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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
RELATORIA

Item 1    Expediente   T-3582799    Fecha sentencia   11-1-2013 0:00    Sentencia   T-001/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ICFES VS. JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE POPAYAN Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se interpone la acción de tutela en contra de las decisiones judiciales adoptadas por el Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca dentro de un proceso de reparación directa, mediante las cuales se declaró la responsabilidad y se condenó al pago de perjuicios morales en cuantía de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes al Ministerio de Educación Nacional y al ICFES, por la presunta omisión en sus funciones de inspección y vigilancia sobre la Universidad Libre de Popayán, al no haber cumplido esta institución educativa la obligación de registrar previamente en el SNIE, el pénsum de la carrera de derecho cursada por el demandante. Se alega la configuración de defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial. La Sala de Revisión concluye que, las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho constitucional al debido proceso de las entidades accionantes, al desconocer las reglas y principios establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la tasación de perjuicios morales. Se indica, que se vulnera el precitado derecho cuando una autoridad judicial desconoce o se aparta del precedente judicial establecido por los máximos órganos judiciales de su respectiva jurisdicción, si justificar de manera suficiente y razonada su decisión. Se CONCEDE la tutela y se ordena dictar sentencia de reemplazo en la que se observen los parámetros y criterios sentados en esta sentencia, respecto a la obligación de motivar la decisión sobre la cuantía de la condena por perjuicios morales, con base en los principios de equidad, razonabilidad y reparación integral establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado.


Recibo Relatoria   16-4-2013 0:00


Item 2    Expediente   T-3611141    Fecha sentencia   11-1-2013 0:00    Sentencia   T-002/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    ANUAR ILIAN GIRON CARMONA VS. ISS SECCIONAL VALLE

Tema

Al actor se le calificó la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 68.90% y el ISS le negó el reconocimiento y pago de la pensión reclamada, argumentando el incumplimiento del requisito de las cincuenta semanas de cotización al Sistema General de Pensiones, antes de la fecha de estructuración de la invalidez. La Sala de Revisión recuerda los requisitos establecidos por la Ley para el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez y decide TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, petición y al debido proceso administrativo del actor y en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada.
Recibo Relatoria   29-10-2013 0:00


Item 3    Expediente   T-3608163    Fecha sentencia   11-1-2013 0:00    Sentencia   T-003/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARIA GRACIELA BAOS COMO AGENTE OFICIOSA DE EDUARDO GUAMANGA JOAQUI Y OTRA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRA

Tema

En este caso se aduce vulneración de derechos fundamentales por parte del Instituto de Seguros Sociales al negar el reconocimiento de una pensión de invalidez, por no acreditar el asegurado las cincuenta semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la incapacidad. La solicitud de amparo fue negada en sus dos instancias por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad y, por la falta de certeza de la titularidad del derecho. La Corte decide NEGAR el derecho solicitado, en tanto se demostró que la conducta de la entidad accionada estuvo acorde con la legislación vigente, en la medida que la negativa de la prestación se dio por el incumplimiento de los requisitos que la ley exige para su reconocimiento.
Recibo Relatoria   18-11-2013 0:00


Item 4    Expediente   T-3595542    Fecha sentencia   11-1-2013 0:00    Sentencia   T-004/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV LGGP
Demandante / Demandado    MARIA INES MUÑOZ DE NUÑEZ VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. A través de la figura de la agencia oficiosa se instaura la acción de tutela en representación de una persona de 77 años de edad, que padece secuelas de accidente cerebrovascular y otra serie de patologías que le generan úlceras y escaras sobreinfectadas. Debido a las múltiples patologías, la paciente requiere el servicio de enfermería domiciliaria, terapias especiales y varios elementos e insumos para su manejo, los cuales no han sido autorizados por la entidad accionada, bajo el pretexto de no existir prescripción médica para ellos. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho a la salud como derecho fundamental y sobre el derecho al diagnóstico. Se CONCEDE la tutela y se ordena realizar valoración a la paciente para que se determine la situación médica que la aqueja, a fin de que los profesionales prescriban todos los medicamentos y servicios requeridos para su manejo.
Recibo Relatoria   25-2-2013 0:00


Item 5    Expediente   T-3567924    Fecha sentencia   11-1-2013 0:00    Sentencia   T-005/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    AUGUSTO RAMIREZ GASCA VS. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tema

El actor señala que la decisión adoptada por la Contraloría General de la República, en audiencia pública celebrada dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia. Para fundamentar su queja aduce la ocurrencia de un defecto orgánico, por no haberse decretado en su momento, a pesar de estar configurada, la caducidad de la acción. Así mismo aduce la configuración de un defecto procedimental, consistente en haber obrado por fuera del procedimiento establecido para resolver la consulta y, en desconocimiento directo de la Constitución, por haber producido un detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, al interpretar una norma de manera contraria a la Carta Política. La Sala concluye que la entidad accionada tiene competencia para avocar el conocimiento de un proceso en grado de consulta y para tomar las decisiones que en derecho corresponda, cuando el contenido del auto objeto de la consulta involucra elementos materiales de un auto de archivo. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   25-2-2013 0:00


Item 6    Expediente   T-3604133    Fecha sentencia   11-1-2013 0:00    Sentencia   T-006/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUZ INES ROBLEDO CAICEDO VS. JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ

Tema

En este caso se presenta la acción de tutela para solicitar que se imparta la orden a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de revocar un dictamen pero únicamente en lo relacionado con la fecha de estructuración de la invalidez. La Sala de Revisión no estima conculcados los derechos invocados por la accionante, en la medida que las pruebas aportadas al proceso no demostraron que el dictamen impugnado haya sido arbitrario o contrario a las formas propias del procedimiento de calificación consagradas en el Manual Único de Calificación de Invalidez,, toda vez que se evidenció que la fecha de estructuración se determinó con base en toda de la historia clínica, sin desconocer los diagnósticos de las enfermedades que la actora sufrió previamente. Se resuelve NEGAR el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   25-2-2013 0:00


Item 7    Expediente   T-3496735 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   18-1-2013 0:00    Sentencia   T-007/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    GUILLERMO GIRALDO JIMENEZ Y OTRO VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL

Tema

Debido proceso, indexación de la primera mesada pensional. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se demandan en sede de tutela las decisiones judiciales que negaron el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional de los actores, argumentado para ello que el derecho reclamado se causó con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Se solicita dejar sin efectos estas sentencias, toda vez que en ellas se incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente. Se solicita además, ordenar la actualización de la pensión de jubilación de los actores de acuerdo con la variación del índice de precisos al consumidor (IPC), certificado por el DANE. La Sala estudia los siguientes temas: 1º. Jurisprudencia constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y el denominado derecho a la indexación de la primera mesada pensional y 3º. La exigibilidad del derecho a situaciones consolidadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. Luego de establecer que las sentencias proferidas incurrieron en una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por violación directa de la Constitución, se decide CONCEDER el amparo reclamado, dejar sin efectos las sentencias impugnadas y ordenar el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU1073/12.


Recibo Relatoria   18-2-2013 0:00


Item 8    Expediente   T-3599100    Fecha sentencia   21-1-2013 0:00    Sentencia   T-008/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    INELDA PEÑALOZA MORENO VS. INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.

Tema


Mínimo vital, seguridad social, estabilidad laboral reforzada, fuero de maternidad en protección de la gestante y el niño por nacer. En el presente asunto la Sala analiza si, al terminar el contrato de trabajo de la accionante no obstante su estado de embarazo y sin mediar permiso previo de la autoridad correspondiente, la empleadora Internacional de Negocios S.A., vulneró derechos fundamentales de la actora y del hijo por nacer. La empresa accionada argumentó la suscripción de un acta de terminación de contrato por mutuo acuerdo. Se reitera jurisprudencia existente relacionada con: 1º. El fuero constitucional e internacional de la maternidad y, 2º. El derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo y durante el período de lactancia. La Sala precisa que una transacción, mal tildada como contractual civil, en ningún caso es válida si se opone a dictados constitucionales tan claros como la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, máxime, como en el caso concreto, cuando la trabajadora es madre soltera y su hijo recién nacido y los otros a su cargo, se quedan sin recursos económicos porque el único medio de subsistencia lo constituía el salario que devengaba. Se TUTELAN los derechos reclamados y se ordena el reintegro, el cubrimiento de la licencia de maternidad y los salarios, prestaciones y aportes, como si no hubiera existido solución de continuidad. Además se ordena el pago de la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo y los gastos en que hubiere incurrido la actora a causa de la maternidad, que en condiciones normales son de responsabilidad de la E.P.S. respectiva.

Recibo Relatoria   13-2-2013 0:00


Item 9    Expediente   T-3599645    Fecha sentencia   21-1-2013 0:00    Sentencia   T-009/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ONIC VS. INCODER Y OTRO

Tema

La Organización Indígena de Colombia (ONIC) solicita que se amparen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de la comunidad Arizona-Cupepe del pueblo Sikuani del municipio de Cumaribo del Departamento de Vichada y, en consecuencia pide que se ordene al INCODER y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, emitir la titulación inmediata del resguardo indígena de la comunidad mencionada. Se alega en la tutela que la demora en la titulación y reconocimiento del resguardo conlleva no solo la vulneración de derechos fundamentales, sino que además genera consecuencias negativas en aspectos como la educación y la economía, toda vez que no se asignan docentes al resguardo y no se tiene acceso al sistema general de participaciones. La Sala se refiere al derecho al territorio y a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y decide CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, a la identidad cultural, a la propiedad colectiva, a la vida digna, a la educación y a la autodeterminación de la comunidad Sikuani Arizona Cupepe. Con base en lo anterior, ordena al INCODER que en el término de seis meses culmine el proceso de constitución del resguardo de la precitada comunidad indígena, previo agotamiento del trámite establecido en los Decretos 2164 de 1995, 1397 de 1996 y 982 de 1999. Igualmente se imparten una serie de órdenes y advertencias tendientes a garantizar que el proceso ordenado tenga el acompañamiento y vigilancia debida y se realice dentro del término establecido.


Recibo Relatoria   8-3-2013 0:00


Item 10    Expediente   D-9148    Fecha sentencia   23-1-2013 0:00    Sentencia   C-010/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC SV JIPC
Demandante / Demandado    JOSE MANUEL ABACHAIBE ESCOBAR VS. ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 05 de 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. El demandante sostiene que al aprobar el Acto Legislativo 05 de 2011, el Congreso excedió su competencia para reformar la Constitución, pues en realidad la sustituyó parcialmente y reemplazó elementos definitorios de la forma de Estado que el constituyente adoptó en 1991, en particular los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales. La Corte constató que el Congreso no excedió esos límites, sino que por el contrario, conservó y ratificó los componentes esenciales del núcleo de autonomía reconocido por el constituyente de 1991 a las entidades territoriales. Se declara la EXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 05 de 2011, por los cargos analizados en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   4-3-2013 0:00


Item 11    Expediente   D-9107    Fecha sentencia   23-1-2013 0:00    Sentencia   C-011/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  SV MGC, SV LGGP
Demandante / Demandado    JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO VS. LEY 1520 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1520 de 2012, por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica. El demandante plantea que la Ley 1520 de 2012 es inconstitucional en su integridad y advierte dos vicios en su procedimiento de formación. La Corte constató la existencia de un vicio en el procedimiento de formación de la Ley, ya que siendo la materia predominante la regulación de derechos de autor y sus derechos conexos, al igual que la propiedad industrial, sin desconocer que dicha ley se expedía con el fin de implementar compromisos adquiridos por el Estado colombiano, la competencia por razón de la especialidad para su aprobación en primer debate correspondía a las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, y no a las Segundas como efectivamente ocurrió. A este respecto, se cita como antecedente la sentencia C-975/02, en la que se consideró que la falta de competencia de las Comisiones Permanentes constituye un vicio insubsanable. INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   11-3-2013 0:00


Item 12    Expediente   D-9195    Fecha sentencia   23-1-2013 0:00    Sentencia   C-012/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JUAN PABLO BARRIOS REINA Y OTRA VS. DECRETO LEY 019 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 58, 59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Los demandantes consideran que la notificación de los actos administrativos tributarios mediante aviso publicado en el portal de la web de la DIAN o en las instalaciones de la entidad, desconoce el debido proceso, la obligación de garantizar un orden justo, así como el deber de asegurar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, al trasladar al ciudadano una carga que es exclusiva de la administración y que consiste en tener que ingresar de forma permanente en la página Web o dirigirse a las instalaciones de dicha entidad, para verificar si en algún momento es requerido por la misma, ya que la administración podría acudir a este tipo de notificación cuando por cualquier razón no sea posible notificar por correo. En el presente caso la Corte determinó que la notificación de los actos de la administración tributaria mediante aviso en lugar de acceso al público de la misma entidad y en el portal de la Web de la DIAN, cuando hayan sido devueltos por el correo, no vulnera el debido proceso ni la efectividad de los derechos y deberes constitucionales. Las expresiones acusadas se declaran EXEQUIBLES.


Recibo Relatoria   29-1-2013 0:00


Item 13    Expediente   D-9162    Fecha sentencia   23-1-2013 0:00    Sentencia   C-013/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ADELAIDA PORTILLA LIZARAZO Y OTROS VS. DECRETO LEY 019 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Los demandantes consideran que la norma acusada viola el artículo 84 de la Constitución, en la medida que exige un trámite que se estima innecesario. Así mismo consideran que vulnera el artículo 83 superior, al poner en duda la voluntad de las partes y el artículo 229, al impedir y obstaculizar el acceso a la justicia. Por último consideran que la norma demandada desconoce la división del poder en las tres ramas del poder público y la facultar de investir a los particulares de la función de administrar justicia, pues restan valor a la decisión que un particular, en calidad de administrador judicial, tome respecto a los derechos de otras personas. La Corte reitera la jurisprudencia establecida en la sentencia C-634/12 en el sentido que, acusar el artículo 90 del Decreto Ley 019 de 2012 de imponer al acta de conciliación el requisito de constituirse en escritura pública, es un cargo que carece de certeza, pues acusa un contenido normativo supuesto por los accionantes y no una regla jurídica que efectivamente se deriva del artículo acusado. La Sala se declara INHIBIDA para decidir de fondo.
Recibo Relatoria   5-2-2013 0:00


Item 14    Expediente   D-9168    Fecha sentencia   23-1-2013 0:00    Sentencia   C-014/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    YIBE KATHERINE GOMEZ MORENO Y OTROS VS. ARTICULOS 13 Y 14 LEY 1520 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 14 de la Ley 1520 de 2012, por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su Protocolo modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica. Los demandantes consideran que la norma, al prohibir la retransmisión a través de Internet de señales de televisión (terrestre, cable o satélite), sin la autorización del titular del contenido de la señal, impide el acceso gratuito a la misma, desconoce la función principal de establecer las condiciones para alcanzar una igualdad real y efectiva entre todas las personas y coarta varios derechos. Luego de constatar la existencia de cosa juzgada constitucional, en virtud de que la norma demandada fue declarada inexequible y retirada del ordenamiento jurídico en una providencia previa, se decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-011/13.
Recibo Relatoria   20-2-2013 0:00


Item 15    Expediente   D-9182    Fecha sentencia   23-1-2013 0:00    Sentencia   C-015/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    NILSON GIOVANNY MORENO LOPEZ VS. LEY 1527 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones. Para el actor, la disposición acusada vulnera el artículo 158 de la Constitución Política, al regular asuntos sustantivos ajenos al contenido temático de la ley. La Corte considera que no satisface el principio de unidad de materia una disposición que contenida en una ley regulatoria del régimen o marco general de la libranza o descuento, como su materia dominante, incorpore disposiciones relativas a regulaciones de las sociedades comisionistas de bolsa; el régimen tributario y contable de los contratos de leasing con opción de compara y para proyectos de infraestructura, por carencia de conexidad con el núcleo temático de dicha ley. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del aparte acusado, por vulneración de la regla de unidad de materia.
Recibo Relatoria   29-1-2013 0:00


Item 16    Expediente   D-9091    Fecha sentencia   23-1-2013 0:00    Sentencia   C-016/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO VS. DECRETO LEY 019 DE 2012, ARTICULOS 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223, 224

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. El demandante considera que los apartes normativos acusados contravienen lo dispuesto en los artículos 3, 13, 20, 29, 121, 150-10, 209 y 228 de la Constitución Política. Para la Corte, la publicidad de la actividad contractual del Estado por medios electrónicos, es una opción que procede dentro de las facultades extraordinarias conferidas para suprimir y reformar trámites innecesarios en la administración pública. Se decide: 1º. Declarase INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados contra los artículos demandados por la presunta violación de los artículos 3, 13, 121 y 229 de la Carta. 2º. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-711/12, en lo relacionado con el cargo consistente en la supuesta vulneración del principio de publicidad por parte del artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012. 3º. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-012/13, en lo relacionado con el cargo de vulneración de la no garantía efectiva de los derechos y deberes, respecto de los artículos 59, 61 y 62 del referido decreto y, 4º. Declarar EXEQUIBLES, únicamente por los cargos analizados, los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012.
Recibo Relatoria   31-5-2013 0:00


Item 17    Expediente   T-3647376    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-017/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ANTONIO JOSUE MORALES AMPUDIA COMO AGENTE OFICIOSO DE ANTONIO JOSE MORALES RODELO VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

En el presente asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la E.P.S. COOMEVA, al negarse a suministrar un medicamento a un paciente de 94 años de edad que padece demencia senil y otras patologías, bajo el argumento de no estar incluida en el Plan Obligatorio de Salud y no existir en la historia clínica del paciente evidencia de su utilización. El accionante, quien actúa en representación de su progenitor, aduce que el no suministro del medicamento incide de manera grave en la salud de su padre, deteriora su calidad de vida y retrasa la atención que requiere para mejorar sus problemas de salud. Igualmente indica, que él ha estado asumiendo el valor del medicamento para no dilatar la evolución médica de su padre, pero que el costo es muy elevado para continuar haciéndolo. Para resolver el caso se reiteran las reglas constitucionales que determinan la autorización de medicamentos excluidos del POS a través de la acción de tutela, profundizando especialmente sobre el requisito relativo a la incapacidad real de sufragar el costo del medicamento o del tratamiento requerido. Al comprobar que el modo de vida del solicitante no se ve afectado en ninguna medida por el hecho de sufragar con sus propios recursos económicos el valor del medicamento requerido, la Sala confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo constitucional incoado. Se resalta lo reprobable que resulta utilizar la acción de tutela en aras de obtener el reconocimiento de una prestación excluida del POS que puede ser costeada íntegramente por el promotor del proceso. Se indica que, utilizar esta vía excepcional para esos efectos, denota una auténtica trasgresión del deber de solidaridad que exige que los ciudadanos contribuyan en la medida de sus posibilidades al equilibrio financiero del sistema de salud y congestiona la administración de justicia en detrimento de quienes merecen, realmente, la protección eficaz y oportuna de sus derechos fundamentales.
Recibo Relatoria   17-4-2013 0:00


Item 18    Expediente   T-3625269    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-018/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    YESID QUETAMA GIRALDO VS. MADERAS P Y P

Tema

Estabilidad laboral reforzada. En este asunto se alega que la empresa Maderas P Y P vulneró derechos fundamentales del actor al dar por terminado su contrato de trabajo bajo el argumento de la configuración de justas causas, toda vez que desarrolló en forma inadecuada las funciones que le fueron asignadas luego de ser reubicado en un nuevo puesto de trabajo, tras el accidente laboral que sufrió. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el alcance de la estabilidad laboral reforzada en personas discapacitadas y de concluir que la sociedad demandada vulneró este derecho al despedir al actor sin tener en cuenta su limitación y sin mediar el permiso de la autoridad de trabajo correspondiente, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar, entre otras medidas, el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el accionante desde la fecha de su despido.
Recibo Relatoria   17-4-2013 0:00


Item 19    Expediente   T-3571877    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-019/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MUNICIPIO DE TUNJA VS. JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se demanda en sede de tutela la decisión adoptada por la autoridad judicial que resolvió una demanda ejecutiva de mayor cuantía presentada por el Consorcio C & V en contra del Centro de Capacitación Agroindustrial y Comercial de Boyacá S.A. El accionante es una entidad territorial que alega la ocurrencia de defectos orgánico, sustancial y procedimental, los cuales presenta como eventuales irregularidades en el proceso ejecutivo, tales como la indebida conformación del listisconsorcio y la competencia del juez para decidir, bien por falta de jurisdicción o por la existencia de una cláusula compromisoria. La Sala encuentra que los argumentos esgrimidos por la accionante como vulneradores del derecho fundamental debieron ser alegados al interior proceso ejecutivo y mediante un incidente de nulidad. Recuerda igualmente que no es la acción de tutela la llamada a reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa, ni a revivir oportunidades procesales que no fueron agotadas en su debido momento. Precisa, que es posible reconocer la legitimidad por activa de una parte que no participó en el proceso ejecutivo siempre que se acredite un interés en el resultado del mismo, pero que es posible, como en el caso concreto ocurrió, que los hechos que fundamental la legitimidad para actuar desaparezcan y quede, en consecuencia, desvirtuada esa legitimidad por activa en la acción de tutela. SE DENIEGA.
Recibo Relatoria   17-4-2013 0:00


Item 20    Expediente   T-3605418    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-020/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    OLGA LUICIA HUERFANO ALFARO VS. SALUD CONDOR E.P.S.S.

Tema

Salud, vida digna. En el presente caso el problema jurídico a resolver está encaminado a determinar si las entidades accionadas vulneraron derechos fundamentales de una afiliada al régimen subsidiado de salud, al no prestarle los servicios que requiere por afrontar conflictos administrativos entre ellas, que hacen que se trasladen unas a otras la responsabilidad de la atención médica, alegando que la patología que presenta la paciente es un evento NO POS. La Sala de Revisión reitera reglas jurisprudenciales relativas a: 1º. La protección constitucional del derecho fundamental a la salud. 2º. El acceso a los a los servicios excluidos del plan obligatorio de beneficios. 3º. El alcance de las obligaciones de las entidades que intervienen en la prestación de los servicios de salud en el régimen subsidiado y 4º. El derecho al diagnóstico como componente integral del derecho a la salud. Se CONCEDE la protección solicitada y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos protegidos.
Recibo Relatoria   18-4-2013 0:00


Item 21    Expediente   T-3595418    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-021/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JORGE ALFREDO BURGOS VS. ISS HOY COLPENSIONES

Tema

En el presente caso se tiene que el Instituto de Seguros Sociales le negó al accionante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada, argumentando que como no se encontraba afiliado al Sistema de Seguridad Social para el momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no era posible aplicarle el régimen de transición y, en esa medida, debía cumplir con los requisitos señalados en la misma para acceder a la referida prestación. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de pensiones, los requisitos para acceder al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y los necesarios para obtenerla de acuerdo con el Decreto 758 de 1990. La Sala considera que la entidad accionada vulneró los derechos al debido proceso, a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital del actor y, en tal sentido, decide CONCEDER la tutela y ordenar a la demandada expedir un nuevo acto administrativo en el cual reconozca y liquide la pensión de vejez a la que tiene derecho el actor.
Recibo Relatoria   17-4-2013 0:00


Item 22    Expediente   T-3607629    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-022/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NANCY ALEXIS RAMIREZ PEÑUELA VS. AFP PROTECCION S.A.

Tema

Igualdad, seguridad social. En el 2012 la accionante fue calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 53.15%, con fecha de estructuración del 24 marzo de 1980, es decir, desde su nacimiento, debido a que la discapacidad la generó una enfermedad congénita degenerativa. Luego de tener el dictamen, la actora solicitó a la AFP PROTECCION S.A., el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y esta petición fue denegada bajo el argumento de que la estructuración de la invalidez fue establecida en un momento anterior a la vinculación al sistema. La demandante es madre cabeza de familia de dos hijos menores de edad, ha laborado y cotizado al sistema de pensiones por un período significativo de tiempo y sus ingresos no son suficientes para suplir sus necesidades básicas y las de su familia. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez de personas con discapacidad. 2º. Protección constitucional e internacional de las personas con discapacidad. 3º. Estructuración en forma retroactiva del estado de invalidez de personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. Se CONCEDE la tutela, se deja parcialmente sin efectos el dictamen de pérdida de la capacidad laboral de la actora, respecto a la fecha de estructuración del estado de invalidez a partir del nacimiento y como consecuencia de lo anterior, se ordena a la accionada reconocer en forma definitiva la pensión de invalidez e iniciar el trámite correspondiente para cancelar tal pensión.


Recibo Relatoria   14-3-2013 0:00


Item 23    Expediente   T-3649817 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-023/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    HECTOR LEONARDO MORENO RIAÑO ACTUANDO COMO APODERADO DE SU PADRE HERMAN MORENO MANRIQUE Y OTRO VS. SALUD TOTAL E.P.S. Y OTRO

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los peticionarios presentaron acciones de tutela contra las respectivas E.P.S. a las que se encuentran afiliados, por considerar que la negativa de las mismas a autorizar el servicio de una enfermera o cuidador domiciliario y de otros servicios asistenciales necesarios para su cuidado diario, vulnera sus derechos fundamentales. Las entidades accionadas sostuvieron que los servicios asistenciales e insumos solicitados no podían ser suministrados, bien porque no existía orden del médico tratante o porque no estaban contemplados en el POS. la Sala CONCEDE el amparo solicitado e imparte una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.


Recibo Relatoria   14-3-2013 0:00


Item 24    Expediente   T-3609624    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-024/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ANA MARIA PAYARES MENDOZA VS. HUMANA VIVIR E.P.S. Y OTROS

Tema

Salud. En el presente caso se interpone la acción de tutela en contra de Humana Vivir E.P.S., la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el FOSYGA, alegando vulneración de derechos fundamentales con el hecho de no autorizarle al accionante un tratamiento quirúrgico que requiere para corregir las secuelas de un accidente de tránsito que le generaron pérdida de la visión por su ojo izquierdo. El médico tratante adscrito a la E.P.S. le prescribió una valoración con cirujano de estrabismo y esta evaluación , luego de haber transcurrido más de quince meses, no se practicó, bajo el argumento de no existir convenios vigentes con una IPS que suministre ese tipo de servicios. La Sala de Revisión considera que la accionada vulneró el derecho fundamental a la salud de la actora, al imponerle barreras administrativas que impiden que reciba los servicios de salud requeridos para el tratamiento de su enfermedad. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la E.P.S. demandada programar y fijar fecha para la realización de la valoración de la actora por parte de un especialista en oculoplastia por estrabologia y, en el evento de que el médico determine que se requiere de una cirugía ocular para el tratamiento efectivo de la enfermedad, proceder a programar la práctica de la misma.


Recibo Relatoria   14-3-2013 0:00


Item 25    Expediente   T-3605553    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-025/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ESPERANZA GONZALEZ TOLOSA EN REPRESENTACION DE SU HIJA VALENTINA GONZALEZ TOLOZA VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud. La accionante en representación de su hija presentó la acción de tutela contra la Nueva .E.P.S., por considerar que dicha entidad vulneró derechos fundamentales de la menor, al negarle la práctica de un encefalograma con duración de doce horas, bajo el argumento de que lo ordenó un médico neuropediatra externo a la entidad, a pesar de que, en concepto de dicho profesional, lo requiere para dilucidar si un parpadeo constante en el ojo izquierdo de la niña corresponde a síntomas agravantes de la epilepsia que padece. La demandada por su parte señalo que no estaba en la obligación de autorizar el examen en mención, porque además de haber sido ordenado por un médico externo a la entidad, un profesional adscrito a la E.P.S. no lo prescribió, luego de examinar la menor. La Sala establece que la NUEVA E.P.S. vulneró el derecho a la salud de la menor representada, cuando desconoció el concepto de un médico reconocido y vinculado al Sistema de Salud que había autorizado para ella un examen diagnóstico, sin que para ello mediara motivos suficientes de carácter científico o técnico que pusieran en duda la validez o idoneidad de dicho concepto. SE CONCEDE
Recibo Relatoria   14-3-2013 0:00


Item 26    Expediente   T-3596461    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-026/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    NELSON ENRIQUE VESGA ROJAS VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema

Salud. El accionante considera que SALUD TOTAL E.P.S. vulneró sus derechos fundamentales, al negarle la realización del tratamiento integral para la enfermedad periodontitis crónica avanzada que padece. La entidad accionada argumentó haber brindado todo el tratamiento prescrito por la médica externa después de que fueran expedidas por el Comité Técnico Científico las actas de autorización y que la inconformidad del accionante radica en la falta de autorización para un reemplazo fijo de una pieza dental. La Sala de Revisión ordena a la accionada valorar la orden médica expedida por la médica externa, aceptando, negando o modificando su contenido. Se ordena además que, si de la conclusión a la que se llegue sobre la valoración realizada se determina que es pertinente autorizar el implante fijo solicitado, se ordene sin dilación el mismo y, en caso de negarlo, se establezca y de inmediato cumplimiento al tratamiento que de forma alternativa reemplace al prescrito por la médica externa.
Recibo Relatoria   14-3-2013 0:00


Item 27    Expediente   T-3606064    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-027/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    XY VS. PROTECCION S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna. El accionante fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 52,45%, con ocasión del VIH/SIDA que padece. La AFP PENSIONES S.A. le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, bajo el argumento de no cumplir el requisito de fidelidad dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. La protección especial de las personas enfermas de VIH/SIDA. 2º. El reconocimiento excepcional de la pensión de invalidez en sede de tutela. 3º. El principio de progresividad en materia de seguridad social y la aplicación de la sentencia C-428/09 y, 4º. El análisis judicial en sede de tutela para resolver casos en los que sujetos de especial protección constitucional son parte. Se dispone TUTELAR los derechos fundamentales reclamados y se ordena el reconocimiento de la prestación de invalidez solicitada.
Recibo Relatoria   25-2-2013 0:00


Item 28    Expediente   T-3558223    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-028/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA- COMFAMILIAR- VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA SALA LABORAL

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se demanda en sede de tutela la decisión judicial de segunda instancia que resolvió un proceso laboral de fuero sindical y en la que se decidió ordenar el reintegro y el pago de las prestaciones de un trabajador, por considerar que, en aplicación de la Convención Colectiva entonces vigente, el contrato a término fijo del demandante se transformó en contrato a término indefinido y él contaba con fuero sindical al momento de su desvinculación, pues tanto la inscripción al sindicato como su nombramiento como Revisor Fiscal principal de la organización, se efectuaron y notificaron conforme a la ley laboral, en vigencia del contrato de trabajo. La Sala se refiere al supuesto excepcionalísimo bajo el cual procede el amparo constitucional contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso y analiza si en el caso concreto concurre tan rigurosa excepción. Concluye la Sala que no existen los defectos endilgados a la sentencia acusada y que no puede pretender la entidad accionante que un asunto resuelto en derecho, con fundamento en las normas jurídicas correspondientes y observando las reglas mínimas de razonabilidad jurídica, sea modificado por el juez de tutela por el simple hecho de haberle resultado adversa. Se decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   20-5-2013 0:00


Item 29    Expediente   T-3571911    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-029/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VS. JUZGADO VEINTIDOS CIVIL DEL CIRCUITO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La Agencia Nacional de Infraestructura considera que los despachos judiciales accionados incurrieron en vía de hecho judicial, al no vincularla legalmente en un proceso ejecutivo singular iniciado por la Sociedad Inversiones Sandra Liliana S. en C. en contra de Carreteras y Pavimentos M. G. Ltda., respecto de un lote de terreno que hace parte de una porción destinada al proyecto de infraestructura vial Bogotá-Girardot. Lo anterior, en virtud de que en dicho proceso al Estado le asiste particular interés por haber sido afectado un bien de uso público, como lo es una vía de carácter nacional. Por la anterior consideración, solicita que se decrete la nulidad o revocatoria de las medidas judiciales de embargo, secuestro, remate y entrega proferidos por los despachos judiciales respecto al precitado lote de terreno y, en su lugar, se ordene a sus adjudicatarios, abstenerse de impedir el libre paso vehicular o peatonal por la vía de uso público que atraviesa el inmueble. Se analiza jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   5-6-2013 0:00


Item 30    Expediente   T-3603728    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-029A/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA Y OTROS

Tema

Aduce la actora que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la salud, a la igualdad y al mínimo vital, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que considera tener derecho, bajo el argumento de no cumplir con los requisitos del Decreto 1653 de 1977 o el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La Sala decide confirmar la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 31    Expediente   T-3536937    Fecha sentencia   25-1-2013 0:00    Sentencia   T-030/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    EUDOCIA BERMEO CELIS VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE

Tema

Debido proceso, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. La accionante solicitó al ISS el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en su condición de compañera permanente del causante y esta entidad decidió conceder la prestación a la cónyuge supérstite. Iniciado un proceso ordinario laboral en contra del ISS y de la persona a quien se le reconoció la precitada pensión, el juzgado de primera instancia declaró la convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente y concedió la pensión compartida entre las mismas, en una proporción del 63% y 37% respectivamente. Interpuesto el recurso de apelación, el Tribunal accionado revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a los demandados de las pretensiones formuladas en la demanda. En sede de tutela se demanda esta decisión judicial bajo el argumento de ser violatoria de derechos fundamentales. La Sala de Revisión aborda el estudio de los siguientes temas: 1º. El derecho a la seguridad social, su carácter fundamental y protección por medio de la acción de tutela. 2º. La naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes, carácter fundamental del derecho respectivo y la convivencia como requisito para su reconocimiento. 3º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones que pongan fin a un proceso y, 4º. Los efectos en el tiempo de la sentencia C-1035/08. Se decide declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.
Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 32    Expediente   T-3535884    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-031/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    RECICLAJES GENERALES DE COLOMBIA SAS VS. DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA

Tema

La Sociedad Reciclajes Generales de Colombia SAS instauró la acción de tutela en contra de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla por considerar que esta entidad conculcó sus derechos fundamentales, en tanto propuso modificar la declaración de impuestos sobre las ventas e imponerle una sanción por inexactitud, sin que para ello existiera sustento normativo alguno. Los jueces de instancias concedieron el amparo solicitado y ordenaron a la accionada revocar la liquidación oficial del impuesto sobre las ventas, mantener en firme la presentada por el contribuyente y dejar sin efectos la sanción impuesta. Luego de analizar temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actuaciones administrativas, la Sala de Revisión decide declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela impetrada y compulsar copias de la presente sentencia y del expediente al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico para que, si lo estima pertinente, investigue las actuaciones de los jueces constitucionales en el presente asunto.


Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 33    Expediente   T-3613278    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-032/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SPV JIPP, AV GEMM
Demandante / Demandado    FANNY MEDINA BELLO VS. ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACANDI, CHOCO

Tema

Se interpone la acción de tutela para reclamar el pago de algunos salarios y prestaciones sociales que el municipio de Acandí (Chocó) le adeuda a la actora por servicios prestados durante los años 2008 a 2011. Se alega la afectación del mínimo vital a raíz del precitado incumplimiento. Luego de pronunciarse sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir el pago de acreencias laborales adeudadas y de encontrar comprobado la vulneración de derechos fundamentales, la Sala de Revisión decide CONCEDER la protección solicitada y ordenar a la accionada cancelar las prestaciones laborales que se encuentren pendientes de pago, en concordancia con el régimen laboral aplicable.
Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 34    Expediente   T-3594601 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-033/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    BERNARDA ANTONIA MARTINEZ DE NUÑEZ COMO AGENTE OFICIOSA DE SU PADRE ANGEL MARTINEZ HURTADO Y OTROS VS. EMSSANAR ESS Y OTROS

Tema

Salud, integridad personal, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. El asunto central de todos los casos estudiados se relacionan con la negativa de las entidades accionadas de brindar o autorizar distintos procedimientos y elementos solicitados para pacientes, bajo la consideración de que éstos se encuentran por fuera de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud, o, no se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ordenar su prestación y entrega. Para resolver los distintos temas que plantean las acciones de tutela incoadas, la Sala de Revisión reitera la siguiente jurisprudencia: 1º. El derecho a la salud. 2º. Las exclusiones del POS. 3º. El derecho al tratamiento integral en materia de seguridad social en salud. 4º. El alcance del derecho al diagnóstico y, 5º. El cubrimiento de gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes. Se CONCEDE el amparo solicitado y de acuerdo a cada caso en particular, se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos
Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 35    Expediente   T-3595627    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-034/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    NORMA LUCIA ROJAS KRICHILSKI VS. CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PINAL DE LA COLINA II

Tema

En este asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la Asamblea de Propietarios y el Consejo de Administración del conjunto residencial donde vive la actora, en virtud de la modificación del manual de convivencia de la copropiedad y la consecuente prohibición del uso de los ascensores para transportar cualquier tipo de mascotas, excepto para los perros que sirven de guía y la imposición de una sanción pecuniaria equivalente al 50% del valor de la cuota mensual de expensas comunes ordinarias, a quienes violen dicha disposición. Pretende la accionante que vía tutela se derogue o retire del manual de convivencia dicha medida y que no se hagan efectivos los cobros de las multas dinerarias ya impuestas. La Sala de Revisión se pronuncia respecto a los siguientes tópicos: 1º. Procedencia de la acción de amparo constitucional en contra de las asambleas de propietarios y de los particulares que administran conjuntos residenciales. 2º. El régimen de propiedad horizontal y el tipo de sanciones que se pueden establecer en los reglamentos de copropiedad o en los manuales de convivencia y, 3º. Los precedentes jurisprudenciales vinculados con la tenencia de mascotas. Luego de realizar un test de proporcionalidad la Corte concluyó que la restricción del uso del ascensor introducida al manual de convivencia resulta desproporcionada y por ello infractora de los derechos de la accionante al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, en tanto existen otras medidas alternativas que permiten garantizar las condiciones de salubridad y convivencia que pueden plasmarse en dicho manual, sin desconocer los parámetros normativos previstos en la Ley 746 de 2002 sobre tenencia y cuidado de ejemplares caninos. Se CONCEDE.
Recibo Relatoria   3-4-2014 0:00


Item 36    Expediente   T-3613253    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-035/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    GERMAN AUGUSTO GOMEZ VALDEZ VS. JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE POPAYAN Y OTROS

Tema

Vida, salud, vida digna, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El accionante se encuentra privado de la libertad y el juzgado de ejecución de penas y medidas accionado le negó la prisión domiciliaria, a pesar de encontrarse gravemente enfermo de tuberculosis multiresistente y VIH positivo y por ende, estar en la posibilidad de contagiar a las personas que lo rodean. En la acción de tutela se solicita dar estricto cumplimiento a un concepto médico que recomienda tratamiento integral para el actor, su hospitalización hasta lograr la conversión bacteriológica y controles posteriores especializados. Así mismo, se solicita el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria como medida preventiva y el inicio de una campaña educativa con la comunidad penitenciaria, en la que se dicten conferencias relacionadas con la prevención de la tuberculosis. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 3º. Sustitución de la detención o de la ejecución de la pena de prisión en centro carcelario por hospitalario. 4º. Derechos de los internos en el marco de la relación especial de sujeción. 5º. Derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en cárceles o penitenciarías. 6º. El sistema de seguridad social en salud de la población carcelaria. 7º. Protección constitucional especial de las personas portadoras del VIH/SIDA. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados. Así mismo, se exhorta a varias instituciones, para que, en asocio con las demás entidades competentes, continúen adelantando campañas intensivas de prevención de la tuberculosis en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario accionado.
Recibo Relatoria   18-3-2013 0:00


Item 37    Expediente   T-3593532    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-035A/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    EDGAR ALBERTO CASTRO ISAZA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Petición. El ISS le reconoció una pensión de vejez al actor y éste recurrió el acto administrativo que le concedió la prestación, para que se reliquidara su mesada teniendo en cuenta para ello los aportes realizados de manera simultánea y tomando como base los últimos cien días de cotización, según lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990. El Instituto accionado confirmó su decisión y el actor solicitó la revocatoria directa de esta resolución confirmatoria, reiterando los argumentos expuestos en su apelación y señalando además que, al resolver éste recurso, no se hizo referencia sobre la inconformidad relacionada con los aportes efectuados de manera simultánea. La Sala de Revisión decide TUTELAR el derecho de petición del actor en relación a obtener respuesta completa al recurso de apelación por él presentado. Así mismo, declara sin valor ni efecto jurídico la resolución confirmatoria y ordena resolver el recurso de apelación de manera congruente con lo solicitado y teniendo en cuenta los aportes realizados por el accionante, en razón a los contratos celebrados simultáneamente con distintos empleadores.
Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 38    Expediente   T-3633418 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-036/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CONSTANZA PATRICIA CALDERON QUIROGA COMO AGENTE OFICIOSA DE MARIA ALBA QUIROGA DE CALDEREON Y OTRA VS. SALUD TOTAL E.P.S Y OTRA

Tema

Salud, vida digna, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En un asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la E.P.S SALUD TOTAL; por el hecho de negar la prestación del servicio de enfermería y de terapias físicas, respiratorias y de fonoaudiología, así como el suministro de la fórmula de alimentación por cánula, pañales desechables y transporte en ambulancia, a una persona de 72 años de edad que sufrió un derrame cerebral y que se encuentra en hospitalización domiciliaria, bajo el argumento de no existir orden médica que los prescriba. En el segundo caso la vulneración de derechos la genera la E.P.S. SALUDCOOP; al negarle a una paciente menor de edad el tratamiento de rehabilitación social compuesto por terapias de integración sensoriomotriz, miofuncionales, de neurodesarrrollo, de lenguaje y musicoterapia, so pretexto de no estar incluido en el plan de beneficios. La Sala de revisión recuerda jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. El derecho a la salud de los niños y las personas de avanzada edad. 2º. La validez del concepto del médico tratante no adscrito a la E.P.S. y 3º. Las reglas jurisprudenciales para el suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Se CONCEDEN las acciones de tutela impetradas y se imparten unas órdenes a las entidades demandadas, con el objeto de hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   5-3-2013 0:00


Item 39    Expediente   T-3631380    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-037/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ALBERTO MORENO CORREDOR VS. ISS Y OTRO

Tema

Seguridad social, debido proceso. Luego de considerar que reunía los requisitos de edad y tiempo de cotización, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y esta prestación fue denegada, bajo el argumento de que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, él debió estar afiliado a la entidad, para acogerse a los requisitos determinados en el Decreto 758 de 1990. En sede de revisión COLPENSIONES solicitó su vinculación al proceso y manifestó que, dada la incapacidad institucional y los problemas administrativos heredados del ISS requería la aprobación de un plan para la superación de esas circunstancias, que permitiera darle pronta solución a los problemas actuales que impiden el funcionamiento eficiente de la entidad, para atender con normalidad las solicitudes de los usuarios. Luego de abordar temas relacionados con la procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales y los requisitos del régimen de transición, la Sala concluye que la demandada no vulneró los derechos fundamentales del peticionario, puesto que su negativa al reconocimiento y pago de la prestación reclamada se realizó conforme a la ley. Pese a lo anterior y por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional por ser un adulto mayor y encontrarse en situación de debilidad manifiesta, la Sala consideró procedente ordenar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Frente a la manifestación de COLPENSIONES; consideró que no es el escenario propicio para atender la solicitud de aprobar un plan de contingencia progresivo para sumir el pasivo pensional heredado, por un lado, por no tener elementos de juicio suficientes para evaluar y dimensionar el alcance y la procedencia de la petición y por otro, porque la orden impartida en la presente sentencia no demanda mayores esfuerzos presupuestales por parte de la entidad, distintas a la devolución de los aportes previamente efectuados a favor del actor.



Recibo Relatoria   18-3-2013 0:00


Item 40    Expediente   T-3600525    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-038/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA TERESA LOPEZ LONDOÑO VS. PORVENIR

Tema

Mínimo vital, seguridad social, vida, dignidad humana, igualdad, debido proceso, derechos de los niños. PORVENIR S.A. le negó a la accionante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada en tres oportunidades luego del deceso de su compañero permanente, bajo el argumento de incumplir el requisito de fidelidad contenido en la Ley 797 de 2003. Adujo la accionada que dicha norma era aplicable al caso concreto, por cuanto la sentencia que declaró su inexequibilidad fue posterior a la fecha de la muerte del causante. Se precisa que la actora es madre de cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad e hijos del fallecido y que atraviesa serias dificultades económicas. Se analiza temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos económicos como la pensión de sobrevivientes y la inconstitucionalidad del requisito de fidelidad al sistema. Se CONCEDE la tutela, se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada y se previene a la accionada para que en lo sucesivo se abstenga de exigir el cumplimiento de fidelidad al sistema, toda vez que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corporación, éste ha sido desde siempre, contrario a la Constitución Política, lo cual implica que no puede ser requerido, ni siquiera en situaciones configuradas antes de la expedición de la sentencia C-556/09.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 41    Expediente   T-3615838 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-039/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    VERONICA MARIA HERNANDEZ COMO AGENTE OFICIOSA DE BERTHA OLIVA CHAVARRIA DE GARCIA Y OTROS VS. ALCALDIA DE MEDELLIN Y OTROS

Tema

Vida digna, seguridad social, salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En todos los casos analizados se demanda a entidades prestadoras del servicio de salud, por negar, con fundamento en no encontrarse en el plan obligatorio de beneficios, el suministro de pañales desechables, insumos, medicamentos, procedimientos y servicios que demandan los pacientes, quienes son además personas que presentan especiales condiciones de vulnerabilidad por el estado de salud en que se encuentran y por los escasos recursos económicos con los que cuentan. La Sala de Revisión aborda los siguientes asuntos: 1º. Legitimación para actuar como agente oficioso o representante. 2º. Procedencia de la acción de tutela cuando lo que se busca es proteger el derecho fundamental a la salud. 3º. Deber de las E.P.S. de prestar el servicio de salud sin dilaciones conforme al principio de integralidad. 4º. Principio de integralidad y el servicio de transporte en el sistema de salud y 5º. El suministro de pañales desechables. Se CONCEDEN las diferentes acciones de tutela impetradas y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados. Se advierte a los titulares de los respectivos despachos judiciales que tramitaron las acciones de tutela, para que en lo sucesivo atiendan los referentes normativos y jurisprudenciales que constantemente son reiterados por la Corporación, a efectos de no seguir incurriendo en situaciones como las estudiadas en la presente sentencia. Se ordena además, remitir copia de los expedientes y de la presente decisión a la Superintendencia Nacional de Salud, para que en el marco de sus competencias verifique el cumplimiento del fallo, adelante las investigaciones e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.


Recibo Relatoria   8-3-2013 0:00


Item 42    Expediente   T-3623589    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-040/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV AEJE
Demandante / Demandado    GUILLERMO MARTINEZ TRUJILLO VS. GOOGLE COLOMBIA LTDA Y OTRO

Tema

En el presente asunto el accionante solicita al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra, al debido proceso y, concretamente, el de presunción de inocencia y, de manera consecuente, ordene a las entidades demandadas, esto es Google de Colombia Ltda. y la Casa Editorial El Tiempo, eliminar de sus registros el artículo titulado “los hombres de la mafia en los llanos”, en el que él aparece mencionado. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información, así como del alcance del derecho a la rectificación. La Sala considera que la aclaración que incluyó el medio de comunicación a la noticia, advirtiendo que en el caso del accionante se había declarado la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, es una actuación valiosa que logra parte del equilibrio entre el receptor y el emisor, pero que no es suficiente para evitar la vulneración de los derechos al buen nombre, la honra y la dignidad humana, puesto que la noticia aún está siendo presentada de manera inexacta e imprecisa, lo que pone en duda la inocencia del actor. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la Casa Editorial el Tiempo S.A que, manteniendo la noticia con la nota previa ya incluida, proceda a 1º. Modificar el título de la noticia referida, de modo que no induzca a error sobre la generalidad de los hechos que se describen a continuación del mismo. 2º. Al final del artículo, modificar la frase que presenta el listado de quienes tienen investigación por los hechos referidos, por el de “personas presuntamente vinculadas”. 3º. Incluir en la noticia un relato sucinto de los hechos y razones por las cuales se incluyó el nombre del actor al final de la publicación y su relación con el contexto descrito en la noticia.
Recibo Relatoria   5-3-2013 0:00


Item 43    Expediente   T-3644887    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-041/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GREGORIO MAESTRE JIMENEZ Y OTROS VS. LA NACION, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS

Tema

Los accionantes interpusieron la acción de tutela contra la Alcaldía de Santa Marta y otras autoridades, al considerar que el Acuerdo que ordenó el Plan de Ordenamiento Territorial de dicha ciudad; el Decreto mediante el cual la Alcaldía decretó el statu quo a las construcciones que se desarrollaren en el corregimiento de Taganga y la resolución que ordenó la restitución de un bien de uso público a la Asociación de Pescadores de Taganga, vulneran sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la vivienda y al mínimo vital. La Sala concluye que la acción de tutela es improcedente para controvertir los actos administrativos, sean ellos de carácter general, impersonal o abstracto o de carácter particular, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial idóneos, como lo son las acciones contenciosas, a menos que se demuestre que la aplicación de dichos actos genera la vulneración de derechos fundamentales y se esté ante la existencia o amenaza de un perjuicio irremediable. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela impetrada.


Recibo Relatoria   26-2-2013 0:00


Item 44    Expediente   T-3609601    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-042/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OSCAR ENRIQUE GIRALDO GARCIA VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema

En este asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la E.P.S. SALUD TOTAL, en tanto tomó la decisión de negar el suministro de un medicamento prescrito al actor por su médico tratante, bajo el argumento de no estar incluido dentro del POS y carecer de registro sanitario del INVIMA, para tratar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico por él padecido. La Sala reitera la jurisprudencia constitucional respecto de los medicamentos excluidos del POS y que no cuentan con el registro sanitario del INVIMA y decide NEGAR el amparo solicitado, en la medida en que la decisión de la accionada está justificada en el criterio del Comité Técnico Científico, quien determinó la imposibilidad de prescribir y entregar el medicamento reclamado.
Recibo Relatoria   26-2-2013 0:00


Item 45    Expediente   T-3598925    Fecha sentencia   28-1-2013 0:00    Sentencia   T-043/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    VICTOR MANUEL JIMENEZ DURAN Y OTROS VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Tema

Se interpone la acción de tutela en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, (anterior Acción Social), alegando vulneración de derechos fundamentales en razón a la omisión de otorgarle a los accionantes una solución de vivienda, a la que consideran tener derecho, por formar parte de la población desplazada por la violencia y estar asentados en un predio que no es de su propiedad. La Sala previamente recuerda que la Corte Constitucional mediante sentencia T-946/11 resolvió una acción de tutela que comporta una identidad fáctica con la que actualmente se revisa y en la que sus efectos se extendieron a todas las personas asentadas en el predio denominado “La Sabana 1”, independientemente de su calidad o no de desplazados por la violencia. Comprobado, que los predios a los que actualmente hacen alusión los actores, son los nombres de las invasiones con las cuales se conoce popularmente el predio “La Sabana 1”, concluye la Sala que en el presente caso no se encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que existen otros mecanismos judiciales de defensa a los cuales pueden acudir los actores para asegurar la protección de sus derechos, tal como la iniciación de un incidente de desacato o la solicitud de cumplimientote sentencia, ante el juez de primera instancia de la acción de tutela que culminó con el fallo T-946/11. IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   26-2-2013 0:00


Item 46    Expediente   T-3596834    Fecha sentencia   1-2-2013 0:00    Sentencia   T-044/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    SANDRA EDITH PEDRAZA SANCHEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, SALA DE FAMILIA

Tema

Debido proceso, integridad personal, vida digna, derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tutela contra providencia judicial. Se alega violación de derechos fundamentales con ocasión de la vía de hecho por defecto fáctico que se configuró con la emisión del auto que negó el decreto y la práctica de unas pruebas solicitadas por la actora dentro del proceso verbal de divorcio de matrimonio civil, consistentes en la grabación magnetofónica de unas conversaciones sostenidas con su cónyuge y la inspección judicial de su cuenta de correo. El operador jurídico negó la práctica de pruebas por considerarlas vulneratorias del derecho a la intimidad. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. Derecho a la intimidad entre cónyuges o compañeros permanentes. El correo electrónico como medio de comunicación privada y la interceptación de comunicaciones en el ámbito familiar. La nulidad constitucional de grabaciones subrepticias de conversaciones. Al considerar que el derecho a la intimidad puede ser susceptible de restricción como consecuencia de la ponderación con otros intereses que también gozan de relevancia constitucional, se decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   25-6-2014 0:00


Item 47    Expediente   T-3608170    Fecha sentencia   1-2-2013 0:00    Sentencia   T-045/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARTHA LUCIA GAMBOA SANCHEZ VS. JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL VALLE

Tema

Se inicia la acción de tutela en representación de una menor de edad que tiene 17 años de edad y padece de autismo y epilepsia. Aduce la accionante, madre de la niña, que para que su hija pueda continuar vinculada al Sistema de Salud como su beneficiaria, aún después de llegar a la mayoría de edad, debe iniciar un proceso de interdicción, para lo cual requiere el dictamen de la pérdida de capacidad funcional de la menor, motivo por el que solicitó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauda, realizar la valoración correspondiente pero sin la cancelación del valor de los honorarios respectivos, en razón a la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra la menor. La Sala analiza temática relacionada con la cobertura en salud de hijos mayores de 18 años con discapacidad, el derecho que tienen las Juntas de Calificación de Invalidez a recibir honorarios y sobre quien debe asumir este costo. Se decide confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo solicitado, pero se advierte a la E.P.S.S en la cual se encuentra afiliada la menor representada, que una vez ésta cumpla su mayoría de edad, conserve el derecho de mantener la vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud, debido a su condición de discapacidad y, que de requerir ser valorada para acreditar tal condición, el trámite y sus costos deben ser asumidos por dicha empresa.
Recibo Relatoria   7-6-2013 0:00


Item 48    Expediente   T-3596801    Fecha sentencia   1-2-2013 0:00    Sentencia   T-046/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA JUVENAL HERNANDEZ VIUDA DE LONDOÑO VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE LA DORADA

Tema

Mínimo vital, vida digna, seguridad social, debido proceso. La accionante considera que la Alcaldía de la Dorada (Caldas) vulneró sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que considera tener derecho, con el fundamento de no estar acreditada la condición de compañera permanente del causante. La Sala de Revisión hace un repaso jurisprudencial acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión sustitutiva y de los requisitos para acceder a dicha prestación en el sector oficial. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada reconocer y pagar la sustitución pensional reclamada.
Recibo Relatoria   28-10-2013 0:00


Item 49    Expediente   T-3635786 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   4-2-2013 0:00    Sentencia   T-047/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ELVIA MENESES CADAVID Y OTRA VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Petición, debido proceso, salud, seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Coinciden los actores en afirmar que el Instituto de Seguros Sociales vulneró sus derechos fundamentales, al no dar respuesta a los derechos de petición radicados y no cumplir con la orden de sentencias judiciales que reconocieron sus pensiones de sobrevivientes. Para resolver el problema jurídico la Sala reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa en materia laboral. 2º. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición. 3º. La seguridad social como derecho fundamental que incluye la pensión de sobrevivientes, y 4º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para hacer cumplir fallos judiciales. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena al ISS dar respuesta de fondo, clara, concreta, eficaz y detallada a las solicitudes presentadas por las actoras y dar cumplimiento a las providencias judiciales que reconocieron la pensión de sobrevivientes, procediendo para el efecto a incluir a las demandantes en la nómina pensional y cancelar además las mesadas pensionales retroactivas adeudadas, así como los intereses moratorios y costas
Recibo Relatoria   11-3-2013 0:00


Item 50    Expediente   T-3643205    Fecha sentencia   4-2-2013 0:00    Sentencia   T-048/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DARIO RAFAEL ANTEQUERA ANTEQUERA VS. PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA

Tema

El accionante indicó que la Personería Distrital de Bogotá vulneró sus derechos fundamentales al trabajo y a la vida digna, al trasladarlo de su lugar de trabajo sin justificación alguna, porque esta situación desmejoró su calidad de vida y su estado de salud. Indica igualmente que los traslados a los que ha sido sometido constituyen actos de acoso laboral, puesto que siempre ha desempeñado bien sus funciones y su reubicación perjudica su estado de salud, toda vez que ha sido diagnosticado como adicto a las drogas y al alcohol y, al ser apartado de su compañera sentimental, quien también trabaja en el mismo lugar, le genera problemas porque ella es quien le brinda el soporte y el apoyo emocional que requiere. Los jueces de instancia le concedieron el amparo solicitado de manera transitoria. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que ordenan el traslado de un servidor público y el alcance del ius variandi en las plantas de personal global y flexible. La Sala decide revocar las decisiones de instancia y NEGAR por improcedente el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 51    Expediente   T-3613182 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   5-2-2013 0:00    Sentencia   T-049/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    CARLOS MACA PALECHOR Y OTRO VS. GOBERNACION DEL CAUCA Y OTRO

Tema

Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las acciones de tutela las interponen los Gobernadores de los Cabildos Indígenas de Yanacona y de Guambía, con el fin de denunciar la vulneración de los derechos fundamentales a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, a la no intervención del gobierno en la esfera de la jefatura indígena, al derecho a guiarse por sus usos y costumbres y a la protección de su identidad cultural mediante una educación especial. Las situaciones que se consideran vulneratorias de los precitados derechos se refieren a la designación en provisionalidad de docentes o etnoeducadores para las comunidades indígenas involucradas, los cuales no fueron nombrados en propiedad por parte de las entidades accionadas. Se argumenta que los docentes especiales son conocedores de la cosmovisión, cosmología, cosmogonía, usos, costumbres, mitos, leyendas, tradiciones, leyes de origen y derecho mayor de sus etnias, lo cual asegura la transmisión a los alumnos indígenas de la identidad cultural que ordena la Carta Política. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales y la legitimación por activa de los gobernadores de los cabildos indígenas en los casos en que se reclama la protección de los derechos fundamentales de las comunidades y resguardos que representan, mediante la acción de tutela. 2º. La protección constitucional a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas. 3º. La protección a una educación especial o etnoeducación que respete y desarrolle la diversidad e identidad cultural y étnica de estas comunidades. 4º. El derecho fundamental a la consulta previa y su protección por vía de tutela. 5º. El régimen de ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos docentes para las comunidades étnicas con especial referencia a la población indígena. CONCEDIDAS.
Recibo Relatoria   24-6-2013 0:00


Item 52    Expediente   T-3617130    Fecha sentencia   5-2-2013 0:00    Sentencia   T-050/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL LATORRE CARVAJAL VS. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Tema

Debido proceso. En el presente asunto aduce el actor que la UIS realizó una convocatoria para designar el rector de la institución para el período institucional 2012-2015. Indicó que postuló su nombre para dicho cargo y que superó las etapas de admisión, evaluación de méritos académicos y consulta a los estamentos de la comunidad universitaria, por lo cual fue nominado como uno de los cuatro candidatos entre los cuales el Consejo Superior Universitario designaría al rector. Se indica en la demanda de tutela que la designación no se realizó porque el precitado cuerpo colegiado decidió, por votación, dar por concluido el proceso. Afirma el accionante que la decisión de finiquitar el mencionado proceso desconoció, no sólo el Estatuto General de la Universidad, sino el acto administrativo que regló el procedimiento de designación de rector. Se afirma en la solicitud de tutela que la actuación de la institución universitaria vulneró derechos fundamentales y que por eso el juez constitucional debe ordenar el nombramiento del rector entre los aspirantes que no han renunciado a su derecho a ser elegidos para tal cargo. Luego de reiterar jurisprudencia de la Corporación relacionada con la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que se profieran en desarrollo de procesos electorales para la designación de autoridades de los entes universitarios autónomos, la Sala de Revisión decide confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela incoada.
Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 53    Expediente   T-3613676    Fecha sentencia   5-2-2013 0:00    Sentencia   T-051/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JUANA MACHADO GOMEZ VS. CAJANAL

Tema

Vida, seguridad social, salud, igualdad, mínimo vital. En el presente asunto la Sala de Revisión analiza si CAJANAL vulneró derechos fundamentales de la accionante, por el hecho de haberse negado a reconocer la indexación de su primera mesada pensional. Luego de analizar jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela para reclamar acreencias laborales, la indexación de la primera mesada pensional como un derecho constitucional de carácter universal y el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, se decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar la reliquidación reclamada, la cual se debe realizar con fundamento en el salario base de liquidación de la pensión debidamente actualizado con la variación del IPC, acorde con lo dispuesto en la sentencia C-862/06.
Recibo Relatoria   26-2-2013 0:00


Item 54    Expediente   T-3630898    Fecha sentencia   5-2-2013 0:00    Sentencia   T-052/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NORA EVELLYN CLARA CONSTANZA RIOS RAMIREZ VS. CAJANAL

Tema

La accionante promovió la acción de tutela contra CAJANAL, aduciendo vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana y el de petición, además de incurrir en vía de hecho, al negarse a reliquidar su pensión de vejez de acuerdo al régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971. Se reitera que la acción de tutela únicamente procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa nacional o se encuentre frente a un perjuicio irremediable, requisitos que no se cumplen en el presente caso. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela deprecada.
Recibo Relatoria   26-2-2013 0:00


Item 55    Expediente   D-9205    Fecha sentencia   6-2-2013 0:00    Sentencia   C-053/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JOSE DEL CARMEN CARDENAS SANCHEZ VS. DECRETO LEY 4167 DE 2011, ARTICULO 1.

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto Ley 4167 de 2011, por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Financiera de Desarrollo Territorio S.A (FINDETER) y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que el precepto impugnado desconoce lo establecido en los artículos 4, 113, 114, 150-7, 150-10 y 189-15 de la Constitución Política. La Corte concluyó que la modificación de la naturaleza jurídica de FINDETER, en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por la Ley 1444 de 2011, no configura una modificación de una ley orgánica o de un código, ni desconoce el principio de separación de funciones entre las Ramas y Órganos del poder. Se declara EXEQUIBLE por los cargos examinados, el artículo demandado.
Recibo Relatoria   2-4-2013 0:00


Item 56    Expediente   D-9210    Fecha sentencia   6-2-2013 0:00    Sentencia   C-054/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV AJE
Demandante / Demandado    DIOGENES ARMANDO PINO SANJUR Y OTROS VS. LEY 739 DE 2002, ARTICULO 3, LITERAL C

Tema

Acción de inconstitucionalidad contra el literal (c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002, por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la nación el Festival de la Leyenda Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se autorizan apropiaciones presupuestales. El demandante considera que la creación de la cátedra vallenata como obligatoria, para todo el departamento del Cesar, implica una violación al derecho a la cultura y al carácter multicultural y pluriétnico de la República, en tanto conlleva la imposición de una cultura ajena como si fuera propia, a personas que tienen otra cultura. Aduce, que de manera especial se viola el derecho la educación de los niños y de las niñas que sufren el proceso de alienación cultural. La Corte concluye que el Congreso de la República no viola los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y de las afro del departamento del Cesar, en especial de sus niñas y niños, al autorizar al Gobierno Nacional crear un espacio pedagógico para la promoción de una expresión cultural regional y nacional siempre y cuando no sea obligatoria y respete los derechos de etnoeducación de los grupos étnicos. Se declara INEXEQUIBLE la expresión “de obligatorio cumplimiento” contenida en el literal c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002 y EXEQUIBLE el resto del literal, en el entendido que la Cátedra valores y talento vallenatos, Consuelo Araujonoguera, es optativa para los establecimientos educativos y padres de familia, sin perjuicio de la promoción de otras expresiones culturales.
Recibo Relatoria   19-3-2013 0:00


Item 57    Expediente   D-9132    Fecha sentencia   6-2-2013 0:00    Sentencia   C-055/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    KARINA VENCE PELAEZ VS. LEY 1438 DE 2011, ARTICULOS 126 Y 135

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 135 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. La demandante considera que la función de conciliación prejudicial otorgada por el legislador a la Superintendencia Nacional de Salud, resulta violatoria del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4 y 277-7 de la Constitución Política. La Corte precisó que en este caso se presentó una ineptitud sustancial de la demanda, por no satisfacer los presupuestos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia. La Sala decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 58    Expediente   T-3385227    Fecha sentencia   7-2-2013 0:00    Sentencia   T-056/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    BETULIA TORRES DE VASQUEZ VS. MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLIVAR

Tema

En este asunto se tiene que el esposo de la accionante inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo ficto o presunto proferido por la Alcaldía del municipio de San Pablo, en el que se negaba el reconocimiento de la pensión de vejez que había solicitado. En el trámite de este proceso las partes firmaron un acuerdo transaccional y la demandada reconoció y ordenó el pago de la prestación reclamada, así como los emolumentos y prestaciones adeudadas. La mencionada transacción fue improbada por el juez ordinario que estudiaba la solicitud de reconocimiento pensional, bajo el argumento de no existir certeza de la obligación en cabeza de la entidad territorial y por tanto, resultar lesivo para el patrimonio público. Al fallecer el precitado demandante, su esposa, ahora accionante, solicita el reconocimiento de la sustitución pensional y señala como título para reclamarla, el acto administrativo producto del acuerdo transaccional. La entidad accionada negó la petición alegando que se encontraba en curso proceso ordinario tendiente a definir si el esposo de la actora era acreedor de la pensión de vejez y por la existencia de otras personas con posible vocación a sustituirlo en dicha prestación. La Sala se pronuncia respecto a los siguientes tópicos: 1º. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela y, 2º. La protección del derecho a la sustitución pensional como derecho fundamental. Al no encontrar acreditados los requisitos exigidos por la normatividad vigente para acceder al derecho prestacional reclamado y no poderse hablar de la vulneración del derecho de la accionante a la seguridad social, se decide NEGAR la solicitud de amparo incoada.


Recibo Relatoria   17-4-2013 0:00


Item 59    Expediente   T-3620860 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   7-2-2013 0:00    Sentencia   T-057/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV MVCC, AV LEVS
Demandante / Demandado    ALEJANDRA GONZALEZ MONTOYA Y OTRO VS. HUMANA VIVIR E.P.S.S.

Tema

Vida, salud, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los dos casos estudiados se demanda en sede de tutela a la E.P.S.S HUMANA VIVIR, alegando vulneración de derechos fundamentales de los agenciados, quienes son personas de la tercera edad que presentan delicado estado de salud, a raíz de la gravedad de las enfermedades que padecen. En un caso se alega que la accionada ordenó a la paciente un tratamiento de radioterapia en la ciudad de Bogotá y no en Villavicencio, a pesar de la sugerencia directa del médico tratante, de los antecedentes médicos e intolerancia a las alturas de la misma, bajo el argumento de que no cuenta en dicha ciudad con una IPS adscrita a su red de servicio. En el otro asunto se aduce la falta de autorización y pago del tratamiento de la enfermedad en forma integral y permanente por parte del Instituto Nacional de Cancerología. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. Derecho fundamental a la salud, su protección constitucional respecto a las personas de la tercera edad y el respeto de los principios de integralidad, oportunidad y continuidad en su acceso. 2º. Facultad de las E.P.S. para contratar su red de servicios y el principio de libre escogencia de IPS por parte de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 60    Expediente   T-3623403    Fecha sentencia   7-2-2013 0:00    Sentencia   T-058/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    AA VS. UNIVERSIDAD BB

Tema

Se interpone la acción de tutela en contra de una institución educativa que expidió dos certificaciones académicas en las cuales mencionó que contra la actora se adelantaron dos procesos disciplinarios por plagio, que culminaron con la imposición de una sanción consistente en la expulsión del claustro universitario. Aduce la actora que luego de solicitar el ingreso a un programa académico en otra universidad, éste le fue negado a consecuencia de la expedición de las precitadas certificaciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La actuación temeraria en la acción de tutela y la procedencia de la misma para la defensa de los derechos al habeas data, a la educación y al buen nombre. 2º. Alcance del principio de libertad en la administración de datos. 3º. Incidencia del derecho al habeas data en la vulneración de otros derechos fundamentales, particularmente del derecho a la educación. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada expedir una certificación de estudio a la actora cuyo contenido se refiera únicamente a los detalles del programa académico, las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas y no consigne elementos que le permitan a un tercero inferir que estuvo procesada y sancionada disciplinariamente por plagio. Igualmente se advierte a la entidad universitaria que en el futuro se debe abstener de incurrir en las mismas acciones que dieron mérito para conocer de la presente acción constitucional. A la actora se le advierte que cuenta con el procedimiento descrito en la Ley 1581 de 2012 ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Recibo Relatoria   15-4-2013 0:00


Item 61    Expediente   T-3393071 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   7-2-2013 0:00    Sentencia   T-060/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS ORTIZ HERNANDEZ Y OTROS VS. DAS

Tema

Estabilidad laboral reforzada, retén social, seguridad social. Los accionantes laboraban en el DAS desempeñando el cargo de detectives, cobijados por un régimen pensional especial en virtud de que su trabajo era considerado de alto riesgo. Según la normatividad que los amparaba, podían pensionarse una vez cumplieran veinte años de trabajo continuo en el cargo. Con la supresión del DAS los actores fueron reubicados en empleos creados en otras entidades de la Rama Ejecutiva y de la Fiscalía General de la Nación, sin solución de continuidad y en la misma condición de carrera o provisionalidad que ostentaban en la entidad suprimida. Consideran los actores que se les vulneró su derecho al retén social, pues al ser prepensionados debieron continuar laborando en el Departamento Administrativo de Seguridad hasta obtener la pensión especial, ya que en la nueva entidad no tienen derecho a pensionarse con el régimen más benéficioso. La Sala de Revisión concluye que es IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, toda vez que los actores cuentan con otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces donde pueden exponer los hechos planteados y resolver el conflicto laboral suscitado, sin que sea necesaria la intervención del juez de tutela por no existir la alegada ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Recibo Relatoria   30-7-2013 0:00


Item 62    Expediente   T-3658694    Fecha sentencia   7-2-2013 0:00    Sentencia   T-061/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    DAGOBERTO RAFAEL CORREA CAFIEL VS. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Tema

El accionante se desempeñó como celador de la Alcaldía del municipio de Santa Cruz de Lorica y aduce que la entidad territorial le adeuda el pago de acreencias laborales y prestaciones sociales, así como el de horas extras, recargos nocturnos, domingos y festivos, del período comprendido entre junio de 1993 y agosto de 2007. Se instaura la acción de tutela para reclamar el pago de estas acreencias y como fundamento de la solicitud se advierte que el municipio se encuentra en el marco de la Ley 550 de 1999. La Sala reitera los lineamientos establecidos en la sentencia T-705/12 y precisa que el amparo solicitado no está llamado a prosperar, por no cumplir cabalmente con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad de la acción de tutela. IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 63    Expediente   T-3481260    Fecha sentencia   8-2-2013 0:00    Sentencia   T-062/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO VS. SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se instaura la acción de tutela en contra de la decisión proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se le impuso al accionante condena como autor del delito de concierto para delinquir agravado y se tasó la pena privativa de la libertad en 108 meses de prisión. Se aduce la vulneración del principio a la igualdad, toda vez que en su caso, al dosificar la pena impuesta, se tuvo en cuenta la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 9º del artículo 58 de la ley 599 de 2000 dada su posición distinguida en la sociedad, mientras que un caso similar, la misma Corporación se abstuvo de incluir en la dosificación punitiva la misma agravante, al considerar que si bien fue mencionada y transcrita en la resolución de acusación, careció de motivación. Se reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de acción de tutela contra decisiones judiciales, con énfasis en las reglas sobre ausencia de motivación y violación directa de la Constitución. 2º. Reglas jurisprudenciales sobre autonomía judicial y trato igual ante la ley y, 3º. El principio de congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia en materia penal, como parte integrante del debido proceso. Al encontrar que la autoridad judicial accionada, al dictar sentencia dentro del proceso penal seguido en contra del actor, no incurrió en los defectos alegados, la Sala decide NEGAR la solicitud de amparo impetrada.


Recibo Relatoria   18-4-2013 0:00


Item 64    Expediente   T-3629301    Fecha sentencia   8-2-2013 0:00    Sentencia   T-063/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    MOISES BERNAL VS. ISS

Tema

Mínimo vital, dignidad humana, debido proceso, vida digna. Se analiza en este caso la vulneración de derechos fundamentales a una persona con más de setenta años de edad, que además tiene una pérdida de la capacidad laboral superior al cincuenta por ciento, posee un delicado estado de salud y no cuenta con una fuente de ingresos económicos para su subsistencia. La presunta violación la comete el Instituto de Seguros Sociales al negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al actor conforme al régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, por considerar que no reunía el número mínimo de semanas de cotización requeridas en dicho régimen, sin tener en cuenta el tiempo correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio, así como los períodos laborados al servicio del Estado que no fueron aportados a ninguna caja o fondo de previsión social. Se analiza la siguiente temática: 1º. El principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de amparo constitucional. 2º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de pensiones. 3º. El tiempo de prestación del servicio militar obligatorio como tiempo de servicio que debe ser contabilizado en el trámite de la pensión de vejez. Se CONCEDE la tutela y se ordena al accionado reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez a que tiene derecho el actor, conforme a lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, desde el tiempo que adquirió el derecho e incluyendo las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio, procediendo a tramitar y exigir la respectiva cuota parte como corresponda.
Recibo Relatoria   11-7-2013 0:00


Item 65    Expediente   T-3625166    Fecha sentencia   8-2-2013 0:00    Sentencia   T-064/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RAFAEL ARMINIO NOY CARDENAS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital, seguridad social. El accionante fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 68.68% y solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez y esta prestación fue denegada por la entidad accionada, por el incumplimiento del requisito de fidelidad de cotización al Sistema. Se alega que este requisito fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-428/09 y que las diferentes Salas de Revisión han señalado que los efectos de ese fallo también son aplicables a situaciones en las que la fecha de estructuración de la invalidez es anterior a tal declaratoria. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 2º. Requisitos para acceder a la pensión de invalidez y el régimen aplicable y 3º. Obligación de respectar las decisiones de la Corte Constitucional sobre la interpretación constitucionalmente correcta de los requisitos para el acceso de dicha prestación. Se CONCEDE el amparo y se ordena la expedición de un nuevo acto administrativo en el que se resuelva la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez, pero sin tener en cuenta el requisito de fidelidad.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 66    Expediente   T-3621378    Fecha sentencia   8-2-2013 0:00    Sentencia   T-065/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS ALEJANDRO MOTTA MARTINEZ VS. MINSITERIO DE TRANSPORTE

Tema

En el presente caso se interpone la acción de tutela en contra del Ministerio de Transporte alegando vulneración de los derechos a la salud pública, el medio ambiente sano y la vida, en tanto dispuso, con carácter general en una circular y de conformidad con el artículo 202 del Decreto Ley 019 de 2012, que no se debía exigir la revisión técnico mecánica a aquellos vehículos particulares que no hubiesen cumplido seis años contados a partir de la matrícula. A juicio del actor, dicha actuación constituyó un retroceso en seguridad vial y protección al medio ambiente, porque la revisión técnico mecánica configura la única manera de verificar si los vehículos tienen condiciones óptimas de funcionamiento, así como los niveles de combustión permitidos. La Sala de Revisión concluyó que la acción de tutela era IMPROCEDENTE, primero, porque el actor persiguió exclusivamente la protección de intereses difusos de personas indeterminables, sin demostrar alguna relación real con un derecho fundamental. Segundo, porque para proteger derechos colectivos se puede acudir a otras acciones judiciales, máxime cuando no se busca impedir un perjuicio irremediable y, tercero, porque se persiguió la protección de derechos supuestamente conculcados por una circular con carácter general, abstracto e impersonal.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 67    Expediente   D-9201    Fecha sentencia   11-2-2013 0:00    Sentencia   C-066/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC, SPV Y AV LEVS
Demandante / Demandado    CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN VS. LEY 361 DE 1997, ARTICULOS 3 Y 36 PARCIALES

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 36 (parciales) de la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. El actor considera que las expresiones “normalización social y plena”, así como “normalización” contenida en los artículos 3 y 36 de la Ley 361 de 1997, son contrarios a la Constitución, particularmente al principio de igualdad y a las normas del Bloque de Constitucionalidad que reconocen los derechos de las personas en situación de discapacidad. La Corte precisó que la normalización social y familiar que propugna el Estado mediante la Ley 361 de 1997, no se predica de las personas en situación de discapacidad en sí mismas consideradas, sino de la sociedad y del entorno familiar para permitir su integración social plena. Por tanto, ese objetivo establecido por el Legislador no configura una discriminación ni vulneración de la dignidad humana o de los derechos de autonomía e igualdad. Se declara la EXEQUIBLIDAD de la expresión acusada contenida en el artículo 3º de la ley 361 de 1997, en el entendido que se refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social. La expresión demandada contenida en el artículo 36 de la precitada ley, se declara EXEQUIBLE.


