Ley Aprobatoria número 1449 de 2011. Para la Corte, el contenido del Acuerdo no desconoce lo dispuesto en la Carta Política y considera además, que desarrolla postulados establecidos por el constituyente en materia de integración y desarrollo económico internacional, mediante la promoción y protección de inversiones y de los inversionistas beneficiarios del mencionado instrumento. Se declaran EXEQUIBLES el Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre la República de Colombia y la República de la India y la Ley 1449 que lo aprueba.
Recibo Relatoria   10-4-2012 0:00


Item 119    Expediente   T-3233772    Fecha sentencia   23-2-2012 0:00    Sentencia   T-124/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LEONARDA SALCEDO ORTIZ EN REPRESENTACON DE SU HIJO LEONARDO SANCHEZ SALCEDO VS. JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BOGOTA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Refiere la accionante que su hijo fue diagnosticado por el Instituto de Ortopedia Infantil Franklin Delano Roosevelt con síndrome de William, lo que le ocasiona entre otras patologías, parálisis cerebral espástica y deformidad en flexión, situaciones que a su vez le impiden su normal desarrollo motor. Aduce, que luego de la muerte de su esposo la situación económica familiar se vio afectada y que en el momento no cuenta con los recursos necesarios para cancelarle a la Junta Regional de Calificación de Invalidez un examen que requiere su hijo para que le determinen el porcentaje de invalidez que presenta. Advierte, que el dictamen se requiere para iniciar la reclamación de la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo inválido, la cual representa mayor garantía frente a la prestación a que tiene derecho por ser hijo menor de dieciocho años. . Por su parte, la Junta demandada argumentó la improcedencia de la exoneración de los honorarios solicitada, debido a que éstos no son fijados por las juntas sino que están definidos y reglamentados por normas legales. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Naturaleza jurídica y función de la pensión de sobrevivientes y de la sustitución pensional. 2º. Regulación normativa y jurisprudencial del derecho a la pensión de sobrevivientes y 3º. Pago de honorarios a las Juntas de Calificación de Invalidez, según el mandato legal y constitucional. Se reitera que las normas jurídicas que regulan la materia establecen que, los honorarios de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez los deben pagar las entidades de previsión social, las compañías de seguros, la administradora, el pensionado por invalidez, el aspirante a beneficiario o el empleador, peri si el interesado asume los honorarios, tiene el derecho al reembolso. En conclusión, por haberse demostrado la vulneración de derechos fundamentales de un menor, la Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena a la Empresa Positiva Compañía de Seguros cancelar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez el costo del dictamen que se y una vez se determine la pérdida de la capacidad laboral, reconocer la pensión de sobrevivientes al representado, en calidad de hijo inválido.
Recibo Relatoria   12-4-2012 0:00


Item 120    Expediente   T-3186532    Fecha sentencia   23-2-2012 0:00    Sentencia   T-125/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FERNANDO MUÑOZ SIERRA VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNALSUPERIOR DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Tema

Debido proceso, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. El demandante pretende que el juez de tutela proteja sus derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, al dictar sentencia de segunda instancia dentro de un proceso ordinario laboral y decidir absolver al Banco de Bogotá S.A. del pago de unos aportes pensionales adeudados, bajo el argumento de que para la fecha de las cotizaciones reclamadas, el Instituto de Seguro Social no tenía cobertura en el lugar de trabajo del peticionario. Luego de analizar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, los requisitos generales y específicos de dicha procedencia, haciendo especial énfasis en el defecto material o sustantivo y, la seguridad social en pensiones con anterioridad y posterioridad de la Ley 100 de 1993, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado, dejar sin efectos el fallo judicial atacado y mantener en firme el fallo de primera instancia que acogió las pretensiones de la demanda ordinaria laboral.
Recibo Relatoria   12-4-2012 0:00


Item 121    Expediente   T-3193974    Fecha sentencia   23-2-2012 0:00    Sentencia   T-126/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    YURY ESPERANZA PEDRAZA CONTRERAS VS. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DELEGADA PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES

Tema

La accionante se encontraba vinculada mediante contrato de prestación de servicios a la Empresa Clásicos de la Élite Ltda. desde noviembre del 2010 y, en desarrollo de dicho contrato, la peticionaria comunicó a su empleador en forma verbal y posteriormente por escrito sobre su estado de embarazo. Pese a lo anterior, la empresa empleadora le comunicó la terminación del vínculo contractual a partir de junio de 2011 y por ello la actora le recordó su estado de gravidez. La empleadora comunicó a sus empleados que la empresa se encontraba en proceso de liquidación y dio por cancelados todos los contratos de trabajo. La Sala de Revisión se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. La protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, como derecho fundamental. 2º. La ausencia de aviso sobre el estado de embarazo no habilita al empleador para desvincular a la mujer gestante. 3º. El fuero de maternidad opera independientemente del tipo de vinculación de la mujer trabajadora. 4º. La aplicación directa del principio constitucional de solidaridad en los casos de desvinculación laboral de la mujer embarazada y 5º. La responsabilidad del liquidador en estos casos. Se CONCEDE la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la demandante y se ordena a la Superintendencia de Sociedades – Delegada para procedimientos mercantiles de Bogotá, para que en asocio con la empresa empleadora en liquidación, reintegre a la actora, le pague los salarios y prestaciones dejados de cancelar, así como a la indemnización y la licencia de maternidad a que tiene derecho.
Recibo Relatoria   11-4-2012 0:00


Item 122    Expediente   T-3235304    Fecha sentencia   24-2-2012 0:00    Sentencia   T-127/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA JACINTA APONTE VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social, mínimo vital, igualdad. Tras el fallecimiento de su compañero permanente la demandante solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, entidad que negó la prestación argumentando el incumplimiento del requisito de fidelidad y por tal motivo, sólo concedió una indemnización sustitutiva de la pensión. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones y 2º. La inconstitucionalidad del requisito de fidelidad consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Para la Sala, la conducta desplegada por el ISS es inadmisible y altamente reprochable, en cuanto en evidente desconocimiento del precedente constitucional negó una prestación económica, basándose para ello en argumentos irrazonables desde la óptica constitucional y carentes de toda justificación en el ámbito legal, situación que condujo a la vulneración de derechos fundamentales a una persona considerada como de especial protección constitucional, por sus particulares condiciones personales. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 123    Expediente   T-3234014    Fecha sentencia   24-2-2012 0:00    Sentencia   T-128/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA ZULMA VARGAS CASTAÑEDA VS. POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante es madre cabeza de familia y tiene dos hijos menores de edad. Tras solicitar la pensión de sobrevivientes en calidad de beneficiaria de su fallecido esposo, la ARP COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. le negó el reconocimiento de la prestación, argumentando para el efecto que el accidente que ocasionó la muerte del afiliado ocurrió cuanto prestaba sus servicios a una empresa distinta a su empleador. . La Sala reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con la siguiente temática: 1). Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. 2º). La pensión de sobrevivientes en el sistema de riesgos profesionales, así como sus requisitos, beneficiarios y calificación del origen de la muerte del afiliado y, 3º. Inoponibilidad de los trámites administrativos en el reconocimiento del derecho a una pensión. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la demandante y a sus menores hijos como beneficiarios del afiliado, debiendo cubrir tanto lo causado como lo no pagado, desde la fecha del deceso del esposo y padre causante.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 124    Expediente   T-3256073    Fecha sentencia   27-2-2012 0:00    Sentencia   T-129/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    JUAN PABLO QUIROZ QUINTERO VS. ACCION SOCIAL

Tema

Petición, mínimo vital. El demandante solicitó su inscripción y la de su grupo familiar en el RUPD y la petición fue denegada por la entidad demandada, tras considerar que su desplazamiento no se enmarcaba dentro de los lineamientos previstos en la Ley, por cuanto se estableció que las personas que provocaron la salida forzada de la región, no hacían parte de grupos armados al margen de la ley sino que correspondían a bandas delincuenciales comunes, las cuales no persiguen fines políticos o ideológicos. La Sala considera que la decisión de la entidad demandada se apartó abiertamente de los criterios jurisprudenciales establecidos para valorar la condición de desplazado, en los cuales no está el tipo de actor perpetrador de la violación, sino la coacción para abandonar el domicilio y la permanencia dentro de las fronteras de la nación. Así mismo reiteró que es la accionada, como entidad competente para valorar las declaraciones y decidir quién se encuentra en una situación de desplazamiento forzado y de manera consecuente incluirlo en el RUPD, quien tiene la carga de la prueba para verificar que lo afirmado corresponde o no con la realidad. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena realizar una segunda valoración a la declaración del actor y de las circunstancias que llevaron a su alegado desplazamiento forzado, en la cual se deberá incorporar elementos probatorios adicionales que lleven a disipar la duda existente acerca de si el actor es víctima del desplazamiento forzado e, independientemente de la calificación que se establezca, se ordena informar e instruir al accionante sobre cómo reclamar sus derechos como víctima del conflicto armado interno
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 125    Expediente   T-3241440    Fecha sentencia   28-2-2012 0:00    Sentencia   T-130/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JUAN RAMON TERRIL JIMENEZ EN REPRESENTACION DE SU HIJO MIGUEL ANGEL TERRIL JIMENEZ VS. MUNICIPIO DE TURBACO Y OTRO

Tema

Vida, integridad física. Se presenta la acción de tutela en representación de un menor de edad que padece síndrome de Down, alegando que el niño se encuentra en constante peligro en razón a que las redes que conducen el servicio de energía eléctrica, tanto al sector como a la casa donde reside, no se encuentran instaladas de forma adecuada y que su discapacidad no le permite dimensionar, ni evitar el riesgo que dicha situación representa. En sede de revisión la Sala constató la normalización de las redes eléctricas que podían generar un daño o constituir una amenaza de derechos fundamentales y en tal sentido, declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   14-5-2012 0:00


Item 126    Expediente   T-3174877    Fecha sentencia   28-2-2012 0:00    Sentencia   T-131/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    GERMAN ELEAZAR MORENO LOZANO VS. JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Debido proceso, defensa. Tutela contra providencia judicial. La acción de tutela se interpone en contra de los Juzgados Cuarto Penal del Circuito y Primero Penal de Descongestión de Bogotá, a igual que contra la Fiscalía 221 Seccional de la Unidad II de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá y la DIAN, por considerar que dichas autoridades judiciales y administrativas, dentro de un proceso penal que terminó con la condena del accionante, adelantaron acciones que incidieron de manera negativa en él, en cuanto no le fue posible conocer el proceso y de manera consecuente, ejercer sus derechos de contradicción y defensa. La Sala concluye que la actuación judicial adelantada tanto por la Fiscalía como por el juzgado que condenó al actor, se realizaron con el debido acatamiento a los lineamientos procesales establecidos en la ley penal, motivo por el cual considera que la reclamación que hace el accionante por la vía de la acción de tutela no tiene viabilidad alguna. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo constitucional impetrado.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 127    Expediente   T-3249459    Fecha sentencia   28-2-2012 0:00    Sentencia   T-134/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ELSOMINA MARIA CACERES VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Tema

Acceso a la administración de justicia, seguridad social, mínimo vital. Dentro de un proceso ordinario laboral iniciado en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, se ordenó a dicha entidad reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañero permanente. La acción de tutela se instaura para lograr el cumplimiento de la orden judicial referida y en consecuencia, instar a la entidad accionada, a expedir el correspondiente acto administrativo que reconozca la prestación reclamada. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la protección constitucional de los adultos mayores y la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de una providencia judicial ejecutoriada, que reconoce derechos pensionales. Se revocan las decisiones de instancia que denegaron las pretensiones de la demanda y en su lugar se CONCEDE la protección invocada. Se ordena a la entidad accionada adelantar las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de lo ordenado en la decisión judicial, mediante la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante.
Recibo Relatoria   12-4-2012 0:00


Item 128    Expediente   D-8616    Fecha sentencia   29-2-2012 0:00    Sentencia   C-132/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV MGC, AV HASP
Demandante / Demandado    ANDRES DE ZUBIRIA SAMPER VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema


Demanda de inconstitucionalidad en contra del acto legislativo 03 de 2011. Por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. El actor demanda la totalidad del Acto Legislativo por considerar que operó una sustitución de la Constitución en relación con tres aspectos: 1º. Principio del Estado Social de Derecho, 2º. Fines constitucionales del Estado y 3º. Efectividad de la acción de tutela. La Corte determinó que la demanda no reunía los requisitos exigidos para poder emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la existencia de vicios de competencia que configuraran una sustitución de la Constitución y en tal sentido se declara INHIBIDA para proferir un fallo de fondo.

Recibo Relatoria   25-4-2012 0:00


Item 129    Expediente   D-8486    Fecha sentencia   29-2-2012 0:00    Sentencia   C-133/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    GONZALO CASTELLANOS VALENZUELA VS. LEY 1393 DE 2010, ARTICULOS 10 Y 11

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 10 y 11 de la Ley 1393 de 2010, por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. El demandante formuló dos tipos de cargos; unos dirigidos a cuestionar concretamente el contenido sustancial de la norma y otros, en los que refiere irregularidades relacionadas con el trámite de aprobación en el Congreso de la República y la presunta violación del principio de unidad de materia. La Corte encontró que los artículos demandados violan el principio de unidad de materia, en la medida que los temas en ellos regulados no guardan relación de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica con la materia de la ley. Se declara la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 10 y 11 de la Ley 1393 de 2010.


Recibo Relatoria   23-5-2012 0:00


Item 130    Expediente   T-3174715 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   29-2-2012 0:00    Sentencia   T-135/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NEPP
Demandante / Demandado    ICFES VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTROS

Tema

Igualdad, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Tutela contra providencia judicial. El ICFES instaura las acciones de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y los Juzgados Sexto y Tercero Administrativo de Popayán, alegando vulneración de derechos fundamentales con las providencias judiciales dictadas dentro de los procesos de reparación directa iniciados en su contra, en los cuales se declaró su responsabilidad por haber omitido el deber de vigilancia y control sobre la implementación y el desarrollo de un programa profesional sin el debido registro ante el SNIES, omisión que provocó que los estudiantes del programa no se graduaran a tiempo y tuvieran que presentar un examen adicional de idoneidad. A juicio de la accionante, las entidades judiciales accionadas impusieron una condena exagerada al ordenar el pago del máximo tope por perjuicios morales. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes tópicos: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y los criterios de procedibilidad. 2º. Responsabilidad patrimonial del Estado, la entidad del daño antijurídico, la reparación integral y la equidad y 3º. Subregla de decisión consignada en las sentencias 51 y 64 DE 2011. Teniendo en cuenta que las sentencias dictadas dentro de los procesos de reparación directa precitados, adolecen de ausencia de motivación en materia de cuantificación del daño moral, se CONCEDE el amparo invocado.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 131    Expediente   T-3252274    Fecha sentencia   29-2-2012 0:00    Sentencia   T-136/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ESPERANZA BAENA GOMEZ VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES Y OTRO

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital, igualdad. Tutela contra providencia judicial. La accionante le solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en calidad de compañera permanente del causante y, esta petición fue denegada bajo el argumento de haber sido concedida la prestación a quien la solicitara en calidad de cónyuge. Se demanda en sede de tutela, las decisiones judiciales que dentro de un proceso ordinario decidieron que la cónyuge supérstite era quien tenía derecho a la sustitución pensional. Considera la demandante que las mencionadas providencias incurren en una vía de hecho, porque desconocieron lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1035/08 que declaró la exequibilidad condicionada del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, cuya aplicación les permitía dividir la pensión entre la cónyuge y la compañera permanente. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales. 2º. Relevancia constitucional de la sustitución pensional y 3º. Régimen aplicable cuando existe convivencia simultánea entre el cónyuge y el compañero(a) permanente. Se concluye que, las decisiones atacadas no tuvieron en cuenta la sentencia C-1035/08, en donde se estableció que además del(la) esposo(a), también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes el(la) compañero(a) permanente y que dicha pensión se debe dividir entre ellos(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido, cuando en los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante se hayan dado vínculos simultáneos. Así mismo advierte la Sala que, tampoco se observó, durante el ejercicio interpretativo, los argumentos de justicia y equidad que el Consejo de Estado ha expuesto para conceder la sustitución pensional antes de la sentencia de constitucionalidad precitada, en donde se ha sostenido que en virtud del principio de igualdad, esposos(as) y compañaros(as) permanentes debem gozar de los mismos beneficios del sistema de seguridad social, puesto que debe prevalecer el criterio material de convivencia y no el aspecto formal del vínculo constitutivo de la familia. CONCEDID.
Recibo Relatoria   6-8-2012 0:00


Item 132    Expediente   T-3192708 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-137/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JAIRO HOLGUIN RINCON Y OTROS VS. PORVENIR S.A. Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso se instauran las acciones de tutela en contra PORVENIR S.A., PROTECCION S.A, Y SALUD TOTAL E.P.S., por cuanto se negaron a reconocer el pago del subsidio por concepto de incapacidades laborales a favor de los respectivos peticionarios. Dos entidades demandadas negaron el reconocimiento de las incapacidades causadas desde la fecha de estructuración de la invalidez, no obstante se dio trámite ante la Junta Regional de Calificación en un caso y en el otro, se apeló el dictamen ante la Junta Nacional de Calificación. En un tercer caso, la accionada negó el pago alegando el incumplimiento de los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de dicho subsidio, en cuanto al pago oportuno de los aportes al Sistema. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. 2º. La procedencia de la acción de tutela. 3º. El requisito de inmediatez y 4º. El análisis normativo y justificación de las incapacidades laborales por enfermedad común que superan los 180 días. Se ordena a los Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A y Protección S.A., el pago de las incapacidades laborales reclamadas por el accionante y en el tercer asunto, se declara la improcedencia de la acción de tutela.
Recibo Relatoria   14-5-2012 0:00


Item 133    Expediente   T-3243403    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-138/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV MVCC, SV LEVS
Demandante / Demandado    AA VS. PROTECCION S.A.

Tema


Seguridad social, mínimo vital, vida. La accionante padece de VIH y fue calificada por la IPS SURA con un 61% de pérdida de la capacidad laboral. El Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada, argumentando que la actora sólo tenía 49 de las 50 semanas de cotización exigidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y por ello, sólo dispuso la devolución de saldos. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela frente a los enfermos de VIH-SIDA que solicitan el reconocimiento de la pensión de invalidez y, 2º. Evolución legislativa y régimen aplicable para la pensión de invalidez. En el asunto en concreto la Sala examina la posibilidad de que a una ciudadana en condiciones particulares de debilidad se le pueda conceder la pensión de invalidez, faltándole una semana de cotización para completar las mínimas exigidas por la legislación aplicable. Se concluye que, en el presente caso confluyen tres consideraciones especiales que hacen posible conceder el amparo sin transgredir el precedente respecto al cumplimiento del denominado requisito de las 50 sememas para acceder a la pensión de invalidez y sin quebrantar la jurisprudencia respecto a la prohibición de someter al principio de favorabilidad la aplicación del precitado requisito. SE CONCEDE.

Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 134    Expediente   T-2967913    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-140/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    MARIA LIBIA RODRIGUEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA LABORAL

Tema

Debido proceso, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. Se instaura la acción de tutela en contra de la decisión adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de un proceso ordinario laboral iniciado por la actora, para lograr el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que en vida disfrutaba su compañero permanente. La sentencia atacada revocó el fallo de primera instancia que había concedido la pensión compartida entre la accionante, en su calidad de compañera permanente del causante y la persona que ostentaba la calidad de cónyuge supérstite y concedió la prestación íntegramente a esta última, bajo el argumento de que al momento del fallecimiento del causante la normatividad vigente favorecía a la cónyuge, sin que fuera posible aplicar de manera retroactiva las normas laborales y de seguridad social que benefician a la compañera permanente y que fueron expedidas con posterioridad al deceso del titular de la prestación. La Sala analiza jurisprudencia relacionada con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con especial profundización en los defectos sustantivo, fáctico por dimensión negativa y desconocimiento del precedente. Se concluye que, el Tribunal accionado, al proferir la sentencia atacada, incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación de las Leyes 12 de 1975 y 113 de 1985, que a su vez desembocó en una violación directa de la Constitución de 1991. Se CONCEDE la protección constitucional solicitada, se deja sin efectos la decisión acusada y se ordena dictar una nueva sentencia que resuelva el debate prestacional existente entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite del causante de la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora.
Recibo Relatoria   18-3-2013 0:00


Item 135    Expediente   T-2907642 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-141/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    DELVIS ESTER ANA ZAMBRANO Y OTROS VS. ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA Y OTRO

Tema

Vivienda digna. Las viviendas de los accionantes se encuentran ubicadas en la rivera del río Manzanares en el Distrito de Santa Marta, zona en la que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, con el objetivo de recuperar la cuenca baja, realizó dragados mecánicos de sedimentos en su cauce. Según afirmación de los demandantes, estos trabajos desestabilizaron los taludes y pusieron en riesgo los cimientos de varias viviendas, entre las cuales se encuentran las que ellos habitan. La Alcaldía de Santa Marta señaló que las viviendas mencionadas no cumplen con los requisitos exigidos por la legislación urbanística, por cuanto están construidas sobre bienes de uso público y no tienen los permisos necesarios para su construcción. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la vivienda digna como derecho constitucional fundamental, su contenido y su protección por medio de la acción de tutela. Se concluye que los inmuebles de los demandantes se encuentran ubicados en una zona que es de alto riesgo, lo cual ha puesto en peligro la estructura de las casas y con ello, la vida y la integridad física de las personas que las habitan. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena la reubicación temporal hasta que cese el riesgo ocasionado por el debilitamiento de los taludes del río y, en caso de no ser viable dicha mitigación, incluir a los actores en los programas de reubicación que tenga la Administración para las personas que habitan zonas de alto riesgo.
Recibo Relatoria   27-4-2012 0:00


Item 136    Expediente   T-3242799    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-142/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ELSA MENDOZA DE CEBALLOS VS. SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La accionante alega vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales que resolvieron un proceso reinvindicatorio seguido en contra de ella, por el hecho de: 1º. no pronunciarse sobre el derecho de retención alegado en la contestación de la demanda, 2º. No haberse pagado las mejoras reconocidas; 3º. No haber accedido el Ministerio demandante a la propuesta de conciliación presentada por ella y 4º. No haberse ordenado la entrega del bien por parte del juez de primera instancia. La Sala, luego de hacer el examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y algunas reflexiones acerca del requisito de inmediatez, decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON las pretensiones de la demanda de tutela.
Recibo Relatoria   26-4-2012 0:00


Item 137    Expediente   T-3141083    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-143/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV MVCC, AV LEVS
Demandante / Demandado    ISABEL GUERRA DE NARVAEZ VS. TEXAS PETROLEUM COMPANY HOY CREVRON PETROLEUM COMPANY

Tema

Seguridad social, mínimo vital. La accionante aduce que la empresa CREVRON vulneró sus derechos fundamentales y sustentó su aseveración en el hecho que, durante el tiempo que estuvo vigente el vínculo laboral con dicha empresa, ésta no cotizó al Sistema para que pudiera ser titular de una pensión de vejez, así como tampoco realizó las reservas para constituir un bono pensional a su favor y tampoco accedió a pagarle la mesada pensional. De otra parte adujo que, su derecho a la pensión es irrenunciable y que a su caso le era aplicable la jurisprudencia sentada por la Corporación en las sentencias T-784/10 y T-712/11. La empresa accionada argumentó no estar obligada a pagar en materia pensional porque la normativa vigente para la época en que existió la relación laboral, la excluía de tal obligación. Así mismo indicó, que la actora celebró una conciliación y en ella acordó un pacto único de pensión por considerarlo más beneficioso que la prestación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. La Sala se pronunció sobre la siguiente temática: 1º. El derecho a la seguridad social. 2º. La procedencia de la acción de tutela para reclamar acreencias laborales. 3º. Eficacia e idoneidad de los otros medios de defensa judicial para reclamar prestaciones relacionadas con el derecho a la seguridad social y 4º. El precedente de las sentencias esbozadas por la actora. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción impetrada.
Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 138    Expediente   T-3190403    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-144/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ROQUE JACINTO REDONDO TORRES VS. JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Y OTRO

Tema

Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se impetra la acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Cartagena, por la supuesta vulneración de derechos fundamentales, al proferir, respectivamente, sentencias dentro de un proceso ejecutivo promovido por CONAVI S.A. en contra del accionante, cuando al parecer ya había operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción cambiaria. Se alega un defecto sustantivo por indebida interpretación de la Ley, respecto a la prescripción cambiaria cuando se trata de créditos pactados en sistema de pagos periódicos, cuando el acreedor ha hecho uso de la cláusula aceleratoria. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre el defecto sustantivo. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado, por no acreditarse el requisito de inmediatez.
Recibo Relatoria   8-5-2012 0:00


Item 139    Expediente   T-3058069    Fecha sentencia   1-3-2012 0:00    Sentencia   T-145/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    UNION TEMPORAL MEDMFEN 16 Y OTRAS VS. LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

Debido proceso administrativo, defensa. La Dirección General de Sanidad Militar y el Hospital Militar Central abrieron una licitación pública para la compra, distribución, suministro, dispensación y control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares, bajo la modalidad de monto agotable. Aducen las empresas accionantes que con el mencionado proceso licitatorio se vulneraron sus derechos fundamentales, al dar una interpretación contraria a la expresión “participación económica” de la experiencia de las uniones temporales o promesas de sociedad futura, contenida en los pliegos de condiciones, lo que generó el rechazo de sus ofertas. Igualmente, alegan que no se les permitió controvertir la calificación asignada en la visita de evaluación del cumplimiento de los requisitos por parte del software. La Sala de Revisión recuerda que la acción de tutela es improcedente para amparar actos administrativos precontractuales de adjudicación de licitaciones públicas, por la existencia de medios provisorios y definitivos de defensa judicial idóneos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, salvo que se acredite la ocurrencia o inminencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso procedería como mecanismo transitorio. Se deciden confirmar las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la tutela.
Recibo Relatoria   26-10-2012 0:00


Item 140    Expediente   T-3265201    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-146/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL TORRES MUÑOZ EN REPRESENTACION DE LA VEEDURIA CIUDADANA DE PUERTO COLOMBIA VS. BANCOLOMBIA S.A.

Tema

Petición. El accionante, en representación de la Veeduría Ciudadana por Puerto Colombia instauró la acción de tutela contra Bancolombia S.A. por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición, en tanto la entidad bancaria no dio respuesta a su solicitud de información y fotocopia de los documentos relacionados con el traslado interno de los dineros contenidos en una cuenta corriente a nombre del municipio de Puerto Colombia, por considerar que dicha información está sujeta a reserva bancaria. A su vez, la demandada argumentó haber dado respuesta a la petición, aunque presentó inconvenientes en la entrega de la misma, por imposibilidad de contactar al solicitante. La Sala resalta la importancia que comportan las veedurías ciudadanas como mecanismo de control social de la gestión pública y reitera jurisprudencia constitucional que versa sobre el derecho de petición. Luego de encontrar la existencia de un hecho superado por carencia actual de objeto, hace unas consideraciones sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto y confirma la decisión de única instancia que DENEGO la protección invocada.
Recibo Relatoria   12-4-2012 0:00


Item 141    Expediente   T-3260830    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-147/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    ROBINSON LOPEZ GOMEZ VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS ING Y OTRO

Tema

Mínimo vital, vida, salud, seguridad social. El demandante solicita que se amparen sus derechos fundamentales y que se ordene al Fondo de Pensiones ING el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a que tiene derecho, por haber reunido los requisitos exigidos en la Ley 860 de 2003. El actor fue diagnosticado con una Hipertensión Pulmonar Primaria y por ello obtuvo una calificación de la pérdida de la capacidad laboral del 73% y la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la prestación, aduciendo el incumplimiento del requisito de las 50 semanas de cotización durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral. La Sala concluye que el actor no sólo cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, sino que se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su crítico estado de salud y la falta de donante para la realización del transplante de pulmón que necesita. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena al Fondo de Pensiones demandado reconocer y empezar a cancelar la solicitada prestación económica de invalidez.
Recibo Relatoria   12-4-2012 0:00


Item 142    Expediente   T-3259189    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-148/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    CARLOS MARIO SILVA GOVEA VS. JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA

Tema

Debido proceso, salud, estabilidad laboral reforzada. Tutela contra providencia judicial. En este caso el accionante alega que le vulneraron sus derechos fundamentales al retirarlo de su trabajo como notificador de un juzgado, tras una calificación insatisfactoria dentro del régimen de evaluación de la carrera judicial, sin tener en cuenta que es una persona que padece de epilepsia. La funcionaria judicial accionada adujo que la calificación insatisfactoria no se produjo porque el empleado presentara enfermedad alguna o porque sufriera disminución física o sensorial, sino por el incumplimiento de sus deberes. El amparo constitucional se solicita de manera transitoria, mientras se decide la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que formuló el actor en contra del acto administrativo que lo retiró del servicio y lo excluyó de la carrera judicial. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la siguiente temática: 1º. Procedibilidad de la acción de tutela cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Se compara la eficacia del amparo constitucional con la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos. 2º. El perjuicio irremediable y los sujetos de especial protección constitucional. 3º. El concepto de discapacidad y el conocimiento que el empleador debe tener de esta condición. 4º. La estabilidad laboral en general y la estabilidad laboral reforzada para las personas discapacitadas. 5º. Aplicación del artículo 26 de la ley 361 de 1997 a los servidores públicos pertenecientes a la carrera judicial. 6º. Finalidad del sistema de carrera judicial, y 7º. Armonización entre el sistema de carrera y el derecho a la estabilidad laboral reforzada y el caso paradigmático de las personas que son retiradas del servicio como consecuencia de un bajo rendimiento que incita una calificación no satisfactoria. Se CONCEDE la tutela, se ordena el reintegro el cual debe mantenerse vigente hasta tanto la Oficina de Trabajo, después de que se le solicite la autorización para el retiro, decida si es o no procedente.
Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 143    Expediente   T-3240442    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-149/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    LUIS ADOLFO PIEDRAHITA ORTIZ VS. MUNICIPIO DE SOPETRAN

Tema


Mínimo vital, seguridad social, dignidad humana, vida, igualdad, tercera edad. El accionante tiene más de 73 años de edad y laboró en el Municipio de Sopetrán como auxiliar de energía durante 16 años y cuatro meses. La entidad territorial accionada negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva reclamada, argumentando que las personas beneficiarias de dicha prestación eran aquellas que estaban vinculadas a la entidad cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Así mismo argumento que, el municipio dejó de ser pagador de obligaciones pensionales al ser subrogado por el ISS o por Fondos Privados. El actor pretende que se le contabilice el tiempo de servicio militar para el reconocimiento de la pensión de vejez o en su defecto, que se le conceda la indemnización sustitutiva. Para resolver el problema jurídico la Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela en materia pensional respecto de personas de la tercera edad. 2º. Principio de favorabilidad en la interpretación de normas laborales y el régimen de transición. 3º. Evolución del reconocimiento de prestaciones sociales de los empleados territoriales. 4º. Procedencia de la indemnización sustitutiva en los casos de personas que cotizaron antes de la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social. 5º. Tiempo de duración de la prestación del servicio militar obligatorio frente a los requisitos determinados en la Ley para acceder a la pensión de vejez y 6º. Movilidad de los recursos financieros en el caso del reconocimiento de la pensión de vejez o indemnización sustitutiva en el caso de regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993. Se concluye que, el municipio accionado debe responder por la indemnización sustitutiva por el tiempo en el que le prestó los servicios el demandante, debiendo incluir además el tiempo durante el cual prestó servicio militar, período que deberá estar a cargo del Ministerio de Defensa, surtido el procedimiento para el reconocimiento de la cuota parte. CONCEDID.

Recibo Relatoria   23-7-2012 0:00


Item 144    Expediente   T-3244644 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-152/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CARMEN CECILIA CABEZA GALINDO Y OTRA VS. ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE Y OTRA

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las demandantes consideran que las entidades accionadas vulneran sus derechos fundamentales, al no autorizarles la práctica de una mamoplastia reductora en un caso y las cirugías post Baypass Gástrico de dermolipectomía crural, glúteos, implantes mamarios, dermocalasia crural, glútea e hipoplasia mamaria, en el otro, bajo el argumento de que dichos procedimientos quirúrgicos tienen fines estéticos y por ende, están excluidos del POS. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la salud como derecho y como concepto integral que incluye no sólo aspectos físicos sino también psíquicos, emocionales y sociales. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectiva la práctica de los procedimientos quirúrgicos prescritos a las demandantes y a lograr el tratamiento integral correspondiente para superar las afecciones que padecen.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 145    Expediente   T-3237133    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-153/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    ALBERTO RUEDA MENDEZ VS. ADMINISTRACION DE PENSIONADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA Y OTROS

Tema


Debido proceso, seguridad social. En el presente asunto se aduce que, tanto la empresa EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A, como las Juntas Regional de Santander y Nacional de Calificación de Invalidez vulneraron derechos fundamentales del actor, al negarle la sustitución pensional reclamada y al proferir los dictámenes de valoración de su pérdida de capacidad laboral, en los que es se estableció como fecha de estructuración, la misma fecha de una valoración psiquiátrica sin tomar en cuenta todos los datos de la historia clínica, sin examinar al paciente y sin analizar si padecía de una enfermedad congénita o degenerativa. El peticionario, es una persona de más de sesenta años de edad, quien a causa del retardo mental padecido desde niño siempre estuvo bajo el cuidado y manutención de su padre, persona que su vez proveía los gastos del agenciado y los propios con la pensión de jubilación reconocida por la empresa demandada. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones y se decide confirmar parcialmente las sentencias de instancia que denegaron el amparo solicitado en cuanto a lo pretendido de la empresa EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A. y se concede la tutela del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto a lo accionado contra las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez.

Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 146    Expediente   T-3235947    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-154/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JULIAN ISMAIN PALACIOS COPETE VS. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO

Tema

Dignidad humana, igualdad, seguridad social, trabajo en condiciones dignas, mínimo vital. En el presente asunto se resuelve la situación de un docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, que padece un grado de discapacidad y que es retirado del servicio ante el reconocimiento de una pensión de vejez, sin que se le hubiera notificado aún la inclusión en la nómina de pensionados. La entidad accionada justificó su actuación, en el hecho de que el accionante cumplió la edad de retiro forzoso. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, específicamente para obtener el reintegro de servidores públicos a sus cargos y 2º. Los alcances de la jurisprudencia constitucional en torno al retiro del servicio al cumplirse la edad de retiro forzoso. Teniendo en cuenta que el accionante es una persona de la tercera edad que no tiene medios de subsistencia actuales y, que tiene una discapacidad que lo convierte en sujeto de especial protección, se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena su reintegro en una labor compatible con sus capacidades y aptitudes actuales. Igualmente se ordena pagar los salarios y prestaciones sociales causadas durante la interrupción laboral y abstenerse de retirarlo del servicio hasta tanto no se le notifique el acto administrativo de inclusión en la respectiva nómina.
Recibo Relatoria   14-5-2012 0:00


Item 147    Expediente   T-3252514    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-155/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    AINGERU ABRADELO BASTANTE VS. JUNTA DIRECTIVA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRAMAR (BARRANQUILLA)

Tema

Debido proceso. Aduce el actor que sus derechos fundamentales se vieron afectados por la decisión adoptada por la Junta Directiva de la unidad residencial donde habita, en tanto se le ordenó expulsar su perro de raza rottweiller del conjunto, para cuyo efecto le concedía un plazo de cinco días, sin que para tomar dicha decisión mediara algún proceso previo o motivación diferente al hecho de que por la raza, su perro era considerado potencialmente peligroso. La Sala se pronuncia sobre temática relacionada con la procedibilidad excepcional de la acción de tutela frente a las decisiones de las Juntas Directivas de los conjuntos residenciales y el derecho a la tenencia de animales domésticos y sus límites en el régimen de propiedad horizontal. Se concluye que, las copropiedades pueden prohibir la tenencia de animales potencialmente peligrosos que pertenezcan a los residentes, pero que de llegar a tomar la decisión de expulsar los animales, ésta solo puede llevarse a cabo con las garantías del debido proceso. CONCEDID.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 148    Expediente   T-3252989    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-156/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    LYDA CRISTINA DUARTE PEREZ VS. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO

Tema


Debido proceso, trabajo, igualdad, La demandante participó en el proceso de selección previsto en la Convocatoria 001 de 2005, realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil y tras agotar todas las pruebas de manera satisfactoria, la entidad publicó el acto administrativo mediante el cual se estableció la lista de elegibles, en la cual la peticionaria ocupó el primer lugar. Dicha resolución fue notificada debidamente y tomó fuerza de ejecutoria. De manera posterior, la CNSC suspendió la firmeza de dicho acto y esbozó como justificación para hacerlo la publicación del Acto Legislativo 04 de 2011. La Sala reitera la jurisprudencia sentada por la Corporación respecto a que las listas de elegibles que se conforman a partir de los puntajes asignados con ocasión de haber superado con éxito las diferentes etapas de un concurso de méritos son inmodificables, una vez han sido publicadas y se encuentran en firme. Así mismo recuerda la posición de la Corte respecto al hecho de que, aquel que ocupa el primer lugar en un concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de ser nombrado, sino que en realidad es titular de un derecho adquirido. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena mantener vigente el nombramiento de la actora, por corresponder tal nombramiento a un derecho subjetivo constitucionalmente protegido.

Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 149    Expediente   T-3188360    Fecha sentencia   2-3-2012 0:00    Sentencia   T-157/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ROBINSON ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

Tema

Debido proceso, seguridad social, salud. El demandante prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado profesional durante diez años y fue retirado del servicio por disminución de su capacidad psicofísica. El dictamen por incapacidad permanente parcial tuvo una calificación del 62.87%, resultado que trajo como consecuencia que no fuera apto para el servicio militar y que le negaran la pensión de invalidez por no cumplir con los requisitos de tener una incapacidad del 75%. Alega el demandante que impugnó el dictamen y solicitó una nueva valoración, pero que aún así fue desvinculado de la institución y a raíz de ello, le fue suspendido la prestación de los servicios médicos, incluyendo el tratamiento de la enfermedad que padece. La Sala concluye que la entidad accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso del demandante al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con base en un dictamen proferido por la Junta Médica Militar, sin antes haber sometido a revisión tal decisión por parte del Tribunal Médico, a pesar de que dentro del término se elevó la respectiva solicitud. También establece la Sala que, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional violó el derecho a la salud al desvincular al actor del subsistema de salud de las Fuerzas Militares, bajo el argumento de no poder ser beneficiario del mismo porque no era pensionado, sin tener en cuenta que había adquirido un enfermedad y comenzó un tratamiento médico para ella, cuando todavía era miembro activo de la Institución. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes para hacer efectivos los derechos amparados.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 150    Expediente   T-3249447    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-158/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JAVIER GARCIA MORALES VS. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tema

Debido proceso, igualdad. Se demanda a la Superintendencia de Sociedades alegando vulneración de derechos fundamentales, en tanto se negó a incluir dentro de un proceso liquidatorio de la empresa Factoría del Vidrio S.A., un crédito laboral que detentaba el accionante y que había sido reconocido en la decisión judicial que resolvió una demanda laboral iniciada por él, para reclamar el reconocimiento y pago de acreencias laborales y prestaciones sociales adeudadas por la mencionada empresa, por haberlo despedido injustamente. La Sala no encuentra configurados los requisitos requeridos para que proceda la acción de tutela contra una providencia emitida por virtud de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación judicial que ante ella se adelantan. Así mismo advierte que las actuaciones desplegadas por esta Superintendencia fueron ajustadas a lo normado en la Ley 1116 de 2006, sin que hubiesen trasgredido los contenidos esenciales de los derechos fundamentales alegados por el demandante. DENEGAD.
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 151    Expediente   T-3234322 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-159/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ALBA FAYOLY MESA GRANADOS Y OTROS VS. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SACHICA Y OTROS

Tema

Igualdad, debido proceso, salud, vida en condiciones dignas, estabilidad laboral reforzada Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos analizados se entra a determinar si las diferentes entidades demandadas vulneraron derechos fundamentales de las accionantes, al proferir actos administrativos de carácter particular y concreto para desvinculándolas de los cargos que se encontraban desempeñando en provisionalidad, a pesar del lamentable estado de salud que afrontaban, una de ellas incluso, con una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 96%. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. Improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral, excepto en los casos de los trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada, 2º. Ingreso y retiro de servidores de carrera y su protección constitucional, 3º. El sistema de concurso público para proveer los cargos docentes oficiales. Se CONCEDE el amparo solicitado por las demandantes y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   24-7-2012 0:00


Item 152    Expediente   T-3244892    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-160/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NELLIDES PASTRANA MUÑOZ VS. ACCION SOCIAL Y OTRA

Tema

En el presente caso se concede amparo constitucional a la accionante y a sus hijos menores de edad, tomando en cuenta la protección reforzada a que tiene derecho por ser una persona desplazada, madre cabeza de familia y discapacitada. Se ordena al Departamento Administrativo para la Protección Social que disponga realizar una visita a la actora con el fin de constatar su real y actual situación socioeconómica y, que de no estar en condiciones de asumir su auto sostenimiento familiar se le otorgue la prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia, la cual deberá mantener hasta que se demuestre que la afectada puede subsistir por sus propios medios. Así mismo, se ordena inscribirla en los programas que buscan implementar y hacer cumplir el Auto 092 de 2008 de esta Corporación, así como lo dispuesto en los autos 251 de 2008 y 006 de 2009. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 153    Expediente   T-3248168    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-161/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ALEJANDRO BARRIGA PADILLA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema


Mínimo vital, seguridad social. El demandante presentó la acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales, vulnerados por la entidad al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el argumento de no cumplir con la totalidad de las cotizaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta los aportes realizados por su empleador a una Caja de Previsión Municipal y a una Administradora de Fondos de Pensiones diferente al accionado. La Sala de Revisión realiza un análisis jurisprudencia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales. 2º. El derecho a la pensión de vejez y 3º. Requisitos para acceder a esta prestación en el régimen solidario de prima media con prestación definida. Se concluye que, el accionante es un sujeto de especial protección constitucional a quien le han sido impuestas unas cargas administrativas inconstitucionales que desconocen sus derechos adquiridos, al cumplir con la totalidad de las cotizaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y con la edad requerida para obtener el reconocimiento de su pensión de vejez. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al ISS iniciar el trámite para reconocer y pagar a favor del actor la prestación reclamada.

Recibo Relatoria   11-10-2012 0:00


Item 154    Expediente   T-3242509    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-162/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ELVER OSPINA PEREZ VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Tema

El demandante alega que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vivienda digna y al agua, al no realizar la instalación y conexión del servicio de acueducto, agua y alcantarillado a su vivienda, argumentando la inexistencia de redes oficiales y por tanto, no falta de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio. La demandada además adujo que la vivienda para la cual se solicitó el servicio se encontraba con afectación de riesgo geotécnico, por ubicarse en una zona de amenaza por remoción alta. En sede de revisión la Sala comprobó que se superó la probable vulneración alegada y con base en ello, decidió declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   7-6-2013 0:00


Item 155    Expediente   T-3237852    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-163/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ANTONIO PERILLA AVILA VS. PENITENCIARIA PALO GORDO DE GIRON

Tema

En el presente caso el accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales de petición y de salud, los cuales considera vulnerados por la Penitenciaría Palo Gordo de Girón, al no contestar la solicitud por él presentada, respecto a la expedición de los certificados de estudio y la constancia de buena conducta y, al no otorgarle la reposición de la prótesis de su mano izquierda. La entidad accionada pidió desestimar las pretensiones de la demanda, en cuanto remitió al establecimiento carcelario donde actualmente se encuentra recluido el actor las certificaciones solicitadas y, porque es el área de sanidad de esta cárcel la que debe decidir lo referente a la prótesis de mano. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el derecho de petición de las personas privadas de la libertad y la obligación del Estado de satisfacer el derecho a la salud de la población carcelaria, ordena a la accionada que informe al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia (Caquetá), respecto a la solicitud de reposición de la prótesis de mano izquierda, para lo cual deberá remitir las valoraciones médicas, para que dicho establecimiento se encargue de coordinar con CAPRECOM E.P.S. S lo pertinente.
Recibo Relatoria   21-11-2012 0:00


Item 156    Expediente   T-3234345    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-164/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV JIPP
Demandante / Demandado    SERGIO HUMBERTO FRANCO SARMIENTO Y OTROS VS. DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y OTRO

Tema

Confianza legítima, educación, vida digna. En este asunto se tiene que la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Arauca) y la gobernación del departamento de Arauca, suscribieron un contrato de arrendamiento que consistió en que la entidad territorial entregó a la institución educativa unas aulas y una edificación y, el pago del canon de arrendamiento a cargo de la universidad se pactó con el otorgamiento de unas becas estudiantiles para unas personas designadas por el departamento, entre las cuales están los ahora accionantes. Lo que se reclama con la acción de tutela es la protección de los derechos fundamentales vulnerados por las precitadas entidades, toda vez que revocaron las becas educativas, en razón a la terminación del contrato de arrendamiento que les dio origen. Aducen los actores que no cuentan con los recursos económicos suficientes para solventar el costo de la matrícula ya que dicho valor no estaba contemplado dentro de su presupuesto, pues tenían la convicción de que iban a ser beneficiarios de las becas hasta la culminación de sus estudios. Para resolver el asunto se analizan los siguientes temas: 1º. La procedibilidad de la acción de tutela frente a controversias surgidas en virtud de relaciones contractuales. 2º. El derecho fundamental a la educación y la permanencia en el sistema educativo. 3º. El deber del Estado de establecer mecanismos para garantizar la educación superior y 4º. Los principios de buena fe, confianza legítima y respeto por el acto propio. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparte la orden de matricular a los actores en los programas académicos que venían cursando e implementar alternativas de crédito favorables, teniendo en cuenta que son personas de escasos recursos y que requieren la protección y el fomento del Estado para que puedan financiar el valor de la matrícula.
Recibo Relatoria   19-2-2013 0:00


Item 157    Expediente   T-3187341    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-165/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSE FERNANDO IGLESIAS MARIN VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO

Tema

Seguridad social, vida, dignidad humana. Se promueve la acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, con el propósito de que se protejan los derechos fundamentales que el accionante considera vulnerados en el proceso de calificación de su situación de incapacidad, iniciado para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez. La solicitud de amparo se orienta a obtener que se deje sin efecto un dictamen médico, se ordene realizar una nueva valoración y se conceda la prestación de invalidez. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes temas: 1º. Las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional y 2º: La calificación de la pérdida de la capacidad laboral de origen profesional y sus prestaciones económicas. Se TUTELAN los derechos invocados y en consecuencia, se ordena valorar, calificar y emitir un nuevo dictamen respecto de la situación de incapacidad del demandante.
Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 158    Expediente   T-3178294    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-166/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA VS. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Tema

En este asunto la Escuela Ecuestre Bacatá promueve la acción de tutela en contra de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, alegando una presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, en virtud del trámite impartido dentro un juicio sancionatorio ambiental iniciado en su contra. Luego del análisis de rigor encuentra la Sala que la presente acción de tutela no resulta procedente, toda vez que la actuación atacada no fue abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte de la entidad accionada y por ello, no es dable predicar vulneración de las garantías establecidas en la Constitución. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   29-10-2013 0:00


Item 159    Expediente   T-2879552    Fecha sentencia   5-3-2012 0:00    Sentencia   T-167/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ERENIA HERRERA SANCHEZ VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso. La accionante solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación mensual de retiro que devengaba su compañero permanente y esta entidad le indicó que para continuar con el trámite del expediente prestacional debía allegar documento expedido por autoridad competente en donde se declarara la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 979 de 2005. Se le pide al juez de tutela que se conceda el amparo definitivo y en consecuencia ordene a la entidad accionada reconocer y pagar la sustitución pensional reclamada. La Sala confirma las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   2-10-2012 0:00


Item 160    Expediente   D-8607    Fecha sentencia   7-3-2012 0:00    Sentencia   C-168/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    IRIANA APONTE DIAZ VS. LEY 1403 DE 2010

Tema

Demanda de Constitucionalidad de la Ley 1403 de 2010, por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o “ley Fanny Mickey”. La demandante considera que en el trámite del proyecto que se convirtió en la Ley 1403 de 2010, se infringieron varios artículos de la Constitución y de la Ley 5ª de 1993, que desencadenaron en una serie de vicios de procedimiento de carácter insubsanable por violación de las normas que regulan el trámite de las proposiciones y del principio de publicidad del trámite legislativo. La Corte reiteró los principios que orientan el procedimiento legislativo acorde con un debate democrático, expresión de una voluntad legislativa libre e ilustrada, respeto de la regla mayoritaria y de los derechos de las minorías, publicidad e instrumentalizad de las formas. Se encontró que en el trámite legislativo surtido no se configuraron los vicios de procedimiento alegados por la demandante y se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados, la ley 1403 de 2010.
Recibo Relatoria   11-5-2012 0:00


Item 161    Expediente   LAT-377    Fecha sentencia   7-3-2012 0:00    Sentencia   C-169/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    REVISION DE LA LEY 1464 DE 2011, APROBATGORIA DEL ACUERDO BILATERAL PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA. VS.

Tema

Revisión de la Ley 1464 de 2011, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia” y el “Entendimiento sobre el trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral”. Realizado el examen de constitucionalidad, la Corte determinó que las disposiciones revisadas no lesionan los mandatos de la Carta Política y en tal sentido declaró EXEQUIBLES el Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia” y el “Entendimiento sobre el trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral”, así como la ley 1464 de 2011, que los aprueba.
Recibo Relatoria   25-5-2012 0:00


Item 162    Expediente   D-8625    Fecha sentencia   7-3-2012 0:00    Sentencia   C-170/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV NPP, SV HASP
Demandante / Demandado    YOLANDA NARANJO JARAMILLO Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 2 de 2011, por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia. Los demandantes consideran que con la aprobación del acto legislativo acusado el Congreso de la República excedió su competencia y límites al poder de reforma constitucional. En el presente caso la Corte determinó que la eliminación de la naturaleza constitucional de la entidad encargada del manejo de la televisión no configura un vicio de competencia que sustituya un pilar esencial de la Constitución Política. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 02 de 2011, por el cargo analizado
Recibo Relatoria   28-6-2012 0:00


Item 163    Expediente   D-8666    Fecha sentencia   7-3-2012 0:00    Sentencia   C-171/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    YESID HERNAN CAMACHO JIMENEZ VS. LET 1438 DE 2011, ARTICULO 59

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud. El demandante argumenta que el artículo demandado vulnera la Constitución Política, en razón a que al disponer que las Empresas Sociales del Estado pueden desarrollar sus funciones mediante la contratación con terceros, con empresas sociales de mayor complejidad, con entidades privadas o con operadores externos, termina permitiendo que dichas entidades desarrollen sus funciones permanentes, no a través de su planta de personal, sino mediante la contratación de terceros, lo cual vulnera el derecho al trabajo, constituye una deslaboralización y un desconocimiento del vínculo laboral y de los derechos de los trabajadores, así como una desnaturalización de la función pública de las Empresas Sociales del Estado. La Sala advierte que la norma acusada, tal y como está enunciada, se encuentra en contravía de la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente de las entidades estatales, funciones para cuyo cumplimiento se requiere la creación de los empleos o cargos públicos correspondientes. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo demandado, bajo el entendido de que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las E.S.E para operar mediante terceros, sólo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no pueden llevarse a cabo por parte del personal de planta de las Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos especializados.
Recibo Relatoria   20-4-2012 0:00


Item 164    Expediente   T-3093346    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-172/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ROSA ELENA LOPEZ PARADA VS. SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y OTROS

Tema

Debido proceso, estabilidad laboral reforzada. Tutela contra providencia judicial. Se instaura la acción de tutela en contra de las decisiones de los despachos judiciales que en primera y segunda instancia decidieron un proceso ordinario laboral iniciado por la accionante para reclamar el reintegro al cargo que venía ocupando en la empresa LUMINEX S.A., así como el pago de los salarios, indemnizaciones y licencia de maternidad dejados de cancelar, cuando fue despedida de la empresa aunque se encontraba en estado de embarazo. Las autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones de la demanda, argumentando que el despido no fue discriminatorio porque no se informó al empleador el estado de gravidez de la peticionaria, en forma idónea y antes de ser despedida. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el defecto sustantivo, el defecto fáctico y el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres embarazadas. Se concluye que, los fallos atacados desconocieron los derechos fundamentales de la accionante porque a pesar de encontrarse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para reconocer el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la trabajadora en embarazo, no aplicó las consecuencias de la norma en mención, debido a una interpretación constitucionalmente errónea de los medios de convicción disponibles en el proceso, particularmente, en relación con el requisito de que el empleador conociera el estado de embarazo de la actora, previo su despido. Se CONCEDE, se dejan sin efectos las decisiones judiciales dictadas dentro del proceso ordinario laboral y se ordena al despacho de primera instancia, proferir una nueva sentencia acorde con los parámetros de valoración probatoria constitucionalmente aceptables.
Recibo Relatoria   29-5-2012 0:00


Item 165    Expediente   T-3018585 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-173/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ADRIANA MARIA AGUIRRE RENTERIA Y OTROS VS. SALUDCOOP E.P.S Y OTROS

Tema

Salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los cuatro casos estudiados se da una situación particular en la que a los peticionarios les fue ordenado por parte de sus médicos tratantes la práctica de diferentes exámenes médicos, terapias de recuperación o rehabilitación, servicios especializados que debían ser suministrados en lugares diferentes a su lugar de residencia, por lo que solicitaron a sus respectivas E.P.S. que autorizaran los procedimientos ordenados y que asumieran los costos de transporte y estadía en la ciudad donde debía de ser prestado el servicio de salud requerido. La Sala señala el marco constitucional y legal que regula la prestación del servicio de transporte en relación al goce efectivo del derecho a la salud, al igual que la jurisprudencia constitucional relacionada con el transporte y estadía como medios para acceder a los servicios de salud requeridos por los usuarios del Sistema de Salud y las condiciones que se deben dar para que se autoricen estos servicios a un usuario. Paralelamente hace una referencia al tema de la exoneración de pagos moderadores como el copago y la cuota moderadora y concluye que, tanto SALUDCOOP, como la NUEVA E.P.S y SALUD TOTAL E.P.S. vulneraron el derecho fundamental a la salud de los accionantes, por no autorizar los procedimientos requeridos o por no asumir los costos de transporte y estadía para que el usuario pudiera asistir a la práctica de los mismos. SE CONCEDEN.
Recibo Relatoria   29-5-2012 0:00


Item 166    Expediente   T-2984795    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-174/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA CELMIRA SANCHEZ DE MENDEZ VS. LA NACION, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y OTROS

Tema

Mínimo vital. La demandante consideró que la Gobernación del Tolima vulneró sus derechos fundamentales al proferir un acto administrativo mediante el cual la retiró del servicio activo como docente, por haber cumplido la edad de retiro forzoso, pero sin tener en cuenta que aún no se le había reconocido su derecho a la pensión de vejez, situación que la privó de la única fuente de ingresos que tenía para suplir sus necesidades básicas. Luego de determinar la procedencia de la acción de tutela y de analizar el tema del cumplimiento de la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de empleados al servicio del Estado, la Sala considera que la demandante tiene el derecho a ser reintegrada al cargo que venía ocupando, hasta tanto se resuelva de fondo y en forma aceptable su solicitud pensional. De acuerdo a la anterior consideración, la sala TUTELA el derecho al mínimo vital, pero en virtud a la falta de certeza sobre el derecho prestacional, el amparo se brinda de manera TRANSITORIA.
Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 167    Expediente   T-2966006 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-175/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    HERNANDO MURILLO MURILLO Y OTROS VS. INPEC Y OTRO

Tema

Salud, vida en condiciones dignas, agua potable. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente asunto la Sala de Revisión analiza dos casos en los cuales los peticionarios son personas que se encuentran privadas de la libertad. En el primero de ellos se solicita que se ordene al INPEC y a CAPRECOM E.PS. S, autorizar una cita médica con un especialista para que se valore una dolencia que padece el actor, derivada de unas afecciones en su columna vertebral. Frente a la solicitud impetrada, la E.P.S. S demandada manifestó haber autorizado la cita requerida, pero no la práctica de una resonancia magnética de abdomen que también necesita el actor, por tratarse de un procedimiento no incluido en el POS. En el segundo asunto los peticionarios solicitan que se ordene al INPEC mejorar las condiciones de salubridad y de acceso al agua potable y en tal sentido demandan de manera específica, el mejoramiento de las condiciones de higiene de las baterías sanitarias ubicadas en el patio de reclusión y la modificación del horario de suministro de agua, para que en las noches ellos tengan acceso a ella. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la relación de especial sujeción y el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y CONCEDE el amparo solicitado por los diferentes actores. Así mismo, imparte una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 168    Expediente   T-2916031    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-176/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JULIO ACOSTA USCATEGUI VS. JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTRO

Tema


Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se instaura la acción de tutela en contra de las decisiones adoptadas por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de la mima ciudad, en un proceso ejecutivo hipotecario seguido en contra del actor por parte del Banco AV VILLAS. A través de la acción de tutela se pretende desvirtuar la validez de unos títulos valores que suscribió el demandante con el banco mencionando, alegando que la entidad le hizo reconocer de manera artificiosa unos nuevos pagarés que se constituyeron en la base de ejecución del proceso que se controvierte. A juicio de la Sala, el reclamo constitucional resulta improcedente por cuanto existe la vía ordinaria para refutar la validez de los títulos valores y desplegar todo el acervo probatorio necesario para demostrar la mala fe con la que se afirma actuó la entidad bancaria. En conclusión, se advierte que no se cumplen los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad exigidos por la jurisprudencia constitucional como causales genéricas de la acción de tutela contra providencias judiciales. NEGADA POR IMPROCEDENTE.