Recibo Relatoria   18-4-2013 0:00


Item 68    Expediente   T-3700744    Fecha sentencia   12-2-2013 0:00    Sentencia   T-067/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    GERMAN ABRAHAM BARRIOS RUIZ VS. DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y OTRO

Tema

En el presente caso aduce el accionante que el departamento del Atlántico vulneró sus derechos fundamentales, al no concederle la pensión de retiro por vejez solicitada, oponiendo como argumento el no cumplimiento del requisito legal de haber sido retirado por razón de su edad, lo cual debía estar expreso en el acto que declaró su insubsistencia. La Sala analiza la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones económicas, el derecho fundamental a la seguridad social para los ancianos teniendo en cuenta la teoría de la vida probable y la pensión de retiro por vejez. Al encontrar que el accionante cumple cabalmente con los requisitos contemplados en el Decreto 2400 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969 y por ende, ser beneficiario de la pensión de vejez de que trata dicha normativa, se decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar a la entidad territorial accionada proceder a incluirlo en la nómina pensional, a indexarle la primera mesada y el salario base de liquidación, desde la fecha en que cumplió los requisitos para su reconocimiento y pago y, en adelante, dar cumplimiento a sus obligaciones con el pensionado.
Recibo Relatoria   8-3-2013 0:00


Item 69    Expediente   D-9139    Fecha sentencia   13-2-2013 0:00    Sentencia   C-068/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SPV Y APV JIPP, SPV Y AV MVCC, AV MGC
Demandante / Demandado    JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR VS. LEY 1530 DE 2012, ARTICULO 156

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 156 de la Ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías. El demandante considera que la ley en su totalidad es inconstitucional, por cuanto el Gobierno Nacional omitió la obligación de realizar la consulta previa a las comunidades indígenas. Esto, en virtud de que se trata de una medida legislativa que las afecta de manera directa. La Corte reafirmó la obligación del Congreso y del Gobierno Nacional de propiciar espacios efectivos de participación en los asuntos que afectan directamente a las comunidades indígenas, pero recordó que el derecho a la consulta previa no es absoluto. Se decide declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1530 de 2012 por el cargo relativo a la falta de consulta previa con las comunidades indígenas. Se declara EXEQUIBLE por los cargos propuestos y analizados, el artículo 156 de la Ley 1530 de 2012, en el entendido de que los recursos del margen de comercialización asignados al Gobierno Nacional, deben destinarse a los fines previstos en el artículo 136 de la Constitución Política.
Recibo Relatoria   15-4-2013 0:00


Item 70    Expediente   D-9081    Fecha sentencia   13-2-2013 0:00    Sentencia   C-069/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO VS. LEY 1520 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 19 y 21 de la ley 1520 de 2012, por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promoción Comercial, suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la Política de Comercio Exterior e Integración Económica. La Sala recuerda que en la sentencia C-011/13 la Corte Constitucional declaró inexequible la totalidad de la Ley 1520 de 2012, por considerar que existió un vicio de procedimiento en su formación, consistente en la falta de competencia de las comisiones segundas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para aprobar en primer debate esta ley. Al comprobar que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, se decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-011/13.
Recibo Relatoria   28-2-2013 0:00


Item 71    Expediente   T-2361117 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-2-2013 0:00    Sentencia   SU.070/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV GEMM, AV NPP, SPV LEVS, SPV MVCC, SV MGC, AV LGGP
Demandante / Demandado    CONNI MADONA MACARENO MEDINA Y OTRAS VS. CLINICA DE LA COSTA Y OTROS

Tema

Sentencia de unificación. En la presente sentencia se analizan 33 casos, en donde el factor común es que las accionantes son mujeres que, en estado de embarazo o en período de lactancia, fueron desvinculadas de sus actividades laborales y por ello solicitaron a los jueces de tutela la protección laboral reforzada constitucional a la que tienen derecho por su condición particular. Para resolver, se sigue la siguiente metodología: 1º. Análisis de la problemática que presenta cada caso en particular, en relación con las modalidades de contratación, las causas de desvinculación y el conocimiento del empleador. 2º. Los fundamentos normativos de la protección laboral reforzada a las mujeres embarazadas. 3º. La forma en que la jurisprudencia constitucional ha enfrentado este asunto. 4º. El objeto de la unificación como resultado de la problemática descrita y, 5º. El alcance de la protección dependiendo de la alternativa laboral y el conocimiento del empleador sobre el estado de embarazo de la trabajadora al momento de la desvinculación. La Corte procedió a establecer criterios que tienen en consideración el conocimiento del embarazo por parte del empleador y la modalidad de trabajo, recalcando que para despedir a una mujer en estas circunstancias el empleador debe demostrar que media una justa causa y contar con el permiso de la autoridad administrativa competente. Las medidas de protección adoptadas consisten en el reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social en salud hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad; la orden de reintegro de la mujer embarazada o la renovación de su contrato, siempre que sea posible; y en algunos casos la indemnización prevista en el artículo 239 del C.S.T.
Recibo Relatoria   22-5-2013 0:00


Item 72    Expediente   T-2566104    Fecha sentencia   13-2-2013 0:00    Sentencia   SU.071/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV MVCC, SV MGC, AV NPP, SPV LEVS
Demandante / Demandado    JOHANA ANDREA MARULANDA RUIZ VS. SERVIOLA S.A.

Tema

Sentencia de Unificación. En este asunto la Sala Plena de la Corporación analizó si la empresa de servicios temporales Serviola S. vulneró los derechos fundamentales de la actora y desconoció el deber de protección laboral reforzada de la mujer embarazada que se deriva de los artículos 43 y 53 de la Constitución Política, al dar por terminado su contrato de trabajo por labor u obra, siendo que para ese momento contaba con nueve semanas de embarazo. Para resolver la cuestión se estudian los siguientes temas: 1º. Los fundamentos normativos de la protección laboral reforzada a la mujer embarazada. 2º. El deber de protección objetiva a la mujer gestante y lactante a cargo de las empresas de servicios temporales y 3º. El alcance de la protección y las órdenes judiciales procedentes según la modalidad de la alternativa laboral y el conocimiento del empleador sobre el estado de embarazo de la trabajadora al momento de la desvinculación. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la empresa accionada tomar las medidas necesarias para reconocer a la actora, de forma solidaria, el pago de la licencia de maternidad.
Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 73    Expediente   T-3617744    Fecha sentencia   13-2-2013 0:00    Sentencia   T-072/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MARIA DORALBA LOPEZ CARVAJAL VS. ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR

Tema

Vida, seguridad social, mínimo vital, igualdad, dignidad humana. En el presente asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones PORVENIR, por el hecho de negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a una persona calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 67.20%, bajo el argumento de no acreditar 50 semanas de cotización en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y por no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema, al menos en un veinte por ciento del tiempo transcurrido entre el momento en que el peticionario cumplió 20 años de edad y la fecha de su primera calificación. La Sala analizó la siguiente temática: 1º. El derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y la importancia de la pensión de invalidez. 2º. La protección constitucional reforzada de los sujetos de especial protección, tales como las personas con discapacidad o con alguna enfermedad grave. 3º. Los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y 4º. El principio de progresividad de los derechos sociales constitucionales y la prohibición de regresividad. Se TUTELAN los derechos fundamentales invocados y se ordena a la accionada reconocer y pagar la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 74    Expediente   T-3668948    Fecha sentencia   13-2-2013 0:00    Sentencia   T-073/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS PINZON ALONSO AGENCIADO A NORMA YAMILE GOMEZ TRIANA VS. CONVIDA E.P.S.S

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se presenta la solicitud de amparo constitucional contra CONVIDA E.P.S.S, invocando la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, los que considera vulnerados con la decisión de negar el suministro de un medicamento ordenado al paciente para evitar la ocurrencia de convulsiones, así como la entrega de elementos básicos para su higiene personal, tales como pañales desechables y la autorización del servicio de ambulancia con el acompañamiento de enfermería, para trasladar al agenciado desde el municipio de Sesquilé hasta la ciudad de Bogotá, para asistir a las terapias ordenadas por el médico tratante. La E.P.S.S. demandada fundamentó su negativa, en el hecho de que los servicios o insumos requeridos no están incluidos en el POSS. La Sala reitera el precedente constitucional respecto a: 1º. El carácter fundamental del derecho a la salud. 2º. La jurisprudencia de la Corporación para ordenar el suministro de tratamientos, procedimientos o medicamentos excluidos del POS. 3º. La autorización de los gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes por las E.P.S., para acceder a los servicios de salud. Se CONCEDE el amparo de los derechos invocados y se imparten una serie de órdenes tendientes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   8-3-2013 0:00


Item 75    Expediente   T-2962772    Fecha sentencia   13-2-2013 0:00    Sentencia   T-074/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MIGUEL ZULUAGA MUÑOZ VS. LA NACION, MINISTERIO DE HACIENDA Y OTRO

Tema

Indexación de la primera mesada pensional. Se presenta la acción de tutela contra el Ministerio de Hcienda y Crédito Público y contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por considerar que tales entidades vulneran derechos fundamentales del actor, al negarse a efectuar el pago de la pensión indexada, con base en que el reconocimiento de la misma se dio por medio de un acto administrativo y no por una sentencia judicial. Se solicita al juez de tutela ordenar el cálculo actuarial, la cancelación de los valores dejados de percibir y el pago de las mesadas pensionales indexadas. La Sala considera que las entidades accionadas si vulneraron derechos fundamentales del actor porque, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, la actualización de la mesada pensional es universal y por tanto, no es posible afirmar que ésta le asiste exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, debido a que todos ven afectado su mínimo vital por la depreciación monetaria. En este sentido, considera la Sala que la autoridad demandada incumplió el deber de aplicar la interpretación que la Corporación ha hecho al derecho constitucional a la indexación. En sede de revisión la Sala conoció que al actor le fue reconocida la indexación reclamada y que además recibió el retroactivo correspondiente a los valores anteriores a la aprobación del cálculo actuarial. Se declara la existencia de un HECHO SUPERADO y se advierte al Ministerio accionado que no puede negarse a aprobar el pago de la indexación pensional reconocida mediante acto administrativo, puesto que ante la certeza de la existencia del derecho, no existe ninguna justificación para exigir una sentencia judicial que lo reconozca. Indica que esta práctica es inconstitucional y vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y a la indexación de los pensionados.


Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 76    Expediente   T-3649279    Fecha sentencia   14-2-2013 0:00    Sentencia   T-075/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV AJE
Demandante / Demandado    DIANA MILENA PARDO HERNANDEZ EN REPRESENTACION DE SU HIJA MARIA FERNANDA LOPEZ PARDA VS. ICBF

Tema

Salud, vida digna. La actora tiene una hija de nueve años de edad a quien se le diagnosticó microcefalia, retardo psicomotor, comportamientos pervasivos y síndrome de rett, por lo cual requiere diferentes cuidados y tratamientos. Se indica en la demanda de tutela que en virtud de los padecimientos de la menor, el ICBF la incluyó en el programa Hogar Gestor para Población con Discapacidad y por ello recibe una ayuda económica para solventar las necesidades básicas, tales como compra de pañales desechables, alimentos, elementos de aseo, ropa y transporte, entre otros. La acción constitucional se interpone porque el Instituto excluyó a la niña del referido beneficio, argumentando para ello el cese del estado de vulnerabilidad de la beneficiaria y el vencimiento del término de permanencia más la respectiva prórroga. La demandante considera que el estado de la menor continua siendo el mismo y que por tanto sus necesidades siguen siendo iguales o mayores a las iniciales. Luego de analizar temática relacionada con el interés superior del niño, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, el alcance, finalidad y límites constitucionales al decreto y práctica de las medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar al accionado incluir nuevamente a la representada en la medida de restablecimiento de derechos denominado Hogar Gestor para Población con discapacidad y abstenerse de limitar o suspender su continuidad, mientras subsistan las circunstancias que dieron lugar a la concesión de tal medida.
Recibo Relatoria   12-3-2013 0:00


Item 77    Expediente   T-3417272    Fecha sentencia   14-2-2013 0:00    Sentencia   T-076/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    MARIA LEIDA VALENCIA GOMEZ VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

Tema

La accionante alega que Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, vulneró sus derechos fundamentales al tomar la decisión de no inscribirla ni a su grupo familiar, en el Registro Único de Población Desplazada. La entidad accionada señaló que el desplazamiento de que fue objeto la actora se dio por grupos de violencia común y que ésta situación no es una causa para proceder a la inscripción reclamada porque es considerada como una falta a la verdad. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedibilidad de la acción de tutela en materia de desplazamiento forzado. 2º. Alcance de la noción de desplazado interno. 3º. Marco normativo para la inscripción en el RUPD y pautas jurisprudenciales que determinan su aplicación. Se reitera que el precedente constitucional indica que, en casos como el presente, debe reconocerse una inversión en la carga de la prueba de manera que, corresponde a la autoridad demostrar de forma pertinente, clara y suficiente que la solicitante no se encuentra en alguna de las situaciones previstas por la ley para ser considerada víctima y, en consecuencia, no es procedente la inscripción. Al encontrar que en la resolución que negó la inscripción a la actora no se aportó evidencia que condujera a concluir, sin lugar a dudas, que los hechos narrados por ésta fueron causados por grupos de delincuencia común, se decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar que se decida sobre la inclusión de la demandante y de su núcleo familiar en el RUPD, luego de realizar una valoración del caso en el cual deberá permitir la ampliación de la declaración inicial y tener en cuenta pautas precisadas por la Corporación para la aplicación de las normas relativas a dicho registro.
Recibo Relatoria   15-4-2013 0:00


Item 78    Expediente   T-3646858    Fecha sentencia   14-2-2013 0:00    Sentencia   T-077/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    JORGE ALDIDIER RAMIREZ TORRES VS. COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA COIBA

Tema

En el presente asunto se alega vulneración de los derechos fundamentales al agua, a la dignidad humana, a la vida y a la salud del actor por parte del Complejo Carcelario y Penitenciario COIBA de Ibagué, en tanto no se le está suministrando agua en cantidades suficientes para su aseo personal y para la limpieza de los baños y de las celdas al interior del bloque donde se encuentra recluido, lo que genera que no se pueda descargar los sanitarios cuando son usados, malos olores y enfermedades en los internos. La Sala se refiere a los siguientes tópicos: 1º. Derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación especial de sujeción con el Estado, que determina su alcance. 2º. El derecho fundamental al agua y la obligación del Estado de asegurar su satisfacción por lo menos en los niveles mínimos esenciales. 3º. La procedibilidad de la acción de tutela para reclamar la garantía del derecho al agua. 4º. La garantía prioritaria y reforzada del derecho fundamental al agua que merecen las personas privadas de la libertad como sujetos especialmente vulnerables. Se concluye que: 1º. Las personas privadas de la libertad son sujetos especialmente vulnerables que merecen una garantía prioritaria y reforzada de su derecho fundamental al agua. 2º. La situación de hacinamiento, las condiciones de insalubridad y la falta de un suministro de agua suficiente que se vive al interior de los establecimientos carcelarios, deberá ser considerada como condiciones de la pena desocializadora, pues vulneran la dignidad humana e impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización. 3º. El derecho de los reclusos a la dignidad humana y la prohibición de ser objeto de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se ven quebrantadas por el hacinamiento, la insalubridad y las pésimas condiciones de la infraestructura física de las cárceles, así como las carencias infraestructurales de las áreas sanitarias, ponen en riesgo sus derechos a la vida y a la salud. 4º. El Estado debe garantizar el derecho al agua a todas las personas, por lo menos en los niveles mínimos esenciales, lo que se traduce en la asunción de ciertas obligaciones básicas previstas en la Observación General No. 15 del Comité, las cuales constituyen el núcleo esencial del derecho al agua y no pueden suspenderse, ni incumplirse alegando la falta de recursos. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados, dentro de los cuales está el suministro diario total de 25 litros de agua a cada uno de los reclusos y el diseño de un Plan de Mejoramiento Integral del Complejo Picaleña.


Recibo Relatoria   15-4-2013 0:00


Item 79    Expediente   T-3627445    Fecha sentencia   14-2-2013 0:00    Sentencia   T-078/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    YECID BRIÑEZ POLOCHE VS. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-MINISTERIO DEL INTERIOR

Tema

El accionante, actuando en calidad de gobernador de la comunidad indígena Chenche Buenavista, ubicada en el municipio de Coyaima (Tolima, como presidente de las Autoridades Indígenas de Colombia y beneficiario de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgadas a los indígenas del Pueblo Pijao, presentó la acción de tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio del Interior, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al tomar la decisión de suspender las medidas de protección que le habían sido previamente otorgadas, bajo la consideración de que el estudio de seguridad efectuado ponderó que el riesgo al que estaba expuesto era de naturaleza ordinaria. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la seguridad personal, el alcance dado por la jurisprudencia constitucional y la escala de riesgos y amenazas para brindar protección especial por parte del Estado, enfatizando la precisión conceptual efectuada en la sentencia T-339/10. Se TUTELAN los derechos a la vida y a la seguridad del actor y se ordena a la accionada disponer de manera ininterrumpida la continuidad de las disposiciones de seguridad otorgadas al accionante, en el marco de las medidas cautelares que le fueron concedidas por la CIDH.
Recibo Relatoria   31-5-2013 0:00


Item 80    Expediente   T-3647655    Fecha sentencia   14-2-2013 0:00    Sentencia   T-079/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    JULIAN CASTAÑO HERNANDEZ EN REPRESENTACION DE SARA MICHELL SANCHEZ VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema

Salud. El accionante se encuentra afiliado como cotizante a la E.P.S. SALUD TOTAL y tiene como beneficiarios a su esposa, a la hija de ésta y a su propia hija. La hija de la cónyuge es menor de edad y dio a luz a una bebé que no pudo ser afiliada en la precitada E.P.S. como beneficiaria del actor, ya que exigieron para el efecto cancelar una unidad de pago por capitación (UPC) adicional. Con la acción de tutela se pretende que la accionada autorice la inscripción de la recién nacida como beneficiaria del actor, sin exigirle el pago de la UPC adicional, toda vez que no se encuentra con la capacidad económica suficiente para sufragar este costo. La entidad demandada adujo no estar en la obligación de autorizar la atención médica a la menor, toda vez que no es nieta del peticionario sino de su cónyuge y que la recién nacida puede ser afiliada al régimen contributivo mediante la cancelación de una UPC adicional o al Sistema de Salud Subsidiado, de no contarse con los recursos económicos para sufragar dicho gasto. La Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado a favor de la niña recién nacida, ordenar a la Secretaría de Salud Pública de Manizales realizar los trámites administrativos necesarios para su afiliación a una E.P.S. del régimen subsidiado, con el fin de que reciba la atención médica requerida y que informe al núcleo familiar del accionante los programas de salud pública que ofrece a los ciudadanos, en especial, los relacionadazo con la atención médica del binomio madre e hijo.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 81    Expediente   T-3373649    Fecha sentencia   15-2-2013 0:00    Sentencia   T-080/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    LUIS BELTRAN DANGON MARTINEZ VS. ISS-PENSIONES

Tema

El accionante solicita que vía tutela se ampare transitoriamente sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la salud y, de manera consecuente, se ordene al ISS reconocer y pagar la pensión de retiro por vejez con aplicación del régimen pensional de los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público y de los demás serviciares del Estado, a la que cree tener derecho como beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,. . El instituto accionado negó la prestación por el no cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal reconocimiento. La Sala analizó la siguiente temática: 1º. Finalidad y características del régimen de transición previsto en la Ley 100 y, 2º. El régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público, establecido en el Decreto 546 de 1971. Pese a NEGAR la solicitud de tutela incoada se ordena a la accionada que, si el actor opta por recibir la indemnización sustitutiva, proceda a reconocerla y pagarla, conforme a las reglas contenidas en el artículo 37 de la ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.
Recibo Relatoria   1-4-2013 0:00


Item 82    Expediente   T-3649382    Fecha sentencia   15-2-2013 0:00    Sentencia   T-081/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    INGRY CONSTANZA RIAÑO ZAPATA Y OTROS VS. INVIAS

Tema

En el presente caso se instaura la acción constitucional con la pretensión de que se ordene el levantamiento de un puente provisional construido hace cinco años en la vía nacional que de Guamal conduce a Granada, en el departamento del Meta y, para que de manera consecuente, se requiera la construcción de una obra nueva que reduzca el peligro que ofrece la carretera que hay frente a la Escuela Antonio José de Sucre, ubicada a pocos metros del precitado puente, en donde estudian los hijos de los actores. Para resolver el problema jurídico planteado la Corte explica las características que debe reunir el perjuicio irremediable, requisito que habilita la interposición de la acción de tutela como mecanismo transitorio. A su vez, estudia si el amparo deprecado es el mecanismo adecuado para solicitar la construcción de obras pública y las órdenes complejas que pueden impartir los jueces de tutela para proteger derechos fundamentales. Se TUTELAN los derechos a la vida y a la integridad de los menores hijos de los accionantes y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   6-6-2013 0:00


Item 83    Expediente   T-3603506    Fecha sentencia   19-2-2013 0:00    Sentencia   T-082/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    HECTOR LIZCANO SALCEDO Y OTROS VS. EMPESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Tema

Los accionantes solicitan al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda digna, a un ambiente sano y a la dignidad humana, los cuales consideran vulnerados ante la negativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, de autorizar la instalación del servicio definitivo del servicio de acueducto y alcantarillado en las 330 nuevas viviendas de interés social que, con la respectiva licencia, construyó la empresa ARPRECO S.A.S en el barrio Brazuelos sector Santo Domingo de Bogotá. Para resolver el asunto la Sala de Revisión analizó la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela. 2º. Contenido del derecho fundamental al agua potable. 3º. Importancia del servicio público de alcantarillado. 4º. Prestación eficiente de los servicios públicos como una finalidad social del Estado. Se concluye que, el servicio público de alcantarillado y agua potable no es un derecho ilimitado ni absoluto y, las condiciones para su prestación se encuentran establecidas en la Ley 142 de 1994, las leyes modificatorias y decretos reglamentarios. Así mismo se establece que los servicios de acueducto y alcantarillado tienen el carácter de fundamental y por eso, cuando es ineficiente o ausente su prestación, se afecta de manera notoria los derechos y principios constitucionales fundamentales. Se CONCEDE la tutela pero se advierte que, aunque la EAAB autorice la instalación de los servicios públicos solicitados, la constructora ARPRECO SAS debe cumplir con las observaciones y requerimientos realizados por dicha entidad con la finalidad de adelantar las obras. Se insta a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá para que verifique y garantice que la conexión concedida cumpla con los lineamientos exigidos para preservar el medio ambiente.


Recibo Relatoria   18-3-2013 0:00


Item 84    Expediente   D-9209    Fecha sentencia   20-2-2013 0:00    Sentencia   C-083/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV JIPC, SV MGC, SV NPP
Demandante / Demandado    EVARISTO RAFAEL RODRIGUEZ FELIZZOLA VS. LEY 5 DE 1992, ARTICULOS 197, 198 Y 199

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. El demandante solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas que regulan la facultad presidencial de objetar los proyectos de ley, en cuanto excluyen de dicha posibilidad a los proyectos de acto legislativo aprobados por el Congreso de la República. Aduce el actor que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 1º, 4º, 113 y 188 del Texto Superior. Al examinar los requisitos que deben cumplirse por el cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa alegada, la Corte evidenció que no se contaba con todos los elementos de juicio para realizar un examen de fondo. La Sala Plena de la Corporación decide declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   9-4-2014 0:00


Item 85    Expediente   D-9191    Fecha sentencia   20-2-2013 0:00    Sentencia   C-084/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV NPP
Demandante / Demandado    GLORIA MARIA AVENDAÑO DIMATE Y OTRO VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULOS 11 (NUMERAL 4, 22, 44, 133

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (numeral 4), 22, 44 y 133 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Los demandantes consideran que los artículos demandados son contrarios a los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia porque fueron introducidos en el cuarto debate y no guardan relación con lo debatido hasta ese momento. La Corte constató que en las normas demandadas no se vulneraron los principios de identidad flexible y consecutividad y que además existe unidad temática. También evidenció que se respetó a cabalidad el principio de publicidad y que, en relación con el inciso final del artículo 44, se configura el fenómeno de la cosa juzgada material, por cuanto su contenido normativo es idéntico al contenido sobre el cual se pronunció en la sentencia C-1076/02. Se declaran EXEQUIBLES por los cargos analizados, los artículos 11 (numeral 4), 22 y 133. Igualmente se declara EXEQUIBLE la expresión “cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva”, contenida en el inciso cuarto del artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, bajo el entendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales.


Recibo Relatoria   1-4-2013 0:00


Item 86    Expediente   D-9221    Fecha sentencia   20-2-2013 0:00    Sentencia   C-085/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NATALIA VELASQUEZ ESCALANTE VS. LEY 1527 DE 2012, ARTICULO 15 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones. La demandante considera que el aparte normativo acusado vulnera los artículos 154 y 158 de la Constitución Política. Cuestiona la relación que pueda existir entre la reactivación del beneficio fiscal del leasing operativo en los proyectos de infraestructura y la posibilidad de negociar acciones en bolsa por parte de comisionistas, con la libranza o descuento directo que regula la ley 1527 de 2012. La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la inexequibilidad del mismo aparte demandado, por violación del principio de unidad de materia. Se decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-015/13.
Recibo Relatoria   1-3-2013 0:00


Item 87    Expediente   T-3640207    Fecha sentencia   21-2-2013 0:00    Sentencia   T-086/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    VICTOR MANUEL CHARA MUÑOZ VS. ISS

Tema

La Corte Constitucional ampara el derecho de petición del accionante y en consecuencia ordena a COLPENSIONES proferir resolución de fondo respecto de la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez que él presentara ante el extinto Instituto de Seguros Sociales, en marzo del año 2012. Esta decisión la adoptó la Sala de Revisión, luego de realizar un análisis jurisprudencial sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez y después de concluir que la vulneración se presentó frente al derecho de petición, toda vez que para la fecha de interponer la acción constitucional, la entidad accionada no había resuelto nada sobre el reconocimiento pensional reclamado.


Recibo Relatoria   11-6-2013 0:00


Item 88    Expediente   T-3625899 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   22-2-2013 0:00    Sentencia   T-087/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    INES ISABEL MOLINA OVIEDO Y OTROS VS. CAJANAL EICE Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital, igualdad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En todos los casos bajo estudio la conducta que se alega como vulneradora de derechos fundamentales, es la negativa de la entidad accionada de reconocer y pagar a los actores la indemnización sustitutiva de la pensión, con base en que las semanas cotizadas se registraron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Para la Sala, no es admisible que la entidad accionada persista en negar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva consagrado en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, al afiliado que realizó sus aportes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. Se CONCEDE el amparo solicitado por los diferentes accionantes y se ordena expedir los actos administrativos que resuelvan las peticiones de indemnización sustitutiva impetradas por los actores, acatando la regla jurisprudencial identificada en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 89    Expediente   T-3661235    Fecha sentencia   22-2-2013 0:00    Sentencia   T-088/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    COMUNIDAD INDIGENA RESGUARDO YAGUARA II VS. CASA EDITORIAL EL TIEMPO

Tema

Honra, buen nombre, rectificación de la información. A través de la Defensoría del Pueblo se presenta la acción de tutela en representación de la Comunidad Indígena del Resguardo Yaguará II de San Vicente del Caguán y en contra de la Casa Editorial el Tiempo, por la presunta vulneración de derechos fundamentales de la precitada etnia, al publicarse en el periódico una columna titulada “Empieza gigantesca extinción de tierras despojadas por las FARC”, en la que, según opinión de la accionante, se realizaron graves señalamientos contra la comunidad indígena del municipio de San Vicente de Caguán. Encuentra la Sala que la información difundida por el Diario El Tiempo no es de aquellas que pueda constituir una afirmación específica en contra de la Comunidad Indígena representada, en tanto no es posible para el lector identificar una acusación en contra de la misma, ni tampoco contra el grupo de comunidades indígenas de San Vicente del Caguán. Se precisa que, sólo una afirmación específica, esto es, aquella que se refiere concretamente a una persona o grupo de personas, o la que permite al intérprete su fácil identificación, tiene la potencialidad de afectar los derechos a la honra y al buen nombre de quien se sienta aludido. En este caso, por no encontrar evidencia de vulneración de derecho fundamental alguno, considera la Sala que no es procedente ordenar rectificación al medio de comunicación accionado. Se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   10-5-2013 0:00


Item 90    Expediente   T-3674018 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   22-2-2013 0:00    Sentencia   T-089/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ELENA PARRA DE CARVAJAL Y OTROS VS. COMFENALCO E.P.S.S Y OTROS

Tema

Vida, salud, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. A través de la figura de la agencia oficiosa se incoan las acciones de tutela en representación de pacientes que tienen 93 y 77 años de edad respectivamente, quienes padecen diferentes patologías que les genera no control de sus esfínteres y, de manera consecuente, les obliga a usar pañales desechables, los cuales no pueden ser asumidos por sus familiares toda vez que no poseen recursos económicos para hacerlo. Las entidades demandadas fundamentan su negativa en el hecho de que los insumos solicitados se encuentran excluidos del POS y que no fueron prescritos por el médico tratante. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental a la salud, su especial protección por parte del Estado en relación con las personas de la tercera edad y los requisitos establecidos por la Corporación para solicitar mediante la tutela un tratamiento médico o insumo excluido de la regulación legal y reglamentaria del derecho a la salud, la Sala decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 91    Expediente   T-3660821    Fecha sentencia   26-2-2013 0:00    Sentencia   T-090/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUIS ADELMO PLAZA GUAMANGA VS. COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

Tema

En este caso los accionantes solicitan el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y el acceso a la promoción dentro de la carrera administrativa, los cuales estiman vulnerados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la universidad de San Buenaventura (Seccional Medellín), por cuanto se negaron a reprogramarles las fechas de la prueba de entrevista dispuesta dentro de una convocatoria en la cual participaban para acceder a unos cargos en la DIAN, a pesar de haber sido informadas de que les fue concedida una comisión de servicios en el exterior por parte de su empleador, esto es la propia DIAN, con el fin de asistir a un seminario de importancia institucional. Para decidir el caso se utiliza la siguiente metodología: 1º. Hacer un recuento de la convocatoria adelantada por la CNSC para proveer cargos de carrera administrativa en la DIAN. 2º. Hacer un estudio sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos y 3º. Analizar el criterio de igualdad de los concursantes en una convocatoria pública de acceso por méritos a cargos de carrera administrativa en la DIAN. Se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON POR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.
Recibo Relatoria   10-4-2013 0:00


Item 92    Expediente   T-2848522    Fecha sentencia   26-2-2013 0:00    Sentencia   T-091/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    PROCURADURIA GENRAL DE ARAUCA Y OTRO VS. ACCION SOCIAL Y OTROS

Tema

El Procurador Regional de Arauca y el Defensora del Pueblo de ese mismo lugar, en representación de las comunidades indígenas de Caño Claro, La Esperanza, Iguanitos y Parreros asentadas en Betoyes, Municipio de Tame y de la comunidad indígena de Hitnu Cuiloto Marrero, asentada en el municipio de Puerto Rondón, alegan la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de estas comunidades por parte de las autoridades accionadas, al no haber concluido los procesos de retorno o reubicación solicitados para remediar la situación de desplazamiento forzado que afrontan. Carácter fundamental del derecho al territorio colectivo de las comunidades indígenas. Derecho al retorno o reubicación de los grupos étnicos víctimas del desplazamiento forzado. Se CONCEDE el amparo del derecho al territorio y se ordena a las accionadas concluir el proceso de retorno de las comunidades indígenas representadas, conforme a los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad determinados en el presente fallo.


Recibo Relatoria   26-5-2014 0:00


Item 93    Expediente   T-3540201    Fecha sentencia   26-2-2013 0:00    Sentencia   T-092/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV AEJE
Demandante / Demandado    RAFAEL QUINTANA MORALES Y OTROS VS. FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Tema

A través de apoderado judicial treinta y tres accionantes presentan acción de tutela en contra del Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales y se ordene la indexación de la primera mesada pensional, la cual fue reclamada y denegada por la entidad accionada, al considerar que se trata de una pensión convencional, es decir, que proviene de un acuerdo voluntario de las partes plasmado en la Convención, en la cual no existe una disposición expresa que ordene que durante el lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de la relación laboral como trabajador de la empresa y el momento en que se adqueire el derecho pensional, se deba indexar la base salarial. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con la indexación de la primera mesada pensional y analizar cada caso en concreto, la Sala precisa que, las entidades accionadas al negar la indexación pretendida por los actores desconocen los artículos 48 y 53 de la Constitución Política que consagra el deber de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, así como los principios de favorabilidad y de indubio pro operario a favor del trabajador. Ante la absoluta certeza de la existencia del derecho a la indexación solicitada, la Sala CONCEDE el amparo de forma definitiva y imparte una serie de órdenes, las cuales se definen de acuerdo a las circunstancias específicas de cada tutelante, es decir, de los que no acudieron al proceso ordinario laboral y de aquellos que si acudieron a esta jurisdicción y tienen procesos en curso o éstos ya fueron concluidos.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 94    Expediente   T-3673846    Fecha sentencia   26-2-2013 0:00    Sentencia   T-093/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    EMELINA GUZMAN DE AGUIRRE VS. CAJANAL EN LIQUIDACION

Tema


La demandante alega que CAJANAL EICE EN LIQUIDACION vulneró sus derechos fundamentales con el hecho de negarle el reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento de su esposo, oponiendo como razón que el causante no reunía el tiempo suficiente exigido en la Ley 12 de 1975, para que su beneficiaria accediera al derecho pensional. La Sala examina temática relacionada con el derecho fundamental a la seguridad social, la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la procedencia de la acción constitucional para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión. Se niega el reconocimiento de la prestación reclamada pero se amparan los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y la protección de la tercera edad invocados por la actora, reconociendo la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente a la que tiene derecho.

Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 95    Expediente   T-3589628    Fecha sentencia   26-2-2013 0:00    Sentencia   T-094/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV AJE
Demandante / Demandado    PATRICIA VS. JUZGADO DE FAMILIA

Tema

En este asunto se presenta la acción de tutela en contra de un Juzgado de Familia que mediante sentencia judicial homologó el trámite administrativo surtido por el ICBF dentro de un proceso de restablecimiento de derechos, mediante el cual se declaró en estado de adoptabilidad a dos menores de dieciocho años. Se alega violación al debido proceso en tanto la actora, en su calidad de Ministerio Público, no fue notificada de dicha actuación y porque la Defensoría de Familia omitió proferir la resolución a la que se hace referencia en el artículo 107 del Código de la Infancia y la Adolescencia. También se alega vulneración de derechos fundamentales de las referidas niñas, al no tenerse en cuenta que su familia extensa, en particular sus abuelos paternos, deseaban hacerse cargo de su cuidado. Para resolver el caso la Sala analizó la siguiente temática: 1º. La legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela que buscan la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 2º. Doctrina constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y contra actos administrativos. Desarrollo de los defectos fáctico y violación directa de la Constitución y 3º. El derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no ser separados de ella. Dentro de este acápite se analiza extensamente los siguientes subtemas: a). el principio del interés superior de los menores de dieciocho años. b). el derecho fundamental de los menores de dieciocho años a ser escuchados. Se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON la tutela impetrada.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 96    Expediente   T-3680555    Fecha sentencia   26-2-2013 0:00    Sentencia   T-095/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV AEJE
Demandante / Demandado    ALEJANDRO BEDOYA LOPEZ VS. INPEC

Tema

El accionante se desempeña como dragoneante y desarrolla sus actividades laborales en el Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Pereira (Risaralda). Según la historia clínica y conceptos especializados aportados al expediente, el actor presenta alteraciones psiquiátricas y por este motivo ha recibido tratamiento en forma continua y ha sido recluido en varias oportunidades en el Hospital Mental de Risaralda, con diagnósticos que van desde trastorno delirante persistente no especificado, trastorno anancástico de la personalidad, hasta trastorno obsesivo compulsivo recurrente. La acción de tutela se interpone para conseguir que el INPEC revoque la decisión de trasladarlo a la ciudad de Sincelejo, toda vez que, el estar lejos de su familia pone en peligro su estabilidad afectiva, por cuanto su tratamiento debe ser integral y esto implica el acompañamiento de su núcleo familiar, entendiéndose éste no sólo el conformado por sus hijas y compañera permanente, sino el de su madre y hermanos. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos que ordenan traslados de los funcionarios públicos cuando está de por medio la salud. 2º. Alcances y límites del ejercicio del ius variandi. 3º. El carácter fundamental autónomo del derecho a la salud. 4º. El derecho a la salud mental y 5º. Los deberes de solidaridad del Estado y la sociedad en la protección especial de los enfermos mentales y el papel de la familia en su recuperación. La Sala CONCEDE el amparo solicitado y ordena al INPEC inaplicar la resolución de traslado, hasta tanto el médico tratante o especialista en psiquiatría considere la recuperación total del paciente y la vulneración sea superada. Así mismo se ordena reubicar al actor en la ciudad de Pereira en un cargo acorde a su actual estado, el cual no debe presentar riesgo para su salud, conforme las recomendaciones realizadas por la Coordinadora del Grupo de Salud Ocupacional del centro carcelario de dicha ciudad.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 97    Expediente   D-9174    Fecha sentencia   27-2-2013 0:00    Sentencia   C-096/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV NPP, SV JIPC
Demandante / Demandado    ANGEL HORACIO GONZALEZ BETANCUR VS. DECRETO 1791 DE 2000, ARTICULO 52 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 parcial del Decreto 1791 de 2000, por medio del cual se modifican las normas de carrera del personal de Oficiales nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. El demandante afirma que la disposición acusada contempla beneficios de orden laboral para el personal de la Policía Nacional que ha sido suspendido en virtud de un proceso penal y posteriormente restablecido por absolución, preclusión, cesación o revocatoria de la medida de aseguramiento y no para quienes han sido excluidos por decisión de la propia institución y luego reintegrados por orden de la justicia administrativa. Aduce, que en el primer caso los miembros de la Policía Nacional tienen derecho a que los ascensos se efectúen en las mismas condiciones de los compañeros de curso o promoción, mientras que en el segundo caso no tienen derecho a estos beneficios. La Sala concluye que no se cumple con las exigencias argumentativas de las demandas de inconstitucionalidad y por ello decide declararse INHIBIDA para emitir decisión de fondo.
Recibo Relatoria   9-5-2013 0:00


Item 98    Expediente   D-92223    Fecha sentencia   27-2-2013 0:00    Sentencia   C-097/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    CAMILO ERNESTO JAIMES POVEDA VS. DECRETO LEY 019 DE 2012, ARTICULOS 73, 74, 75 Y 76

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. El demandante considera que los textos normativos acusados vulneran el artículo 150-10 de la Constitución, en la medida en que su contenido excede las facultades extraordinarias otorgadas por el legislador al Ejecutivo. También se alega vulneración del principio de unidad de materia. La Corte concluyó que la concentración de la vigilancia en la Superintendencia Financiera sobre los operadores de la información de la PILA no excedió las facultades extraordinarias y se inscribe en el propósito de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Los artículos demandados se declaran EXEQUIBLES por los cargos examinados.
Recibo Relatoria   14-8-2013 0:00


Item 99    Expediente   D-9231    Fecha sentencia   27-2-2013 0:00    Sentencia   C-098/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV JIPP, SV MVCC, SV LEVS
Demandante / Demandado    NIXON TORRES CARCAMO Y OTRA VS. DECRETO 4057 DE 2011, ARTICULO 7 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 (parcial) del Decreto 4057 de 2011, por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones. Los demandantes consideran que los apartes normativos acusados desconocen los derechos de carrera adquiridos por los funcionarios del DAS, en tanto disponen que, al momento de ser reubicados, su régimen prestacional, de carrera y de administración de personal, será el de las entidades receptoras. A su juicio, esta disposición resulta incompatible con los dispuesto en los artículos 29 y 53 de la Constitución. La Corte concluyó que el régimen de personal que se reconoce a los empleados del DAS que sean reubicados en otras entidades, por supresión de este organismo, no desconoce sus derechos adquiridos. Se decide declarar EXEQUIBLES las expresiones “El régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo receptor” y “a partir de la incorporación su régimen de carrera será el que rige en la entidad receptora”, contenidas en el artículo 7 del Decreto 4057 de 2011.
Recibo Relatoria   22-5-2013 0:00


Item 100    Expediente   D-9214    Fecha sentencia   27-2-2013 0:00    Sentencia   C-099/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV MVCC,SPV MGC, AV LGGP, AV JIPC, SPV LEVS
Demandante / Demandado    ORLANDO PITO TOMBE Y OTROS VS. LEY 1448 DE 2011, ARTICULOS 79, 88, 132 (PARCIALES)

Tema


Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 79 (parcial), 88 (parcial) y 132 (parcial) de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones. Los textos normativos acusados se refieren a la competencia para conocer de los procesos de restitución de tierras en única instancia, las oposiciones y reglamentación por el Gobierno Nacional y la indemnización por vía administrativa a las víctimas. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión “única instancia” contenida en el artículo 79 demandado, así como del inciso final del artículo 88 de la Ley 1448 de 2011 acusado, por los cargos analizados en la presente sentencia. Los incisos 2º y 3º del artículo 132 de la misma norma se declaran EXEQUIBLES por los cargos examinados, en el entendido que en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa.

Recibo Relatoria   12-4-2013 0:00


Item 101    Expediente   D-9219    Fecha sentencia   27-2-2013 0:00    Sentencia   C-100/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ANDRES DE ZUBIRIA SAMPER VS. LEY 1551 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6, 9, 30, 31, 42, 44 y 49 de la ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Luego de analizar cada uno de los cargos formulados frente a los artículos impugnados, la Corte concluyó que, as reformas al régimen de los municipios introducidas por la Ley 1551 de 2012 no contravienen la Constitución, con la salvedad de los artículos 44 (territorios biodiversos y fronterizos) y 49 (facultades extraordinarias para codificar las normas del régimen municipal), los cuales fueron declarados INEXEQUIBLES. Frente a las expresiones demandadas contenidas en los artículos 9, 30 y 42, la Sala se INHIBE de emitir pronunciamiento de fondo y con relación a los artículos 6, 31 y 35, los declara EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 102    Expediente   D-9217    Fecha sentencia   28-2-2013 0:00    Sentencia   C-101/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV JIPP, AV MVCC, AV LGGP, AV AEJE, SV GEMM
Demandante / Demandado    JUAN EVANGELISTA SOLER REYES VS. DECRETO LEY 262 DE 2000, ARTICULO 182

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el régimen de competencias interno de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos. El problema jurídico constitucional planteado en el presente asunto conllevó a la Sala Plena a estudiar si la inclusión del cargo de Procurador Judicial entre los empleos de libre nombramiento y remoción de la Procuraduría General de la Nación y con ello, la consecuente exclusión del régimen de carrera propio de otros funcionarios de la misma entidad, vulneraba los artículos 125 y 280 de la Constitución, en tanto el primero establece la regla de que los empleos del Estado son de carrera y sólo por excepción de libre nombramiento o remoción, mientras que el segundo ordena la equiparación de los Agentes del Ministerio Público que ejercen su cargo ante jueces y magistrados, con las autoridades judiciales ante quienes actúan, en materia de calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones, entendiendo que entre los derechos a homologar se encuentra el ser considerado de carrera La Corte reafirmó el régimen de carrera administrativa como postulado estructural y principio definitorio de nuestro modelo de Carta Política y estableció que el cargo de Procurador Judicial no puede ser clasificado como de libre nombramiento y remoción. Se declara la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” contenida en el numeral 2º del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Carta. Se ordena a la Procuraduría General de la Nación convocar a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial.
Recibo Relatoria   14-6-2013 0:00


Item 103    Expediente   D-9225    Fecha sentencia   28-2-2013 0:00    Sentencia   C-102/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    IVAN ALEXANDER CHINCHILLA ALARCON VS. LEY 100 DE 1993, ARTICULO 36, INCISO 3

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993. El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad total del contenido normativo acusado, por ser contrario a la Constitución. Subsidiariamente, en caso de no declararse inconstitucional, insta a la Corte a que se pronuncie sobre el verdadero alcance y la correcta interpretación que recae sobre el inciso demandado, señalando los efectos en el tiempo de su decisión. Al encontrar que el demandante no logró estructurar ningún cargo por inconstitucionalidad y que solo fundamentó los conceptos de la violación en interpretaciones subjetivas, la Corte decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud de los cargos formulados en la demanda.
Recibo Relatoria   30-4-2013 0:00


Item 104    Expediente   T-3631303    Fecha sentencia   5-3-2013 0:00    Sentencia   T-103/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GUILLERMO MURILLO MONTERO Y OTROS VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL Y OTROS

Tema

De manera separada se incoan varias acciones de tutela para invocar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana y al mínimo vital de los accionantes, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales que, dentro del trámite de procesos ordinarios laborales, decidieron negar la indexación de la primera mesada pensional reclamada, con el argumento de que las pensiones se causaron con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y analiza cada caso en concreto para concluir que, negar el derecho a la actualización monetaria de un pensionado que consolidó su derecho antes de la Carta de 1991 o de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contraría el mandato Superior del derecho a percibir una pensión mínima vital, calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero y compromete además, los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. CONCEDIDAS.
Recibo Relatoria   18-11-2013 0:00


Item 105    Expediente   T-3673260    Fecha sentencia   5-3-2013 0:00    Sentencia   T-104/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    CLARA NELLY CORDOBA RAMOS VS. SECRETARIA DE EDUCACION DEL CHOCO

Tema

Igualdad. La accionante se desempeñaba como docente en una escuela del municipio de Medio Atrato (Chocó) y fue trasladada a otra institución educativa ubicada en el municipio del Carmen del Darién. Ella es madre cabeza de familia de cuatro hijos, uno de ellos en situación de discapacidad a raíz de una parálisis cerebral espástica permanente. Los hijos viven en la ciudad de Quibdo y lo que se alega en la acción de tutela es que las nuevas condiciones laborales impiden que atienda y cuide a sus hijos, especialmente al que tiene la limitación física, toda vez que ahora sólo puede visitar a su hijos en los períodos de vacaciones y no cada quince días como acostumbra hacerlo. Se pretende con la acción constitucional que se deje sin efectos los actos administrativos que ordenaron el traslado laboral de la actora y se ordene su reubicación en el mismo lugar de trabajo o en otro cercano a la ciudad de Quibdó, donde reside su familia. La entidad accionada confirmó la decisión de trasladar a la actora, sin embargo, decidió hacerlo a un centro educativo ubicado en el municipio de Ríosucio. Se concluye que, la entidad accionada infringió los límites constitucionales a la figura del ius variandi, desconoció la especial protección constitucional de las personas en condición de discapacidad la cual asegura el derecho a la igualdad material de una población en situación de debilidad manifiesta y, desconoció la obligación de tener en cuenta el entorno familiar del trabajador para no generar consecuencias negativas en la salud de sus miembros. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   15-4-2013 0:00


Item 106    Expediente   D-9237 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   6-3-2013 0:00    Sentencia   C-105/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV GEMM, SPV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Y OTRO VS. LEY 1551 DE 2012, ARTICULO 35 (PARCIAL)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 (parcial) de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 170 de la Ley 136 de 1994. Los demandantes afirman que las expresiones acusadas deber ser declaradas inexequibles por vulnerar principios democráticos, la autonomía de las entidades territoriales, las competencias constitucionales de los concejos para la elección de personero, modificar el procedimiento constitucional para la elección de éstos funcionarios y violar el derecho a la igualdad. La Corte declaró EXEQUIBLE la norma que exige que los personeros municipales sean elegidos mediante concurso público de méritos y determinó que la competencia atribuida a Procuraduría General de la Nación para diseñar y adelantar dichos concursos es inconstitucional, por desconocer la competencia de los Concejos y la autoridad territorial. La Sala decidió declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “que realizará la Procuraduría General de la Nación” contenida en el inciso 1 y en los incisos 2, 4 y 5 del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 107    Expediente   D-9084    Fecha sentencia   6-3-2013 0:00    Sentencia   C-106/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    ALFREDO BELTRAN SIERRA Y OTRA VS. ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 05 de 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. Se demanda la totalidad del Acto Legislativo, por considerar los actores que en su procedimiento de creación ocurrieron vicios de procedimiento y porque se vulneró la competencia del Congreso de la República para reformar la Carta Política. La Sala no encontró la ocurrencia de ninguna de las irregularidades procedimentales indicadas en la demanda, como tampoco consideró que le asistía razón a los actores en cuando al cargo por exceso de competencia del Congreso de la República como poder constituyente derivado. La Sala declara la EXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 05 de 2011, respecto de los cargos por incumplimiento de las exigencias relativas a la iniciativa normativa y la publicación del acto legislativo, ausencia de firmas de algunos ponentes en los informes, discusión de algunas constancias y proposiciones y la no publicación del informe de conciliación de la segunda vuelta por parte de la Cámara de Representantes. Respecto del cargo por sustitución de la Constitución decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-010/13.
Recibo Relatoria   12-6-2013 0:00


Item 108    Expediente   D-9240    Fecha sentencia   6-3-2013 0:00    Sentencia   C-107/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ TAMAYO VS. LEY 1551 DE 2012 NUMERAL 12 PARCIAL DEL ARTICULO 18 Y NUMERAL 9, LITERAL D, DEL ARTICULO 29

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 12 (parcial) del artículo 18 y el numeral 9, literal d), del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Según el demandante, la norma acusada les otorga a los concejos municipales o distritales la competencia para ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, a pesar de que esta es una competencia exclusiva del Presidente de la República, quien la ejerce a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. La Corte concluyó que el control político por parte de los Concejos Municipales a las empresas de servicios públicos domiciliarios no viola la Constitución. Así mismo, consideró que el legislador no puede facultar de manera imprecisa y equivoca a los alcaldes para imponer a quienes les desobedezcan o le falten al respeto, multas convertibles en arresto. Se decide declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, el numeral 12 del artículo 18 acusado e INEQUIBLE, el numeral 9 contenido en el literal d) del artículo 29, por violar el principio de estricta legalidad en materia de sanciones.
Recibo Relatoria   21-3-2013 0:00


Item 109    Expediente   D-9216    Fecha sentencia   6-3-2013 0:00    Sentencia   C-108/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    GIOVANNI GUTIERREZ SANDOVAL VS. DECRETO 4923 DE 2011, ARTICULO 156 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 156 (parcial) del Decreto 4923 de 2011, por el cual se garantiza la operación del sistema general de regalías. Para el accionante, la norma acusada impide el ejercicio de múltiples derechos protegidos por la Constitución y la Ley, entre los que se encuentran los relacionados con la organización territorial, el régimen departamental, el régimen económico y de hacienda pública, el presupuesto y la distribución de recursos y competencias. La Corte encuentra que el actor no expone con claridad, certeza y especificidad el cargo planteado, como tampoco precisa cuáles son las normas constitucionales que se desconocen, ni el concepto de violación del ordenamiento superior, elementos indispensables para que la Corporación pueda ejercer el control de constitucionalidad y proferir una decisión de fondo respecto de los mismos. Se declara INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   16-4-2013 0:00


Item 110    Expediente   D-9142    Fecha sentencia   6-3-2013 0:00    Sentencia   C-109/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOSE FERNANDO VALENCIA GRAJALES Y OTROS VS. LEY 1520 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1520 de 2012, por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su Protocolo modificatorio en el marco de la política de comercio exterior e integración económica. Se demanda la totalidad de la ley referida, argumentando que ésta no cumplió con los respectivos debates exigidos en la Constitución y en la Ley 5ª de 1992. La Corte comprobó la existencia de cosa juzgada constitucional y decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-011/13, mediante la cual se declaró inexequible la Ley 1520 de 2012.
Recibo Relatoria   1-4-2013 0:00


Item 111    Expediente   D-9257    Fecha sentencia   6-3-2013 0:00    Sentencia   C-110/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    NATALIA ALEJANDRA BORDA ZAPATA VS. LEY 100 DE 1993, ARTICULO 39 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 39 parcial de la Ley 100 de 1993. considera la demandante que en la norma acusada el legislador desconoció la Constitución, al establecer requisitos para acceder a la pensión de invalidez, tales como las semanas de cotización y la afiliación al Sistema General de Pensiones. La Corte reiteró la necesidad de precisión y claridad en el objeto de la demanda y en las razones de violación de La Constitución, para poder emitir una decisión de fondo. Asimismo, adujo que la alusión a casos particulares o la discrepancia sobre un sistema de seguridad social no permiten estructurar un cargo apto de inconstitucionalidad. La Sala decide declararse INHIBIDA para decidir de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   1-4-2013 0:00


Item 112    Expediente   T-3688601 ACUMULADOS    Fecha sentencia   7-3-2013 0:00    Sentencia   T-111/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ANA HERMINIA CARDONA GUIRAL EN CALIDAD DE AGENTE OFICIOSA DE SU HIJO JUAN MANUEL GIRALDO Y OTROS VS. E.P.S.S. SURA Y OTROS

Tema

Salud, vida en condiciones dignas. Se acumulan expedientes por unidad de materia. El problema jurídico planteado en cada acción de tutela se circunscribe a alegar la vulneración de derechos fundamentales por parte de las entidades promotoras de salud a las cuales se encuentran afiliados los agenciados, al negarles el suministro de insumos, servicios o medicamentos bajo el argumento de estar excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Se destaca que las personas agenciadas se encuentran en incapacidad física y mental para solicitar la protección de sus derechos fundamentales de manera directa. Por ser el asunto de análisis objeto de múltiples pronunciamientos de la Corporación, la Sala de Revisión reitera jurisprudencia sobre: 1º. El carácter fundamental del derecho a la salud. 2º. El derecho a la salud, en especial de personas de la tercera edad y en situación de discapacidad. 3º. La garantía de continuidad en la prestación de los servicios de salud. 4º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el suministro de insumos, servicios, elementos y medicamentos excluidos del POS y, 5º. La prestación del servicio de transporte y la cancelación de los copagos para acceder a estos servicios, específicamente de quienes no tienen la capacidad económica de asumirlos. En todos los casos se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.


Recibo Relatoria   10-4-2013 0:00


Item 113    Expediente   T-3653007    Fecha sentencia   7-3-2013 0:00    Sentencia   T-114/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    ANA PAOLA DIAZ VS. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y OTROS

Tema

En el presente caso se tiene que dos menores de edad, entre ellos la hija de la accionante, procrearon una bebé que al nacer fue diagnosticada con incompatibilidad de RH y posible sífilis congénita. Los jóvenes padres estaban afiliados a diferentes E.P.S. y por ello se decidió inscribir a la niña dentro del grupo familiar del padre, a través de la E.P.S.S. CAPITAL SALUD. Este trámite se efectuó un día después de que el Hospital Infantil Universitario de San José le realizara un procedimiento clínico a la niña. El trámite de afiliación no se produjo el día del nacimiento, porque ocurrió durante el fin de semana, cuando no había despacho al público en la E.P.S.S, para trámites administrativos. Se indica en la tutela que ninguna de las empresas a las cuales se encuentran afiliados los padres de la niña asumieron el costo del procedimiento clínico mencionado porque, la E.P.S. COMEVA, donde se encuentra inscrita la madre, argumentó que la recién nacida no es afiliada suya y la E.P.S. donde efectivamente se registró ésta, bajo el argumento de que solo tiene la obligación de cubrir los gastos y prestar la atención médica requerida, desde el momento de la afiliación. El hospital mencionado le indicó a la accionante que para poder autorizar la salida de la recién nacida debía cancelar los gastos de atención clínica prestada, los cuales asciendían a una suma superior a los ochocientos mil pesos, dinero con el que no cuenta dado sus bajos ingresos mensuales. La acción de tutela se instauró para solicitar que la institución hospitalaria no impida por cuestiones económicas, la salida física de la niña de sus instalaciones. En sede de revisión la Sala constató que la menor fue dada de alta y abandonó el hospital y que la E.P.S. S CAPITAL SALUD asumió la atención médica desde el día de la afiliación. Al descartar vulneración de derechos fundamentales respecto a los anteriores eventos, se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Respecto a las pretensiones dirigidas a determinar quien debe asumir el pago de la atención médica prestada por el Hospital Universitario de San José y la exoneración de la familia de la menor de la cancelación de la misma, decide la Sala que son improcedentes, ya que son de índole económico.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 114    Expediente   T-3659257    Fecha sentencia   7-3-2013 0:00    Sentencia   T-115/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    MIRYAN ANAYA HERNANDEZ VS. MUTUAL SER E.P.S.S

Tema

La accionante se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud y en el nivel I de la encuesta SISBEN: Se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la empresa MUTUAL SER E.P.S.S al no entregar unos medicamentos prescritos por el médico tratante, bajo el argumento de no encontrarse los mismos incluidos en el POS. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la salud, los requisitos para que sea suministrado un medicamento excluido del POS y la corresponsabilidad entre la E.P.S. del régimen subsidiado y el ente territorial encargado de satisfacer la obligación de suministro de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Al corroborar que la entidad accionada le está suministrando a la actora los medicamentos requeridos, la Sala decide, luego de confirmar la decisión que amparó sus derechos fundamentales, ordenar que los mismos se continúen suministrando efectivamente.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 115    Expediente   T-3105026    Fecha sentencia   7-3-2013 0:00    Sentencia   T-116/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    DARIO DE JESUS CARO FERNANDEZ VS. REDYCO S.A.

Tema

El accionante alega que la empresa REDYCO S. vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada, al dar por terminado un contrato de trabajo sin la autorización necesaria para hacerlo y alegando la finalización de la obra o labor contratada, a pesar de que presentaba algunas alteraciones en su salud al momento de la terminación de la relación contractual. La accionada adujo que el actor fue atendido por la ARP y la E.P.S. en los eventos requeridos y que el mismo fue declarado apto para trabajar, luego de que la ARP no reportara secuela alguna luego de un accidente de trabajo sufrido, en el cual se calificó una invalidez del cero por ciento. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral, la protección constitucional y legal para los trabajadores con disminución de la capacidad laboral, la estabilidad laboral reforzada y el alcance de la expresión limitado del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Se decide confirmar los fallos de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 116    Expediente   T-3484833    Fecha sentencia   7-3-2013 0:00    Sentencia   T-117/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    ANDRES GONZALEZ TAMAYO Y OTROS VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA PENAL

Tema

Debido proceso, derechos de los niños. Tutela contra providencia judicial. En este asunto el Fiscal Sexto Seccional CAIVAS de Pereira, coadyuvado por la Defensora de Familia Centro Zonal Pereira CAIVAS y la representante legal de una menor de edad que presuntamente fue víctima del delito de acto sexual por parte de un tío, presentan la acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, alegando que, al confirmar la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), mediante la cual se negó la entrevista rendida por la precitada menor, bajo el argumento de haberse llevado a cabo sin hacerle la salvedad del artículo 33 de la Constitución Política, esto es, que “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, vulneró derechos fundamentales de la menor. Aduce el Fiscal accionante que, con la decisión de excluir la entrevista de la menor se deja sin piso probatorio el proceso penal, impidiendo con ello que se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación de la niña. El Tribunal accionado adujo estar frente a una tensión entre dos derechos, de un lado, los derechos de la menor víctima a que el Estado investigue los presuntos hechos cometidos en contra de su integridad y, de otro, el interés individual del procesado a que el juicio adelantado en su contra se celebre con las garantías del debido proceso. Se analiza jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso. 3º. El contenido del interés superior del menor en la legislación nacional e internacional. 4º. El Alcance y la interpretación del artículo 33 de la Constitución Política en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal y 5º. La entrevista forense del menor víctima de delitos sexuales. Se concluye que, la autoridad accionada le dio prevalencia absoluta a los derechos del procesado, sin ponderar los intereses de la menor afectada por el supuesto ilícito. Se precisa además que, los conflictos que se presenten en los casos en los cuales se vea comprometido un menor deben resolverse según la regla por infans, principio del cual se apartó la autoridad cuestionada. Se acoge lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se pueden entender como derechos exclusivamente formales producto de la pluma del legislador, aislados o clausurados en la conciencia social, pues tales garantías encierran un conjunto de deberes ciudadanos para su observancia y cumplimiento; además, requieren de las autoridades como de los administradores de justicia, un especial e individual cuidado y protección de cara a su cometido fundamental. Se CONCEDE la tutela, se dejan sin efectos la decisión judicial acusada y se ordena al juez de primera instancia dentro de la causa penal proferir una nueva providencia en la que se haga una valoración probatoria de la entrevista realizada a la menor, acorde con los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica. Se ordena a la Defensora de Familia del precitado caso realizar las diligencias para amparar a la menor mientras dure el proceso, con las medidas que crea conveniente para la eficaz protección contra toda forma de abuso sexual por parte de su tío si estas continuaron y, garantizar que la niña no conviva en el mismo lugar de dicho familiar.
Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 117    Expediente   T-3650252 Y OTRA ACUMULADOS    Fecha sentencia   7-3-2013 0:00    Sentencia   T-118/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    GLORIA YANETH ZAPATA GARCIA Y OTROS ACUMULADOS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

En esta oportunidad se acumulan tres expedientes en los cuales las personas solicitan, en su orden, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la respuesta a los recursos interpuestos en la vía gubernativa en el trámite del reconocimiento de la pensión de invalidez. En todos los casos se negó la prestación reclamada porque los solicitantes no cumplían con el requisito de fidelidad en las cotizaciones, definido respectivamente en las leyes 737 y 860 de 2003. La Sala analizó temática relacionada con el derecho fundamental de petición, los tiempos para atender solicitudes con derechos pensionales y el requisito de fidelidad en el reconocimiento de las pensiones de invalidez y sobrevivientes. Se CONCEDE el amparo solicitado por todos los accionantes y se ordena el reconocimiento de la prestación reclamada en casa asunto. En el primero, esto es, donde se reclama la pensión de sobrevivientes, se ordena tener en cuenta lo resuelto por la Corporación en la sentencia C-556/09. En los otros dos asuntos, es decir, en los que se reclama la pensión de invalidez, se ordena a la accionada tener en cuenta lo decidido por la Corte Constitucional, en la sentencia C-428/09.


Recibo Relatoria   12-4-2013 0:00


Item 118    Expediente   T-3637314    Fecha sentencia   8-3-2013 0:00    Sentencia   T-112/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUZ FABIOLA DUQUE HERNANDEZ VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN Y OTROS

Tema

Debido proceso, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. La accionante solicitó al ISS el reconocimiento y pago de una pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, por ser beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El Instituto negó la prestación y luego de agotar sin éxito la vía gubernativa, la actora formuló demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, pretendiendo el reconocimiento de su prestación. El juzgado de primera instancia accedió a las pretensiones y condenó al ISS al pago de la pensión conforme a los lineamientos del Decreto 546 de 1971. Apelada esta decisión, el Tribunal accionado confirmó parcialmente la providencia impugnada y accedió al reconocimiento pensional, pero la modificó en cuanto a puntualizar que la misma tenía sustento en el 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, por lo cual debía ser liquidada conforme a los presupuestos de la Ley 100 y no del Decreto 546. En opinión de la parte actora, esta decisión judicial incurrió en defectos sustantivo y fáctico y por ello solicita el amparo constitucional. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala decide declarar la improcedencia del amparo constitucional solicitado, por no cumplir los presupuestos procesales requeridos.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 119    Expediente   T-3604727    Fecha sentencia   8-3-2013 0:00    Sentencia   T-113/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ALBERTO VELASQUEZ ECHEVERRI VS. FISCALIA SEXTA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Con la acción de tutela pretende el accionante que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y de manera consecuente que se ordene a la fiscalía accionada revocar parte de la resolución por medio de la cual se confirmó la acusación, para que con ello se conceda y desate el recurso de reposición presentado contra los puntos nuevos que en ella se decidieron. Así mismo solicita el actor que se imparta la orden de dejar sin efectos la resolución que denegó por improcedente un recurso de reposición. Luego de reiterar jurisprudencia de la Corporación relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el principio de subsidiariedad y el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios cuando el proceso se encuentra en curso, la Sala decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Recibo Relatoria   18-6-2013 0:00


Item 120    Expediente   T-3652051 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   11-3-2013 0:00    Sentencia   T-116A/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    INGRIS JOHANA RIVAS AVILES Y OTROS VS. COOMEVA E.P.S. Y OTRAS

Tema

Salud, seguridad social, integridad física, vida digna, dignidad humana. Se acumulan expedientes por unidad de materia. A través de la figura de la agencia oficiosa se interpone la acción de tutela en contra de varias E.P.S., alegando vulneración de derechos fundamentales de varios menores de edad, como consecuencia de la negativa de sufragar los costos de traslado y alojamiento con ocasión de las citas médicas programadas en ciudades distintas a su residencia habitual, al igual que el aprovisionamiento de ciertos elementos como pañales desechables o complementos alimenticios y por la prestación deficiente de la atención integral que requieren los menores para sobrellevar sus respectivos padecimientos. Se analiza la siguiente temática: 1º. Protección especial a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. 2º. Reglas para inaplicar las normas del POS. 3º. El servicio de transporte en el sistema de salud. 4º. La posibilidad de autorizar la realización de terapias alternativas a menores de edad en situación de discapacidad. Luego de analizar cada caso en concreto se decide CONCEDER el amparo solicitado e impartir una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   4-4-2013 0:00


Item 121    Expediente   T-3679250    Fecha sentencia   12-3-2013 0:00    Sentencia   T-117A/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALBA MAGOLA GONZALEZ DE PATIÑO VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Vida, salud, vida digna, seguridad social. En este caso se inicia la acción de tutela en representación de una persona de 79 años de edad que padece una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y que requiere del suministro artificial de una elevada concentración de oxígeno las veinticuatro horas del día. Se pretende con la acción constitucional que se ordene a la accionada autorizar el cambio de un concentrador eléctrico de oxígeno medicinal por balas portátiles, toda vez que el referido equipo consume mucha energía y ni la accionante, ni sus familiares tienen el dinero para asumir el costo de este servicio público, además de que el fluido eléctrico en la zona de residencia de la peticionaria presenta frecuentemente interrupciones prolongadas. En sede de revisión se constató que el servicio de oxígeno domiciliario en cilindros de gas se le está brindando a la paciente agenciada de manera continua y en razón a esto la Sala decide declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. Pese a lo anterior, se advierte a la accionada que no puede incurrir nuevamente en la conducta vulneradora del derecho fundamental a la salud de la agenciada, so pena de las sanciones pertinentes.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 122    Expediente   T-3615351    Fecha sentencia   12-3-2013 0:00    Sentencia   T-118A/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    MARIA TERESA MORA ALVAREZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En este asunto se demandan las autoridades judiciales que al fallar un proceso civil extracontractual condenaron solidariamente a la accionante al pago de 157 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de indemnización de perjuicios morales, por no haber obrado con diligencia y pericia al diagnosticar a una paciente que falleció como consecuencia de un choque séptico después de habérsele practicado una cirugía de colecistectomia. Se alega, que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar las historias clínicas aportadas como prueba y que por ello no existía sustento alguno que demostrara que el diagnóstico y el tratamiento que le suministrara a la paciente fuera equivocado. Además se aduce que aplicaron de manera incorrecta el artículo 2341 del Código Civil sobre responsabilidad civil extracontractual y que avalaron la transacción realizada entre la E.P.S. e IPS con los demandantes, sin tener en cuenta que ese contrato tuvo por objeto pagar todos los perjuicios causados por el fallecimiento de la paciente. Al encontrar que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en los defectos alegados, que valoraron adecuadamente el material probatorio aportado e interpretaron razonablemente las normas aplicables al caso concreto, la Sala de Revisión decide confirmar la decisión de instancia que DENEGO el amparo constitucional solicitado.
Recibo Relatoria   22-5-2013 0:00


Item 123    Expediente   T-3693534    Fecha sentencia   12-3-2013 0:00    Sentencia   T-119/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    MANUEL PADILLA SOLIS VS. JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ

Tema

Vida digna, integridad personal, salud, seguridad social, mínimo vital. En este caso se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a raíz de la comisión de los siguientes hechos: 1º. Haber asumido, con base en la fecha errónea indicada en unos exámenes radiológicos, que la lesión soportada por el actor era anterior a la fecha en que sufrió un accidente de trabajo y, 2º. Haber dictaminado la pérdida de capacidad laboral en 0.0%, a diferencia de lo decidido por la Junta Regional que lo calificó con un porcentaje del 55.08%. Se solicita en la acción constitucional que se ordene a la Junta de Calificación accionada que le practique al demandante un nuevo examen técnico científico del grado de pérdida de la capacidad laboral, con el objeto de iniciar los trámites de reconocimiento de su pensión de invalidez. Para resolver el caso se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra los dictámenes proferidos por las Juntas de Calificación de Invalidez. 2º. El debido proceso en las actuaciones estas Juntas y, 3º. El pago de honorarios a las mismas según el mandato legal y constitucional. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efectos el dictamen impugnado, se ordena la práctica de una nueva valoración por parte de la Junta Nacional de Invalidez y se ordena que el costo de este examen lo asuma la ARP POSITIV
Recibo Relatoria   26-4-2013 0:00


Item 124    Expediente   D-9235    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-120/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPP, SPV MGC, SPV NPP, AV AJE, AV LEVS
Demandante / Demandado    CRISTIAN HERNAN GOMEZ NAVARRO VS. LEY 1531 DE 2012, ARTICULO 7 LITERAL D (PARCIAL)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra expresiones del literal d) del artículo 7º de la Ley 1531 de 2012, por medio de la cual se crea la Acción de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles. El actor sostiene que con las expresiones “familia” e “hijos menores” impugnadas se desconocen los artículos 1, 13 y 95-2 de la Constitución Política, al incurrirse en una omisión legislativa relativa, por no incluir un grupo de personas que, en su sentir, también tienen derecho a percibir el beneficio económico que consagra la norma. La Corte concluyó que el pago de los salarios a la familia e hijos menores de la persona desaparecida de manera forzada o involuntaria, debe cubrir también a la familia del trabajador particular, a los hijos en situación de discapacidad y a la pareja del mismo sexo. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “de la familia y de los hijos menores” contenida en el literal d) del artículo 7º de la Ley 1531 de 2012, bajo el entendido de que incluye también a los hijos que se encuentren en situación de discapacidad y a la pareja del mismo sexo del trabajador desaparecido y, la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “cuando se trate de un servidor público”.
Recibo Relatoria   1-10-2013 0:00


Item 125    Expediente   D-9233    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-121/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MGC, AV GEMM
Demandante / Demandado    CAMILO ARAQUE BLANCO Y OTRA VS. ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 5 de 2012, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. Los demandantes solicitan se declaren inexequibles los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 05 de 2012, toda vez que el poder constituyente derivado en cabeza del Congreso de la República excedió el poder de reforma constitucional. La petición la sustentan en amplias consideraciones relativas a la naturaleza jurídica de las regalías, el significado de la autonomía territorial en materia de administración de recursos y al alcance del control de las modificaciones constitucionales adoptadas por el Congreso de la República. La Corte evidenció la existencia de cosa juzgada constitucional y de manera consecuente decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-010/13.
Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 126    Expediente   D-9241    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-122/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    KAROL JHULLIETH PALACIOS MEJIA VS. LEY 1527 DE 2012, ARTICULOS 13 Y 15 PARCIAL

Tema


Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 15 (parcial) de la Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones. El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad de los apartes normativos acusados, por resultar violatorios de los artículos 158, 154, 341, 150-12 y 338 de la Constitución Política. La Sala Plena concluye que, no procede el examen de constitucionalidad de las normas demandadas cuando durante en curso del proceso son derogadas o subrogadas por otras disposiciones. En este caso en concreto la Sala se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por sustracción de materia.

Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 127    Expediente   D-9243    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-123/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    PEDRO ALFONSO HERNANDEZ MARTINEZ VS. LEY 1505 DE 2012, ARTICULO 14

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la Ley 1505 de 2012, por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y se dictan otras disposiciones en materia de voluntariado en primera respuesta. El demandante solicita que se declare inconstitucional el enunciado que reconoce un puntaje a favor de los voluntarios y solicita además que, como consecuencia de tal declaratoria, el enunciado referente a la competencia asignada a la Comisión Nacional del Servicio Civil corra la misma suerte, porque a falta del primero quedaría desprovisto de contenido material. Estima el actor que la disposición objeto de censura constitucional contraviene lo dispuesto en los artículos 1, 13 y 40 de la Constitución Política. La Corte concluye que con la medida prevista en la norma acusada se desconoce el mérito como criterio de selección y el derecho a la igualdad para acceder a cargos públicos. INEXEQUIBLE.


Recibo Relatoria   31-5-2013 0:00


Item 128    Expediente   D-9133    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-124/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS REINALDO CALA CALA VS. LEY 1493 DE 2011, ARTICULOS DEL 23 AL 34

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de 2011, por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que los artículos acusados vulneran los artículos 150, 151, 157, 158 y 169 de la Constitución Política, en cuanto los proyectos de ley relativos a la propiedad intelectual deben iniciar su trámite en las Comisiones Primeras Permanentes Constitucionales y las normas demandadas se tramitaron en las Comisiones Terceras. Así mismo, porque su contenido no guarda conexión con la materia de la ley, ni su título, ya que la competencia para la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva no tiene relación alguna con la formalización del sector espectáculo público de las artes escénicas. La Corte decide declarar EXEQUIBLES los artículos acusados, pero limita el alcance de la decisión a los cargos examinados en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   3-5-2013 0:00


Item 129    Expediente   D-9259    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-125/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    GIOVANNY RAFAEL DECOLA VASQUEZ VS. CODIGO CIVIL, ARTICULO 47 (PARCIAL)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 47 (parcial) del Código Civil. El demandante afirma que el contenido normativo del aparte acusado, al disponer que el vínculo por afinidad legítima se mantiene “de forma vitalicia” respecto de los consanguíneos legítimos de aquella persona con la cual se ha estado casado, resulta contrario a los artículos 1, 7 y 53 de la Constitución Política, en consideración a que de dicho vínculo de parentesco se derivan derechos y obligaciones, prohibiciones e inhabilidades. Asevera además el actor que la precitada expresión resulta desproporcionada a la luz del ordenamiento vigente. La Corte evidenció ausencia de certeza, suficiencia y pertinencia en el cargo de inconstitucionalidad formulado y por ello se declaró INHIBIDA para decidir de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   17-7-2013 0:00


Item 130    Expediente   D-9234    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-126/13| TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ TAMAYO VS. LEY 1551 DE 2012, ARTICULO 45 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 45 (parcial) de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los gobiernos. El demandante considera que las medidas adoptadas en la norma acusada generan la imposibilidad jurídica de reclamar la garantía de las obligaciones crediticias incumplidas por parte de un municipio, con lo que se vulnera los artículos constitucionales 2, 13, 58 y 95-7. La Corte concluyó que las razones expuestas como fundamento del cargo de inconstitucionalidad parten de una interpretación que no tiene la norma acusada, por lo que resulta inviable entrar a un análisis y decisión de fondo sobre su constitucionalidad. La Sala se declare INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo.
Recibo Relatoria   9-8-2013 0:00


Item 131    Expediente   LAT 388    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-127/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    REVISION DE LA LEY 1567 DE 2012 Y DEL ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR VS.