Recibo Relatoria   10-5-2012 0:00


Item 169    Expediente   T-2898169    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-177/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ HENAO VS. JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL Y OTROS

Tema

Buen nombre, habeas data. El accionante solicitó al DAS la expedición de un certificado judicial y esa entidad le indicó que a su nombre aparecía una condena penal de 448 meses de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado y, que por dichos hechos, se hallaba una persona con su mismo nombre e identificación recluida en la Penitenciaría de Acacías (Meta). La acción de tutela se interpone en contra de los despachos judiciales que en primera y segunda instancia decidieron el proceso penal y en contra del juzgado de ejecución de penas que hizo efectiva la condena, de quien durante todo el proceso penal se identificó con el nombre y el número del documento de identidad del accionante. Se alega, que dichas autoridades judiciales vulneraron derechos fundamentales del actor, en tanto no advirtieron que se había dado una suplantación de identidad. La Sala precisa que el error evidente que hubo en las providencias atacadas no puede imputárseles a los jueces que las expidieron, porque la función de identificar plenamente a quien cometió el delito debió ser cumplida por la Fiscalía y el GAUL. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a los despachos judiciales accionados que en las sentencias a que haya lugar se deje constancia de que el condenado es persona distinta al peticionario de la presente acción de tutela, información que además deben enviar a las autoridades de seguridad del Estado. De otra parte se ordena a varias autoridades adelantar acciones tendientes a lograr la supresión definitiva de la información que asocia el nombre del tutelante con la comisión del delito de secuestro extorsivo agravado y con la responsabilidad penal que le fue declarada por el mismo hecho delictivo. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   9-5-2012 0:00


Item 170    Expediente   T-2839194 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-178/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    EVELIA ARIAS BORJA Y OTRO VS. JUZGADO SESENTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Tutela contra providencia judicial. En el presente asunto los peticionarios de los dos casos acumulados iniciaron las acciones de tutela en contra de los despachos judiciales que resolvieron, en un caso, el proceso verbal de pérdida de intereses iniciado por la accionante en contra del banco Colpatria Red Multicolor y, en el otro asunto, el procesos ejecutivo hipotecario adelantado por Granahorrar en contra del actor. A juicio de los tutelantes, los fallos demandados incurrieron en una vía de hecho por defectos sustantivo y fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional. Para verificar la ocurrencia de las irregularidades alegadas por los peticionarios como violatorias de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda y a la igualdad, la Sala de Revisión inicialmente entró a determinar si se cumplían los requisitos generales y específicos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo especial énfasis en los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de establecer el cumplimiento del requisito de inmediatez. En el primer expediente se constató el incumplimiento del precitado requisito y se resaltó que el hecho central que motivó la acción de tutela no fue mencionado oportunamente en las instancias del proceso ordinario, razón por la cual se recurrió al amparo como una instancia adicional. En este asunto se declaró la IMPROCEDENCIA de la acción incoada. En el segundo asunto se comprobó el cumplimiento del requisito de inmediatez y de las condiciones básicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas en el curso de procesos ejecutivos. En este caso, se demostró la existencia de una vulneración del derecho al debido proceso del actor y en tal sentido se CONCEDIO el amparo solicitado. De manera concomitante, se dejaron sin efecto las decisiones del proceso ejecutivo hipotecario que ordenaron la venta en pública subasta del inmueble del peticionario y se ordenó la suspensión de la exigibilidad del crédito. De otro lado, se ordenó al banco BBVA informar al actor su situación crediticia y relacionarle los procedimientos de reliquidación y redenominación de créditos frente a los cuales puede formular reclamos, solicitar y presentar pruebas e interponer recursos de acuerdo con las normas legales y la sentencia C-955/2000.
Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 171    Expediente   T-2836627    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-179/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CARLOS ARTURO CLAVIJO PARDO VS. JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad. Tutela contra providencia judicial. Se demanda las decisiones de primera y segunda instancia que dentro de un proceso ordinario laboral iniciado por el accionante en contra de CAJANAL, denegaron las pretensiones del actor en cuanto a la reliquidación de su mesada pensional. Las decisiones judiciales se ampararon en la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de la acción laboral, en tanto el demandante dejó transcurrir más de tres años desde el momento en que la entidad encargada del reconocimiento de su derecho, le negó por primera vez la reliquidación de su mesada pensional. La Sala encuentra que la acción objeto de estudio no cumple con el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios, así como tampoco el de haber acreditado que su presentación se realizó para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, ni con el requisito de inmediatez. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción constitucional.
Recibo Relatoria   16-5-2012 0:00


Item 172    Expediente   T-2879569    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-180/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUZ ANDREA SANA VS. EMBAJADA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN Y OTROS

Tema

Trabajo, estabilidad laboral reforzada. En el presente asunto la accionante fue desvinculada de su trabajo como empleada de servicios generales de la Embajada de la República Islámica de Irán, aún cuando había informado sobre su estado de embarazo a la esposa del embajador. El representante de la misión accionada afirmó que la peticionaria nunca tuvo relación laboral con la embajada, sino con el ex embajador y su esposa, los cuales la contrataron verbalmente para realizar labores de limpieza en la residencia familiar y que dicho funcionario regresó a su país de origen, tras finalizar las funciones diplomáticas por las cuales se encontraba en Colombia. La Corte precisa, a propósito de las vinculaciones labores que realizan las embajadas, que es deber de los agentes diplomáticos, en ejercicio de funciones, respetar las normas de seguridad social que el Estado receptor le impone a los empleadores, cuando se trata de un contrato laboral suscrito con un nacional de dicho Estado. En el caso concreto resalta que el ex embajador omitió su obligación de acatar las normas internas que ordenan a los empleadores vincular a la seguridad social a los trabajadores que les prestan sus servicios y que establecen la protección reforzada a la mujer gestante y que tal omisión, se hizo en ejercicio de su función diplomática como embajador y como jefe de la misión diplomática de la República Islámica de Irán en Colombia, lo que justifica plenamente la vinculación de la embajada al trámite, en armonía con la teoría de la inmunidad restringida en materia laboral. Se CONCEDE y se ordena vincular a la actora a un cargo de igual o similares condiciones al que venía desempeñando al momento de la terminación del contrato laboral, pagarle los salarios dejados de percibir, vincularla al Sistema de Seguridad Social y reconocerle la licencia de maternidad conforme al CST, así como las demás prestaciones sociales a que haya lugar de acuerdo a la legislación colombiana vigente.
NOTA DE RELATORIA: La presente sentencia fue aclarada mediante auto número A167/12, de fecha 24 de octubre de 2012.
Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 173    Expediente   T-2818809    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-181/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JAMES MEJIA CARDENAS VS. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y OTRO

Tema

Mínimo vital, igualdad, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se tiene que el peticionario y su grupo familiar son víctimas de desplazamiento forzado y por tan motivo se encuentran inscritos en el RUPD. Previamente a los hechos que generaron el desplazamiento, el actor contrajo una obligación de carácter hipotecario con el Banco Agrario y tras informar su situación y solicitar a dicha entidad la condonación de la deuda sin obtener respuesta alguna, fue informado que el bien se hallaba embargado en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra. La entidad accionada negó la solicitud de condonación argumentando que su deber es recuperar la cartera vencida y que por ello propuso al demandante suscribir un acuerdo de pago. La Sala de Revisión no sólo analizó la posible vulneración de derechos por parte del Banco Agrario demandado, sino que también determinó que Juzgado que dio trámite al proceso ejecutivo en contra del actor, incurrió en violación de derechos, al continuar con el proceso ejecutivo aún después de conocer la condición de víctima del desplazamiento forzado del accionante. Se reiteró jurisprudencia constitucional relacionada con la aplicación del principio de solidaridad a favor de las personas en situación de desplazamiento forzado para el alivio de obligaciones adquiridas en créditos hipotecarios y, con las causales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, enfatizando el defecto denominado “desconocimiento del precedente” Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario y suscribir un acuerdo de pago en el que se tenga en cuenta las posibilidades económicas del actor y la aplicación del principio de solidaridad.
Recibo Relatoria   10-8-2012 0:00


Item 174    Expediente   T-2777873    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-182/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ASOCIACION NACIONAL DE DESPLAZADOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE COLOMBIA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Mínimo vital, vida en condiciones digna. La accionante, en representación de la Asociación Nacional de Desplazados Indígenas y Campesinos de Colombia –ANDICOL-, aseguró que la mayor parte de los afiliados a la organización que representa son indígenas desplazados, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el RUPD. Alega la vulneración de derechos fundamentales en tanto la entidad accionada no ha entregado de manera integral ni puntual las ayudas humanitarias de emergencia a que tienen derecho sus representados. La accionada argumentó que los afectados debían respetar el turno que les correspondía para el desembolso del subsidio, por cuanto todos los beneficiarios del programa se encontraban en el mismo nivel de vulnerabilidad, y, de manera consecuente, se debía respetar el derecho a la igualdad de todas las personas en situación de desplazamiento. Para decidir el caso la Sala analiza la siguiente temática: 1º. La especial desprotección a que se ve expuesta la población desplazada por la violencia en materia de derechos fundamentales. 2º. La ayuda humanitaria de emergencia para la población en situación de desplazamiento y el derecho a su prórroga. 3º. El derecho a la igualdad de los desplazados en el pago de la ayuda humanitaria de emergencia y sus prórrogas y el deber de la Administración de informar una fecha cierta dentro de un plazo oportuno y razonable. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la demandada informar a los miembros de Andicol, la fecha precisa del desembolso de la ayuda humanitaria o su prórroga, según corresponda. Igualmente le ordena modificar la política de asignación de turnos, tomando en consideración criterios de diferenciación derivados del grado de vulnerabilidad de los beneficiarios, dando prioridad a los sujetos de especial protección constitucional.
Recibo Relatoria   9-5-2012 0:00


Item 175    Expediente   T-2797190    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-183/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOSE GUSTAVO CARDONA BURITICA VS. SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA Y OTRO

Tema

Seguridad social, indexación de la primera mesada pensional, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se aduce que las sentencias proferidas por los órganos de la especialidad laboral constituyen vías de hecho por defecto sustantivo, en cuanto la denegación de la indexación pensional y la posterior declaratoria de cosa juzgada, en contravía con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia constitucional, sobre los derechos a la seguridad social y el reajuste periódico de las pensiones legales. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial y sobre el derecho constitucional a la indexación a la primera mesada pensional o salario base de liquidación. La Sala concluye que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente constitucional y en infracción directa a la Constitución. Se CONCEDE el amparo solicitado, se dejan si efecto las sentencias judiciales acusadas y se ordena al Fondo de Pasivo Pensional de Ferrocarriles de Colombia, liquidar la indexación de la primera mesada pensional del accionante, de acuerdo a la normatividad pertinente y las consideraciones de la presente sentencia y proceder a la cancelación del monto adeudado.
Recibo Relatoria   18-10-2012 0:00


Item 176    Expediente   T-2789376    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-184/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LIZA MARIA MARIN OCAMPO VS. PROSERVIS EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.

Tema


Estabilidad laboral reforzada, igualdad, mínimo vital. En la ejecución de un contrato de trabajo suscrito con la accionada, la demandante quedó en estado de embarazo y los directivos de la empresa le propusieron firmar un acta de transición laboral en la que acordaron suspender dicho contrato hasta la finalización de la licencia de maternidad, mantener los pagos de seguridad social integral y reconocer la licencia de maternidad. Se alega en la demanda de tutela que la precitada acta de transacción laboral adolece de causa y objeto ilícito, porque no le pagaron a la actora derechos ciertos e irrenunciables y porque desconoció el fuero de maternidad. De manera consecuente se solicita que se declare contraria a la Constitución y por ende, ineficaz. La Sala analiza la procedencia de la tutela contra particulares en razón del estado de subordinación o indefensión y los presupuestos que se deben cumplir para que se ampare el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo por vía de acción constitucional. Se señala que, el acta de transacción anteriormente mencionada se constituye una grave violación de los derechos de las mujeres trabajadoras gestantes y que cada una de sus cláusulas desnaturaliza el principio de estabilidad laboral reforzada y es, en sí misma, violatoria del principio de no discriminación. Concretamente establece que, la suspensión del vínculo obliga a la trabajadora a transigir sobre derechos laborales ciertos e indiscutibles y; la terminación del contrato por mutuo acuerdo lesiona, abiertamente el principio de igualdad. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena el reintegro de la accionante, el pago de salarios dejados de percibir por ésta, así como la indemnización prevista en el artículo 239 del CST. De manera particular se advierte al Ministerio de Trabajo para que, en lo sucesivo no se presten para convalidar acuerdos como el referido y analizado en el presente asunto.

Recibo Relatoria   16-5-2012 0:00


Item 177    Expediente   T-3089344    Fecha sentencia   8-3-2012 0:00    Sentencia   T-185/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MILLA ERLA CAICEDO VS. BANCO AGRARIO COLOMBIA

Tema

La demandante interpuso la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna y a la vida, por considerar que estos fueron vulnerados por el Banco Agrario, al negarse a realizar el desembolso del crédito hipotecario que contrajo para pagar parte de una vivienda de interés social, la cual compró gracias a un subsidio familiar que le fuera otorgado por el Fondo Nacional del Ahorro. El Banco accionado se negó a realizar el desembolso bajo el argumento de que la tutelante presentaba una anotación en la CIFIN, pero no tuvo en cuenta que se aportó el respectivo paz y salvo como constancia de que ya había pagado la obligación por la que fue reportada. De igual manera omitió analizar que la actora era madre cabeza de familia, que la constructora no le entregó el inmueble y que necesitaba adquirir una nueva vivienda para salir de la que habitaba, por estar ubicada en una zona de alto riesgo no mitigable. Se concluye que, la negativa del banco fue una actuación injustificada y violatoria de derechos fundamentales de la demandante y en tal sentido se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena reanudar el trámite para hacer efectivo el desembolso del importe del crédito que previamente le fue aprobado.
Recibo Relatoria   16-5-2012 0:00


Item 178    Expediente   T-3256556    Fecha sentencia   9-3-2012 0:00    Sentencia   T-186/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HERNAN MARTINEZ QUINTERO VS. CAJANAL EN LIQUIDACION

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso. El demandante alega vulneración de derechos fundamentales en virtud de la negativa de la Caja Nacional de Previsión Social de reliquidar la pensión de invalidez de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 546 de 1971, que aduce le es aplicable debido a que estuvo vinculado durante varios años a la Rama Judicial. La Sala encuentra IMPROCEDENTE la acción de tutela para definir la solicitud elevada por el actor, por cuanto no se encontraron satisfechos dos de los presupuestos jurisprudenciales establecidos para la procedibilidad de esta acción constitucional en materia de reliquidación pensional.
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 179    Expediente   T-3261677    Fecha sentencia   9-3-2012 0:00    Sentencia   T-187/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    SARA MARIA BURBANO PORTILLO COMO AGENTE OFICIOSA DE SU PADRE PARMENIDES ANTOLIN BURBANO BRAVO VS. ASMET SALUD E.P.S Y OTRO

Tema

Salud y vida diga. La acción de tutela se interpone a favor de una persona de sesenta y nueve años de edad, quien pertenece al régimen subsidiado de salud – SISBEN 1- y está afiliado a la E.P.S. ASMET SALUD. A juicio del actor, las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales de su progenitor, al no autorizarle la implantación de un esfínter artificial que ordenó su médico tratante, para solucionar la incontinencia urinaria severa que padece como consecuencia de la prostactectomía a la que fue sometido. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Requisito de inmediatez en la presentación de la acción de tutela y sus excepciones y, 2º. Los requisitos jurisprudenciales para conceder por medio de tutela servicios médicos no incluidos en el POS, con especial referencia a los casos de personas con incontinencia urinaria severa. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la E.P.S. demandada realizar y autorizar todas las gestiones y procedimientos necesarios para que el cirujano urólogo determine la procedencia actual de la colocación del esfínter artificial que se le prescribió al paciente y de ser procedente la misma, efectuar y autorizar todas las gestiones y procedimientos necesarios para que dicha intervención se realice en el menor tiempo posible, según la indicación médica.
Recibo Relatoria   26-4-2012 0:00


Item 180    Expediente   T-3257343    Fecha sentencia   9-3-2012 0:00    Sentencia   T-188/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    BELIA ENITH MESA MARTINEZ VS. MUNICIPIO DE AMALFI Y OTRO

Tema

Dignidad humana, vida, acceso a servicios públicos, igualdad. Se presenta la acción de tutela en contra del municipio de Amalfi (Antioquia) y Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P., en tanto insisten en negarle a la accionante el suministro de agua potable, por no contar la vivienda que habita con una solución de vertimiento de las aguas residuales. La accionada justifica su decisión en el incumplimiento de los requisitos contenidos en la norma, particularmente el referente a tener solución de la disposición final de las aguas servidas, es decir, contar con el servicio de alcantarillado, pozo séptico o presentación de documentos de autorización para verter éstas en un caño cercano. A fin de resolver el asunto la Sala se pronuncia sobre el concepto y fundamento del derecho fundamental al agua y sobre las obligaciones estatales en materia de prestación de este servicio, de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la entidad territorial accionada que instale un pozo séptico para solucionar el problema del vertimiento de las aguas residuales, momento en el cual la Empresa de Servicios públicos demandada deberá proceder a suministrar el servicio de agua potable en la vivienda de la actora.


Recibo Relatoria   26-4-2012 0:00


Item 181    Expediente   D-8685    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   C-242/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE ANTONIO DURAN ARIZA VS. LEY 472 DE 1998, ARTICULOS 55 Y 65 PARCIALES

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 55 y 65 (parciales) de la Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Los apartes demandados regulan temas de la acción de grupo relacionados con la integración al grupo y el contenido de la sentencia. Para el actor, las expresiones demandadas son violatorias de la Constitución en tanto contradicen el diseño constitucional de las acciones de grupo, la realización de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, lesionan el principio de solidaridad, el de igualdad, la prevalencia del derecho sustancial, la efectividad de los derechos, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la propiedad, los derechos adquiridos y los valores fundantes de un orden político, económico y social justo. La Sala considera que los textos demandados se ajustan a la Constitución en sus artículos 88 y 229 superiores, pues se tratan de requisitos y términos procesales que regulan las acciones de grupo, respecto de cuyo ámbito le asiste al Legislador un amplio margen de configuración en la materia. Así mismo, advierte que las regulaciones establecidas en ellos constituyen medidas que superan el test de proporcionalidad, al cumplir una finalidad constitucional, ser idóneas y necesarias para tal fin y, al ser proporcionales en sentido estricto. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los textos acusados.
Recibo Relatoria   19-6-2012 0:00


Item 182    Expediente   T-2715894    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   SU.189/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV LEVS, SV MVCC, SV JCHP
Demandante / Demandado    MANUEL ANTONIO CHIVATA BARRETO VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Tema

Seguridad Social, mínimo vital. Sentencia de Unificación. El accionante perteneció a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle por más de diez años y luego se retiró de la misma y del sacerdocio en general y se dedicó a trabajar en diferentes instituciones educativas como docente. Llegado el momento de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, acudió a la Secretaría de Educación de Cundinamarca y al ISS para hacer efectivos sus derechos, pero dichas entidades le negaron la prestación bajo el argumento de no cumplir con el número de semanas cotizadas requeridas para acceder a la misma. El actor alega que si se incluye el período que en el que se desempeñó como docente con la comunidad religiosa de la Salle, cumpliría claramente los requisitos. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la siguiente temática: 1º. El requisito de inmediatez. 2º. La procedencia de la acción de tutela para el amparo del derecho a la seguridad social en lo que respecta al reconocimiento de la pensión de vejez. 3º. Los requisitos para obtener la pensión de jubilación dentro del régimen aplicable al magisterio y 4º. La pensión de retiro por vejez según el Decreto 3135 de 1968. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la Secretaría de Educación de Cundinamarca expedir un nuevo proyecto de resolución en el cual reconozca la pensión de retiro por vejez que tiene derecho el demandante, de acuerdo con los tiempos de servicios que se encuentran debidamente acreditados y de manera posterior, expedir la resolución que reconozca y pague la precitada prestación.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 183    Expediente   T-2466047    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   SU.195/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SPV JIPC
Demandante / Demandado    SANDRA ARABELLA VELASQUEZ SALCEDO VS. SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. La acción de tutela se interpone en contra de la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se impuso a la accionante la pena de setenta y cuatro meses de prisión e inhabilitación de derechos y funciones públicas por noventa meses, al encontrarla penalmente responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso, cometido en concurso homogéneo. El proceso penal se inició por unos hechos en los cuales la accionante, en ejercicio de sus funciones de Representante a la Cámara, ordenó la creación de unos documentos públicos dirigidos a la Fuerza Aérea Colombiana invocando su calidad de primera vicepresidenta de la Corporación, los que fueron firmados con su nombre por instrucción de la propia congresista. . Estima la accionante, que la precitada sentencia incurrió en diversos defectos como: 1º. Violación directa de la Constitución porque no se le permitió ejercer el derecho de impugnar la sentencia, además por la concentración de funciones de instrucción y juzgamiento en un solo órgano judicial. 2º. Sustancial, al haber aplicado el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 sobre aumento de penas, cuando tal disposición sólo resulta vigente para los procesos que se adelantan por la Ley 906 de 2004 y, no respecto del juzgamiento de los congresistas, el cual se debe guiar por los presupuestos de la Ley 600 de 2000 y, 3º. Fáctico, por indebida valoración probatoria en razón a que la accionante no fue la autora jurídica de los documentos dirigidos a la FAC, que fueron tachados de falsos. Se alega en la tutela, que la sentencia demandada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la participación política, al buen nombre y a la honra. La Corte determinó que, en coincidencia con la postura recientemente adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no hay lugar a la aplicación del aumento de las penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en los procesos de fuero constitucional regidos por la Ley 600 de 2000. Igualmente, estableció que no se configuraron los defectos sustantivos y fácticos aducidos por la peticionaria y en tal sentido, decidió revocar la sentencia proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar NEGAR el amparo solicitado. De otra parte y dado el cambio de jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió remitir la actuación a dicha Corporación para que adopte la decisión que corresponda en lo referente a la aplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2009.
Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 184    Expediente   T-3249237    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   T-150/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ANA MARIA ZULUAGA DE ZULUAGA VS. COMFAMA E.PS.S Y OTRO

Tema

Seguridad social. La demandante es una persona de 85 años de edad que se encuentra afiliada al régimen subsidiado en el nivel II del Sisben, específicamente vinculada a COMFAMA E.P.S.S.. A raíz de las diferentes patologías que padece, principalmente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), su médico tratante le ordenó tener oxígeno domiciliario las 24 horas del día y éste servicio fue solicitado al Comité Técnico Científico. Pese a lo anterior la E.P.S S accionada indicó que dicho requerimiento sólo podía prestarse si se efectuaba el pago del copago correspondiente. Para la actora el valor del copago que le fue cobrado supera los límites que admite la ley y solicita sea exonerada de éste y de las cuotas moderadoras, en razón a que no está en capacidad económica de asumirlas. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad, la naturaleza jurídica de los copagos y de las cuotas moderadoras y las hipótesis en las que cabe su exoneración, se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a COMFAMA E.P.S. S exonerar a la actora de las cuotas moderadoras y copagos que se le han venido exigiendo para acceder a los servicios de salud que necesita.
Recibo Relatoria   27-6-2012 0:00


Item 185    Expediente   T-3234398    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   T-151/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    WALDINA RODRIGUEZ DE CRUZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se interpone la acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, en tanto le negó a la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de su hijo fallecido, por considerar que no dependía económicamente del mismo. Frente a la negativa del ISS la accionante inició proceso ordinario laboral en el cual las instancias de decisión fallaron a su favor, pero la Corte Suprema al conocer del recurso de casación interpuesto por el ISS, decidió revocar estos fallos y en su lugar negar el reconocimiento de la prestación, al encontrar que los jueces de instancia incurrieron en un error al estimar los medios probatorios que sustentaban la dependencia económica alegada. Frente a esta decisión, la actora interpuso una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales al desconocer la normativa y jurisprudencia aplicable al caso. La Corte Suprema denegó las pretensiones de la tutela y al ser impugnada esta decisión, la Sala Civil de dicha Corporación declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó el archivo del proceso. La Corte Constitucional conoció dicho asunto en virtud de lo establecido en el Auto 100 de 2008 y frente al mismo decidió no seleccionarlo para revisión. De manera posterior, la accionante presentó una nueva tutela en contra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del ISS por los mismos hechos y tras el correspondiente trámite, se decidió excluir de revisión dicho expediente. En la presente acción de tutela se vuelve a presentar la misma pretensión, pero la Sala concluye que el proceder de la actora no se constituye en una actuación temeraria, toda vez que el mismo no fue fruto del dolo o la mala fe sino que obedeció a las especiales circunstancias que la rodean. Pese a lo anterior, se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, como quiera que sobre la controversia en torno al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor operó el fenómeno de la cosa juzgada.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 186    Expediente   T-3180787    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   T-190/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO VS. GASEOSAS DEL HUILA S.A. Y OTRO

Tema

Se interpone la acción de tutela en contra de la Empresa de Gaseosas del Huila, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, a la seguridad social, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, en virtud del despido del accionante a pesar de padecer una incapacidad parcial permanente, producto de un accidente laboral. Se solicita el reintegro y el pago de las incapacidades pendientes. La Sala concluye que las personas que han sufrido un accidente de trabajo y como consecuencia de él tienen una mengua en su estado de salud, tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, aún cuando no tenga una calificación porcentual de invalidez. Este presupuesto es la base para determinar que el despido no puede obedecer a argumentos netamente legales, como el despido sin justa causa, pues su condición de salud los convierte en sujetos de especial protección constitucional y, en consecuencia, deben buscarse alternativas de inclusión y continuidad en el empleo, mediante la reubicación y respectiva orientación y capacitación en el nuevo lugar de trabajo y, de no ser posible por factores objetivos, es imperativo solicitar autorización previa al Ministerio del ramo y realizar el pago de indemnización respectiva. SE CONCEDE LA TUTELA DE MANERA TRANSITORI.
Recibo Relatoria   17-9-2013 0:00


Item 187    Expediente   T-3242537    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   T-191/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ORLANDO QUIROZ RANGEL VS. INDUSTRIAS METALICAS PEDRO A. MENDEZ

Tema

Estabilidad laboral reforzada, seguridad social, igualdad. La acción de tutela se interpone contra la empresa Metálicas Pedro A. Méndez, por una actuación relacionada con el despido unilateral y sin justa causa del accionante, mientras éste se encontraba en incapacidad y tratamiento médico ordenado con posterioridad a un accidente laboral. Las pretensiones de la demanda están orientadas a que se imparta la orden de afiliar al actor al Sistema General de Seguridad Social, así como su reintegro laboral y el pago de las prestaciones sociales causadas. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con la protección al trabajador discapacitado o afectado con limitación, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   26-10-2012 0:00


Item 188    Expediente   T-3249494    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   T-192/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO VS. AGRICOLA GUACARI LTDA

Tema

Estabilidad laboral reforzada, seguridad social. Se interpone la acción de tutela para buscar la protección de derechos fundamentales vulnerados por la Agrícola Guacarí Ltda., en tanto dio por finalizada la vinculación laboral suscrita con el actor, bajo el argumento de la terminación de la empresa y la firma de un acuerdo para finiquitar el contrato por mutuo acuerdo, sin que en dicha actuación se tuviera en cuenta la existencia de un diagnóstico previo de dos enfermedades profesionales que le generaban limitaciones físicas permanentes y de encontrarse con recomendaciones médicas para trabajar. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta en razón a limitaciones físicas y 2º. Improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral, salvo que se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada. La Corte considera que se está ante un caso en el cual los empleadores recurren a acosos laborales, hostigamientos, presiones y tratos discriminatorios con el fin de obligar a un trabajador a renunciar ignorando así las normas que sobre protección reforzada le son aplicables a las personas con alguna discapacidad o incapacidad probada en el proceso. Se CONCEDE la tutela impetrada y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.


Recibo Relatoria   24-10-2012 0:00


Item 189    Expediente   T-3242080    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   T-193/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    SOCIEDAD CI LUBRIVEN SAS VS. JEFE DE LA OFICINA DE INSPECCION Y COMISARIAS DE BARRANQUILLA

Tema

La Sociedad C.I. Lubriven S.A.S. interpuso la acción de tutela contra el jefe de la Oficina de Inspección y Comisaría del Distrito de Barranquilla, alegando la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, al expedir un acto administrativo con el que se revivió un proceso policivo que había concluido, dando trámite a un recurso de apelación inexistente y a una revocatoria directa improcedente. La Sala se pronuncia sobre las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción tutela contra actos de las autoridades de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, haciendo énfasis en el defecto procedimental y decide DENEGAR el amparo solicitado, por no presentarse la violación alegada y por no ser la actuación del operador jurídico contraria a la Constitución Política.
Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 190    Expediente   T-3251517    Fecha sentencia   12-3-2012 0:00    Sentencia   T-194/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FELICIDAD RAMIREZ VS. CAJANAL

Tema

Seguridad social, mínimo legal. La accionante solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia, en calidad de beneficiaria de su hermana fallecida y la entidad negó la prestación, alegando la falta de los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto 1160 de 1989 para ser beneficiaria de la sustitución pensional, al no acreditar encontrarse en estado de invalidez. La Sala descarta en el presente caso la legitimación por activa pretendida por el abogado de la peticionaria para representar sus intereses y, por tal motivo, se abstiene de pronunciarse de fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela impetrada.
Recibo Relatoria   30-10-2012 0:00


Item 191    Expediente   LAT-371    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   C-196/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV JIPP, SV NPP, SV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1458 DE 2011 Y DEL CONVENIO INTERNACIONAL QUE INCORPORA VS.

Tema

Revisión de Constitucionalidad de la Ley 1458 de 2001 “Por la medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 2006” y, del convenio internacional que incorpora. La Corte reiteró los criterios jurisprudenciales concernientes a la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, precisando que en el caso del convenio internacional de maderas tropicales no se requería de dicha consulta, pero que sí resulta obligatoria en relación con las medidas legislativas, administrativas, acciones, planes, programas, proyectos u otras tareas emprendidas en el marco de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales que afecten directamente una o más de tales comunidades. Tanto la Ley 1458 de 2001 como el Convenio internacional que incorpora el convenio se declaran EXEQUIBLES, pero con declaración interpretativa al momento de manifestarse el consentimiento del Estado colombiano.


Recibo Relatoria   14-6-2012 0:00


Item 192    Expediente   D-8533    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   C-197/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JAIRO JOSE ARENAS ROMERO VS. LEY 1438 DE 2011, ARTICULO 52.1

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 52-1 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que la norma acusada desconoce artículos de la Constitución Política, en tanto limita sin justificación, la posibilidad de celebrar contratos de pago por capitación entre EPS e IPS o profesionales, lo que afecta la eficiencia del sistema general al contemplar que en adelante solamente se podrá acudir a esta modalidad contractual para los servicios médicos de baja complejidad. La Sala considera que el precepto acusado no desconoce los artículos 49 y 333 superiores, porque si bien implica una limitación de la libertad de empresa de las EPS e IPS, se trata de una limitación proporcionada y, porque en lugar de afectar la eficiencia del sistema, la promueve. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 193    Expediente   D-8667    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   C-198/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    PEDRO ENRIQUE SARMIENTO PEREZ VS. LEY 1430 DE 2010, ARTICULO 50

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 50 de la Ley 1430 de 2010. “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, que adiciona el parágrafo 1º del artículo 366-1 del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario). El actor alega que el artículo acusado vulnera los derechos a la igualdad y a la libre competencia económica, así como los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario. Igualmente censura la inaplicación de la excepción de retención en la fuente prevista para ingresos provenientes del exterior, constitutivos de renta de exportación de bienes, la cual contempla el establecimiento por el Gobierno Nacional, de una tarifa de retención no superior al 10% del respectivo pago o abono en cuenta para ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros. La Corte no encuentra que la norma haya vulnerado los derechos y principios materia de análisis y, en tal sentido, declara la EXEQUIBILIDAD del artículo acusado.
Recibo Relatoria   30-4-2012 0:00


Item 194    Expediente   LAT 375    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   C-199/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1462 DE 2001, POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO BILATERAL PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1462 de 2011, por la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China. La Corte concluye que, tanto el precitado acuerdo bilateral como su ley aprobatoria resultan ajustados a la Constitución y en tal sentido los declara EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   11-5-2012 0:00


Item 195    Expediente   D-8682    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   C-200/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DAVID CASTELLANOS CARREÑO VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 7 PARCIAL.

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 7 (parcial) de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se adicionó un numeral 5 al artículo 26 de la ley 43 de 1990. La norma acusada dispone que, cuando el contador se desempeñe como revisor fiscal, no procederá alegar la existencia del secreto profesional para exonerarse de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo. A juicio del demandante, la disposición acusada desconoce los artículos 74 y 29 de la Constitución, en cuanto se contraviene lo dispuesto por el constituyente respecto a la inviolabilidad del secreto profesional y desconoce el debido proceso de los supuestos denunciados, en razón a que sin un procedimiento previo, se les imputaría la realización de un delito por parte del revisor fiscal. La Sala no encuentra que el precepto demandado infrinja mandato constitucional alguno y en tal sentido declara su EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados en la presente providencia.


Recibo Relatoria   17-5-2012 0:00


Item 196    Expediente   T-3262564    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   T-201/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    RAUL AURELIO GUERRERO MALDONADO VS. SALA LABORAL DEL TIRBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA Y OTRO

Tema

Tutela contra providencia judicial. El accionante es un sacerdote que a través de apoderada instaura la acción de tutela en contra de las sentencias que dentro de un proceso ordinario laboral, no concedieron la pretensión de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez negada por el Instituto de Seguros Sociales. La prestación se había solicitado al Instituto argumentando el cumplimiento del requisito de 500 semanas de cotización en los últimos veinte años anteriores a cumplir la edad requerida y reclamando la aplicación de una regla jurisprudencial usada por la Corte Constitucional para casos similares. Los precitados fallos fueron acusados de vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, por no dar cabal aplicación al principio de favorabilidad, no respetar el precedente jurisprudencial y no tener en cuenta las especiales circunstancias del demandante, en razón de su avanzada edad, su estado de salud y la condición de tener a cargo a su progenitora. La Sala estableció que los despachos judiciales accionados no actuaron de forma grosera o arbitraria y que por el contrario, cumplieron los presupuestos de razonabilidad y sustentación que se les exige, siguiendo el debido proceso. De igual manera indicó que no se desconoció el precedente jurisprudencial recordado por la parte actora, en tanto no era de aplicación al caso concreto, debido a la variación de los supuestos fácticos planteados, ya que la aplicación de dicha línea solo se ha usado para conceder pensiones con base en cotizaciones realizadas durante mil semanas. SE NIEG.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 197    Expediente   T-3265333    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   T-202/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA DEL ROSARIO VERGARA RODRIGUEZ EN REPRESENTACION DE SU HIJA ANGELA GABRIELA RODRIGUEZ VERGARA VS. ASOCIACION PUBLICA DE FIELES NAZARENAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y OTROS

Tema


Salud. En el presente caso los hechos analizados por la Sala de Revisión tienen que ver con la existencia o violación del derecho a la salud de una menor de edad que padece una enfermedad respiratoria crónica y que se encuentra en hospitalización domiciliaria para el manejo y tratamiento de la patología. La causa de la posible vulneración es la autorización y ejecución de unas obras de infraestructura física en el Colegio Hogar Nazareth, el cual se encuentra ubicado cerca de la vivienda que habita la menor y que afectan las condiciones especiales de asepsia y ausencia de polución para garantizar la salud de la niña. La institución accionada aduce que las obras son legales y necesarias para cumplir con un fin constitucional legítimo como es el derecho a la educación y la integridad física de los estudiantes del colegio. La Sala se refiere a los siguientes asuntos: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra particulares en el caso en el que el amparo es presentado con el objeto de proteger los derechos fundamentales de un niño, niña o adolescente. 2º. Procedencia de la acción de tutela en casos relacionados con el régimen urbanístico. 3º. Derecho fundamental a la salud de los niños, como sujetos de especial protección constitucional y 4º. Amenaza o violación del derecho a la salud de los niños, a causa de la autorización y ejecución de una obra. Se TUTELA el derecho a la salud de la menor y se ordena a la accionada gestionar el traslado de la menor a un domicilio transitorio, mientras duran las obras del colegio y en caso de no cumplir dicha disposición, se deberá suspender la ejecución de la obra hasta tanto se haga efectivo el traslado.

Recibo Relatoria   26-7-2012 0:00


Item 198    Expediente   T-3265327    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   T-203/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MIRIAM INES FUQUEN PEREZ COMO AGENTE OFICIOSA DE IVETH FUQUEN FUQUEN VS. FAMISAR E.P.S.

Tema

Vida digna, salud. La accionante, en calidad de agente oficiosa de su hija de 19 años de edad, la cual padece de parálisis cerebral, interpone la acción de tutela en contra de FAMISANAR E.P.S., porque su Comité Técnico Científico no autorizó la entrega de una silla de ruedas con ciertas especificaciones de diseño, que le fuera prescrita a la paciente por parte del fisiatra tratante. La negativa de la ayuda ortopédica tuvo como argumento central la no obligación de hacerlo en virtud de que el Comité Técnico Científico no lo autorizó por estar excluida del POS y porque su ausencia no implicaba un riesgo para la vida de la representada. . Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la fundamentalidad del derecho a la salud, especialmente en lo referido a las personas con discapacidad y con el suministro de servicios excluidos del POS. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena a FAMISANAR E.P.S. entregar la silla de ruedas prescrita a la paciente, así como la autorización y prestación de los demás exámenes, terapias, medicamentos y tratamientos necesarios para manejar la enfermedad que padece de manera integral, exonerándola del pago de las cuotas moderadoras y copagos exigidos para acceder a dichos servicios de salud.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 199    Expediente   T-3275969    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   T-204/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SPV NPP
Demandante / Demandado    ARTURO RODRIGUEZ PEDRAZA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR

Tema


Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. El actor inició una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se declaró insubsistente sin ninguna motivación, del cargo de notificador que desempeñó en provisionalidad durante nueve años. En sede de tutela se ataca la decisión de segunda instancia que decidió revocar el fallo de primera instancia, por considerar que la tesis aplicable en el caso particular era la sostenida por el Consejo de Estado, en cuanto a la no necesidad de motivar esa clase de actos administrativos. La Sala reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con los fundamentos constitucionales de la motivación de los actos administrativos, la discrecionalidad relativa y la excepción de motivación de estos actos, la necesidad de motivar los actos que declaran la insubsistencia de funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad y la nulidad de los actos administrativos de insubsistencia que desconocen el deber inexcusable de motivación. Se CONCEDE la protección invocada y se ordena el reintegro del actor al cargo que ocupaba o a uno de igual o superior categoría sin solución de continuidad.

Recibo Relatoria   13-9-2012 0:00


Item 200    Expediente   T-3255611    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   T-205/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    ROBERTO ANTONIO BETTER FLOREZ VS. CREVRON PETROLEUM COMPANY

Tema

El actor considera que la empresa Chevron Petroleum Company ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la especial protección a la persona de la tercera edad y, en tal sentido, pretende con la acción de tutela que se le ordene a esta empresa reconocer el pago de los valores que corresponderían al bono pensional y para el efecto realizar la liquidación actuarial respectiva, de conformidad con lo devengado en el periodo comprendido entre noviembre de 1984 y noviembre de 1993. Así mismo pretende que, el valor resultante se coloque a disposición del ISS y que se vincule como parte a este Instituto. La Sala de Revisión reitera los argumentos relevantes expuestos en la sentencia T-890/11, concretamente los relacionados con los siguientes puntos: 1º. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 2º. Procedencia excepcional de esta acción para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, específicamente las pensionales. 3º. Pensión de los trabajadores del sector privado antes y después de la Ley 100 de 1993 y, 4º. Obligación de las empresas del sector petrolero de inscribir a sus trabajadores en el Instituto de Seguros Sociales. Se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 201    Expediente   T-3244737    Fecha sentencia   14-3-2012 0:00    Sentencia   T-206/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    FARID ARANA ZEA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR

Tema

Debido proceso, igualdad. Tutela contra providencia judicial. El actor presenta la acción de tutela contra la sentencia que revocó la decisión del juez administrativo que aceptó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, incoada en contra del acto administrativo que declaró insubsistente su nombramiento, sin que el mismo estuviese debidamente motivado. El accionante considera que la decisión del Tribunal demandado incurrió en un defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que dicha autoridad judicial no aplicó la regla jurisprudencial que establece la obligación de motivar los actos mediante los cuales se declara insubsistente los nombramientos de provisionales. El accionado adujo que se acogió a la tesis del Consejo de Estado según la cual los actos administrativos mediante los cuales se desvincule personal que haya sido nombrado en provisionalidad no deben ser motivados, si no fueron expedidos durante la vigencia de la Ley 909 de 2004 y, que en el presente caso, la resolución atacada se profirió en diciembre del 2001. La Sala concluye que el fallo acusado incurrió en la causal de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales por desconocimiento del precedente constitucional y en tal sentido CONCEDE el amparo solicitado y deja sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ordenando que se profiera una nueva decisión dentro del mismo asunto, en la cual se tengan en cuanta las consideraciones hechas en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 202    Expediente   T-3244776    Fecha sentencia   15-3-2012 0:00    Sentencia   T-207/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    HELENA DEL CARMEN SALCEDO MARTINEZ Y OTRA VS. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. VINCULADO EL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE EL CARMEN DE BOLIVAR

Tema

Mínimo vital y móvil. Las accionantes son dos hermanas que fueron desplazadas por la violencia de su lugar de residencia en el municipio de El Carmen de Bolívar, viéndose imposibilitadas para continuar con el pago de un crédito que adquirieron con el Banco Agrario de Colombia. Luego de solicitar en varias veces a la entidad financiera la reformulación del crédito, ésta se negó a hacer la renegociación y procedió a presentar demanda ejecutiva en su contra. La Sala de Revisión luego de comprobar la procedencia de la acción de tutela y de constatar que la entidad bancaria incurrió en una flagrante vulneración de derechos fundamentales a las demandantes, al no reconocer el deber de solidaridad que ante la población desplazada se exige, CONCEDE el amparo solicitado y de manera simultánea deja sin efectos la decisión judicial tomada dentro del proceso ejecutivo y ordena al accionado realizar un acuerdo por medio del cual se reformule el crédito a la luz de las reiteradas reglas jurisprudenciales que se destacan en el presente fallo. Así mismo, exhorta a los despachos judiciales vinculados al proceso, que en futuras ocasiones en que deban fallar sobre casos con hechos similares al presente, reconozcan y apliquen la jurisprudencia que sobre el tema ha fijado la Corporación. Al Banco Agrario lo exhorta para que establezca una política integral de mecanismos de crédito, alivios, subsidios o cualquier otro que exista para la atención y manejo de créditos en cabeza de personas desplazadas, en consonancia con la jurisprudencia constitucional precitada.
Recibo Relatoria   15-6-2012 0:00


Item 203    Expediente   T-3271303    Fecha sentencia   15-3-2012 0:00    Sentencia   T-208/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA CRISTINA JIMENEZ FERNANDEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Petición, mínimo vital, seguridad social. La accionante presentó solicitó de pensión ante el Instituto de Seguros Sociales y esta petición no tuvo respuesta. De manera posterior solicitó explicación al Coordinador de Seguridad Social del municipio de Cali sobre inconsistencias presentadas en su historia laboral, quien respondió que las mimas podían ser consecuencia de unos problemas presentados entre la entidad territorial y el ISS para concordar cuentas. Aduce adicionalmente la actora, que se le diagnosticó cáncer de seno, que no tiene recursos económicos para soportar su enfermedad, que se encuentra desempleada y que requiere su pensión de vejez. La Sala analiza los siguientes temas: 1º. Derecho de petición en materia pensional. 2º. Procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez. 3º. Los principios de la buena fe y la confianza legítima y la teoría del acto propio dentro del ordenamiento jurídico colombiano y, 4º. El amparo definitivo y retroactivo en materia de acción de tutela. Se CONCEDE no sólo el derecho de petición, sino también los derechos al mínimo vital y a la seguridad social. Se ordena al ISS reconocer y pagar la pensión de vejez reclamada por la actora y se requiere a este instituto y a la Alcaldía de Cali, para que, si no lo han hecho, realicen un cruce de cuentas y se paguen los valores correspondientes a cotizaciones atrasadas y/o bono pensional de la accionante.
Recibo Relatoria   31-1-2013 0:00


Item 204    Expediente   T-3263918    Fecha sentencia   15-3-2012 0:00    Sentencia   T-209/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    JOSE IGNACIO SANCHEZ CARDENAS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social, mínimo vital. En el presente caso el ISS le niega al accionante el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, bajo el argumento de que el afiliado no cotizó cincuenta semanas dentro de los seis años anteriores a la declaratoria de invalidez. El instituto accionado no tuvo en cuanto que el peticionario padece una enfermedad degenerativa, conservó su capacidad laboral y continúo aportando al sistema por varios años y que la fecha de estructuración de la invalidez se fijó en forma retroactiva. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales y sobre la fecha de estructuración del estado de invalidez para personas que padecen una enfermedad crónica degenerativa. Se concluye que el ISS vulneró derechos fundamentales al no reconocer el derecho a la pensión de invalidez del demandante, a pesar que éste cotizó las semanas mínimas requeridas entre la fecha señalada como de estructuración de la invalidez y la fecha en que perdió su capacidad laboral de manera permanente y definitiva y dejó de cotizar al Sistema. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 205    Expediente   T-3259569    Fecha sentencia   15-3-2012 0:00    Sentencia   T-210/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANA BENIGNA RIVERA TOVAR VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema


Seguridad social. La accionante interpuso la acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, por considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales al negarle la pensión de vejez bajo el argumento de no cumplir con el número mínimo de semanas requeridas para el reconocimiento de esta prestación. A juicio de la actora, no se tuvo en cuenta cerca de quince meses cotizados como independiente, porque no pudo acreditar aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud durante ese mismo período de tiempo. En sede de revisión la actora informó a la Sala que el ISS le reconoció la pensión reclamada y en tal sentido, luego de pronunciarse sobre la vulneración de derechos fundamentales con la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución y la Ley para el reconocimiento de derechos pensionales , se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.

Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 206    Expediente   T-3257957    Fecha sentencia   15-3-2012 0:00    Sentencia   T-211/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    FILIBERTO MANUEL ZABALETA MIELES VS. SOCIEDAD VALE COAL COLOMBIA LTDA

Tema

Estabilidad laboral reforzada. El demandante instauró la acción de tutela en contra de la Sociedad Vale Coal Ltda., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales en tanto le terminó su contrato laboral sin solicitar autorización de la oficina de trabajo, a pesar de estar incapacitado por un accidente frente al cual fue calificado por la respectiva ARP, con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral permanente parcial. Los jueces constitucionales de instancia declararon la improcedencia del amparo, argumentando que la acción de tutela no cumplía con el requisito de inmediatez, ni con el presupuesto de subsidiariedad. La Sala recuerda que quienes sean titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada se benefician de dos normas de carácter fundamental vinculadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a las garantías de la Carta. En primer lugar, de la prohibición que pesa sobre el empleador de despedir o terminar su contrato de trabajo a una persona limitada por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo y, en segundo lugar, de la obligación del juez de presumir el despido discriminatorio, cuando una persona en circunstancias de debilidad manifiesta es desvinculada del empleo sin la mencionada autorización. Se CONCEDE la protección solicitada, se ordena el reintegro del demandante y se ordena a la empresa accionada pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar desde la fecha del despido, al igual que cancelar los aportes al Sistema General de Seguridad Social y la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Se advierte que, en el evento en que continúen las circunstancias de debilidad manifiesta, la vinculación del actor sólo podrá terminarse previa autorización del inspector de trabajo.
Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 207    Expediente   T-3199440    Fecha sentencia   15-3-2012 0:00    Sentencia   T-212/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    ICFES VS. JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE POPAYAN Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El ICFES presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, al considerar que dichas autoridades judiciales al decidir y confirmar una acción de reparación directa instaurada en su contra, desconocieron en forma amplia el orden legal vigente al dar por cierto un daño sin fundamento probatorio alguno. La Sala de Revisión luego de comprobar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, establece que las autoridades demandadas violaron el derecho al debido proceso constitucional de la accionante, al haber condenado a dicha entidad a pagar un daño moral probado precariamente, en un monto significativo no justificado. Se concluye además que, las accionadas no sólo incurrieron en un defecto fáctico, sino que desconocieron la jurisprudencia contencioso administrativa según la cual, el juez, en este tipo de decisiones, debe encontrar sustento en su buen juicio, el cual debe estar enmarcado dentro de los límites de la racionalidad y la razonabilidad. CONCEDID.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 208    Expediente   T-3206395    Fecha sentencia   16-3-2012 0:00    Sentencia   T-213/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SOCIEDAD RECUPERADORA Y COBRANZAS S.A. RYC S.A. VS. SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA

Tema

Debido proceso. Tutela contra sentencia judicial. En una demanda ejecutiva mixta de mayor cuantía para el cobro de una acreencia contenida en un pagaré, la ejecutada incurrió en mora de cancelar las cuentas de intereses y en consecuencia se aceleró el plazo para recaudar forzosamente la totalidad de la obligación. La ejecutada propuso la excepción de prescripción de la acción cambiaria y la sociedad ejecutante aportó pruebas tendientes a establecer que dicha prescripción se interrumpió naturalmente por el reconocimiento de la deuda y el ofrecimiento de una dación en pago que hiciere la empresa deudora. El juzgado de primera instancia dictó sentencia declarando no probadas las excepciones de mérito y ordenando seguir adelante con la ejecución. Por su parte, el Tribunal accionado decidió el recurso de apelación y al revocó la decisión declaró probada la excepción de prescripción cambiaria propuesta por la ejecutada. Se aduce en la acción de tutela, que la decisión del Tribunal incurrió en defecto fáctico por vía negativa, en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y por inaplicación de reglas probatorias, en defecto sustantivo por inaplicación consecuencial de las reglas de derecho civil sobre la interrupción natural de la prescripción extintiva de la acción cambiaria y en desconocimiento del precedente judicial. Luego de verificar los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y de desarrollar el tema del valor probatorio de los documentos privados aportados en copia dentro de un proceso judicial, así como la importancia del poder oficioso que en materia probatoria detenta el juez civil cuando existen dudas sobre la autenticidad de tal copia, la Sala concluye que el demandado incurrió en diferentes irregularidades probatorias y procesales que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad accionante. Se decide CONCEDERel amparo solicitado.


Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 209    Expediente   T-3231960    Fecha sentencia   16-3-2012 0:00    Sentencia   T-214/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL VS. SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. A través de la acción de tutela se pretende controvertir algunas decisiones adoptadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación y juicio seguidos en contra del actor, bajo el argumento de que en ellas se incurrió en un defecto procedimental derivado de irregularidades procesales que se concretaron en la omisión en la práctica de pruebas, la incorporación de una prueba supuestamente ilegal, la falta de motivación en decisiones relativas a dicha incorporación y en la solución a un recurso de reposición interpuesto por la apoderada del acusado. La Sala reiteró jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y se refirió específicamente a los defectos procedimental, fáctico y de ausencia de motivación. se concluye que, en el presente caso no se configuraron los defectos alegados por el peticionario y en tal sentido se DENIEGA la solicitud de amparo incoada.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 210    Expediente   T-3262790    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-214A/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ARNOLDO NEIRA PERALTA VS. ISS Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El demandante cotizó para pensiones al ISS durante más de treinta años y de manera posterior radicó solicitud de afiliación a la AFP PROTECCION S.A., la cual no se tramitó, porque le faltaban menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. El actor radicó ante el Instituto de Seguro Social la solicitud de reconocimiento y pago de su pensión de vejez y esta entidad denegó la pretensión, argumentando que el Comité de Multivinculación resolvió que dicho instituto no era el competente para conceder la prestación, sino la AFP PROTECCION. La Sala concluye que, el derecho a la seguridad social se tutela constitucionalmente como derecho fundamental, en cuanto de su reconocimiento y satisfacción depende la realización del mínimo vital de las personas, en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas. En relación a la libre elección de afiliación por parte de los usuarios a cualquiera de los regímenes pensionales legales, recuerda que está limitada para quienes se encuentren a diez años o menos de cumplir la edad para obtener la prestación de vejez. En el caso concreto indica que, como la AFP PROTECCION negó debidamente la solicitud de traslado de régimen pensional al peticionario, la institución que está obligada a reconocer y pagar la pensión de vejez es la administradora a la que estaba vinculado el peticionario al momento de reunir los requisitos legalmente establecidos, esto es, el ISS. Se CONCEDE la tutela y se ordena al accionado atender la solicitud impetrada por el actor, en los términos legales y jurisprudenciales vigentes, haciendo caso omiso del concepto proferido por su Comité de Multiafiliación y, de encontrar que cumple con los requisitos para la pensión de vejez, reconocer este derecho y proceder a la inclusión en la nómina de pensionados.
Recibo Relatoria   26-10-2012 0:00


Item 211    Expediente   T-3261295    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-216/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    RAUL ANDREZ ALZATE TANGARIFE VS. BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS

Tema

Derecho de petición. Se interpone la acción de tutela para solicitar que se ordene al BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. calificar dentro del término legal la pérdida de la capacidad laboral del accionante, con el objeto de conocer su situación jurídica frente al sistema de seguridad social y poder acceder eventualmente a una pensión de invalidez. La Corte precisa que en el caso concreto el derecho vulnerado fue el de petición, pues si bien, al actor se le respondió la solicitud elevada, ésta no agotó su esencia pues no resolvió de fondo lo pedido, de manera que no constituyó un acto completo que se pudiera confutar y ejercer frente a él, las acciones correspondientes. Se TUTELA el derecho de petición del actor con respecto a la negativa de la accionada de calificar su estado de invalidez y, en tal sentido, se ordena realizar la valoración de acuerdo con las normas legales vigentes al momento de estructuración de la invalidez.
Recibo Relatoria   1-10-2012 0:00


Item 212    Expediente   T-3256716    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-217/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    AURORA CORTES DE CAVIEDES VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida digna, seguridad social, mínimo vital, debido proceso. Tras el fallecimiento de su esposo la accionante solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y, luego de transcurrir más dos años, el ISS dio respuesta negativa a sus pretensiones bajo el argumento de que la jurisdicción ordinaria debía resolver quién era la titular de ese derecho, toda vez que dicha prestación también la reclamó la persona que manifestara ser la compañera permanente del causante. También argumentó que ninguna de las dos peticionarias pudo acreditar la vida marital con el causante hasta su muerte. La Sala aprecia que el ISS exigió que se demostrara a saciedad el requisito de la convivencia, pero minimizó injustificadamente la existencia del vínculo conyugal vigente, la avanzada edad de la accionante, su dependencia económica respecto del esposo y la actividad desplegada por ella para obtener el reconocimiento y pago de la pensión. Así mismo recalcó la precariedad probatoria de quien debía demostrar la condición de compañera permanente y la menor actividad que ésta desplegó en el trámite de la reclamación. Se CONCEDE el amparo solicitado por la demandante y se ordena al ISS reconocer y pagar a esta la pensión reclamada.
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 213    Expediente   T-2620501    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-218/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    AMPARO SIERRA DE QUINTERO Y OTROS VS. CAJANAL Y OTROS

Tema

En el presente caso los accionantes alegan que CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia que les fue concedida mediante decisión judicial que resolvió el trámite de una acción de tutela instaurada para tal fin y, que de manera adicional continuó renuente a cumplir el fallo, a pesar de haberse declarado que incurrió en desacato. Pretenden los actores que vía acción constitucional se ordene a la demandada dar estricto cumplimiento a la sentencia de tutela y que consecuentemente se ordene su inclusión en nómina pensional. Por su parte, algunos de los accionados alegaron que los actores no tenían el derecho de ser acreedores de la pensión gracia, dada la existencia de normas legales que expresamente lo prohíben y porque fue concedida mediante fallo de tutela, cuando esta acción no es un mecanismo llamado a proteger prestaciones económicas. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la improcedencia de la acción de tutela para controvertir sentencias de tutela previas, la inviabilidad procesal de dicha acción para obtener el cumplimiento de órdenes impartidas en sentencias de tutela y el incidente de cumplimiento. Adicionalmente analiza la figura de la cosa juzgada constitucional y del principio constitucional de: el fraude lo corrompe todo. De igual manera, realiza un estudio jurisprudencial y normativo a la pensión gracia desde una aproximación histórica a su naturaleza, los requisitos jurídicos para su reconocimiento y sus posibles titulares. La Sala concluye que la presente acción de tutela es IMPROCEDENTE, pues con ella se intenta la materialización de unas órdenes proferidas en una sentencia de tutela anterior, pretensión que cuenta en el ordenamiento jurídico colombiano con medios judiciales para lograr su efectiva realización, como lo son los incidentes de cumplimiento y la sanción de desacato. Frente a la providencia inicial que concedió el amparo del cual reclaman su cumplimiento, la Sala coincide con las autoridades disciplinarias que la consideraron espuria y por eso, más que controvertir la cosa juzgada constitucional, pretende evitar que una orden fraudulenta se materialice a través de los incidentes de cumplimiento que podrían iniciarse si la providencia se mantiene en pié. De acuerdo a lo anterior se decide DEJAR SIN EFECTOS la sentencia referida y remitir copias a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para que si lo consideran pertinente inicien las actuaciones a que haya lugar.
Recibo Relatoria   9-5-2012 0:00


Item 214    Expediente   T-3208049    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-219/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    SAUL ENRIQUE CAMPANELLA GIRALDO VS. REVISTA DINERO Y OTRA

Tema

Se instaura la acción de tutela en contra de la Revista Dinero y de su directora, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a la libertad de opinión, prensa e información, así como al de rectificación. Los hechos que suponen la violación de derechos tiene que ver con la publicación de un artículo en donde se hizo alusión a que una empresa representada por el accionante movía recursos provenientes de las actuaciones que dieron lugar al escándalo denominado el Carrusel de la Contratación y al hecho de haber estado privado de la libertad en años anteriores por vinculaciones con el narcotráfico. Se alega que dichas afirmaciones faltaron a la verdad, fueron inexactas y falaces y que el medio de comunicación no realizó pronunciamiento alguno frente a la rectificación solicitada. La Sala inicialmente se pronuncia respecto al principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela en caso del derecho a la rectificación y posteriormente reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el contenido de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de información y de opinión y las posibles colisiones con otros derechos. Así mismo se pronuncia sobre el tema de la libertad y responsabilidad de los medios de comunicación con especial énfasis en el derecho a la rectificación y la procedencia de la acción de tutela para solicitar este derecho. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 215    Expediente   T-3259562 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-220/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MUNICIPIO DE PALMIRA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Varios empleados del municipio de Palmira (Valle) iniciaron acción de reintegro por fuero laboral en contra de esta entidad territorial, esgrimiendo tener fuero como miembros del sindicato del municipio y sus entidades descentralizadas, el que no se respetó, en tanto fueron retirados del servicio sin autorización judicial. Se aduce en la demanda de tutela que el Tribunal accionado, al decidir la segunda instancia y acceder a las pretensiones de la demanda, ordenando el reintegro de los empleados, incurrió en diferentes tipos de defectos al analizar las excepciones propuestas por la entidad territorial, relacionadas con la inexistencia del sindicato y la consecuente inexistencia del fuero alegado. La Sala de Revisión, luego de analizar temática relacionada con el fuero sindical, la naturaleza de las acciones de levantamiento del fuero y la acción de reintegro, consideró que la acción constitucional no podía prosperar en ninguno de los casos estudiados, porque no se configuró al menos, una de las causales específicas establecidas por la jurisprudencia para que proceda la tutela contra providencia judicial Se deciden confirmar las decisiones de instancia que NEGARON la tutela impetrada por el Municipio de Palmira (Valle).


Recibo Relatoria   30-10-2012 0:00


Item 216    Expediente   T-3255239 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-221/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUIS ENRIQUE CLAROS Y OTROS VS. CAJANAL

Tema

Mínimo vital, vida digna, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso se demanda a CAJANAL y al Instituto de Seguro Social, por hecho de haber negado a los diferentes peticionarios el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, con fundamento en la inexistencia de cotizaciones pensionales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La Sala CONCEDE el amparo deprecado por todos los demandantes y recuerda que, en materia de seguridad social en pensiones, quienes hayan cumplido la edad para acceder a la pensión de vejez, pero no cuenten con el número de semanas exigidas y declaren la imposibilidad de seguir cotizando al sistema, tienen derecho a una indemnización sustitutiva de la vejez, la cual puede ser reclamada frente a cotizaciones realizadas antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, siempre que se trate de situaciones aún no consolidadas.
Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 217    Expediente   T-3266961    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-222/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANGELICA OLMOS FLOREZ VS. PROACTIVA

Tema

Se interpone la acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada presuntamente vulnerados por la Asociación Promotora de Proyectos, Servicios y Asesorías Culturales, Sociales y Administrativas –PROACTIVA-, en tanto decidió no renovar el contrato de prestación de servicios celebrado con la accionante, a pesar de encontrarse ésta en estado de gravidez. La Sala concluye que la actuación de la accionada no tuvo fundamento el estado de embarazo de la actora y que, como tal, no fue un acto discriminatorio en su contra. Por el contrario destaca que, dado el carácter netamente civil de la relación contractual entre las partes y al no encontrarse indicio alguno de que se estuviera encubriendo la existencia de una relación laboral entre las partes, la no renovación del contrato tuvo como fundamento una justificación válida, como lo fue la desaparición de la causa y el objeto del contrato. Se decide confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   30-10-2012 0:00


Item 218    Expediente   T-3261165    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-223/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OSCAR VALENCIA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Luego de ser calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 69.60%, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. El ISS negó la prestación argumentando el incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema de seguridad social establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. El accionado reconoció que el requisito de fidelidad fue declarado inexequible, pero que en el caso concreto continuaba vigente, porque los fallos de constitucionalidad sólo tienen efectos hacia el futuro y la fecha de estructuración de la invalidez del peticionario se dictaminó con anterioridad a la sentencia C-428/09. La Sala de Revisión se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Vulneración al derecho a la seguridad social de persona en estado de invalidez, haciendo énfasis en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y en la exigencia de la fidelidad al sistema, en la jurisprudencia constitucional. 2º. Vía de hecho de carácter administrativo derivada de una violación o afectación al debido proceso por inaplicación de las normas legales pertinentes para reconocer la pensión de invalidez. Al encontrar probada la situación de vulnerabilidad y el inminente perjuicio irremediable al que se encuentra expuesto el actor, se TUTELAN los derechos invocados y se ordena al accionado iniciar los trámites y gestiones pertinentes para reconocer la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   17-8-2012 0:00


Item 219    Expediente   T-3263610    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-225/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HECTOR JAIME RAMIREZ HENAO VS. ARDCO CONSTRUCCIONES LTDA Y OTRO

Tema

Salud, seguridad social, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada. En vigencia de una relación laboral bajo la modalidad de contrato por labor u obra contratada, el actor sufrió un accidente de tránsito que le causó varias fracturas y traumas. Encontrándose aún en incapacidad médica, la empresa accionada decidió prescindir de sus servicios argumentando que la labor para la cual había sido contratado ya había terminado. Alega el accionante que el despido fue ilegal por la situación de indefensión en la que se encuentra a causa de las incapacidades y los diversos quebrantos de salud que afronta. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de incapacidades por enfermedad general. 2º. Garantía constitucional de la estabilidad laboral reforzada respecto de sujetos con incapacidades. 3º contratos pactados a término definido o a la culminación de la obra, frente a la estabilidad laboral reforzada y, 4º. La responsabilidad solidaria entre el contratista independiente y la empresa beneficiaria, por los incumplimientos derivados de una relación laboral en los términos del artículo 34 del C.S.T. Se CONCEDE.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 220    Expediente   T-3266621    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-226/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    JULIO CESAR MEZA JIMENEZ VS. CONSORCIO ITS Y OTROS

Tema

Salud, seguridad social, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada. El actor fue vinculado en la modalidad de contrato a término fijo inferior a un año, al Consorcio ITS, quien a su vez es contratista de ECOPETROL S.A.. En desempeño de sus actividades laborales el accionante sufrió un accidente de trabajo por exposición a Sulfuro de Hidrógeno, situación que le produjo múltiples molestias en sus vías respiratorias y mareos constantes. Se aduce en la demanda de tutela que de manera posterior, la entidad accionada varió las condiciones del contrato de trabajo inicialmente pactado sin consentimiento del empleado y que además terminó la relación laboral estando en curso incapacidades laborales, sin que para ello tuviera la autorización respectiva. Así mismo se alega vulneración de derechos por parte de la empresa Seguros Bolívar A.R.P., al no haber definido el origen de la enfermedad sufrida por el accionante, ni haber exigido el dictamen a la Junta de Calificación de Invalidez de Santander, a donde envió el correspondiente expediente. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para reclamar derechos prestacionales. 2º. Garantía constitucional de la estabilidad laboral reforzada respecto de sujetos con incapacidades. 3º. Contratos pactados a término definido o a la culminación de la obra frente a la estabilidad laboral reforzada. Se CONCEDE el amparo solicitado, pero se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO; puesto que las vulneraciones alegadas fueron restablecidas a partir de un contrato de transacción.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 221    Expediente   T-3207168 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-227/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSE DANIEL UNDA Y OTRA VS. ACCION SOCIAL

Tema

Vida en condiciones dignas, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes alegan vulneración de derechos fundamentales por parte de Acción Social, por no incluirlos en el Registro Único de Población Desplazada y de manera consecuente no brindarles la ayuda humanitaria de emergencia solicitada. La entidad accionada argumentó que su negativa tuvo como fundamento la normatividad legal que plantea la improcedencia del registro cuando la declaración del solicitante resulta contraria a la verdad. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la protección de la población en situación de desplazamiento forzado y sobre los criterios que se deben seguir al momento de definir la solicitud de inscripción en el RUPD. En un caso se declara la IMPROCEDENCIA del amparo solicitado en tanto se acreditó que el accionante cuenta con una pensión de vejez que le asegura su subsistencia y la de su grupo familiar y, en el otro asunto se declara igualmente la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, porque se encontró que la peticionaria no cumplió con el requisito de rendir declaración sobre los hechos determinantes del desplazamiento y por no demostrar afectación del mínimo vital que argumentó presentar.
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 222    Expediente   T-3257281    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-228/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    RICHARD ADOLFO LOPEZ GELIZ VS. LA NACION-MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL

Tema

Se acude a la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social del accionante, los que se consideran vulnerados por la entidad accionada como consecuencia de la revocatoria del derecho del 50% de la pensión de sobrevivientes, por duda en la prueba sobre parentesco y dependencia económica respecto del padre causante. Se analiza la siguiente temática: 1º. Grado de dependencia que debe acreditar una persona para beneficiarse de una pensión de sobrevivientes. 2º. Validez del registro civil como prueba para demostrar parentesco y, 3º. Procedencia de la acción de tutela, la existencia de otro medio de defensa judicial y la tutela como mecanismo transitorio ante la existencia de un perjuicio irremediable. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela y se le ordena a la accionada iniciar el trámite administrativo necesario para establecer la existencia y procedencia de la solicitud del actor como beneficiario de la pensión de sobrevivientes reclamada.
Recibo Relatoria   29-10-2013 0:00


Item 223    Expediente   T-3279192    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-229/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MAGDA PATRICIA SANABRIA AGUDELO VS. E.P.S. SURA

Tema

Salud, vida en condiciones dignas. La accionante fue diagnosticada con obesidad mórbida y el procedimiento indicado para el tratamiento de esta patología fue la realización de un By Pass Gástrico por Laparoscopia. Tras solicitar a la E.P.S. demandada la autorización de esta cirugía, así como el tratamiento integral para su enfermedad y la exoneración de copagos o cuotas moderadoras, la petición fue denegada por la entidad bajo el argumento de no estar incluido el procedimiento dentro del POS, ser prescrito por un profesional no adscrito a ellos y no contar con la aprobación del Comité Técnico Científico. La Sala concluye que, aún cuando a la actora le asistía el derecho pretendido en sede de tutela, lo viable es declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, toda vez que se comprobó que la accionada autorizó y realizó la cirugía bariátrica requerida por la demandante.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 224    Expediente   T-3259194    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-230/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ESTERLINDA VARGAS TERNERA VS. SOLSALUD E.P.S.S

Tema

Vida, seguridad social. La demandante está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del Régimen Subsidiado en el municipio de Bosconia (Cesar) y SOLSALUD E.P.S.S es la entidad encargada de la prestación del servicio. Por razones personales cambió su lugar de domicilio y luego de ser atendida en un centro de urgencias en la ciudad de Santa Marta, el médico le ordenó una intervención quirúrgica de carácter urgente y controles de ginecología cada dos meses. La actuación que genera la vulneración de derechos tiene que ver con el hecho de que la E.P.S.S accionada no autorizó los servicios solicitados, argumentando que éstos se encontraban fuera del POS-S y que la usuaria estaba en una ciudad diferente a la de su afiliación. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena a la E.P.S.S SOLSALUD que brinde a la demandante el servicio integral que requiera en razón a su situación ginecológica en la ciudad de Santa Marta y, a la actora le solicita adelantar nuevamente el proceso de identificación, selección y afiliación ante el servicio seccional de salud del municipio donde reside en la actualidad, para que, luego de surtirse la afiliación, la accionada realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la Secretaría de Salud del Cesar, el cambio de residencia y la posterior afiliación, a efecto de evitar posibles multiafiliaciones.
Recibo Relatoria   11-10-2012 0:00


Item 225    Expediente   T-3264082    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-231/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NEPP
Demandante / Demandado    UBALDINA VERGEL DE BAUTISTA VS. JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se presenta la acción de tutela contra las decisiones judiciales que dentro de un proceso ordinario laboral iniciado por la accionante en contra del Hospital San José de Guachetá, desestimaron las pretensiones de la demanda. A su juicio, las sentencias acusadas incurrieron en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial sentado por la Corte Constitucional, respecto de la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del cargo de los servidores públicos. Con la acción de tutela se pretende la revocatoria de las decisiones judiciales proferidas en el precitado proceso ordinario laboral y que se declare que la desvinculación fundamentada en la edad de retiro forzoso se realizó con plena violación de derechos fundamentales, toda vez que no se realizó un análisis de su situación particular de la peticionaria, pues el salario que recibía era su único medio de subsistencia. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala encuentra que la actora no utilizó todos los recursos judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones objeto de reproche constitucional y, en tal sentido, decide declarar la IMPROCEDENCIA del amparo solicitado.


Recibo Relatoria   19-2-2013 0:00


Item 226    Expediente   T-3266391    Fecha sentencia   20-3-2012 0:00    Sentencia   T-232/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ANGELA LUCIA REYES MORENO VS. INPEC

Tema

Unidad familiar, dignidad humana. En el presente caso se incoa la acción de tutela contra el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, por no autorizarle a la actora el traslado penitenciario de la ciudad de Cúcuta a la de Bucaramanga, lugar donde vive su núcleo familiar, constituido por sus dos hijos adolescentes y sus padres, quienes cuentan con 87 y 79 años de edad. La Sala de Revisión hace un breve recuento de los siguientes temas: 1º. Procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental y prevalente de los niños a tener una familia y no ser separada de ella. 2º. La garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad y, 3º. Límites a la facultad discrecional del INPEC para los traslados de los reclusos. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena el traslado de la accionante, el cual debe surtirse con la observancia de las normas que regulan la materia y se ordena al ICBF regional Bucaramanga que previa verificación del estado físico, psicológico y familiar en que se encuentren los hijos de la demandante, adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos y de esta forma restablecer los que se encuentren vulnerados.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 227    Expediente   T-2678546    Fecha sentencia   21-3-2012 0:00    Sentencia   T-234/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    DULCINEA VS. MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO

Tema

En el presente asunto la demandante presentó la acción de tutela contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, por considerar que, en su condición de defensora de derechos humanos han sido vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la administración de justicia, en tanto no ha contado con las medidas de protección que requiere, por su condición de víctima de los delitos de abuso sexual, desplazamiento forzado y tentativa de secuestro. La Sala resuelve el caso luego del análisis de la siguiente temática: 1º. Los defensores de derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano y la necesidad de que el Estado adopte medidas de protección con enfoque de género. Y, 2º. El derecho fundamental a la seguridad social, el alcance dado por la jurisprudencia constitucional y la escala de riesgos y amenazas para brindar protección especial por parte del Estado. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a las accionadas que de manera conjunta valoren de objetiva y razonada la situación de la accionante, incluyendo las variables que sean necesarias para determinar cuál de los programas de seguridad se ajusta más a sus necesidades y le garantiza de manera efectiva sus derechos fundamentales y las de sus menores hijas. Se precisa que, la evaluación de la situación de la actora debe realizarse con el rigor debido, partiendo de la premisa incontrovertible de que está expuesta a una amenaza extrema que hace necesaria la implementación de medidas especializadas.
Recibo Relatoria   23-11-2012 0:00


Item 228    Expediente   D-8658    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   C-237/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    CAMILO VELASQUEZ REYES VS. LEY 144 DE 1994, ARTICULOS 4, 6, 7, 13, 16 Y 17

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 4, 6, 7, 13, 16 y 17 de la Ley 144 de 1994, por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas. En la demanda se presentan cargos contra las siguientes disposiciones 1º. Exigencia de aportar certificación de la calidad de congresista del sujeto pasivo de la solicitud de pérdida de investidura. 2º. Exigencia de dar debida explicación de la causal esgrimida. 3º. Presentación ante juez y notario cuando el solicitante pueda hacerlo directamente ante el Consejo de Estado. 4º. Posibilidad de devolver la solicitud cuando no se alleguen los anexos exigidos en la ley. 5º. La posibilidad de compulsar copias en caso de temeridad o mala fe. 6º. Obligación de denunciar únicamente los servicios remunerados y, 7º. Previsión del recurso extraordinario especial de revisión exclusivamente para las sentencias condenatorias. La Corte encontró que los requisitos que debe cumplir el solicitante de pérdida de investidura corresponden a la potestad de configuración del legislador y no resultan irrazonables o desproporcionados. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los apartes demandados contenidos en los artículos 4, 7 y 17 de la norma acusada y, se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 6º en el entendido de que la presentación personal en éste exigida podrá hacerse ante juez o ante notario, a elección del solicitante. Así mismo se declara INHIBIDA para proferir fallo respecto de la acusación presentada en contra de los artículos 13 y 16 de la Ley 144 de 1994.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 229    Expediente   D-8662    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   C-238/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV GEMM,SV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS MARIN QUICENO VS. CODIGO CIVIL, ARTICULOS 1040, 1046, 1047 Y 1233Demanda de Inconstitucionalidad en contra de la expresión “cónyuge” contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil. La discusión planteada en la demanda se presenta frente a los ámbi

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra de la expresión “cónyuge” contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil. La discusión planteada en la demanda se presenta frente a los ámbitos de la vocación hereditaria y de la porción conyugal, e involucra al compañero o compañera permanente que ha convivido con el causante en unión marital de hecho, sea que la respectiva pareja haya sido conformada por personas de distinto sexo o, por personas del mismo sexo. Se invoca la vulneración del derecho a la igualdad, así como la violación de los artículos 1, 2, 5, 42 y 85 de la Constitución. Política. Para la Corte, la vocación hereditaria del cónyuge debe extenderse al compañero o compañera permanente de otro sexo o del mismo sexo, para subsanar una omisión legislativa. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión cónyuge contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho.


Recibo Relatoria   22-5-2012 0:00


Item 230    Expediente   D-8638    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   C-239/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    EDWING JABETH ARTEAGA PADILLA VS. LEY 1453 DE 2011, ARTICULO 56, PARAGRAFO 2 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 56, parágrafo 2º (parcial) de la Ley 1453 de 2011. El texto de la norma acusada se refiere al término de legalización de captura de naves por parte de la Armada Nacional por tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Según el demandante, el hecho de autorizar en la norma que el término de las 36 horas para poner a disposición del juez de garantías a las personas ocupantes de una nave objeto de interdicción marítima, no cuente desde el momento en que se adelanta tal procedimiento y se desvía la nave a puerto, sino desde el momento en que se determine en puerto que las sustancias encontradas son ilícitas, vulnera el derecho a la igualdad y la garantía constitucional prevista para proteger la libertad personal consagrada en la Constitución Política, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, . La Corte precisó las condiciones que de acuerdo con la Constitución Política debe cumplir la captura efectuada en las naves sujetas a una operación de interdicción marítima y decide declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el cargo de igualdad formulado, por ineptitud sustantiva de la demanda y declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA por el cargo relacionado con la libertad personal, bajo el entendido de que la puesta a disposición de las personas capturadas durante la interdicción marítima ante el juez de control de garantías y la definición de su situación jurídica, deberá desarrollarse en el menor tiempo posible, sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes a la llegada a puerto colombiano.
Recibo Relatoria   12-7-2012 0:00


Item 231    Expediente   D-8629    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   C-240/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV MVCC, SV JIPP, AV LEVS
Demandante / Demandado    FRANCY HELENA VILLEGAS GOMEZ Y OTRA VS. LEY 1444 DE 2011, INCISO PRIMERO Y LITERAL J DEL ARTICULO 18

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el inciso primero y el literal j) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Las demandantes consideran que la norma acusada debe declararse inexequible, por desconocer la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992, pues no fue aprobado en el Senado con la mayoría absoluta requerida, como se exige a todos los proyectos de ley que otorgan facultades extraordinarias. La Corte encontró que en el trámite de discusión y aprobación de las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al Presidente de la República mediante el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, no se incurrió en los vicios de forma indicados en la demanda y se acataron los requisitos establecidos en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. La norma acusada se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados,
Recibo Relatoria   5-9-2012 0:00


Item 232    Expediente   D-8531    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   C-241/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV JCHP, AV NPP
Demandante / Demandado    OSCAR EDUARDO BORJA SANTOFIMIO VS. LEY 599 DE 2000, ARTICULO 237

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 237 de la ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. Para el demandante, penalizar el incesto es inconstitucional porque la tipificación de los delitos debe ser compatible con el principio de la dignidad humana, de modo que no es aceptable que se sancionen conductas que no trascienden la esfera íntima del individuo y el ejercicio de su libre voluntad. A su juicio, la relación de pareja entre parientes, cuando se trata de adultos que expresan libremente su consentimiento, no puede ser objeto de sanción penal. Para la Corte, la opción legislativa de erigir en tipo penal las relaciones sexuales entre parientes no representa un quebranto al principio de dignidad humana, comoquiera que no persigue la reducción o instrumentación del ser humano, ni anula las posibilidades del individuo a desarrollar su dimensión sicoafectiva y sexual. Concluye que, la limitación que dicha prohibición comporta se encuentra plenamente justificada por la entidad del bien que se protege y la necesidad de salvaguarda frente a las afectaciones reales, empíricamente comprobadas, que las relaciones incestuosas ocasionan a la estructura familiar y en el sistema de relaciones entre los miembros de la familia. EXEQUIBLE por los cargos analizados.
Recibo Relatoria   17-5-2012 0:00


Item 233    Expediente   D-8655 Y 8665 ACUMULADAS    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   C-243/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV NPP, AV HASP
Demandante / Demandado    GERMAN PUENTES GONZALEZ Y OTRO VS. ACTO LEGISLATIVO 4 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 4 de 2011, por medio del cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia. Expedientes acumulados. Los demandantes sostienen que el Congreso incurrió en vicio de competencia al expedir el Acto Legislativo acusado, pues no se limito a reformar la Constitución sino que la sustituyó al subvertir integralmente el principio constitucional relativo al mérito como criterio esencial de ingreso a la carrera administrativa. Ante la ausencia de los requisitos mínimos requeridos para la acción pública de inconstitucionalidad en relación con el exceso de competencia del Congreso para reformar la Constitución, la Corte se declara INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   4-5-2012 0:00


Item 234    Expediente   T-3244811    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   T-235/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS, AV MVCC
Demandante / Demandado    LUIS IGNACIO APARICIO IBARRA VS. JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA

Tema

Debido proceso. En el presente asunto se dirige la tutela contra las decisiones adoptadas respectivamente por la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital María Inmaculada y por el Gobernador del Departamento de Caquetá, específicamente por la elaboración de una terna que excluía al actor, no obstante haber obtenido el puntaje más alto en el concurso meritocrático y, posesionado como gerente de dicha E.S.E. a la persona que obtuvo el cuarto puntaje más alto en el mismo proceso de selección. La Sala hace algunas consideraciones acerca del requisito de inmediatez en las acciones de tutela, las causales de procedibilidad de esta acción constitucional contra actos administrativos y las exigencias que surgen de la realización de concursos para la provisión del cargo de gerente de una Empresa Social del Estado. Se declara la IMPROCEDENCIA de la tutela por no cumplir con la exigencia del requisito de inmediatez.
Recibo Relatoria   30-10-2012 0:00


Item 235    Expediente   T-2449625    Fecha sentencia   22-3-2012 0:00    Sentencia   T-236/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV MVCC, SPV LEVS
Demandante / Demandado    RESGUARDO INDIGENA DE NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA VS. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS-

Tema

En el presente caso, el Gobernador y representante legal del Resguardo Indígena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña instaura la acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas, por considerar que esta entidad vulneró los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la autonomía indígena y al debido proceso, al aplicar la norma que ordena la devolución de especies forestales ante pago de una multa, o el decomiso definitivo de las mismas, cuando la multa no se cancela. La petición puntual de la acción constitucional es que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso administrativo y, consecuencialmente, se ordene remitir el asunto a la jurisdicción especial indígena, en consideración a que la madera hurtada fue sacada de la reserva forestal natural del resguardo de la Montaña, el infractor es un comunero indígena de dicha colectividad y fue decomisada en su propia área territorial. La Sala se pronuncia sobre el derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y considera pertinente dejar en firme el procedimiento administrativo que CORPOCALDAS adelantó, a propósito de la norma nacional relativa a la exigencia del salvoconducto y, a su vez, reconocer competencia a la autoridad indígena para ejercer jurisdicción sobre la conducto de sus miembros, a propósito de la extracción de madera. Así mismo decide que hacia futuro no se apliquen las consecuencias jurídicas de los artículos segundo y tercero de la Resolución 70 de 2008 expedida por la Corporación accionada, a casos como el presente en el que se configuró un conflicto de competencia en la aplicación de normas de vigilancia y control de normas ambientales, entre la autoridad nacional y la autoridad indígena, hasta tanto se acuerde un mecanismo de coordinación para su aplicación entre ambas autoridades.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 236    Expediente   T-3066621    Fecha sentencia   26-3-2012 0:00    Sentencia   T-244/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP, AV LEVS
Demandante / Demandado    ALBA LUZ MARRUGO MESTRA Y OTROS VS. ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA Y OTROS

Tema

Debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas. Los accionantes afirman que desde hace aproximadamente veinte años se desempeñan en la venta informal en el mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena, en predios que fueron comprados recientemente por la administración municipal para adelantar las obras pertinentes para ejecutar el proyecto Transcaribe. La vulneración de derechos que aducen los peticionarios se produjo por el hecho de no haber sido incluidos en un plan de reubicación o en su defecto, por no otorgarles un reconocimiento económico por el impacto negativo que tuvieron que soportar en su actividad comercial, por la ejecución de las obras de implementación del sistema de transporte masivo en Cartagena. La Sala aborda el estudio de la siguiente temática: 1º. Protección constitucional reforzada de las poblaciones vulnerables frente a proyectos de renovación urbana y recuperación del espacio público y, 2º. El derecho a la participación y al debido proceso en el marco de ejecución de este tipo de proyectos. Se concluye que las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales, porque al momento de ejecutar la política de recuperación del espacio público los demandantes no fueron tenidos en cuenta como población vulnerable afectada y, en esa medida, no se les permitió participar en la toma de las decisiones administrativas que los afectaría y, en consecuencia, la autoridad municipal no diseñó alternativas para atender sus necesidades específicas, según su grado de afectación. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la entidad territorial realizar un estudio para verificar la situación personal, familiar, laboral, social y económica de los afectados y con base en el grado de afectación que se determine, diseñar medidas que aseguren los derechos fundamentales de dicha población. De manera particular, exhorta al Ministerio de Trabajo y a la Alcaldía de Cartagena, para que se verifiquen las condiciones laborales de los actores y adopten las medidas pertinentes para asegurar la realización de sus derechos, dentro de la órbita de sus competencias. Así mismo, se insta a las autoridades accionadas, para que en lo sucesivo incluyan a los grupos vulnerables en el estudio socio económico que estructuren, para implementar políticas públicas de recuperación del espacio público y programas de renovación urbana.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 237    Expediente   T-3249144    Fecha sentencia   26-3-2012 0:00    Sentencia   T-245/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ANDREA LUCELY TRUJILLO TRUJILLO VS. FONVIVIENDA

Tema


Vivienda digna. En el presente caso se dirige la acción de tutela en contra de FONVIVIENDA para que le otorgue cuanto antes el subsidio de vivienda a la accionante, pues se encuentra calificada para recibir dicho apoyo y de no hacerlo en el menor tiempo posible, podría verse avocada a desalojar el predio que actualmente ocupa. La entidad accionada manifiesta la imposibilidad de hacer la entrega de la ayuda requerida, porque ésta sigue un orden de turnos previamente establecidos de acuerdo a criterios de disponibilidad presupuestal, orden ascendente de la solicitud y estado de vulnerabilidad del grupo familiar solicitante. La Sala no encuentra en el caso particular una situación de urgencia manifiesta que haga procedente la acción de tutela para lograr la alteración de los turnos en la asignación del subsidio de vivienda familiar, dado que la actora, ni su núcleo familiar se encuentran en circunstancias de extrema vulnerabilidad que indiquen la prioridad que se exige para el otorgamiento de dicho auxilio. A pesar de lo anterior, la Sala constata que la demandante hace parte de la población en situación de desplazamiento debidamente inscrita en el RUPD, motivo por el cual y con el ánimo de evitar un perjuicio irremediable, ordena a Acción Social entregar la prórroga para la ayuda humanitaria hasta que esté en capacidad de autosostenerse. .

Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 238    Expediente   T-3218131    Fecha sentencia   26-3-2012 0:00    Sentencia   T-246/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CESAR ALEXI GARCIA VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital. En el presente caso el accionante es una persona de treinta años de edad que se encuentra en estado de discapacidad a causa de un atentado con arma de fuego que lo dejó parapléjico e imposibilitado para realizar cualquier actividad física que le genere ingresos para proveerse los medios de subsistencia. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 78.05% y el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. le negó la pensión de invalidez, bajo el argumento de no cumplir con el requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez. La Sala considera procedente inaplicar en el presente caso el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y darle una interpretación de manera amplia y favorable a esta norma. Se reitera jurisprudencia en la cual se ha concluido que, cuando en los casos que la norma aplicable lesiona principios constitucionales, se debe necesariamente inaplicar dicha disposición legal por la incompatibilidad que presenta con el ordenamiento superior. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada reconocer y pagar la pensión de invalidez al demandante, la que en ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente.
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 239    Expediente   T-3274071    Fecha sentencia   26-3-2012 0:00    Sentencia   T-247/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    IMILCE MARIA CORDOBA CUESTA VS. ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL CHOCO

Tema

Trabajo en condiciones dignas, debido proceso, unidad y estabilidad familiar. Se alega en la acción de tutela la vulneración de derechos fundamentales por parte de la Administración Temporal del Servicio Educativo del Departamento del Choco, en tanto decidió trasladar a la accionante a una institución educativa que se encuentra lejos de lugar de su residencia, sin valorar en debida forma su particular situación de madre cabeza de familia, lo cual generó la ruptura del vínculo familiar a raíz de la falta de atención y cuidado a que debió someter a sus hijos adolescentes. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que ordenan traslados de servidores públicos. 2º. La jurisprudencia en relación con el ejerció del ius variandi en el caso de estos servidores. 3º. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no ser separados de ella y 4º. El concepto de la mujer cabeza de familia como sujeto de especial protección constitucional. Se CONCEDE EN FORMA TRANSITORIA el amparo solicitado y se ordena a la entidad accionada reubicar provisionalmente a la actora en una institución del municipio de Quibdó o de un municipio cercano, hasta tanto la vulneración sea superada. . Se advierte a la demandante que debe hacer uso de los mecanismos judiciales ordinarios de defensa para impugnar el acto administrativo que confirmó la decisión de traslado, so pena de que la protección dispuesta en esta decisión finalice.
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 240    Expediente   T-3277032    Fecha sentencia   26-3-2012 0:00    Sentencia   T-248/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JULIAN VS. LABORATORIO CLINICO HIGUERA ESCALANTE

Tema

En el presente asunto la Corte Constitucional concede la protección a los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad del accionante y en consecuencia ordena al Laboratorio Clínico Higuera Escalante que, si él lo desea, realice una nueva encuesta y entrevista dirigida a identificar los factores de riesgo para la donación de sangre, pero sin tener en cuenta su orientación sexual y, en caso de que se acepte la donación, someta las muestras de sangre a las pruebas de tamizaje obligatorios. Igualmente se ordena al demandado que instruya al personal de laboratorio encargado de hacer la entrevista y encuesta a los posibles donantes, para que en lo sucesivo no tome decisiones basadas en la orientación sexual sino en los comportamientos sexuales riesgosos de los posibles donantes. Los hechos de la acción de tutela tienen que ver con una situación en la que el demandante se acercó de manera voluntaria al laboratorio accionado con el fin de donar sangre, pero dicha entidad, luego de hacer una encuesta en donde el actor respondió afirmativamente a las preguntas de haber tenido relaciones sexuales con parejas del mismo sexo y ser homosexual, le informó que no podía donar sangre toda vez que el Decreto 1571 de 1993, hacía alusión expresa a esta prohibición respecto a las personas homosexuales. La Sala concluyó que el comportamiento del laboratorio al rechazar al actor como donante voluntario por su orientación sexual y, no con fundamento en la identificación clara de prácticas sexuales riesgosas, constituyó un trato discriminatorio y vulnerador de derechos fundamentales. SE CONCEDE.


Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 241    Expediente   D-8590 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   28-3-2012 0:00    Sentencia   C-250/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    GERMAN CALDERON ESPAÑA Y OTROS VS. LEY 1448 DE 2011, ARTICULOS 3 Y 75

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Se acumulan expedientes para tramitarlos de manera conjunta y decidirlos en la misma sentencia. Los apartes demandados se relacionan con las fechas a través de las cuales se establece la condición de victimas del conflicto armado interno y los titulares del derecho a la restitución. A juicio de los demandantes, los apartes atacados vulneran el artículo 13 de la Constitución por ser contrarios al principio y al derecho de igualdad. La Corte analizó los límites temporales en leyes de justicia transicional y encontró que el establecimiento de un término para la aplicación de las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011 a favor de las víctimas tiene justificación en finalidades constitucionalmente legítimas y no resulta desproporcionado frente a situaciones anteriores a las fechas fijadas por el Legislador. Se declaran EXEQUIBLES las expresiones “a partir del primero de enero de 1985” y “entre el primero de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley”, contenidas respectivamente en los artículos 3º y 75 de la ley 1448 de 2011.
Recibo Relatoria   5-6-2012 0:00


Item 242    Expediente   LAT 368    Fecha sentencia   28-3-2012 0:00    Sentencia   C-251/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y LA LEY 1455 DE 2011, QUE LO APRUEBA VS.

Tema

Revisión de Constitucionalidad del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas” así como de la Ley 1455 de 2011 que lo aprueba. Luego de realizar el control automático de constitucionalidad del precitado tratado internacional, así como de la ley que lo aprueba, la Corte encuentra que el instrumento internacional se ajusta a la Constitución. Se declaran EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 243    Expediente   D-8678    Fecha sentencia   28-3-2012 0:00    Sentencia   C-252/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    LUIS CARLOS GALEANO VELEZ VS. LEY 1407 DE 2010

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 1407 de 2010, por la cual se expide el Código Penal Militar. El demandante adujo la ocurrencia de vicios de trámite de carácter insubsanable relacionados con la falta de debate y desconocimiento del texto finalmente aprobado. La Corte verificó que en el trámite de la Ley 1407 de 2010, no tuvo lugar elusión alguna del debate exigido por la Constitución Política a todo el proyecto de ley. Además precisó la falta de suficiencia, especificidad y claridad en la fundamentación de la demanda respecto de los cargos de falta de publicidad y quórum en la plenaria del Senado. Se declara EXEQUIBLE la Ley 1407de 2010, por el cargo de falta de debate en la aprobación en Plenaria de Senado de dicha Ley e, INHIBIDA respecto de los cargos de falta de publicidad y de quórum en la aprobación en plenaria del Senador.
Recibo Relatoria   28-6-2012 0:00


Item 244    Expediente   D-8673 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   C-249/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Sv/Av  SV LEVS, SV MGC, AV NPP, SV JIPC, SV HASP
Demandante / Demandado    MIGUEL ANGEL GONZALEZ OCAMPO Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo No. 04 de 2011, por medio del cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia. Demandas Acumuladas. Los demandantes indican que la expedición del mencionado Acto Legislativo constituye una sustitución temporal y parcial de la Constitución, razón por la cual debe declararse su inconstitucionalidad. La Corte encontró que con la norma acusaba se configuraba una sustitución temporal y parcial de la Constitución, que implica un exceso en la competencia del Congreso de la República para reformar la Constitución. Para la Corte, la aparente reforma transitoria, demuestra que el Congreso quebrantó un principio axial de la Constitución, sustituyéndola temporalmente con el único propósito de imponer una decisión ad-hoc que beneficia a un grupo de personas. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 04 de 2011.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 245    Expediente   D-8643 Y OTRA ACUMULADAS    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   C-253A/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SPV MVCC, SPV JCHP, SPV JIPP, SPV Y AV LEVS
Demandante / Demandado    ROSMERLIN ESTUPIÑAN SILVA Y OTROS VS. LEY 1448 DE 2010, ARTICULOS 3 Y 75 PARCIALES

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 75 (parciales) de la ley 1448 del 10 de junio de 2010. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Acumulación de demandas. Los demandantes citan como violados, el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 29, 44, 45, 58, 93, 229 y 230 de la Constitución, así como diversos tratados e instrumentos internacionales que consideran hacen parte del bloque de constitucionalidad y que desarrollan los derechos a la dignidad humana, a la igualdad de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación integral, al acceso a la justicia y a los derechos de los niños. Los cargos se estructuran en torno a la definición de víctima que se hace en la ley, la exclusión que de esa categoría se hace a determinadas personas y la afectación del principio de igualdad que se desprende de la mencionada exclusión, de la que se derivaría consecuencialmente, la violación del resto de normas citadas. La Corte precisó el alcance de la Ley 1448 de 2011 y encontró que los límites establecidos en el artículo 3º, para definir ese ámbito, se ajustaban a la Constitución Política. Se decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-250/12 respecto de la exequibilidad de las expresiones “a partir del 1º de enero de 1985” y “entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley” contenidas en el inciso primero del artículo 3º y el artículo 75 de la ley 1448 de 2011; EXEQUIBLES las expresiones del inciso primero del artículo 3º y del parágrafo 4 del mismo artículo; EXEQUIBLE el primer inciso del parágrafo 2 del artículo 3º; EXEQUIBLE el parágrafo 3 del artículo 3º; e INHIBIDA en relación con las expresiones demandadas del segundo inciso del parágrafo 2 del artículo 3º, de la ley 1448 de 2011.
Recibo Relatoria   28-8-2012 0:00


Item 246    Expediente   D-8676    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   C-254A/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV GEMM, AV NEPP
Demandante / Demandado    WILSON RUIZ ORJUELA VS. LEY 144 DE 1994, ARTICULO 1 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 144 de 1994. Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas. Considera el demandante que la expresión “en única instancia” es violatoria de la Constitución Política, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la doble instancia no sólo en procesos penales y en acciones de tutela, sino en todos los procesos que comporten el ejercicio del ius puniendi de los Estados. La Sala inicialmente entra a determinar si el aparte acusado ha sido objeto de cosa juzgada constitucional y si éste vulnera las garantías propias del debido proceso y el derecho a la igualdad. Se concluye que, la decisión sobre la única instancia en materia de pérdida de investidura es una competencia exclusiva del legislador y cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para su consagración, por lo cual no vulnera garantías fundamentales de las personas que hayan sido objeto de la medida. Se declara EXEQUIBLE la expresión demandada.
Recibo Relatoria   20-6-2012 0:00


Item 247    Expediente   D-8672    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   C-255/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JORGE ENRIQUE MARTINEZ BAUTISTA VS. LEY 160 DE 1994, ARTICULO 72 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que los apartes acusados infringen los artículos 29, 83 y 229 de la Constitución Política. La Corte encontró que la revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación de normas legales o reglamentarias vigentes, no vulnera el principio de buena fe, ni el derecho al debido proceso. Los incisos 6º y 7º del artículo 72 de la ley 160 de 1994, se declaran EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 248    Expediente   T-3281861    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-253/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ANGELA MARIA FLOREZ PEREZ VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Salud. La acción de tutela se instauró en representación de un menor de edad a quien le diagnosticaron crecimiento adenoideo y otitis media crónica y para su tratamiento le ordenaron la práctica de varios procedimientos quirúrgicos, los cuales a la fecha de iniciar la acción constitucional no habían sido ordenados ni practicados por la E.P.S, bajo el argumento de las existencia de otras intervenciones prioritarias. El juzgado de única instancia declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en tanto corroboró que el objeto de la tutela ya estaba satisfecho, con la expedición de las respectivas autorizaciones para las cirugías requeridas por el menor. En sede de revisión se allegó a la Sala el material probatorio que ratificó que los procedimientos se llevaron a cabo y en tal sentido, se confirmó la decisión del juzgado de primera instancia.
Recibo Relatoria   2-5-2012 0:00


Item 249    Expediente   T-3253803    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-254/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    TARY CUYANA GARZON LANDINEZ Y OTROS VS. SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BOGOTA

Tema

Educación. Los accionantes consideran vulnerado su derecho a la educación, en tanto el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior profirió un acto administrativo de carácter general que declaró la excepción de inconstitucionalidad al acuerdo que reglamentaba las condiciones para acceder a la condonación de algunos créditos educativos. La entidad accionada adujo que el acuerdo referido era ilegal, en tanto reglamentaba una prerrogativa cuando la Constitución Política prohíbe a cualquier órgano decretar auxilios o ayudas a personas de derecho privado. Los demandantes alegaron que se ven afectados con dicha disposición, porque todas las solicitudes de condonación de préstamos otorgados por el mencionado Fondo habían sido negadas. La Sala encontró que la demandada ordenó revisar y resolver las solicitudes presentadas por los actores respecto a la exención del crédito y que además se reglamentó nuevamente dicha figura para los beneficiarios del mencionado Fondo. Se declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   8-5-2012 0:00


Item 250    Expediente   T-3274644    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-256/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANA LUZ COTACIO MAJE VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. En el presente asunto la actora es una persona que tiene más de setenta años de edad y que tiene bajo su cuidado a un hijo discapacitado. Se refiere en la tutela que, tras solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el ISS le negó esta prestación bajo el argumento de no contar con el número de semanas de cotización requerido. Luego de agotar la vía gubernativa inició el correspondiente proceso ordinario laboral, pero las decisiones de instancia negaron las pretensiones de la demanda, aún cuando cumplía los requisitos para acceder a la pensión. La acción de tutela se instaura en contra de estos despachos judiciales alegando una vía de hecho por incurrir en un defecto fáctico, por la omisión de consideración del medio probatorio aportado al proceso ordinario y al trámite administrativo de reconocimiento de la prestación referida. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. La improcedencia general de la acción de tutela para objetar decisiones judiciales. 2º. El derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial y, 3º. El derecho a la seguridad social en materia pensional y la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar la pensión de vejez. Luego de verificarse la procedencia de la acción de tutela y de verificarse el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, se decide CONCEDER el amparo solicitado, dejar sin efectos las decisiones proferidas dentro del proceso ordinario laboral y ordenar al ISS expedir resolución de reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada por la demandante.
Recibo Relatoria   29-5-2012 0:00


Item 251    Expediente   T-3224304    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-257/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    FLAMINIO HUERFANO PIÑEROS VS. ALCALDIA DE MANIZALES Y OTRO

Tema

El accionante alega que la Alcaldía de Manizales y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a acceder a cargos públicos, al expedir, el ente territorial, un acta mediante la cual solicitó a la CNSC excluirlo de un proceso de selección, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo de Inspector de Tránsito y Transporte y, porque decidió no llevar a cabo el acto de posesión, a pesar de haber realizado el nombramiento en período de prueba,. La Sala analiza temática relacionada con el derecho de acceso a cargos públicos y sobre el marco procedimental en el que se desarrolla el concurso público de méritos para proveer cargos de carrera administrativa. Se CONCEDE el amparo al derecho fundamental al debido proceso y se ordena a la Alcaldía accionada realizar la audiencia de que trata el artículo 18 del Decreto 760 de 2005. Igualmente le ordena, abstenerse de revocar el nombramiento del actor hasta tanto no tome una decisión con base en la precitada audiencia. En cuanto a la CNSC, se le ordena abstenerse de excluir al actor de la lista de elegibles, hasta cuando el ente territorial no tome una decisión en el caso y se le insta para que en lo sucesivo cumpla estrictamente con los deberes que cada etapa del concurso le impone, en los términos de la ley 909 de 2004.
Recibo Relatoria   17-9-2013 0:00


Item 252    Expediente   T-3242491    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-258/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ALFONSO JARAMILLO SALAZAR VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

En el presente caso la Sala de Revisión entró a determinar si el ISS violó los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso invocados por el actor, en tanto le concedió la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no le reconoció la pensión por aportes consagrada en el artículo 7º de la ley 71 de 1988, la cual solicitó por resultarle más favorable que la prestación otorgada. Luego de analizar jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales y los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tomando como preceptiva aplicable el Decreto 2709 de 1994, la Sala reitera que la acción constitucional únicamente procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial o se encuentre frente a un perjuicio irremediable, circunstancias que no se acreditaron en el caso concreto. Se decide confirmar los fallos de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 253    Expediente   T-3282188    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-258A/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ENILDA MERIÑO SARMIENTO EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA EMELIN MARGARITA SUAREZ MERIÑO VS. COMPARTA E.P.S.

Tema

Salud. Se incoa la acción de tutela en favor de una menor de ocho años que padece un síndrome de Down que le ha generado trastornos en el desarrollo psicomotor y de manera consecuente, impedido tener una buena calidad de vida. El médico neuropediatra le prescribió tratamientos alternativos tales como terapia de neurodesarrollo, acuaterapia, musicoterapia, hipoterapia, terapias miofuncional, del lenguaje, ocupacional y de integración sensoromotriz, con una frecuencia de dos sesiones diarias por veinte días al mes y durante tres meses. La entidad demandada no autorizó los tratamientos ordenados por un médico no adscrito a su red de servicios, bajo el argumento de que los mismos, además de no haber sido solicitados por la madre de la menor, no se encontraban incluidos en el POS. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad y, sobre los tratamientos alternativos para el síndrome de Down. Se concluyó que, el diagnóstico y la prescripción de los tratamientos que le fueron ordenados a la menor representada, son vinculantes en cuanto, además, no fueron controvertidos científicamente por la E.P.S. accionada. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la demandada autorizar y hacer practicar los tratamientos prescritos a la menor.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 254    Expediente   T-3273762    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-260/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    AA EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJA XX VS. BB

Tema

Interés superior del menor, habeas data, honra. En el presente caso la acción de tutela la instaura la madre de una menor de cuatro años de edad, a quien el padre le creó un perfil en la red social FACEBOOK. A su juicio, el progenitor de la niña incumplió las condiciones señaladas en la red social para el registro y cuentas de seguridad, especialmente aquellas que prescriben que no se puede proporcionar información personal falsa, crear cuentas para otras personas sin autorización y, no usar la red si es menor de trece años. Así mismo asevera que el accionante no sólo suplanta la identidad de su hija, sino que utiliza la página para desprestigiarla a ella como persona y entorpecer la paz familiar. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. El interés superior del menor en el Estado colombiano. 2º. El derecho fundamental al habeas data. 3º. Los riesgos para los derechos fundamentales, entre otros, la intimidad, la protección de datos y la imagen en las redes sociales. 4º. Recomendaciones establecidas en el Memurandum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Se protegen los derechos fundamentales de la menor representada, en el contexto de la creación de una cuenta en una red social de la que ella no es conciente y que se ha utilizado para ventilar una disputa familia. Se ordena al accionado cancelar la precitada cuenta y se le advierte que no puede crear una nueva en la red social digital análoga al Facebook, con datos personales y sensibles de su menor hija. CONCEDID.
Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 255    Expediente   T-3274286    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-261/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SPV NPP
Demandante / Demandado    SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - SINTRAEMCALI- VS. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALI -EMCALI EICE E.S.P.