Tema

Revisión de la Ley 1567 de 2012, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular”, suscrito en Bogotá el 24 de enero de 2007. Luego del análisis del instrumento aprobado mediante la Ley 1567 de 2012, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que se ajusta integralmente a los preceptos constitucionales. Esto, porque cumple con los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para que pueda integrarse al ordenamiento jurídico interno y porque los fines y propósitos, así como su contenido, apuntan al logro de objetivos compatibles con el texto superior, como son el conocimiento, la promoción y difusión de las expresiones culturales y artísticas tanto de Colombia como del otro país con el cual se suscribió el Acuerdo de Cooperación.
Recibo Relatoria   12-4-2013 0:00


Item 132    Expediente   D-9151 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-128/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MGC
Demandante / Demandado    MARTHA LUZ RIVERA ROJAS Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contre el Acto Legislativo 01 de 2011, por el cual se adiciona el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia. Se acumulan demandas por unidad de materia. Las demandas se fundamentan en la existencia de un vicio de competencia en la expedición del acto legislativo que determinaría, en consecuencia, su inexequibilidad. La Corte verificó la existencia de cosa juzgada constitucional y, en tal sentido, decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1056/12, en la cual se declaró inexequible el acto legislativo acusado.
Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 133    Expediente   D-9251    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   C-129/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JUAN CAMILO MEDINA CONTRERAS Y OTRA VS. LEY 98 DE 1993, ARTICULO 2, INCISO SEGUNDO

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “tiras cómicas o historietas gráficas” contenida en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 98 de 1993. Los demandantes alegan violación de los artículos 2, 13, 70, 71, 333 y 363 de la Constitución. Tras constatar la existencia de una cosa juzgada constitucional, la Corte decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1023/12, respecto a la expresión normativa acusada.
Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 134    Expediente   T-2139563 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   SU.130/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ISABEL RODRIGUEZ BOJACA Y OTROS VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTROS

Tema

Seguridad social, libertad de elección de régimen pensional. Sentencia de Unificación. Los procesos objeto de análisis guardan identidad temática en tanto plantean una misma problemática relacionada con el traslado entre regímenes pensionales. Los distintos actores, en su condición de usuarios del Sistema General de Pensiones y beneficiarios del régimen de transición, solicitan la protección de los derechos fundamentales vulnerados por las entidades demandadas, por una parte, como consecuencia de negarles su traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, y por otra, por la negativa del ISS de reconocer el derecho a la pensión de vejez en los términos descritos por el régimen de transición, en consideración a que perdieron tal beneficio al haberse trasladado de régimen pensional. La Sala aborda la doctrina de la Corporación en torno a los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver conflictos relacionados con el reconocimiento de prestaciones de carácter pensional. 2º. La seguridad social y su carácter de derecho fundamental. 3º. Aspectos generales sobre la organización del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 4º. La pensión de vejez en el sistema general de pensiones. 5º. La pensión de vejez en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual. 6º. El régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y sus reglas básicas. 7º. De los derechos adquiridos, las meras expectativas y las expectativas legítimas. 8º. Los principales regímenes pensionales anteriores a la ley 100. 9º. La problemática relacionada con el traslado de régimen pensional. 10. el tratamiento dado por la jurisprudencia constitucional a la problemática que surge en torno a quienes se trasladaron al régimen de ahorro individual. Con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la presente decisión, se incluye el criterio de unificación adoptado en torno al tema de traslado de regímenes pensionales, en el sentido de que únicamente los afiliados con quince años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición.
Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 135    Expediente   T-2893160    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   SU.131/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    JAIME ORTIZ VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL

Tema

Tutela contra providencia judicial. Sentencia de unificación. Se interpone la acción de tutela en contra de una decisión proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que, al casar los fallos dictados dentro de un proceso ordinario laboral iniciado por el accionante en contra de la Caja de Crédito Agrario y Minero, en liquidación, negó la indexación de la primera mesada pensional, bajo el argumento de que este derecho se causó con antelación a la vigencia de la Constitución de 1991. La Sala analiza la siguiente temática 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional y 3º. La certeza del derecho a la indexación como determinante del término de contabilización de la prescripción de las obligaciones debidas. Luego de establecer que la acción de tutela es procedente en el presente caso porque la decisión atacada desconoció los derechos fundamentales del pensionado a la igualdad, la seguridad social y la vida digna al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución, la Sala Plena decide AMPARAR los derechos del accionante y siguiendo el precedente fijado en la sentencia SU1073/12 sobre la certeza del derecho de la indexación y el término de la prescripción, ordena a la Caja Agraria, Industrial y Minero en Liquidación o a quien haga sus veces, proceder a indexar la primera mesada del actor, proceder a pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendido en los tres años anteriores contados a partir de la fecha de la presente sentencia.


Recibo Relatoria   17-4-2013 0:00


Item 136    Expediente   T-3536944    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   SU.132/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    PIEDAD DEL SOCORRO GOMEZ ROLDAN VS. ISS EN LIQUIDACION Y OTROS

Tema

Tutela contra providencia judicial. Sentencia de unificación. En el presente caso la accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social y al mínimo vital, con el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales, el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, conforme a una norma que en su parecer no podía aplicársele, esto es, el literal a) del artículo 12 de la Ley 787 de 2003, porque siempre fue contraria a lo dispuesto en la Constitución Política y además declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-556/09.. La peticionaria solicitó de manera expresa, dentro del proceso ordinario laboral, la inaplicación del requisito de fidelidad al sistema, al considerar que éste vulneraba sus derechos fundamentales y que existían pronunciamientos judiciales en donde se inaplicó en casos concretos. Considera la Sala que la actuación de los jueces competentes configuró una violación directa a la Constitución por la aplicación de una norma contraria a la Carta e incurrió además en un defecto sustantivo, por la no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad solicitada de manera taxativa por la peticionaria. Se CONCEDE la tutela, se deja sin efectos la decisión judicial proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se negó la pensión de sobrevivientes solicitada por la actora en el proceso ordinario, al igual que la resolución del ISS, mediante la cual se negó la misma prestación. Se ordena a lSS en liquidación, a COLPENSIONES o a quien haga sus veces, que emita un nuevo acto administrativo en el cual se reconozca y liquide la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora, de conformidad a todo lo analizado dentro del presente fallo.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 137    Expediente   T-3656690    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   T-133/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    LUIS ERNESTO GARCIA GARCIA VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Vida, salud, integridad personal. Refiere el accionante que hace varios años está afiliado junto con su grupo familiar a la E.P.S. SALUDCOOP. Puntualiza que sus beneficiarios son su compañera permanente, su hija y sus dos nietos, quienes presentan condiciones precarias de salud debido a su nacimiento prematuro. Advierte el actor que la E.P.S. accionada le exigió la suscripción de una letra de cambio por más de tres millones de pesos como garantía del pago de los servicios de salud de los menores y que para la cancelación de este título valor le concedieron unos plazos mensuales que no ha podido cumplir, en virtud de sus escasos ingresos mensuales y a que debe asumir un valor mensual muy alto por la afiliación. Informa que la accionada imputó el valor de algunos pagos ordinarios de afiliación al capital de la letra de cambio y que suspendió el servicio de salud a todo el grupo familiar, sin explicación alguna. Solicita en la demanda de tutela que se ordene a la accionada reanudar el servicio médico tanto para él como para sus beneficiarios, mantener la afiliación y reintegrar las sumas canceladas por concepto de consultas particulares, medicamentos y abonos al título valor. Se aborda la siguiente temática: 1º. Fundamentalidad del derecho a la salud y los principios que la inspiran. 2º. La salud de los niños y las niñas como derecho fundamental y prevalente y 3º. La afiliación de una persona adicional al grupo familiar en calidad de cotizante dependiente. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena a la E.P.S. SALUDCOOP restablecer la afiliación de todo el núcleo familiar del accionante incluyendo a sus nietos, a quienes no se les podrá exigir el pago de la UPC adicional. Se previene a la accionada para que se abstenga de desafiliar a los referidos niños hasta tanto se les garantice su vínculo con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.


Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 138    Expediente   T-3677985    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   T-134/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ANA ILDA GALLO PASACHOA VS. ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. Y OTROS

Tema

Mínimo vital, vida digna, seguridad social. La demandante interpone la acción de tutela en nombre propio y en representación de ocho hijos menores de edad, para reclamar la protección de los derechos fundamentales vulnerados por las entidades que les negaron el reconocimiento y pago de las pensiones de sobrevivientes a las que considera tener derecho, por el fallecimiento de su esposo e hijo mayor acaecidos a consecuencia del desprendimiento de roca ocurrido cuando realizaban sus labores de minería. La ARP POSITIVA negó las prestaciones argumentando que al momento de los hechos el esposo e hijo de la actora se encontraban en los campamentos de las respectivas minas en el municipio de Socotá (Boyacá) y no en las oficinas de la cooperativa que los contrató, es decir en Duitama, por lo que era dable entender que estaban realizando actividades para un tercero. De esta manera concluyó que, al existir disparidad entre quien ejercía subordinación sobre ellos al momento del accidente y quien había realizado la afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales, el incidente se encontraba fuera de la cobertura de dicha ARP. Luego de analizar temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos económicos como la pensión de sobrevivientes, la muerte por accidente de trabajo en el Sistema de Riesgos Profesionales y la prohibición de intermediación laboral a través de las cooperativas de trabajo asociado, la Sala decide CONCEDER el amparo y ordenar el reconocimiento y pago de las pensiones de sobrevivientes reclamadas. De manera simultánea, ordena compulsar copias a la Superintendencia de Economía Solidaria para que de acuerdo a sus competencias investigue la relación entre COOPSERVAR y las minas Palo Blanco y El Uvo, con el objetivo de determinar si han infringido las normas que regulan la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, en particular, lo relacionado con la prohibición de intermediación laboral.
Recibo Relatoria   3-7-2013 0:00


Item 139    Expediente   T-3490518 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   T-135/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ALVARO LIZCANO RODRIGUEZ Y OTROS VS. EMGESA S. E.S.P. Y OTROS

Tema

Mínimo vital, vida digna, trabajo. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los siete procesos analizados los actores son personas que se dedican a diferentes actividades económicas como a la pesca artesanal, al transporte de carga y a la construcción, de donde derivan su sustento y el de su familia, las cuales están conformadas entre otros, por menores de edad. Las actividades económicas son desarrolladas en la zona donde se construye por parte de EMGESA S. E.S.P., el proyecto de la hidroeléctrica de “EL QUIMBO”. Alegan la violación de sus derechos fundamentales, en especial al mínimo vital y a la vida digna, por causa de la ejecución de tal obra. Solicitan que se les incluya dentro del censo de población afectada por la construcción, que se les indemnice y, en uno de los procesos, piden además, que se suspenda definitivamente la obra, en especial la prevista desviación del Río Magdalena. Se reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes temas: 1º. Espacios de participación y concertación en el diseño y desarrollo de megaproyectos. 2º. Repercusiones que el desarrollo de un proyecto como El Quimbo tiene en los derechos fundamentales de las personas impactadas por él. 3º. Tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de los derechos fundamentales. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena a EMGESA S.A incluir a los actores en su censo de afectados y, en consecuencia, otorgarles los beneficios previstos en la resolución 899 de 2009 y las que la complementan y modifican.


Recibo Relatoria   5-2-2014 0:00


Item 140    Expediente   T-3686439    Fecha sentencia   13-3-2013 0:00    Sentencia   T-136/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JUAN JOSE RINCON TORRES VS. BANCO CAJA SOCIAL Y OTRO

Tema

Petición, tercera edad, mínimo vital, vivienda digna, debido proceso. El accionante adquirió un contrato de seguro mediante póliza con la compañía Liberty Seguros S.A., para amparar un crédito hipotecario contraído con el Banco Colmena, Hoy Banco Caja Social, el cual cubriría la deuda en caso de muerte o de incapacidad total y permanente. Luego de ser valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá se le reconoció una pérdida de la capacidad laboral de origen común del 56.60%, situación que le impidió seguir pagando mensualmente las cuentas de cobro y de manera consecuente, entrar en mora. Con fundamento en la incapacidad declarada solicitó la condonación de la deuda ante la entidad bancaria con el fin de hacer efectivo el cubrimiento del seguro, pero la entidad aseguradora objetó la petición y se rehusó a hacer el reconocimiento, argumentando que el actor había superado la edad máxima de cobertura al momento de estructurarse la invalidez. De manera simultánea, omitió dar respuesta a los diferentes escritos presentados por el demandante para solicitar la revisión de las condiciones del contrato. En sede de tutela solicita que se amparen los derechos fundamentales amparados y que se ordene a las accionadas aplicar el seguro de grupo de deudores al crédito hipotecario suscrito y que dicho reconocimiento opere desde el momento en el cual le fue reconocida la invalidez. La Sala aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra particulares, en el marco de relaciones contractuales. 2º. El contrato de seguro en el ordenamiento colombiano. 3º. La prohibición de cláusulas y prácticas abusivas en el sistema financiero, y 4º. El deber de información oportuna y suficiente en el contrato de seguro. SE CONCEDE la protección invocada y se ordena a la compañía aseguradora accionada iniciar los trámites necesarios para pagar a la entidad bancaria demandada, el saldo insoluto de la obligación adquirida por el actor. Al Banco Caja Social se le ordena abstenerse de adelantar contra el accionante cualquier cobro por el saldo insoluto y al despacho judicial que adelanta el proceso ejecutivo hipotecario respectivo se le ordena dar por terminado el mismo y levantar las medidas cautelares que se hubieren producido con ocasión del mismo.
Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 141    Expediente   T-3605724    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-137/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    HELI ABEL TORRADO TORRADO VS. JUZGADO SEPTIMO PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El actor fue condenado por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bogotá por el delito de inasistencia alimentaria. Frente a la mencionada decisión se interpuso recurso de apelación y éste fue declarado desierto por extemporáneo. A juicio del actor, el error judicial proviene de contabilizar el término de traslado desde el mismo día en que se suscribió la constancia secretarial y no desde el día siguiente. En este asunto la Sala de Revisión analiza si el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal debe interpretarse junto con el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de aplicar la regla general de esta última disposición, en cuanto dispone que las constancias sobre traslados se deben fijar durante un día y el término del traslado comenzar a contar desde el día siguiente. Esto, justificado en una forma de entender el artículo 194 del CPP, en donde no se estipula por cuantos días se fija la constancia en mención, ni aclara, en consideración de dicha constancia, desde cuándo se cuenta el término del traslado. Se analiza siguiente temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y el denominado defecto sustantivo. Así mismo, sobre el error judicial en el contexto de las constancias, términos y traslados y los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Se decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON la tutela impetrada.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 142    Expediente   T-3695160    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-138/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    OLGA MARIA VERGEL CARVAJALINO VS. INSPECCION SEGUNDA URBANA DE POLICIA DE CUCUTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La accionante y su esposo ocuparon una vivienda de interés social durante varios años y sobre dicho inmueble ejercieron la posesión. Luego de que se presentara la persona que alegó ser la dueña de la vivienda y que iniciara querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, se programó la diligencia de lanzamiento. Se interpone la acción de tutela para solicitar la suspensión de la precitada diligencia, porque de llevarse a cabo se quedaría la peticionaria sin un lugar donde vivir. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala hace referencia a los siguientes temas: 1º. El proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos y el poder de policía y, 2º. El derecho fundamental a la vivienda digna. Se DENIEGA el amparo solicitado y se advierte al INURBE y a METROVIVIENDA que deben ejercer un correcto ejercicio de sus funciones en lo que respecta a la adjudicación de subsidios de VIS, observando la normatividad vigente sobre la materia.


Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 143    Expediente   T-3200874    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-139/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    VIVIANA LORENA SEPULVEDA RESTREPO EN REPRESENTACIÓN DE GINA MANUELA LEAL SEPULVEDA VS. ACCION SOCIAL HOY DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Tema

La accionante tiene una hija de nueve años de edad quien fue diagnosticada con retraso mental, microcefalia e hiperactividad secundaria al retraso. Su núcleo familiar está inscrito en el nivel I del SISBEN y por ello recibía el subsidio de nutrición para niños menores de siete años, otorgado por el programa gubernamental de Familias en Acción. Luego de que la mencionada menor cumplió los siete años la entidad suspendió el pago del subsidio de nutrición, bajo el argumento de que este se entrega a los niños de 0-7 años y que al superar esta edad sólo se continúa adjudicando si los niños se encuentran escolarizados en instituciones de educación formal. La actora elevó derecho de petición insistiendo en el reconocimiento del subsidio para su hija y solicitó tener en cuenta que ésta asiste a un centro para niños en situación de discapacidad, donde desarrolla algunas tareas pedagógicas de acuerdo con sus capacidades. Esta petición no fue acogida por la entidad. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho fundamental a la educación y las obligaciones relativas a la educación de personas discapacitadas. Estudia los pronunciamientos de la Corporación respecto a la escolarización como condición para la entrega de subsidios sociales y precisa los límites que impone la garantía de los derechos fundamentales, en particular, el derecho a la educación. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada realizar las gestiones necesarias para que la menor sea inscrita en una institución educativa formal de preferencia inclusiva. Se ordena así mismo, adoptar medidas afirmativas para garantizar el acceso efectivo y la permanencia de los niños y niñas con discapacidad mayores de siete años al subsidio de Familias en Acción y la promoción de su derecho a la educación. Por último, se ordena a la demandada otorgar al núcleo familiar de la menor representada el subsidio de Familias en Acción contemplado para niños mayores de siete años y mantenerlo sin requisitos adicionales hasta que la niña ingrese al sistema educativo formal, momento en el cual la entrega del subsidio estará condicionada al cumplimiento de dichos requerimientos.


Recibo Relatoria   19-4-2013 0:00


Item 144    Expediente   T-3673839    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-140/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ESPERANZA CABALLERO GOMEZ EN CALIDAD DE CURADORA LEGITIMA DE MARY CABALLERO GOMEZ VS. CAJANAL EN LIQUIDACION Y OTRO

Tema

A través de apoderado judicial, la curadora legítima de una persona de 67 años de edad que presenta una invalidez del 92.35% estructurada desde su nacimiento, interpone la acción de tutela en contra de CAJANAL EICE, alegando que la decisión de esta entidad de negar el reconocimiento de la sustitución pensional reclamada a favor de su hermana interdicta, bajo el argumento de no haber demostrado la dependencia económica frente a su padre al momento de éste fallecer, vulnera sus derechos fundamentales. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho a la seguridad social, en especial para reclamar la pensión de sobrevivencia, de hacer referencia a los requisitos necesarios para acceder a esta prestación en el caso de hijos inválidos y de analizar la condición de dependencia económica frente al causante, la Sala de Revisión decide CONCEDER la tutela y de manera consecuente, dejar sin efecto las decisiones administrativas que negaron el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva mencionada y ordenar la expedición de nuevas resoluciones en donde se reconozca definitivamente esta prestación.
Recibo Relatoria   19-4-2013 0:00


Item 145    Expediente   T-3678888    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-141/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    RICHARD ANDREI MANCERA BASTO VS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Tema

En el segundo semestre académico del 2011 los estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia se declararon en asamblea permanente, alegando que no estaban dispuestos a continuar con la insuficiente infraestructura propinada por la institución para el desarrollo de las prácticas médicas. Luego de no atender la convocatoria realizada por las directivas de la institución respecto a retomar las actividades académicas, la rectoría emitió resolución mediante la cual declaró unilateralmente la imposibilidad de dar cumplimiento al calendario académico y dispuso invalidar algunas asignaturas de pregrado. Los padres de familia de los estudiantes afectados solicitaron que el cobro de la matrícula pagada fuera trasladada para el siguiente semestre, teniendo en cuenta que no se habían impartido las clases y que en una situación similar ocurrida en el 2008, la sede Palmira autorizó el no cobro de la matrícula para el semestre siguiente. Esta solicitud fue despachada desfavorablemente y esta determinación es la que considera el accionante constituye una violación de sus derechos fundamentales. Para resolver el problema jurídico planteado se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el principio a la igualdad y el test de proporcionalidad; el derecho a la educación, sus características y componentes; la autonomía universitaria, los límites constitucionales a la misma y la confianza legítima y, el derecho a la participación de la comunidad universitaria. Se confirman las decisiones de instancia que CONCEDIERON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   19-4-2013 0:00


Item 146    Expediente   T-3729007    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-142/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    PEDRO VS. AFP PROTECCION S.A.

Tema

Seguridad social, mínimo vital, igualdad. Luego de ser calificado con una incapacidad laboral superior al 50% por ser diagnosticado con VIH-SIDA, el accionante solicitó a la AFP PROTECCION el reconocimiento de la pensión de invalidez. La entidad negó la prestación argumentando que el afiliado no cotizó 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, ni contaba con el requisito de fidelidad al sistema contemplado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. En su cómputo, la administradora de pensiones no incluyó los aportes en mora dejados de consignar por la empresa empleadora. Pese a que el actor inició demanda ordinaria, instauró la presente acción constitucional porque el juez del caso no había decidido aún y porque su estado de salud y su situación económica se estaban deteriorando notoriamente. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Condiciones constitucionales para la procedencia de la acción de tutela frente al reconocimiento de tutelas. 2º. La inaplicación por inconstitucional del requisito de fidelidad al sistema de seguridad social y, 3º. La imposibilidad de trasladar al afiliado o beneficiario de la seguridad social, los efectos de la mora en el traslado de los aporte al sistema de pensiones. Se CONCEDE la tutela de manera transitoria y hasta tanto cobre ejecutoria la sentencia que debe dictar el juez que tramita la demanda ordinaria. Se ordena a la accionada reconocer y pagar la prestación reclamada y se le previene para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas como las que dieron origen al presente fallo, para lo cual debe obedecer estrictamente los precedentes constitucionales dictados en sede de revisión y de control abstracto, en tanto resultan vinculantes y prevalentes frente a los proferidos por otras autoridades judiciales.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 147    Expediente   T-3668860    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-143/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FERNANDO MARIO CALDERON ALDANA VS. AFP PORVENIR S.A.

Tema

Debido a una enfermedad mental el actor fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 57.40% y con base en este dictamen solicitó a la AFP PORVENIR S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. La entidad accionada negó el reconocimiento prestacional, alegando el incumplimiento de requisitos legales, al no contar con un mínimo de cotización equivalente a cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad para solicitar por tutela el reconocimiento de la pensión de invalidez y de analizar el caso en concreto, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del peticionario y ordenar a la accionada examinar la solicitud pensional del actor tomando como fecha de estructuración de su invalidez el día en que efectuó la última cotización al sistema y, si cotizó al menos 50 semanas en los tres años anteriores a esa fecha, reconocer a su favor la pensión de invalidez.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 148    Expediente   T-3682813    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-144/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ROSANA DUARTE DE HERNANDEZ VS. CAJANAL EN LIQUIDACION

Tema

La accionante tiene 80 años de edad y presenta la acción de tutela en contra de CAJANAL E.I.C.E. en liquidación, alegando vulneración de derechos fundamentales con la negativa de reconocer a su favor la pensión de sobrevivientes solicitada, bajo el argumento de que su cónyuge no reunía los requisitos consagrados en la ley 33 de 1985, especialmente lo atinente a los veinte años laborados como empleado oficial. Se aduce en la demanda de tutela que la entidad accionada algunos períodos laborados por su esposo en una entidad territorial, debido a que en las certificaciones expedidas por dicho municipio no se especificó la fecha exacta en que culminó la vinculación laboral con dicha entidad, debido a que algunos documentos fueron destruidos a causa de tomas guerrilleras. La Sana analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales y el cumplimiento del requisito de la inmediatez. 2º. La vulneración del derecho al habeas data cuando se presentan inexactitudes en la historia laboral y, 3º. La indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en el Sistema de Seguridad Social. Se CONCEDE la tutela al derecho fundamental al habeas data y se ordena a CAJANAL realizar la reconstrucción de la historia laboral del cónyuge de la actora. Se le informa a la accionante que pude solicitar una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y se hace una serie de advertencias a la accionada relacionadas con el reconocimiento de esta prestación.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 149    Expediente   T-3641300    Fecha sentencia   14-3-2013 0:00    Sentencia   T-145/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    TULIO HERNANDO MONTERO MATA VS. SALA LABORAL DE DESCONGESTION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. El accionante solicitó al ISS el reconocimiento de su pensión de vejez y esta petición fue denegada bajo el argumento de que los aportes no fueron hechos exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales. El actor demandó ante la jurisdicción ordinaria el reconocimiento de su pensión de vejez y el juzgado de primera instancia consideró que si bien era beneficiario del régimen de transición, no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación, establecidos en los regímenes pensionales a él aplicables. Este fallo fue confirmado por el Tribunal que decidió la impugnación. A juicio del actor, las autoridades judiciales accionados incurrieron en defectos sustantivo y fáctico y no tuvieron en cuenta que es una persona de avanzada edad que requiere la prestación para suplir sus necesidades básicas y primarias. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y realiza un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso objeto de estudio. Se concluye que, cuando las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta la norma legal aplicable a la solución de la pretensión del actor, incurrieron en un defecto sustantivo que vulneró su derecho al debido proceso. Se TUTELAN los derechos invocados, se deja sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso ordinario, laboral y de manera consecuente, se le ordena proferir una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta el tiempo de servicio cotizado por el actor a la Caja de Previsión Social Distrital, para establecer si cumple o no con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para el reconocimiento de la pensión de vejez.


Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 150    Expediente   T-3564789    Fecha sentencia   18-3-2013 0:00    Sentencia   T-146/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUAN VS. LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO

Tema

Salud, vida, mínimo vital, igualdad, dignidad humana, seguridad social. El actor solicita al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales y que en consecuencia ordene a la Dirección general de la Policía Nacional que le reconozca y pague la pensión de invalidez a la que tiene derecho, por la incapacidad permanente parcial adquirida en combate debido al Stress Postraumático Severo y Episodio Psicótico Agudo que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 64.85%.. En sede de tutela el actor anexó además certificado médico que evidencia que es portador de VIH, enfermedad que le fue contagiada durante el cautiverio al que fue sometido, toda vez que para disminuir el dolor que padecía era canalizado con inyecciones reutilizables. La entidad accionada negó la prestación bajo el argumento de no haber obtenido el peticionario un porcentaje igual o superior al 75% de la pérdida de la capacidad laboral y por ser auxiliar regular. Indicó que la normatividad solo es aplicable al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, puesto que solo genera efecto vinculante para los soldados de las Fuerzas Públicas y deja de lado a los auxiliares regulares. . Para solucionar el problema jurídico planteado la Sala examina la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago de pensiones. 2º. El contenido del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y la importancia de la pensión de invalidez. 3º. La protección constitucional reforzada de los sujetos de especial protección, como las personas con discapacidad o enfermedad grave y la especial situación de los miembros de la Fuerza Pública y 4º. El alcance del régimen prestacional de la Fuerza Pública. Se concluye que, existe una evidente violación del derecho a la igualdad de los Auxiliares Regulares que prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, ya que se está dejando de lado su importante participación en la defensa pública y la situación de riesgo a la que se exponen por defender la Patria. Se indica igualmente que no existe justificación constitucional para este trato desigual, ni para el que se realiza con aquellos sujetos de especial protección por su condición de persona con discapacidad, los cuales requieren de un trato preferencial y prioritario. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada reconocer y pagar la pensión de invalidez reclamada, así como iniciar las gestiones administrativas correspondientes para reconocer el pago del retroactivo de la prestación.
Recibo Relatoria   1-4-2013 0:00


Item 151    Expediente   T-3172775    Fecha sentencia   18-3-2013 0:00    Sentencia   T-147/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    BERNARDO TADEO LINARES DE CASTRO VS. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Tema

El accionante alega que la Procuraduría General de la Nación vulneró sus derechos fundamentales al dar por terminado el nombramiento provisional que ostentaba en dicha entidad, en un cargo de carrera administrativa. A su juicio, la desvinculación se dio sin que para el efecto se motivara el acto administrativo que puso fin a la relación laboral. La accionada adujo que la causa para la terminación del nombramiento en provisionalidad fue objetiva y que la misma se produjo en cumplimiento de la normatividad que faculta al Procurador General de la Nación para realizar nombramientos en provisionalidad en los cargos de carrera con personal no seleccionado a través del sistema de méritos y terminar estos, a consecuencia de su vencimiento. Para resolver el problema se desarrolla la siguiente temática: 1º. Naturaleza jurídica de los funcionarios en calidad de provisionales y la necesidad de motivar su desvinculación. 2º. Normas relacionadas con la vinculación de funcionarios en calidad de provisionales en la Procuraduría General de la Nación. 3º. Contenido de la motivación de los actos administrativos por medio de los cuales se efectúa la desvinculación de los funcionarios en cargos provisionales. Se decide dejar sin efectos la comunicación mediante la cual se le informó al accionante que su provisionalidad no sería renovada y se CONCEDE la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia, se ordena a la Procuraduría General de la Nación reintegrar al actor, pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento de la desvinculación y hasta el momento de su efectivo reintegro. Se advierte que este reintegro sólo procede si el cargo no ha sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos. Se ordena igualmente a la accionada que un término de seis meses inicie los trámites para convocar a concurso o concursos públicos para proveer todos los cargos de carrera que en la actualidad son ejercidos en provisionalidad y frente a los cuales no se ha convocado concurso de méritos. Se indica que en un término de dos años la Procuraduría General de la Nación deberá haber culminado dichos concursos y provisto los respectivos cargos.
Recibo Relatoria   1-4-2013 0:00


Item 152    Expediente   T-3558235    Fecha sentencia   18-3-2013 0:00    Sentencia   T-148/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV AEJE, SV EMV
Demandante / Demandado    IRLENA IVON PERNETT ESCALANTE VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La accionante solicita al juez de tutela proteger los derechos fundamentales que considera vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, al haber revocado la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de esa misma ciudad dentro del proceso de fuero sindical adelantado en contra de la Contraloría Distrital de Barranquilla, en virtud de la cual se le reconoció la condición de aforada para la fecha de su declaratoria de insubsistencia y, en consecuencia, se ordenó su reintegro laboral al órgano de control. Sostiene la actora que el tribunal accionado incurrió una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, al no haber tenido en cuenta las pruebas aportadas al proceso y las normas aplicables. Con el fin de resolver el asunto la Sala reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los requisitos generales y específicos de esta procedencia, los defectos material o sustantivo y fáctico y, el derecho de asociación sindical, la figura del fuero sindical y el principio de la condición más beneficiosa. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efectos la sentencia objetada y se ordena a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión con base en las consideraciones expuestas por la Corporación en la presente decisión.
Recibo Relatoria   11-7-2013 0:00


Item 153    Expediente   T-3671269    Fecha sentencia   19-3-2013 0:00    Sentencia   T-149/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    NICOLAS ELIAS NORIEGA LOPEZ VS. INCODER DIRECCION TERRIOTORIAL BOLIVAR

Tema


Derecho de petición. Se interpone la acción de tutela en contra de la Dirección Territorial del INCODER del Departamento de Bolívar, por no dar respuesta de fondo a los derechos de petición formulados para solicitar la agilización de un proceso de titularización del predio denominado Púa II e información sobre el estado del mismo. Luego de analizar la procedencia de la acción de tutela respecto del derecho de petición, de examinar los presupuestos que deben cumplirse para respetar dicha garantía y las actuaciones desplegadas por la entidad accionada para establecer la eventual vulneración a este derecho fundamental, la Sala decidió CONCEDER el amparo y ordenar al INCODER notificar la respuesta dada a las solicitudes formuladas por el accionante.

Recibo Relatoria   9-4-2013 0:00


Item 154    Expediente   D-9185    Fecha sentencia   20-3-2013 0:00    Sentencia   C-156/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC, AV MGC,
Demandante / Demandado    BERNARDO ANDRES CARVAJAL SANCHEZ VS. LEY 1450 DE 2011, ARTICULO 199

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 199 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El demandante considera que con la expedición del artículo acusado se incurrió en vicios de forma y de fondo que vulneraron varias disposiciones de la Constitución Política, así como de las leyes 152 de 1994 y 5ª de 1992. La Corte constató la inconstitucionalidad de la asignación de ciertas funciones jurisdiccionales al Ministerio de Justicia y del Derecho, en la amplitud y heterogeneidad que lo hace la Ley 1564 de 2012 (Ley General del Proceso) y en la falta de precisión respecto del funcionario o dependencia que las asumiría. La Sala se declaró INIHIBIDA para decidir respecto de los cargos por violación de los principios de consecutividad, identidad flexible, unidad de materia y omisión de debate en el trámite legislativo, debido a que en virtud de la subrogación de la norma por el artículo 24 de la Ley 1564/12, consideró que un pronunciamiento sobre dichos cargos resultaría inocuo. Así mismo decidió declarar INEXEQUIBLES las expresiones “El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006”, contenidas en el numeral 4º del artículo 24 de la Ley 1564, que subrogó el artículo 199 de la Ley 1450 de 2011.
Recibo Relatoria   30-5-2013 0:00


Item 155    Expediente   T-3683653    Fecha sentencia   20-3-2013 0:00    Sentencia   T-150/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV Y SPV LEVS
Demandante / Demandado    ROSA ELVIRA BERMUDEZ VS. JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA

Tema

Debido proceso. El ISS evaluó el grado de invalidez de la actora y emitió un dictamen en el cual estableció una pérdida de la capacidad laboral del 35.54%. Inconforme con este resultado interpuso recurso y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia al decidirlo, estableció una pérdida de capacidad laboral del 45.14%. Frente a este nuevo resultado la actora presentó una carta informal a la Junta Regional en la cual manifestó su inconformidad y solicitó su revisión. En respuesta a esta petición la precitada entidad expidió un acto administrativo confirmando el porcentaje atacado y especificando que no procedía el recurso de apelación por no haber sido solicitado de manera expresa. Se solicita en la acción de tutela que se ordene la expedición de un nuevo dictamen, en el que se establezca un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de al menos el 50%, para poder tramitar la pensión de invalidez. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez y su relación con el derecho al debido proceso. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada admitir y enviar el recurso de apelación del proceso de calificación de la actora ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para su eventual revisión. Se ordena igualmente a la demandada que debe comunicar a la Junta Nacional, que ésta debe realizar una nueva valoración médica a la accionante para determinar su estado actual de salud y así poder resolver el recurso de apelación de la pérdida de su capacidad laboral.
Recibo Relatoria   15-4-2013 0:00


Item 156    Expediente   T-3615654    Fecha sentencia   20-3-2013 0:00    Sentencia   T-151/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    JAIRO DE JESUS CORTES ARIAS VS. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTRA

Tema

Se interpone la acción de tutela para solicitar el amparo constitucional al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Contraloría General de la República dentro de un juicio de responsabilidad fiscal iniciado en contra del actor, en virtud de ciertos hallazgos relacionados con la celebración de dos contratos de transacción con la firma ASERCAR LTDA, cuando fungía como liquidador de la Electrificadora de Córdoba. Alega el accionante que en la decisión del ente de control se configuró un defecto fáctico, al negar la práctica de un conjunto de pruebas por él solicitadas. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho al debido proceso en matería de responsabilidad fiscal. 2º. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo y principal de defensa en los procesos de responsabilidad fiscal y, 3º. La procedencia excepcional de la acción de tutela en estos casos, como mecanismo transitorio únicamente ante la inminencia de un perjuicio irremediable. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA del amparo constitucional deprecado.
Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 157    Expediente   T-3673733    Fecha sentencia   20-3-2013 0:00    Sentencia   T-152/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    MARLENY SANCHEZ CORTES Y OTROS VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. En sede de tutela se demanda la decisión judicial que dentro de un proceso de reparación directa iniciado por los accionantes en contra de la Nación, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, luego de concluir que no se presentó falla en el servicio al no existir actuar negligente u omisivo por parte de los integrantes de la Policía Nacional que se encontraban en la Estación de Icononzo. La Sala de Revisión reitera lo sostenido por la Corporación respecto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y decide CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales invocados. Consecuentemente con lo anterior, deja sin efectos el fallo demandado y ordena al Tribunal Administrativo del Tolima, proferir nueva sentencia para resolver los recursos de apelación y apelación adhesiva que las partes en el proceso administrativo presentaron contra la sentencia de primera instancia.
Recibo Relatoria   13-1-2014 0:00


Item 158    Expediente   T-3695869    Fecha sentencia   20-3-2013 0:00    Sentencia   T-153/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    MARIA ALEJANDRA OSORIO CUBILLOS VS. FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO

Tema

Educación, debido proceso. En este asunto la Sala de Revisión analizó la posible vulneración de derechos fundamentales por parte de la Fundación Universitaria Luis Amigó, al no expedirle a la actora el recibo para costear los respectivos derechos de grado y optar por el título profesional de Administradora de Empresas, bajo el argumento de no encontrarse al día académicamente, toda vez que le faltaba cursar siete materias correspondientes a dieciséis créditos de su tercer semestre. Alega la actora que cumplió los requisitos exigidos por la universidad, en cuanto canceló la matrícula, asistió a clases y presentó los exámenes correspondientes al semestre que no fue tenido en cuenta por la institución accionada. Se analiza temática relacionada con el derecho fundamental al goce efectivo de la educación, el principio de autonomía universitaria y el reglamento estudiantil. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada tener por matriculado el tercer semestre que cursó la acciónate durante el segundo semestre del año 2008.
Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 159    Expediente   D-9263    Fecha sentencia   21-3-2013 0:00    Sentencia   C-157/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    JHON ARMANDO GARTNER LOPEZ VS. LEY 1564 DE 2012, ARTICULO 206, PARAGRAFO UNICO

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo único del artículo 206 del la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que la norma acusada, al establecer una sanción para aquellos eventos en los cuales se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, desconoce los principios de proporcionalidad y de buena fe, así como los derechos a acceder a la justicia y al debido proceso. La Corte encontró que la sanción que se debe imponer cuando se niegan las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios resulta razonable y proporcionada, salvo que esa negativa obedezca a causas ajenas a la voluntad de la parte, evento en el cual no procede el juramento estimatorio. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo demandado, bajo el entendido de que tal sanción – por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma se imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.


Recibo Relatoria   12-6-2013 0:00


Item 160    Expediente   T-3331829    Fecha sentencia   21-3-2013 0:00    Sentencia   SU.158/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    PATRICIA ELENA NANCLARES TABORDA VS. SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Sentencia de Unificación. Tutela contra providencia judicial. La actora instauró la acción de tutela en contra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que esta Corporación violó sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, al casar una sentencia que ordenaba reconocerle una pensión de sobrevivientes, argumentando que se había resuelto la demanda sin aplicar la norma legal aplicable al caso, esto es, la Ley 797 de 2003, que exigía cumplir el requisito de fidelidad. A juicio de la actora se incurrió en una violación directa de la Constitución. La Sala concluye, que ninguna autoridad judicial puede, sin violar el derecho a la seguridad social, aplicar o exigir que se empleen las normas que establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de sobrevivientes. Indica que, dado que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta, debe inaplicarse en todos los casos. Se CONCEDE la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social en pensiones y se ordena al ISS cumplir las órdenes dictadas en primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por la actora en su contra, mediante las cuales se accedió a las pretensiones de la demanda y se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
Recibo Relatoria   3-4-2013 0:00


Item 161    Expediente   T-2550727    Fecha sentencia   21-3-2013 0:00    Sentencia   T-154/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV AJE
Demandante / Demandado    ORLANDO JOSE MORALES RAMOS VS. SOCIEDAD DRUMMOND LTDA

Tema

Vida, salud, intimidad, ambiente sano. El demandante argumenta que su casa se encuentra cerca del contorno de una explotación carbonífera de la sociedad Drummond Ltda., la cual se ubica en el corregimiento La Loma del municipio El Paso, Cesar, la que se explota indiscriminadamente y sin control ambiental alguno. En vista de lo anterior, se genera un ruido insoportable por el funcionamiento de las máquinas; partículas de carbón dispersas en el aire producidas por la explotación, afecciones en la salud de quienes residen en el lugar, en especial en los niños y contaminación de las fuentes de agua que utilizan para el consumo y desarrollo de las actividades diarias. Se solicita en la acción de tutela que se ordene a la accionada detener, parar o suspender la explotación en la precitada mina, hasta tanto se verifique que los trabajos se realicen dentro de horas hábiles acorde con el Decreto 0948 de 1995. Así mismo, que dichas actividades se cumpla con la normatividad vigente en cuanto a las condiciones permitidas de ruido y el Ministerio del ramo adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a un ambiente sano de todas las personas que residen y adelantan la actividad laboral en el sector. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos. 2º. El derecho a un ambiente sano. 3º. Vulneración o amenaza de los derechos a la intimidad, a la vida y a la salud por la contaminación ambiental y, específicamente, por la emisión de partículas de carbón. Se CONCEDE la tutela y entre las órdenes impartidas en el fallo se destacan las relacionadas con la de promocionar un plan de acción con actividades coordinadas de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Ambiental, con el objetivo de erigir una política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón. Igualmente, la de ordenar a la accionada la instalación de maquinaria de última generación técnica, al igual que amortiguadores, lavadores, cubiertas y recuperadores de carbón y sus partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión.
Recibo Relatoria   18-7-2013 0:00


Item 162    Expediente   T-3679850    Fecha sentencia   21-3-2013 0:00    Sentencia   T-159/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    IRMA BONILLA MOSQUERA VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE QUIBDO Y OTRO

Tema

Debido proceso, seguridad social, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. Se demanda la decisión judicial mediante la cual se denegó a la actora la pretensión de que le fuera reconocida una prestación pensional, por no encontrar probada las cotizaciones de varios períodos. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y de analizar el caso en concreto, la Sala de Revisión CONCEDE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   18-3-2014 0:00


Item 163    Expediente   T-3630613    Fecha sentencia   21-3-2013 0:00    Sentencia   T-160/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS PALENCIA LOPEZ VS. SALA UNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA ROSA DE VITERBO Y OTRO

Tema

Personalidad jurídica, filiación, acceso a la administración de justicia, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En sede de tutela se demandan las decisiones judiciales adoptadas en desarrollo de un proceso de impugnación de la paternidad iniciado por el actor, alegando la ocurrencia de defectos fáctico, procedimental y sustantivo, en virtud de no haber tenido en cuenta una prueba de ADN aportada al proceso, en primera instancia, porque no se realizó una segunda prueba ordenada por el juez y, en segunda instancia, porque se declaró la caducidad de la acción. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la siguiente temática: 1º. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto. 3º. Marco normativo aplicable a los procesos de impugnación de la paternidad y 4º. Jurisprudencia constitucional sobre procesos de filiación. Se CONCEDE el amparo solicitado, se dejan sin efectos las sentencias proferidas en el proceso de impugnación de la paternidad adelantado por el demandante y para restablecer los derechos fundamentales amparados, se ordena proferir una nueva sentencia con sujeción a lo expuesto por la Corporación respecto a la caducidad de la acción y la resolución de la objeción de la prueba de ADN.
Recibo Relatoria   6-6-2013 0:00


Item 164    Expediente   T-3714929    Fecha sentencia   22-3-2013 0:00    Sentencia   T-161/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FLOR LIDIA PILLIMUE VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. Se inicia la acción de tutela en contra de la NUEVA E.P.S., para procurar que se le imparta la orden de autorizarle a la accionante el servicio de transporte para ella y para un acompañante, el cual requiere para desplazarse desde su lugar de residencia hasta la ciudad de Cali, donde debe asistir para recibir el tratamiento especializado y los controles ordenados por el médico tratante para el manejo de la enfermedad que padece. Se reitera el precedente constitucional sobre los siguientes temas: 1º. El carácter fundamental del derecho a la salud. 2º Reglas de procedencia de la acción de tutela para ordenar el suministro de tratamientos, servicios o medicamentos excluidos del POS y, 3º. Jurisprudencia constitucional sobre el cubrimiento de los gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes por las E.P.S., para acceder a los servicios de salud. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada autorizar y cubrir los gastos de trasporte para la accionante y para un acompañante.
Recibo Relatoria   2-5-2013 0:00


Item 165    Expediente   T-3715872    Fecha sentencia   22-3-2013 0:00    Sentencia   T-162/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LUIS ANIBAL USUGA QUIROZ Y OTROS VS. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y OTROS

Tema

Igualdad, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En este asunto todos los accionantes coinciden en afirmar que el Banco Agrario de Colombia vulneró sus derechos fundamentales, al negarse a entregar las ayudas humanitarias de emergencia que fueron consignadas a su nombre en dicha entidad bancaria, por no presentar la cédula de ciudadanía original al momento del retiro del giro. Para resolver el problema jurídico se examina la siguiente temática: 1º. La importancia y función de la cédula de ciudadanía y, 2º. La prohibición de supeditar la entrega de ayudas humanitarias a la exigencia de la cédula de ciudadanía original de hologramas, en ciertas circunstancias. Se CONCEDE el amparo solicitado y se previene al Banco Agrario para que en lo sucesivo se abstenga de negar de plano el pago de la ayuda humanitaria de emergencia a los beneficiarios, sin antes llevar a cabo el estudio de riesgos y seguridad implementado por ellos y el procedimiento especial para pago de éstas ayudas con contraseña, reglado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Se insta a la Defensoría del Pueblo y a la Registraduría General de la Nación para que de manera conjunta y en el marco de sus funciones legales y constitucionales, diseñen e implementen las medidas necesarias para garantizar a la población víctima del desplazamiento forzado, la entrega oportuna de la cédula de ciudadanía, así como protocolos de seguridad alternativos para que, siempre que el trámite de expedición del documento exceda un mes de duración, se efectúe la entrega del dinero correspondiente a la ayuda humanitaria de emergencia, en condiciones de seguridad.
Recibo Relatoria   26-4-2013 0:00


Item 166    Expediente   T-3728079 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   22-3-2013 0:00    Sentencia   T-163/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CLARA MARINA ZONA GIL Y OTROS VS. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ATENCION DE DESASTRES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTRO

Tema

Vivienda digna, igualdad, dignidad, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes, habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy de la ciudad de Bogotá y afectados por la ola invernal acaecida en el segundo semestre del 2011, reclaman solicitud de amparo y pretenden que al decidir la acción de tutela se ordene a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el FOPAE, iniciar los trámites correspondientes para que se les adjudique los apoyos económicos para damnificados directos por la inundación de aguas negras provenientes del Río Fucha y como consecuencia de las deficiencias hidráulicas del río Bogotá, conforme a las normas de ley, al reglamento técnico establecido para tal fin y al censo realizado que los acredita como beneficiarios del auxilio. La Sala de Revisión analiza temática relacionada con el alcance y contenido general del derecho a la vivienda digna y el deber social tanto del Estado como de la sociedad frente las víctimas de desastres naturales. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cancelar la ayuda humanitaria a que tienen derecho los accionantes por ser damnificados directos de la segunda temporada de lluvias 2011 y encontrarse inscritos dentro del censo de damnificados de la localidades de Bosa (Bogotá) realizado por el FOPAE.
Recibo Relatoria   20-5-2013 0:00


Item 167    Expediente   T-3728593    Fecha sentencia   22-3-2013 0:00    Sentencia   T-164/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    GRIGELIO RODRIGUEZ GOMEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI SALA LABORAL

Tema

En el presente caso se solicita al juez de tutela proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, presuntamente vulnerados por el Tribunal Superior de Cali, al absolver, en el curso de un proceso ordinario laboral, al Instituto del Seguro Social, del reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del actor, sin tener en cuenta que este cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y que el juez de primera instancia le concedió la prestación. La Sala analiza los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Requisitos generales y específicos de esta procedencia excepcional. 3º. El defecto fáctico y, 4º. El derecho fundamental a la seguridad social. Se concluye que, el no desplegar la actividad probatoria conducente al reconocimiento efectivo de un derecho pensional, constituye una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social y, por ende, configura una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico. CONCEDID
Recibo Relatoria   21-8-2013 0:00


Item 168    Expediente   T-3687534    Fecha sentencia   22-3-2013 0:00    Sentencia   T-165/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    YAJAIRA CASTRO ROJAS VS. SOLSALUD E.P.S. S Y OTROS

Tema

En este caso se presenta la acción de tutela en contra de SOLSALUD E.P.S.S., por los siguientes hechos. 1º. La accionante está afiliada al Sistema de Salud en el nivel 2 del SISBEN y reside en el municipio de Zulia (Norte de Santander). 2º. Tras quedar embarazada y asistir en la ciudad de Cúcuta a una cita ginecológica, se le diagnosticó un embarazo gemelar de alto riesgo y se ordenó su remisión a la E.P.S. para el manejo hospitalario y alternativas de manejo. 3º. La E.P.S S accionada informó a la demandante que carecía de convenios en la ciudad de Cúcuta para atender el nivel de complejidad que su caso requería y decidió autorizarle una valoración ambulatoria por perinatología en una clínica de Bucaramanga. 4º. Al asistir a la precitada valoración se determinó que los gemelos habían sufrido muerte intrauterina. 4º. El mismo día se remitió a la accionante al servicio de urgencias de otra clínica de Bucaramanga y allí, luego de hospitalizarla, le extrajeron los cuerpos de los gemelos y le realizaron legrado uterino. 5º. A los quince días la clínica le informó a la autora sobre la autorización del traslado de los cadáveres desde Bucaramanga hasta Zulia y 6º. Se instauró la acción de tutela para solicitar que la E.P.S.S cubra los gastos de traslado de los cuerpos de los no nacidos, porque no se cuenta con los recursos económicos necesarios para ello, lo que genera que no se les haya podido dar cristina sepultura. La Sala no sólo estudió el tema del traslado solicitado, sino que se pronunció sobre temas relacionados con el acceso oportuno y efectivo a los servicios requeridos para garantizar el derecho a la salud, la protección de los derechos involucrados en las disposición de los cadáveres y el principio de solidaridad en torno a las madres durante el embarazo y el parto. Se CONCEDE el amparo a la libertad de cultos y de conciencias, así como el derecho de la accionante a recibir una especial protección por parte del Estado. Se ordena al Alcalde Municipal de El Zulia realizar las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para lograr el traslado de los cuerpos de los hijos no nacidos de la accionante y se declara la carencia actual de objeto por daño consumado en relación con el derecho a la salud, por cuanto los gemelos que la actora gestaba perdieron su vida antes de recibir el tratamiento ordenando por el médico tratante. Así mismo, se previene a la accionada para que en lo sucesivo realice gestiones necesarias que conduzcan a que las madres gestantes reciban una atención prioritaria y oportuna tanto en los controles generales como en las citas especializadas y, para que en los casos de embarazo de alto riesgo disponga de los medios de transporte que no expongan a las madres y a los nasciturus a riesgos innecesarios en su vida y en su integridad.
Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 169    Expediente   T-3648719    Fecha sentencia   22-3-2013 0:00    Sentencia   T-166/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ANGELA MARIA CASTAÑEDA CARDONA VS. ISS Y OTROS

Tema

En este caso se tiene que la accionante solicitó en el año 1994 el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, con la Administradora de Fondos de Pensiones ING, el cual fue aprobado. Para ese entonces, la actora había realizado cotizaciones por un período equivalente a 13 años, en entidades de carácter público y privado. En el año 2003 volvió a solicitar su traslado al régimen de prima media y esta petición fue aceptada, quedando afiliada a CAJANAL. En el 2008, la peticionaria solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, alegando ser beneficiaria del régimen de transición por tener más de 35 años a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. A finales del 2011 CAJANAL despachó desfavorablemente la solicitud y además informó que, en virtud de que la entidad se encontraba en proceso de liquidación, la carpeta pensional se remitiría al ISS para que se pronunciara sobre la prestación reclamada. La entidad empleadora le informó a la accionante que el ISS no aceptó la solicitud de afiliación, toda vez que al momento de radicar la documentación, le faltaban menos de diez años para pensionarse, motivo por el cual los aportes serían remitidos nuevamente a la AFP ING. Con la acción constitucional se pretende que se garantice el derecho a la libre escogencia de Administradora de Fondos Pensionales, se le permita volver al régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS y se ordene a esta entidad reconocer la pensión de jubilación conforme a lo previsto en el régimen de transición de la Ley 100. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela para resolver controversias pensionales, las reglas jurisprudenciales sobre la libre escogencia del régimen pensional, el régimen de transición del y el traslado de regímenes en el caso de los beneficiarios del régimen de transición. Se confirman las decisiones de instancia en cuanto declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela frente a la protección del derecho a la pensión y se CONCEDE el amparo frente al derecho a la seguridad social en relación con el derecho a la elección y traslado del régimen pensional.


Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 170    Expediente   T-3675724 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-167/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    BARBARA CECILIA ESTACIO OSORIO Y OTROS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA

Tema

Acceso a la información pública, petición, debido proceso administrativo. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Alegan los actores que en el año 1992 el municipio de Bolívar (Valle del Cauca) expidió un decreto mediante el cual se otorgaba el reconocimiento y pago de primas extralegales a los empleados municipales con más de diez años de servicio, de conformidad con lo establecido en un Acuerdo Municipal expedido dos años atrás. Por considerar ser beneficiarios del derecho a la precitada prima de antigüedad, los actores elevaron derecho de petición ante la entidad territorial, para solicitar la expedición de dos certificaciones y copia del Acuerdo Municipal No. 011 de 1990. Consideran los accionantes vulnerado su derecho de petición, en cuanto la entidad territorial no dio respuesta de fondo y acorde con lo solicitado, toda vez que las certificaciones entregadas contenían información incompleta y diferente a la solicitada y no entregaron copia del Acuerdo, argumentando que el mismo no se encontraba ni en los archivos del Concejo Municipal, ni de la Alcaldía Municipal. La Sala desarrolla los siguientes temas: 1º. Los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, de petición y acceso a documentos públicos. 2º. La reconstrucción de documentos. Se CONCEDE la tutela y se ordena al Concejo Municipal de Bolívar (Valle del Cauca), iniciar el trámite previsto en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la reconstrucción del Acuerdo 011/90, para lo cual deberá decretar y practicar las pruebas que resulten conducentes.


Recibo Relatoria   21-5-2013 0:00


Item 171    Expediente   T-3686000    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-168/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    CAROL XIMENA PAZ GELPUD VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

Salud, vida en condiciones dignas. Advierte la accionante que luego de presentar unas dolencias físicas y de ser tratada por un médico general sin que los síntomas disminuyeran., fue remitida a consulta con un cirujano vascular, quien después de realizarle varios exámenes le practicó una cirugía de varices. Esta intervención, según la demandante, se realizó con fallas técnicas y cuando la enfermedad ya había avanzado, circunstancias que condujeron a que el resultado no fuera óptimo. Se pretende con la acción constitucional que la E,P.S. SALUDCOOP autorice la consulta con otro especialista vascular para que dictamine el real estado de salud de la actora y determine si el tratamiento realizado fue el adecuado. Se pretende igualmente que, si para cumplir la petición principal se requiere el traslado de la paciente fuera de su lugar de residencia, la accionada asuma los costos pertinentes. Se reitera jurisprudencia relacionada con la salud como derecho fundamental y el derecho del paciente a la segunda opinión médica. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 172    Expediente   T-3612514    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-169/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    ICFES VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El ICFES interpone la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cauca por considerar que desconoció su derecho al debido proceso, al decidir, dentro de una acción de reparación directa adelantada en su contra, condenarlo al pago de perjuicios morales por el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la demandante, sin justificación ni prueba para ello. La Sala de Revisión aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los derechos fundamentales de personas jurídicas de derecho público. 3º. Tesis del Consejo de Estado en materia de tasación de perjuicios morales y, 4º. Jurisprudencia constitucional frente a casos similares. Se CONCEDE el amparo al debido proceso del accionante, particularmente por el defecto fáctico constitutivo de una vía de hecho, por la ostensible ausencia de sustento probatorio denotada al haber llevado la tasación de los perjuicios morales al máximo posible, como si ese fuera el valor de la aflicción supuestamente sufrida por la demandante, al corroborar que la Universidad a la que voluntariamente acudió, no podía transitoriamente otorgarle un título, lo que era fácilmente predecible al cotejar que carecía de registro.
Recibo Relatoria   1-8-2013 0:00


Item 173    Expediente   T-3624861    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-170/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    GENCY PATRICIA BORJA MORENO VS. ALCALDESA DE QUIBDO

Tema

En este caso alega la accionante que la Alcaldesa de Quibdó vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al abstenerse de nombrarla en el cargo de gerente de la ESE Hospital Ismael Roldán Valencia de esa ciudad, a pesar de haber obtenido el mayor puntaje en el concurso de méritos convocado para conformar la lista de elegibles para dicho cargo, argumentando una posible inhabilidad por el hecho de haber sido reelegida una vez en el cargo, según lo contemplado en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de decisiones adoptadas dentro de concursos de mérito para proveer cargos públicos y la posibilidad de reelección por una sola vez de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Se concluye que la mandataria accionada obró conforme a la Constitución Política y al artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, al darle prevalencia al principio de mérito de la función pública y proteger el libre acceso al empleo de gerente de las ESE, evitando la perpetuidad de algunos servidores en estos cargos. Al no encontrar reproche alguno en la conducta desplegada por la autoridad territorial accionada, se decide NEGAR el amparo solicitado.


Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 174    Expediente   T-3631021    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-171/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    RICARDO VARELA CONSUEGRA Y OTROS VS. CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Tema

En este asunto consideran los accionantes que la Cámara de Comercio de Barranquilla vulneró sus derechos fundamentales a la asociación, a elegir y a ser elegido, al debido proceso y a la igualdad, con el hecho de haber realizado una reunión extraordinaria en donde la junta directiva tomó, por mayoría, la decisión de cancelar sus afiliaciones como comerciantes, exponiendo como argumento para ello, el hecho de haber registrado como actividad única en el formulario de su matrícula, una actividad de prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Alegaron los actores que dicha determinación les limitó la posibilidad de participar en el proceso electoral para la conformación de una nueva junta directiva. Se analiza la siguiente temática: 1º. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 2º. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. 3º. Naturaleza y funciones de las cámaras de comercio y, 4º. Afiliación y desafiliación de comerciantes a las cámaras de comercio. Se decide negar la tutela por IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   20-6-2013 0:00


Item 175    Expediente   T-3674925    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-172/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    DONALDO BARRIOS GELEZ VS. SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S. Y OTROS

Tema

Indica el actor que Barú es una isla localizada al suroeste de la ciudad de Cartagena con una población aproximada a los diez mil habitantes, entre los que se encuentran miembros de las comunidades negras Ararca, Santa Ana y Punta Barú, los cuales comparten una misma identidad sin que el territorio utilizado por cada grupo se encuentre delimitado. Se menciona en la acción de tutela que en el año 2009 se inició un proceso de consulta previa para la construcción de un puerto multipropósito en la isla Barú, el cual sería ejecutado por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, pero que en dicha consulta no se incluyó a la comunidad denominada Punta Barú, situación que resulta vulneradora de derechos fundamentales. La Sala de Revisión CONCEDE la protección al derecho de consulta previa a favor de la Comunidad de Barú y se ordena dar inicio a las medidas necesarias para ejecutar el proceso de esta consulta, la cual deberá efectuarse con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento expedito, completo y rápido de la orden impartida.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 176    Expediente   T-3713793    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-173/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JORGE ELIECER ZAMBRANO ROSAS VS. ISS

Tema

Petición, vida, seguridad social, mínimo vital. El accionante tiene más de setenta años de edad, fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y cotizó al sistema pensional más de novecientas semanas. Indica en la acción de tutela que luego de presentar al ISS la documentación requerida para reclamar la pensión de invalidez sin recibir respuesta alguna, presentó derecho de petición para solicitar información respecto al estado del trámite, frente al cual sólo recibió comunicación donde le informaban que su solicitud había sido trasladada a la Seccional del Causa, por competencia de la misma. En la acción constitucional solicita que se ordene al Instituto accionado dar respuesta a su pretensión de lograr el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho fundamental de petición, los términos para resolver escritos de petición en materia pensional y la pensión de invalidez de origen común y su protección constitucional. Se CONCEDE la tutela y se ordena al accionado reconocer y empezar a pagar al accionante la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 177    Expediente   T-3756477    Fecha sentencia   1-4-2013 0:00    Sentencia   T-174/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CLAUDIA AMPARO BAUTISTA ESTEBAN VS. CAFESALUD E.P.S.

Tema

Salud. La peticionaria se encuentra afiliada a la E.P.S. CAFESALUD en el régimen contributivo y padece una enfermedad llamada pancreatitis crónica, motivo por el cual tuvo que realizarse varios exámenes en la I.P.S. Fundación Cardio Infantil. Luego de terminar los procedimientos médicos en esta institución le ordenaron con urgencia una intervención quirúrgica la cual no ha sido autorizada por la entidad accionada, bajo el argumento de no estar incluida en el Plan Obligatorio de Salud. Luego del análisis detallado del caso la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado y ordenar a la entidad accionada practicar el procedimiento quirúrgico que requiere la accionante.
Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 178    Expediente   T-3681678    Fecha sentencia   2-4-2013 0:00    Sentencia   T-175/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV LGGP
Demandante / Demandado    JOSE PAULINO DIAZ PABON Y OTROS VS. MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS

Tema

Vivienda digna. Los accionantes consideran que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, en tanto dejaron de adoptar las medidas de protección y mitigación del riesgo necesarias para contrarrestar el impacto que causó el desbordamiento de un alud de tierra, que durante la temporada invernal del 2010 cayó sobre su vivienda, causando numerosos daños estructurales a la misma y un riesgo de un nuevo deslizamiento por no existir un muro de contención o gavión que garantice la estabilidad del terreno. Luego de analizar temática relacionada con la naturaleza y alcance del derecho a la vivienda digna, la procedencia de su protección directa a través del ejercicio de la acción de tutela y las obligaciones de las autoridades locales frente a este derecho ante riesgo de desastres, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado e impartir una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho tutelado.
Recibo Relatoria   5-6-2013 0:00


Item 179    Expediente   T-3698492    Fecha sentencia   2-4-2013 0:00    Sentencia   T-176/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV LGGP
Demandante / Demandado    YOMAIRA MACHADO CRUZ VS. FONVIVIENDA

Tema

Vivienda digna. La accionante es una persona desplazada por la violencia, madre cabeza de familia de dos hijos menores de edad, uno de los cuales padece una enfermedad grave que le causó la pérdida de su capacidad laboral en un 88.4% y por la cual requiere el forma permanente el suministro de oxígeno por medio de un mecanismo que funciona con energía eléctrica, lo que implica un alto costo en este servicio público. Instaura la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales y los de su familia, los cuales considera vulnerados por parte del Fondo Nacional de Vivienda, al no otorgarle el subsidio para la adquisición de vivienda nueva, al que se postuló desde el año 2007. La Sala analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna, el derecho a la vivienda digna en cabeza de las personas desplazada por la violencia y la asignación prioritaria de subsidios estatales como forma de garantizar el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Se TUTELA el derecho deprecado y se ordena a FONVIVIENDA adoptar todas las medidas administrativas necesarias para que la solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda para la población desplazada presentada por la actora, reciba la más alta prioridad dentro de la lista de beneficiarios, sin tener que seguir el orden previamente establecido.
Recibo Relatoria   5-6-2013 0:00


Item 180    Expediente   T-3625221    Fecha sentencia   2-4-2013 0:00    Sentencia   T-177/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    RUBBY STELLA PEREA VELASQUEZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Mínimo vital. Se interpone la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales, al suspender el pago de la cuota alimentaria a cargo de la pensión del ex esposo de la actora, bajo el argumento de que éste último falleció y la sustitución pensional fue radicada en cabeza de una persona que no tiene obligaciones alimentarias con ella. Alega la actora que la obligación continúa vigente porque la decisión judicial mediante la cual se otorgó la prestación estableció que la cancelación de la misma se haría hasta tanto cesará la situación de vulnerabilidad y porque es una persona que tiene más de setenta años de edad, que padece de serios problemas de salud que le impiden conseguir fuentes de ingresos económicos y, porque la jurisprudencia constitucional indica que la obligación alimentaria no siempre se extingue con la muerte del alimentante. Luego de analizar temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de una cuota alimentaria, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   30-7-2013 0:00


Item 181    Expediente   T-3402731    Fecha sentencia   2-4-2013 0:00    Sentencia   T-178/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    ARTURO JACINTO CAMARGO JIMENEZ VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

En este asunto alega el accionante que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró sus derechos fundamentales a la familia y a no ser apartado de ella, en conexidad con los derechos a la vida, a la salud y a la dignidad humana, al haberlo trasladado de Sabanalarga (Atlántico) al municipio de La Dorada Caldas para que ejerciera su cargo de Registrador Municipal, argumentando la necesidad del servicio por la realización de elecciones. En sede de revisión la entidad accionada allegó al proceso una prueba relacionada con la situación laboral del funcionario accionante, en la que se certificó que éste retornó al municipio en el que originalmente se desempeñaba, esto es, el municipio de Sabanalarga. Se decide revocar las decisiones judiciales que denegaron el amparo solicitado y declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   7-6-2013 0:00


Item 182    Expediente   T-3728145    Fecha sentencia   2-4-2013 0:00    Sentencia   T-179/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BLANCA ALIRIA LEAL JIMENEZ VS. HYDROS MELGAR S. EN C. E.S.P.

Tema

La acción de tutela la instaura una mujer de 68 años de edad que reside en una vivienda de su propiedad con diecisiete personas más, entre ellos ocho menores de edad y dos mujeres, de las cuales, una cuenta con más de noventa años y la otra, recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana. Se solicita al juez de tutela que se amparen los derechos fundamentales de este grupo de personas y que en consecuencia se ordene a la accionada restablecer el servicio público de acueducto en la vivienda de la actora y permitirle suscribir un acuerdo de pago para financiar la deuda que tiene con la empresa. Se analiza la siguiente temática: 1º. La iusfundamentalidad del derecho de acceso al agua potable y su protección por medio de la acción de tutela. 2º. La garantía de acceso al agua potable y la prohibición de su suspensión por el incumplimiento consecutivo en el pago de las facturas, cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional y, 3º. La posibilidad de disponer y acceder a cantidades mínimas, suficientes y de calidad de agua apta para el consumo humano. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada reconectar de forma regular el servicio de agua en el predio de la peticionaria, al igual que suscribir con ésta un acuerdo de pago racional y proporcional que le permitan cumplir las obligaciones causadas por el consumo del líquido. Se le indica a la empresa demandada que en caso de que la actora pruebe no contar con los recursos económicos para sufragar la deuda, proceda a instalar un reductor de flujo que garantice como mínimo cincuenta (50) litros de agua por persona al día.
Recibo Relatoria   25-2-2014 0:00


Item 183    Expediente   T-3735090    Fecha sentencia   2-4-2013 0:00    Sentencia   T-180/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    NOHEMY DEL SOCORRO GUTIERREZ DE FORTICH VS. NUEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida digna. Se incoa la acción constitucional en contra de la NUEVA E.P.S. y se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de esta entidad, por no autorizarle a la actora la práctica de un examen denominado Oncotype DX, que fue ordenado por la médica especialista para decidir sobre el tratamiento que le debía suministrar para el manejo post quirúrgico del cáncer de mama que le fue diagnosticado. La entidad accionada fundamentó su decisión en el hecho de que la prueba solicitada está excluida del POS, no se realiza en el país y el Comité Técnico Científico, al estudiar el caso, negó la petición con una justificación científica. Se analiza la siguiente temática: 1º. El carácter fundamental del derecho a la salud. 2º. El derecho fundamental a la salud de las personas de la tercera edad. 3º. Jurisprudencia de la Corporación en materia de autorización de tratamientos, medicamentos o suministros excluidos del POS en el régimen contributivo y 4º. Condiciones de eficacia de los tratamientos no POS. La Sala considera que el tipo de procedimiento solicitado, que resulta estar en etapa experimental, no puede desplazar los procedimientos terapéuticos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, precisamente, porque no se encuentran acreditados científicamente como servicios de recuperación en salud. Sin embargo, considera que cuando existan dudas, le corresponde a los Comités Técnico Científicos, con intervención de los médicos especialistas, evaluar el acceso a dichos procedimientos como parte del servicio de salud, teniendo en cuenta que precisamente tienen el conocimiento de la ciencia médica dedicado a establecer la validez terapéutica, efectividad y riesgos de los mismos. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada convocar al Comité Técnico Científico para que, con una Junta Médica de Especialistas en Oncología, determinen la efectividad del procedimiento solicitado y si éste o uno similar se puede surtir en el territorio nacional, en cuyo caso debe ser ordenado a la actora y hacer efectiva su realización.


Recibo Relatoria   8-5-2013 0:00


Item 184    Expediente   T-3694675    Fecha sentencia   4-4-2013 0:00    Sentencia   T-181/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    PIEDAD BERRIO SOLANO VS. EMPRESA PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S. E.S.P.

Tema

Se instaura la solicitud de amparo constitucional en contra de la empresa Proactiva Aguas de Montería S. E.S.P., con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales de la actora y de sus menores hijos a la vida digna, a la salud y a la dignidad humana. Se pretende que se ordene a la citada compañía la instalación del servicio de acueducto en el inmueble de la demandante, abstenerse de cobrar las facturas por un servicio que no le ha sido prestado y realizar el recaudo del mismo sólo a partir del momento en que le instalen en su hogar la tubería y el medidor. La empresa accionada argumentó que la negativa de instalar el servicio se presentó por existir 38 facturas pendientes de pago, las cuales corresponden a un predio principal del cual se desenglobó el inmueble propiedad de la actora. La Sala de Revisión pudo constatar que durante el trámite de la acción de tutela cesó la conducta que dio origen a la solicitud de amparo, por lo que decidió declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   17-7-2013 0:00


Item 185    Expediente   T-3696372    Fecha sentencia   4-4-2013 0:00    Sentencia   T-182/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    MEDIQUIRURGICOS DEL NORTE LTDA VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA Y OTROS

Tema

La empresa Mediquirúrgicos del Norte Ltda.. solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por parte de la Alcaldía de Cúcuta y las Secretarías de Hacienda y del Tesoro de esa misma ciudad, como consecuencia del supuesto incumplimiento de una orden judicial de embargo, decretada dentro de un proceso ejecutivo promovido en contra de la SaludVida S.A., E.P.S. Zonal Norte de Santander. Con el propósito de resolver el asunto la Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con la subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela y decide declararla IMPROCEDENTE por incumplimiento de este requisito.
Recibo Relatoria   20-3-2014 0:00


Item 186    Expediente   T-3691772    Fecha sentencia   5-4-2013 0:00    Sentencia   T-184/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    AAAA VS. OFICINA DE PROTECCION Y ASISTENCIA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Tema

Vida, seguridad, integridad personal. Se instaura la presente acción de tutela en contra de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación y se pretende con ella que se ordene a dicha entidad,acoger nuevamente al accionante en el Programa de Protección a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, del cual fue excluido como sanción por el desacato a las obligaciones adquiridas al momento de suscribir el acta de compromiso del programa de seguridad. La Sala hace referencia a los siguientes temas: 1º. El derecho constitucional a la seguridad e integridad personal y, 2º. La protección especial a cargo del Estado teniendo en cuenta los niveles de riesgo. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada disponer lo necesario para reintegrar al actor y a su núcleo familiar al Programa de Protección. Al demandante y a su núcleo familiar que llegue a ser beneficiario con dicha protección, se le ordena acatar todas y cada una de las normas, obligaciones y recomendaciones de seguridad que se le impongan y abstenerse de asumir conductas que pongan en peligro su vida y la de los suyos.


Recibo Relatoria   29-7-2013 0:00


Item 187    Expediente   T-3694573    Fecha sentencia   8-4-2013 0:00    Sentencia   T-187/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ARNULFO DE JESUS GARCIA USUGA Y OTROS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE BURITICA

Tema

En este caso los accionantes relatan que llevaban tres años trabajando en minera de manera informal en la vereda Los Asientos del municipio de Buriticá, cuando la Alcaldía Municipal, en cumplimiento a un amparo administrativo decomisó sus elementos de trabajo. Aducen la violación de derechos fundamentales con el hecho de realizar una indebida notificación de los actos que culminaron con el desalojo y el decomiso de los elementos de trabajo y por ello reclaman el pago de una indemnización de tipo económico. La Sala de Revisión concluye que, se vulnera el derecho al debido proceso en el trámite del amparo administrativo cuando se omite notificar a los presuntos perturbadores, de manera personal en el domicilio o en el lugar de trabajo y, sólo se realiza esta actuación por edicto. Se CONCEDE el amparo al debido proceso y se da efectos inter comunis a esta decisión, sobre todas las personas que se encuentran en idéntica situación a la de los accionantes. En cuanto a la pretensión de ordenar el pago de lo dejado de percibir, recuerda la Corte que la tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar indemnizaciones o prestaciones de carácter económico, debido a que existen otros mecanismos judiciales que resultan idóneos y eficaces para resolver este tipo de controversias.
Recibo Relatoria   1-11-2013 0:00


Item 188    Expediente   T-3702429    Fecha sentencia   8-4-2013 0:00    Sentencia   T-188/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ELISA AURORA CABRERA ACTUANDO COMO AGENTE OFICIOSA DE SU HIJO JULIAN FELIPE LOZANO CABRERA VS. E.P.S. SOLSALUD

Tema

Salud, vida digna. A través de la figura de la agencia oficiosa se incoa la presente acción de tutela para solicitar el amparo constitucional a favor de un menor de edad a quien le detectaron un tumor cancerígeno en la parte posterior del ojo y en virtud de ello, le practicaron una cirugía para extraerle el tumor y, de manera consecuente, el ojo. La acción que se considera violatoria de los derechos del niño es la demora de la E.P.S. SOLSALUD, de suministrar la prótesis ocular por ella misma autorizada. La Sala de Revisión concluye que la entidad accionada vulneró derechos fundamentales al imponer una serie de barreras administrativas que le han impedido a un usuario menor de edad, acceder de manera efectiva a los servicios médicos que requiere. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 189    Expediente   T-3714171    Fecha sentencia   8-4-2013 0:00    Sentencia   T-190/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    DIEGO MAVISOY CHINDOY VS. INPEC Y OTRO

Tema

El actor, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popayán, indica que adolece de un problema dental consistente en la pérdida de un diente superior que le genera problemas en su capacidad de masticar con normalidad. Interpone la acción de tutela porque solicitó en varias oportunidades al INPEC y a CAPRECOM la atención odontológica y no fue brindada, bajo el argumento de no corresponder a estas entidades su atención médica. La Sala se pronuncia sobre los derechos de los internos y la relación de especial sujeción entre los reclusos, al igual que sobre el derecho fundamental de los internos y el derecho al diagnóstico como componente esencial derecho fundamental a la salud. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIO el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   1-11-2013 0:00


Item 190    Expediente   T-3723476    Fecha sentencia   8-4-2013 0:00    Sentencia   T-191/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    HILDA MARINA ESPINILLA VS. FONVIVIENDA

Tema

Vivienda digna. La accionante indica que es madre cabeza de familia en situación de desplazamiento y que fue beneficiada con la asignación de un subsidio familiar de vivienda por parte de FONVIVIENDA, el cual fue concedido con un plazo de seis meses para su aplicación. Alega la actora, que la entidad no ha efectuado el desembolso del subsidio a pesar de cumplir con todos los requisitos que exige la ley, situación que la perjudica enormemente, toda vez que realizó la compra de una casa bajo la condición de que el vendedor recibiría oportunamente el saldo adeudado, el cual corresponde al valor subsidiado. La accionada argumentó razones administrativas, en virtud de que la demandante no hizo uso de la ayuda antes de que ésta perdiera vigencia. La Corte CONCEDE la tutela y ordena a la accionada realizar el desembolso del subsidio familiar de vivienda reclamado.
Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 191    Expediente   T-3725738 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   8-4-2013 0:00    Sentencia   T-192/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    WBAL DE JESUS PALACIO LOPEZ Y OTRO VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y OTRO

Tema

Petición, mínimo vital, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Consideran los actores que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional les vulneró derechos fundamentales al emitir respuestas a derechos de petición en las que sólo se limitó a establecer una fecha probable de entrega de la ayuda humanitaria a que tienen derecho por su condición de desplazados, pero omitiendo señalar el procedimiento para cobrar debidamente dicha ayuda. A juicio de los actores, la entidad demandada no dio respuesta de fondo a los derechos de petición impetrados. Se analiza la siguiente temática: 1º. Alcance del derecho de petición cuando es invocado por la población desplazada y, 2º. El derecho de esta población a recibir ayuda humanitaria y el deber del Estado de garantizar su entrega. SE CONCEDEN los amparos constitucionales solicitados.


Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 192    Expediente   T-3729380    Fecha sentencia   8-4-2013 0:00    Sentencia   T-193/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ALMA YOLANDA GONZALEZ SANCHEZ VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

En este asunto la conducta que causa la vulneración de derechos es la negativa de la E.P.S. COOMEVA de pagar a la accionante tres incapacidades sucesivas por enfermedad común, bajo el argumento de sobrepasar el número de días continuos de incapacidad que a ella le correspondía asumir. La actora aduce que el no pago de las incapacidades afecta su mínimo vital, toda vez que no ha podido trabajar para generar ingresos y subsidiar sus gastos, en virtud de ser una mujer diabética, hipertensa, con una discapacidad ocasionada por un accidente y no poseer ninguna clase de pensión, ni recibir ayuda alguna. En sede de revisión la Sala constató que cesaron las omisiones supuestamente vulneradoras de derechos fundamentales y que con ellos se la pretensión de la accionante fue satisfecha. Se declara la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.
Recibo Relatoria   15-10-2013 0:00


Item 193    Expediente   D-9252    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   C-194/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC, AV NPP, SPV LEVS
Demandante / Demandado    ERICK ANDRES PEREZ ALVAREZ Y OTRO VS. LEY 1482 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1482 de 2011, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. Los demandantes consideran que la norma es inconstitucional, en tanto se omitió el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Igualmente alegan que en el trámite de la ley fue desconocido el principio de identidad flexible,, debido a que el proyecto de la norma fue originalmente concebido para la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes, en especial a su derecho a no ser discriminado mediante expresiones o comportamientos racistas, sin embargo, a partir de los debates en Cámara fueron incluidos temas extraños a este tópico, tales como la tipificación de actos de discriminación en razón de la nacionalidad, género, orientación sexual o relacionados con el antisemitismo. Por último, aducen vulneración del principio de legalidad penal, en razón a que los tipos previstos en la norma acusada no identifican adecuadamente al sujeto activo de la conducta, así como el contenido del comportamiento objeto de sanción penal. Para la Corte, la aprobación de la Ley 1482 de 2011 no requería de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, por cuanto su objeto es el de proteger a todas las personas víctimas de discriminación, no solo por motivos de raza sino también por cuestiones religiosas, ideológicas, políticas, de origen nacional, étnico, cultural, y de sexo u orientación sexual. Asimismo concluyó que el procedimiento de debate y aprobación surtido para esta ley no desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   2-8-2013 0:00


Item 194    Expediente   D-9254    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   C-195/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    CARLOS AUGUSTO RAMIREZ DEL CASTILLO VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 128 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 128 (parcial) de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Considera el demandante que el precepto impugnado desconoce lo establecido en los artículos 158 y 268-9 de la Constitución. La Corte considera que en el asunto examinado no están presentes los elementos de argumentación requeridos jurisprudencialmente para proferir un fallo de mérito, en particular el relacionado con la especificidad para sustentar los cargos por violación del principio de unidad de materia y de reserva de iniciativa legislativa. La Sala se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   14-6-2013 0:00


Item 195    Expediente   D-9279 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   C-196/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LGGP, AV GEMM, AV NPP
Demandante / Demandado    LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ Y OTROS VS. LEY 1551 DE 2012, ARTICULO 35 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 (parcial) de la ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Los demandantes consideran que la expresión “previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la nación, de conformidad con la ley vigente” referido en los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo acusado desconoce disposiciones constitucionales, en cuanto impone requisitos adicionales para la elección de los personeros y desborda las atribuciones otorgadas al legislador. La Corte decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-105/13 en cuanto declaró exequible la norma que exige que los personeros municipales sean elegidos mediante concurso público de méritos e inexequible la competencia atribuida a la Procuraduría General de la Nación para diseñar y adelantar éstos concursos. Así mismo, decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto al cargo relacionado con las calidades exigidas en dichos concursos.
Recibo Relatoria   7-5-2013 0:00


Item 196    Expediente   D-9363    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   C-197/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    LILIANA KATHERINE BONILLA DELGADO VS. LEY 98 DE 1993, ARTICULO 2

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “tiras cómicas o historietas gráficas” consagradas en el artículo 2º de la Ley 98 de 1993. El demandante considera que las expresiones acusadas despojan de forma arbitraria e injusta el carácter cultural de manifestaciones artísticas que deben ser objeto de amparo y protección en los términos previstos en los artículos 61 y 71 de la Constitución Política. La Corte evidenció la existencia de cosa juzgada constitucional y en ese sentido decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1023/12, en la que la Corporación declaró inexequibles las expresiones demandadas en la presente demanda.
Recibo Relatoria   27-6-2013 0:00


Item 197    Expediente   T-3723364    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   T-185/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LUCILA GUERRA DAVID VS. UNIDAD PARA LA ATENCION Y LA REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Tema

En el presente asunto la Sala analizó si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la dignidad humana de la accionante, quien es una persona desplazada inscrita en el registro para esta población, al negar la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, por encontrase afiliada en calidad de cotizante al sistema de salud, en el régimen contributivo. De manera concomitante, centró su análisis en la posible existencia de una cosa juzgada constitucional o de temeridad respecto de la controversia planteada, por haber sido resuelto el mismo problema jurídico a través de otra acción constitucional. Se concluye que, en el presente caso, existe cosa juzgada pero no temeridad, en la medida que la actora promovió la segunda acción de tutela fundada en la convicción de que no había operado la cosa juzgada, sino, que la entidad accionada no le había entregado la ayuda humanitaria de emergencia. Se confirma la decisión de instancia que NEGO el amparo por improcedente, pero se advierte al juez que resolvió la primera acción de tutela, que debe adelantar las diferentes actuaciones que tiene a su disposición, para que se cumpla la sentencia dictada por su despacho, en la cual se ampararon los derechos fundamentales de la demandante, porque la accionada negó la atención de emergencia de forma arbitraria.


Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 198    Expediente   T-3706556    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   T-186/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARGARITA LUZ OROZCO LOZANO VS. INCODER

Tema

La accionante considera que se le vulneraron sus derechos al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, en razón a que fue retirada del empleo que desempeñaba en provisionalidad porque el mismo fue proveído con la aspirante que participó en el concurso público de méritos convocado para el efecto. Alega la actora que la decisión del INCODER fue violatoria de sus derechos fundamentales, máximo cuando omitió tener en cuenta que había adelantado previamente los trámites para que le fuera reconocida la condición de prepensionada y que su condición familiar era crítica, en razón de que de sus ingresos dependía el sostenimiento de sus hijos, entre los cuales existe una hija que afronta graves problemas de salud. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para lograr el reintegro de servidores públicos retirados del empleo en virtud de actos administrativos. 2º. La preminencia constitucional del concurso público de méritos como procedimiento general y preferente para el acceso a los empleos del Estado. 3º. Las modalidades y características de la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a pensionarse y 4º. El carácter vinculante de criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de las normas sobre provisión de cargos del Estado. La Sala concluye que el INCODER actuó al margen de su deber constitucional de garantía de los derechos de la actora en su condición de sujeto de especial protección constitucional, para privilegiar una interpretación literalista y por ende desproporcionada de las normas de carrera. Ello, por cuanto a pesar de tener la posibilidad fáctica y jurídica de garantizar el acceso al empleo público de todos los aspirantes que integraban la lista de elegibles y simultáneamente conservar la estabilidad laboral de la demandante, decidió retirarla del cargo. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 199    Expediente   T-3713517    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   T-200/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    AA VS. SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE BOLIVAR

Tema

La accionante interpuso la acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación y Cultura del Bolívar, para solicitar la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados por esa entidad, al ordenar su traslado como docente del municipio de Arjona al de San Martín de Loba (Sur de Bolívar), a pesar de la grave patología que le afecta debido a la agresión sexual sufrida en otro municipio ubicado en la misma zona y por el cual está siendo atendida mediante tratamiento médico prestado debida, continua y oportunamente en la ciudad de Cartagena. Así mismo, porque con el traslado se desarticuló su núcleo familiar, en virtud de que es madre cabeza de familia de tres hijos menores de edad que residen en la misma ciudad donde ella recibe el tratamiento médico. Además, porque el nuevo puesto de trabajo pone en riesgo su integración personal, toda vez que está ubicado en un lugar vecino al de la agresión y en una zona de conflicto. La Sala advirtió en el trámite de revisión que la accionante ha estado incapacitada debido al grave diagnóstico y que en la actualidad tramita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, como consecuencia del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 85%. Además de declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, se ordena a la Secretaría accionada que delegue en una de sus dependencias el seguimiento y trámite del reconocimiento pensional, con el fin de que el mismo no sea obstaculizado y se cumpla de manera oportuna y sin dilaciones.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 200    Expediente   T-3706379    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   T-201/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    JUAN JAIRO SALAZAR VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida digna. El accionante tiene 57 años de edad, presenta una pérdida de la capacidad laboral del 67.75% y tiene acreditadas más de mil semanas de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. La acción de tutela la presenta en contra del Instituto de Seguros Sociales, por tomar esta entidad la decisión de negarle el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez, bajo el argumento de no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, mediante el cual se exige la acreditación de 150 semanas de cotización dentro de los seis años anteriores a la invalidez o trescientas semanas en cualquier época antes de la fecha de la estructuración. Se analizan los siguientes tópicos: 1º. La seguridad social como derecho fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. 2º. Procedencia de esta acción constitucional para reclamar el reconocimiento pensional, y, 3º. La pensión anticipada de vejez. Parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Concluye la Sala que el accionante efectivamente cumple con todos los requisitos para que le sea reconocida la pensión anticipada de vejez por invalidez que establece el inciso primero del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y, en este sentido, CONCEDE la tutela y ordena al accionado iniciar los trámites y gestiones pertinentes para reconocer la prestación referida.
Recibo Relatoria   10-5-2013 0:00


Item 201    Expediente   T-3732325    Fecha sentencia   10-4-2013 0:00    Sentencia   T-199/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    RAUL TORRES GUTIERREZ COMO AGENTE OFICIOSO DE ALBA MARINA TORRES DE ORTIZ VS. COMFAMA E.P.S.

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se presenta la acción de tutela para requerir la protección de los derechos fundamentales de una persona de 71 años de edad que además padece una deficiencia cardiaca, por la cual el médico tratante le prescribió oxígeno domiciliario. La actuación que se alega como violatoria de derechos se relaciona con el cambio en la modalidad del suministro del oxígeno, el cual se entregaba en forma de pipetas y fue reemplazado por un concentrador que funciona con energía eléctrica, el que resulta muy oneroso dado el incremento en el consumo de energía, el elevado costo que ésta tiene y la falta de recursos económicos para cancelar el servicio. En sede de revisión la Sala tuvo conocimiento del fallecimiento de la agenciada y por ello, tras pronunciarse sobre la carencia actual de objeto por daño consumado y de analizar temática relacionada con la protección de la dimensión objetiva de derechos fundamentales, la protección constitucional del derecho fundamental a la salud, la protección reforzada de este derecho en sujetos de especial protección constitucional , la accesibilidad económica como componente del derecho y el valor normativo del precedente jurisprudencial, decidió declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por daño consumado y dictar medidas de protección objetiva de los derechos constitucionales comprometidos. Se ordena a la accionada adoptar las medidas administrativas necesarias para asegurar que todos los afiliados que se encuentren en las mismas condiciones de la agenciada, cuenten con la libertad de escoger entre la provisión de oxígeno en pipetas o en concentrador. Así mismo se previene a las entidades demandadas, como en general a todas las entidades del sector salud, para que dentro del ámbito de sus competencias cumplan plenamente con los deberes de protección y cumplimiento del derecho a la salud que les corresponden, con el fin de evitar que situaciones como las presentadas en el presente caso no se repitan. Se advierte al accionante, hermano de la agenciada, que puede acudir a las vías ordinarias a fin de que allí se resuelva si en el asunto se presentó responsabilidad civil, médica, penal, ética o de otra índole.
Recibo Relatoria   23-5-2013 0:00


Item 202    Expediente   T-3258107    Fecha sentencia   11-4-2013 0:00    Sentencia   SU.198/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    HUMBERTO BUILES CORREA VS. SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En la acción de tutela el demandante acusa a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de haber violado el debido proceso, por haber incurrido en una serie de irregularidades en el trámite de una acción penal de única instancia iniciada en su contra. Se alega la configuración de 1º. un defecto orgánico, en tanto el Tribunal de Casación no era el competente para juzgar a un exsenador de la República. 2º. Un defecto fáctico, por cuanto en el proceso no existía prueba, conforme al artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, que llevara a la certeza de que el procesado hubiera incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado y, 3º. En violación directa de la Constitución, por cuanto el referido proceso penal se tramitó en única instancia y por ende, no garantizó el principio de imparcialidad del juez. Para dar solución al caso se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, haciendo énfasis en las reglas sobre los errores orgánico, fáctico y violación directa de la Constitución. 2º. Precedente de la Corporación en materia de única instancia y competencia integral en los procesos contra congresistas atribuidos a la Corte Suprema de Justicia y, 3º. Jurisprudencia sobre la naturaleza y fines del fuero para la investigación y juzgamiento de los congresistas. Luego de estudiar cada uno de los cargos formulados y al no encontrar configurado ninguno de los yerros alegados, la Sala Plena decidió confirmar la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.


Recibo Relatoria   11-6-2013 0:00


Item 203    Expediente   T-3710565    Fecha sentencia   11-4-2013 0:00    Sentencia   T-202/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    GLORIA JANETH AHUANARI VS. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA Y OTROS

Tema

Libre circulación. La accionante, actuando en nombre propio y en representación de la comunidad indígena “La Playa” de la ciudad de Leticia (Amazonas), solicita que se amparen sus derechos fundamentales y en consecuencia, que se ordene a la Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional, eliminar la restricción de tránsito de motocicletas por la servidumbre de paso que tiene la referida comunidad en los predios de la Brigada. Indica la actora que de manera unilateral, arbitraria y sin consultar a los miembros de la comunidad, un comandante del batallón ordenó construir una cerca de alambre con púas y dejar abierto sólo un espacio pequeño, permitiendo únicamente el tránsito peatonal, lo que los afecta notablemente sus vidas e intereses, toda vez que la motocicleta es el medio de transporte masivo en esa región del país y en la actualidad deben movilizarse y transportar a los enfermos a pié, lo mismo que cargar los víveres y sacar los productos agrícolas y de pesca para la venta a la espalda. Luego de referirse al derecho fundamental a la libre circulación y residencia, la Sala de Revisión decide CONCEDER la protección invocada e impartir una serie de órdenes
Recibo Relatoria   20-5-2013 0:00


Item 204    Expediente   T-3706919    Fecha sentencia   12-4-2013 0:00    Sentencia   T-203/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    CARMEN VIVAS DE RUBIO VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

En un proceso judicial se decretó la separación de cuerpos y la disolución de la sociedad conyugal vigente entre la accionante y su esposo. Esta decisión fue producto de la conciliación judicial de las partes quienes afirmaron que no convivían desde hacía más de 37 años. De manera posterior, otro despacho judicial le reconoció a la actora una pensión alimentaria a cargo de la pensión que disfrutaba su ex esposo, en cuantía del 12% mensual de la prestación. El pensionado contrajo matrimonio civil y luego de fallecer, CAJANAL suspendió unilateralmente la cuota alimentaria y le reconoció la pensión de sobrevivientes a la cónyuge del causante en una cuantía del 100%. Con la acción de tutela se pretende que CAJANAL continúe efectuando el pago de la pensión alimentaria a la demandante, toda vez que ésta es una persona de 86 años de edad, que padece múltiples enfermedades y que dicha prestación era su principal fuente de ingreso. Para decidir sobre el amparo solicitado la Sala de Revisión entró a analizar si la pensión alimentaria se extingue con la muerte del deudor y, de no extinguirse, si dicha prestación se puede deducir de la sustitución pensional reconocida a un tercero ajeno a la obligación civil que convivió con el alimentante. Se concluye que: 1º. Se cumplen los presupuestos necesarios para aplicar la excepción jurisprudencial desarrollada en el presente providencia. 2º. Se entiende que la obligación alimentaria reconocida judicialmente a la actora permeó la sustitución pensional de la prestación reconocida en vida a su esposo. 3º. Se da, en el presente caso, aplicación de los principios constitucionales de equidad y solidaridad. Se CONCEDE la tutela y se imparte la orden de seguir pagando la cuota alimentaria reclamada.
Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 205    Expediente   T-3698654    Fecha sentencia   12-4-2013 0:00    Sentencia   T-204/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    WALTER ALOMIA GONGORA VS. MINISTERIO DEL INTERIOR

Tema

El actor, quien hace parte del pueblo afrocolombiano y es miembro de la Fundación Comunitaria Etnias del Litoral Pacífico “FUNCOMELIP” solicita al juez de tutela que ordene al Ministerio del Interior modificar, derogar o aclarar la Resolución 0121 de 2012, por la cual se convoca a los representantes de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y los representantes de los Raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a Asambleas Departamentales y se dictan otras disposiciones. A juicio del demandante, con el acto acusado se limitó el derecho de las comunidades afrodescendientes de elegir a sus representantes, en tanto solo otorgó ese derecho a aquellas que contaron con título colectivo adjudicado por el INCODER, desconociendo con ello lo prescrito por la Ley 21 de 1991, que dispuso que todo pueblo afrocolombiano tiene la facultad de elegir de manera real, autónoma y participativa a sus representantes. Advierte la Sala de Revisión que sobre el acto administrativo atacado la Corporación se pronunció en la Sentencia T-823/12 y que a través de ella dispuso inaplicar por inconstitucional la referida resolución y ordenar al Ministerio del Interior expedir nuevas directrices para llevar a cabo las elecciones de los representantes de las comunidades negras ante las Comisiones Consultivas de Alto Nivel y Departamentales. Se decide declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCION DE MATERIA.
Recibo Relatoria   24-3-2014 0:00


Item 206    Expediente   T-3728233    Fecha sentencia   13-4-2013 0:00    Sentencia   T-235/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    DEYANIRA BARRIENTOS VELASQUEZ VS. ALCALDIA DE CUCUTA

Tema

En este asunto se analiza si dentro del trámite de querellas por ocupación de hecho, la Alcaldía de Cúcuta vulneró los derechos fundamentales a la vivienda digna, al debido proceso y a la defensa, al decretar, sin previa notificación, el lanzamiento de las personas indeterminadas que se encontraban ubicadas en el asentamiento denominado por los poseedores de hecho como “Fortaleza”, ubicado en terrenos de tres supuestos propietarios. La violación de derechos que se imputa a la entidad territorial, es por adelantar el trámite administrativo sin tener en cuenta la condición de desplazados que ostentan los poseedores, al ser víctimas de la masacre ocurrida en el barrio la Hermita de Cúcuta, en el año 2009. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes temas: 1º. La acción de tutela como mecanismo de protección de derechos de la población desplazada. 2º. La población desplazada y el derecho a la vivienda digna. 3º. El derecho a la vivienda digna y su vigencia en el derecho interno por virtud de su consagración en la preceptiva superior y en el bloque de constitucionalidad. 4º. La naturaleza jurídica y fundamentabilidad del mencionado derecho. 5º. La defensa del precitado derecho y la acción de tutela como mecanismo efectivo para su garantía. Se TUTELA el derecho fundamentales de la demandante y de su núcleo familiar a la vivienda digna, en adicional desarrollo de la protección constitucional reforzada que le es debida como víctimas de desplazamiento forzado. Se ordena a la accionada que, de llevar a cabo el desalojo de la accionante, sea de manera pacífica y luego de ubicarla en una vivienda equiparable en terreno, área construida, ubicación y calidad, que cumpla a satisfacción con las normas mínimas para vivienda urbana de interés social y con todas las posibilidades y facilidades para que, llegado el caso, sea escriturado como de su patrimonio familiar.


Recibo Relatoria   8-10-2013 0:00


Item 207    Expediente   T-3698162    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-205/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JOSE NOEL BARRAGAN CALDERON VS. SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El contralor de un concordato y los acreedores del mismo instauran la acción de tutela en contra de la decisión judicial de segunda instancia adoptada en el trámite de una acción reivindicatoria, alegando que en dicha decisión se incurrió en defectos fácticos y sustantivo por una irrazonable interpretación de las pruebas periciales decretadas y practicadas durante el proceso, una valoración indebida de los diferentes documentos aportados al juicio que indicaban que la intención de Molinos Roa había sido la de apropiarse del predio y no la de recuperar su obligación, una aplicación errónea de la ley 1116 de 2006 y un empleo equivocado del artículo 74 de la precitada ley y no el artículo 146 de la ley 222 de 1995, que regulan, ambos, la figura de la acción reivindicatoria. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 2º. Los defectos sustantivo y fáctico como causales específicas de dicha procedibilidad. Al encontrar que las decisiones judiciales acusadas no vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante, se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   11-6-2013 0:00


Item 208    Expediente   T-3699975 Y OTRAS ACUMULADAS    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-206/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    KERLY MEDINA GUTIERREZ Y OTROS VS. COMFALIAR HUILA E.P.S.S Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos estudiados el tema central se refiere a la vulneración de derechos fundamentales por parte de Entidades Promotoras de Salud, derivadas de la decisión de no asumir los gastos de transporte y hospedaje requeridos para el paciente y su acompañante, como quiera que las enfermedades que padecen exigen atención y tratamientos delicados y urgentes que no pueden realizarse en el lugar de su residencia. La Sala aborda la siguiente temática. 1º. Flexibilización del juicio de procedibilidad de la acción de tutela en materia del derecho a la salud. 2º. La fundamentabilidad del derecho a la salud y los principios que la inspiran. 3º. El derecho a la salud de los niños y niñas. 4º. La cobertura de transporte y alojamiento en virtud del principio de integralidad en salud. 5º. El financiamiento de los gastos de traslados y hospedaje para el paciente y su acompañante y, 6º la carencia actual de objeto por hecho superado. Luego de analizar cada caso en particular se toman decisiones individuales de acuerdo a las características específicas de estos.
Recibo Relatoria   24-6-2013 0:00


Item 209    Expediente   T-3717271    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-207/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ROMELIO ARTEMIO MAIGUAL MAIGUAL VS. ALCALDIA DE PASTO Y OTROS

Tema


El actor, quien es una persona de más de ochenta años de edad, interpone la acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Pasto pretendiendo que esta entidad territorial ordene su reinclusión al programa de protección social al adulto mayor del cual era beneficiario y del que fue retirado bajo la consideración de ser propietario de más de un inmueble, sin que se tuviera en cuenta que una propiedad la usa como vivienda y la otra es un predio rural de pequeña extensión que no está en condiciones de explotar ni de sacarle ningún provecho, dada su avanzada edad y deteriorado estado de salud. Luego de establecer la procedibilidad de la solicitud de amparo deprecada y de analizar temática relacionada con la solidaridad y dignidad humana como principios esenciales del concepto de Estado Social de Derecho, la especial protección de las personas de la tercera edad en estado de pobreza extrema, el programa de protección social al adulto mayor y los principios de confianza legítima y de respeto por el acto propio, la Sala concluye que la violación de los derechos fundamentales del actor al debido proceso administrativo, a la vida digna y al mínimo vital, se dio en dos vías, una, al haber iniciado una actuación administrativa de retiro sin haber adoptado medidas previas para verificar las condiciones reales en que se encontraba en virtud de su condición de sujeto de especial protección constitucional y la otra, en la medida en la que la exclusión lo privó del que prácticamente era su único ingreso, lo cual agravó considerablemente su situación de debilidad manifiesta. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.

Recibo Relatoria   24-6-2013 0:00


Item 210    Expediente   T-3725102    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-208/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    CAJANAL VS. JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Se refiere en el presente asunto que en el año 2008 treinta y seis peticionarios interpusieron acción de tutela en contra de CAJANAL, para solicitar la reliquidación de sus pensiones de jubilación teniendo en cuenta el régimen especial al que cada uno de ellos pertenecía, con aplicación de todas las sumas y factores que a su juicio constituían salario, así como el 100% de la bonificación por servicios. El juez constitucional decidió en ese mismo año acceder a las pretensiones de los demandantes y ordenar la reliquidación reclamada. Después de transcurrir más de tres años, CAJANAL interpone la presente acción de tutela en contra del despacho judicial que tomó la precitada decisión, bajo el argumento de incurrir en defectos sustantivo, fáctico y orgánico. Solicita que se declare que en dicha sentencia existió una vía de hecho y que por ello debe revocarse. La Sala decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   3-7-2013 0:00


Item 211    Expediente   T-3729781    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-209/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MARIA DEL CARMEN PADILLA LOPEZ EN REPRESENTACION DE SU HIJO BUSTAMANTE PADILLA VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Salud, vida digna, derecho de los niños. En el presente caso la disputa gira en torno al acceso a un medicamento prescrito a un menor de edad que padece de retraso mental moderado, cuya entrega fue negada por la E.P.S. demandada con base en tres argumentos: 1º. La desafiliación del menor al sistema contributivo de salud como resultado de los intermitentes vínculos laborales de la madre. 2º. La caracterización del medicamento prescrito como no POS, debido a la aclaración contenida en el Acuerdo 029 de 2011 y, 3º. El rechazo del Comité Técnico Científico a la solicitud de servicios no POS. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. El derecho fundamental a la salud de las niñas y niños en el orden constitucional colombiano. 2º. Los principios de continuidad y de integralidad como elementos definitorios del servicio de salud y, 3º. Las reglas jurisprudenciales diseñadas para la prestación de servicios o medicamentos no incluidos en el POS. Se CONCEDE la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados a favor del menor representado.
Recibo Relatoria   7-6-2013 0:00


Item 212    Expediente   T-3703718    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-210/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA JAFISA TONGUINO HENAO VS. DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Tema

En este asunto considera la accionante que la Dirección de Sanidad Militar vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social, al desafiliarla del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, por solicitud de su excompañero permanente, sin tener en cuenta su delicado estado de salud y sus requerimientos médicos. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener la inclusión en el Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. 2º. El Régimen Especial de Seguridad Social en Salud. 3º. La protección del derecho fundamental a la salud y el principio de continuidad en la prestación del mismo. Se TUTELAN los derechos fundamentales invocados y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectiva la protección concedida.
Recibo Relatoria   28-2-2014 0:00


Item 213    Expediente   T-3702581    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-211/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    DIANA PATRICIA JIMENEZ CUARTAS VS. SALA DE DESCONGESTION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

Tema

Igualdad, debido proceso, seguridad social, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. La accionante inició un proceso ordinario laboral en contra de BBVA Horizonte, con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada a raíz del fallecimiento de su cónyuge. Esta prestación previamente había sido denegada por la AFP, bajo el argumento del incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema, establecido en el literal b) del artículo 12 de la ley 797 de 2003, el cual se encontraba vigente para el momento de causación de la prestación. El juzgado de primera instancia despachó favorablemente las pretensiones de la demanda y el tribunal accionado revocó esta decisión, al considerar que para el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba vigente el requisito de fidelidad al sistema y que por tanto no era aplicable la tesis del a quo que reconoció efecto retroactivo a la sentencia C-556/09. La Sala de Revisión aborda los siguientes temas: 1º. Improcedencia, por regla general, de la acción de tutela para rebatir decisiones judiciales. 2º. El carácter vinculante del precedente constitucional y 3º. El principio de progresividad en materia de seguridad social y el requisito de fidelidad al sistema. Se CONCEDE la tutela, se deja sin efectos la sentencia acusada y se ordena a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., proferir resolución mediante la cual reconozca a favor de la actora la pensión de sobrevivientes reclamada.
Recibo Relatoria   21-5-2013 0:00


Item 214    Expediente   T-3706408    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-212/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV Y SPV JIPC
Demandante / Demandado    KARINA FUENTES MEZA EN REPRESENTACION DE SU HIJA ANA KARINA MELENDEZ VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y OTROS

Tema

Aduce la accionante que su hija nació en Venezuela pero que ella y su cónyuge son ciudadanos colombianos y que regresaron al país cuando la niña tenía siete meses de nacida. Se interpone la acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Superintendencia de Notariado y Registro, por los obstáculos interpuestos para registrar a la niña en Colombia, pues aducen que el registro civil de nacimiento de la menor debe estar apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país y que para el hacer efectivo dicho trámite debe presentarse con su hija directamente en Venezuela, porque no se puede realizar el mismo en el Consulado que de dicho país existe en Medellín. Se indica en la tutela que no ha sido posible viajar al exterior para apostillar el referido documento por falta de recursos y que en la actualidad la niña se encuentra con graves quebrantos de salud y que no tiene ninguna asistencia médica por cuanto no aparece registrada como colombiana. Se menciona además que la accionante y su cónyuge son desplazados y que por ello se encuentran inscritos en el RUPD. La acción constitucional se interpone para que las autoridades demandadas concedan la nacionalidad colombiana a la menor representada, para que pueda gozar de los derechos fundamentales a la salud y a la educación. Se analiza jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental de los niños a la personalidad jurídica y sobre la nacionalidad y el registro civil del nacido en el exterior de padres colombianos y luego domiciliados en Colombia. Se TUTELAN los derechos fundamentales de la menor representada a la nacionalidad, al reconocimiento de la personería jurídica, a la igualdad, la dignidad humana y a la salud. Se ordena a la Registraduría permitir a la accionante, con el apoyo del ICBF si fuere necesario, registrar como nacional colombiana a su hija. Se prevé que la E.P.S. en donde se encuentren afiliados los padres de la niña o ella individualmente, disponga la prestación de los servicios que en tal ámbito sean requeridos.


Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 215    Expediente   T-3477037    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-213/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ISABEL GONZALEZ DE VELASQUEZ VS. ISS HOY COLPENSIONES

Tema

La accionante de 86 años de edad, presentó solicitud de sustitución pensional ante el ISS alegando que su cónyuge fallecido tenía reconocida una pensión de vejez. El Instituto accionado negó la prestación a la peticionaria, argumentando que igual reclamación la había hecho la persona que alegó ser la compañera permanente del causante, procediendo en consecuencia a suspender los trámites de sustitución pensional hasta tanto se decidiera a través de sentencia judicial, quien era la acreedora del derecho prestacional en disputa. En sede de revisión la Sala constató que en el proceso ordinario iniciado por la presunta compañera permanente del causante se llegó a un acuerdo conciliatorio con la accionante, en donde se pactó compartir la pensión de sobrevivientes en disputa en una proporción igual al 50% para cada una de las partes. Se decide declarar la carencia actual de objeto por configurarse un HECHO SUPERADO y por la correlativa inexistencia actual de afectación de los derechos fundamentales invocados.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 216    Expediente   T-3725740    Fecha sentencia   15-4-2013 0:00    Sentencia   T-214/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JHON JAIRO URREGO SERNA VS. COMFENALCO E.P.S.

Tema

En el presente caso la Sala de Revisión se encargó de determinar si COMFENALCO E.P.S. vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física, a la vida digna y al debido proceso del actor, al negarle la práctica de una cirugía alegando problemas con la validez de la afiliación, en tanto omitió informar que había padecido osteomielitis años atrás. La intervención quirúrgica dejo de practicarse pese a que se había autorizado dos meses atrás y que en virtud de ello fue que el propio cuerpo médico y administrativo de la E.P.S. accionada ordenó y autorizó la realización urgente de la misma. Se analiza la siguiente temática: 1º. Protección constitucional del derecho fundamental a la salud y el principio de continuidad en la prestación del mismo. 2º. El debido proceso para la desafiliación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de las E.P.S y la prohibición legal de estas entidades de alegar preexistencias. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada reactivar la afiliación del demandante y practicarle la cirugía que requiere. Igualmente se le advierte a la demandada, que en adelante debe garantizar al actor la atención integral en salud en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento que sea requerido para corregir la osteomielitis crónica de tibia que padece.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 217    Expediente   T-3708371    Fecha sentencia   16-4-2013 0:00    Sentencia   T-215/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    SOCIEDAD COLCONSTRUC LTDA VS. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALANQUE, CASANARE Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La Sociedad COLCONSTRUC Ltda. interpuso la acción de tutela en contra de la decisión judicial que admitió la demanda de solicitud de avalúo de perjuicios para servidumbre legal de hidrocarburos con ocupación transitoria, presentada en su contra por la Petrolera Monterrico S.A. Se alega la ocurrencia de una vía de hecho, por haber realizado la autoridad judicial una interpretación errónea sobre la normatividad ambiental, al considerar que la resolución mediante la cual se establecía la reserva ambiental de la sociedad civil no era oponible. La Sala de Revisión recuerda la jurisprudencia constitucional relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y la procedencia excepcional de esta acción constitucional contra autos interlocutorios. Se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON la solicitud de amparo impetrada.
Recibo Relatoria   16-7-2013 0:00


Item 218    Expediente   LAT-389    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   C-220/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    REVISION CONSTITUCIONAL DE LA LEY 1569 DE 2012, APROBATORIA DEL CONVENIO SOBRE EL REGISTRO DE OBJETOS LANZADOS AL ESPACIO ULTRATERRESTRE VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1569 de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio utraterrestre “suscrito en Nueva York, el 12 de noviembre de 1974. La Sala realiza el control de constitucionalidad respectivo y concluye que los mandatos contenidos en el convenio se ajustan a la Constitución. Realiza también la revisión de procedimiento para la expedición de la Ley 1569 de 2012 y pone de presente el acatamiento de los preceptos constitucionales en las fases de iniciativa, aprobación, discusión y sanción de la precitada norma. EXEQUIBLES el convenio y su ley aprobatoria.
Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 219    Expediente   LAT 393    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   C-221/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio; así como de su protocolo y de su Ley aprobatoria número 1568 de 2012. La Corte encontró que el convenio y el protocolo que acuerdan las reglas de solución de conflictos de normas tributarias entre Colombia y México, así como su ley aprobatoria, resultan ajustados a los postulados y preceptos constitucionales. EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   20-6-2013 0:00


Item 220    Expediente   D-9317    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   C-222/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CARLOS MARIO CARDONA ACEVEDO VS. LEY 640 DE 2001, ARTICULO 27

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. El demandante estima que la norma acusada viola el artículo 116 de la Constitución Política, en tanto confiere competencias judiciales a particulares sin límite temporal. La Corte concluyó que la conciliación extrajudicial en materia civil y la transitoriedad de la atribución de administrar justicia a los particulares, es compatible con el artículo 116 de la Constitución Política. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   27-6-2013 0:00


Item 221    Expediente   LAT-390    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   C-223/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    REVISION CONSTITUCIONAL DEL CONVENIO INTERAMERICANO SOBRE PERMISO INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADO Y DE LA LEY 1570 DE 2012 VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional Radioaficionado” adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis, República de Haití y su “Protocolo de Modificaciones”, adoptado el 10 de junio de 2003 en Santiago, República de Chile y de la Ley 1570 de 2012 que los aprueba. La Corte encontró que las normas revisadas fortalecen el proceso de integración latinoamericana y del caribe, realizan el principio de igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético y promueven la libertad de expresión y recreación, todo lo cual contribuye al efectivo cumplimiento de mandatos constitucionales. EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   19-6-2013 0:00


Item 222    Expediente   T-3658647    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   T-216/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    DENNIS CASTILLO MURCIA VS. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL HUILA Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. En este caso se alega que tanto la Asamblea Departamental del Huila y el Departamento del Huila, vulneraron derechos fundamentales de la actora, al haberle negado el reintegro laboral ordenado mediante decisión judicial adoptada dentro del trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la sentencia, por lo que procedió al reconocimiento de la indemnización de perjuicios correspondiente. La Sala se pronuncia sobre los siguientes aspectos: . Procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de sentencias judiciales. 2º. El cumplimiento del fallo como concreción del derecho al acceso a la administración de justicia y, 3º. Casos en los cuales existe una imposibilidad física y jurídica para dar cumplimiento a la orden original de un fallo judicial. Se decide confirmar la sentencia de segunda instancia que DENEGO el amparo impetrado.
Recibo Relatoria   23-5-2013 0:00


Item 223    Expediente   T-3714054 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   T-217/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    ALFREDO CONSTANTE GUTIERREZ Y OTROS VS. JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y OTROS

Tema

Acceso a la administración de justicia, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En esta oportunidad se resuelven dos casos en donde los accionantes inician procesos ordinarios para solicitar el incremento pensional del 14%, basados en el artículo 21 del Acuerdo 048 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año y las pretensiones son despachadas desfavorablemente, porque a juicio de las autoridades judiciales, se configuraba el fenómeno de la prescripción y por dicho motivo, declararon probada tal excepción. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Causal de procedibilidad por desconocimiento del precedente judicial, específicamente en relación con la imprescriptibilidad en materia pensional. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a las autoridades judiciales accionadas proferir nuevas sentencias dentro de los procesos ordinarios, en las cuales se tenga en cuenta las consideraciones hechas por la Corporación en la presente providencia.