Tema

El presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali -SINTRAEMCALI-, instauró la acción de tutela contra EMCALI EICE ESP, al considerar que dicha entidad vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la asociación sindical y a la huelga de dicha colectividad, por cuanto ha sido renuente a cumplir con las recomendaciones hechas por la OIT a través del Consejo de Administración, previa sugerencia del Comité de Libertad Sindical, en las cuales se solicita al Estado Colombiano que, en virtud de la aplicación de los convenios 87 y 98 ratificados por Colombia, proceda a buscar mecanismos que permitan el reintegro de los 51 trabajadores despedidos con ocasión del cese de actividades que se presentó en dicha empresa en el año 2004. Ello atendiendo a que no se adelantaron procesos penales ni disciplinarios en contra de los participantes del paro laboral y, a que el Consejo de Estado, en el año 2008, decidió declarar la nulidad de la resolución mediante la cual el Ministerio de la Protección Social calificó como ilegal la huelga realizada por los miembros del precitado sindicato y por tanto, procedió a su desvinculación. Luego de establecer la no temeridad en el presente caso, verificar el cumplimiento del requisito de inmediatez, la procedibilidad de la acción de tutela para el asunto en concreto y pronunciarse sobre la siguiente temática: 1º. El derecho de asociación sindical y su correlativo derecho a la huelga, los convenios 87 y 98 de la OIT, en relación con el bloque de constitucionalidad. 3º. El carácter vinculante de las recomendaciones que el Comité de Libertad Sindical presenta a consideración del Consejo de Administración de la OIT. 4º. Colombia respecto al control que realiza la OIT en materia del cumplimiento de normas internacionales del trabajo, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar a EMCALI EICE ESP que proceda a reintegrar a los cargos que venían desempeñando o a otros de iguales características y remuneración, a los 51 trabajadores que habían sido despedidos a través de la resolución 1694 de 2004.
Recibo Relatoria   28-5-2012 0:00


Item 256    Expediente   T-3270578    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-262/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    AAA VS. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. Y OTRO

Tema

Seguridad social, vida digna, igualdad. El accionante tiene un diagnóstico de VIH y tuberculosis y tras cumplir 180 días de incapacidad y ser calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 67.50%, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, petición que le fue negada por PORVENIR S.A., bajo el argumento de que la entidad obligada a pensionarlo era el ISS, porque a la fecha de la estructuración de la invalidez se encontraba afiliado a dicha entidad. Por su parte, el ISS adujo que el responsable de la prestación era la AFP PORVENIR. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la siguiente temática: 1º. La acción de tutela como mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de derechos fundamentales. 2º. Los enfermos de VIH como sujetos de especial protección constitucional y 3º. El derecho a la pensión de invalidez. Se considera necesario proteger los derechos invocados por el accionante y en tal sentido se ordena al Fondo de Pensiones PORVENIR S.A. iniciar el proceso de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y al ISS emitir el bono pensional correspondiente y trasferirlo al precitado fondo, para que lo abone a la cuenta de ahorro individual del actor. CONCEDID.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 257    Expediente   T-3290942 Y OTRA ACUMULADAS    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-263/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    RODOLFO AMOR ALFARO Y OTRO VS. NUEVA E.P.S. Y OTROS

Tema

Salud, vida digna, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. El presente caso tiene que ver con la posible vulneración de derechos fundamentales por parte de entidades encargadas de administrar el sistema integral de seguridad social, al desconocer el pago de las prestaciones económicas derivadas de incapacidades ordenadas a los actores. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para el pago de incapacidades. 2º. Normatividad vigente que regula el punto de las incapacidades de origen común y profesional y, los procedimientos que se deben seguir al momento de reclamar el pago de las mismas. 3º. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes a las entidades accionadas para que procedan a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 258    Expediente   T-3242627 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-264/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUIS GONZAGA GAÑAN GAÑAN Y OTROS VS. ALCALDIA DE PEREIRA Y OTROS

Tema

Vivienda digna, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso la Sala de Revisión entró a determinar si las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales de los veinticinco peticionarios y sus correspondientes familias, al haber programado un desalojo masivo en virtud de las situaciones verificadas tales como la tala indiscriminada de bosque nativo dentro de un área considerada como espacio público de especial importancia ecológica declarada y propiedad privada de la Sociedad de Mejoras Públicas. Se abordan los siguientes asuntos: 1º. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el derecho a una vivienda digna, 2º. Contenido del derecho a la vivienda digna y la importancia del componente del debido proceso en los desalojos forzosos, 3º. Los desalojos y la protección del espacio público y, 4º. Configuración de la confianza legítima en la ocupación ilegal del espacio público. Se ordena a las accionadas que con participación de los diferentes peticionarios elaboren un plan de manejo y recuperación del área deforestada e implanten o elaboren planes de educación a la comunidad aledaña, que generen un alto impacto con el fin de evitar que no se vuelva a presentar una situación como la debatida en el presente asunto. Se ordena igualmente a la Alcaldía de Pereira brindar información a algunos actores sobre los requisitos que deben cumplir junto con su familia, para ser incluidos dentro de los programas dispuestos por las entidades territoriales de los diferentes órdenes, los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y los programas de generación de ingresos. En otros casos particulares se ordena a la entidad territorial adelantar las diligencias que sean necesarias para garantizar la participación de los actores en los procesos de adjudicación de subsidios de vivienda dispuestos para las personas en condición de desplazamiento. .
Recibo Relatoria   2-10-2012 0:00


Item 259    Expediente   T-3336110    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-265/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA BETTY RODRIGUEZ BALLEN VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL Y OTRO

Tema

Seguridad social, debido proceso, vida, igualdad. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la accionante tenía 45 años de edad y acumulaba más de mil semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales. En 1997 se trasladó a la AFP COLFONDOS y en el 2011solicitó el traslado al ISS. La solicitud de retornar al régimen de prima media fue denegada bajo el argumento de superar la edad para acceder a la pensión de vejez. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la siguiente temática: 1º. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. 2º. Traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media para los beneficiarios del régimen de transición. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al ISS proceder a afiliar a la actora con el fin de hacer efectivo su traslado de régimen pensional y adelantar todas las gestiones administrativas necesarias para que la AFP COLFONDOS realice el traslado efectivo de todos los ahorros y rendimientos que se encuentran depositados en su cuenta de ahorro individual.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 260    Expediente   T-3260964    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-266/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    PATRICIA LUCERO GUZMAN DIAZ EN REPRESENTACION DE SUS MENORES HIJOS VS. JUZGADO 21 DE FAMILIA DE BOGOTA

Tema

Debido proceso, integridad física y emocional de los niños. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se ataca la sentencia judicial dictada por un Juez de Familia de Bogotá, mediante la cual se fijó cuota alimentaria y el régimen de visitas a favor de dos menores de edad, a cuyo padre se le había despojado judicialmente la patria potestad sobre ellos. Se alega la existencia de un defecto sustantivo, en la medida de que el juez debió considerar que la pérdida de la patria potestad excluía la posibilidad de ordenar visitas del padre a sus hijos. Así mismo se señala la ocurrencia de un defecto fáctico, al no considerar el juez múltiples pruebas de maltrato del padre sobre sus hijos. La Sala se pronuncia sobre los siguientes aspectos: 1º. Procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los defectos fáctico y sustantivo como causales específicas de procedibilidad y 3º. La pérdida de la patria potestad respecto a los deberes de crianza, cuidado personal y educación. Al encontrar que no se configura causal de procedibilidad alguna, se decide confirmar el fallo de instancia que NEGÓ el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   13-8-2012 0:00


Item 261    Expediente   T-3237914    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-267/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    HECTOR YEZID BERMUDEZ RAMOS VS. FUERZA AEREA COLOMBIANA

Tema

En el presente asunto la Corte Constitucional le concede al demandante la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso, a la buena fe, a la confianza legítima, al acceso a la carrera, a la reserva de la ley y al principio de legalidad y de manera consecuente, le ordena a la Fuerza Aérea Colombiana que lo incorpore al siguiente curso de orientación militar para Oficiales del Cuerpo Administrativo de la entidad, de tal forma que pueda ingresar como Administrador de Empresas con especialización en Derecho Disciplinario, en las mismas condiciones en las que lo hubiera hecho de haber sido elegido inicialmente. La acción de tutela se presentó porque la FAC realizó una convocatoria pública para hacer parte del curso número 30 de Oficiales del Cuerpo Administrativo en la cual se incluyó un cupo para una persona con título de Administración de Empresas y especialización en Derecho Disciplinario y no nombró al actor en dicho cargo, a pesar de ser el único aspirante que aplicó, cumplir con todos los requisitos estipulados en la convocatoria y superar las etapas del proceso de selección. La accionada justificó su actuación en el hecho de que la Junta de Selección tiene la potestad discrecional de elegir a quienes ingresan al curso entre aquellos que aprueben todas las etapas del concurso
Recibo Relatoria   8-11-2012 0:00


Item 262    Expediente   T-3244775    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-269/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA VS. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La acción de tutela se interpone en contra de la decisión proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, mediante la cual se revocó un fallo de primera instancia proferido dentro de una acción de reparación directa y en su lugar se declaró responsable a INVIAS por los daños ocasionados a la demandante en dicho proceso y se condenó a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, ahora accionante, a restituir a INVIAS el dinero por concepto de pago de perjuicios morales y materiales que no hubieran sido cubiertos por la aseguradora condenada en el mismo asunto. Se alega en la acción de tutela que la providencia atacada incurrió en defecto fáctico por valorar inadecuadamente el dictamen pericial, al restarle valor a las fotografías y a los testimonios en que se fundó y, por omitir la valoración de una prueba determinante para descartar la negligencia de la unión temporal accionante. Así mismo se alega un defecto por el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, en cuanto a los elementos que deben demostrarse para declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio. La Sala concluye que las pretensiones de la acción de tutela promovida por la accionante no deben prosperar, en la medida en que no se demostró la existencia de los defectos alegados y que la actuación del tribunal acusado se ajustó a los límites propios de la autonomía judicial y la vigencia de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 263    Expediente   T-3272693    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-270/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LA PERLA AGROPECUARIA LTDA VS. MUNICIPIO DE FREDONIA

Tema

Debido proceso. En el presente caso se alega vulneración de derechos fundamentales de la sociedad La Perla Agropecuaria Ltda. por parte del Concejo Municipal y el Alcalde del municipio de Fredonia, en tanto se expidió un acuerdo que declaró de utilidad pública una vía y con fundamento en este acto se profirieron varias resoluciones que concluyeron en la expropiación de un terreno de propiedad de la accionante, con el fin de construir una vía para la comunidad. La Sala considera que la acción de tutela que se estudia no es procedente puesto que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable en cabeza de la sociedad demandante y porque no es esta acción constitucional pertinente para la protección de derechos colectivos. Además, porque no se reunieron los requisitos necesarios para que pudiera configurarse una excepción a esta regla. IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 264    Expediente   T-3231647 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   29-3-2012 0:00    Sentencia   T-259/13
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    DARIO HERNANDO FORERO WINCHERY VS. FONCEP Y OTROS

Tema

Indexación de la primera mesada pensional, mínimo vital, igualdad, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se demandan las decisiones judiciales adoptadas dentro del trámite de procesos ordinarios iniciados por los actores para reclamar la indexación de la primera mesada pensional y el pago del retroactivo por los mayores valores dejados de percibir. Se alega en la demanda de tutela que dichos fallos incurrieron en: 1º. Defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 48 y 53 superiores, en armonía con los artículos 4 y 380 ibidem. 2º. Defecto sustantivo por interpretación irrazonable, al decidir los casos con base en una regla jurisprudencia que i) infringe mandatos constitucionales y ii). Produce efectos desproporcionados sobre el ordenamiento jurídico y sus destinatarios. 3º. Desconocimiento del precedente constitucional sobre indexación de la primera mesada en pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Carta del 91. La Sala decide CONCEDER el amparo solicitado, dejar sin efectos las sentencias acusadas e impartir una serie de órdenes específicas a los accionados, para que procedan a hacer efectivas las reliquidaciones reclamadas, con base en las indicaciones establecidas para cada caso en particular.
Recibo Relatoria   11-7-2013 0:00


Item 265    Expediente   T-3273844 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   30-3-2012 0:00    Sentencia   T-271/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    PEDRO POSADA ROMERO Y OTRO VS. EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CANTEROS Y OPERADORES CANTAGALLO Y OTRO

Tema

Vida digna, igualdad, seguridad social, estabilidad laboral reforzada. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos estudiados se demanda a la Empresa Asociativa de Trabajo Canteros y Operadores Cantagallo y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque desvincularon a los demandantes de sus trabajos, presuntamente, desconociendo normas constitucionales, legales y la jurisprudencia relacionada con la protección a la estabilidad laboral reforzada de personas con algún grado de discapacidad o en períodos de incapacidad. Teniendo en cuenta que el tipo de vinculación de los actores con las entidades demandadas es diferente, pues uno es propio de una relación contractual y privada y el segundo, de una vinculación legal y reglamentaria con la administración, la Sala abordó la siguiente temática. 1. La procedencia de la acción de tutela contra particulares. 2. La improcedencia general de la acción de tutela para obtener un reintegro laboral y sus excepciones. 3. La protección laboral reforzada del trabajador con discapacidad, del trabajador en período de incapacidad laboral y la facultad limitada del empleador de terminar el contrato laboral por incapacidad superior a 180 días. Luego del análisis de cada uno de los asuntos, se decide CONCEDER el amparo solicitado en el primer caso y, confirmar las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela en el segundo asunto.


Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 266    Expediente   T-3269957    Fecha sentencia   30-3-2012 0:00    Sentencia   T-272/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    FRANCISCO JAVIER ORTEGA VS. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Tema

En el presente caso el actor adujo vulneración de derechos fundamentales por parte de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto emitió acto administrativo por medio del cual dio por terminado su nombramiento en provisionalidad como Fiscal Delegado ante el Tribunal de Pasto. La vulneración alega se fundamenta en el hecho de haber nombrado en carrera administrativa a quien se encontraba en la lista de elegibles en el puesto 58, cuando los cargos ofertados y convocados a concurso fueron solo 52. Adujo el demandante, que no se tuvo en cuenta que él estaba a menos de tres años de obtener su jubilación y que en la sentencia SU.446/11 se concedió especial protección a ciertos sujetos, entre ellos a los prepensionados. La Sala encontró que no era factible ordenar el reintegro como quiera que el actor no gozaba de un derecho indefinido a permanecer en el cargo al cual accedió quien legítimamente sí había adquirido dicho derecho por concurso y que además, porque no se estaba ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable toda vez que ya se le había reconocido al accionante la pensión de jubilación al momento de interponer la tutela. Se NIEGA el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 267    Expediente   T-3268348    Fecha sentencia   30-3-2012 0:00    Sentencia   T-273/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    ALBA MILENA MATIZ CASTIBLANCO VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Tema

Igualdad, dignidad humana, acceso al agua potable, debido proceso. La accionante ejerce la posesión de un predio en Bogotá, donde reside con siete menores de edad que son sus dos hijos y cinco sobrinos. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. suspendió la prestación del agua potable por incumplimiento en el pago de facturas del servicio de acueducto y alcantarillado, las cuales ascienden a un monto cercano al millón doscientos mil pesos. La Sala recuerda que el derecho al agua potable destinada al consumo humano es fundamental y por ende, defendible por vía de tutela en tanto su limitación, negación o suspensión pueda lesionar gravemente la salud y el disfrute de un ambiente sano, así como disminuir las posibilidades de llevar una vida digna. También señala que, aunque la suspensión de los servicios públicos constituye una actuación legítima en caso de incumplimiento en el pago de facturas, las empresas encargadas de su prestación deben abstenerse de adelantar dicho procedimiento cuando los afectados por esa medida sean sujetos de especial protección constitucional, que carecen de recursos económicos suficientes para sufragar oportunamente su costo. Se CONCEDE el amparo solicitado, pero en aras de no incentivar la cultura del no pago y en preservación del principio de solidaridad, se ordena que, luego al restablecimiento del servicio de agua, las partes acuerden un programa de cubrimiento de lo adeudado que tenga en cuenta la situación de la actora y de su familia, a fin de que la demandante pueda empezar a realizar cumplidos abonos a la obligación contractual. CONCEDID.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 268    Expediente   T-3247689    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-275/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. ESP VS. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Tema


Debido proceso. La sociedad PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. E.S.P. interpuso la acción de tutela contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objetivo de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado a través de una vía de hecho administrativa, en tanto se impuso una sanción no establecida en la ley y se negó la doble instancia en el proceso administrativo. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relativa a la procedibilidad de la acción de tutela y las exigencias gubernamentales que se imponen cuando se alega la vía de hecho administrativa y concluye que, la acción constitucional es improcedente por cuanto existen otros mecanismos judiciales para atacar las resoluciones emitidas por la entidad accionada, en particular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, un mecanismo que, por lo demás resulta idóneo para la defensa de los derechos alegados, los cuales se plantearon más en términos de regulación legal que constitucional. DENEGAD.

Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 269    Expediente   T-3242483    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-276/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    XXX VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tema

En el presente asunto la Corte Constitucional tutela los derechos fundamentales al debido proceso, a la unidad familiar y, el de los niños a ser escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, en un caso en el que un ciudadano estadounidense presentó la acción de tutela en contra del ICBF, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales y los de sus hijos adoptivos menores de 18 años, porque después de tramitar y aprobar la adopción de los menores, inició un proceso de restablecimiento de derechos en el que tomó la decisión de ubicarlos en un hogar sustituto, a su juicio, con el único fundamento, de haber tenido conocimiento de que era homosexual. El ICBF por su parte aseveró que la apertura del proceso administrativo y la adopción de la medida de restablecimiento no tuvieron como soporte la orientación sexual del demandante, sino el hecho de que éste no reveló tal información durante el trámite de la adopción, omisión que, en su criterio, amenaza la salud sicológica de los niños, en la medida en que no recibieron la preparación para afrontar esta característica de su nueva familia. Para la Sala, el ICBF no demostró que cuando ordenó la separación de los niños del accionante y su consecuente ubicación en hogar sustituto, se cerniera una amenaza cierta sobre sus derechos; como tampoco logró establecer que existiera evidencia del nexo causal entre la falta de información sobre la orientación sexual del actor en el proceso de adopción y la supuesta amenaza de los derechos de los niños adoptados. Se concluye que, La medida de restablecimiento de derechos no estaba justificada y fue desproporcionada y, que además no tuvo en cuenta la opinión de los niños a la hora de dictarla, hechos que configuraron una vía de hecho administrativa lesiva de los derechos fundamentales de los peticionarios. Se CONCEDE el amparo invocado y en consecuencia, se dejan sin efecto todas las resoluciones dictadas en el marco del proceso del restablecimiento de derechos y se ordena la entrega definitiva de la custodia de los niños precitado, a su padre adoptivo.
Recibo Relatoria   18-5-2012 0:00


Item 270    Expediente   T-3224384    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-277/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GUIDO DEL CARMEN TETA Y VERGARA VS. CENTRAL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MAICAO, CENTRAMA S.A.

Tema

Mínimo vital, seguridad social, estabilidad laboral reforzada. El accionante asumió el cargo de gerente de la Central Terminal de Transportes de Maicao por un período de dos años, tal y como lo establecen los estatutos de la empresa. Estando en ejercicio de su cargo fue intervenido quirúrgicamente e incapacitado por un período de tres meses, vencidos los cuales se reintegró a sus actividades laborales. De manera posterior, la Junta Directiva de la empresa se reunió con el propósito de elegir al nuevo gerente que ocuparía el cargo por los siguientes dos años, en razón a que el período del accionante ya había expirado. A juicio del actor, su desvinculación carece de efectos jurídicos porque no se contó con la autorización de la Oficina de Trabajo para hacerlo, teniendo en cuenta que su estado de salud era delicado, no había terminado el tratamiento para su padecimiento y se encontraba a la espera de una segunda cirugía. La Sala de Revisión aborda la siguiente temática: 1º. Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral. 2º. Estabilidad laboral reforzada de personas discapacitadas o con limitaciones físicas y la extensión de dicha estabilidad. 3º. Nexo causal entre la desvinculación y la discapacidad y 4º. Estabilidad laboral reforzada en cargos de libre nombramiento y remoción. Se concluye que, no hubo por parte del empleador una acción positiva encaminada al despido o terminación del contrato del accionante, sino que, la desvinculación del cargo se dio por el paso del tiempo, es decir, por el vencimiento del plazo determinado en los estatutos, para su duración. DENEGADA
Recibo Relatoria   8-8-2012 0:00


Item 271    Expediente   T-3272671    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-278/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JEYSON ALEXANDER MONTES LOAIZA VS. BATALLON DE INFANTERIA NUMERO 22 BATALLA DE AYACUCHO Y OTRO

Tema

Debido proceso administrativo. El accionante considera que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, al exigirle, para efectos de expedir la libreta militar, el pago de la cuota de compensación sin tener en cuenta que prestó el servicio militar en calidad de soldado regular por nueve meses y que además pertenece al nivel II del Sisben. El Distrito Militar accionado argumentó que el actor fue incorporado como soldado regular y que el tiempo de servicio de esa modalidad es de 18 a 24 meses. Así mismo indicó que fue desincorporado por exención, tras cumplir únicamente nueve meses de servicio y que, de acuerdo a la ley, le correspondía pagar una cuota de compensación para poder expedirle la respectiva libreta militar. Con relación a la pretensión de exoneración de la precitada cuota, adujo que, luego de verificar la base de datos del SISBEN no se encontró al peticionario registrado en ella, por lo que no procedía el mencionado beneficio. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Prestación del servicio militar obligatorio y el trámite para definir la situación militar. 2º. La cuota de compensación militar. 3º. Procedencia de la acción de tutela para salvaguardar el derecho al debido proceso administrativo. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo constitucional solicitado y se ordena realizar la liquidación de la cuota de compensación según el porcentaje establecido en la ley para quienes fueron desacuartelados antes de cumplir con el tiempo del servicio, una vez el accionante inicie el proceso administrativo pertinente y allegue la documentación que se requiere.
Recibo Relatoria   20-3-2013 0:00


Item 272    Expediente   T-3270688    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-279/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LIA ESPERANZA TORRES GARZON COMO AGENTE OFICIOSO DE DANIEL SOLARTE VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud, mínimo vital. A través de la figura de la agencia oficiosa se incoa la acción de tutela en contra de la NUEVA E.P.S., alegando vulneración de derechos fundamentales con el hecho de negarse a transcribir la incapacidad definitiva que le fue prescrita al agenciado por el médico tratante, a raíz del cáncer gástrico que padece, la cual requiere para hacer efectivo el seguro de vida y la liquidación de unos créditos tomados con diferentes entidades financiera. La entidad accionada adujo que el paciente es un afiliado con calidad de beneficiario y que por este motivo no es procedente la trascripción de la incapacidad, pues la norma solo establece dicho reconocimiento para los afiliados cotizantes, toda vez que para los beneficiarios se ha establecido un régimen de beneficios que se concreta en la prestación de los servicios de salud. Se analiza la siguiente temática: 1º. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. 2º. Clases y particularidades de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 3º. Normas relacionadas con la calificación y pérdida de la capacidad laboral. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la E.P.S. accionada realizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral del actor, con el fin de obtener una declaración oficial sobre su estado de salud.
Recibo Relatoria   20-3-2013 0:00


Item 273    Expediente   T-3268843    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-280/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    HEBERTO LLERENA LUNA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

En el presente caso se analiza la posible vulneración de derechos fundamentales por parte del Instituto de Seguros Sociales, al negarle al actor el reconocimiento de la pensión especial de vejez por alto riesgo, bajo el argumento de no existir certeza de que el asegurado ejerció alguna de las actividades las consideradas en la norma como riesgosas. La Sala analiza temática relacionada con el régimen de la pensión especial por alto riesgo y la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones. Se concluye que, el amparo solicitado no procede ni de manera transitoria, en razón a que no se evidenció un perjuicio irremediable, toda vez que el accionante esperó más de cinco años para que el ISS le diera respuesta a la solicitud que le fue negada, tiempo en el que debió iniciar un proceso judicial. Igualmente, porque se evidenció que el actor disfruta de una pensión de vejez que le cancela la entidad demandada, con lo cual se deduce que los derechos fundamentales invocados no se encuentran vulnerados. NEGAD.
Recibo Relatoria   16-11-2012 0:00


Item 274    Expediente   T-3239868    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-280A/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JAIRO DE JESUS CORTES ARIAS, LIQUIDADOR DE CAJANAL VS. JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y OTRO

Tema

En este asunto se tiene que dentro del trámite de un incidente de desacato se resolvió sancionar al representante legal de CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación y al gerente del PAR BUEN FUTURO con multa equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes y una pena privativa de la libertad consistente en diez días de arresto. En la misma decisión se resolvió suspender la ejecución de las órdenes, en los términos del A243/10. Al surtirse el grado jurisdiccional de consulta se confirmó parcialmente la decisión adoptada en cuanto al desacato, pero no en lo concerniente a la suspensión de las órdenes de arresto y las multas impuestas como sanción. En este sentido, se decidió revocar la decisión de suspender las medidas sancionatorias. Alega el actor que las disposiciones adoptadas dentro del trámite incidental vulneraron sus derechos fundamentales y por eso solicita en la acción de tutela que se dejen las mismas sin valor y efecto y, en su lugar, se declare cumplida la orden de tutela y se disponga el levantamiento de la sanción y el archivo definitivo del proceso. Se analiza la siguiente temática: 1º. Los fallos de tutela, su cumplimiento y el procedimiento para hacerlos efectivos. 2º. Naturaleza y objeto del incidente de desacato. 3º. Límites y facultades del juez en el trámite del precitado incidente y, 4º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Se decide CONCEDER el amparo al derecho fundamental al debido proceso, dejar sin efectos la decisión adoptada por el tribunal accionado y ordenar a esta autoridad judicial que profiera una nueva providencia que resuelva en grado de consulta el referido incidente de desacato.
Recibo Relatoria   31-5-2013 0:00


Item 275    Expediente   T-3095854    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-282/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    HAMITT DE ANDREIS MATTOS VS. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO Y OTRO

Tema

En el presente caso la actora alega vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la integridad personal y familiar, al medio ambiente sano, a la propiedad privada, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, así como a los derechos constitucionales a la protección a la tercera edad y al saneamiento ambiental. La acción de tutela se interpone en contra de la Unidad Especial del Sistema de Parques Naturales por el hecho de haber practicado un decomiso preventivo de unos materiales de construcción y la suspensión de unas obras de levantamiento de un pozo séptico en una cabaña construida en la Playa del Medío, Bahía Gairaca, en el Parque Nacional Tayrona y, de manera consecuente, evitar que los habitantes de la misma, entre los que se encuentra la actora, continuaran utilizando el servicio sanitario. Se alega en la demanda que esta decisión obliga a los habitantes de la cabaña a hacer sus necesidades a la intemperie, mientras que en otras edificaciones ubicadas en el mismo sector del Parque Tayrona, sí se ha permitido la construcción de instalaciones sanitarias con posterioridad al intento de edificación que realizó la peticionaria. Luego de analizar ampliamente los requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela, la protección del ambiente sano a través de la figura de los parques nacionales naturales y sus incidencias, los pilares del derecho ambiental constitucional, la figura de la licencia ambiental como herramienta legal para la salvaguarda de los recursos naturales y las limitaciones del derecho de propiedad privada en los parques naturales, la Sala decide declarar la IMPROCEDENCIA del amparo solicitado.
Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 276    Expediente   T-2972159    Fecha sentencia   11-4-2012 0:00    Sentencia   T-274/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE

Tema

Defensa, debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. La Empresa de Energía del Pacífico instauró la acción de tutela en contra de las decisiones y actuaciones judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo del Valle, dentro de una acción de grupo instaurada en su contra por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Anchicayá y otros, por la ejecución de algunas actividades técnicas de mantenimiento en la presa de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, las cuales, a juicio del grupo demandante, terminaron afectando a los habitantes de las comunidades aledañas al río. Según la parte accionante, en las decisiones atacadas se aplicó de manera indebida el régimen probatorio, al permitir que como fundamento esencial del dictamen pericial por el cual se estableció el monto del daño objeto de la acción de grupo, se incorporara un informe técnico practicado a título de prueba anticipada en otra instancia judicial simultánea a la referida acción, dictamen que, a su parecer, además de que fue indebidamente incorporada al proceso, carecía de fundamento objetivo de valoración. La Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Verificación de los requisitos genéricos de procedibilidad, en punto de comprobar si estos presupuestos se aplican al caso concreto, especialmente el requisito de subsidiariedad, al tratarse de una acción de grupo que fue seleccionada para revisión ante el Consejo de Estado. 3º. El defecto fáctico. 4º. Alcance de la prueba anticipada, cómo y en qué oportunidad se ejerce el derecho de contradicción y procedimiento para incorporar dicha prueba al proceso de destino y, 5º. Alcance y características del dictamen pericial y de los informes técnicos. Se CONCEDE el amparo solicitado, se revoca la decisión de segunda instancia dentro de la acción de grupo y se deja sin valor y efecto tanto una prueba pericial como un informe que fueron tenidos en cuenta en el análisis y resolución de dicho proceso, por haber sido indebidamente recaudados y aportados y, por la falta de objetividad y rigurosidad en su contenido.
NOTA DE RELATORIA. Mediante Auto 132 de fecha 16 de abril del 2015, se declara la nulidad de la presente providencia y se ordena la remisión del expediente al despacho de la Magistrada Sustanciadora para que proyecte la nueva sentencia, la cual deberá ser adoptada por la Sala Plena de la Corporación.
Recibo Relatoria   18-9-2012 0:00


Item 277    Expediente   T-3271415    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-281/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARIA FABIOLA DIAZ DIAZ VS. CODENSA S.A.

Tema

inmueble que carece del servicio de energía y cuando la empresa CODENSA inició el trámite para la respectiva instalación del contador de luz, le exigieron de manera previa, realizar algunas reparaciones internas al inmueble por medio de un técnico certificado por el Ministerio de Minas y Energía. Tras contratar a un técnico que le expidió el certificado para acreditar que el inmueble cumplía con los parámetros del reglamento de instalaciones eléctricas, la empresa accionada se negó nuevamente a instalar el servicio, argumentando que la peticionaria no cumplía con el requisito de acreditar la posesión del inmueble a través de un documento expedido por un juzgado. La Sala reitera que la falta de energía eléctrica en una casa de familia genera per se un perjuicio irremediable en la medida en que los servicios públicos están amparados por derechos fundamentales. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la empresa accionada instalar el servicio de energía eléctrica en la casa de la demandante, sin necesidad de exigir requisitos adicionales a los estrictamente consagrados en la ley.
Recibo Relatoria   13-8-2012 0:00


Item 278    Expediente   T-3269753    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-281A/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LILIANA MARCELA HERNANDEZ GORDILLO VS. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Tema

Derecho de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, autonomía universitaria. La accionante alega que la Universidad de los Andes interpretó y aplicó erróneamente sus propios reglamentos, al exigirle como prerrequisito para adelantar el último año de la carrera de medicina que cursaba en dicha institución, el manejo de un segundo idioma. A su juicio, este prerrequisito se estableció para ser aplicable sólo al componente del internado denominado selectivo y no, para el que ella pretendía cursar, que era el llamado internado obligatorio. La universidad accionada solicitó negar las pretensiones de la tutela, argumentando que, los estudiantes al momento de matricularse o inscribirse adquieren el compromiso formal de respetar y acatar los estatutos y reglamentos internos de la institución; que el internado o práctica médica es uno solo sin importar que contenga dos componentes y, que para el caso concreto, la modificación hecha al programa académico cursado por la peticionaria se ajustó en el segundo semestre del 2009 y se difundió entre los estudiantes mediante el envío de correos electrónicos, en el cual se adjuntó el diagrama del Plan de Estudios y se advirtió sobre la no negociabilidad de los pre y co requisitos de las materias. La Sala concluye que, la universidad de Los Andes al exigir como pre-requisito para cursar la materia de internado obligatorio la presentación del Toefl, no vulneró derecho alguno de la actora, debido a que la interpretación que hizo la institución de sus reglamentos estudiantiles vigentes resultó acorde con lo establecido en los mismos y por lo tanto, no fue arbitraria y/o violatoria de los límites del principio constitucional de la autonomía universitaria. Así mismo, encontró que se respetó el principio de irretroactividad, al comprobarse que la norma específica que amparó el accionar de la universidad, fue promulgada con cerca de dos años de antelación a la presentación de la acción de tutela. Se DENIEGA el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   21-8-2012 0:00


Item 279    Expediente   T-3235282    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-282A/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CARLOS GONZALEZ VARGAS VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema

Debido proceso, defensa, igualdad. Tutela contra providencia judicial. Se instaura la acción de tutela contra las sentencias emitidas por las Salas Disciplinarias del Consejo Seccional de Cundinamarca y Superior de la Judicatura dentro de un proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, mediante las cuales se le impuso una sanción de dos meses de suspensión del ejercicio de la profesión. Se alega la ocurrencia de un defecto sustantivo por indebida o equivocada interpretación de la ley. La Sala encuentra un defecto sustantivo que se muestra en la errónea clasificación de la falta contra la lealtad debida a la administración de justicia y la prescripción de la acción disciplinaria, que conlleva a la vulneración de derechos fundamentes del tutelante. Se advierte que, no se auspicia a los profesionales en derecho a incurrir en conductas como la desplegada por el actor, la que se reprocha, sino que se llama la atención respecto de la obligación de salvaguardar el debido proceso de los disciplinados, pues el Estado no puede ejercer su facultad sancionatoria cuando la acción disciplinaria ha prescrito. Se CONCEDE la tutela, se dejan sin efecto los fallos atacados y se ordena emitir una nueva decisión en la que se tenga en cuenta las consideraciones fijadas respecto a la prescripción de la acción disciplinaria y la clasificación de la falta imputada.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 280    Expediente   T-3269504    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-283/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    VIVIAN PATRICIA VERGARA BENEDETTI VS. HUMANA VIVIR S.A. E.P.S.

Tema

Vida, salud. La presente acción de tutela se inició para solicitar el amparo constitucional de una bebé que nació con un serio problema cardiovascular conocido como cardiopatía congénita cianosante tipo atresia de la válvula pulmonar, situación por la cual, el pediatra neonatólogo tratante consideró que era necesario realizarle una cirugía cardiovascular infantil paliativa urgente. Al no ser posible realizar el procedimiento ordenado en la IPS en la cual se encontraba internada la niña, el médico tratante ordenó su remisión a una institución de IV nivel. La E.P.S. demandada no autorizó la mencionada remisión, alegando la falta de contrato con alguna IPS que pudiera realizar la operación. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. El derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. 2º. Vulneración del derecho fundamental autónomo a la salud de los niños y, 3º. El derecho al acceso a los servicios de salud de manera pronta y oportuna sin dilaciones injustificadas. A pesar de que en el presente caso, la menor representada falleció en el trámite de la tutela en primera instancia, la Sala hace un pronunciamiento de fondo para reiterar que, cuando se presenten prescripciones médicas para la atención en salud con carácter urgente a menores de edad, las E.P.S. deben atender dichos requerimientos de manera prioritaria y diligente con el fin de brindar la defensa de sus derechos como sujetos de especial protección y evitar que se presenten situaciones como la del presente asunto. Así mismo, enfatiza que, cuando por falta de la debida prestación de la atención en salud, un menor fallece, el juez constitucional mantiene la competencia para conocer la vulneración de los derechos fundamentales y, en virtud de que su protección ya no es posible, adoptar las medidas que garanticen la integridad de la dimensión objetiva de esos derechos dentro del ordenamiento jurídico. La Sala de Revisión resuelve advertir a la madre de la menor fallecida que puede acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar la reparación del daño sufrido y todo aquello a lo que considere tiene derecho, compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia de Salud, para lo de su competencia e impartir una serie de órdenes a HUMANA VIVIR S.A. E.P.S para garantizar el derecho a la verdad, entendido éste como el derecho a saber para no olvidar y así abstenerse de repetir. Igualmente, ordena tomar las medidas adecuadas para que una situación tan lamentable como esta jamás vuelva a ocurrir.
Recibo Relatoria   17-1-2013 0:00


Item 281    Expediente   T-3244712    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-283A/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ESTHER PABUENA ARDILA Y OTRO VS. ALCALDIA DE CARTAGENA Y OTROS

Tema

Vivienda digna, acceso a la administración de justicia. Los accionantes adquirieron una vivienda de interés social en un barrio de Cartagena ubicado en una zona geográfica de alto riesgo, hecho que ha causado la destrucción progresiva del inmueble. La vivienda fue financiada por entidades bancarias que otorgaron préstamos hipotecarios y, como consecuencia de la mora en el pago de las cuotas por parte de los demandantes, se inició un proceso ejecutivo hipotecario dentro del cual se produjo la adjudicación del inmueble a Bancolombia. De manera paralela, los miembros de la comunidad afectada, incluidos los accionantes, iniciaron una acción popular y una de grupo con el fin de lograr la protección de sus derechos colectivos. Se pretende con la acción de tutela que se ordene no llevar a cabo la diligencia de entrega del inmueble al adjudicatario, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las otras acciones constitucionales en curso. La Sala de Revisión concluye que la tutela resulta improcedente por no cumplirse el requisito de inmediatez y por no acreditarse la inminencia de un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental. Se DENIEGA el amparo impetrado.


Recibo Relatoria   6-8-2012 0:00


Item 282    Expediente   T-3280206    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-284/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV Y AV MGC
Demandante / Demandado    CARLINA MERA RIOS VS. ACCION SOCIAL

Tema

Mínimo vital, vida digna. La accionante instauró la acción de tutela contra el Departamento para la Prosperidad Social, invocando el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales considera quebrantados por la decisión de dicha entidad de no otorgarle la prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia, a la que estima tiene derecho en su condición de madre cabeza de familia, víctima del desplazamiento forzado. La Sala considera que la conducta desplegada por la accionada constituye vulneración de derechos fundamentales de la actora y de su familia, en tanto le asignó un turno de entrega de la prórroga reclamada, en un término que no puede ser considerado moderado y adecuado Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la demandada fijar una nueva fecha, dentro de un plazo que sea razonable y oportuno, para hacer la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 283    Expediente   T-3268335    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-284A/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    SILVIA ESPERANZA ALDANA PULIDO VS. CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Tema

Vivienda digna. Principio de confianza legítima. En el presente caso la accionante, desde hace más de 31 años, vive en un predio de propiedad de la Caja de Vivienda Popular en el cual fue reubicada por encontrarse viviendo en una zona de alto riesgo. La precitada Caja inició un proceso reivindicatorio que se encuentra en trámite, cuya pretensión es recuperar la posesión del inmueble y en consecuencia, desalojar a la actora y a las demás familias que habitan en un sector del barrio Guacamayas de Bogotá. La Sala recuerda que, si bien la pretensión de la entidad accionada de que se le restituya la posesión del predio es en un comienzo legítima, en virtud del principio de confianza legítima y siguiendo la jurisprudencia constitucional, debe, antes de proceder con la ejecución de una medida de desalojo sobre una persona o población en la que su propia conducta hizo nacer dicho principio, otorgarle un tiempo prudencial y ofrecerle alternativas para evitar la vulneración de sus derechos. Se TUTELAN los derechos fundamentales de la accionante, de su familia y de todas las personas que habitan el predio ubicado en el barrio Guacamayas, frente al cual está en trámite el proceso ordinario reivindicatorio iniciado por la Caja de Vivienda Popular. Para hacer efectivo el amparo concedido, se imparten una serie de órdenes a varias entidades gubernamentales.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 284    Expediente   T-3246696    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-285/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARIA JULIA VELASQUEZ GONZALEZ VS. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DISTRITAL DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Salud, igualdad, vida digna. La demandante padece hemorragia de vías digestivas altas, hipotiroidismo y además le fue diagnosticado un tumor maligno de tiroides y reflujo gastroesofágico. Como parte del tratamiento para estas patologías su médico tratante le ordenó una dieta especial para evitar que sus enfermedades se agraven. Dada la situación de vulnerabilidad que afronta la actora, es beneficiaria del Programa de Seguridad Alimentaria ofrecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá y con la acción de tutela pretende que a través de dicho programa le suministren los alimentos especiales que fueron ordenados en la dieta prescrita o, en su lugar, se le proporcione la llamada canasta de discapacidad, para que ella misma prepare sus alimentos en casa. La Sala recuerda que el marco constitucional establece de un lado, las obligaciones del Estado frente a las personas en situación de debilidad manifiesta y, del otro, la titularidad de éstas a demandar que el Estado, como mínimo, les brinde un trato acorde a sus circunstancias y adopte políticas tendientes a garantizar su rehabilitación e integración social, brindando la atención especializada requerida de acuerdo a sus condiciones. Se concluye que, la entidad demandada al no tomar medidas especiales para brindar la asistencia alimentaria a la accionante en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta su situación especial de salud, desconoció el mandato de no discriminación y que esta actuación a la postre ocasionó la vulneración de derechos fundamentales. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la demandada tomar las medidas necesarias para garantizar a la accionante el acceso a la asistencia alimentaria que requiere en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta la dieta que le ordenó su médico tratante.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 285    Expediente   T-3247343 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   12-4-2012 0:00    Sentencia   T-286/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANA LUCIA BERMUDEZ GONZALEZ Y OTROS VS. SALUDCOOP E.P.S. Y OTROS

Tema

Salud, integridad física. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los cuatro casos acumulados los accionantes o agenciados son personas con algún grado de discapacidad o adultos mayores a quienes sus médicos tratantes prescribieron procedimientos, tratamientos y servicios como enfermería domiciliaria, medicamentos, terapias y exámenes diagnósticos para determinar si los servicios solicitados son necesarios o no para el tratamiento integral de la enfermedad que padecen. Las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud demandadas negaron el acceso ellos so pretexto de no estar incluidos en el POS o no ser requeridos ante el Comité Técnico Científico. La Sala resuelve los asuntos haciendo énfasis en la especial protección del derecho a la salud de las personas que no cuentan con los recursos económicos para asumir la atención que requieren y decide CONCEDER el amparo solicitado por los diferentes peticionarios. Se imparten una serie de órdenes a las entidades demandadas, conducentes a hacer cesar la vulneración de derechos fundamentales.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 286    Expediente   T-3308706    Fecha sentencia   17-4-2012 0:00    Sentencia   T-286A/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    SEGUNDO OBANDO MICOLTA EN REPRESENTACION DE SU HIJA DANIELA OBANDO VS. CAPRECOM E.P.S. S

Tema


Salud, vida. La menor representada en este caso padece desde muy temprana edad de hipotiroidismo primario con presencia de una masa en la línea media del cuello, por lo cual ha estado en tratamiento y control con supervisión médica especializada. La vulneración de derechos se da con la negativa de CAPRECOM E.P.S.S de no continuar autorizando las órdenes con endocrinología, alegando que no tiene convenio con el Hospital donde se venía recibiendo la atención médica, hecho que hizo interrumpir el tratamiento adoptado durante varios años. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud de las personas en estado de discapacidad, especialmente si se trata de sujetos de especial protección constitucional. 2º. El principio de atención integral en materia del derecho a la salud. 3º. El principio de continuidad donde el acceso a un servicio de salud debe ser continuo y no puede ser interrumpido súbitamente. 4º. Alcance del derecho a la libre escogencia de IPS por parte del usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho de la E.P.S. a escoger con qué IPS contratar. SE CONCEDE.

Recibo Relatoria   17-1-2013 0:00


Item 287    Expediente   D-8642    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-287/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    GERMAN CASAS TORRES VS. LEY 1445 DE 2011, ARTICULOS 4 Y 5

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 4 y 5 de la Ley 1445 de 2011. Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional. El demandante considera que los artículos cuestionados, al permitir la transformación de clubes deportivos con futbolistas profesionales organizados como corporaciones civiles o asociaciones deportivas en sociedades anónimas, vulneran los artículos 58 y 62 de la Constitución Política. La Corte encontró que la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas configura una medida legítima desde la perspectiva constitucional y no desconoce el derecho de propiedad ni modifica el destino de donaciones intervivos. Se decide declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos acusados, con relación a los cargos analizados.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 288    Expediente   D-8690    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-288/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC, AV NEPP, SV HASP
Demandante / Demandado    HUMBERTO DE JESUS LONGAS LONDOÑO VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011 Y LEY 1473 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 3 de 2011, por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal y contra la Ley 1473 de 2011, por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que el Acto Legislativo 03 de 2011 configura un exceso del Congreso en el ejercicio del poder de reforma de la Constitución, debido a que al modificar las normas sobre la intervención del Estado en la economía, a fin de instaurar el principio de Sostenibilidad Fiscal, en realidad sustituyó la Constitución en cuanto a varios de sus elementos estructurales, como son la primacía de los derechos fundamentales, la independencia del poder judicial, la autonomía de las entidades territoriales y la delimitación de la competencia del Gobierno y el Ministerio Público. En cuanto a la Ley 1473 de 2011 se aduce que, al ser sólo la instrumentalización legislativa del criterio de sostenibilidad fiscal introducido en el Acto Legislativo 03 de 2011, deviene en inconstitucional por consecuencia. La Corte precisó que la sostenibilidad fiscal constituye un instrumento para alcanzar de manera progresiva las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho y por lo tanto no implica una sustitución de la Constitución. En cuanto al incidente de sostenibilidad fiscal, que consiste en un procedimiento de índole constitucional dirigido a permitir que los Ministros del Gobierno o el Procurador General de la Nación expresen ante las Altas Cortes las explicaciones acerca de la afectación que se evidencie a la sostenibilidad fiscal, respecto de los efectos de una sentencia en particular, la Corte consideró que constituye un escenario reglado de interlocución que no desvirtúa la separación de poderes, habida cuenta que la posibilidad de modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias de las Cortes tiene carácter potestativo. Se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados, el Acto Legislativo 3 de 2011. Frente a la Ley 1473 de 2011, se declara INHIBIDA de adoptar decisión de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   20-6-2012 0:00


Item 289    Expediente   D-8698    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-289/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    WILFREDO PARRA LOZANO VS. DECRETO LEY 1793 DE 2000, ARTICULO 11

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 11 del Decreto Ley 1793 de 2000, por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares. El artículo demandado referente al retiro por detención preventiva, establece que el soldado profesional a quien se le profiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que exceda de sesenta (60) días calendario, será retirado del servicio. El demandante argumenta que el artículo impugnado es violatorio de los derechos a la igualdad, a la presunción de inocencia y al trabajo. La Corte concluyó que el retiro definitivo del servicio activo de los soldados profesionales sometidos a detención preventiva, vulnera la presunción de inocencia de que gozan en el ámbito laboral. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del numeral 3º del ordinal a) del artículo 8 y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, por el cargo analizado, del artículo 11 del decreto 1793 de 2000, en el entendido de que la palabra retirado debe entenderse como suspendido.
Recibo Relatoria   27-6-2012 0:00


Item 290    Expediente   D-8776    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-290/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  AV GEMM, AV NPP, AV LEVS
Demandante / Demandado    DAVID DELGADO VITERY VS. LEY 1426 DE 2010, ARTICULO 1

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 1426 de 2010. El artículo demandado modifica el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000 y establece que: “El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de Defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.” El demandante considera que el artículo acusado viola los artículos 5, 6 y 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al igual que los artículos 13 y 93 superiores. La Corte establece que no se estructuró un cargo de inconstitucionalidad en la medida en que se pretendió confrontar una norma de rango legal, con un artículo específico de un tratado internacional que no hace parte del bloque de constitucionalidad. Se decide declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el artículo 1º de la Ley 1426 de 2010.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 291    Expediente   D-8696    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-291/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    JUAN DAVID MURCIA HIGGINS VS. DECRETO 609 DE 1977 ARTICULO 76 PARCIAL Y OTROS

Tema


Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 76 (parcial) del Decreto 609 de 1977; el artículo 153 (parcial) del Decreto 612 de 1977, el artículo 130 (parcial) del Decreto 2063 de 1984; el artículo 177 (parcial) del Decreto 089 de 1984; el artículo 180 (parcial) del Decreto 095 de 1989; el artículo 130 (parcial) del Decreto 097 de 1989; el artículo 185 (parcial) del Decreto 1211 de 1990 y el artículo 132 (parcial) del Decreto 1213 de 1990. Las normas acusadas se relacionan con el orden de beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de los Agentes de la Policía Nacional y de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. El demandante considera que los términos esposa, cónyuge, cónyuges y cónyuge sobreviviente, contenidos en las normas acusadas contravienen lo dispuesto en los artículos 5, 13, 42 y 48 de la Constitución Política. La Corte no encontró que se planteara un auténtico cargo de inconstitucionalidad y en tal sentido se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.

Recibo Relatoria   5-7-2012 0:00


Item 292    Expediente   D-8615    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-292/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ORLANDO RESTREPO PULGARIN VS. LEY 1429 DE 2010, ARTICULO 23

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la Ley 1429 de 2010, por la cual se expide la Ley de formalización y generación de empleo. La norma acusada dispone que a partir de la entrada en vigencia de la Ley, las alcaldías municipales son las competentes para otorgar la personería jurídica y vigilar a las asociaciones de pensionados. El actor considera que esta norma vulnera lo dispuesto en los artículos 158 y 169 Superior, por cuanto su contenido no guarda conexión con la materia de la ley, ni con la materia del título y del capítulo de los cuales hace parte. Para la Corte, el traslado de funciones a que hace referencia la norma demandada no tiene relación causal, temática, sistemática ni teleológica con el texto de la Ley 1429 de 2010, lo que conlleva al desconocimiento del principio de unidad de materia que toda ley debe cumplir. Al respecto recuerda que, aún cuando la jurisprudencia ha aceptado que existen varios temas en un proyecto o temas conexos, éstos deben guardar una clara relación lógica con el núcleo central del proyecto respectivo, relación que no encuentra la Corte configurada en el presente caso. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 23 de la Ley 1429 de 2010.
Recibo Relatoria   20-6-2012 0:00


Item 293    Expediente   LAT-374    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-293/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    REVISION OFICIOSA DE LA LEY 1461 DE 2011 Y DEL ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA RED INTERNACIONAL DEL BAMBU Y EL RATAN VS.

Tema

Revisión oficiosa de la Ley 1461 de 2011, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre el establecimiento de la red internacional del bambú y el ratán”, dada en Beijing, República Popular de China, el 6 de noviembre de 1997. Considera la Corte que el Acuerdo revisado conviene al desarrollo de postulados constitucionales y en tal sentido declara su EXEQUIBILIDAD y la de la ley 1461 de 2011 que lo aprueba.
Recibo Relatoria   22-6-2012 0:00


Item 294    Expediente   D-8603    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-294/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RUBEN DARIO BRAVO RONDON VS. ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 02 de 2011, por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia. El demandante considera que la norma acusada violó la Carta Política, al haber sido presentada para su trámite con la firma de los Ministros de Gobierno pero sin la firma del Presidente de la República. Adicionalmente considera seis violaciones al Reglamento del Congreso de la República. La Sala concluye que, una acción de inconstitucionalidad no presenta cargos pertinentes, específicos ni suficientes y por tanto susceptibles de ser conocidos por la Corte Constitucional con relación a un Acto Legislativo, cuando alega violaciones al Reglamento del Congreso de la República pero no argumenta por qué tales violaciones legales conllevan la vulneración a la vez de la Constitución Política. Además estima que, el Congreso de la República no viola la regla constitucional según la cual el Gobierno tiene iniciativa para presentar proyectos de reforma constitucional, al haber aprobado un Proyecto de Acto Legislativo sin la firma del Presidente de la República cuando este fue suscrito por los Ministros de Gobierno, pues en la medida que los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, se ha de presumir la voluntad presidencial máxime cuando no ha sido desvirtuada por el Presidente ó el proyecto de acto legislativo posteriormente fue publicado y sancionado por el Presidente de la República y además, el mandatario haya manifestado públicamente el apoyo al mismo. Se declara EXEQUIBLE el Acto Legislativo 02 de 2011 por el cargo analizado y se INHIBE de hacer pronunciamiento sobre los cargos por violación a la Ley 5ª de 1992, en tanto no se fundan en razones pertinentes, específicas, ni suficientes.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 295    Expediente   LAT-372    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-295/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCONALIDAD DEL CONVENIO ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, SU PROTOCOLO Y LA LEY 1459 DE 2011 VS.

Tema

Revisión de Constitucionalidad del “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “protocolo”, hechos en lima el 21 de noviembre de 2008, al igual que de la Ley 1459 de 2011 aprobatorio del mismo. La Corte realiza el control integral y automático de todo el contenido material del instrumento internacional referido y de su ley aprobatoria y, no encuentra reparo alguno de constitucionalidad. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta sobre el patrimonio, de su protocolo y de la Ley 1459 de 2011, por medio del cual se aprueba.
Recibo Relatoria   11-5-2012 0:00


Item 296    Expediente   D-8790    Fecha sentencia   18-4-2012 0:00    Sentencia   C-296/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    RENE HORACIO TORRES LOPEZ Y OTRO VS. LEY 842 DE 2003, ARTICULO 12

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. Los demandantes consideran que la norma acusada podría llegar a diferenciar de manera discriminatoria entre profesiones o carreras, haciendo que para el ejercicio de la ingeniería de alguna de sus profesiones afines o auxiliares se contabilice la experiencia profesional sólo a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, mientras que en las otras profesiones se contabiliza la experiencia profesional desde la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico. La Corte concluye que el artículo acusado no desconoció el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 Superior, ni tampoco el artículo 25 constitucional referente al trabajo. Se declara EXEQUIBLE el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, por el cargo propuesto.
Recibo Relatoria   28-6-2012 0:00


Item 297    Expediente   T-3304500    Fecha sentencia   20-4-2012 0:00    Sentencia   T-297/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    GERARDO POLICARPO MEDINA JURADO VS. CAJANAL IECE EN LIQUIDACION Y OTROS

Tema

Petición, seguridad social. En el presente caso el accionante tiene más de ochenta años de edad y considera vulnerados sus derechos por parte de CAJANAL, en tanto resolvió una solicitud de incluirlo nuevamente en la nómina de pensionados, a través de un acto administrativo mediante el cual negó la reliquidación de la pensión de jubilación. La entidad accionada argumentó que la solicitud radicada estaba dirigida a la reliquidación de la mesada pensional y no a la inclusión en la nómina de pensionados. Así mismo, solicitó denegar las pretensiones de la tutela, por no estar afectado el mínimo vital del accionante, en tanto éste, durante 27 años, dejó de cobrar la correspondiente mesada y, por la declaratoria de estado de cosas inconstitucional decretada en la sentencia T-1234/08. . La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de las mesadas pensiónales cuando la protección es solicitada por sujetos de especial protección constitucional. 2º. Carácter imprescriptible del derecho a la seguridad social y, 3º. Alcance de la protección al derecho fundamental de petición y la procedibilidad de la acción de tutela para amparar este derecho, cuando se encuentra dirigida en contra de CAJANAL EICE EN LIQUIDACION. Se CONCEDE el amparo a los derechos de petición y de seguridad social y se ordena a la demandada incorporar en la nómina de pensionados al accionante y restablecer el pago de la mesada pensional con la actualización respectiva y, efectuar el paga retroactivo de las mesadas dejadas de cobrar, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 488 del CST.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 298    Expediente   T-3286708    Fecha sentencia   24-4-2012 0:00    Sentencia   T-298/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIO CAMARGO MANTILLA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA, SALA LABORAL

Tema

Seguridad social, igualdad, mínimo vital, vida digna. Tutela contra providencia judicial. El ISS le negó al accionante el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez y tras iniciar un proceso ordinario laboral, el Tribunal accionado decidió revocar la decisión de primera instancia que le concedió el derecho a la prestación y en su lugar absolver al Instituto. Se aduce vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad judicial accionada, al no aplicar el principio de la condición más beneficiosa y desconocer las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentra el actor por la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%. La Sala aborda la siguiente temática: 1º. La pensión de invalidez como componente esencial del derecho fundamental a la seguridad social de las personas en situación de discapacidad y la procedencia de la acción de tutela para su reclamación. 2º. Procedencia excepcional de este amparo contra providencias judiciales y 3º. El principio de la condición más beneficiosa. Se CONCEDE la tutela y se ordena al ISS expedir la resolución de reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 299    Expediente   T-3298579    Fecha sentencia   24-4-2012 0:00    Sentencia   T-299/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ADOLFO RAMON VILLADIEGO RADA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL CORDOBA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante de 68 años de edad reclamó mediante acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales, por cuanto consideró que el ISS los vulneró por haberle negado el reconocimiento de la pensión de vejez bajo el argumento de no cumplir con el requisito del número de cotizaciones exigidas, pero no decidir nada en cuanto a la solicitud de indemnización sustitutiva por él reclamada. Los jueces de instancia denegaron el amparo al considerar que la acción de tutela no era la vía apropiada para reclamar derechos de orden legal y porque no se configuraba un perjuicio irremediable que la hiciera procedente como mecanismo transitorio. La Sala considera que resulta plenamente aplicable el régimen previsto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, ya que no se consolidó ningún derecho pensional con anterioridad a su vigencia y de otra parte, porque el actor es una persona que tiene la edad exigida para pensionarse pero no cuenta con el numero de semanas previstas para obtener esta prestación social, pero que el tiempo que cotizó se le debe tener en cuenta para obtener la indemnización sustitutiva de la pensión. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al accionado adelantar los trámites pertinentes para el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva reclamada por el actor.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 300    Expediente   T-3239849    Fecha sentencia   24-4-2012 0:00    Sentencia   T-309/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    FRANCO FRANCISCO PORTILLA VS. JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS DE CALI

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se tiene que el actor es una persona que cumpliendo una condena de prisión, consideró que reunía requisitos para solicitarle al juez de ejecución de penas el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional. La autoridad judicial negó la pretensión porque el demandante no había pagado la multa que le fue impuesta como pena accesoria. Tras elevar un segundo requerimiento fundamentado en jurisprudencia constitucional, el juzgado rechazó de plano la petición, argumentando que ya había tramitado una solicitud en el mismo sentido y que por ende, no había motivo para un nuevo pronunciamiento. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias judiciales y 2º. Alcance de la jurisprudencia constitucional sobre la exigencia de la multa para acceder a subrogados penales. La Sala encuentra que la autoridad accionada efectivamente ignoró el precedente de la Corporación, en el que se incluyen los nuevos criterios de carácter constitucional que introduce la sentencia C-185/11, los cuales deben ser tenidos en cuenta por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en sus razonamientos para negar o conceder la libertad condicional. CONCEDID.
Recibo Relatoria   13-8-2012 0:00


Item 301    Expediente   D-8699    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   C-300/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV GEMM, AV MVCC, AV JIPP, AV NPP, AV LEVS
Demandante / Demandado    MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ VS. LEY 1150 DE 2007, ARTICULO 28

Tema


Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Para el demandante, el primer inciso del artículo 28 de la Ley 1150 de 2007, específicamente en lo relacionado con posibilidad de hacer prórrogas o adiciones a los contratos de concesión de obras públicas, vulnera los artículos 209, 273 y 333 de la Constitución Política. Para la Corte las prórrogas o adiciones en los contratos de concesión de obras públicas no pueden referirse a obras que no tengan relación directa y necesaria con el objeto inicial del contrato, acorde con los principios de economía, eficacia de la función pública. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte acusado, en el entendido que la expresión “obras adicionales directamente relacionados con el objeto concesionado”, solamente autoriza la prórroga o adición de obras o actividades excepcional y necesariamente requeridas para cumplir con el objeto del contrato inicial.

Recibo Relatoria   6-7-2012 0:00


Item 302    Expediente   D-8702    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   C-301/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS CARLOS GALVAN GALVAN VS. LEY 1123 DE 2007, ARTICULO 34, LITERAL F (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el literal f) del artículo 34 (parcial) de la ley 1123 de 2007. Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. El aparte demandado es el siguiente: “…, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito”. La Corte determinó que la exoneración de responsabilidad disciplinaria al abogado que hace revelaciones amparadas por el secreto profesional, por la necesidad de evitar la comisión de un delito, constituye una excepción legítima desde la perspectiva constitucional. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte demandado, siempre y cuando tal conducta se encuadre en la causal de exoneración contemplada en el numeral 4º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.


Recibo Relatoria   20-6-2012 0:00


Item 303    Expediente   D-8783    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   C-302/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    CHRISTIAN FERNANDO JOAQUI TAPIA VS. LEY 1437 DE 2011, ARTICULO 145, INCISO 2 (PARCIAL)

Tema


Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 145, inciso 2 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala estima que los cargos que formula el demandante no reúnen los requisitos de certeza y pertinencia y que tampoco es cierto que el aparte demandado limite la posibilidad de declarar que la causa de un daño soportado por un número plural de personas, es un acto administrativo de carácter general, como tampoco limita la eventualidad de declarar la nulidad de este tipo de actos como una medida de reparación cuando sea necesario. La Sala se INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda formulada contra la frase “de carácter particular” del inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011.

Recibo Relatoria   20-6-2012 0:00


Item 304    Expediente   LAT-376    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   C-303/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    LEY 1463 DE 2011, APROBATORIA DEL ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA DE REGIMEN ESPECIAL FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA Y LETICIA. VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1463 de 2011, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), firmado en Bogotá el 19 de septiembre de 2008. La Sala considera que no existe objeción constitucional que determine la invalidez del Acuerdo o de su Ley aprobatoria y que por el contrario, el trámite legislativo se surtió de conformidad con los requisitos legales y constitucionales relevantes para ello. Se declaran EXEQUIBLES tanto la Ley 1463 de 2011, como el Acuerdo que aprobó. Se dispone que el Presidente de la República formule una declaración interpretativa en el sentido de advertir que, el artículo cuarto constituye una habilitación que se limita única y exclusivamente a la posibilidad de identificar el régimen que, en cada uno de los países y según el ordenamiento legal o reglamentario aprobado por las autoridades competentes, sería aplicable a la infracción del régimen establecido para la Zona. En consecuencia el artículo cuarto no habilita a las autoridades aduaneras colombianas a crear o establecer faltas o sanciones.
Recibo Relatoria   24-7-2012 0:00


Item 305    Expediente   D-8797    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   C-304/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JORGE ARANGO MEJIA VS. LEY 1430 DE 2010, ARTICULO 54 PARCIAL

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 54 (parcial) de la Ley 1430 de 2010. Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. El aparte demandado establece: “…En materia de impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión” A juicio del demandante, la expresión acusada viola el artículo 317 de la Constitución según el cual los municipios sólo pueden gravar a los propietarios de bienes inmuebles y en tal sentido, no le es dable gravar a los tenedores, mucho menos a aquellos tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. La Corte llegó a la conclusión que la inclusión de los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión como sujetos pasivos del impuesto predial y de la contribución por valorización, no desconoce atribuciones de los municipios. Se decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-822/11 mediante la cual se declaró exequible el artículo 54 (parcial) de la Ley 1430 de 2010, por los cargos de violación a los principios de igualdad, equidad y justicia tributarias. Así mismo, INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en lo que atañe a la acusación del precitado artículo, por el supuesto desconocimiento del principio de progresividad tributaria y declarar EXEQUIBLE la expresión acusada, por el cargo analizado en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 306    Expediente   D-8710    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   C-305/12
Ponente   JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Demandante / Demandado    ANA MARIA LOPEZ CAMPOS VS. ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 04 de 2011, por medio del cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia. La demandante considera que el Congreso de la República, en su condición de constituyente derivado, desbordó su competencia de reforma de la Carta Fundamental al sustituir de manera transitoria principios, valores y derechos consagrados en la Carta Superior. La Corte constató la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional y en tal sentido dispuso ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-249/12, que resolvió declarar inexequible el Acto Legislativo 04 de 2011.
Recibo Relatoria   28-6-2012 0:00


Item 307    Expediente   T-3168707    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   T-307/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    HERNAN MAURICIO PEREZ GARZON VS. COOPSOCIAL

Tema

Estabilidad laboral reforzada. El demandante fue vinculado a la cooperativa COOPSOCIAL como asociado, para prestar sus servicios de vigilancia en un centro comercial. En desarrollo de sus funciones sufrió un accidente de trabajo que le generó incapacidades consecutivas superiores a doscientos días. La cooperativa demandada dio por terminada la relación de trabajo argumentado que su régimen estatutario señala que, cuando a un asociado se le imposibilite la prestación de un servicio por un período superior a noventa días, incurre en causal de retiro forzoso, pero que en el caso concreto la desvinculación se produjo pasados los 180 días de incapacidad del trabajador. El actor indica que desde que finalizó la incapacidad no percibe ingreso alguno por cuenta de la ARP POSITIVA y que por ende, se encuentra desafiliado del sistema de seguridad social. Para resolver el asunto se analiza la siguiente temática: 1º. La acción de tutela como medio excepcional para la protección de la estabilidad laboral reforzada respecto a los discapacitados. 2º. La procedencia de la acción constitucional para solicitar el reintegro laboral cuando se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada. 3º. Facultad del empleador de terminar el contrato laboral a un trabajador con una incapacidad superior a 180 días y 4º. Los elementos normativos de las cooperativas de trabajo asociado. se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación hasta cuando se haga efectivo el reintegro o el actor manifieste no aceptarlo, o éste no se incorpore en la fecha convenida. Así mismo se ordena el pago de la indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a modo de sanción.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 308    Expediente   T-3296682    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   T-308/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ROSA VIVIANA HUERTAS CHAGUEZA VS. NOTARIA PRIMERA DE PASTO Y OTROS

Tema

Personalidad jurídica, elegir y ser elegido, debido proceso, salud, seguridad social. La demandante aduce vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la Notaría Primera del Círculo de Pasto, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Hospital Universitario Departamental de Nariño, en cuanto su cédula de ciudadanía se canceló por haber sido reportada como fallecida, incidente del que sólo se percató cuando se le perdió dicho documento e intentó tramitar el duplicado del mismo. Aduce la actora que la Registraduría le informó que en la base de datos aparecía que en la Notaría Primera de Pasto fue denunciada como muerta. Por su parte, la precitada notaría le indicó que la inscripción la realizó con base en el registro de defunción firmado por un médico del Hospital Universitario de Nariño y este hospital aportó la historia clínica de la accionante, donde constataba que fue dada de alta el 21 de febrero del 2008 y que su hijo fue el que falleció en dicho centro hospitalario, el 28 del mismo mes y año. La Sala aborda el estudio de la siguiente temática: 1º. El derecho a la personalidad jurídica. 2º. Los derechos de los particulares no pueden verse afectados por las fallas o deficiencias de la administración pública y 3º. La importancia del registro civil en el ejercicio del derecho a la personalidad. Se CONCEDE la protección integral de los derechos fundamentales de la actora y se dan una serie de órdenes conducentes a ser efectivos los derechos amparados, estipulando para ello un término determinado para su cumplimiento.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 309    Expediente   T-3381128    Fecha sentencia   25-4-2012 0:00    Sentencia   T-310/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ALFREDO MARTINEZ TAPIA VS. ALCALDIA DE FUNDACION (MAGDALENA) Y OTRO

Tema

Mínimo vital, vida digna, igualdad. El accionante tiene 83 años de edad y afronta una difícil situación económica y de salud. Se demanda en sede de tutela a la Alcaldía del municipio de Fundación (Magdalena) para que le cancele al actor la acreencia que le es debida, en virtud del suministro de ataúdes para personas del municipio en precaria situación económica. La entidad demandada argumenta que se acogió al proceso de reestructuración de pasivos de conformidad a la Ley 550 de 1999 y que dentro de dicho acuerdo se reconoció la acreencia referida en el grupo 4. Igualmente aduce que debe cumplir lo pactado en el proceso de reestructuración, so pena de poner en riesgo el resto de acreencias. La Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en eventos sumamente excepcionales procede la tutela para exigir de entidades en procesos de reestructuración, el pago de acreencias contractuales o deudas dinerarias, particularmente cuando concurran circunstancias especial que planteen vulneración de derechos fundamentales, tal y como sucede en el presente caso. Se decide CONCEDER el amparo y ordenar a la accionada que convoque al Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos para que disponga lo necesario para el pago anticipado de las acreencias a favor del accionante, frente a necesidades insatisfechas de menor jerarquía constitucional de otros acreedores, previa depuración de las mismas y sin perjuicio del orden establecido en el Acuerdo. Se indica que, el pago que se haga en cuanto no respete el orden convenido en el acuerdo, tendrá que responder al dictamen de los médicos del accionante para la atención de su salud, rehabilitación e integración social, únicamente.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 310    Expediente   D-8692    Fecha sentencia   26-4-2012 0:00    Sentencia   C-306/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    JAVIER ANDRES ALFONSO MARTINEZ VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULOS 47, 48 Y 49, PARCIALES

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 47, 48 y 49 (parciales), de la Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Las normas demandadas hacen referencia a la procedencia de la revocatoria directa de autos de archivo y fallos absolutorios en materia disciplinaria, por solicitud del quejoso o del funcionario que los profirió. El demandante considera que estas normas vulneran los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, por la afectación a los principios de cosa juzgada y, específicamente, al derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Para la Corte, la revocatoria de los autos de archivo y del fallo inhibitorio en materia disciplinaria constituye una medida razonable y proporcionada para combatir y sancionar los actos de corrupción. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las expresiones acusadas contenidas en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley 1474 de 2011, por los cargos analizados.
Recibo Relatoria   1-8-2012 0:00


Item 311    Expediente   T-3353886    Fecha sentencia   26-4-2012 0:00    Sentencia   T-311/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA DEL SOCORRO GIRALDO ARISTIZABAL VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Vida, salud. La accionante tiene un diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 e instauró la acción de tutela contra COOMEVA E.P.S., para solicitar que se ordene a dicha entidad autorizar y suministrar los medicamentos que le fueron prescritos por un profesional adscrito a la Asociación Colombiana de Diabetes, los cuales considera fundamentales para su vida. La accionada fundamentó su negativa en el hecho de que los medicamentos solicitados fueron formulados por un médico no vinculado a su red de contratación y porque no se encontró demostrada falla terapéutica en los formulados por el médico adscrito. En sede de revisión la Sala constató que la medicina reclamada por la actora se le estaba entregando de manera periódica y sin ninguna renuencia, toda vez que las mismas fueron incluidas en el POS. Se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 312    Expediente   T-3144081    Fecha sentencia   26-4-2012 0:00    Sentencia   T-312/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUCAS HERNANDEZ ALBA Y OTROS VS. MUNICIPIO DE APULO Y OTROS

Tema

Agua potable, vida, dignidad humana, salud, igualdad. Los habitantes de las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos, pertenecientes a los municipios de Apulo y Tocaima, interpusieron la acción de tutela contra las alcaldías de estos municipios y la de Viotá y contra la Gobernación de Cundinamarca, la CAR; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Empresa de Aguas del Alto Magdalena, por considerar que les están violando sus derechos fundamentales, al no garantizarles el acceso al servicio de agua potable de una manera continua, ágil, oportuna y de calidad. La Sala de Revisión analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para solicitar la protección del derecho al agua. 2º. Contenido de este derecho a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3º. El principio de confianza legítima y 4º. Normativa aplicable a la prestación del servicio público de acueducto. Se concluye que, las entidades accionadas si vulneraron el derecho al agua para el consumo humano de los demandantes, en tanto no garantizaron la disponibilidad mínima de este vital líquido, conforme a sus competencias constitucionales, legales y contractuales. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   11-10-2012 0:00


Item 313    Expediente   T-3292582    Fecha sentencia   30-4-2012 0:00    Sentencia   T-313/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOSE FRANCISCO SARMIENTO MARTINEZ VS. EMPRESA SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.. -CASA LUKER-

Tema

En el presente caso la Corte Constitucional protege transitoriamente los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del actor, quien fue despedido por la empresa Casa Luker S.A., sin tener en cuenta su situación de discapacidad y sin previa autorización del Ministerio del ramo. La Sala ordena reintegrar al accionante a su puesto de trabajo o a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo a la discapacidad que presenta, hasta que se resuelva la solicitud de autorización del despido y advierte al empleador que la terminación del contrato sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio del Trabajo. Así mismo, ordena cancelar todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el actor desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado, sin que medie solución de continuidad. De otra parte, ordena al Ministerio de Trabajo resolver la solicitud de autorización de despido del trabajador en situación de discapacidad realizada por la empresa accionada con relación al demandante y le advierte que en adelante cumpla con su obligación de decidir si autoriza o no el despido del trabajador, cuando se solicite su autorización en virtud del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. CONCEDIDA TRANSITORIAMENTE.
Recibo Relatoria   29-5-2012 0:00


Item 314    Expediente   T-3296229 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   30-4-2012 0:00    Sentencia   T-314/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARIA CARLOTA ARENAS GIRALDO Y OTROS VS. CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Tema

Vivienda digna, confianza legítima. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes son personas que en sus respectivos núcleos familiares son las únicas que aportan económicamente y que tienen a cargo menores de 18 años, entre hijos, nietos y sobrinos. Sus ingresos provienen de trabajos que realizan a diario en oficios de carácter informal como vendedores ambulantes o empleadas del servicio doméstico. Viven desde hace más de veinte años en un predio de carácter público que fue diseñado para una escuela y aducen un estado de hacinamiento y un inminente desalojo por parte de la Caja de Vivienda Popular, por lo que solicitan que el Estado, a través de la precitada entidad, los reubique antes de hacer efectivo un desalojo. La entidad accionada señaló que el inmueble ocupado por los actores es una casa construida en 1974, la cual tenía una finalidad transitoria y que actualmente no cumple con las normas de sismo resistencia, por lo que, a su juicio, no brinda protección a las familias que allí habitan, ante el eventual accionar de la naturaleza. Además señala que, ante el fracaso de audiencias de conciliación llevadas a cabo con los accionantes, se instauró demanda de restitución de bien inmueble, proceso que está en la etapa de notificación personal del auto admisorio. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena ala Caja de Vivienda Popular que realice un censo de las familias que residen en el inmueble referido por los actores y que a partir de dicho registro, proceda a incluirlas en los programas de reasentamiento que proporciona la entidad. Así mismo ordena que, una vez incluidos en los programas, procesa a iniciar el proceso de sensibilización de los núcleos familiares en cabeza de los demandantes, para que accedan a evacuar de forma voluntaria el inmueble objeto de litigio. Por último, ordena al despacho judicial en donde se instauró el proceso ordinario reivindicatorio, continuar con su suspensión hasta que se le dé cumplimiento a las órdenes impartidas en el presente fallo y se tenga garantizado el derecho a una vivienda digna a los afectados.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 315    Expediente   D-8694    Fecha sentencia   2-5-2012 0:00    Sentencia   C-315/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MANUEL EDUARDO CASTILLO Y OTROS VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 59 PARCIAL

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 59 (parcial) de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Se argumenta en la demanda que el legislador, al regular el recurso de apelación dentro del proceso abreviado, consagra una garantía meramente formal que desconoce el derecho al debido proceso, así como el conjunto de garantías que lo integran, principalmente el derecho a la defensa del investigado y el derecho de acceso a la administración de justicia. La Corte encontró que la sustentación verbal en la misma audiencia del recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia, una vez notificado en estrados, no desconoce el debido proceso ni el acceso a la administración de justicia. Decide declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, con relación con los cargos analizados e, INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto del cargo formulado contra el inciso 7 del precitado artículo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   4-6-2012 0:00


Item 316    Expediente   LAT 373    Fecha sentencia   2-5-2012 0:00    Sentencia   C-316/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE, ADOPTADA EN SANTIAGO DE CHILE EL 7 DE JUNIO DE 1991 Y DE LA LEY APROBATORIA NUMERO 1460 DE 2011 VS.

Tema

Revisión de Constitucionalidad de la Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre, adoptada en Santiago de Chile el 7 de julio de 1991 y de la Ley Aprobatoria No. 1460 de 2011. Para la Corte, el instrumento internacional está dirigido a construir un modelo compartido de atención humanitaria que se ajusta a los postulados constitucionales. Se declaran EXEQUIBLES tanto el instrumento internacional, como su ley aprobatoria.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 317    Expediente   T-3302162    Fecha sentencia   2-5-2012 0:00    Sentencia   T-320/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    ARMANDO LUNA PERDOMO VS. BANCOLOMBIA S.A. Y OTROS

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. El actor inició un proceso ordinario laboral con el propósito de que su pensión se reliquidara. Los jueces de instancia denegaron la pretensión y declararon probada la excepción de cosa juzgada, en la medida en que el monto de la pensión sanción había sido objeto de un acuerdo conciliatorio que, además, fue aprobado por decisión judicial. Con la acción de tutela pretende el actor que se revoquen los precitados fallos y que se ordene la reliquidación de su prestación. La Sala reitera jurisprudencia acerca de la procedibilidad y prosperidad de la acción de tutela cuando se utiliza como mecanismo para controvertir providencias judiciales. 2º El alcance, la naturaleza y los límites de la conciliación. 3º. La irrenunciabilidad de derechos ciertos e indiscutibles en materia de derecho laboral y de la seguridad social, como una restricción a la autonomía privada y, 4º. La indexación de la primera mesada pensional. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   21-2-2014 0:00


Item 318    Expediente   D-8636 Y D-8637 ACUMULADOS    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   C-317/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC, SPV Y AV NPP, AV LEVS
Demandante / Demandado    RUBEN DARIO BRAVO RONDON Y OTRO VS. ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 05 de 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. Se acumulan demandas para decidirlas en un solo fallo. Los actores formulan cargos por vicios de procedimiento y aducen falta de iniciativa constituyente en cabeza de los Ministros del Despacho que presentaron el proyecto ante el Congreso, violación de algunos requisitos establecidos en la Ley 5ª de 1992 y omisión la consulta previa a los grupos étnicos del país Así mismo indican que se incurrió en una sustitución parcial de la Constitución que excedió los límites de la competencia reformadora del Congreso de la República, al haber alterado el esquema de autonomía territorial. La Corte consideró que el Acto Legislativo 5 de 2011 no es una medida que en si misma conlleve una afectación directa, específica y particular de los pueblos indígenas o de las comunidades afrodescendientes del país; a la vez que determinó que la ley que desarrolle el sistema necesaria y obligatoriamente tendrá que ser objeto de consulta previa, en tanto contenga disposiciones que afecten directamente a estas comunidades. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 05 de 2011, por los cargos relativos a la falta de iniciativa constituyente en cabeza de los Ministros del Despacho y a la falta de consulta previa con los grupos étnicos del país. Respecto a los cargos por la supuesta sustitución de la Constitución y violación de algunos artículos de la Ley 5ª de 1992, se declara INHIBIDA para fallar.
NOTA DE RELATORIA: Esta sentencia fue corregida en su parte motiva mediante Auto No. 247 de fecha 24 de octubre de 2012, específicamente, en el párrafo octavo del numeral 4.2.2.
Recibo Relatoria   12-6-2012 0:00


Item 319    Expediente   D-8703    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   C-318/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV MGC, AV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    ALEJANDRO PINZON HERNANDEZ VS. ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011

Tema

Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 05 de 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. El actor formula un cargo concreto de inconstitucionalidad consistentes en sostener que el mismo contraría los artículos 7, 93, 286 y 330 de la Constitución Política, así como el Convenio 169 de la O.I.T., toda vez que en su radicación y trámite ante el Congreso de la República se omitió la consulta previa a las comunidades étnicas que se ven afectadas por las disposiciones allí contenidas. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional frente al cargo alegado en la demanda y en este sentido resolvió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-317/12, en la cual fue declarado exequible por el cargo relativo a la consulta previa con los grupos étnicos del país.
Recibo Relatoria   17-10-2012 0:00


Item 320    Expediente   T-3257265    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-319/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    OMAR DIAZGRANADOS VELASQUEZ COMO PREPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES DIHAGO LTDA Y OTROS VS. JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se demandan en sede de tutela las decisiones judiciales que, dentro de un proceso ejecutivo hipotecario, resolvieron desestimar las excepciones propuestas por los demandados y ordenar la venta en pública subasta de los apartamentos de los hoy accionantes, así como el pago del crédito reclamado por el banco que otorgó a la empresa Construcciones Dihago Ltda., un préstamo bancario para constructor pactado a corto plazo y liquidado en UPAC. A juicio de los actores, las decisiones atacadas se erigen como una vía de hecho por configuración de un defecto sustantivo, en razón a la indebida interpretación de una norma. Advierten que, si en el proceso ejecutivo en cuestión se libró mandamiento de pago en UVR y se ordenó además la venta de sus inmuebles, este proceso debió haberse dado por terminado, de conformidad con los lineamientos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia 55 de 2000 y no como lo hicieron las autoridades demandadas, quienes de manera contradictoria señalaron que por tratarse de un crédito otorgado al constructor, le eran aplicables algunas normas de la Ley 546 de 1999. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, enfatizando la causal del defecto sustantivo. 2º. Procedencia excepcional de la acción de tutela en los procesos ejecutivos hipotecarios, resaltando la aplicación de la Ley 546 de 1999 de acuerdo con la sentencia C-955/00 y 3º. Posición de la Corte en relación con la interpretación normativa, concretamente a la luz del principio pro homine. Se concluye que, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una causal de procedibilidad de la acción de tutela al haber incurrido con sus decisiones judiciales en un defecto sustantivo en razón a una interpretación inaceptable de una norma. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 321    Expediente   T-3312418    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-319A/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    ARNEDYS JOSE PAYARES PEREZ VS. SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLANTICO Y OTRA

Tema

Debido proceso, igualdad. Tutela contra providencia judicial. Se interpone la acción de tutela en contra de las Salas Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y del Consejo Superior de la Judicatura, por adelantar procesos disciplinarios en contra del actor, los cuales concluyeron con la suspensión y destitución de su cargo de Juez e inhabilidad para ejercer empleos públicos. Los procesos disciplinarios se iniciaron porque el actor, en su condición de operador jurídico, ordenó a través de dos fallos de tutela, el reconocimiento de la pensión gracia a unos docentes y el embargo de las cuentas de CAJANAL, a efectos de hacer cumplir la orden impartida. A su juicio, los procesos disciplinarios no estudiaron su conducta sino el sentido de unas decisiones de tutela, situación que condujo a que se vulnerara el principio de autonomía judicial y a que se trastocara la distribución de competencias, el principio del juez natural y las bases del sistema judicial, con la consecuente afectación del principio de seguridad jurídica. La Sala de Revisión analizó si los fallos disciplinarios atacados vulneraron directamente la Constitución por el desconocimiento de los principios de cosa juzgada constitucional, confianza legítima y derecho a la igualdad. Así mismo, si incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del principio de favorabilidad en materia disciplinaria, del principio de autonomía judicial y en un error, al deducir que el peticionario actuó con dolo. También se estudió la posible configuración de un defecto fáctico relacionado con el rechazo de las pruebas solicitadas en los procesos disciplinarios y de un defecto procedimental, por la falta de trámite de un memorial de recusación. Se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 322    Expediente   T-3308935 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-321/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JOSE IVAN GONZALEZ HERNANDEZ Y OTROS VS. SALUDVIDA E.P.S. Y OTRAS

Tema

Seguridad social, salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Cada uno de los demandantes, de manera directa o a través de agente oficioso, presentaron la tutela en contra de la E.P.S. a la que se encuentran afiliados de manera particular (SALUD VIDA EPS, SALUDCOOP EPS, HUMANA VIVIR EPS y CAPRECOM EPS), solicitando que se les dé la correspondiente autorización para los servicios médicos u hospitalarios que requieren para la atención y el tratamiento de sus respectivas patologías. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la salud y su prestación como servicio dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud; el deber de atención de las E.P.S a los pacientes cuando un médico o una IPS no vinculados a su red de servicios les ha prescrito un determinado tratamiento y, la prestación del servicio de salud para la población reclusa. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   12-7-2012 0:00


Item 323    Expediente   T-3284633 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-322/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GLADIS ZUÑIGA SCARPETTA Y OTROS VS. CAFESALUD E.P.S. Y OTROS

Tema

Vida en condiciones dignas, salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los diferentes accionantes coinciden en afirmar que las E.P.S. demandadas a las cuales se encuentran afiliados en calidad de cotizantes o beneficiarios, vulneraron sus derechos fundamentales al negarles diversos tratamientos, medicamentos, servicios y procedimientos requeridos por ellos para el manejo de las enfermedades que presentan. Antes de abordar cada caso concreto, la Sala realizó un análisis jurisprudencial de la siguiente temática: 1º. Derecho fundamental de los niños a la salud. 2º. El principio de integralidad del derecho a la salud y los casos en los que procede la orden de tratamiento integral. 3º. Servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y garantizar una vida en condiciones dignas. 4º. Suministro de medicamentos y procedimientos excluidos del POS. 5º. Prescripción médica emitida por un profesional no adscrito a la E.P.S., y, 6º. El servicio de transporte, los copagos y las cuotas moderadoras como barreras para el acceso efectivo al servicio de salud. En todos los casos se CONCEDIO la tutela solicitada y se impartieron una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   10-10-2012 0:00


Item 324    Expediente   T-3262875    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-323/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NEPP
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS HERAZO NUÑEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso, defensa. Tutela contra providencia judicial. El demandante interpone la acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bogota y el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de la misma ciudad, para que le sean protegidos los derechos fundamentales que considera vulnerados por estas autoridades judiciales, en razón a que dentro del proceso ejecutivo hipotecario interpuesto en su contra por el Banco Davivienda, no declararon la nulidad propuesta por indebida notificación del auto de mandamiento de pago y del que lo corrigió. La Sala de Revisión comprobó que la acción de tutela no es procedente en el presente caso, toda vez que no cumplió con el requisito de la inmediatez y porque el defecto alegado no es determinante para viciar las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo hipotecario y en consecuencia, declarar su nulidad. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   11-10-2012 0:00


Item 325    Expediente   T-3302149    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-324/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    FEDERICO MONROY ORTIZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA DE DESCONGESTION LABORAL

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El accionante impetró la acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, con el propósito de obtener protección a sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por dicha corporación judicial, al proferir, en segunda instancia, dos fallos disímiles dentro del proceso ordinario laboral adelantado por él en contra de la Cooperativa Cooseguridad CTA, cuya pretensión era que se declarara la existencia de un contrato realidad. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluye que, el actor cuenta con otro mecanismo judicial idóneo, diferente a la acción de amparo, para plantear las supuestas irregularidades en que incurrieron los magistrados del tribunal accionado dentro del proceso ordinario instaurado por el actor. Así mismo destaca la Sala, que la acción de tutela desatiende el requisito de la inmediatez, pues la misma se presentó ocho meses después de la ocurrencia de los hechos que se señalaron como irregulares y vulneratorios de derechos fundamentales. Se confirma la decisión de instancia que decidió NEGAR el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   11-10-2012 0:00


Item 326    Expediente   T-3287471 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-325/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FABIOLA SOLANGE RUEDA VILLALBA Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO

Tema

Debido proceso administrativo, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En todos los casos analizados se demanda en sede de tutela al Instituto de Seguros Sociales y se alega vulneración de derechos fundamentales por hechos relacionados en un asunto, con la omisión de dar respuesta a una solicitud de revocatoria directa del acto que negó el reconocimiento del retroactivo de una pensión especial de madre trabajadora con hijo inválido y, en los otros casos, al no reconocer las pensiones solicitadas desconociendo circunstancias probadas, imponiendo barreras no contempladas en la ley o desconociendo la normatividad aplicable al momento de expedir las resoluciones que definieron las respectivas peticiones. La Sala encuentra vulnerado el derecho de petición y probada la ocurrencia de vías de hecho administrativas por defectos fácticos y sustanciales, las cuales ocasionaron igualmente la conculcación del derecho al debido proceso administrativo. Se CONCEDE el amparo constitucional solicitado por los diferentes accionantes.


Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 327    Expediente   T-3258961    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-326/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OMAIRA PRADA AMADO VS. ECOPETROL

Tema

En este caso se tiene que la accionante trabajaba con ECOPETROL y como resultado de un proceso disciplinario se le comunicó sobre la terminación de su contrato de trabajo. Inconforme con esta decisión y argumentando persecución por su condición de afiliada y activista del sindicato, solicitó el estudio del caso ante el Comité de Reclamos de la Gerencia de Barrancabermeja, en virtud de la cláusula compromisoria establecida en la Convención Colectiva de Trabajo vigente celebrada entre ECOPETROL y la USO. La Oficina de Control Disciplinario Interno profirió fallo en el que sancionó a la accionante con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un término de diez años. Frente a esta decisión la actora interpuso una acción de tutela la cual fue denegada. Dos años después, el Comité de Reclamos dejó sin efectos la terminación unilateral del contrato así como el fallo sancionatorio resultante del proceso disciplinario y ordenó a la empresa reintegrar a la demandante y cancelarle los salarios dejados de percibir. Frente al laudo arbitral ECOPETROL interpuso recurso de anulación y la accionante una nueva tutela para pretender el cumplimiento del mismo, pero la acción constitucional fue declarada improcedente por encontrarse en curso el recuro de anulación. La sentencia judicial que decidió el recurso de anulación del laudo arbitral decidió homologar la providencia impugnada salvo en lo pertinente a la orden arbitral que revocó la sanción disciplinaria. A raíz de lo anterior, la actora interpuso la presente acción de tutela para solicitar el reintegro de manera indefinida a su lugar de trabajo y dejar sin efecto los fallos de los órganos disciplinarios. Luego del análisis del caso, la Sala de Revisión considera que el amparo no procede en vista del incumplimiento del requisito de inmediatez. DENEGADA POR IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   30-5-2013 0:00


Item 328    Expediente   T-3291828    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-327/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANA ELENA CASTELLAR DE ALVARADO VS. ISS

Tema

Seguridad social. La conducta que causa la vulneración es la negativa del I.S.S. de reconocer y cancelar la pensión de invalidez a la accionante, bajo el argumento de no cumplir con el requisito de densidad de semanas cotizadas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Se alega que en la negativa el Instituto no tuvo en cuenta el número de semanas cotizadas entre la fecha de emisión del dictamen y el momento en que el actor efectivamente perdió de manera definitiva y permanente la capacidad física y funcional para laboral, tal y como lo consagra el artículo 3 del Decreto 917 de 1999. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el derecho a la seguridad social y al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y de pronunciarse sobre la calificación de invalidez y la fecha de estructuración, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar la emisión de un nuevo dictamen sobre la fecha de estructuración de la invalidez y realizado éste, expedir un nuevo acto administrativo en el que se pronuncie sobre la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   30-5-2013 0:00


Item 329    Expediente   T-3311600    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-328/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RAMON DEMETRIO BARRAZA MUÑOZ VS. INPEC

Tema

Vida, integridad personal. El actor es soldado del Ejército Nacional y está siendo procesado por un Juzgado del Circuito de Valledupar por el delito de homicidio en persona protegida. A raíz de lo anterior, el juez de la causa dispuso su reclusión en detención preventiva en la Cárcel de dicha ciudad, pero para garantizar su seguridad ordenó su traslado al Batallón de Servicio No. 10 Cacique de Upar. Según la demanda de tutela, el INPEC ha hecho caso omiso a tal disposición judicial y con ello ha puesto en peligro la vida del demandante, pues se encuentra recluido en la cárcel con integrantes de grupos guerrilleros a los que combatió cuando prestó sus servicios como soldado profesional. La Sala aborda y resuelve el caso reiterando jurisprudencia relacionada con la siguiente temática: 1º. Obligaciones de las autoridades estatales de proteger el derecho a la vida, 2º.Responsabilidad del Estado en la protección de este derecho para los internos en centros de reclusión; 3º. Facultad discrecional del INPEC para trasladar a los internos a otros centros de reclusión no es absoluta y 4º. Reclusión de los miembros de la Fuerza Pública en establecimientos especiales. En sede de revisión la Sala tuvo conocimiento de que la situación generadora de la vulneración de derechos fundamentales del actor fue superado, motivo por el cual, además de conceder el amparo solicitado declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 330    Expediente   T-3313071    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-328A/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    PABLO CESAR CERQUERA TOVAR VS. LIBERTY SEGUROS Y OTRO

Tema

El accionante era soldado profesional cuando celebró un contrato de mutuo con el Banco Sudameris por un valor de $10.500.000, frente al cual se suscribió una póliza con Liberty Seguros para cubrir los riesgos de invalidez y muerte. Estando en servicio activo sufrió un accidente al activar un artefacto explosivo, situación que le generó la amputación traumática del miembro inferior derecho tercio distal y por esta lesión tuvo una disminución de la capacidad laboral calificada en un porcentaje del 91.87%. Al solicitar a la entidad bancaria dar trámite a la reclamación correspondiente para cubrir el saldo del crédito adquirido, la compañía aseguradora denegó la petición alegando que la amputación sufrida y la calificación de invalidez obtenida no generaban una incapacidad total y permanente en los términos de la definición del amparo y, que le quedaba una capacidad residual al asegurado, que le permitía desempeñar cualquier actividad remunerativa. Se pretende con la acción de tutela que se ordene a la Aseguradora dar cumplimiento a lo dispuesto en el contrato de seguro y, de manera consecuente, pagar el saldo del crédito adeudado. La Sala decide TUTELAR al accionante de la vulneración del derecho al desarrollo autónomo de la personalidad a partir de un mínimo vital de persona discapacitada y el derecho a la igualdad y ordena al Banco GNB Sudameris iniciar un proceso de negociación orientado a establecer un acuerdo con el accionante, de manera tal, que las condiciones anteriores, presentes y futuras del cobro del crédito se ajusten a la situación en la que actualmente se encuentra y a su capacidad de pago.
Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 331    Expediente   T-3264947    Fecha sentencia   3-5-2012 0:00    Sentencia   T-329/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    GUSTAVO ANGULO MIRA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Vida en condiciones dignas, mínimo vital, seguridad social, adulto mayor. El demandante cuenta con ochenta y cuatro años de edad y le solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por su calidad de gestor cultural tanto al servicio del gobierno departamental de Antioquia, como de la empresa privada, prestación que fue denegada en varias oportunidades. La Sala analiza si el peticionario tiene un derecho constitucional de acceder a la pensión de vejez en su calidad de historiador activo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 397 de 1997, que estuvo vigente hasta 2003, cuando fue derogado por la Ley 797 de ese año. Para resolver el problema jurídico, se reitera jurisprudencia relacionada con la especial protección constitucional de los adultos mayores, el derecho irrenunciable a la pensión de vejez en tanto componente del derecho fundamental a la seguridad social y, la noción de los derechos adquiridos en materia pensional y la obligación del Estado a todo nivel de respetarlos. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten unas órdenes tanto al Ministerio de Cultura como al ISS, tendientes a garantizarle al actor el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, que equivalga, cuando menos, a un salario mínimo legal vigente.
Recibo Relatoria   20-11-2012 0:00


Item 332    Expediente   T-2798527    Fecha sentencia   4-5-2012 0:00    Sentencia   T-329A/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JAVIER SIERRA CORTES VS. REGISTRADURIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL, TOLIMA

Tema

Personalidad jurídica. El actor presentó acción de tutela contra la Registraduría Municipal de El Espinal (Tolima), para requerir que se gestione la expedición de su cédula de ciudadanía y en consecuencia, pueda ejercer a plenitud sus derechos civiles y policivos. La entidad accionada se negó a expedir el documento de identidad reclamado, argumentando que no se allegó el registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad del actor como documento soporte para poder efectuar el respectivo trámite. El demandante adujo no contar con ningún documento que acreditara su identidad, toda vez que sus padres no lo registraron ni bautizaron y él se emancipó de su núcleo familiar cuando tenía diez años de edad. Se destaca en el presente asunto el hecho de que el accionante, al momento de interponer la acción de tutela, se encontraba privado de su libertad. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, alcance dado por la jurisprudencia constitucional, ámbitos de este derecho, tardanza en la práctica de la prueba antropoheredobiológica en procesos judiciales que pretenden determinar la afiliación natural, no inscripción de menores de edad en el registro civil, cancelación de la segunda cédula de ciudadanía, afectación del derecho a la propia imagen y a la identidad, personas en situación de desplazamiento y, el cambio de nombre como expresión de la individualidad. Se concluye que, la situación excepcional en la que se encontraba el demandante exigía de la registraduría demandada un grado de diligencia mayor, a fin de garantizar su derecho fundamental a la personalidad jurídica. SE CONCEDE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 333    Expediente   D-8677    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   C-330/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARIO RICARDO OSORIO HERNANDEZ VS. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ARTICULO 432, NUMERAL 1 (PARCIAL) Y OTRAS NORMAS

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 61 y 62 de la ley 50 de 1990, artículos 18 y 19 de la Ley 584 de 2000, artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, numerales 2 y del artículo 3º de la Ley 48de 1968, artículo 65 de la Ley 143 de 1994, (todos parciales), artículo 111 (parcial), 130, 131 y 132 de la ley 446 de 1998, artículo 139 (parcial) y 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948, artículo 46 del Decreto 2279 de 1989 y el artículo 74 de la Ley 80 de 1993. La Corte concluyó que la obligatoriedad del arbitramento para resolver conflictos colectivos de trabajo cumple con finalidades legítimas desde la perspectiva constitucional. La amigable composición y arbitramento técnico son modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de configuración legislativa. Determinó la inconstitucionalidad del arbitramento obligatorio en los contratos de concesión, que requiere de la estipulación libre de las partes. Se decide Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “arbitramento obligatorio” del numeral 1 del artículo 432; y los literales a y b del numeral 1 del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000. Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento”, contenida en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1210 de 2008. Tercero. Declarar EXEQUIBLE el término “obligatorio” de los numerales 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 48 de 1968. Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994. Quinto. Declarar EXEQUIBLE las frases “solicitud de arbitramento serán decididas” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, y el numeral 2 del artículo 445 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el artículo 62 de la Ley 50 de 1990. Sexto. Declarar EXEQUIBLE la expresión “si la mayoría absoluta” del numeral 3 del inciso primero del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 584 de 2000. Séptimo. Declarar EXEQUIBLE la expresión “de carácter permanente” del artículo 139; y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto-Ley 2158 de 1948. Octavo. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o técnico” y la frase “[c]uando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico” comprendida en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, y los artículos 130, 131, y 132 de la misma ley. Noveno. Declarar EXEQUIBLE el artículo 74 de la Ley 80 de 1993 y Décimo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 46 del Decreto 2279 de 1989.
Recibo Relatoria   27-7-2012 0:00


Item 334    Expediente   D-8779    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   C-331/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV GEMM, CPV MVCC, SV MGC, SPV NPP, SV HASP, SPV LEVS
Demandante / Demandado    DIANA PAOLA URREGO TRUJJILLO VS. LEY 1450 DE 2011, ARTICULOS 106 Y 276 INCISO 3 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 106 y 276 inciso 3 (parcial) de la Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. La revisión de la Corte se enfoca a determinar si las normas acusadas vulneran la obligación de realizar consulta previa a las comunidades étnicas, así como los derechos a la igualdad y al debido proceso. La Corte concluyó que la explotación ilegal de minerales prevista en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, no requería de la realización de consulta previa a las comunidades étnicas; sin embargo, la derogatoria de las normas que permitían la realización de la pequeña minería y de la minería tradicional si ha debido ser consultada a dichas comunidades, por afectarlas de manera directa. El artículo 106 acusado se declara EXEQUIBLE, mientras que la expresión “parágrafo 2º del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010” contenida en el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, se declara INEXEQUIBLE por los cargos analizados.
Recibo Relatoria   16-8-2012 0:00


Item 335    Expediente   D-8762 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   C-332/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JORGE GAITAN GOMEZ Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011. Por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Se acumulan demandas. Los demandantes coinciden en atacar el Acto Legislativo argumentando que se incurrió en un vicio de trámite insubsanable, consistente en que durante el curso del tercer debate del proyecto, el cual tuvo lugar en la Comisión I del Senado, no se alcanzó la mayoría exigida para su aprobación. La Sala considera que, en materia probatoria sobre la ocurrencia de vicios de procedimiento en el trámite de aprobación de las leyes y las reformas constitucionales, la Corte Constitucional debe, no sólo aplicar los principios de la libertad probatoria y la sana crítica, tal y como lo hace cualquier juez, sino tener presentes dos principios complementarios: 1º. La instrumentalidad de las formas y el in dubio pro legislatoris. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 03 de 2011, por el cargo analizado.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 336    Expediente   D-8803    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   C-333/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MARCELA PATRICIA JIMENEZ ARANGO VS. LEY 975 DE 2005, ARTICULO 67 INCISOS 1 Y 3

Tema


Demanda de inconstitucional contra los incisos 1º y 3º del artículo 67 de la Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. El artículo precitado hace relación a la designación de magistrado de tribunales superiores de distrito judicial que se creen en virtud de la ley 975 de 2005 y a la conformación de los grupos de apoyo administrativo y social para estos tribunales. La Sala considera que el Congreso de la República desconoce la regla constitucional según la cual “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera”, al indicar que los funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de la ley conocida como de justicia y paz, deben provenir de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que esa misma Sala, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para esos tribunales, pero que la nominación de los empleos estará a cargo de los magistrados de los tribunales creados por la ley, sin precisar que la designación de unos y otros debe hacerse teniendo en cuenta la lista de elegibles vigentes. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los incisos demandados, en el entendido que a partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se hace referencia en los incisos acusados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente para los respectivos cargos.


Recibo Relatoria   27-8-2012 0:00


Item 337    Expediente   D-8796    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   C-334/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    NORMA VIANEY CAICEDO LOZANO VS. LEY 1437 DE 2011, ARTICULO 304

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La demandante solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 304 de la Ley 1437 de 2011, por la violación del numeral 5º del artículo 256 de la Constitución, con base en el cargo de usurpación de competencias constitucionales y el desconocimiento de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan General de Descongestión Judicial allí incorporado. La Corte considera que no existe contradicción entre la norma acusada por el demandante y las disposiciones mencionadas y que por el contrario, lo que se pretende es desarrollar los propósitos, objetivos y metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Concluye que, no es incompatible con la ley que aprueba el Plan de Desarrollo, una ley ordinaria que promueva el acceso a la justicia y, para este efecto, determine un plan de acción concreto y específico. EXEQUIBLE.


Recibo Relatoria   15-5-2012 0:00


Item 338    Expediente   D-8812    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   C-335/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CAMILO ANDRES ARDILA AREVALO Y OTROS VS. LEY 1395 DE 2010, ARTICULO 14

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Los demandantes consideran que la norma que establece que es susceptible de apelación el auto que rechaza la contestación de la demanda, es violatoria de los preceptos constitucionales y legales que contemplan el debido proceso y los derechos a la igualdad y al acceso a la justicia. Aducen que tal institución contraviene la Constitución por cuanto no existe en la ley causales ni procedimientos que orienten su implementación, convirtiendo el rechazo en una sanción en exceso gravosa para el demandado. La Corte encontró que la censura planteada no cuestiona directamente la facultad de interponer el recurso de apelación contra el auto que específicamente se menciona en el texto acusado, sino que se orienta a sugerir la inconstitucionalidad de la consagración implícita del rechazo de plano a la contestación de la demanda en el proceso civil. Por existir una ineptitud sustantiva de la demanda, la Sala se declara INHIBIDA para proferir pronunciamiento de fondo, por los cargos analizados.
Recibo Relatoria   20-6-2012 0:00


Item 339    Expediente   D-8845    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   C-336/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ANDRES EDUARDO DEWDNEY MONTERO VS. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ARTICULO 216 (PARCIAL)

Tema


Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 216 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo. El demandante considera que la norma acusada vulnera el preámbulo y los artículos 1, 13 y 53 de la Constitución Política, al generar una desigualdad por cuanto sólo los trabajadores que han sufrido un accidente laboral imputable a la culpa del empleador tendrán derecho a recibir una indemnización plena de perjuicios, mientras que cuando exista responsabilidad objetiva no será admisible solicitar pago alguno al patrono. La Corte determinó la improcedencia de un pronunciamiento de fondo por carencia de certeza en el cargo formulado. Además recordó que si lo que pretendía el actor era atacar la insuficiencia de las prestaciones del régimen de riesgos profesionales debió impugnar las normas que la regulan, las cuales se encuentran contenidas en la Ley 772 de 2002. La Sala se declara INHIBIDA para decidir de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 340    Expediente   T-3356879    Fecha sentencia   9-5-2012 0:00    Sentencia   T-330A/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    MARIBEL BEDOYA GIRALDO VS. BANCO DAVIVIENDA Y OTRO

Tema

La accionante alega que el Banco Davivienda S.A. y la constructora Prisma Ingeniería S.A., vulneraron sus derechos fundamentales a la familia, a la igualdad, a la vivienda digna y a la dignidad humana, en virtud de la negativa de desembolsar un préstamo acordado y de entregar un inmueble prometido, a pesar del acuerdo financiero suscrito entre las partes antes de la muerte de su cónyuge y del registro de la vivienda. Al verificar que existen otros medios de defensa judicial para resolver el problema planteado y al no encontrar probado un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela en el caso específico, la Sala decide decretar LA IMPROCEDENCIA de la acción impetrada.
Recibo Relatoria   5-4-2013 0:00


Item 341    Expediente   T-3321868    Fecha sentencia   10-5-2012 0:00    Sentencia   T-337/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SPV HASP
Demandante / Demandado    FLORESMIRO BARRETO ARAGON VS. ISS SECCIONAL TOLIMA Y OTRO

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital. El demandante tiene una edad aproximada a los 80 años de edad y relata en la demanda de tutela que tras solicitar al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, este Instituto lo remitió a valoración por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, entidad que le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 69.40%. Frente al anterior resultado el ISS interpuso los recursos de ley y al actor se le informó que debía viajar a Bogotá para que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez lo valorara y emitiera nuevo concepto. Debido a las dificultades físicas y económicas del actor para viajar a la Capital, la Junta Nacional calificó el caso de acuerdo a la presunción consagrada en el artículo 39 del Decreto 2463 de 2001 y disminuyó el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del accionante a un 34.16%. En el presente caso se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para controvertir dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez, 2º. El concepto de invalidez. 3º. El debido proceso en los trámites de calificación de invalidez y los principios de buena fe y dignidad humana. La Sala encuentra necesario proteger los derechos del accionante, porque considera que éste está en una circunstancia de debilidad manifiesta y requiere la salvaguardia constitucional. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 342    Expediente   T-3283730 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   10-5-2012 0:00    Sentencia   T-338/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARTHA BEATRIZ TORRES DE LORA Y OTROS VS. CAJANAL Y OTRO

Tema

Seguridad social, igualdad, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En dos de los tres casos estudiados se demanda a CAJANAL IECE BUEN FUTURO y en otro al Municipio de Santiago de Cali. En todos los asuntos se alega vulneración de derechos fundamentales por la negativa de reconocer una indemnización sustitutiva. En dos casos el argumento del accionado es que los afiliados realizaron las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 y en el otro, el demandado arguyó que el régimen aplicable a los servidores públicos (leyes 6ª de 1945 y 33 de 1985), no contemplaba la figura de la indemnización sustitutiva. La Sala se pronuncia sobre los siguientes tópicos: 1º. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela y 2º. La indemnización sustitutiva y la devolución de saldos en el Sistema de Seguridad Social Integral, en el caso de las personas que cotizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a las accionadas reconocer y sufragar el valor correspondiente a las indemnizaciones sustitutivas de los demandantes, de acuerdo con las semanas de cotización que se acreditaron debidamente en cada caso.
Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 343    Expediente   T-3303588    Fecha sentencia   10-5-2012 0:00    Sentencia   T-339/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    HELID CAPOTE FERNANDEZ VS. COMPAÑIA DE SEGUROS POSITIVA

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El accionante presenta una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 72.15% como consecuencia de un disparo con arma de fuego del que fue víctima mientras conducía un vehículo de la empresa de transporte Transpubenza, con la que su empleadora, la Fundación para el Desarrollo Integral del Transportador, suscribió un convenio interadministrativo para la prestación de servicios de transporte. Tras valoración efectuada por las Juntas de Calificación Regional del Valle y Nacional, se determinó de manera conjunta que el origen de la discapacidad era de orden laboral, en tanto se dio en el contexto de un accidente de trabajo. La ARP POSITIVA negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, bajo el argumento de que no le correspondía asumir el riesgo debido a que el accidente que lo ocasionó se produjo en un contexto que no respondía al ejercicio de las labores propias del contrato de trabajo suscrito entre el actor y su empleador. La Sala decide CONCEDER DE MANERA TRANSITORIA el amparo de los derechos fundamentales invocados por actor y ordena a la entidad demandada reconocerle la pensión de invalidez reclamada. Así mismo le advierte a la accionada, que le corresponde la carga de iniciar, dentro de los cuatro meses siguientes, la acción ordinaria correspondiente, so pena que el amparo concedido en la presente sentencia se torne definitivo.


Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 344    Expediente   T-3029613    Fecha sentencia   10-5-2012 0:00    Sentencia   T-340/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ROBINSON BECERRA GOMEZ EN REPRESENTACION DE SITNRABRINKS VS. EMPRESA BRINKS DE COLOMBIA S.A.

Tema

El accionante, quien es presidente de SINTRABRINKS, interpone la acción de tutela en contra de la empresa BRINKS DE COLOMBIA S.A. y en representación de cinco asociados del sindicato, a quienes les fue iniciado un proceso disciplinario que terminó con el despido de la empresa, por incumplimiento de las obligaciones laborales, cuando para el actor, el despido fue injustificado y se debió al hecho de haberse afiliado a la asociación sindical. La Sala ampara el derecho de asociación sindical de los trabajadores despedidos por la Empresa accionada, el cual considera desconocido cuando fueron desvinculados a causa de su inscripción al sindicato y, de manera consecuente, ordena su reintegro, el pago de aportes a la seguridad social, los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de la terminación del vínculo contractual y de manera adicional previene a la empresa demandada, para que se abstenga de incurrir en conductas que obstaculicen o hagan nugatorio el ejercicio del derecho amparado de los trabajadores que se encuentran laborando a su servicio. CONCEDID.


Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 345    Expediente   T-3365600    Fecha sentencia   14-5-2012 0:00    Sentencia   T-341/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    ESPERANZA SARMIENTO GARCIA VS. ESCUELA DE DISEÑO Y PATRONAJE ARTURO TEJADA CANO

Tema

Estabilidad laboral reforzada, seguridad social. La demandante ingresó a laborar en la Escuela de Diseño y Patronaje Arturo Tejada Cano a través de un contrato a término fijo suscrito por cinco meses, en donde se pacto la prórroga en otro tanto en forma automática ó la terminación, previa comunicación con un mes de antelación a la finalización del mismo. Tras asistir al médico y ser sometida a una serie de exámenes le diagnosticaron un tumor maligno en el cuello uterino y su tratamiento le generó varias incapacidades consecutivas. La empresa empleadora no renovó el contrato de trabajo y aplicó la cláusula de terminación del mismo, a pesar de que la accionante se encontraba en estado de incapacidad laboral y tenia conocimiento de que ésta padecía una enfermedad catastrófica. La Sala analiza y desarrolla la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. 2º. Procedencia de dicha acción para obtener el reintegro laboral cuando se trata de prevenir la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada. 3º. Otorgamiento del precitado derecho no solo a los que tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral sino también a aquellos que, aunque no tienen esa condición, se encuentran en situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud. 4º. Deber del empleador de reubicar al trabajador como manifestación del principio de solidaridad y 5º. Vencimiento del término del contrato laboral no implica necesariamente la desvinculación del trabajador en situación de discapacidad. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena el reintegro y el pago de los salarios, prestaciones sociales y compensaciones dejadas de percibir, así como los aportes a la seguridad social correspondientes a salud y pensión. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con la actora solo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio del Trabajo.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 346    Expediente   T-3356117    Fecha sentencia   14-5-2012 0:00    Sentencia   T-342/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV HASP
Demandante / Demandado    MARITZA OROBIO CUNDUMI VS. GOBERNACION DE NARIÑO Y OTRO

Tema

Trabajo, vida. La accionante laboraba como docente en el municipio de Santa Bárbara de Iscuande (Nariño), cuando empezó a recibir amenazas de muerte por parte de la guerrilla del ELN. La anterior situación hizo que se desplazara y solicitara su reubicación laboral, petición frente a la cual no recibió respuesta oportuna y motivo por el que decidió no regresar a su lugar de trabajo. Tras varias actuaciones de parte de demandante y demandada para intentar la reubicación en el lugar donde residía la actora, se emitió un acto administrativo a través del cual se implementó el procedimiento que terminó con la declaración de vacancia por abandono del cargo y la consecuente desvinculación de la actora. Uno de los fundamentos de dicha decisión fue que la accionante no se encontraba inscrita en el RUPD. La Sala reitera la jurisprudencia constitucional sobre la protección especial a la población desplazada y los principios de subsidiariedad e inmediatez y su interpretación especial cuando se trata de esta población. La Sala de Revisión parte del hecho de que a la accionante ya se le reconoció la condición de desplazada y por tanto, como sujeto de especial protección constitucional, decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar a la accionada que tome una nueva decisión sobre la vinculación, desvinculación o traslado de la peticionaria, pero teniendo en cuenta la decisión judicial mediante la cual fue reconocida como desplazada.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 347    Expediente   T-3331166    Fecha sentencia   14-5-2012 0:00    Sentencia   T-343/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JESUS OTAVO SANTA VS. SECCION CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTROS

Tema

Tutela contra providencia judicial. El demandante pretende que a través de la acción de tutela se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la vivienda digna, presuntamente vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al negar la suspensión provisional de los boletines emitidos por el Banco de la República desde el 11 de agosto de 2000 hasta el 7 de noviembre de 2007 referentes a los valores del la UVR, solicitada como medida cautelar dentro de un proceso de nulidad simple en el que él actúa como coadyuvante. Luego de analizar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y sus requisitos generales y específicos, la Sala considera que resulta improcedente la solicitud de amparo deprecada, toda vez que el accionante no ha agotado todos los mecanismos de defensa a su alcance, sumado al hecho de que no se cumplió con el requisito de inmediatez y que se constató que sus derechos fundamentales no estaban en grave riesgo. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción.
Recibo Relatoria   3-7-2012 0:00


Item 348    Expediente   T-3338308 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   14-5-2012 0:00    Sentencia   T-344/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    BELVY JOHANA OME HERNANDEZ Y OTRO VS. SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA Y OTRO

Tema

Salud, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se demanda a la Secretaría de Salud Departamental del Huila y a la E.P.S. SALUD TOTAL, porque en el primer caso se supeditó el suministro de un medicamento requerido por la accionante para tratar su enfermedad, a la cancelación de una cuota de copago equivalente al 5% de su valor. En el segundo asunto, la acción de tutela se instauró porque la entidad promotora de salud no autorizó los insumos requeridos por el actor para el cuidado posterior de una cirugía que le fue practicada, bajo el argumento de que los mismos no se encontraban incluidos en el POS. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Carácter fundamental autónomo del derecho a la salud. 2º. Reglas de procedencia de la acción de tutela para ordenar el suministro de tratamientos, procedimientos o medicamentos excluidos del POS y 3º. La imposibilidad de que las cuotas moderadoras sean obstáculo para acceder a los servicios de salud para quienes no tienen la capacidad económica de asumirlos. Tras encontrar demostrada la vulneración alegada por los accionantes se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.


Recibo Relatoria   27-6-2012 0:00


Item 349    Expediente   T-3368012    Fecha sentencia   14-5-2012 0:00    Sentencia   T-344A/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LEIDY JOHANNA VANEGAS MANTILLA EN REPRESENTACION DE SU HIJO MILLER ESTIVEN QUINTERO VANEGAS VS. SOLSALUD E.P..S

Tema

Salud, seguridad social, vida digna. Se interpone la acción de tutela en representación de un menor de edad y contra la E.P.S. SOLSALUD E.P.S., para solicitar la autorización inmediata del implante coclear que requiere el niño para el tratamiento específico de la hipoacusia neurosensorial bilateral que padece, el cual fue ordenado por el médico especialista tratante. La Sala de Revisión, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, protege los derechos fundamentales del menor representado y ordena a la accionada realizar el procedimiento reclamado y todos los tratamientos médicos que necesita el niño y que hayan sido ordenados por su médico tratante. Se reconoce el derecho a la E.P.S. demandada de repetir contra la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima por el valor de los gastos en que incurra, siempre y cuando se trate de atenciones no incluidas en el POS-S. CONCEDIDA.
Recibo Relatoria   12-6-2012 0:00


Item 350    Expediente   T-3368359    Fecha sentencia   14-5-2012 0:00    Sentencia   T-345/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    LINA MARIA GUTIERREZ QUESADA EN REPRESENTACION DE SU HIJA ANA MILENA MOSQUERA GUTIERREZ VS. E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

Tema

La acción de tutela se inicia en representación de una niña de ocho años a quien le diagnosticaron una menarquia precoz. Se aduce en la demanda de tutela que la E.P.S. S.O.S. vulneró derechos fundamentales de la menor, al no ordenarle la práctica de unos exámenes necesarios para comprobar el diagnóstico y descartar otras complicaciones, no entregar unos medicamentos que no fueron prescritos por el médico tratante, no definir la procedibilidad de emitir órdenes de reconocimiento de atención integral de salud y el otorgamiento de citas prioritas. La Sala analiza los siguientes temas: 1º. Presupuestos fácticos que hacen procedente la tutela, en especial la exigencia de que una acción u omisión vulnere o amenace derechos fundamentales. 2º. Hipótesis que activan la posibilidad de que el juez de tutela ordene la prestación de atención y tratamiento médico integral y, 3º. Los trámites administrativos como una barrera de acceso a los servicios de salud. Se decide, CONCEDER PARCIALMENTE el amparo al derecho a la salud de la niña representada, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con la petición de la práctica de exámenes y la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto a la entrega de medicamentos que no fueron ordenados por el médico tratante. Se ordena a la accionada que garantice a la menor atención integral en salud en lo que respecta al diagnóstico y al eventual tratamiento que sea requerido para combatir su padecimiento de menarquia precoz y la exhorta para que, una vez sean conocidos los resultados de los exámenes practicados, se le conceda cita prioritaria de acuerdo con la orden médica que así lo señale.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 351    Expediente   T-3310212    Fecha sentencia   14-5-2012 0:00    Sentencia   T-346/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    LUISA MYRIAM LIZARAZO RICAURTE VS. SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema

Tutela contra providencia judicial. En este caso la Sala de Revisión se encarga de determinar si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, vulneró los derechos fundamentales de la accionante a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la buena fe y a la autonomía en el desempeño judicial, en tanto dictó providencia dentro de un proceso disciplinario iniciado en su contra, en la que decidió sancionarla con un mes de suspensión en el ejercicio de su cargo de juez, por considerar que la demora entre el momento de reparto de una tutela y el día en que pasó a su despacho era imputable a ella como directora del mismo, puesto que le correspondía ejercer el control sobre su secretario, al tener la potestad y poder disciplinario sobre sus empleados. Alega la actora que en dicha decisión se incurrió en defectos fáctico y sustantivo por desconexión entre lo establecido por el ordenamiento jurídico y lo judicialmente decidido. Para resolver el problema jurídico la Sala analiza los siguientes temas: 1º. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. 2º. Los defectos fáctico y sustantivo como causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y, 3º. El término perentorio para fallar una tutela. Al comprobar que no se configuró causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial y al no ser posible concluir que se desconoció el derecho al debido proceso, se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.


Recibo Relatoria   5-6-2013 0:00


Item 352    Expediente   T-3302990    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-347/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO TRUJILLO SOLARTE VS. NUEVA E.P.S. S.A.

Tema

Participación, salud. El accionante, en calidad de usuario y presidente de la Asociación de Usuarios de la EPS e IPS de la Nueva E.P.S. Seccional Cauca, demandó ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la NUEVA E.P.S,. por la negativa de garantizar la participación de los usuarios en su Junta Directiva, para que puedan ejercer su derecho a la participación en la toma de decisiones que se adopten al interior de la institución. Para resolver el problema jurídico planteado, La Sala de revisión analiza temática relacionada con el derecho fundamental a la participación y la faceta democrática-participativa del derecho fundamental a la salud. Se CONCEDE.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 353    Expediente   T-3331182    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-348/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ASOPESCOMFE VS. DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA Y OTROS

Tema

Participación, alimentación, trabajo, libre escogencia de profesión u oficio, dignidad humana. La Asociación de Pescadores de las Playas de Comfenalco --ASOPESCOMFE- solicita que se le amparen los derechos fundamentales a sus integrantes y en consecuencia, se ordene al Consorcio Vial al Mar que se abstenga de encerrar el sitio donde los pescadores parquean sus botes de madera y realizan su labor de pesca, hasta tanto no se llegue a un acuerdo sobre el resarcimiento de los perjuicios que les están causando con la realización del proyecto denominado Anillo Vial Malecón de Crespo, el que se desarrolla en el lugar donde desde hace muchos años han ejercido la pesca artesanal. La Sala se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la participación de comunidades locales en construcción de megaproyectos que generan una afectación al ambiente e impactan a las comunidades asentadas en su área de influencia. 2º. El derecho a la libre escogencia de oficio y al trabajo en comunidades de economía de subsistencia y 3º. El derecho a la alimentación y el concepto de soberanía alimentaria. Se concluye que, las entidades demandadas sí vulneraron derechos fundamentales de los integrantes de la asociación demandante y en consecuencia, se ordena, teniendo en cuenta los impactos actuales de las actividades de la obra que se ejecuta, garantizar espacios de concertación con los afectados en los que se tenga en cuenta sus opiniones. Así mismo se dispone, que se diseñe, en conjuntos con los integrantes de la asociación, medidas de compensación que deben ser acordes con la calidad del oficio desarrollado como pescadores artesanales y no necesariamente de naturaleza económica. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 354    Expediente   T-2956337    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-349/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    EPAMINONDAS CORDOBA BRAVO VS. GOBERNACION DE CASANARE Y OTROS

Tema

Vivienda. En el presente caso se indica que la administración departamental del Casanare ofreció un programa de VIS a 280 familias, de las cuales 150 estaban conformadas por madres cabeza de familia y víctimas del desplazamiento formado, hecho que generó gran expectativa entre la población censada para acceder al programa de vivienda denominado casas verdes. Luego de esperar un tiempo sin que se solucionara el asunto habitacional, varias familias ocuparon un lote de propiedad de la administración departamental para exigir la protección de su derecho a la vivienda digna. De manera posterior, se adelantó un proceso policivo de desalojo del bien inmueble, el que se llevó a cabo a través de la fuerza pública, sin tener en cuenta las condiciones particulares de las personas que se encontraban en dicho lugar. La Sala de Revisión no sólo halló acreditada la situación de vulnerabilidad en la que están los accionantes, sino que consideró que el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se inició sin existir previamente un diálogo con la comunidad afectada. Se resalta además que, si bien las ocupaciones irregulares de los bienes fiscales o de uso público no están permitidas, las autoridades de cualquier orden que pretendan recuperar dichos inmuebles deben adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos constitucionales de la población que resida en éstos, máxime cuando se trate de población en situación de vulnerabilidad. Así que, en aplicación de la normativa, no pueden generar más exclusión ni ahondar la situación de pobreza que los agobia. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes a varias entidades gubernamentales conducentes a hacer efectivo el goce del derecho amparado, lo que incluye, entre otras medidas, la orden de conformar una mesa de concertación para buscar una solución temporal de vivienda adecuada para los afectados y llevar el proceso de desalojo bajo la aplicación estricta de todos los estándares internacionales en esta materia.
Recibo Relatoria   6-8-2012 0:00


Item 355    Expediente   T-3234661    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-350/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    PEDRO ANTONIO PINILLA PACHECO VS. CONSEJO DE ESTADO

Tema

Seguridad social, debido proceso, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se tiene que el actor ostentaba la condición de pensionado cuando se reincorporó al servicio oficial a través de la planta de personal de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). La anterior situación fue informada por el demandante a CAJANAL, al tiempo que solicitó la suspensión del pago de la pensión. A su turno, la CNTV informó oportunamente a la Caja sobre la vinculación del tutelante a dicha entidad y sobre el pago de los correspondientes aportes para pensión. Luego de retirarse de la Comisión, el actor solicitó a CAJANAL la reliquidación de la prestación y esta petición fue denegada con fundamento en lo establecido en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, que no permite el reintegro de un pensionado al servicio, salvo en determinados cargos que aparecen relacionados en dicha norma. En la presente tutela se demanda la decisión de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que había declarado la nulidad de las resoluciones que negaron la reliquidación. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Doctrina constitucional referente al defecto sustancial como causal específica de procedibilidad y, 3º. El principio de la condición más beneficiosa. Se concluye que, el Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo pero sí incurrió en desconocimiento de las normas constitucionales, al inaplicar el artículo 53 Superior que señala que ante la aplicación de dos posibles normas, el juez debe aplicar la que resulte más favorable al trabajador. Se CONCEDE la tutela, se deja sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado y en su lugar se deja ejecutoriada la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la nulidad de las resoluciones de CAJANAL y ordenó la reliquidación pensional del actor.
Recibo Relatoria   21-1-2013 0:00


Item 356    Expediente   T-2864427 Y OTRA ACUMULADA    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-352/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    WILLIAM DE JESUS RESTREPO Y OTRO VS. SALA DE FAMILIA DEL TRIBUNAL DE MEDELLIN Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, estado civil, personalidad jurídica, tener una familia, dignidad humana. Tutela contra providencia judicial. En un primer caso se demanda la decisión judicial que declaró la existencia de cosa juzgada constitucional en el proceso de filiación extramatrimonial que inició el actor, pese a que en el nuevo expediente se practicó una prueba de ADN que arrojó como resultado un 99.999999993% de probabilidad de paternidad. En el segundo asunto se ataca la decisión judicial que le imputó al accionante la paternidad de una niña por cuestiones procesales, pese a existir una prueba de ADN que demostraba que él no era el padre biológico de la menor. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Requisitos generales y especiales de esta procedibilidad excepcional. 3º. El defecto procedimiental por exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico, como causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 4º. Violación directa de la Constitución como causal específica de procedencia. 5º. Los presupuestos para la existencia de la cosa juzgada y 6º. Importancia de la prueba genética como expresión del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, búsqueda de la verdad y prevalencia del derecho sustancial. En ambos casos se CONCEDE el amparo solicitado y de manera consecuente, se decide revocar las decisiones atacadas.
Recibo Relatoria   6-8-2012 0:00


Item 357    Expediente   T-3245343    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-353/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MAURICIO GUEVARA DIB, COMO APODERADO JUDICIAL DEL ISS VS. JUZGADO TREINTA PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso el Instituto de Seguros Sociales interpone la acción de tutela en contra del Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, argumentando que dicho Despacho incurrió en graves errores de interpretación al conceder en sede de tutela y de manera definitiva, el reconocimiento y pago de la pensión especial para magistrados de altas cortes, negando la posibilidad de que la justicia ordinaria, como juez natural del caso, decidiera sobre el derecho pensional reclamado. La Sala reitera la jurisprudencia constitucional referente a las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre la improcedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela. La Sala encuentra en el presente asunto que el juzgado accionado reconoció una pensión con base en un régimen pensional al cual la solicitante no se podía acoger, sin embargo, por haber sido resuelta la prestación a través de una acción de tutela anterior frente a la cual operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, se confirma la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de acción constitucional.. Pese a la anterior decisión, la Sala manifiesta que el caso concreto es una situación propicia para manifestar que se opone a, que con fundamento en los beneficios que otorga el régimen de transición se favorezca a personas que se acogen a regímenes pensiones diferentes a los que dicho régimen preservó para ellos, en lo que configura una aplicación irracional del principio de favorabilidad con consecuencias atroces para la sostenibilidad fiscal. En tal sentido precisa que, para ser beneficiario del régimen establecido en el Decreto 1359 de 1993 se deben cumplir con los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, se debe hacer parte del denominado régimen de transición. Por último, la Sala de Revisión considera procedente que, en el evento de que la Sala Plena de la Corporación acoja su posición, se revisen las pensiones que se hayan concedido con base en una aplicación errónea del régimen de transición y con respecto a las mismas, se pueda solicitar la revocatoria establecida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.
Recibo Relatoria   24-7-2012 0:00


Item 358    Expediente   T-3349285    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-354/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DEFENSORIA DEL PUEBLO SECCIONAL ATLANTICO POR PODER CONFERIDO POR BELKIS ALEJANDRA MARTINEZ MEDINA, CURADORA DE GILBERTO RODOLFO MARTINEZ MEDINA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social. En el presente caso se analizó si el ISS vulneró derechos fundamentales del representado, al negarle el reconocimiento y pago de la sustitución pensional reclamada en calidad de hijo inválido del causante pensionado, por considerar que no se demostró la relación de parentesco con el registro civil de nacimiento aportado, en razón a que en dicho documento aparece en el espacio correspondiente al denunciante, persona diferente al afiliado causante. Por la inconsistencia alegada, el demandado solicitó registro civil con el lleno de requisitos establecidos en la ley o, en su defecto, copia auténtica de la sentencia judicial debidamente ejecutoriada, que señalara la relación filial requerida. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta. 2º. Naturaleza, finalidad y principios constitucionales de la pensión de sobrevivientes. 3º. Requisitos que debe acreditar el hijo inválido para ser beneficiario de dicha prestación y 4º. Estudio legal sobre los requisitos para demostrar el parentesco padre e hijo, la presunción de legitimidad de hijos concebidos durante el matrimonio y el registro civil de nacimiento como prueba idónea para acreditar la condición de parentesco. Al considerar que se cumplen con los requisitos formales y materiales establecidos por la Corporación para que sea otorgada la pensión sustitutiva mediante la acción de tutela como mecanismo definitivo, ya que la vía ordinaria laboral se tornaría ineficaz ante las condiciones del representado, se CONCEDE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   25-7-2012 0:00


Item 359    Expediente   T-3292007    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-355/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ORLANDO RAFAEL LLERENA VILORIA VS. CAPRECOM E.P.S.S Y OTRO

Tema

Vida en condiciones dignas, integridad personal, salud, seguridad social. El demandante fue diagnosticado como un paciente con historial de largo consumo de sustancias psicoactivas y con varios fracasos hospitalarios, motivo por el cual su médico tratante le recomendó un tratamiento de rehabilitación en una comunidad terapéutica. La E.P.S. CAPRECOM negó la solicitud de internamiento en un centro de rehabilitación para problemas de farmacodependencia, argumentando que el servicio requerido hacía parte de la categoría de internación parcial en institución no hospitalaria, la cual estaba excluida del POS-S. Se analiza la siguiente temática: 1º. La salud como derecho fundamental con especial referencia a la salud psíquica. 2º. La exigibilidad de medicamentos, procedimientos y servicios no contemplados en el POS, 3º. Atención especial del Estado a quienes padecen problemas de farmacodependencia o drogadicción. 4º. Reglas probatorias para establecer la capacidad económica, cuando se solicita la prestación de servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. 5º. Fuerza vinculante del concepto emitido por el médico tratante no adscrito a la E.P.S Y 5º. Obligación subsidiaria del Estado de asumir el costo de los servicios de salud no incluidos en los planes de beneficios en salud. Se CONCEDE el amparo solicitado por el demandante y se ordena que se le brinde un tratamiento integral para combatir su adicción a las drogas. Se otorga a la entidad demandada la posibilidad de repetir contra el Departamento del Atlántico-Secretaría de Salud Departamental, por las sumas de dinero que legal y reglamentariamente no sean de su cargo.
Recibo Relatoria   23-7-2012 0:00


Item 360    Expediente   T-3008975 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-356/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE RAMON TABORDA SILVA VS. LA NACION, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y OTROS

Tema

Mínimo vital, debido proceso, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En un primer caso el accionante instauró la acción de tutela porque la demanda ordinaria laboral que inició contra Álcalis de Colombia Ltda en Liquidación, para solicitar el derecho a obtener la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de la misma desde la fecha de causación del beneficio pensional, no ha sido resuelta por despacho judicial a quien le correspondió el proceso, a pesar de llevar más de dos años desde que se interpuso la demanda. En el segundo asunto la demandante recurrió a la acción ordinaria laboral para conseguir la indexación de la primera mesada pensional, pero los despachos judiciales que resolvieron el asunto decidieron denegar la pretensión. La Sala desarrolla la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional y los distintos escenarios de enjuiciamiento sobre el tema y, 2º. El derecho fundamental a la actualización de las pensiones en su faceta de la primera mesada pensional. Se decide, en el primer caso, CONCEDER el amparo transitorio, hasta tanto la justicia ordinaria laboral culmine el trámite judicial con sentencia en firme, que resuelva la situación de actualización pensional del actor y, en el segundo proceso, CONCEDER el amparo de manera definitiva.
Recibo Relatoria   23-7-2012 0:00


Item 361    Expediente   T-3336431    Fecha sentencia   15-5-2012 0:00    Sentencia   T-357/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    NICANOR MENDOZA MONROY VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

Objeción de conciencia. El demandante se presentó a la Quinta Brigada del Ejército Nacional en Bucaramanga para definir su situación militar y en ese momento se identificó como objetor de conciencia por ser ministro ordenado de la iglesia cristiana de los Testigos de Jehová. Pese a la anterior declaratoria, fue retenido, le practicaron los exámenes médicos de ingreso y le rasuraron el cabello. Tras varias diligencias realizadas por su progenitora la vinculación al ejército fue aplazada y por este motivo solicita vía tutela, que sea eximido de prestar el servicio militar y de pagar la respectiva libreta, en tanto la vida castrense riñe con los conceptos religiosos que le impiden empuñar un arma y atentar contra la integridad y la vida de otro ser humano, cualquiera sea su condición. Además, porque su proyecto de vida como ministro de Dios es irreconciliable, por conciencia y fe, con el uso de armas o la vinculación a estructuras armadas. En sede de revisión la Sala constata que el accionante fue declarado exento de prestar el servicio porque acreditó ser bachiller y en este sentido, al desaparecer la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se reclamó, se declara la carencia actual de objeto por configurarse un HECHO SUPERADO: Sin embargo, se reitera que el amparo del derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio depende de que las convicciones y creencias de quien la alegue determinen y condicionen su conducta a través de manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento, y que además, sean profundas, fijas y sinceras.
Recibo Relatoria   23-7-2012 0:00


Item 362    Expediente   D-8785    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-363/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JULIAN ARTURO POLO ECHEVERRI VS. LEY 1450 DE 2011, ARTICULOS 86, 96, 198 Y 239

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 86, 96, 198 y 239 de la Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2010-2014. Los artículos demandados se titulan y hacen referencia a la detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos, las sanciones y procedimientos, la descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el arancel judicial. . Según el demandante, las disposiciones acusadas no cuentan con la debida unidad temática con el título de la ley, ni con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, quebrantándose de esta manera los artículos 158 y 169 de la Carta Política. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los artículos acusados. (FOTOMULTAS).
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 363    Expediente   D-8795    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-364/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CARLOS ANDRES ECHEVERRY RESTREPO VS. LEY 1333 DE 2009, ARTICULO 47

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 47 de la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Para el demandante, la norma censurada dispone una pérdida permanente de la propiedad bajo la figura del decomiso definitivo, lo que significa una suerte de extinción de dominio decretada no por una autoridad judicial como lo exige el artículo 34 Superior, sino por una autoridad administrativa. Así mismo alega que con ella no sólo se extingue la propiedad sobre un bien que pudo ser adquirido legítimamente y con arreglo a la normatividad vigente, sino que se priva de justa indemnización a su propietario, configurando una confiscación, institución jurídica prohibida expresamente en la Constitución. La Sala concluye que, el decomiso definitivo de productos, elementos o medios utilizados para cometer una infracción ambiental responde a una limitación válida y legítima del derecho de propiedad autorizada por la Constitución, en cumplimiento de la función ecológica de la propiedad. Se declara EXEQUIBLE el artículo demandado, por los cargos analizados en la presente providencia.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 364    Expediente   D-8798    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-365/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JAIME CORDOBA TRIVIÑO VS. LEY 599 DE 2000, ARTICULO 447-A

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 447A del la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la Ley 1453 de 2011. El parágrafo demandado establece que: “el que transfiera o utilice a cualquier título los documentos, licencias, números de identificación de los vehículos automotores declarados en pérdida total, incurrirá en la pena en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El demandante señala que la norma acusada vulnera los principios básicos del ius puniendi y la libertad económica de la actividad aseguradora, porque se penaliza una conducta que tradicionalmente ha sido desarrollada en el marco de la actividad aseguradora de vehículos por parte de las compañías que se dedican a esta tarea. La Corte encontró que la conducta tipificada constituye una restricción que no es potencialmente adecuada para conseguir el fin propuesto, que además resulta manifiestamente desproporcionada y que afecta una actividad lícita y permitida, sin que la misma se relacione con los fraudes que pretende evitar, lo que resulta innecesario ante la existencia de otros tipos penales. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del parágrafo del artículo 447-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la Ley 1453 de 2011.
Recibo Relatoria   22-6-2012 0:00


Item 365    Expediente   D-8804 Y D-8808 ACUMULADOS    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-366/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SPV AMGA, SPV HASP
Demandante / Demandado    REMBERTO QUANT GONZALEZ Y OTRO VS. DECRETO LEY 3565 DE 2011, ARTICULOS 1, 2 Y 3

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley 3565 de 2011, por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008. Acumulación de demandas. Los artículos acusados tienen que ver con la reasignación de función del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible; con la ampliación del periodo de los actuales directores de las CARs; la definición del período institucional de estos directores y del Consejo Directivo y con la extensión de los planes de acción de las Corporaciones Autónomas Regionales. Los demandantes solicitan la declaratoria de inexequibilidad de los artículos precitados, con fundamento en que con dichas disposiciones se excedieron las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República mediante el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, quebrantando así el numeral 10º del artículo 150 de la Carta Política, que asigna al Congreso la potestad de revestir al Presidente por seis (6) meses de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de Ley. La Corte evidenció una extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, para reasignar funciones y competencias orgánicas entre organismos de la administración pública nacional y entre éstas y otras entidades y organismos del Estado. Se declara la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley 3565 de 2011.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 366    Expediente   D-8770 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-367/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARGARITA BOHORQUEZ TORRES Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema


Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 3 de 2011, por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Se acumulan demandas. Los demandantes, con idéntico contenido, señalan que el trámite impartido por el Congreso al Acto Legislativo 03 de 2011, vulneró el artículo 375 de la Constitución, al igual que los artículos 123 y 225 de la Ley 5ª de 1992 – Reglamento del Congreso-. El cargo común es por vicios de procedimiento legislativo en la formación del acto legislativo, específicamente relacionado con la contabilización de los votos que obtuvo la iniciativa durante un debate en la Comisión Primera del Senado. La Sala advierte que los problemas jurídicos planteados fueron decididos, con efectos de cosa juzgada constitucional, en sentencia previa donde el Pleno de la Corporación declaró exequible el Acto Legislativo 03 de 2011 por idéntico cargo al presentado en las demandadas acumuladas. Se decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-332/12, por el cargo analizado en esa oportunidad.

Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 367    Expediente   D-8823    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-368/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SANDRA PAOLA CHARRIS IBARRA VS. LEY 1371 DE 2009, ARTICULO 2 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la Ley 1371 de 2009, por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. La demandante considera que la expresión acusada, en cuanto circunscribe a las entidades fiduciarias la potestad legal para la administración del fondo para el pago del pasivo pensional de las universidades públicas, vulnera los derechos a la seguridad social, la igualdad y la libre competencia económica. La Sala concluye que el aparte demandado se encuadra dentro del amplio margen de configuración legislativa en materia de definición de institucionalidad del sistema de seguridad social, que no afecta el núcleo esencial de las libertades económicas y que cumple con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, escrutados a partir del reconocimiento del margen de regulación. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión fiduciaria, contenida en el artículo 2º de la Ley 1371 de 2009.
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 368    Expediente   D-8604    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-369/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA VS. LEY 1430 DE 2010, ARTICULO 52

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 de la Ley 1420 de 2010, por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. El demandante considera que la norma acusada vulnera los artículos 157, 160 y 338 de la Constitución Política. Específicamente formula un cargo por vicios de forma por vulneración de los principios constitucionales de consecutividad e identidad flexible y un vicio de fondo, circunscrito a que la norma acusada desconoce los principios de legalidad y certeza del tributo. La Corte comprobó que el trámite de la norma acusada que adiciona la base gravable del impuesto de industria y comercio del sector financiero, extensiva a los comisionistas de bolsa, cumplió con el principio de consecutividad, en armonía con el de identidad flexible. La Sala se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto al cargo fundado en la violación del principio de legalidad y certeza del tributo, en razón de la ineptitud sustantiva de la demanda y por los demás cargos analizados, declara EXEQUIBLE el artículo 52 de la Ley 1430 de 2010.
Recibo Relatoria   2-8-2012 0:00


Item 369    Expediente   D-8835    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-370/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    IVAN ORLANDO MELENDEZ Y OTRO VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULOS 57 Y 58 PARCIALES

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 57 y 58 (parciales) de la Ley 1474 de 2011. Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica. En la demanda se aduce que las expresiones demandadas vulneran el principio constitucional al debido proceso, el respeto a las formas propias de cada juicio y el derecho a la igualdad. La Corte declara EXEQUIBLE la expresión “se citará a audiencia en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos” contenida en el inciso tercero del artículo 57 de la Ley 1474 de 2011 y EXEQUIBLE CONDICIONADA la expresión “la audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días de la fecha del auto que la ordena” contenida en el artículo 58 de la misma norma, en el entendido que este término solamente comenzará a correr a partir de la notificación del auto que ordena adelantar el proceso verbal.
Recibo Relatoria   1-8-2012 0:00


Item 370    Expediente   D-8713 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   C-371/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    PILAR TORRES LOREZ Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011, por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal. Hay acumulación de demandas. Los actores consideran que con la norma acusada se violó una regla jurisprudencial constitucional durante el trámite de su aprobación, al no haber contabilizado un congresista adecuadamente en una votación, que de haberlo hecho, habría tenido que llegar a una respuesta diferente del caso. La Sala establece que los demandantes plantearon los mismos elementos de juicio que ya habían sido considerados previamente por la Corte Constitucional, por lo tanto decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-332/12, por confirmarse la existencia de cosa juzgada constitucional.
Recibo Relatoria   14-6-2012 0:00


Item 371    Expediente   T-3325487    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   T-358/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    CLINICA IBAGUE S.A. VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La clínica accionante fue demandada para que se le declarara administrativamente responsables por la muerte de un menor, ocurrida al interior de dicho centro hospitalario. El juzgado fallador accedió a las pretensiones de la demanda y la condenó a la reparación. Esta decisión judicial fue notificada por edicto y tras solicitar la nulidad de la sentencia por indebida notificación, se negó lo pedido aduciendo que el edicto sí cumplía con los requisitos previstos en la ley. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación y el tribunal que resolvió el asunto confirmó la decisión de declarar infundada la nulidad. En sentir de la clínica accionante, los autos mediante los cuales fue negada la nulidad solicitada están incursos en una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por incurrir en un defecto sustantivo. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y 3º. La notificación como elemento fundamental del derecho al debido proceso. Se confirman las decisiones de instancia que decidieron NEGAR POR IMPROCEDENTE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 372    Expediente   T-3323910    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   T-359/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CLARA CECILIA BELTRAN MARTIN VS. SOLSALUD E.P.S.S Y OTRO

Tema

Salud, vida en condiciones dignas. La actora se encuentra afiliada al régimen subsidiado con SOLSALUD E.P.S.S y fue diagnosticada con neurosensorial y otoesclerosis bilateral, enfermedad que le produce la pérdida de audición progresiva. Al considerar que con el procedimiento ordenado por el galeno tratante no ha obtenido mejoría alguna, solicitó a la E.P.S.S demandada que le autorizara un procedimiento quirúrgico denominado estapedectomía bilateral, sugerido por un médico particular. Esta solicitud fue negada por la entidad, aduciendo que dicha cirugía no estaba incluida en el POSS. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la siguiente temática: 1º. La salud como derecho fundamental. 2º. Entidades Promotoras de Servicios de Salud del Régimen Subsidiado en la prestación de los servicios no POSS. 3º. Reglas para inaplicar los preceptos de los Planes Obligatorios de Salud y 4º. Procedimientos a observar en eventos en que la orden de servicios de salud ha sido expedida por un médico especialista que no está adscrito a la E.P.S.S. Se CONCEDE.
Recibo Relatoria   12-7-2012 0:00


Item 373    Expediente   T-3362138    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   T-360/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    FRANCISCO LUIS RODRIGUEZ VS. ISS

Tema

Debido proceso, mínimo vital, seguridad social. El ISS le negó al accionante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada, a pesar de que, en su criterio, reúne los requisitos de edad y tiempo de cotización establecidos en el régimen de transición, así como en las normas que le resultan aplicables. Por su parte, el instituto accionado adujo que el actor no cumplía con el requerimiento legal de tener acreditadas mil semanas de cotización realizadas de manera exclusiva al ISS. Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales. 2º. La garantía fundamental del debido proceso en el reconocimiento de la pensión y 3º. Requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tomando como régimen anterior aplicable el Decreto 758 de 1990. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena expedir resolución de reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de transición y empezarla a pagar con la periodicidad debida.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 374    Expediente   T-3355624    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   T-361/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MYRIAM MENDOZA DE MARTINEZ VS. LA NACION, MINISTERIO DE HACIENDA Y OTROS

Tema

Igualdad, vida digna, mínimo vital, salud, seguridad social, tercera edad, principio de favorabilidad. En el presente caso se analiza si el Ministerio de Hacienda, el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, vulneraron derechos fundamentales de la accionante, quien es una persona de 69 años de edad en condición de discapacidad, a la cual se le negó la inclusión en nómina y el pago de una pensión de sobrevivientes reconocida desde el año 2003, bajo el argumento de que no les corresponde asumir dicha obligación, de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU484/08. La Sala de Revisión aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para la reclamación de la pensión de sobrevivientes. 2º. El adulto mayor en condición de discapacidad como sujeto de especial protección constitucional. 3º. Imprescriptibilidad del derecho pensional en materia de pensión de sobrevivientes y la prescripción de mesadas pensionales cuando no se ha reclamado el derecho y, 4º. Dificultades de la Fundación San Juan de Dios y la sentencia SU484/08. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, iniciar las acciones pertinentes para efectuar el pago real y efectivo de la pensión de sobrevivientes, en lo que no esté prescrito, así como el retroactivo correspondiente a partir del fallecimiento del causante y de acuerdo con lo consignado en el acta de reconocimiento de la prestación, expedida en su momento por la Fundación San Juan de Dios, ahora en liquidación.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 375    Expediente   T-3406674    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   T-362/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MIGUEL ANGEL PINEDA SALAZAR VS. LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Tema

Mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida digna. Tutela contra providencia judicial. El accionante ingresó a la Policía Nacional y en desarrollo de actividades propias del servicio, fue víctima de un ataque con arma de fuego que le ocasionó lesiones en su integridad y le produjo consecuencias para su salud. En sede de tutela se demanda el dictamen proferido por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que lo declaró no apto para el servicio militar y la resolución emitida por la Dirección General de la Policía, mediante el cual se decidió retirarlo del servicio activo, por disminución de su capacidad laboral. La Sala de Revisión analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. 2º. La motivación de estos actos y, 3º. El alcance de la protección a la estabilidad laboral de las personas discapacitadas en el régimen prestacional de la Policía Nacional. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el reintegro inmediato y transitorio del demandante, así como el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que permaneció retirado de la institución y el seguimiento a la enfermedad que presenta como consecuencia de la lesión que adquirió en ejercicio de sus actividades laborales.
Recibo Relatoria   8-10-2012 0:00


Item 376    Expediente   T-3215182    Fecha sentencia   16-5-2012 0:00    Sentencia   T-372/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV NPP
Demandante / Demandado    RONALD AMETH JALLER SERPA VS. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Tema

Vida, salud física y mental, trabajo en condiciones dignas y justas, debido proceso, acceso a la administración de justicia. En el caso particular se tiene como antecedente que el peticionario llevaba más de cinco años trabajando en la Fiscalía General de la Nación, desempeñando varios cargos en la modalidad de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción. Se aduce en la demanda de tutela que luego de posesionarse en el último cargo empezó a padecer complicaciones en su estado de salud física y mental, en principio ocasionadas por estrés laboral, lo cual lo llevó a acudir por urgencias en varias ocasiones y a que le fueran ordenadas distintas incapacidades. La vulneración de derechos fundamentales tiene como origen la notificación del acto administrativo mediante el cual se declara al actor insubsistente por razones del servicio, a pesar de encontrarse padeciendo serias complicaciones de salud física y metal ocasionadas en principio en el ejercicio de sus funciones y de habérsele prescrito continuar el seguimiento y control médico, psiquiátrico y psicológico por parte de la E.P.S. y, la necesidad de ingresar al Programa de Intervención en Crisis de la propia entidad accionada. La Sala analiza temática relacionada con la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción y los límites constitucionales al ejercicio de las facultades discrecionales, particularmente en la Fiscalía General de la Nación; el derecho fundamental a la salud física y mental y, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas en relación con el estrés laboral. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   10-12-2012 0:00


Item 377    Expediente   T-3338313    Fecha sentencia   17-5-2012 0:00    Sentencia   T-373/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    PERSONERA MUNICIPAL DE NEIVA EN REPRESENTACION DE NORMA TERESA CABRERA PULIDO VS. CAFESALUD E.P.S.

Tema

Salud, vida digna, seguridad social. La acción de tutela la interpone la Personera Municipal de Neiva en representación de una mujer de 33 años de edad que se encuentra afiliada al régimen subsidiado en el nivel I del SISBEN. Se alega vulneración de derechos fundamentales con la negativa de autorizar una cirugía de extirpación de un quiste localizado en el ovario derecho y brindar el correspondiente tratamiento integral que requiere la agenciada. Se analiza la siguiente temática: 1º. Legitimación en la causa por activa de las personerías municipales. 2º. La salud como derecho fundamental. 3º. Reglas jurisprudenciales sobre la procedencia de la acción de tutela para obtener el suministro de prestaciones excluidas del POS-S y 4º. El concepto del médico tratante como principal criterio para otorgar los servicios de salud que se requiere. Se concede la TUTELA y se ordena que, un especialista adscrito a la entidad demanda valore y diagnostique que afecciones presenta en sus ovarios la representada y en caso de que su situación imponga la realización de procedimientos quirúrgicos, éstos deben practicarse a la mayor brevedad posible, prosiguiendo en todo caso el tratamiento integral que llegue a ser prescrito.
Recibo Relatoria   9-7-2012 0:00


Item 378    Expediente   T-3114703 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   18-5-2012 0:00    Sentencia   T-374/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RAMON HUMBERTO DELGADO CHAVEZ Y OTRO VS. JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Mínimo vital, debido proceso, indexación primera mesada pensional. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se demandan en sede de tutela las decisiones judiciales adoptadas dentro de procesos ordinarios laborales promovidos por los actores, para que se les reconociera su derecho a la indexación pensional. Las decisiones acusadas negaron las pretensiones de los demandantes con fundamento en la sentencia de casación No. 11818 de 1999, en la cual se señaló que la indexación de las mesadas pensionales no opera en Colombia por vía legal, por tratarse de una obligación propia de los contratantes. En criterio de los actores, al dar aplicación a esta sentencia y no al artículo 53 de la Constitución Política y a los postulados constitucionales que consagran, entre otros, la protección y asistencia a la tercera edad, la aplicación progresiva de la cobertura de la seguridad social, el principio de favorabilidad y el equilibrio de las prestaciones, se incurrió en un defecto material o sustantivo. Aducen además que la doctrina plasmada en la precitada sentencia de casación fue expresamente modificada por la propia Sala Laboral mediante sentencia 29470 de 2007, en la que se acogió la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Sala hace un extenso análisis jurisprudencial relacionado con el derecho constitucional a la indexación de la primera mesada y con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela para proteger este derecho. Como quiera que en los casos estudiados existen decisiones judiciales que concedieron el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y con base en los principios de eficiencia y celeridad, se declara la firmeza de éstos y se dejan sin efectos los fallos que negaron la prestación. Partiendo del hecho de que los fallos confirmados establecieron la forma de liquidación de la prestación y lo atinente a la prescripción de las mesadas pensiónales, se determina que, las entidades encargadas del pago de la prestación deberán dar cumplimiento a lo establecido en las decisiones de la jurisdicción ordinaria en relación con estos temas, sin que haya lugar a modificar lo decidido por los jueces laborales competentes en sede constitucional. SE CONCEDEN.
Recibo Relatoria   1-10-2012 0:00


Item 379    Expediente   T-3331420    Fecha sentencia   18-5-2012 0:00    Sentencia   T-375/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOHANA CARVAJAL CASTRO VS. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CAQUETA Y OTRO

Tema

Salud. La demandante se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, SISBEN Nivel 1, a través de la E.P.S. S ASMET SALUD y, luego de ser valorada por un médico adscrito a la Clínica Mediláser de Florencia, se le ordenó la práctica de una mamoplastia reductora + mastopexia, como tratamiento para manejar los dolores que le produce el tamaño de sus senos. El procedimiento quirúrgico fue negado bajo el argumento de no estar incluido en el POS. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. Deber de una E.P.S. o E.P.S.S de garantizar a todos los usuarios del Sistema de Salud, el acceso a los servicios que requieren con necesidad, estén o no incluidos en el POS. . 2º. Posición de la Corporación respecto al transporte y la estadía como medios para que los usuarios accedan a los servicios de salud que le han sido ordenados y que se prestan en un municipio diferente al de su residencia. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el amparo concedido.
Recibo Relatoria   22-8-2012 0:00


Item 380    Expediente   T-3331151    Fecha sentencia   18-5-2012 0:00    Sentencia   T-376/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOVANNYS PARDO CASTRO VS. DIRECCION GENERAL MARITIMA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CARTAGENA

Tema

Consulta previa. La peticionaria, actuando en nombre propio y agenciando los intereses de la Comunidad Negra de la Boquilla, interpuso la acción de tutela contra la Dirección Marítima de la Capitanía del Puerto de Cartagena, argumentando que esta autoridad violó derechos fundamentales al otorgar una concesión sobre un área de playa en el sector Cielo Mar del corregimiento de La Boquilla, sin tomar en cuenta que trabaja como carpera en dicho lugar desde hace quince años, con la anuencia de las autoridades distritales y, sin haber garantizado la participación de la comunidad negra en dicho trámite. La accionada afirmó que la concesión se otorgó observando los requisitos legales y que no procedía para el caso la consulta previa, en tanto la Alcaldía de Cartagena certificó que no existía ocupación alguna en el sector. Para resolver el asunto se analiza temática relacionada con el derecho fundamental a la consulta previa y recuerda la jurisprudencia desarrollada por la Corporación para resolver el conflicto entre la preservación del espacio público y los derechos fundamentales de los comerciantes informales. Se declara la carencia actual de objeto en relación con los derechos del actor, pero se CONCEDE el derecho a la consulta previa de la Comunidad Negra de la Boquilla. Así mismo, se deja sin efectos la resolución que otorgó la concesión mencionada, con el fin de que se rehaga el trámite, respetando el derecho fundamental amparado y, se advierte y previene a la DIMAR y a la Alcaldía de Cartagena sobre su obligación legal y constitucional de permitir, mientras se adelanta el proceso de consulta, el tránsito y uso de la playa para todas las personas, especialmente de respetar el acceso de los miembros de la comunidad de La Boquilla.
Recibo Relatoria   20-11-2012 0:00


Item 381    Expediente   T-3320653 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   18-5-2012 0:00    Sentencia   T-377/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ALEXANDER AYALA HINCAPIE Y OTRO VS. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE NEIVA Y OTRO

Tema

Salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En ambos casos los demandantes se encuentran privados de la libertad y alegan violación del derecho a la salud. En un asunto, el interno padece de esquizofrenia paranoide y se le negó su traslado a un centro penitenciario que cuente con anexo psiquiátrico como lo recomendó su médico psiquiatra tratante. En el segundo expediente, el interno presenta síntomas de ansiedad luego de que se le modificara el tratamiento que recibía en la penitenciaría. La Sala se refiere a la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud de los internos de forma integral, continua y en condiciones de calidad y, a las reglas sobre el traslado de internos por motivos de salud mental. Se CONCEDE el amparo solicitado por los demandantes y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho protegido.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 382    Expediente   T-3385443    Fecha sentencia   18-5-2012 0:00    Sentencia   T-392/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOSE DEL CARMEN ROMERO FLOREZ COMO AGENTE OFICIOSO DE SU ESPOSA CLARA INES DEL PILAR SARMIENTO NOVA VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Vida, salud, dignidad humana. A través de agente oficioso se instauró la acción de tutela en contra de la NUEVA E.P.S., por cuanto se negó a prestar los servicios domiciliarios de enfermería por doce horas diarias a la representada, a pesar de que dicha asistencia había sido recomendada por el médico tratante, en razón a que la enfermedad que padecía fue catalogada como terminal, con orden de ingreso al programa de atención domiciliaria. En sede de revisión la Sala constató que la paciente falleció y en tal sentido declaró la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO. Pese a la anterior declaratoria, se examinó la decisión de instancia y se encontró que el juez que negó el amparo impetrado no falló de conformidad con la jurisprudencia constitucional, en tanto si procedía la protección de los derechos fundamentales invocados.


Recibo Relatoria   16-7-2012 0:00


Item 383    Expediente   T-2381738    Fecha sentencia   21-5-2012 0:00    Sentencia   T-233/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JORGE ANDRES BETANCOURT TORO VS. EPS SURA

Tema

Salud, vida digna. El accionante considera que la E.P.S. SURA vulneró sus derechos fundamentales al negarle el suministro de una prótesis biónica de mano derecha parcial metacarpiana con movilidad independiente de los dedos, prescrita por su médico tratante. La entidad demandada adujo no poder acceder a lo pretendido por el actor, toda vez que se trata de un servicio no incluido dentro de los beneficios del POS, que además fue prescrito por un médico particular. La Sala de Revisión aborda la doctrina de la Corporación en relación con el derecho fundamental a la salud frente a los contenidos del Plan Obligatorio de Salud y la justificación legal y constitucional de ciertas prestaciones excluidas del mismo. Se decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado, pero se ordena a la entidad demandada, que si el actor lo considera pertinente, le efectúe una nueva valoración de su estado físico a fin de los médicos especialistas en la materia y adscritos a ella, de ser posible, le ordenen el suministro de una prótesis de mano convencional, en cuyo caso se deberá suministrar y adaptar sin dilación alguna.
Recibo Relatoria   1-10-2012 0:00


Item 384    Expediente   T-3393273    Fecha sentencia   22-5-2012 0:00    Sentencia   T-378/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    JORGE ALBERTO GIRALDO GOMEZ VS. INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL

Tema

Al actor le fue reconocida la pensión de vejez por parte del ISS con una mesada pensional cercana los siete millones de pesos. Luego de recurrir la decisión por estar en desacuerdo con la forma de liquidación, el ISS modificó la resolución impugnada y elevó el monto de la mesada a un valor aproximado a los diez millones de pesos. De manera posterior se solicitó la reliquidación de la pensión y está fue despachada favorablemente, lo que generó un pequeño incremento en la mesada pensional. Enfatiza el actor que el ISS al reliquidar su pensión aplicó el régimen especial del artículo 6º del Decreto 546 de 1971, pero que limitó el monto de la misma a 25 salarios mininos legales mensuales vigentes, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a los derechos adquiridos y al debido proceso, en tanto lo dispuesto en la precitada norma, es que su prestación debía ser equivalente al 75% del salario más alto devengado en el último año de servicio, sin limitante alguna. La Sala reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con las condiciones de procedibilidad excepcional de la acción de tutela para obtener la reliquidación de la pensión de vejez y el concepto del mínimo vital frente a la configuración de un perjuicio irremediable. Se decide confirmar las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA del amparo solicitado.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 385    Expediente   T-3325842    Fecha sentencia   22-5-2012 0:00    Sentencia   T-379/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    BERTHA RUBY TORO TORO VS. CAPRECOM E.P.S Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. La accionante hace parte del régimen subsidiado de salud y pertenece al nivel I del SISBEN. Dentro de los aspectos personales a destacar se tiene que, reside en la zona rural del municipio de Guaitarilla (Nariño), fue diagnosticada con insuficiencia rural crónica, vinculada al programa de hemodiálisis y, en virtud de ello, debe viajar tres días a la semana a la ciudad de Pasto, para que le practiquen las diálisis ordenadas. Con la acción de tutela se pretende que se ordene a la E.P.S. CAPRECOM cubrir no sólo los costos médicos y clínicos derivados de la enfermedad, sino también los gastos que demanda el transporte, alojamiento y alimentación en la ciudad de Pasto, donde alquiló un lugar para permanecer durante la semana y poder asistir a sus rutinas de hemodiálisis. Luego de reiterar jurisprudencia de la Corporación relacionada con el suministro de transporte y estadía como requisito para acceder a un servicio de salud. la Sala decide CONCEDER la tutela e impartir una serie de órdenes a la accionada para hacer efectivo el goce de los derechos amparados. Se advierte a CAPRECOM E.P.S. que no puede incurrir en acciones u omisiones que pongan en peligro la vida, la salud o la integridad personal de la accionante, ni suspender los servicios de salud que requiera para el tratamiento de la enfermedad que padece.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 386    Expediente   T-3126632    Fecha sentencia   23-5-2012 0:00    Sentencia   T-380/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    LIBERTY SEGUROS S.A. VS. SALA CIVIL FAMILIA Y LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERIA

Tema

En este asunto la empresa Liberty Seguros S.A. solicita al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Montería, al haber proferido mandamiento de pago en su contra sin tener en cuenta que no existía legitimación por pasiva, toda vez que el obligado a responder era una persona jurídica diferente, esto es Liberty Seguros de Vida S.A., sociedad comercial que expidió las pólizas de seguros de vida reclamadas. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala de Revisión decide NEGAR el amparo solicitado, por encontrar la decisión judicial atacada enmarcada en disposiciones legales, estar plenamente motivada y no tener ningún elemento que permitiera deducir la existencia de un vía de hecho.
Recibo Relatoria   17-7-2013 0:00


Item 387    Expediente   T-2914956 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   23-5-2012 0:00    Sentencia   T-381/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV HASP
Demandante / Demandado    JOAQUIN CANCIO COLLAZOS Y OTROS VS. GIT PARA LA GESTION DEL PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso, defensa, igualdad, dignidad humana. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los ocho casos estudiados se tiene que los demandantes son personas de la tercera edad, que consideran vulnerados sus derechos fundamentales por parte del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en tanto tomó la decisión de revocar de manera unilateral, sin previo aviso y sin adelantar actuación administrativa alguna, las resoluciones mediante las cuales se autorizaba el incremento del valor de sus mesadas, una vez que fueron reconocidas las calidades de pensionados. Dentro de los argumentos esbozados por la entidad accionada se resalta aquel que indicó que la suspensión de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones precitadas, se dio en cumplimiento de una orden judicial derivada de la presunta ilicitud de las mismas. La Sala de Revisión aborda los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela para resolver controversias sobre pensiones. 2º. La revocatoria directa y suspensión unilateral de los actos administrativos cuando modifican derechos de contenido pensional y 3º. El principio de inmediatez. Se concluye que, en ninguno de los casos estudiados se cumplieron los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela que permitirían avocar el estudio de fondo y, en tal sentido, se declara la IMPROCEDENCIA de las mismas por desconocimiento del principio de inmediatez, por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial y por no observarse la ocurrencia de un perjuicio grave contra los derechos fundamentales de los demandantes, que requiera de la intervención inmediata del juez de tutela.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 388    Expediente   D-8497    Fecha sentencia   24-5-2012 0:00    Sentencia   C-382/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    DIONISIO ENRIQUE ARAUJO VS. LEY 4 DE 1992, ARTICULO 17

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la de la Constitucional Política. Para el demandante, la disposición demandada establece un régimen pensional especial para los congresistas que es incompatible con lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución, tal como fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Como producto de esta incompatibilidad, aduce que la disposición acusada resulta contraria al principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución y al deber que tiene toda persona de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de conceptos de justicia y equidad. La Sala encontró que los fundamentos del concepto de violación de la Constitución son indispensables para que la Corporación pueda entrar a realizar un examen de fondo sobre los cargos formulados, y que en el presente caso existe una ausencia de certeza, pertinencia e insuficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados. La Sala decide declarase INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   19-3-2013 0:00


Item 389    Expediente   D-8846    Fecha sentencia   24-5-2012 0:00    Sentencia   C-383/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV GEMM, AV NPP
Demandante / Demandado    JAROL ESTIBENS ECHEVERRI GIRALDO Y OTROS VS. LEY 1468 DE 2011, PARAGRAFO 1 INCISO 1 (PARCIAL) E INCISO TERCERO DEL ARTICULO 1

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º inciso 1º (parcial) e inciso tercero del artículo 1º de la Ley 1468 de 2011, por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. En este asunto la Sala Plena analiza si las expresiones demandadas “el esposo o compañero permanente” y “del cónyuge o de la compañera”, vulneran el derecho a la igualdad, los derechos fundamentales de los niños y el interés superior del menor, así como la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, al disponer que la licencia remunerada de paternidad sólo se concede al esposo o compañero permanente o solo opera frente a los hijos nacidos de la cónyuge o de la compañera permanente. A juicio de los demandantes, las expresiones acusadas excluyen a aquellos padres que no cumplen con tal clasificación o condición y por eso consideran que para acceder a la licencia de paternidad solo es necesario el registro civil de nacimiento del menor, ya que con este documento se acredita la condición de padre y con tal certificación, se reconoce de manera formal y legal su paternidad y con ello, se adquieren las obligaciones y deberes que esa condición conlleva. Las expresiones acusadas se declaran EXEQUIBLES CONDICIONADAS, en el entendido que la expresión “el esposo o compañero permanente” se refiere a los padres en condiciones de igualdad, independientemente de su vínculo legal o jurídico con la madre y, que la frase “del cónyuge o de la compañera” se entiende como que la licencia de paternidad opera por los hijos en condiciones de igualdad, independientemente de su filiación.
Recibo Relatoria   23-8-2012 0:00


Item 390    Expediente   D-8734 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   24-5-2012 0:00    Sentencia   C-384/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    LUIS DE JESUS VIRACACHA FUENTES Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011, por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Se acumulan expedientes. Los demandantes estiman que se incurrió en vicio de procedimiento durante el trámite de aprobación del acto legislativo acusado, con lo cual se vulneró el artículo 375 Superior y el artículo 123, numeral 4º, del Reglamento del Congreso. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de los requisitos para expedir el Acto Legislativo 03 de 2011 y en consecuencia decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-332/12, por el cargo analizado en esa oportunidad.
Recibo Relatoria   3-8-2012 0:00


Item 391    Expediente   T-3371565    Fecha sentencia   25-5-2012 0:00    Sentencia   T-385/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    ALVARO HERNANDO GARCIA LUNA VS. CAJANAL EN LIQUIDACION

Tema

Debido proceso administrativo, seguridad social, salud, tercera edad. El accionante tiene más de ochenta años de edad e interpuso la acción de tutela en contra de CAJANAL E.I.C.E EN LIQUIDACION, porque dicha entidad le negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, argumentando que el afiliado realizó las cotizaciones al sistema de seguridad social con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993. Luego de analizar los presupuestos fácticos y las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corporación para la resolución de este tipo de casos, la Sala considera que la decisión adoptada por CAJANAL es manifiestamente contraria al derecho al debido proceso, por incurrir en un defecto sustantivo por indebida interpretación de la ley, lo que devino además en la violación de otros derechos de carácter fundamental. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efecto la resolución nugatoria de la prestación y se ordena la expedición de un nuevo acto administrativo en el que se reconozca al actor la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Recibo Relatoria   13-8-2012 0:00


Item 392    Expediente   T-3343734    Fecha sentencia   25-5-2012 0:00    Sentencia   T-386/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    SANDRA JANETH TRIVIÑO GARCIA VS. BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Tema

En el presente asunto la Sala de Revisión analiza, si una entidad bancaria, en el caso concreto, el banco BBVA, vulnera derechos fundamentales de una persona que ha sido víctima de un desplazamiento forzado, cuando le exige el cumplimiento de las obligaciones en mora de un crédito hipotecario por ella adquirido sin tener en cuenta su especial condición de vulnerabilidad. La Sala de revisión analiza jurisprudencia constitucional relacionda con: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. 2º. Carácter de servicio público de la actividad bancaria y procedencia de la acción de tutela frente a esta clase de entidades. 3º. Protección constitucional a la población desplazada y el amparo de sus derechos vía tutela, y 4º. Deber especial de solidaridad de las entidades bancarias frente a las víctimas del desplazamiento forzado. En desarrollo de los principios de la solidaridad y la buena fe, se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a una vida digna y se imparten una serie de órdenes, las cuales deben cumplirse de acuerdo con las directrices adoptadas en las sentencias T-312/10 y 207/12, en donde se fijaron algunos criterios para orientar la reprogramación de los créditos de los deudores que han entrado en mora en el pago de sus obligaciones bancarias, por causa del desplazamiento forzado interno.
Recibo Relatoria   26-10-2012 0:00


Item 393    Expediente   T-2848553    Fecha sentencia   25-5-2012 0:00    Sentencia   T-387/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    ADELAIDA CAMPO DE JESUS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Tema

En el presente caso la accionante es la representante legal de la Asociación de Recolectores de Materiales Reciclables de Popayán y alega que la Alcaldía Municipal de dicha ciudad vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la confianza legítima, en tanto adelantó una licitación pública encaminada a vincular socios estratégicos para conformar la empresa del servicio público de aseo en Popayán, dejando por fuera de la misma a los recicladores. A su juicio, el pliego de condiciones de la referida licitación no permitía a los recicladores tener una participación accionaria en la sociedad, situación que condujo a un desconocimiento del precedente constitucional. Para resolver el problema planteado se desarrollan los siguientes puntos: 1º. Noción de acción afirmativa. 2º. Los recicladores como grupo beneficiario de acciones afirmativas y 3º. Alcance del precedente en cuanto a las acciones afirmativas de los recicladores. La Sala no encontró la vulneración alegada, pero consideró necesario, para efectos de la independencia y eficacia de la implementación de las acciones afirmativas, ordenar a la alcaldía accionada proferir un acto administrativo en el cual consagre formalmente cuáles acciones implementará, cómo se llevarían a cabo y qué objetivos contemplarían las mismas. DENEGAD.
Recibo Relatoria   4-7-2012 0:00


Item 394    Expediente   T-3366008    Fecha sentencia   25-5-2012 0:00    Sentencia   T-388/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    NEMECIA FERNANDEZ EN CALIDAD DE AGENTE OFICIOSA DE OFELIA TABARES DE GIL VS. SURA E.P.S. Y OTRO

Tema

Salud, vida, seguridad social. Se presenta la acción de tutela en representación de una persona que sobrepasa los ochenta años de edad, a quien le diagnosticaron fractura y aplastamiento de columna. Lo que se pretende con la demanda es que se ordene a la SURA E.P.S. que autorice y entregue los medicamentos prescritos por el médico especialista, los cuales fueron negados por la accionada bajo el argumento de estar por fuera del POS. Igualmente se intenta conseguir el suministro de un corsé, de una silla de ruedas, del transporte para asistir a las citas médicas y la exoneración de copagos y de cuotas moderadoras. Se analiza la siguiente temática: 1º. Protección constitucional del derecho fundamental a la salud y el principio de integralidad. 2º. El transporte en el sistema de salud. 3º. La naturaleza jurídica de los copagos y las cuotas moderadoras y los casos en los que procede su exoneración. Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con los medicamentos y el corsé prescritos. Así mismo se ordena CONCEDER el tratamiento integral para la accionante y la exoneración de copagos y cuotas moderadoras. Se ordena practicar una valoración médica a la paciente con el fin de determinar la necesidad de una silla de ruedas o un equivalente, en cuyo caso deberá ser entregada y realizar las diligencias pertinentes para garantizar el pago del subsidio de transporte de su residencia al lugar de la prestación del servicios de salud que tengan por objeto tratar la enfermedad diagnosticada.


Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 395    Expediente   T-3385145    Fecha sentencia   25-5-2012 0:00    Sentencia   T-389/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SAUL ROJAS SILVA VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Salud, vida digna, seguridad social. El accionante reside en el municipio de Cáqueza (Cundinamarca) y es el padre de un menor de edad a quien le diagnosticaron prepucio redundante, fimosis y parafimosis, razón por la cual le ordenaron una valoración por urología pediátrica y varios medicamentos. Por no haber renovado SALUDCOOP E.P.S. el contrato con el Hospital San Rafael de ese municipio, el actor se ha visto obligado a desplazarse hasta la ciudad de Villavicencio para que le brinden la atención médica a su hijo, situación que le resulta insostenible pues es una persona de escasos recursos económicos. La Sala considera que la E.P.S. accionada vulneró derechos fundamentales del menor representado, el cual por su condición de vulnerabilidad merece una especial protección. En tal sentido CONCEDE el amparo solicitado y ordena a la demandada asumir los gastos de trasporte del menor y su acudiente a la ciudad de Villavicencio, hasta tanto cuente con los profesionales médicos necesarios para asistir la enfermedad del menor en su lugar de residencia. De manera simultánea advierte a la E.P.S. que tiene la obligación de brindar al menor todos los medicamentos que sean ordenados por el médico tratante y abstenerse de imponer trabas administrativas que resulten en la afectación de los derechos de sus afiliados.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 396    Expediente   T-3461345    Fecha sentencia   25-5-2012 0:00    Sentencia   T-750A/12
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  AV JIPP
Demandante / Demandado    MARIA INES CASTAÑEDA REYES EN REPRESENTACION DE SU HIJO CARLOS ALBERTO PARADA VS. JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE GUADUAS

Tema

En este caso aduce la actora que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales de su hijo a la igualdad, a la protección especial de las personas discapacitadas y a la salud, al procesarlo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y condenarlo a la pena de 42,67 meses de prisión y a una multa de 1,34 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin tener en cuenta que padece de una discapacidad mental. La Sala se pronuncia respecto a los siguientes temas: 1º. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Alcance de los derechos al debido proceso y a la defensa técnica. 3º. Derechos de las personas privadas de la libertad de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Se confirman las decisiones de instancia en cuanto a la declaratoria de improcedencia de la acción constitucional para controvertir la providencia que condenó penalmente al hijo de la accionante, en virtud del incumplimiento del principio de subsidiariedad. Pese a lo anterior, se tutela el derecho a estar privado de la libertad en un lugar acorde a las condiciones personales, como expresión de los derechos a la dignidad humana. Igualmente, se concede la protección de los derechos a la vida, a la vida digna y a la salud del representado. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 397    Expediente   T-3317963    Fecha sentencia   28-5-2012 0:00    Sentencia   T-390/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JEFE OFICINA JURIDICA DE INVIAS VS. JUZGADO QUINTO DE CARTAGENA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. INVIAS incoa la acción de tutela contra los juzgados Quinto y Sexto Civil del Circuito de Cartagena, alegando que dichos despachos judiciales, en desarrollo de tres procesos reivindicatorios agrarios tramitados en su contra, condenaron a la institución a pagar una suma superior a los 22 mil millones de pesos por concepto de indemnización por la ocupación de predios privados a causa de la realización de obras públicas, sin tener en cuenta que los asuntos debieron ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no por la jurisdicción civil, a la que ellos pertenecen. Se analizan los siguientes temas: 1º.Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Derechos fundamentales de personas jurídicas de derecho público y 3º. Jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a la controversia de la acción reivindicatoria. En sede de revisión la Sala constató que frente a dos de los tres procesos atacados opera la carencia actual de objeto por hecho superado, por haberse anulado la actuación en la jurisdicción ordinaria y enviado los asuntos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el caso restante, se tutela el derecho al debido proceso y se ordena a la autoridad accionada producir las actuaciones judiciales pertinentes para dejar sin efecto la decisión adoptada dentro del proceso ordinario y se traslade el expediente al despacho correspondiente de la jurisdicción competente, esto es, de lo contencioso administrativo. Frente a la arrogación de jurisdicción por parte de los juzgados demandados, se dispone compulsar copias a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Cartagena y la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la misma ciudad, para que determinen si hay lugar a adelantar acciones en el ámbito de sus respectivas funciones.
Recibo Relatoria   10-8-2012 0:00


Item 398    Expediente   T-3182570    Fecha sentencia   28-5-2012 0:00    Sentencia   T-391/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JULIAN VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

Identidad, personalidad jurídica, igualdad. El accionante al cumplir los dieciocho años de edad decidió cambiar su nombre y este proceso lo realizó a través de escritura pública, con base en lo establecido en el decreto 1260 de 1970. En la actualidad es transgenerista y dado al hecho de que ha sufrido cambios es su aspecto físico y sexual, requiere el cambio de su nombre masculino a uno femenino que vaya acorde con su nueva identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil le negó la solicitud bajo el argumento de que este procedimiento sólo procede por una vez y que el peticionario ya había hecho uso de dicha facultad. En sede de revisión se recibió información de la accionada mediante la cual se confirmó el reemplazo del registro civil de nacimiento del actor por cambio de nombre, y la expedición del nuevo documento de identidad conforme a sus nuevos datos biográficos. La Sala declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 399    Expediente   D-8799    Fecha sentencia   30-5-2012 0:00    Sentencia   C-393/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SPV Y AV MVCC AV JIPP
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO CASTELLANOS AVILA VS. LEY 226 DE 1995, ARTICULOS 3, 8 Y 23 (PARCIALES)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 3, 8 y 23 (todos parcialmente) de la Ley 226 de 1995, por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaría estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones. La Corte encontró que los fondos mutuos de inversión pueden ser catalogados como organizaciones solidarias en razón del interés común que persiguen en beneficio de los trabajadores, por lo que encuadran, sin dificultad, en los presupuestos del artículo 60 de la Constitución, como encajan también los fondos de cesantías y de pensiones, no así las sociedades que los administran. Encontró asimismo que, la elaboración por el Gobierno Nacional del plan de enajenación de acciones estatales y su trámite, en la medida que constituyen especies de contratos, configura una autorización legislativa de carácter general que no requiere una autorización legislativa de carácter especial; y concluyó que, en el caso del artículo 23, no existe una modificación de la norma orgánica por una ley ordinaria, así como tampoco contraría la regla del artículo 359 de la Constitución, según la cual, no hay rentas de destinación específica. Se declaran EXEQUIBLES por los cargos analizados, las expresiones demandadas contenidas en los artículos 3, 8 y 23 de la ley 226 de 1995
Recibo Relatoria   26-7-2012 0:00


Item 400    Expediente   D-8782    Fecha sentencia   30-5-2012 0:00    Sentencia   C-394/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ANDRES DE ZUBIRIA SAMPER VS. LEY 1450 DE 2011, ARTICULOS 83, 122 Y 246

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 83, 122 y 246 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El demandante presentó cargos por la vulneración del principio de unidad de materia y por violación de los derechos al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u oficio. La demanda sólo fue admitida en lo relacionado con el primer cargo. La Corte analizó el principio de unidad de materia en el Plan Nacional de Desarrollo y determinó que la declaración de utilidad pública o interés social de los bienes necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, el procedimiento de expropiación, adquisición, avalúo e indemnización, guardan conexidad con los objetivos, metas y programas del Plan de Desarrollo. Se declaran EXEQUIBLES los artículos acusados.
Recibo Relatoria   6-7-2012 0:00


Item 401    Expediente   D-8821    Fecha sentencia   30-5-2012 0:00    Sentencia   C-395/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV JIPP, AV NPP, AV HASP
Demandante / Demandado    MANUEL ALEJANDRO ITURRALDE SANCHEZ Y OTROS VS. LEY 99 DE 1993, ARTICULO 76 Y OTRA

Tema

Acción Pública de Inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 35, 37, 41, 48, 59, 78, 79, 122 (parcial) y 131 de la Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones y, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. . En la demanda se presentan cuestionamientos relacionados con dos componentes diferentes. De un lado, se demandan algunas normas a partir de la consideración de ser violatorias de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y negras y, del otro, un conjunto diferente de disposiciones que se cuestionan por desconocer prerrogativas constitucionales atribuidas a las entidades territoriales en relación con los usos del suelo y la toma de decisiones que afectan a sus poblaciones y planes de desarrollo. La Corte reiteró los lineamientos establecidos en la jurisprudencia en relación con la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades étnicas sobre medidas que les afecten de manera directa; al igual que la declaración de utilidad pública e interés social de la actividad minera implica prelación del principio unitario. Se declara la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las normas demandadas.
Recibo Relatoria   24-1-2014 0:00


Item 402    Expediente   D-8822    Fecha sentencia   30-5-2012 0:00    Sentencia   C-396/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO VS. DECRETO LEY 3565 DE 2011, ARTICULO 2 (PARCIAL)

Tema


Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 2º parcial del Decreto Ley 3565 de 2011, por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008. Para el actor, el precepto impugnado desconoce lo establecido en los artículos 3, 121 y 150, numerales 1, 7 y 10 de la Constitución Política. A su juicio, el Gobierno Nacional excedió el uso de las facultades extraordinarias conferidas mediante el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional y en tal sentido decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-366/12 que declaró inexequible el artículo 2º del Decreto Ley 3565 de 2011.

Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 403    Expediente   D-8741 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   30-5-2012 0:00    Sentencia   C-397/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    NORMAN STEVENSON GUERRERO Y OTROS VS. ACTA LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011. Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal. Se acumulan demandas. Los demandantes coinciden en solicitar la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 03 de 2011, por la vulneración al artículo 375 de la Constitución Política, al haberse desconocido el trámite exigido para su aprobación. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de los requisitos para expedir el Acto Legislativo 03 de 2011 y, en tal sentido decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-332/12.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 404    Expediente   D-8805    Fecha sentencia   30-5-2012 0:00    Sentencia   C-398/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    VIVIANA SORELLY ARIAS CASTAÑEDA VS. LEY 1450 DE 2011, ARTICULOS 106, 107 (PARCIAL) Y 112

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106. 107 (parcial) y 112 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El demandante pretende que se declare la inexequibilidad de los contenidos normativos demandados por vicios de procedimiento, en cuanto se desconoció el requisito de la consulta previa y existió una omisión legislativa relacionada con minería informal. . El examen de constitucionalidad lo circunscribe la Corte al artículo 106 demandado, en razón a que fue el único respecto del cual encontró una argumentación mínima relacionada con el cargo analizado y los otros dos artículos acusados los excluyó del análisis por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en la Ley y precisados por la jurisprudencia constitucional. Frente al artículo 106 se decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-331/12 y respecto a los artículos 107 y 112 demandados decide INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   28-9-2012 0:00


Item 405    Expediente   T-2773240    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   SU.399/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Sv/Av  SV JIPP AV NPP
Demandante / Demandado    MARTHA LUCIA RAMIREZ DE RINCON VS. CONSEJO DE ESTADO SECCION QUINTA

Tema

Elegir y ser elegido, defensa, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. La actora interpuso la acción de tutela en contra de la decisión judicial adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso declarar la nulidad de su elección como Senadora de la República para el período 2006-2010. La accionante aduce que la providencia en cuestión incurrió en defectos orgánicos, fácticos y sustantivos; carece de motivación, viola los principios de justicia rogada e interpretación restrictiva dentro de un trámite que es sancionatorio y desconoce el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que señala la fecha que se debe tener en cuenta para efectos de la inhabilidad derivada de la celebración de contratos. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se hace una referencia de los defectos sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental y se estudia la naturaleza y alcance de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral. Se concluye que, no se configuraron los distintos defectos alegados por la actora y por ello no hay lugar a declarar la nulidad de la sentencia proferida por la accionada dentro del proceso de nulidad electoral atacado. SE DENIEG.
Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 406    Expediente   T-2579672    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   SU.400/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Sv/Av  AV GEMM, AV MGC, SV JIPP, AV NPP
Demandante / Demandado    LUIS ALEJANDRO PEREA ALBARRACIN VS. SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema

Debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, acceso a cargos y funciones públicas. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. En el presente caso se demandan en sede de tutela las decisiones del Consejo de Estado adoptadas dentro de una acción de nulidad electoral y una acción de pérdida de investidura interpuestas para solicitar la nulidad de la elección del accionante como Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá y la pérdida de su investidura como congresista. Aduce el actor, que la acción de tutela la interpone porque se presenta una contradicción jurídica originada en los fallos ejecutoriados sobre exactamente el mismo supuesto fáctico, jurídico, probatorio y respecto de una misma persona, lo que se traduce en que una de las dos decisiones incurrió en desconocimiento del precedente y en defectos fáctico y sustantivo por vía de interpretación. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Doctrina constitucional sobre la procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Causales especiales de procedencia referidas al desconocimiento del precedente, el defecto fáctico y el defecto sustantivo por vía de interpretación y 3º. Finalidad de la acción de nulidad electoral, sus diferencias y similitudes con la acción de pérdida de investidura de congresistas. Ante la ausencia de los defectos alegados que pudieran activar la competencia de la Corte Constitucional para conocer sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales del actor, la Sala Plena decide DENEGAR la tutela solicitada.
Recibo Relatoria   19-10-2012 0:00


Item 407    Expediente   T-3329158    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-401/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    CLOVIS BARRIOS DE CHICO VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CIVIL

Tema

Tutela contra providencia judicial. La peticionaria solicita que se protejan los derechos fundamentales que fueron conculcados en virtud de la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, toda vez que incurrió en defecto fáctico y sustantivo al considerar que la partida de bautismo que no haya sido firmada por el padre del hijo extramatrimonial no constituye plena prueba de la paternidad. A juicio de la actora, el operador jurídico cometió una vía de hecho al desconocer que con las partidas eclesiásticas que expedían los respectivos curas párrocos de las iglesias, se acreditaba el estado civil de los hijos extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938. Luego de estudiar el problema jurídico planteado, la Sala de Revisión decidió confirmar la decisión de instancia que NEGO el amparo incoado.


Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 408    Expediente   T-3281110    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-402/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LIDIA AURORA RODRIGUEZ AVENDAÑO VS. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo. Luego de que la accionante se inscribiera, participara y superara todas las pruebas del concurso de méritos realizado mediante la convocatoria 001 de 2005, quedó encabezando la lista de elegibles para proveer un cargo en el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja. Tras solicitar a dicho instituto realizar los trámites pertinentes a su nombramiento y posesión, le fue informado que el cargo había sido suprimido de la planta de personal dentro del marco de un proceso de reestructuración de la entidad. La CNSC le indicó que había requerido a la entidad accionada para que hiciera efectivo el nombramiento en período de prueba, toda vez que ella tenía el derecho adquirido a ser nombrada, por cuanto las listas de elegibles en firme se consideran actos administrativos de obligatorio cumplimiento. La Sala aborda la siguiente temática: 1º. La carrera administrativa como regla general. 2º. El acceso mediante concurso público de méritos. 3º. Los derechos constitucionales fundamentales de quienes ocupan los primeros puestos en los concursos de méritos desarrollados por las entidades estatales y, 4º. Los programas de reestructuración de la administración pública. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada comunicarle a la actora si existe una plaza vacante en un cargo equivalente a aquel para el cual concursó de manera exitosa y nombrarla de manera inmediata. En caso de no existir una plaza igual, porque no existen vacantes o porque todos los cargos equivalentes están siendo ocupados por personas vinculadas a través de carrera administrativa, se ordena mantenerla por un término de un año en el lugar preeminente que alcanzó, para acudir a él si así lo decide, en la primera oportunidad que exista de ocupar una posición acorde con su capacitación.


Recibo Relatoria   27-6-2013 0:00


Item 409    Expediente   T-3347212    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-403/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GUILLERMO FERNANDO CAUSIL FUNES VS. MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO

Tema

En este asunto pretende el actor que le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social y, como consecuencia de ello se ordene a la Policía Nacional de Colombia, reconocer y pagar la pensión de invalidez a la que considera tener derecho, así como a la continuidad en la prestación de los servicios médicos por intermedio de la Dirección Nacional de Sanidad Militar. El demandante se desempeñó como agente de la Policía por un lapso de tiempo cercano a los 17 años y fue retirado de la institución por cuanto le fue calificada una pérdida de capacidad laboral que, de conformidad con los dictámenes médicos correspondientes, le impedían continuar desempeñando las actividades propias del servicio. Luego de solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, su petición fue denegada por la entidad, con fundamento en que, los miembros de la Policía Nacional, para poder acceder a tal prestación, deben acreditar una incapacidad permanente parcial igual o superior al 75%, mientras que a él solo se le calificó con una disminución del 60.9%. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales, la especial protección constitucional a las personas con disminución física, la pensión de invalidez en el régimen especial de las Fuerzas Militares y los requisitos exigidos para acceder a ella. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.


Recibo Relatoria   17-6-2013 0:00


Item 410    Expediente   T-3339097    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-404/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    OSCAR VS. LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tema

En este asunto la conducta que se alega como vulneradora de derechos fundamentales es la negativa, por parte de las entidades accionadas, de entregar al actor los beneficios económicos ofrecidos por brindar la información que evitó la comisión de un acto terrorista en el municipio de Miraflores (Guaviare). La Sala de revisión reitera la regla general de subsidiariedad de la acción de tutela en virtud de la cual ésta resulta improcedente cuando existen otros mecanismos de defensa judicial previstos por el legislador para la protección de los derechos conculcados, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable. Se declara la IMPROCEDENCIA del amparo respecto del pago de la recompensa que el actor reclama, pero se le ampara la condición de sujeto de especial protección constitucional y con base en ello se imparten una serie de medidas conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos de los cuales es titular.
Recibo Relatoria   29-10-2013 0:00


Item 411    Expediente   T-3342002    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-405/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    GLORIA STELLA MUÑOZ RODRIGUEZ VS. FONDO NACIONAL DE AHORRO

Tema

Debido proceso. La accionante aduce que el Fondo Nacional del Ahorro vulneró sus derechos fundamentales, al redenominar unilateralmente su crédito de vivienda y cambiar el sistema de amortización de pesos a UVR. La entidad accionada argumentó haber cambiado las condiciones del crédito hipotecario, con la finalidad de adecuar la obligación a la Ley 546 de 1999. Se reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con: 1º. La inoponibilidad del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela en los casos en los que el F.N.A. ha variado las condiciones iniciales del crédito de pesos a UVR y la inexistencia de otro medio de defensa judicial en estos mismos casos. 2º. La naturaleza jurídica del F.N.A. y 3º. Las modificaciones unilaterales realizadas por el Fondo accionado respecto del sistema de amortización y el tiempo de cancelación del crédito, como hechos que no solamente atentan contra los actos propios, sino que desconocen los principios de la buena fe y la confianza legítima y vulneran el derecho fundamental al debido proceso. Se CONCEDE la tutela y se ordena al Fondo Nacional del Ahorro restablecer las condiciones iniciales del crédito, suministrar información clara, completa, precisa y comprensible del estado del crédito y del comportamiento del mismo en caso de convenir su modificación con el fin de adecuarlo a las exigencias legales y jurisprudenciales y, de ser necesario variar las condiciones iniciales de la deuda, ésta deberá continuar en pesos y será necesario contar con el consentimiento de la deudora. .
Recibo Relatoria   20-3-2013 0:00


Item 412    Expediente   T-3339236 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-406/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARY LUZ AMAYA LINARES Y OTROS VS. MULTIPROYECTOS PROMOTORES SAS Y OTROS

Tema

Estabilidad laboral reforzada, salud, seguridad socia. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se interponen las diferentes acciones de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales de las demandantes, los cuales fueron vulnerados por sus empleadores al tomar la decisión de terminar la relación laboral sin tener en cuenta el estado de gravidez en el que se encontraban y sin contar con la debida autorización del Ministerio de Trabajo. Solicitan las accionantes que al proteger sus derechos se ordene el reintegro a sus lugares de trabajo, el pago de los salarios dejados de percibir o, en su defecto, el pago de una indemnización y el reconocimiento de la respectiva licencia de maternidad. La Sala de Revisión aborda los siguientes temas: 1º. Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos laborales de la mujer en estado de embarazo. 2º. La estabilidad laboral reforzada de mujeres embarazadas. 3º. Conocimiento del estado de gravidez por parte del empleador. 4º. La protección al fuero de maternidad independientemente del tipo de vinculación y, 5º. La necesidad de precisar la forma de terminación del contrato. En dos casos se CONCEDE la tutela y solo en uno se confirma la decisión de instancia que negó el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 413    Expediente   T-3348314    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-407/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    ESPERANZA TOVAR HERNANDEZ Y OTROS VS. INSTITUCION EDUCATIVA AMELIA PERDOMO GARCIA DEL MUNICIPIO DE YAGUARA

Tema

Las accionantes, en representación de sus menores hijos, estudiantes de la Institución Educativa Amelia Perdomo García, instauran la acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, los cuales consideran vulnerados por la institución, al instalar cámaras de seguridad en las aulas las diferentes aulas de clase. La rectora de la institución argumentó que dichas cámaras eran necesarias para ofrecer protección, seguridad y bienestar a la población estudiantil, en virtud del aumento de los robos en la institución y de manera simultánea, para mejorar la disciplina de los estudiantes en los salones. La Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. Relevancia del espacio en el contexto del ejercicio de derechos fundamentales – espacios públicos y privados -, 2º. Estatus constitucional del aula de clase – definición, derechos que se ejercen, riesgos en este contexto- y, 3º. La utilización de cámaras de vigilancia y la seguridad en las instituciones educativas. Se concluye que, si bien las seguridad de las instituciones educativas es un objetivo legítimo, las medidas de vigilancia en el interior de las aulas de clase a través de cámaras, pueden representar una violación de la intimidad y de las libertades individuales de los educandos y de los docentes. CONCEDID.
Recibo Relatoria   4-9-2013 0:00


Item 414    Expediente   T-3338157    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-408/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FLOR ALBA BEDOYA LONDOÑO VS. INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso. La demandante solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de su pensión de vejez y la petición fue denegada bajo el argumento de no contar con el número de semanas exigidas por la ley. La Sala considera que el ISS al exigirle al accionante el cumplimiento del número de semanas establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, que para el año 2011 asciende a 1200 semanas de cotización, le vulneró derechos fundamentales en desconocimiento de las normas que regulan el régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al instituto accionado tramitar la solicitud de reconocimiento de la pensión reclamada, teniendo en cuenta todos los aportes realizados al Sistema General de Pensiones y sin exigir requisitos adicionales que no estén previstos en la Constitución o la Ley.
Recibo Relatoria   5-10-2012 0:00


Item 415    Expediente   T-3325094    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-409/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    VIRGINIA VIDALES SANCHEZ VS. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO

Tema

Acceso a la administración de justicia, debido proceso. En el presente asunto la accionante es una persona que cuenta con más de noventa años y aduce que la Gobernación del Valle no ha cumplido la decisión judicial adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle, dentro del marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se ordenó reliquidar la pensión de jubilación y pagar el valor diferencial resultante entre la prestación reajustada y la pensión efectivamente pagada. La Sala de Revisión encuentra que la omisión de la accionada para cumplir con una orden judicial durante más de cinco años no sólo resulta violatoria de derechos fundamentales de la actora, sino que pone en peligro los fundamentos básicos de un Estado Social de Derecho. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la entidad territorial accionada expedir un nuevo acto administrativo por medio del cual realice la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, en los términos señalados en la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Recibo Relatoria   5-10-2012 0:00


Item 416    Expediente   T-3333058    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-410/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JORGE AUGUSTO HERNANDEZ BERMUDEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, vida diga, tercera edad, seguridad social, salud, debido proceso. El accionante acude a la acción de tutela para solicitar que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que le conceda la pensión de vejez de manera transitoria, mientras finaliza el proceso judicial ordinario iniciado para atacar la decisión de negar el reconocimiento y pago de dicha prestación. La Sala de Revisión advierte que en el presente caso no se cumplió con el requisito de inmediatez de la acción de la tutela, razón por la cual la urgencia en la protección de las garantías del actor resulta desvirtuada. Se decide declarar la IMPROCEDENCIA de la presente acción de tutela impetrada.
Recibo Relatoria   5-10-2012 0:00


Item 417    Expediente   T-3271030 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-411/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUIS ALBERTO LAGUADO GALVEZ Y OTROS VS. CAJANAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, vida digna, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes coinciden en afirmar que las Administradoras de Fondos de Pensiones demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al omitir o negar la liquidación de la mesada pensional a que tienen derecho, de acuerdo con el régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial consagrado en el Decreto 546 de 1941 y las normas que lo complementan. Al no encontrar acreditado el requisito de subsidiariedad y no estar demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, se decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   5-10-2012 0:00


Item 418    Expediente   T-3326247    Fecha sentencia   31-5-2012 0:00    Sentencia   T-412/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    GILBERTO ARMANDO MIZRAHI VS. JUZGADO 51 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTRO

Tema


Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En este caso se analiza si las autoridades judiciales accionadas adelantaron razonablemente las diligencias necesarias y pertinentes para notificar al sindicado, ahora accionante, antes de ser declarado como persona ausente, de todas las actuaciones procesales en el curso del proceso penal adelantado en su contra por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador. También se analiza si el actor contó con una defensa técnica y material que le permitiera ejercer su derecho de contradicción y defensa, como elementos consustanciales al debido proceso. Se evalúa la siguiente temática: 1º. Relevancia del debido proceso en materia penal, sobre todo frente a la protección del derecho a la defensa y como elementos consustanciales al mismo, la notificación en el proceso penal y la declaración de persona ausente, como forma de vinculación en el proceso penal de acuerdo con la Ley 600 de 200 y 2º. El defecto procedimental como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Se TUTELAN los derechos al debido proceso y defensa del accionante y se deja sin efecto, en lo concerniente al actor, lo actuado a partir del auto por medio del cual se declaró al accionante persona ausente y todas las actuaciones subsiguientes y se ordena a la Fiscalía accionada o a quien haga sus veces, realizar todas las actuaciones que en contra del actor se adelantaron desde el momento en que fue declarado persona ausente.

Recibo Relatoria   16-8-2013 0:00


Item 419    Expediente   T-3271624 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   4-6-2012 0:00    Sentencia   T-440A/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    RUBIELA CASTRO TRORRES Y OTROS VS. C.I. HOSA S.A. Y OTROS

Tema

Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. A pesar de que en los casos estudiados se relatan hechos diferentes, el problema jurídico presentado en cada uno ellos es el mismo y tiene que ver con que los accionantes se encontraban vinculados laboralmente con empresas privadas y fueron despedidos o sus contratos terminados, a pesar de las limitaciones físicas que presentaban. Argumentaron todos los actores ser sujetos de especial protección constitucional, dada la disminución de la capacidad laboral que presentaban, lo que los hacía beneficiarios de la garantía consagrada en la Ley 361 de 1997 de estabilidad laboral reforzada, esto es, la prohibición de despido salvo autorización previa de la Oficina de Trabajo. Todos solicitaron el reintegro a las empresas para desarrollar labores compatibles con sus actuales estados de salud. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicita el reintegro laboral. 2º. Protección constitucional y legal para los trabajadores con disminución de la capacidad laboral y, 3º. Estabilidad laboral reforzada y alcance de la expresión “limitado” del artículo 26 de la ley 361 de 1997. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes tendientes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados a cada uno de los demandantes.
Recibo Relatoria   8-3-2013 0:00


Item 420    Expediente   T-3396830    Fecha sentencia   5-6-2012 0:00    Sentencia   T-413/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    DERLY CATHERINE RUBIO BARBOSA VS. SOLSALUD E.P.S. S

Tema

Vida en condiciones dignas, salud. Se presenta la acción de tutela contra SOLSALUD E.P.S.S. por la negativa de suministrarle a la accionante un medicamento ordenando por su médico tratante, bajo el argumento de no estar incluido en el POS y por falta de trámite de la autorización correspondiente ante el Comité Técnico Científico. La Sala reitera que es un derecho de los usuarios del Sistema de Salud acceder a los servicios que requieran con necesidad, estén o no incluidos en el POS o POS-S y que la exigencia de adelantar ante el CTC el trámite de autorización del medicamento es inconstitucional, toda vez que jurisprudencialmente se ha establecido que la falta de realización de un trámite administrativo no es razón válida para que una entidad de salud niegue a un usuario la prestación de un servicio médico. CONCEDIDA
Recibo Relatoria   21-6-2012 0:00


Item 421    Expediente   D-8813    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-414/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS LANCHEROS GOMEZ VS. LEY 223 DE 1995, ARTICULO 224

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 224 de la Ley 223 de 1995, por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones. El artículo atacado crea un fondo-cuenta especial dentro del presupuesto de la Asociación Conferencia Nacional de Gobernadores, para depositar los recaudos por concepto de los impuestos al consumo de productos extranjeros. Para el demandante, la norma acusada viola la libertad de asociación, la autonomía territorial, el principio de legalidad, el mandato impuesto a las autoridades públicas de actuar con sujeción a la moralidad administrativa y al interés público. También aduce violación de las condiciones constitucionales de atribución de funciones públicas a particulares y de la prohibición de decretar auxilios y donaciones a favor de personas jurídicas de derecho privado. La Corte determinó que la incorporación del Fondo-Cuenta no desconoce los principios de autonomía territorial y legalidad, como tampoco la prohibición establecida respecto de auxilios o donaciones del Estado. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo acusado.
Recibo Relatoria   25-7-2012 0:00


Item 422    Expediente   D-8820    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-415/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    FERNANDO YEPES GOMEZ VS. LEY 1437 DE 2011, ARTICULO 135, PARAGRAFO UNICO

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El actor solicita que se declare la inconstitucionalidad de la precitada norma, por resultar violatorio del preámbulo constitucional y de los artículos 2, 29 y 229 de la Carta Política. La Corte precisó que la facultad conferida al Consejo de Estado para realizar un control abstracto de constitucionalidad de forma integral de los decretos generales dictados por el Gobierno Nacional, resulta acorde con el principio de supremacía constitucional y no vulnera el debido proceso ni el derecho de acceso a la administración de justicia. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo acusado, en relación con los cargos analizados.
Recibo Relatoria   30-11-2012 0:00


Item 423    Expediente   D-8727 ACUMULADOS    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-416/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    ELVIRA VEGA GUERRERO Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011, por el cual se establece el Principio de Sostenibilidad Fiscal. Se acumulan expedientes. Los demandantes coincidieron en atacar el Acto Legislativo 03 de 2011 y solicitar su declaratoria de inexequibilidad, alegando vicios de forma en su aprobación. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional respecto del presunto vicio de forma relacionado con la adopción del Acto Legislativo que establece el principio de Sostenibilidad Fiscal y, en tal sentido, decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-332/12 que lo declaró exequible, por el cargo analizado en esa oportunidad.
Recibo Relatoria   4-7-2012 0:00


Item 424    Expediente   LAT-378    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-417/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1479 DE 2011 Y DEL ACUERDO MEDIANTE CANJE DE NOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA OCDE PARA VINCULACION DE COLOMBIA COMO MIENBRO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE VS.

Tema

Revisión de Constitucionalidad de la Ley 1479 de 2011, por medio de la cual se aprueba la “Decisión del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, que establece un centro de desarrollo de la organización” adoptada por el Consejo en su vigésima novena reunión, en Paris, el 23 de octubre de 1962 y, el “Acuerdo mediante el Canje de Notas entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-m para la vinculación de Colombia como miembro del Centro de Desarrollo de OCDE, concluido el 24 de julio de 2008. Para la Corte, el ingreso de Colombia a la OCDE se inscribe dentro de la finalidad de internacionalizar las relaciones económicas y responde a las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional previstos en la Constitución Política y respeta los principios de soberanía nacional y autodeterminación reconocidos en el artículo 9º de la Carta. EXEQUIBLES el instrumento internacional y su ley aprobatoria.


Recibo Relatoria   3-8-2012 0:00


Item 425    Expediente   D-8801    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-418/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    NICOLAS RAMOS BARBOSA VS. LEY 1450 DE 2011 (ARTICULO 274) Y LEY 1474 DE 2011 (ARTICULO 94)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011 “por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2010-2014” y contra el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. El demandante estima que las disposiciones objeto de censura constitucional desconocen el principio de unidad de materia legislativa y contravienen lo dispuesto en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política y en el artículo 193 de la Ley 5ª de 1992. La Sala concluye que en el presente caso no se estructuró un verdadero cargo de inconstitucionalidad y en consecuencia, se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda.
Recibo Relatoria   7-9-2012 0:00


Item 426    Expediente   D-8721 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-419/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JAIME EDWARD OSPINA Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011. Por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Se acumulan demandas. Los demandantes coinciden en afirmar que el acto legislativo acusado desconoció las disposiciones que regulan el procedimiento previsto para la adopción de tal tipo de normas. De manera específica, aducen que la violación de las reglas que disciplinan el proceso legislativo se produjo por el desconocimiento de la exigencia establecida en el numeral 4º del artículo 123 de la Ley 5ª de 1992. La Sala constata que se configuran los elementos definitorios de la cosa juzgada constitucional respecto al cargo formulado y, en tal sentido decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-332/12.
Recibo Relatoria   15-8-2012 0:00


Item 427    Expediente   D-8786 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-420/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANA JOAQUINA LARA Y OTRAS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 03 de 2011, por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Se acumulan demandas. Todos los demandantes aducen que el Acto Legislativo 03 de 2011 desconoció las disposiciones que regulan el procedimiento previsto para la adopción de tal tipo de normas. Argumentan que la violación de las reglas que disciplinan el proceso legislativo se produjo, de manera particular, por el desconocimiento de la exigencia establecida en el numeral 4 del artículo 123 de la Ley 5ª de 1992. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional respecto del presunto vicio de forma relacionado con la adopción del Acto Legislativo que establece el principio de sostenibilidad fiscal y, en tal sentido, resolvió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia 32 de 2012.
Recibo Relatoria   25-7-2012 0:00


Item 428    Expediente   D-8838    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-421/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    HIMMEL MACHADO ESCOBAR VS. DECRETO LEY 785 DE 2005, ARTICULO 16, CODIGO 060

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 16, código 060, del Decreto Ley 785 de 2005. Por el cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. Expresa el actor que, el Presidente de la República al haber establecido en la disposición acusada la denominación del cargo del nivel directivo del área metropolitana como “Director de Área Metropolitana”, excedió las facultades conferidas por el Congreso de la República, pues modificó la denominación de “Gerente” asignada por la Ley Orgánica 128 de 1994, evidenciando un desconocimiento del artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política, que prohíbe que con facultades extraordinarias se expidan leyes orgánicas. La Corte determinó que no existe reserva de Ley Orgánica para materias relativas a la nomenclatura y clasificación de cargos de las instituciones del Estado de cualquier orden y, que la regulación relativa al régimen administrativo especial de las áreas metropolitanas (que constituye una de las materias de reserva orgánica), no se extiende a la mera denominación de los cargos de dirección o administración de dichas entidades, pues estas reglas no son esenciales y bien pueden ser modificadas por el legislador ordinario o por el Gobierno Nacional habilitado como extraordinario. El aparte acusado se declara EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   25-7-2012 0:00


Item 429    Expediente   D-8840    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-422/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JAIRO VILLEGAS ARBELAEZ VS. DECRETO 1042 DE 1978, ARTICULO 2, INCISO PRIMERO (PARCIAL) Y ARTICULO 83

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 2º, inciso primero (parcial) y 83, del Decreto 1042 de 1978, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimiento públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones. El actor aduce que las normas acusadas vulneran los artículos constitucionales 122, 125 y 128, pues en la definición constitucional no se distingue, al referirse al empleo público, entre aquel encaminado a satisfacer las necesidades permanentes o las temporales. A su juicio, la duración o la intensidad del empleo no es un elemento constitucional esencial ni determinante en la definición del empleo en la Administración. La Corte se declara INHIBIDA por carencia actual de objeto frente al aparte demandado del artículo 2º del Decreto 1042 de 1978, al igual que frente al inciso segundo del artículo 83, por cuanto se comprobó que se encuentran derogados. Frente a los apartes restantes del artículo 83, se decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-401/98.
Recibo Relatoria   25-7-2012 0:00


Item 430    Expediente   D-8858    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   C-423/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM, AV AGA, AV JIPP
Demandante / Demandado    ALEXANDRA JIMENEZ VS. LEY 1382 DE 2010, ARTICULO 3

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º de la Ley 1382 de 2010, por medio de la cual se modifica la Ley 685 de 2011, Código de Minas. El artículo acusado hace referencia a las zonas excluibles de la minera y frente algunos apartes de éste, asevera el actor que viola de manera fehaciente el principio de desarrollo sostenible, el deber del Estado de aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, al igual que el principio de seguridad jurídica, la irrectroactividad de la ley, los derechos adquiridos desconocidos por la ley posterior y el derecho a la igualdad. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la Ley 1382 de 2010, que fue declarada inexequible con efectos diferidos por el término de dos (2) años y, en consecuencia decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-366/11.
Recibo Relatoria   5-12-2012 0:00


Item 431    Expediente   T-3038260    Fecha sentencia   6-6-2012 0:00    Sentencia   SU.424/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUCIA LLAMAS MEDINA VS. SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de unificación Dentro de un proceso ordinario laboral de mayor cuantía promovido por la accionante en contra del Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, revocó las decisiones de instancia y en su lugar decidió absolver a la entidad demandada de todas y una cada una de las pretensiones de la demanda. A juicio de la parte actora, la decisión de la Corte Suprema se tradujo en el quebrantamiento del derecho al debido proceso, en la medida en que se efectuó una indebida apreciación de la prueba allegada al proceso y se aplicó impropiamente unas disposiciones normativas cuyo contenido regulan el procedimiento para el recurso de casación. Se concluye que, la Corporación accionada incurrió en un defecto procedimental porque se extralimitó al desconocer el régimen propio que regula el ejercicio del recurso de casación, como quiera que la sentencia impugnada absolvió de la totalidad de las pretensiones al sindicato demandando, incluyendo aquellas que el único recurrente solicitó excluir expresamente y que son reconocidas por la ley, sin que en dicha decisión existiera motivación alguna que justificara dicha exclusión. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   10-7-2012 0:00


Item 432    Expediente   T-3340270    Fecha sentencia   7-6-2012 0:00    Sentencia   T-425/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARTHA ELENA VERA VS. NUEVA E.P.S.

Tema


En el presente caso la accionante presentó la acción de tutela contra la NUEVA E.P.S., en tanto dicha empresa le suspendió los servicios médicos y la entrega de medicamentos bajo el argumento de estar afiliada en calidad de beneficiaria y la entidad encargada de reconocer la sustitución pensional, esto es el ISS, no había procedido a ingresarla en nómina. En sede de revisión la Sala tuvo conocimiento de que se superó la situación que dio origen a la presentación de la tutela, en lo relacionado al derecho a la salud, toda vez que la actora decidió afiliarse como cotizante independiente a la E.P.S. accionada. Se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho superado en lo atinente a la violación del derecho a la salud y se CONCEDE el amparo respecto a los derechos al debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital. En este aspecto, se ordena al ISS decretar la sustitución pensional a favor de la actora en calidad de cónyuge supérstite del causante y ordenar a la NUEVA E.P.S., afiliarla en calidad de pensionada en sustitución de su finado esposo y devolverle los aportes realizados durante su afiliación como independiente.

Recibo Relatoria   1-10-2012 0:00


Item 433    Expediente   T-2871717    Fecha sentencia   8-6-2012 0:00    Sentencia   T-426/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ROBERTO NAVARRO DE LA OSSA VS. LOTERIA DE LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA COLOMBIA LTDA

Tema

Debido proceso, seguridad social. Aduce el accionante que tiene derecho a percibir mensualmente una pensión compartida entre el ISS y la hoy liquidada Lotería de la Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda. Pese a lo anterior, asegura que sólo viene recibiendo la cuota parte pensional correspondiente al Instituto, porque la cuota parte que le corresponde a la otra empresa dejó de cancelársele desde marzo de 2010. La Sala de Revisión precisa que, cuando alguien adquiere el derecho a pensionarse con cargo a un empleador y éste último entra en liquidación obligatoria, es deber del liquidador efectuar una conmutación pensional, que de no hacerse y con ello dejar de percibir el pensionado su mesada, no sólo violaría el derecho a la seguridad social, sino que desconocería la prohibición de suspender de manera unilateral el pago de acreencias pensionales como manifestación del debido proceso administrativo, en la dimensión de respeto por el acto propio. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes a la Fiduprevisora y al ISS para asegurar el efectivo cumplimiento del amparo concedido.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 434    Expediente   T-2992723    Fecha sentencia   8-6-2012 0:00    Sentencia   T-427/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    BLANCA RUBY FRANCO DE MEZA COMO AGENTE OFICIOSA DE SU HIJO JUAN CARLOS MEZA FRANCO VS. AFP PORVENIR S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital. El peticionario presentó solicitud de reconocimiento y pago de su pensión de invalidez y la AFP PORVENIR S.A.; negó la prestación argumentando no tener derecho a ella, porque el dictamen de pérdida de la capacidad laboral tuvo como fecha de estructuración la fecha de su nacimiento, es decir anterior al momento en que se afilió al Sistema General de Pensiones. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con el tema del establecimiento de la fecha de estructuración del estado de invalidez en forma retroactiva de personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, haciendo especial referencia a la protección constitucional especial de las personas con discapacidad y estudia la constitucionalidad de la decisión de PORVENIR de negar el derecho a la pensión de invalidez reclamada y sí hay cumplimiento de requisitos legales para que el peticionario acceda a la pensión de invalidez. Se concluye que, una persona que haya nacido con discapacidad no puede ser excluida del derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento de no reunir 50 semanas antes de la estructuración de su invalidez porque ésta se estableció a partir de su nacimiento, si se constata que i). está en las mismas condiciones de vulnerabilidad de quienes si son, por disposición legal expresa, beneficiarias de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha aportado un número relevante de semanas y iii) no hay pruebas de que lo haya hecho con el ánimo de defraudar al sistema. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 435    Expediente   T-3115240 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   8-6-2012 0:00    Sentencia   T-428/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CARLOS ARMANDO ORBES BENAVIDES Y OTROS VS. SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Y OTRO

Tema

Educación, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los actores se inscribieron y fueron escogidos como beneficiarios de los cursos de educación para jóvenes y adultos ofrecidos pro la Secretaría de Educación de Nariño y el Ministerio de Educación Nacional. Este programa estaba compuesto por seis ciclos lectivos especiales integrados y a los accionantes, luego de cursar los tres primeros niveles, se les informó que no se ofrecería el cuarto ciclo debido a que el Ministerio no apropiaría los recursos para ello porque existían dificultades presupuestales. A juicio de los demandantes, suspender el programa educativo no solo constituyó una violación a su derecho fundamental a la educación, sino de algunas normas de carácter legal. La Sala de Revisión enmarca el análisis de los casos en la siguiente temática: 1º. Naturaleza, contenido y vías de exigibilidad de los derechos fundamentales y las obligaciones del Estado para asegurar su goce efectivo. 2º. Principio de progresividad y la prohibición de retroceso en el desarrollo de las facetas prestacionales de los derechos constitucionales y, 3º. Alcance de las obligaciones estatales de acceso y permanencia en el sistema educativo frente a la población adulta. Se CONCEDE la protección solicitada y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 436    Expediente   T-3317993 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   8-6-2012 0:00    Sentencia   T-429/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CAJANAL EICE EN LIQUIDACION VS. JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTROS

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En cada uno de los asuntos analizados la entidad accionante es CAJANAL y con la acción constitucional pretende que se revoque o declare la nulidad de las decisiones judiciales que le ordenaron reliquidar una pensión de jubilación, conceder la pensión gracia a veintiséis personas y rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de acción de lesividad, que interpuso en contra de una resolución mediante la cual se cumplió un fallo de tutela que reconoció una pensión gracia. La Sala de Revisión decide declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO en dos casos y, en el tercero, confirmar la decisión de instancia que NEGO el amparo solicitado por CAJANAL EICE en Liquidación.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 437    Expediente   T-3331186    Fecha sentencia   8-6-2012 0:00    Sentencia   T-430/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FARIEL SANJUAN AREVALO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se pretende a través de la acción de tutela que se deje sin efectos la decisión judicial que revocó el fallo dictado dentro de una acción popular interpuesta en contra de los municipios de Yaguará e Iquirá, mediante la cual se le reconoció al actor el incentivo económico de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Luego de reiterar la jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, la Sala decide confirmar la decisión que DENEGÓ el amparo solicitado, toda vez que encontró la sentencia cuestionada dentro del ámbito de autonomía e independencia de la autoridad judicial para aplicar las normas jurídicas.
Recibo Relatoria   7-11-2013 0:00


Item 438    Expediente   T-3369547    Fecha sentencia   12-6-2012 0:00    Sentencia   T-431/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    ROSA AMELIA AGUDELO VILLADA EN REPRESENTACION DE ROBERTO LUIS BLANDON DIOSA VS. JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE

Tema

Acceso a la justicia, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La demandante, en representación de su esposo, quien fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral equivalente a un 73,90% a causa de una patogénesis de alto riesgo y catastrófica, interpuso la acción la tutela contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, toda vez que se negó a sancionar al ISS en el trámite de un incidente de desacato promovido en su contra, al suspender el acto administrativo mediante el cual reconoció la pensión de invalidez, bajo el argumento de haber establecido en dicho acto, que debía iniciar el correspondiente proceso laboral ordinario. Afirma la actora que, mediante un fallo de tutela se dispuso ordenar al Instituto de Seguro Social expedir la respectiva resolución que ordenara el pago y reconocimiento de la prestación de invalidez, sin que en dicha providencia se estableciera que el amparo era de carácter transitorio, sino definitivo. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Agencia oficiosa como figura para configurar la legitimación por activa de una persona que padece una enfermedad catastrófica. 2º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 3º. Cumplimiento del fallo como concreción del derecho al acceso a la administración de justicia. Se TUTELAN los derechos del representado y se ordena al ISS expedir un nuevo acto administrativo dando cumplimiento a la sentencia judicial que concedió de manera definitiva el derecho a la pensión de invalidez y, al juzgado accionado se le ordena vigilar el cumplimiento de su orden, en los estrictos términos en que la misma fue entendida por la Corporación. Así mismo, se exhorta al ISS para que en el futuro se abstenga de ordenar el inicio de algún proceso ordinario laboral cuando esta consecuencia no se manifieste expresamente en el fallo de tutela.
Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 439    Expediente   T-3339294    Fecha sentencia   12-6-2012 0:00    Sentencia   T-433/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    KARINA DE LA OSSA ROBECHI VS. CLINICA LAS PEÑITAS SAS

Tema

Seguridad social, salud. Se instaura la acción de tutela en contra de la Clínica Las Peñitas SAS, porque no practicó una intervención quirúrgica a la demandante, bajo el argumento de no figurar como beneficiaria activa del sistema de salud, por no cumplir con el requisito de presentación de recibo y pago de la matrícula del período que estaba cursando. La actora aduce cumplir con los requisitos legales para continuar como beneficiaria de su padre, en tanto tiene 25 años de edad, depende económicamente de sus progenitores y se encuentra realizando la judicatura Ad-Honorem, servicio que hace parte de su formación académica y es requisito esencial de grado en el programa de Derecho. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la salud como fundamental y su protección constitucional. 2º. El régimen de seguridad social en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y 4º. La judicatura como requisito de grado de derecho y su fundamento constitucional. La Sala considera que la exigencia que se le hiciera a la demandante de presentar el recibo y pago de matrícula del período académico, como único medio de prueba para acreditar la categoría de estudiante, constituyó una condición desproporcionada para acceder a la prestación del servicio público en salud, lo que sin duda derivó en la vulneración de otros derechos fundamentales, máxime cuando debió entenderse que el proceso de formación legalmente establecido para adquirir el título de abogado se encuentra compuesto por varios elementos entre los cuales están el pénsum académico, el servicio de judicatura, la realización de una monografía jurídica o tesis de grado y el consultorio jurídico y; que en algunos de estos eventos, no siempre se exige el pago de una matrícula. Teniendo en cuenta que la situación fáctica que motivó la interposición de la acción de tutela cambió, la Sala decide notificar a la clínica accionada, a la Fiduprevisora y a la Unión Temporal del Norte Región 7, como entidades asistenciales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que conozcan el precedente jurisprudencial contenido en la presente sentencia, de tal forma que entiendan que el certificado de judicatura debidamente presentado por un estudiante de derecho, hace las veces del recibo de matrícula de estudio y, en el evento de cumplir los demás requisitos para ostentar la calidad de beneficiario del sistema de salud, debe continuarse la prestación del servicio.
Recibo Relatoria   11-7-2012 0:00


Item 440    Expediente   T-3345197    Fecha sentencia   12-6-2012 0:00    Sentencia   T-434/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    JOHN JAIRO GONZALEZ GOMEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales le negó al accionante el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por no cumplir con los requisitos exigidos para tal fin, toda vez que sólo contaba con 36 semanas de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. A juicio del actor, el ISS no contabilizó en debida forma el tiempo cotizado, ya que según sus cuentas tenía 111.42 semanas y por tanto, era acreedor de la prestación por invalidez. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. 2º. La pensión de invalidez y 3º. La procedencia de la acción de tutela para reclamar dicha prestación. Se constata que el actor no reúne los requisitos establecidos para acceder a la pensión de invalidez ni a la pensión de vejez y se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   10-7-2012 0:00


Item 441    Expediente   T-3323909    Fecha sentencia   12-6-2012 0:00    Sentencia   T-435/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    MARIA BEATRIZ OCAMPO GUTIERREZ VS. SALA LABORAL DELTRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La accionante prestó sus servicios al ISS por más de dieciocho años y, al producirse la escisión de dicha entidad, continuó prestando sus servicios en la E.S.E. Rafael Uribe Uribe. Tras cumplir los veinte años de servicios y con base en lo establecido en la convención colectiva celebrada entre el ISS y el Sindicato Nacional de la Seguridad Social, solicitó el reconocimiento y pago de pensión de jubilación, la cual fue reconocida en un equivalente al 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios y no como lo establecía la convención, en tanto al derecho de percibir el equivalente al 100% del promedio de lo recibido en los dos últimos años. Se inicia la acción de tutela en contra de la decisión de segunda instancia, que dentro de un proceso ordinario laboral, revocó el fallo que había accedido a las pretensiones de la demanda. Se alega que en dicho fallo se incurrió en defecto sustantivo al interpretar que el artículo 98 de la convención colectiva no se aplicaba a la situación de la actora, porque ésta no laboró durante 20 años exclusivamente al servicio del Seguro Social. Tras reiterar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y analizar los requisitos generales y causales específicas de dicha procedibilidad, la Sala concluye que la decisión atacada si incurrió en un defecto material o sustantivo y que con él se vulneraron derechos fundamentales de la actora. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efectos la decisión impugnada y en su lugar, se deja en firme el fallo de primera instancia dictado dentro del proceso ordinario laboral.
Recibo Relatoria   10-7-2012 0:00


Item 442    Expediente   T-2719755    Fecha sentencia   12-6-2012 0:00    Sentencia   T-436/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    FELIX TELLO GARCIA VS. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Tema

El actor fue pensionado por la Universidad Distrital en 1998 en virtud de la aplicación de la Convención Colectiva vigente y luego de varios años de ostentar esta condición, la resolución de reconocimiento de la prestación fue revocada por la universidad en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que, al resolver una acción popular, la dejó sin efectos y ordenó la derogatoria de todas las prestaciones concedidas. El accionante aduce que al dejar de percibir la prestación, que era su único fuente de ingreso, cambió drásticamente su plan de vida, no sólo por la afectación a su mínimo vital, sino porque dejó de cotizar durante un período de diez años, tiempo durante el cual fue beneficiario de la pensión. Se analiza jurisprudencia de la Corporación relacionada con la procedencia de la acción de tutela y con los principios de la confianza legítima y la buena fe. Así mismo, se estudia el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana dentro del ordenamiento jurídico nacional y, por último se analiza el tema de la estructura del derecho a la pensión y la protección al derecho a la seguridad social en la jurisprudencia constitucional. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   18-2-2014 0:00


Item 443    Expediente   T-2809770    Fecha sentencia   12-6-2012 0:00    Sentencia   T-437/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    ELISO SANTA VARGAS VS. SECRETARIA DE GOBIERNO DE IBAGUE Y OTROS

Tema


Vivienda digna, trabajo. El demandante aduce que la Administración Municipal de Ibagué vulneró sus derechos fundamentales y el principio de confianza legítima, al ordenar la restitución de un bien de espacio público donde reside con su núcleo familiar y trabaja desde hace más de quince años, sin ofrecerle un plan de reubicación y sin considerar que es un sujeto de especial protección y que la propia administración cobró el impuesto predial sobre el mencionado bien y le realizó conexión a las redes de servicios públicos. Con la acción de tutela se pretende que se deje sin efectos la resolución por medio de la cual se declaró al actor como ocupante ilegal del espacio público y se ordenó la restitución del bien inmueble. La Sala se refiere a los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela. 2º. El espacio público. 3º. Jurisprudencia sobre confianza legítima y buena fe y, 4º. Derecho ala vivienda digna. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.

Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 444    Expediente   T-3366765    Fecha sentencia   12-6-2012 0:00    Sentencia   T-438/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    JAVIER ALONSO GAVIRIA GAVIRIA VS. ISS SECCIONAL ANTIOQUIA

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso. En este asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte del Instituto de Seguros Sociales, por el hecho de haberle negado al actor, hombre de 74 años de edad, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada bajo el argumento de no cumplir con el número de las semanas requeridas. También se alega el quebrantamiento de derechos, por no haber tenido en cuenta las cotizaciones realizadas durante más de dos años, con base en un salario inferior al mínimo. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez y 2º. El sistema de seguridad social en pensiones de los trabajadores independientes. Se CONCEDE el amparo al derecho al debido proceso y se ordena a la entidad accionada realizar un cruce de cuentas e imputar correctamente los aportes hechos por el actor al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 445    Expediente   T-3364172    Fecha sentencia   14-6-2012 0:00    Sentencia   T-439/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANGELICA MARIA OSORIO FRANCO VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA

Tema

Seguridad social. La accionante alega que el Instituto de Seguros Sociales vulneró sus derechos fundamentales al retirarla de la nómina de pensional de sobrevivientes y suspenderle unilateralmente el pago de la mesada, a pesar de que a su juicio, aún cumple con los requisitos legales para continuar recibiendo la prestación, toda vez que tiene la calidad de estudiante y acaba de cumplir 25 años de edad. La Sala se pronuncia sobre los siguientes tópicos: 1º. Procedencia de la tutela frente a conflictos jurídicos en materia de sustitución pensional. 2º. Naturaleza jurídica fundamental de la pensión de sobrevivientes y 3º. La edad como criterio válido de diferenciación, en el caso de hijos mayores de 18 y menores de 25, como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Al encontrar que el instituto accionado no vulneró los derechos reclamados, se decide NEGAR el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   19-7-2012 0:00


Item 446    Expediente   T-3358155    Fecha sentencia   14-6-2012 0:00    Sentencia   T-440/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    EDINSON FANG DIAZ VS. DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y OTRO

Tema

Seguridad social, salud, integridad física, vida digna, mínimo vital. Aduce el actor que se encuentra afiliado a la Dirección General de Sanidad Militar en el Hospital Naval de Cartagena en calidad de pensionado y que allí le han entregado los insumos y medicamentos que necesita para tratar la discapacidad permanente que afronta, pero que desde hace un tiempo se ha negado sistemáticamente a suministralos, alegando que no se encuentran incluidos en el plan de beneficios de los usuarios de las Fuerzas Militares. Con la acción de tutela se pretende que se imparta la orden a la entidad demandada, de entregar todos los medicamentos e insumos que requiere el actor, con la periodicidad y en la cantidad ordenadas por el médico tratante y, que se imparta la orden de autorizar el servicio de ambulancia desde su casa hasta el hospital cuando los tratamientos médicos requieran dicho desplazamiento. Se analiza la siguiente temática: 1º. La Salud como derecho fundamental. 2º. Las reglas relativas a la procedencia de la acción de tutela para obtener el suministro de prestaciones excluidas del POS, y, 3º. Las reglas aplicables al cubrimiento de gastos de transporte para pacientes y acompañantes por parte de las E.P.S.. SE CONCEDE.


Recibo Relatoria   1-10-2012 0:00


Item 447    Expediente   T-3302323    Fecha sentencia   14-6-2012 0:00    Sentencia   T-441/12
Ponente   HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Demandante / Demandado    CLAUDIA MORENO ESCANDON VS. ACCION SOCIAL, HOY DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Tema

Vida, igualdad. La accionante solicitó su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- y la Unidad Territorial Bogotá de Acción Social resolvió desfavorablemente su petición, argumentando que la declaración rendida ante la Defensoría del Pueblo resultaba contradictoria frente a la información consultada en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en la encuesta Sisbén. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la siguiente temática: 1º. Procedebildiad de la acción de tutela en materia de desplazamiento forzado. 2º. Alcance de la noción de desplazado interno. 3º. Marco normativo para la inscripción en el RUPD y las pautas jurisprudenciales que determinan su aplicación. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena la inclusión de la demandante y de su núcleo familiar en el RUPD, luego de que se realice una segunda valoración del caso, en la cual se permita una ampliación de la declaración inicial y se tengan en cuenta las pautas precisadas por la Corporación para la aplicación de las normas relativas al registro.
Recibo Relatoria   12-7-2012 0:00


Item 448    Expediente   T-3405841    Fecha sentencia   19-6-2012 0:00    Sentencia   T-442/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    LUIS ALFONSO CACERES VS. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTRO

Tema

Debido proceso administrativo, vivienda digna. El demandante y su familia fueron desplazados de su lugar de residencia debido a amenazas recibidas por parte de grupos ilegales al margen de la ley. Luego de postularse en una convocatoria para la entrega de subsidios de vivienda, FONVIVIENDA rechazó la petición y lo excluyó del proceso de asignación de ayudas argumentando que el hogar del actor tiene una o más propiedades en un sitio diferente al de expulsión. Argumenta el demandante que la causal de rechazo no corresponde a la verdad, en tanto los bienes inmuebles referidos aparecen registrados con su número de cédula pero a nombre de otra persona. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Especial protección constitucional de las personas desplazadas por la violencia. 2º. Requisitos de subsidiariedad e inmediatez en la acción de tutela cuando el actor es desplazado por la violencia y, 3º. Carácter fundamental del derecho al debido proceso administrativo. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.


Recibo Relatoria   16-8-2012 0:00


Item 449    Expediente   T-2904344 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   19-6-2012 0:00    Sentencia   T-443/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    JORGE ANIBAL VISBAL MARTELO Y OTRO VS. FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Tema

Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente asunto se demanda en sede de tutela al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República por la supuesta vulneración de derechos fundamentales de los accionantes, en un caso, al negar el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada y en el otro, al negar la reactivación y reliquidación de la pensión de jubilación, arguyendo en ambos asuntos que los peticionarios no eran beneficiarios del régimen de transición de los congresistas establecido en el Decreto 1293 de 1994, en cuanto no ostentaban dicha calidad con anterioridad al 1º de abril de 1994. La Sala de Revisión realiza un análisis jurisprudencial sobre el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y concluye que éste no se cumple en ninguno de los casos estudiados. Se decide confirmar las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA del amparo constitucional solicitado.
Recibo Relatoria   18-2-2013 0:00


Item 450    Expediente   T-3368147    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-444/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    WILSON ALAYON ALAYON Y OTROS VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL

Tema

Debido proceso, vivienda digna. Tutela contra providencia judicial. Los accionantes pretenden que vía de tutela se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, decretar la nulidad de la sentencia adoptada dentro de un proceso ejecutivo hipotecario, alegando violación de derechos fundamentales en el trámite de su expedición, porque en la obligación ejecutada no existió solidaridad y porque la conformación de la Sala de Decisión fue indebida, en tanto estaba constituida por cuatro magistrados de los cuales dos salvaron voto. La Sala resuelve declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada, por falta de legitimación activa.
Recibo Relatoria   18-1-2013 0:00


Item 451    Expediente   T-3365984    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-445/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    MARCO EMILIO LOPEZ BETANCUR Y OTRO VS. FONVIVIENDA Y OTROS

Tema

Vivienda digna. Los accionantes basan la pretensión de amparo constitucional en el hecho de que no se les ha entregado el subsidio de vivienda a que tienen derecho por ser parte de la población desplazada y pertenecientes al grupo de la tercera edad, a pesar de estar calificados para el mismo. La entidad accionada opone razones de tipo administrativas y presupuestarias como justificación a la demora en la asignación de los recursos reclamados. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con la protección constitucional reforzada de personas víctimas del desplazamiento forzado y de la tercera edad y, con el derecho a la vivienda y las obligaciones de las autoridades públicas para la asignación del subsidio familiar de vivienda a la población desplazada. Se CONCEDE el amparo solicitado y además se ordena al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizar las gestiones necesarias para que a los actores se les asigne algunos de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia, hasta tanto FONVIVIENDA cumpla con sus obligación de asignarles el correspondiente subsidio de vivienda.
Recibo Relatoria   30-10-2012 0:00


Item 452    Expediente   T-3357323    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-446/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANATOLIO RIVEROS ROMERO VS. COOMEVA E.P.S. S.A.

Tema

Salud. Al accionante le fue amputada una pierna arriba de la rodilla y su E.P.S. S le entregó una prótesis para facilitarle su desplazamiento, la cual, por tiempo de uso, se encuentra deteriorada y no funciona. El médico tratante presentó una solicitud de servicios no POS, consistente en la entrega de una nueva prótesis de miembro inferior izquierda para la marcha y el Comité Técnico Científico de la E.P.S. demandada no aprobó la solicitud porque el médico tratante no había anexado la historia clínica completa. La Sala considera que la actuación de la E.P.S. COMEVA se dio en desconocimiento, tanto de los principios constitucionales y normas relacionadas con la prestación del servicio de salud, como de la jurisprudencia constitucional respecto de la negación de servicios de salud incluidos en el POS. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena la entrega de la prótesis requerida por el actor y ordenada por su médico tratante.
Recibo Relatoria   24-10-2012 0:00


Item 453    Expediente   T-3354923    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-447/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    NORBERTO GIRALDO SUCERQUIA VS. HIDROELECTRICA DE ITUANGO Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad, trabajo. El actor pretende que vía acción de tutela se ordene a la Hidroeléctrica Ituango y a las Empresas Públicas de Medellín, que procedan a cancelarle el reconocimiento económico que se pactó con algunas personas por las suspensión de labores de minería por la construcción del proyecto Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango, mientras se realizaba la negociación definitiva de los derechos de los mineros afectados por dicha obra. Para la Sala, el actor no probó ni siquiera sumariamente, la inminencia del perjuicio, pues solamente se limitó a manifestar que se le causó un detrimento a su actividad económica, hecho que fue desvirtuado a través de las pruebas recaudadas en el trámite de revisión. Se decide confirmar la decisión de instancia que NEGO el amparo solicitado por IMPROCEDENTE, en virtud de que la tutela es una instancia jurídica establecida para la protección de los derechos fundamentales, por lo que se escapa de su competencia la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de pretensiones de contenido económico, máxime, como en el caso presente, que no se vislumbra la ocurrencia de un perjuicio irremediable que pudiera afectar al accionante.
Recibo Relatoria   24-10-2012 0:00


Item 454    Expediente   T-3310236    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-448/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUIS ALFONSO FAJARDO SANCHEZ VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS -

Tema

Habeas data, acceso a documentos públicos, petición, vida e integridad personal. El demandante interpuso un derecho de petición ante el DAS para solicitar copia de la totalidad de los reportes, informes, cuadernos de minuta, actas y demás documentos que conformaran las carpetas del esquema de seguridad que le fue asignado por parte de dicha entidad, así como las demás anotaciones de cualquier índole que reposaran en dicha institución y que hicieran referencia a él. La demandada contestó el derecho de petición señalando que no era posible otorgar los documentos requeridos, toda vez que los mismos tenían el carácter de reservado y en consecuencia, no podían ser difundidos a los particulares. La Sala concluye que, 1º. El derecho de petición no fue vulnerado por la accionada, toda vez que contestó de manera oportuna y de fondo la solicitud del demandante, así no fuera una respuesta favorable. 2º.El no tener acceso a los documentos del esquema de seguridad, no puso en peligro la vida e integridad personal del actor. 3º. El demandante contaba con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos al habeas data y acceso a documentos públicos, como lo es el recurso de insistencia que debe ser resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, consagrado en el artículo 21 de la Ley 75 de 1985. 4º. La acción de tutela como mecanismo transitorio no superó el análisis de procedibilidad, toda vez que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que se produjera de manera inminente y que implicara la toma de medidas urgentes para evitar la consumación del eventual daño. NEGAD.
Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 455    Expediente   T-3284339    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-449/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CAJANAL EN LIQUIDACION VS. JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se demanda al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, alegando que dicho despacho judicial resolvió favorablemente una acción de tutela interpuesta por un conjunto de accionante contra CAJANAL, pero que en el fallo se incurrió en una vía de hecho por defectos sustantivo y orgánico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, en tanto se ordenó reliquidar la prestación de todos los actores , incluyendo todos los factores salariales sin prescripción, junto con la respectiva indexación y la retroactividad. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con la improcedencia de la acción de tutela para controvertir sentencias de tutela, la Sala decide confirmar la decisión de instancia que NEGO POR IMPROCEDENTE la acción constitucional impetrada por CAJANAL.
Recibo Relatoria   23-10-2012 0:00


Item 456    Expediente   T-3336373    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-451/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SOCIEDAD Y VARGAS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, SALA CIVIL

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso la Sala de Revisión analiza si en la sentencia impugnada se configuró un defecto sustantivo por violación del debido proceso, al aplicarse en ella de manera indebida los artículos 220, 227, 333 y 117 del Código de Comercio, en el sentido de indicar que una sociedad en comandita simple puede obligarse, a pesar de encontrarse en causal de disolución por desaparición de una de las categorías de socios y por ende, poder reclamar en proceso ejecutivo la obligación así contraída. La Sala reitera la jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, enfatizando la causal genérica denominada defecto sustantivo. Al no encontrar configurado el defecto sustantivo alegado, se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 457    Expediente   T-3403592    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-452/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    JUAN ESTEBAN SIERRA OCHOA EN REPRESENTACION DE SUS HIJAS CAMILA Y VALENTINA SIERRA MATEUS VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACION Y OTRA

Tema

Debido proceso, interés superior del menor. En este asunto el problema jurídico se centra en el desacuerdo suscitado entre los padres de dos niñas menores de edad, respecto al permiso para salir del país. Como antecedente del caso se tiene que la madre de las niñas, a través de un acuerdo conciliatorio, aceptó que la custodia y cuidado de éstas quedara en cabeza de su progenitor y expresó, a través de escritura pública, que autorizaba de forma permanente la salida de país de sus hijas. De manera posterior y luego de que las niñas se residenciaran en Miami y regresaran a Colombia con el objeto de disfrutar un período vacacional, la progenitora inició una serie de acciones de índole administrativa, tendientes a revocar la precitada autorización e impedir la nueva salida de las niñas hacia los Estados Unidos. El accionante por su parte, además de interponer la presente acción de tutela, inició dos procesos ante la jurisdicción de familia, tendientes a definir la autorización de salida del país de las niñas y lograr la privación de la patria potestad ejercida por la progenitora. La Sala precisa que se requiere de la actuación del juez de familia, quien bajo el estricto cumplimiento del principio procesal de inmediación de la prueba y de conformidad con la satisfacción del interés superior de las niñas, estará habilitado para adoptar las decisiones que mejor cumplan con ese cometido. Se decide confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la acción ante la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa judicial.
Recibo Relatoria   30-5-2013 0:00


Item 458    Expediente   T-3378984    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-453/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAIME SAUL JIMENEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social. El ISS le negó al accionante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada por no reunir el requisito de tener 500 semanas cotizadas en los veinte años anteriores a la fecha en que cumplió 60 años de edad. Luego de analizar la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones económicas y la pensión de vejez en el Acuerdo 049 de 1990 y su aplicación a los beneficiarios del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, la Sala decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado, por la falta de certeza sobre la existencia del derecho reclamado por el actor.
Teniendo en cuenta que en la decisión de primera instancia el juez que profirió el fallo hizo alusión a una cita bíblica, considera la Sala oportuno recordarle a las autoridades judiciales que en el ejercicio de sus funciones, están obligadas a respetar el principio de laicidad que caracteriza al Estado colombiano y que se materializa en la imposibilidad de que sus autoridades adhieran o promuevan determinada religión, o adopten cualquier conducta que desconozca el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas consagrados por la Carta Política . En virtud a lo anterior, la Corporación previene de manera particular al juez de instancia, para que en el futuro se abstenga de incluir en sus providencias cualquier referencia que pueda resultar ajena a los aspectos propios del proceso judicial sometido a su consideración, concretamente, aquellas que contraríen los principios de laicidad y de neutralidad religiosa contemplados en la Constitución.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 459    Expediente   T-3377903    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-454/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    FONDO GANADERO DEL META VS. ALCALDIA DE VILLAVICENCIO Y OTRO

Tema

Debido proceso. La acción de tutela la incoa el Fondo Ganadero del Meta contra la Alcaldía Municipal de Villavicencio y el Comando de Policía del Meta, para solicitar que se ejecute de manera definitiva la orden de desalojar a las personas que invadieron terrenos de su propiedad, los cuales fueron ocupados mediante vías de hecho para levantar una invasión denominada “La Victoria”. Igualmente, para requerir que, posterior al desalojo, se les brinde acompañamiento a los empleados de seguridad, hasta tanto se construyan cercas y se ubiquen avisos en el predio que impidan el ingreso de personas ajenas a la propiedad. Se confirma la decisión de instancia que negó la tutela por improcedente y se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, al comprobar que la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se cumplió a cabalidad. Pese a lo anterior, La Sala resalta un hecho significativo que se presentó en el presente asunto y que no constituyó el problema jurídico central, el cual es que los sujetos pasivos de las órdenes de lanzamiento son un grupo de 1317 familias, entre ellas, 511 en condición de desplazamiento y otras conformadas por indígenas y por personas en situación de discapacidad física. Frente a este tema, se recuerda jurisprudencia constitucional en torno a la garantía de los derechos fundamentales de la población desplazada en materia de desalojo forzoso y los derechos de los ocupantes de la invasión La Victoria, en el lanzamiento realizado por ocupación de hecho. Por comprobar la situación de vulnerabilidad de las personas desalojadas, se decide poner en conocimiento de varias autoridades el asunto, para que en el marco de sus competencias legales adelanten las acciones necesarias para frenar la amenaza al derecho a la vivienda digna y garantizarles los demás derechos fundamentales de que son titulares en virtud de sus particulares condiciones socioeconómicas.
Recibo Relatoria   31-7-2012 0:00


Item 460    Expediente   T-3155442    Fecha sentencia   20-6-2012 0:00    Sentencia   T-455/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    COMISION NACIONAL DE TELEVISION VS. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONFORMADO POR CARMENZA MEJIA MARTINEZ Y OTROS, CONVOCADO POR PRODUCCIONES JES

Tema

La Comisión Nacional de Televisión incoa la acción de tutela contra el Tribunal de Arbitramento convocado por Producciones JES para dirimir unas controversias contractuales entre ellos. A su juicio, dicho Tribunal vulneró derechos fundamentales, al proferir laudo arbitral en el que se le condenó a reconocer una elevada suma de dinero a título de restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato suscrito entre las partes, para la concesión de espacios de televisión. A juicio de la accionante, el laudo se profirió sin que el Tribunal tuviera competencia para tal efecto, sin el debido sustento probatorio y violando el precedente judicial del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Se aborda la siguiente temática: 1º. Definición, alcance y desarrollo constitucional del arbitramento y procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales. 2º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 3º. Competencia de los tribunales de arbitramento y la naturaleza jurisdiccional de sus pronunciamientos. 4º. Alcance de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las salvedades en el acta de liquidación en el contrato estatal. Luego de analizar detalladamente el asunto la Sala estima que el Tribunal de Arbitramento accionado vulneró los derechos al debido proceso y a un trato igual. Se deja sin efectos el laudo arbitral proferido por dicho tribunal, así mismo la decisión del Consejo de Estado que declaró infundado el recurso de anulación interpuesto por la parte actora. Se compulsan copias de la presente decisión a la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que, si así lo consideran, inicien las investigaciones a que haya lugar.
Recibo Relatoria   1-9-2015 0:00


Item 461    Expediente   D-8844    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   C-456/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP, SV LEVS
Demandante / Demandado    JORGE EDUARDO CHEMAS Y OTRO VS. LEY 1453 DE 2011, ARTICULO 39 (PARCIAL)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. El artículo en el que se encuentra el texto acusado hace referencia a la invasión en áreas de especial importancia ecológica. El aparte demandado es el siguiente: “… permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal…” . La Corte constató la ausencia de pertinencia, certeza y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad esgrimidos contra las expresiones demandadas, por lo que consideró que no resultaba procedente un pronunciamiento de fondo al respecto y, en tal sentido, se declaró INHIBID.
Recibo Relatoria   23-8-2012 0:00


Item 462    Expediente   D-8903    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   C-457/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS RICARDO GOMEZ PINTO VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011, Por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Se alega en la demanda que se incurrió en un vicio de procedimiento en el trámite legislativo que precedió a la expedición del Acto Legislativo acusado. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional y en tal sentido decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-332/12.
Recibo Relatoria   16-8-2012 0:00


Item 463    Expediente   T-2651508 ACUMULADOS    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   SU.458/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Sv/Av  AV GEMM, SPV NPP, SV JIPC
Demandante / Demandado    A, B, C, D, Y OTROS VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS -

Tema

Habeas data. Sentencia de Unificación. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso se dio una situación general en la cual todos los actores fueron condenados por incurrir en alguno de los delitos consagrados en el Código Penal y, de manera posterior, una autoridad judicial les declaró la extinción de sus condenas o la prescripción de la pena. Con el fin de acceder a un empleo o de mantener vigente uno, los actores solicitaron al DAS el certificado de antecedentes judiciales y en todos los casos se expidió el documento con la siguiente leyenda: REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL. Por considerar que dicha redacción permitía concluir la existencia de antecedentes penales, independientemente de si la pena estaba cumplida o prescrita, algunos accionantes elevaron petición formal al DAS solicitando de manera expresa la eliminación de dicha anotación, pero su requerimiento fue resuelto de forma adversa. La entidad demandada adujo tener la obligación de mantener, actualizar y conservar los registros delictivos, con base en el canje interior y en los informes o avisos que rendían las autoridades judiciales sobre el estado de los procesos penales. Igualmente argumentó, no tener la competencia para cancelar los antecedentes consignados en sus bases de datos, en tanto sólo ostentaba la calidad de depositario y no de dueño de los registros delictivos y por eso, para proceder a borrar o destruir antecedentes judiciales, debía mediar sentencia proferida por autoridad judicial competente. Se aclara que, en sede de revisión, la Sala verificó cambios normativos relevantes relacionados con la autoridad encargada de administrar la base de datos sobre antecedentes judiciales y con la naturaleza y condiciones de circulación de dicha información personal. La Corte se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Particularidades de los datos personales y de las bases de los datos personales de antecedentes penales. 2º. Principios y reglas que debe seguir el administrador de este tipo específico de bases de datos, en especial los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida. 3º. Facultad específica del titular de la información personal de solicitar la supresión de la misma, como parte del objeto protegido por la dimensión subjetiva del habeas data y, 4º. Carácter del habeas data como derecho autónomo y garantía de otros derechos fundamentales. Se concluye que, la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes judiciales, vulneró y vulnera el derecho al habeas data de los demandantes, al permitir que terceros no autorizados conozcan la existencia de antecedentes penales asociados a su nombre. Se destaca que, esta vulneración se presenta por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales contenida en las bases de datos y, en la renuencia de la entidad encargada de la administración de dicha base de datos, de suprimir de forma relativa dicha información a pesar de mediar una petición expresa de los demandantes, para que terceros, sin un interés previamente determinado, tuviesen conocimiento de la misma. Se decide revocar y confirmar parcialmente algunas de las sentencias de instancia, se CONCEDE el amparo del derecho al habeas data y se previene al Ministerio de Defensa Nacional / Policia Nacional, a la Dirección Criminal, a la INTERPOL y demás autoridades de esa entidad, para que eviten que cualquier persona sin interés legítimo pueda conocer o inferir la existencia de antecedentes penales de aquellas personas que hayan cumplido la pena o que se encuentre prescrita. Así mismo, exhortó al Procurador General, al Defensor del Pueblo y al Congreso, para promover un proyecto de ley estatutaria sobre administración de bases de datos personales relacionadas con antecedentes penales.
Recibo Relatoria   16-8-2012 0:00


Item 464    Expediente   T-3375639    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-459/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LUIS ARNULFO PABON MORENO VS. EJERCITO NACIONAL

Tema


Estabilidad laboral reforzada, igualdad, trabajo, salud, dignidad humana, seguridad social. El demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado profesional por un lapso de tiempo aproximado a los ocho años y a consecuencia de un accidente de trabajo, sufrió una fractura del húmero proximal, momento desde el cual y durante dieciocho meses, se desempeñó como conductor de una camioneta. Pese a lo anterior, seguía padeciendo de dolores y tras una valoración por parte de la Junta Médico Militar, se le dictaminó una disminución de sus capacidades psicofísicas en un porcentaje del 15%. Este resultado fue modificado parcialmente por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, quien consideró que la pérdida de capacidad para trabajar era sólo del 11% y por ello fue retirado del servicio porque no era apto para seguir desempeñando su labor como soldado profesional. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la protección especial que merecen las personas en situación de discapacidad y el derecho a la reubicación de los miembros de la fuerza pública que ven disminuida su capacidad laboral y, decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar el reintegro inmediato del actor y su afiliación al servicio de salud.

Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 465    Expediente   T-3379246    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-460/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    LIBIA AMPARO RODRIGUEZ DE CASTRILLON VS. DIRECCION DE SALUD DE ANTIOQUIA Y OTRO

Tema

En el presente asunto la Corte Constitucional concede la protección de los derechos fundamentales de acceso y prestación integral del servicio de salud y vida digna de la peticionaria y, de manera consecuente, ordena a la E.P.S.S. COMFENALCO que cada vez que la actora lo requiera de acuerdo con las órdenes del médico tratante, haga entrega del medicamento Betametil Digoxima y de las demás medicinas a que haya lugar, en la IPS autorizada para la prestación de este servicio en el municipio donde ella reside. Lo anteriorM en razón a que la demandante, de 68 años de edad, precario estado de salud y dificultades económicas, debía viajar cada mes hasta la ciudad de Medellín a recibir el precitado medicamento, porque se le negó la entrega del mismo en su zona de atención o domicilio, con el argumento de no estar autorizada la entrega en dicho lugar, por ser un medicamento NO POS. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Protección del derecho fundamental a la salud y 2º. Deber de las E.P.S. de prestar el servicio de salud sin dilaciones, conforme al principio de integralidad. SE CONCEDE.


Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 466    Expediente   T-3316057    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-461/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    TATIANA LEGUIZAMO HENAO VS. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTIONANDO Y OTRO

Tema

Salud, seguridad social, vida digna. La demandante promovió la acción de tutela como mecanismo transitorio en contra de la Cooperativa de Trabajo Asociado Gestionando C.T.A. y la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasuga, por estimar trasgredidos sus derechos fundamentales al dar por terminada la relación de trabajo con ocasión a su padecimiento, esto es, un accidente cerebrovascular, que le generó una serie de incapacidades hasta por 331 días. La ruptura del vínculo laboral se dio en aplicación del estatuto de la entidad, el cual establece que cuando a un asociado se le imposibilite la prestación del servicio por enfermedad profesional o laboral, así como cualquier enfermedad que le impida continuar con el trabajo y cuya incapacidad haya durado más de 180 días, dará lugar a que se estructure la causal de retiro forzoso. La actora solicita su reintegro como trabajadora del hospital y asociada a la cooperativa, que le restituyan los servicios de salud que gozaba al momento de estar afiliada, así como las compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas desde antes del momento en que fue desvinculada hasta su reintegro laboral. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes tópicos: 1º. Elementos normativos de las cooperativas de trabajo asociado. 2º. La acción de tutela como medio excepcional para garantizar la estabilidad laboral reforzada respecto a los incapacitados. 3º. Facultad del empleador de terminar el contrato laboral a un trabajador con una incapacidad superior a 180 días. 4º. El derecho a la pensión de invalidez. 5º. Semanas cotizadas entre la fecha de estructuración y la fecha del dictamen. Tras verificar que Cooperativa accionada vulneró derechos fundamentales de la actora, se decide CONCEDER el amparo invocado y compulsar copias a la Superintendencia de Economía Solidaria para que si lo considera necesario, sancione a dicha entidad. Así mismo se imparten unas órdenes tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir y el de la indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 467    Expediente   T-3238640    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-462/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MAYCOL DAVID MENDOZA VILLAR VS. ACCION SOCIAL (HOY DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL) Y OTRO

Tema

Igualdad, vida digna. En el presente asunto solicita el actor el amparo de los derechos fundamentales propios y de sus menores hijos y en consecuencia pretende, de una parte, que el Ministerio de Defensa Nacional le expida su libreta militar y asuma los gastos y tratamientos médicos a los cuales deba ser sometido para tratar las secuelas del accidente que sufrió cuando prestaba el servicio militar, donde resultó lesionada su columna vertebral y, de otro lado, que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social individualice su grupo familiar ahora conformado por su esposa y sus dos hijos menores, lo incluya en los programas de generación de ingresos y le expida el certificado donde conste su calidad de desplazado por la violencia. La Sala analiza la jurisprudencia de la Corporación en relación con: 1º. La procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, 2º. El RUPD, 3º. El carácter fundamental del derecho a la atención humanitaria de emergencia y la legitimación para reclamarla, 4º. La prestación del servicio militar, su obligatoriedad y eximentes fijados por la Constitución y la Ley con respecto a su prestación y, 5º. El derecho a la salud de los miembros de la fuerza pública y la obligación de las Fuerzas Militares y de Policía de prestar asistencia médica al personal que con ocasión del servicio adquirió alguna enfermedad. Se CONCEDE la tutela deprecada y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   25-9-2012 0:00


Item 468    Expediente   T-3297425    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-463/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JORGE MARIA BALLESTEROS MELO VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Mínimo vital, vida digna, seguridad social. En el presente caso se tiene que el accionante solicita que le reconozcan y paguen la pensión especial mínima de invalidez contenida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, modificada por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002, toda vez que fue víctima de un atentado terrorista mientras se dirigía a su sitio de trabajo, el cual le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral en un 51.44%. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de la pensión de invalidez. 2º. El requisito de inmediatez, 3º. Evolución y vigencia del régimen legal que consagró el derecho a la pensión especial de invalidez para las víctimas de atentados terroristas y, 4º. Régimen jurídico aplicable al caso concreto. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al Ministerio de la Protección Social – Fondo de Solidaridad Pensional – o a quien haga sus veces, realizar un nuevo convenio con el ISS con el fin de pactar el capital necesario para la financiación de la pensión mínima de invalidez a que tiene derecho el accionante y, al ISS, se le ordena reconocer y pagar esta prestación.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 469    Expediente   T-3394627    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-464/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    SANDRA MILENA PARRA HENAO VS. CAFESALUD E.P.S.S.

Tema

Petición, acceso y prestación integral del servicio de salud, vida digna. La accionante argumenta que presentó derecho de petición ante CAFESALUD E.P.S.S., para solicitar la asignación de viáticos con el fin de desplazarse hasta la ciudad de Cali para llevar a su pequeño hijo a los controles mensuales que le ordenaron como tratamiento para el manejo de la leucemia linfoblástica aguda riesgo alto de precursores B tipo común que padece el niño y, que no obtuvo respuesta alguna a su solicitud. El juez de instancia negó el amparo por considerar que la actora había obtenido respuesta a su petición, por lo que se encontraba en presencia de un hecho superado. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Derecho de petición, 2º. El hecho superado, 3º. Las decisiones extra y ultra petita y 4º. La prestación del servicio de transporte en el sistema de salud. Se recuerda que los niños y niñas son sujetos de especial protección, por lo que sus derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter preferencial en el evento de que se presenten conflictos con otros intereses. Por lo anterior y con base en la facultad del juez de tutela para fallar más allá de las pretensiones iniciales de la peticionaria y, con el objeto de garantizar el acceso y la prestación del servicio de salud del menor de edad representado, se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada sufragar los gastos que demande su servicio de transporte y el de un acompañante, a fin de que asista a los controles y tratamientos mensuales que requiere su enfermedad, conforme a lo ordenado o prescrito por su médico tratante.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 470    Expediente   T-3367499    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-465/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    EFREN TIQUE DUCUARA VS. EJERCITO NACIONAL

Tema

En el presente caso el demandante aduce que fue reclutado en contra de su voluntad para prestar el servicio militar obligatorio y que, luego de ingresar a las filas, el Ejercito Nacional no resolvió las peticiones que elevó en cuanto a solicitar la baja del servicio por su condición de indígena y de hijo único de padres de avanzada edad, que además presentan un precario estado de salud. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Protección constitucional de la identidad cultural indígena. 2º. Forma de acreditación de la condición de indígena y 3º. Exclusión del servicio militar obligatorio consagrada en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993. Se CONCEDE el amparo al derecho fundamental a la identidad cultural y se ordena al Ejercito Nacional definir la situación militar del accionante de tal manera que se entienda que, para todos los efectos, a este se le debió dar la baja desde el día en que le fue notificada la presente acción de tutela, toda vez que por su condición de indígena se encuentra excluido de prestar servicio militar obligatorio. De manera simultánea se ordena al accionado que, una vez de cumplimiento a la disposición anterior, envíe copia de las mismas al juzgado de instrucción militar que adelanta la investigación por el delito de deserción en contra del actor, para que dentro del ámbito de su competencia, valore el hecho de que para el momento en que se inició la actuación ante esa jurisdicción, el demandante ya debía haber sido desvinculado de la institución.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 471    Expediente   T-3365496    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-466/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    CESAR AUGUSTO SOLANO OROZCO VS. JUZGADO TERCERO PERNAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA Y OTROS

Tema

Debido proceso, libertad, presunción de inocencia. Tutela contra providencia judicial. Afirma el accionante que dentro de un proceso penal adelantado en su contra por la supuesta participación dentro de múltiples hurtos en la modalidad de fleteo ocurridos en la ciudad de Bucaramanga, se le condenó injustamente por delito que jamás cometió y que la Fiscalía tampoco logró probar. Aduce igualmente que el precitado proceso estuvo impregnado con numerosas y graves irregularidades desde la etapa instructiva hasta la decisión de inadmisión de la demanda de casación. Finalmente alega que ni el apoderado ni el condenado convalidaron los vicios procedimentales que se venían presentando y que la condena a prisión constituyó un ostensible perjuicio irremediable en su contra. Las autoridades judiciales accionadas o vinculadas al proceso de tutela sostuvieron que su comportamiento se ajustó al marco legal vigente y que, si bien se pudo presentar alguna de las irregularidades indicadas por el accionante, lo cierto es que fue la actitud pasiva y negligente de la defensa técnica lo que permitió que se convalidara. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y 2º. Descripción de los defectos fácticos y sustantivo o material. La Sala encuentra que se configuró un vicio fáctico y de manera consecuente decide CONCEDER la tutela, dejar sin valor y efectos la sentencia acusada, ordenar proferir nuevo fallo excluyendo la prueba indebidamente aportada al proceso y valorar las restantes de acuerdo a la sana crítica y ordenar igualmente que el juzgado penal accionado disponga lo necesario en relación con la libertad inmediata del procesado.
Recibo Relatoria   23-5-2013 0:00


Item 472    Expediente   T-3410157 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   21-6-2012 0:00    Sentencia   T-467/12
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CARMEN CECILIA CARVAJAL Y OTRA VS. CAJACOPI E.P.S. S Y OTRA

Tema

Seguridad social, vida, salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En ambos casos las accionantes padecen de hipertrofia mamaria y por ello sus respectivos médicos tratantes prescribieron la cirugía de mamoplastia de reducción bilateral más la reconstrucción por colgajos, pero dicho procedimiento no fue autorizado por las E.P.S. demandadas bajo el argumento de no estar incluido en el POS-S. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala precisa las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Corporación en torno al derecho fundamental a la salud y a los procedimientos excluidos del POS-S, haciendo énfasis en las cirugías plásticas reconstructivas con carácter funcional y en las que tienen fines de embellecimiento. Se comprueba que en ambos casos se cumplen plenamente todos los presupuestos para proteger los derechos fundamentales de las demandantes y en tal sentido se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a CAJACOPI E.P.S-S de San Juan del César en la Guajira y a COOSALUD E.P.S. -S de la ciudad de Valledupar, autorizar las cirugías prescritas, previa evaluación médica por un equipo interdisciplinario que verifique si las situaciones clínicas de las pacientes siguen siendo las que se han hecho constar en las tutelas, previo su consentimiento informado, en cumplimeinto de lo determinado por los médicos tratantes.
Recibo Relatoria   8-10-2012 0:00


Item 473    Expediente   T-3390970    Fecha sentencia   22-6-2012 0:00    Sentencia   T-468/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUZ ELENA LOPEZ RAMIREZ VS. SANITAS E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. La accionante se encuentra afiliada al régimen contributivo en calidad de beneficiaria, a través de la E.P.S. SANITAS. La acción constitucional se instaura por la negativa de la accionada de realizar procedimientos quirúrgicos posteriores a una cirugía bariátrica, con el objeto de reducir el tejido adiposo sobrante en la pared abdominal y extremidades inferiores de la actora. La demandada negó la realización de los procedimientos requeridos, bajo la justificación de existir limitación en la cobertura de la E.P.S. y estar excluidos del POS. Luego de analizar jurisprudencia relacionada con el derecho al acceso a los servicios de salud y las cirugías plásticas reconstructivas con carácter funcional como parte del contenido del precitado derecho, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar a la E.P.S. accionada autorizar la realización de los procedimientos de reconstrucción pos-bariátrica prescritos por el médico tratante.
Recibo Relatoria   17-1-2013 0:00


Item 474    Expediente   T-3386018    Fecha sentencia   22-6-2012 0:00    Sentencia   T-469/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JOSE DANILO RAMIREZ MURCIA VS. JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE CALDAS Y OTROS

Tema

Alega el accionante que la caprichosa y arbitraria asignación de una fecha en un dictamen proferido por la Junta de Calificación de Invalidez de Caldas, impide el reconocimiento de la respectiva pensión por parte del fondo de pensiones y cesantías BBVA HORIZONTE, por no cumplir con el requisito de cotización de cincuenta semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. La Sala estima que no se conculcaron los derechos invocados por el accionante, en tanto no se configuró una conducta lesiva por parte de la Junta accionada en revisar la fecha de estructuración de la enfermedad del actor. Adicionalmente, se aclara que la protección especial que recae sobre las personas en estado de debilidad manifiesta no significa per se que automáticamente sean acreedoras de un derecho pensional, principalmente si no cuentan con el mínimo de requisitos no se concreta una situación particular de discriminación injustificada o el acaecimiento de una conducta lesiva por parte de las entidades accionadas. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON la acción de tutela deprecada.
Recibo Relatoria   15-10-2013 0:00


Item 475    Expediente   T-3380574    Fecha sentencia   22-6-2012 0:00    Sentencia   T-471/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    FENIBEL HINCAPIE MURIEL COMO AGENTE OFICIOSO DE ROSALBA MURIEL DE HINCAPIE VS. NUEVA E.P.S. S.A.

Tema

Salud, vida digna, mínimo vital. En el presente caso se instaura la acción de tutela contra la NUEVA E.P.S. S.A., por negar el cambio de una sonda a la agenciada, así como el suministro de insumos y medicamentos que requiere para el manejo y tratamiento de la enfermedad que padece. Se pretende con la acción constitucional, que la entidad demandada suministre en forma inmediata y continua el tratamiento integral a la paciente, así como el suministro de medicamentos y pañales ordenados por el médico tratante, el cambio de la sonda y el reembolso de las sumas de dinero asumidas de manera directa en la compra de dos de estos elementos. La Sala de Revisión analiza la siguiente temática: 1º. La protección del derecho a la salud por medio de la acción de tutela, frente a las decisiones de no proceder con el suministro de los medicamentos o tratamientos incluidos y excluidos del POS y, 2º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reembolso de prestaciones económicas. CONCEDID.


Recibo Relatoria   17-1-2013 0:00


Item 476    Expediente   T-3377624    Fecha sentencia   22-6-2012 0:00    Sentencia   T-472/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    GLORIA PATRICIA LONDOÑO RICAURTE VS. BANCO DE LA REPUBLICA

Tema

En este asunto la conducta causante de la vulneración de derechos alegada, tiene que ver con la suspensión unilateral del pago de la mesada pensional al accionante por parte del Banco de la República, con base en la retractación de los testigos de la unión marital de hecho que sirvieron de apoyo para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. La Sala constató que el banco accionado no acudió a la jurisdicción ordinaria para la revisión o revocatoria de la prestación, sino que, con base en un criterio propio y sin sustento legal, a mutuo propio, decidió luego de dos años, suspender el pago de la mesada reconocida. Concluye además que, el derecho a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso y derechos adquiridos, son tutelables cuando la suspensión unilateral de la mesada pensional se origina en causas subjetivas de interpretación de la entidad pagadora, diferentes a las establecidas en la ley, dejando expuesto al beneficiario a una situación de indefensión y a una alteración injustificada de su modus vivendi. CONCEDID.
Recibo Relatoria   4-9-2013 0:00


Item 477    Expediente   T-3374126 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   22-6-2012 0:00    Sentencia   T-473/12
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALONSO MONTERO COMO AGENTE OFICIOSO DE JOSE PROCULO FAJARDO HERRERA Y OTRO VS. EMSSANAR E.P.S. Y OTRA

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. A través de la figura de la agencia oficiosa se presentan las acciones de tutela en contra de las E.P.S. EMSSANAR y ALIANZALUD, por la presunta vulneración de derechos fundamentales al negar a los pacientes agenciados el suministro de medicamentos, procedimientos, insumos y elementos necesarios para el manejo de las patologías padecidas, así como la exoneración de cuotas moderadoras y copagos, bajo el argumento de estar excluidos del POS-S o porque el Comité Técnico Científico de la entidad consideró que las órdenes que los autorizaban estaban incompletas y carecían de sustento. Se reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes temas: 1º. Protección del derecho fundamental a la salud. 2º. La procedencia de la acción de tutela para reconocer el suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del POS o del POS-S. 3º. Funciones de los Comités Técnico Científicos de las E.P.S. en relación con la autorización de prestaciones no previstas en el Plan Obligatorio de Salud y 4º. La prohibición que tienen las entidades prestadoras de servicio en salud de interponer trámites administrativos o burocráticos que obstaculicen el acceso al servicio. Se decide en un caso DENEGAR el amparo solicitado en virtud del incumplimiento de uno de los requisitos fijados y seguidos por la jurisprudencia constitucional para todos aquellos casos en los cuales el juez debe tomar la decisión de proteger los derechos que encuentre amenazados o vulnerados inaplicando las normas que excluyen ciertos medicamentos del POS. En el otro asunto se CONCEDE PARCIALMENTE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos protegidos.
Recibo Relatoria   30-5-2013 0:00


Item 478    Expediente   T-3383139    Fecha sentencia   22-6-2012 0:00    Sentencia   T-470/13
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALIRIO CACERES MELGAREJO Y OTROS VS. JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA

Tema

En este asunto la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales está ligada a las actuaciones judiciales adelantadas en el marco de un proceso ejecutivo en contra de los accionantes, en el que se ordenó un remate y se aceptó la adjudicación del inmueble objeto de litigio, sin tener en cuenta que eran sujetos de especial protección constitucional debido a su condición de desplazados y víctimas de la violencia. Se pretende con la acción de tutela que se declare nula la cesión de derechos en litigio y la diligencia del remate realizado en el proceso ejecutivo hipotecario. Así mismo, que se ordene la suspensión el proceso ejecutivo hasta tanto se de trámite al proceso penal por secuestro y extorsión que se adelanta en la Fiscalía y tener la oportunidad de refinanciar el valor del inmueble objeto de litigio. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la especial protección constitucional de la población desplazada, la Sala decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Recibo Relatoria   16-8-2013 0:00


Item 479    Expediente   T-3366723    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-474/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    YULIETH ALEJANDRA ZABALA AREIZA VS. INPEC Y OTROS

Tema

Intimidad personal, libre desarrollo de la personalidad. En el presente caso se tiene que la accionante, quien se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín, elevó solicitud ante el Director de ese centro penitenciario para que se le concediera la visita íntima con su esposo, pero dicha petición fue denegada bajo el argumento de no contar con los recursos económicos ni administrativos suficientes para realizar el traslado de la cárcel de Medellín a la de Yarumal, donde se encontraba recluido su cónyuge, también en calidad de condenado. La Sala reitera que, 1º) Las visitas conyugales en establecimientos carcelarios constituyen un ámbito protegido de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar. 2º). El desarrollo de la sexualidad hace parte del derecho a la vida en condiciones dignas y al libre desarrollo de la personalidad y, 3º. La facultad discrecional del Director Regional del INPEC para autorizar las visitas íntimas de las personas condenadas y el traslado de internos a otros centros de reclusión para cumplir la misma, no es absoluta. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al accionado realizar todas las gestiones administrativas necesarias para permitir las visitas íntimas solicitadas, bajo las condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad, de acuerdo con las normas de seguridad y disciplina establecidas en el Reglamento del Régimen Interno del centro de reclusión donde se realicen las mismas.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 480    Expediente   T-3361907 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-475/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    VICTOR MANUEL JIMENEZ FUENTES Y OTROS VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En ambos casos estudiados se incoa la acción de tutela en contra de CAJANAL EICE EN LIQUIDACION por haber negado a los demandantes el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, bajo el argumento de no haber realizado aportes al Sistema General de Pensiones con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Luego de determinar la procedencia de las acciones de tutela presentadas, concluye la Sala que, una persona tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a pesar de que sólo haya efectuado cotizaciones antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a CAJANAL reconocer y pagar las prestaciones reclamadas, de acuerdo con las semanas de cotización o los tiempos de servicio que se encuentren debidamente acreditados.
Recibo Relatoria   27-9-2012 0:00


Item 481    Expediente   T-3356093    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-476/12
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CLAUDINA CRUZ MIRANDA VS. SANITAS E.P.S.

Tema

Salud, vida digna, integridad personal. En el presente caso se incoa la acción de tutela en contra de SANITAS E.P.S. por la presunta vulneración de derechos fundamentales, en tanto se negó a autorizar una cirugía de baypass gástrico por laparoscopia ordenado a la accionante por su médico tratante. La actora padece de obesidad mórbida con grave riesgo metabólico y de difícil manejo, así como diabetes tipo II y artritis reumatoide, por lo que el procedimiento quirúrgico se requiere para que pierda peso y mejore sus actuales condiciones de salud. El Comité Técnico Científico de la E.P.S. demandada negó la autorización, porque consideró que no era pertinente la realización del procedimiento. La Sala reitera que el Comité Técnico Científico debe manifestar a los usuarios las razones médicas o científicas en las cuales se fundamenta la negativa de autorizar un servicio de salud ordenado por un médico tratante y considera que SANITAS E.P.S. sí vulneró el derecho fundamental a la salud de la demandante, por no informarle cuáles son los procedimientos médicos alternativos que sustituyen o reemplazan la cirugía ordenada. Se CONCEDE.


Recibo Relatoria   22-8-2012 0:00


Item 482    Expediente   T-3363570    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-477/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA, REPRESENTANTE DE LA ONIC VS. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema

El accionante, representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONI-, demanda en acción de tutela a la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa libre e informada, a la propiedad colectiva, a la participación en la vida social y económica de la nación, a la identidad e integridad étnica y cultural, a la autonomía de los pueblos indígenas, a la protección de la riqueza cultural de la nación, al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de Colombia, en tanto expidió actos administrativos para otorgar el registro de dos marcas a un particular, con el objeto de comercializar productos a base de hoja de coca y permitir su uso con alusión a la cultura indígena. La Sala de Revisión, luego de analizar temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela, el carácter fundamental del derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas, la necesidad de protección del conocimiento tradicional indígena como manifestación del derecho a la identidad cultural y los postulados generales acerca del derecho de marcas, decide AMPARAR el derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas


Recibo Relatoria   31-5-2013 0:00


Item 483    Expediente   T-3292971    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-478/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Demandante / Demandado    MARTHA CECILIA MAYORGA LOPEZ VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Con la presente acción de tutela se pretende que la E.P.S. SALUDCOOP autorice la inmediata atención integral y especializada que requiere un niño menor de dos años, a quien se le diagnosticó Síndrome de Down. Se solicita igualmente que al menor se le garantice el cubrimiento total, permanente y oportuno, de todo el servicio de salud, tanto POS como NO POS y todos los servicios médicos, farmacológicos, terapéuticos, así como el suministro de insumos, pañales,, leche, servicios de trasporte y traslados en ambulancia, que se requieran para la recuperación integral del niño. De otra parte se solicita la exoneración del pago de las cuotas moderadoras y copagos. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud de niños y niñas. 2º. El acceso a los servicios de salud con calidad, eficacia y oportunidad. 3º. El suministro de servicios y medicamentos excluidos del POS: 4º. La posibilidad de exoneración en el pago de cuotas moderadoras y copagos. 5º. El principio de integralidad en la prestación de servicios de salud. Y, 6º. Las reglas aplicables para el suministro de insumos, tales como los pañales desechables. Concluye la Sala que la SALUDCOOP E.P.S. vulneró el derecho a la salud y a la dignidad del menor representado, toda vez que, al no acceder a las solicitudes planteadas, impuso barreras de acceso a los servicios de salud por él requeridos. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 484    Expediente   T-3353576    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-479/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANACLETO HERRERA OCHOA EN REPRESENTACION DE SU HIJA ROCIO DEL PILAR HERRERA VERA VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

Tema

Vida digna, seguridad social, salud. Con la presente acción de tutela pretende el accionante que la Policía Nacional reanude la prestación asistencial a su hija mayor de edad, dada las afecciones mentales que ésta padece y la condición de hija de un agente retirado de la institución. La entidad accionada denegó la pretensión del actor, al estimar que la representada no era beneficiaria del subsistema de salud, por obtener una calificación que no superó el 50% de incapacidad. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la tutela para personas de especial protección constitucional y 2º. Protección del derecho fundamental a la salud y el principio de continuidad en su prestación. Se reitera que en virtud del principio de continuidad en la prestación del servicio médico, cuando una persona pierde la calidad de beneficiario en el sistema de salud, no es factible interrumpir los tratamientos médicos que estén en curso, hasta tanto no se garantice la continuidad por parte de algún otro operador del sistema de seguridad social en salud. Se CONCEDE la tutela y se ordena reanudar de manera integral los servicios médicos asistenciales que se venían prestando a la representada.
Recibo Relatoria   10-9-2012 0:00


Item 485    Expediente   T-3395014    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-480/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS HINDERBURG MURILLAS TAFURT VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIAL

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso. El accionante tiene más de 80 años de edad y tras una larga espera el ISS resolvió negarle el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, argumentando el incumplimiento del requisito de cotización equivalente a veinte años de servicio. De manera adicional el accionado le informó al actor que, para el estudio del reconocimiento de la prestación se le dejaron de contabilizar unos períodos por no obrar dentro de la carpeta pensional, certificación detallada de las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad social en salud. Cuando se interpuso la acción de tutela, la entidad demandada aún no había resuelto los recursos interpuestos contra la decisión que negó de la prestación. La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 2º. La cotización en el régimen de seguridad social en salud, como requisito constitucional y legal indispensable para que sean tenidas en cuenta las cotizaciones efectuadas en el régimen de seguridad social en pensiones. Se CONCEDE la protección invocada y se imparten una serie de órdenes a la entidad demandada, para que proceda a tramitar el reconocimiento y pago de la prestación reclamada por el accionante.
Recibo Relatoria   23-7-2012 0:00


Item 486    Expediente   T-3390831    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-481/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAEL CANO VARGASQ VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Vida digna, salud. En el presente caso se analiza si la E.P.S. SALUDCOOP vulneró derechos fundamentales de la accionante, al negarle la autorización del pago de los gastos de traslado desde su vivienda en el municipio de Ibagué hasta la ciudad de Bogotá, donde le practicarían una valoración y tratamiento médico para determinar la pertinencia de un procedimiento quirúrgico denominado reducción de tejido adiposo de pared abdominal por liposucción. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada realizar las diligencias necesarias para garantizar el pago del transporte y de la estadía de la demandante que tenga por objeto tratar el exceso de tejido adiposo en el torso de la paciente, conforme a lo establecido por el médico tratante. Se reconoce a la E.P.S. demandada el derecho de repetir contra el Estado a través del FOSYGA, para recuperar todos los gastos en los que incurra y que legalmente no le corresponda asumir en la ejecución de la orden impartida.
Recibo Relatoria   30-7-2012 0:00


Item 487    Expediente   T-3383401    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-482/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    TERESA POLANIA DUSSAN VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL CUNDINAMARCA Y OTRO

Tema

Debido proceso, hábeas data, seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales le negó a la actora el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo el argumento de no cumplir con las semanas mínimas de cotización exigidas para tener derecho a dicha prestación. Concretamente adujo no haber acreditado 500 semanas en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida y la imposibilidad de mantenerle el régimen de transición, porque de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2005, no cumplía con el requisito de tener un mínimo de 750 semanas cotizadas a la fecha de entrada en vigencia de dicha disposición. La demandante alega que existen inconsistencias en la base de datos del ISS y moras en el pago de algunos aportes por parte del empleador, hechos que conllevaron a que el cómputo de semanas reportadas en su historia laboral no fuera el correcto. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de pensión de vejez. 2º. Escenarios constitucionales de protección ante las inconsistencias en el cómputo de semanas cotizadas al sistema general de seguridad social en pensiones, con miras de acceder a la prestación de vejez. 3º. Imposibilidad de poder imputar como carga administrativa al trabajador la mora del empleador en el pago de aportes para el riesgo de vejez. Tras concluir que la actora tiene derecho a la pensión de vejez bajo los parámetros que establece el Acuerdo 049 de 1990, se decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar al accionado efectuar la corrección y actualización de la historia laboral de la actora y efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que tiene derecho.
Recibo Relatoria   23-7-2012 0:00


Item 488    Expediente   T-3367627    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-483/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    CLAUDIA PATRICA OSPINA GARCIA VS. JUZGADO SEXTO DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLIN Y OTRO

Tema

Debido proceso, defensa. Tutela contra providencia judicial. Solicita la accionante que se protejan los derechos fundamentales de sus menores hijos, los cuales considera vulnerados por los despachos judiciales que tramitaron un proceso penal iniciado en su contra por el delito de homicidio agravado, a través del cual se le condenó a una pena principal de 208 meses de prisión y se le negó el subrogado penal de prisión domiciliaria, por superar la pena impuesta los ocho años de prisión y no demostrar ser cabeza de familia, en razón a que sus tres hijos no se encontraban en estado de abandono o desprotección. Se analiza temática relacionada con las causales generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, los subrogados de la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica y, el menor como sujeto de especial protección constitucional. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado, pero se pone en conocimiento del ICBF la presente decisión para que actúe conforme a su competencia, e intervenga en la situación de los menores hijos de la demandante y les provea la asistencia y apoyo que requieran a nivel moral, psicológico y económico.
Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 489    Expediente   T-3360567    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-484/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    URBILIO OSPINA GIRALDO VS. MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Tema

Se reclama el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en virtud de la muerte del hijo del accionante, quien falleció en combate cuando se desempeñaba como soldado voluntario al servicio del Ejército Nacional. La pensión se negó, según la demandada, porque la legislación aplicable al caso no establecía reconocimiento prestacional alguno. Procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones en tratándose de sujetos de especial protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia. Naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes y régimen aplicable a las Fuerzas Militares respecto de dicha prestación. Al encontrar vulnerado el derecho al mínimo vital, se CONCEDE la tutela y se ordena el reconocimiento y pago de la pensión solicitada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 447 de 1998.
Recibo Relatoria   30-5-2014 0:00


Item 490    Expediente   T-3352237    Fecha sentencia   25-6-2012 0:00    Sentencia   T-485/12
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    NOLLY TERESA GUERRERO VERA VS. BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS

Tema

Seguridad social, mínimo vital, salud. La demandante aduce que BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías vulneró sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, bajo el argumento de no contar con las cincuenta semanas cotizadas al sistema en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la pensión de invalidez y los requisitos exigidos para su reconocimiento, la Sala encuentra que la fecha de estructuración determinada por las entidades encargadas de realizar el dictamen no correspondió con el momento en que efectivamente la actora sufrió la pérdida permanente y definitiva de capacidad y, en consecuencia, no se ajustó a lo que el Manual de Calificación de Invalidez, en su artículo 3º exige al respecto, es decir, que la fecha de estructuración es aquella en que ocurre esta situación. Se ordena a la entidad accionada que tome como fecha de estructuración de invalidez de la actora, la fecha en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander emitió dictamen definitivo de pérdida de capacidad laboral y en consecuencia, reconozca y pague la pensión de invalidez reclamada.


Recibo Relatoria   21-11-2012 0:00


Item 491    Expediente   D-8693    Fecha sentencia   27-6-2012 0:00    Sentencia   C-489/12
Ponente   ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Sv/Av  AV GEMM, SPV LEVS, AV HASP
Demandante / Demandado    ROBERTO DE JESUS DAZA ZABALETA Y OTROS VS. LEY 1454 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Los demandantes solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma acusada, argumentando que ésta desconoció los principios constitucionales para la organización político administrativa del territorio colombiano y porque existieron vicios en su formación, relacionados con el voto nominal y público. La Corte se declaró INHIBIDA para conocer de la inconstitucionalidad de la Ley 1454 de 2011 por los cargos propuestos por los demandantes. Sin embargo, al constatar la configuración de una omisión legislativa absoluta reiteró la incompetencia al respecto y procedió a EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que regulen lo concerniente a las regiones como entidades territoriales y expidan el proyecto de ley especial que reglamente lo relativo a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas.
Recibo Relatoria   11-9-2012 0:00


Item 492    Expediente   D-8755 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   27-6-2012 0:00    Sentencia   C-490/12
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARIA JANETH RODRIGUEZ Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03 de 2011. Por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Se acumulan demandas. Los actores coinciden en afirmar que en el trámite mediante el cual fue aprobado el Acto Legislativo de la referencia, se incurrió en un vicio por desconocimiento del artículo 375 Superior. La Sala considera que en el asunto de la referencia se proponen los mismos cargos que con anterioridad fueron analizados por la Corporación, motivo por el cual decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-332/12, en razón a que la misma ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.
Recibo Relatoria   16-8-2012 0:00


Item 493    Expediente   D-8842    Fecha sentencia   28-6-2012 0:00    Sentencia   C-491/12
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SPV GEMM, AV NPP, SV JIPC
Demandante / Demandado    DAVID DELGADO VITERY VS. LEY 1453 DE 2011, ARTICULO 11 (PARCIAL)

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. A juicio del actor, al eliminar del texto del artículo parcialmente demandado la expresión “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal”, se discrimina negativamente a quienes consumen la dosis para uso personal, porque se tipifica como delito el portar consigo dicha dosis. La Corte precisa que la norma acusada permite al menos dos interpretaciones, la primera, de naturaleza literal, consistente en que las conductas alternativas previstas en el tipo penal de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes del artículo 376 del C.P., en la versión modificada por la Ley 1453 de 2011, incluye dentro de su ámbito la penalización del porte de las sustancias allí relacionadas en cantidad considerada como dosis para uso personal, en la medida que no hace ninguna salvedad al respecto y, la segunda, que toma en cuenta el contexto, los principios constitucionales en materia de configuración punitiva y los antecedes jurisprudenciales, según el cual la regulación del porte de dosis para uso personal no se encuentra dentro del ámbito normativo del artículo 376 de la Ley 599 de 2000, y por ende, no está penalizada. Ante estas dos interpretaciones la Corte acoge aquella que se aviene a los mandatos constitucionales y excluye la que los contraviene. En tal sentido declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo demandando, en el entendido de que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, a las que se refiere el precepto acusado. En consecuencia, el condicionamiento de la presente decisión deja intacta la posibilidad de que se penalicen las conductas consistentes en “vender, ofrecer, financiar y suministrar”, con fines de comercialización, las sustancias y drogas de que trata el artículo 376 del Código Penal, en cualquier cantidad.
Recibo Relatoria   16-8-2012 0:00


Item 494    Expediente   T-3307480    Fecha sentencia   28-6-2012 0:00    Sentencia   T-492/12
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MIYERLAD PATIÑO VS. PERSONERIA DE CALI

Tema

Trabajo, mínimo vital, salud. Alega la accionante que la Personería Municipal de Cali vulneró sus derechos fundamentales, al declararle insubsistente su nombramiento en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Calidad, cuando presentaba quebrantos de salud. Se solicita e a través de la acción constitucional que se declare el acto administrativo como contrario a