Recibo Relatoria   11-6-2013 0:00


Item 224    Expediente   T-3722801    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   T-218/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    XIOMARA ALICIA GUZMAN MENIA COMO AGENTE OFICIOSA DE SU NIETA BIANKA BONCANEGRA BADILLO VS. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Tema

En este asunto se aduce que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria la Previsora y la E.P.S. Unión Temporal del Norte, vulneraron derechos fundamentales de una menor de tres años de edad al negarse a inscribirla en el subsistema de salud del mencionado Fondo, como beneficiaria de su abuela, aduciendo que no hace parte del grupo familiar que se permite afiliar como beneficiarios. La accionante tiene la custodia y cuidado personal de su nieta, en virtud del acta de conciliación que suscribió con su hija ante el I.C.B.F, la que se realizó exclusivamente por razones de capacidad económica. Se solicita en la acción de tutela que se afilie a la niña como beneficiaria de la abuela y que se exima a ésta de pagar la UPC adicional, toda que en el momento no puede asumir este costo porque está siendo sometida a un tratamiento médico para el cáncer de seno y esto le demanda asumir gastos adicionales. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. La agencia oficiosa en la acción de tutela. 2º. El régimen de Seguridad Social en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 3º. El interés superior del menor y la especial protección del derecho fundamental a la salud de los niños y las niñas y, 4º. El deber de las autoridades públicas y privadas de valorar el interés superior del menor al aplicar las normas que regulan la prestación de los servicios de salud y la exclusión del sistema de los menores afiliados como beneficiarios de sus abuelos. Se CONCEDE la garantía de los derechos a la salud y a la seguridad social de la menor representada y se ordena las accionadas que afilien a la menor en calidad de cotizante dependiente de la accionante, sin exigirle para el efecto el pago de ninguna prestación de tipo económico, hasta tanto la niña no sea afiliada, como beneficiaria o cotizante a algunos de los regímenes de seguridad social en salud.
Recibo Relatoria   6-9-2013 0:00


Item 225    Expediente   T-3728979    Fecha sentencia   17-4-2013 0:00    Sentencia   T-219/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    SYNGENTA S. VS. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La sociedad comercial Syngenta S. considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, al proferir providencias en las que declararon la prescripción de la acción ejecutiva y negaron el reconocimiento de la personería jurídica de su apoderado, dentro del proceso ejecutivo iniciado por ella en contra de la Arrocera de Montería Ltda y Alejandro Lyons De La Espriella. Se alega la ocurrencia de un defecto sustantivo por indebida interpretación, aplicación e integración del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que regula la interrupción de la prescripción y la caducidad de la acción ejecutiva. Así mismo se alega desconocimiento de la sentencia T-148/10 proferida por la Corte Constitucional. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto sustantivo en la jurisprudencia constitucional, haciendo énfasis en el cumplimiento de providencias judiciales y las consecuencias de su incumplimiento. Se CONCEDE la tutela, se deja sin efectos la decisión judicial en la que se reconoció la prescripción y la caducidad de la acción ejecutiva, así como todas las actuaciones surtidas con posterioridad a la misma sentencia. Como consecuencia de lo anterior se deja en firme las órdenes dispuestas en la sentencia T-148/10, particularmente en lo referente a la inalterabilidad de los términos de prescripción y caducidad de la acción ejecutiva. Se compulsan copias de la sentencia y del expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que, si lo considera pertinente, adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar contra las autoridades judiciales que intervinieron en el proceso ejecutivo singular que dio origen a la presente acción constitucional.
Recibo Relatoria   18-7-2013 0:00


Item 226    Expediente   D-9266    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   C-224/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  AV JIPP, AV MVCC, AV LEVS
Demandante / Demandado    CAROLINA JEREZ MONTOYA VS. LEY 1480 DE 2011, ARTICULO 66 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 66 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Afirma el actor que la norma demandada, al habilitar a los abogados externos de las entidades estatales para realizar el cobro coactivo de las multas impuestas por violación del Estatuto del Consumidor, transfiere a los particulares competencias privativas e indelegables del Estado que tienen una naturaleza jurisdiccional y que implican el ejercicio de prerrogativas exorbitantes de la administración pública. La Corte encontró que existe una coincidencia material entre el precepto demandado y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y, por ello, procedió a la integración normativa para efectuar el control sobre ambas disposiciones. La Sala Plena concluyó que la transferencia integral de la facultad de cobro coactivo a particulares configura un vaciamiento de competencias que contradice el artículo 2º de la Constitución Política. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 66 de la Ley 1480 de 2011, así como del fragmento del artículo 112 de la Ley 6ª de 1991 que dispone “o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados”
Recibo Relatoria   4-4-2014 0:00


Item 227    Expediente   T-2765391    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   SU.225/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Demandante / Demandado    E.T.B. S. E.S.P. VS. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de unificación. En el presente caso la Empresa de Teléfonos de Bogotá alega la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en virtud de la condena que le fue impuesta en el laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento, convocado con el fin de dirimir las controversias suscitadas entre ella y OCCEL, las que surgieron con ocasión del contrato de interconexión suscrito entre ambas empresas. En sede de revisión la Corte conoció que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, profirió auto mediante el cual declaró la nulidad del laudo arbitral que originó la interposición de la tutela objeto de revisión y, al considerar que no es del caso emitir un pronunciamiento de fondo sobre el asunto objeto de estudio, decidió declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en tanto las circunstancias de hecho que dieron origen a la solicitud de amparo constitucional desaparecieron.
Recibo Relatoria   13-6-2013 0:00


Item 228    Expediente   T-3407509    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   SU.226/13 TITULACIÓN
Ponente   ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Sv/Av  SV JIPP, SV MVCC, AV NPP
Demandante / Demandado    TITO EDMUNDO RUEDA GUARIN VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de unificación. Se interpone la acción de tutela en contra de las autoridades judiciales que fallaron un proceso de reparación directa y decretaron la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio, pero no lo condenaron al pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados al accionante, al no poder ejercer su función de Senador de la República durante todo el período para el cual fue electo. Se alega la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, en tanto se incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración de las pruebas allegadas al referido proceso. Se solicita en la acción constitucional que se ordene a las autoridades accionadas adicionar los fallos demandados en su parte resolutiva, en el sentido de ordenar a la Organización Electoral, en particular a la Registraduría Nacional del Estado Civil, reconocer, liquidar y pagar la totalidad de los sueldos y prestaciones sociales debidamente indexados, conforme a las certificaciones expedidas por el Congreso de la República, respecto a los factores salariales que para el período julio de 2002 a agosto de 2005, correspondían a un senador de la República. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala encontró plenamente demostrado que las sentencias objeto de censura se profirieron con fundamento en una adecuada y razonable valoración de las pruebas aportadas al proceso y con apoyo de la interpretación objetiva de las normas vigentes aplicables al caso concreto. Se DENIEG
Recibo Relatoria   19-6-2013 0:00


Item 229    Expediente   T-3727101    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-228/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    XXXX VS. COMFAMILIAR E.P.S. S Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. La accionante está afiliada a Comfamiliar E.P.S.S como beneficiaria del régimen subsidiado nivel 1 y argumenta que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales al negarle el suministro de un suplemento vitamínico que fue ordenado por su médico tratante para contrarrestar la considerable pérdida de peso que ha presentado, como consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia humana, VIH/SIDA, que padece. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La protección especial a las personas con VIH y SIDA y, 2º. El suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada autorizar la entrega del complemento multivitamínico prescrito a la demandante, así como prestarle todo el tratamiento integral que necesite.
Recibo Relatoria   8-7-2013 0:00


Item 230    Expediente   T-3661134 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-228A/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    JORGE CARDOZO TORRES Y OTRO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA LABORAL Y OTROS

Tema

Igualdad, debido proceso, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. La vulneración de derechos fundamentales de los demandantes se presenta al negárseles el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, argumentándose que el derecho a la pensión se causó con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Para decidir se abordan los siguientes temas: 1º. Precedente sobre la garantía de indexación de la primera mesada pensional a favor de quienes adquirieron el derecho antes de la expedición de la Carta Política del 91. 2º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 3º. El derecho a la igualdad en materia judicial. Se CONCEDE el amparo solicitado, se dejan sin efectos las decisiones judiciales acusadas y se ordena indexar la primera mesada pensional de los actores y realizar el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente cubiertos y el monto de la mesada indexada, correspondiente a los tres años anteriores a la expedición de la sentencia SU1073/12.
Recibo Relatoria   28-8-2013 0:00


Item 231    Expediente   T-3725141    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-229/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    EDWIN GABRIEL DIAZ VS. ASEINPEC Y OTROS

Tema

Con la presente acción de tutela pretende el actor que se ordene el reconocimiento de la nueva Junta Directiva de ASEINPEC en la cual funge como Vicepresidente, así como la entrega del depósito de los aportes por concepto de cuotas ordinarias en la cuenta del sindicato, que el Banco Popular permita el registro de las firmas del nuevo presidente y vicepresidente y que se ordene la concesión de permisos sindicales. . La Sala de Revisión confirma las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA del amparo constitucional deprecado.
Recibo Relatoria   17-7-2013 0:00


Item 232    Expediente   T-3728179    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-230/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    ANA DEL CARMEN PALACIO BOHORQUEZ VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La actora inició un proceso ordinario laboral para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho en calidad de cónyuge supérstite de quien de una pensión de vejez a cargo del Fondo Social de Ferrocarriles Naciones de Colombia. En las dos instancias judiciales se accedió a las pretensiones de la demanda y se reconoció a la actora como beneficiaria del 61% de la prestación, mientras que el 39% restante le fue otorgado a la persona que acreditó ser la compañera permanente del causante. Inconforme con estos fallos, el demandado recurrió en casación para solicitar que se le absuelva de todas y cada una de las pretensiones invocadas por la compañera permanente del pensionado fallecido y se declare como única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a la ahora actora. Se instaura la presente acción constitucional en contra de la Corte Suprema de Justicia alegando vulneración de derechos fundamentales, en virtud de la demora injustificada en proferir el correspondiente fallo en sede de casación. La Sala de Revisión se pronuncia sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, aborda el estudio de la mora judicial, el orden para decidir procesos judiciales y las circunstancias especiales que permiten alterar los turnos, el alcance de la pensión de sobrevivientes y su relación con el mínimo vital. Se CONCEDE el amparo transitorio de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, se le ordena al Fondo Social de Ferrocarriles de Colombia reconocer y pagar el 61% de la pensión de sobrevivientes que le corresponde a la actora, hasta que la Corporación accionada profiera sentencia en sede de casación.
Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 233    Expediente   T-3717098 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-231/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    FABRIANY CASTAÑO MAZO Y OTRO VS. NOTARIA DOCE DE MEDELLIN Y OTROS

Tema

Personalidad jurídica. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se le endilga a las entidades demandadas la vulneración de derechos fundamentales de los actores, al no corregir el sexo en sus respectivos registros civiles de nacimiento, toda vez que, siendo de sexo masculino, quedaron inscritos como de sexo femenino y, dicha inconsistencia, les ha impedido obtener la cédula de ciudadanía como documento de identificación. Para resolver el problema jurídico la Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela. 2º. El alcance del derecho a la personalidad jurídica y, 3º. El procedimiento para la corrección del sexo en el registro civil, por cuanto el sexo no ha tenido variación desde el nacimiento de quien fue inscrito. Se AMPARA el derecho a la personalidad jurídica de los accionantes y se ordena a las notarías demandadas efectuar, por medio de escritura pública, la corrección en sus registros civiles, en cuanto a cambiar el sexo de femenino a masculino.
Recibo Relatoria   18-3-2014 0:00


Item 234    Expediente   T-3724094    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-232/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    DAVID DANIEL PEÑA MIRANDA VS. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tema

En el presente asunto la Sala de Revisión entró a analizar si el Ministerio de Educación Nacional desconoció los derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad, al abstenerse de homologar el Máster en Gestión Turística obtenido en la Universidad de las Islas Baleares, bajo el argumento de ser éste un título propio y no oficial. Para resolver el caso primero se establece si la solicitud de amparo es procedente y luego se analiza jurisprudencia relacionada con la procedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto y el proceso de convalidación de los títulos extranjeros por parte del Ministerio de Educación Nacional. Se decide CONCEDER el amparo solicitado, dejar sin efectos las resoluciones del Ministerio de Educación que negaron la convalidación solicitada y ordenar a esta Cartera Ministerial que, de ser posible, proceda a aplicar el criterio del caso similar o, de lo contrario, realizar la evaluación académica del título obtenido por demandante para determinar, de acuerdo a un concepto académico, si procede o no la convalidación del mismo.
Recibo Relatoria   16-8-2013 0:00


Item 235    Expediente   T-3714680    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-233/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS MONTAÑO MACHACON COMO AGENTE OFICIOSO DE MARIA LUISA ESCAMILLA SILVA VS. ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA Y OTROS

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se solicita la protección constitucional de los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la vivienda digna, al libre desarrollo de la personalidad y a la integridad física de una persona de 90 años que padece problemas respiratorios, los cuales se agudizan por el polvo producto de las inadecuadas condiciones de la calle donde vive y la imposibilidad de abrir las ventanas de su vivienda para obtener la ventilación natural que necesita. Se pretende con la acción de tutela que se ordene a las entidades demandadas que se culminen las obras de infraestructura física en la calle donde vive la anciana, con el fin de evitarle un perjuicio irremediable a ésta. La Sala de Revisión concluye que el amparo solicitado es IMPROCEDENTE ya que no se debate sobre la protección de derechos fundamentales sino sobre la terminación de unas obras de pavimentación de una vía pública frente a la cual existen otras vías judiciales y administrativas efectivas e idóneas.
Recibo Relatoria   3-4-2014 0:00


Item 236    Expediente   T-3716820    Fecha sentencia   18-4-2013 0:00    Sentencia   T-234/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    MARIA LUZ HELIA VILLAMIL BUSTOS VS. ASMET SALUD ESS E.P.S.

Tema

Salud, vida en condiciones dignas. La accionante, quien tiene más de 70 años de edad, pertenece al nivel II del SISBEN y se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud a través de ASMET SALUD ESS EPS, indica que luego de padecer un trauma severo en las rodillas y dado el carácter degenerativo de esta patología, su médico especialista tratante le recomendó el reemplazo de ambas rodillas. En la acción de tutela se le atribuye a la E.P.S. S accionada la vulneración de derechos fundamentales de la actora, como consecuencia de la demora en los trámites de autorización y realización del procedimiento quirúrgico prescrito. La accionada justificó el retraso en la falta de agotamiento de todas las etapas del protocolo prequirúrgico y en el cambio del contrato médico. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la salud y la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud, según la Ley 1122 de 2007. 2º. Deber de las E.P.S. de garantizar a sus pacientes el acceso efectivo a los servicios de salud. 3º. El derecho de acceso al Sistema de Salud, libre de demoras y cargas administrativas que no les corresponde asumir a los usuarios. 4º. Deber de información y orientación de las Empresas Promotoras de Salud frente a los usuarios. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparado.
Recibo Relatoria   31-5-2013 0:00


Item 237    Expediente   T-3716437 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-236/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIELA MURILLO LONDOÑO Y OTROS VS. SECRETARIA DE EDUCACION DE CHOCO Y OTRAS

Tema

Vida, salud, dignidad humana, trabajo. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se interponen las acciones de tutela en contra de las Secretarías de Educación de los departamentos de Chocó, Guaviare, Nariño y Antioquia, por la presunta vulneración de derechos fundamentales de los actores al negarles las solicitudes de traslado impetradas, sin tener en cuenta las condiciones especiales de cada uno en particular. Se reitera jurisprudencia relacionada con el carácter excepcional de la acción de tutela para resolver asuntos relativos al traslado de docentes y se decide CONCEDER a todos los accionantes el amparo solicitado. De manera consecuente, la Sala de Revisión le ordena a las entidades demandadas hacer uso del mecanismo de traslado, para que los actores ocupen una plaza docente en los lugares por ellos solicitados.
Recibo Relatoria   18-7-2013 0:00


Item 238    Expediente   T-3713981    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-236A/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    EDILBERTO DIAZ SANES VS. COMFAMILIAR E.P.S. S SECCIONAL CARTAGENA

Tema

En este asunto se analiza si COMFAMILIAR E.P.S.S vulneró los derechos fundamentales del actor a la seguridad social, a la salud y a la vida digna, al supeditar el acceso a un servicio médico que requiere hasta tanto no sufragara el valor correspondiente al copago previsto en la regulación. Se solicita la exención del copago y de los gastos resultantes del tratamiento de su enfermedad y se fundamenta dicha petición en el hecho de carecer de recursos económicos, de ser una persona en situación de desplazamiento forzado cuyas condiciones de vida no corresponden en la realidad al puntaje obtenido en la encuesta SISBEN y de estar disminuido en su capacidad sensorial, en virtud de la patología que padece y para la cual requiere el servicio médico que le están cobrando. La Sala aborda los siguientes temas: 1º. El cobro de copagos y cuotas de recuperación a los afiliados y beneficiarios del SGSSS y, 2º. La falta de capacidad de pago de los afiliados al Sisben para sufragar cuotas moderadoras y copagos. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la accionada autorizar la realización del procedimiento quirúrgico requerido por el actor, sin que para ello ni para el tratamiento integral oftalmológico necesrio, proceda el cubrimiento de ningún pago moderador.
Recibo Relatoria   7-6-2013 0:00


Item 239    Expediente   T-3731027    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-237/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ELSA MARIA JARAMILLO VASQUEZ VS. SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se interpone la acción de tutela en contra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como entidad encargada del reconocimiento de las pensiones de los trabajadores de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación, por considerar que éstas entidades vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, al negarle el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional bajo el argumento de haber operado el fenómeno de la cosa juzgada, en virtud de que en un proceso laboral anterior se denegó este derecho porque se trataba de una pensión de jubilación convencional. La Sala de Revisión declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela deprecada, por haber ocurrido el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Recibo Relatoria   30-7-2013 0:00


Item 240    Expediente   T-3722600    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-238/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JACKELINE TRILLOS FELIZZOLA VS. ECOPETROL S.A.

Tema

La accionante, a través de apoderado judicial y actuando en representación de sus dos menores hijos, presenta la acción de tutela contra ECOPETROL S.A.; por considerar que la negativa de la entidad a efectuar el descuento por nómina de la cuota mensual alimentaria acordada a través de conciliación realizada ante Comisaría de Familia, vulnera el derecho fundamental de los menores a la vida digna. La empresa demandada adujo que, por regla general están prohibidos los descuentos sobre el salario del trabajador, salvo excepciones taxativas que operan sin consentimiento del titular, estableciéndose que los demás casos deben estar precedidos de una decisión judicial. Igualmente señaló que el descuento solicitado no puede ser autorizado, ya que un acta de conciliación no puede tenerse como una orden judicial. Se hace un pronunciamiento respecto a los siguientes tópicos. 1º. Disposiciones constitucionales y legales que regulan lo concerniente a los descuentos que se pueden efectuar de las mesadas pensionales y 2º. Eficacia de la conciliación extrajudicial para que se descuente por nómina de pensionados el valor de una cuota alimentaria destinada a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, sin que dicho descuento afecte el mínimo vital del titular. Al constatar la Sala que existe un trato diferenciado e injustificado entre los hijos del pensionado, esto por cuanto en la mencionada conciliación se acordó un 40% de su salario para los menores representados en este asunto, mientras que para otros hijos se destina el embargo del 10% de la mesada pensional, decide, en atención a la facultad que le asiste de tomar decisiones en procura de proteger los derechos de todos los niños, dejar sin efectos el acta de conciliación precitada y ordenar a la Comisaría de Familia de Floridablanca que, en el caso de llegarse a una nueva conciliación entre las partes, remita copia del acta al Juzgado que tramitó el embargo sobre el 10% del salario y a ECOPETROL, para lo de su competencia.
Recibo Relatoria   15-8-2013 0:00


Item 241    Expediente   T-3716835 Y OTRO ACUMULADO    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-239/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CLAUDIA MARIZOL YAVIMAY MOYA Y OTRA VS. ALCALDIA DE CUCUTA Y OTRA

Tema

Vivienda digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes son personas desplazadas por la violencia y desde el año 2009 se asentaron de manera pacífica en diferentes predios que pertenecen a particulares, los cuales se encuentran ubicados en el barrio El Progreso del corregimiento El Rodeo, fracción de Quebrada Seca del municipio de Cúcuta. Se interpone la acción de tutela en contra de la Alcaldía de Cúcuta y de la Inspección Segunda de Policía del mismo municipio, por vulnerar derechos fundamentales al adelantar un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de los actores, con el fin de devolver la posesión del inmueble a sus propietarios, sin que les brindaran la garantía de un alberque para reubicarlas. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La población desplazada como sujeto de especial protección constitucional. 2º el derecho a la vivienda digna para esta clase de población. 3º. Los derechos de los desplazados en materia de desalojos forzosos. 4º Las obligaciones de la Administración Pública y de las entidades territoriales con la población desplazada y, 5º. Los efectos inter comunis de los fallos de tutela. La Sala establece que ninguna de las autoridades accionadas y vinculadas al presente proceso le garantizaron a los peticionarios el derecho a la vivienda digna, tal como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional, desconociendo con ello que son personas desplazadas por la violencia y que dada su condición de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional. Se CONCEDE el amparo solicitado, se extienden los efectos de esta sentencia a todas las personas desplazadas que se encuentren asentados en los referidos predios, sin que sea obstáculo el hecho de no haber acudido como accionantes en las presentes acciones constitucionales. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho amparado y se advierte a las autoridades accionadas que deben abstenerse de ordenar y realizar cualquier diligencia de desalojo o lanzamiento sobre los precitados predios, hasta tanto no se les garantice a las personas desplazadas asentadas en ellos, un albergue provisional en condiciones dignas.
Recibo Relatoria   30-7-2013 0:00


Item 242    Expediente   T-3714057    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-240/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FLOR MARINA NIETO CASTAÑEDA VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

Tema

Se interpone la presente acción de tutela en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, tras considerar que esta autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales de la actora al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez, porque consideró que el antiguo empleador no estaba obligado a hacer los aportes a la seguridad social en pensiones, correspondientes al tiempo que trabajó a su servicio antes de que el ISS asumiera los riesgos de invalidez, vejez y muerte. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y decide TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la demandante y ordenar a la empresa demandada dentro del proceso ordinario, reconocer la pensión por retiro voluntario consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.
Recibo Relatoria   18-12-2013 0:00


Item 243    Expediente   T-3670583    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-241/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSITO DE VALLEDUPAR SAS VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Tema

En el presente caso se alega la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre, así como de los principios de la buena fe y la confianza legítima de una sociedad anónima simplificada, en tanto se le desconoció su condición de contratista en un contrato de concesión y se surtió una actuación administrativa que dio lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y el control jurisdiccional de la actuación contractual del Estado, especialmente de la declaratoria de caducidad, la Sala de Revisión decide confirmar las decisiones de instancia que negaron por IMPROCEDENTE la tutela impetrada.
Recibo Relatoria   27-5-2013 0:00


Item 244    Expediente   T-3716641    Fecha sentencia   19-4-2013 0:00    Sentencia   T-243/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    FLOR MARINA LIEVANO DE SANTOS COMO AGENTE OFICIOSA DE CAMILO ANTONIO SANTOS QUIROGA VS. CAFESALUD E.P.S.

Tema

Mediante la figura de la agencia oficiosa se interpone la acción de tutela en contra de CAFESALUD E.P.S., invocando la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas del agenciado, vulnerados con el hecho de no autorizar el servicio de enfermera en casa y la hospitalización domiciliaria, así como la entrega de pañales desechables y medicamentos por el hecho de no mediar prescripción médica en dicho sentido. Se analiza la siguiente temática: 1º El derecho fundamental a la salud. 2º. El principio de integralidad en la prestación del servicio de salud. 3º. El requisito de existencia de prescripción médica para la autorización de servicios de salud. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada autorizar los servicios de enfermería y hospitalización en casa requeridos, sin costo alguno para el paciente, al igual que la entrega mensual de pañales desechables para adulto, en la cantidad que se requiera, previa su comprobación.
Recibo Relatoria   10-12-2013 0:00


Item 245    Expediente   D-8121    Fecha sentencia   22-4-2013 0:00    Sentencia   C-244/13 TITULACIÓN
Ponente   DIEGO E. LOPEZ MEDINA - CONJUEZ
Demandante / Demandado    MARTHA PARADA NOVAL VS. ARTICULO 15 PARCIAL DE LA LEY 4 DE 1992

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la ley 4ª de 1992. Para la actora, la expresión demandada, la cual hace referencia a una prima especial de servicios para algunos altos funcionarios públicos, desconoce el derecho a la igualdad, así como algunos principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo, además de vulnerar la obligación del Estado colombiano de interpretar los derechos constitucionales de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. La Sala de Conjueces decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-681/03 que declaró la inexequibilidad de la expresión “sin carácter salarial”, contenida en el artículo 15 de la ley 4ª de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y la liquidación de la pensión de jubilación.
Recibo Relatoria   9-9-2013 0:00


Item 246    Expediente   T-3715586    Fecha sentencia   22-4-2013 0:00    Sentencia   T-245/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    COMUNIDAD INDIGENA EMBERA CHAMI DOXURA VS. ALCALDIA MUNICIPAL DEL CAIRO

Tema

En este asunto la Comunidad Indígena Embera Chamí Doxura del Resguardo del Cairo (Valle del Cauca) pretende que se tutele el derecho fundamental a la consulta previa y que en consecuencia se ordene al Alcalde y al Concejo Municipal incluir en el Plan de Desarrollo 2012-2015, las aspiraciones y necesidades de la comunidad y crear un mesa de concertación indígena para cumplir con lo previsto en la Ley 21 de 1991. La Sala decide NO CONCEDER el amparo solicitado por no constatarse la vulneración de los derechos a la consulta previa ni del trato acorde con la realidad cultural de la comunidad accionante. Igualmente, por no presentarse menoscabo alguno a la singularidad cultural, toda vez que el pueblo indígena demandante participó en la formulación del plan de desarrollo municipal y lo hizo con una solicitud acorde a sus usos y costumbres.
Recibo Relatoria   29-10-2013 0:00


Item 247    Expediente   LAT-391    Fecha sentencia   24-4-2013 0:00    Sentencia   C-246/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV MVCC, AV LGGP, SV AJE,
Demandante / Demandado    REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1571 DE 2012 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO CONSTITUTIVO DE UNASUR SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1571 de 2012, por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con la Democracia. La Corte encontró que el instrumento internacional revisado desarrolla a cabalidad el mandato constitucional de integración latinoamericana, así como la preservación de la democracia y el Estado constitucional de derecho. Se decide declarar EXEQUIBLE el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, suscrito en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010, así como su ley aprobatoria, 1571 de 2012.
Recibo Relatoria   15-7-2013 0:00


Item 248    Expediente   D-9270    Fecha sentencia   24-4-2013 0:00    Sentencia   C-247/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    ORLANDO RENGIFO CALLEJAS VS. LEYD 1530 DE 2012, ARTICULO 4 NUMERAL 6, ARTICULO 6, INCISO 2

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 4, numeral 6 y artículo 6, inciso 2 (parcial), de la Ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías. Para decidir, la Corte identifica y aborda los problemas jurídicos planteados en torno a la disposición contemplada en los apartes acusados, en cuanto a prever la participación de senadores y representantes a la cámara en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales. El actor alega la vulneración de los artículos 113, 114 y 180-3 de la Constitución Política. La Corte concluyó que la participación de los congresistas en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y en los Organos Colegiados de Administración y Decisión Regionales, desarrolla el mandato de colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público y no configura una incompatibilidad. Las expresiones acusadas se declaran EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   7-6-2013 0:00


Item 249    Expediente   D-9285    Fecha sentencia   24-4-2013 0:00    Sentencia   C-248/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    PAULA ANDREA LEGARDA ROMERO Y OTRO VS. LEY 1437 DE 2011, ARTICULO 74, NUMERAL 2, INCISO 3

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 3º del numeral 2 del artículo 74 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los demandantes aducen que el aparte acusado, en tanto dispone que las decisiones de los representantes legales y autoridades superiores de las entidades territoriales no son susceptibles de apelación, vulnera los artículos 29, 121, 296 y 305-10 de la Constitución Política. La Corte encuentra que los cargos planteados por los demandantes por la presunta violación de los artículos 121, 296 y 305-10 de la Carta, no reúnen las condiciones que según la norma y la jurisprudencia deben tener las demandas de inconstitucionalidad, por lo tanto se abstiene de emitir pronunciamiento alguno sobre los mismos. En relación con la presunta vulneración del artículo 29 Superior, concluye la Sala que la improcedencia del recurso de apelación en los eventos previstos en la norma demandada no vulnera el debido proceso administrativo. De manera consecuente, este artículo es declarado EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   7-6-2013 0:00


Item 250    Expediente   D-9297    Fecha sentencia   24-4-2013 0:00    Sentencia   C-249/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CAMILO ALBERTO PELAEZ OSPINA VS. LEY 1430 DE 2010, ARTICULO 26

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. El artículo demandado establece los medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. El demandante acusa todo el aparte normativo de violar el derecho al debido proceso, el principio de equidad tributaria y la buena fe. La Corte concluye que: 1º. El legislador no viola la equidad tributaria cuando limita el reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo y en cambio les da un reconocimiento tributario pleno a los pagados por los medios establecidos en la norma, distintos al efectivo, entre los cuales ocupan un lugar preponderante los medios bancarios. 2º. La norma no desconoce la presunción de buena fe. Lo que ocurre, de acuerdo con el precepto acusado, cuando los contribuyentes hacen sus pagos en efectivo, no es que el Estado sospeche de la licitud de su proceder, ni tampoco que asuma de antemano su mala fe, sino que no les reconoce plenos efectos fiscales, como un instrumento para desestimular el uso del efectivo, lo cual es útil para reconducir los pagos hacia el sistema financiero y así lograr que todas las transacciones resulten más trasparentes al control de la administración tributaria. La Corte se declara INHIBIDA de emitir un pronunciamiento de fondo en lo que se refiere a la acusación por supuesta violación del derecho al debido proceso y declara la EXEQUIBILIDAD del artículo acusado, por los cargos analizados.
Recibo Relatoria   26-4-2013 0:00


Item 251    Expediente   D-9212    Fecha sentencia   24-4-2013 0:00    Sentencia   C-250/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JAIRO VILLEGAS ARBELAEZ VS. DECRETO 775 DE 2005, ARTICULO 49

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 49 del Decreto 775 de 2005, por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional. Asegura el demandante que la disposición acusada, esta es, “Para los solos efectos del Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias no se conformarán Comisiones de Personal”, contraviene lo dispuesto en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 125 y 130 de la Constitución Política. La Corte concluye que la disposición acusada desconoce los principios democrático, participativo y de carrera administrativa e introduce un factor de discriminación que no se justifica, solo por estar sujetas a un régimen específico de carrera administrativa. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 49 del Decreto 775 de 2005.
Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 252    Expediente   D-9315    Fecha sentencia   24-4-2013 0:00    Sentencia   C-251/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM, AV NPP
Demandante / Demandado    MARTHA OFIR ARIZA ZUÑIGA VS. LEY 1551 DE 2012, ARTICULO 35 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 (parcial) de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 170 de la ley 136 de 1994. Considera la demandante que los apartes acusados deben declararse inexequibles por vulnerar principios, reglas y derechos de orden constitucional, tales como el principio democrático, la autonomía de las entidades territoriales y las competencias constitucionales de los concejos municipales para la elección de personeros. La Sala constató que las disposiciones acusadas ya fueron objeto de un pronunciamiento por parte de la Corporación y que en dicha oportunidad fueron declaradas inconstitucionales y consecuentemente retiradas del ordenamiento jurídico. En tal virtud y por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, se decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-105/13.
Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 253    Expediente   D-9310    Fecha sentencia   24-4-2013 0:00    Sentencia   C-252/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    HERNANDO CASTRO SUAREZ VS. LEY 1151 DE 2012, ARTICULO 44

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 1151 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. Considera el demandante que la norma acusada contraría la Constitución y como sustento de ello plantea varios argumentos: 1º.La omisión de la consulta previa. 2º. La violación del derecho de autogobierno a favor de las comunidades indígenas. 3º. Los territorios biodiversos y fronterizos contradicen la Carta en la medida en que crean una entidad territorial no prevista en el texto constitucional y 4º. La violación de los principios de unidad de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible, puesto que no surtió debate alguno en la Cámara de Representantes. La Sala encuentra que en el caso analizado concurre la cosa juzgada constitucional absoluta derivada de la previa declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada. De manera consecuente, decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-100/13
Recibo Relatoria   30-5-2013 0:00


Item 254    Expediente   D-9305    Fecha sentencia   25-4-2013 0:00    Sentencia   C-253/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SPV JIPP, AV MVCC, SPV LGGP, AV GEMM, SPV LEVS
Demandante / Demandado    HAROLD JAVIER PALACIOS AGRESOTT VS. EXPRESION COMUNIDADES NEGRAS CONTENIDA EN LA LEY 70 DE 1993 Y OTRAS NORMAS

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de la expresión “comunidades negras” contenida en las leyes 70 de 1993 y 649 de 2001 y en los Decretos 1332 de 1992 y 2374 de 1993. Según el demandante la expresión acusada se asocia con prácticas excluyentes y discriminatorias y desconoce el derecho a la consulta previa, en la medida en que no contempló la participación de la población afrocolombiana en la decisión de denominarla “comunidades negras”. La Corte considera que la expresión acusada no desconoce la Constitución, porque el contexto en el que se emplea no es excluyente, ni pretende invisibilizar o denigrar a los afrocolombianos, sino por el contrario, regular mecanismos de integración y acciones afirmativas. Igualmente indicó que se trata de una expresión que el legislador extrajo de la propia Carta y específicamente del artículo 55 transitorio y que dicha expresión ha sido apropiada por muchos movimientos y numerosas organizaciones de afrocolombianos, como un concepto autodenominatorio y autoidentificatorio. Así mismo advierte la Corte que el enunciado no viola el derecho a la consulta previa, puesto que las reglas de procedimiento de consulta para la expedición de medidas legislativas fueron desarrolladas por vía jurisprudencial con posterioridad al trámite de la Ley 70 de 1993 y del Decreto 2374 de 1993, razón por la cual, no resultaban exigibles en ese momento para el legislador. Se Declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión “comunidades negras” contenida en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 2374 de 1993, en relación con los cargos de discriminación y omisión de consulta previa. Igualmente se decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-169/01 con respecto a la expresión “Comunidades negras” contenida en la Ley 649 de 2001.
Recibo Relatoria   28-8-2013 0:00


Item 255    Expediente   T-2406014 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   25-4-2013 0:00    Sentencia   SU.254/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MGC, SPV LGGP,
Demandante / Demandado    CARLOS ALBERTO GONZALEZ GARIZABALO Y OTROS VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL

Tema

Se acumulan expedientes por unidad de materia. Sentencia de unificación. En este caso se analizan varias acciones de tutela instauradas por víctimas del desplazamiento forzado, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la reparación integral y, como parte de ella, a una indemnización administrativa de todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento forzado en el país. La Sala aborda los siguientes temas: 1º. Los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en el marco del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. 2º. La jurisprudencia en sede de control abstracto de constitucionalidad y en sede de tutela, sobre los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. 3º. La jurisprudencia de la Corporación en el marco del seguimiento a la sentencia T-025/04 y sus autos de cumplimiento sobre reparación a víctimas de desplazamiento forzado. 4º. La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado, en el marco de procesos contencioso administrativos. 5º. El nuevo marco jurídico institucional para la reparación integral a víctimas, de conformidad a la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 6º. Los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. Luego de analizar cada caso en concreto y de desarrollar la temática planteada, se llega a las siguientes conclusiones: (i) los accionantes, en su calidad de víctimas de desplazamiento forzado, tienen derecho a la reparación integral y a una indemnización justa, pronta y proporcional; (ii) el derecho a la reparación integral no se agota en el componente económico, pues se trata de un derecho complejo que contempla distintos mecanismos encaminados a ese fin; (iii) las obligaciones del Estado en materia de reparación, no pueden confundirse con las relativas a la ayuda humanitaria o a la asistencia, pues son de naturaleza jurídica diversa; (iv) existen diferentes vías para acceder a la reparación integral, la judicial, a través del proceso penal o en la jurisdicción contencioso administrativa y la vía administrativa regulada por la ley 1448 de 2011, marcos legales que resultan complementarios, más no excluyentes; (v) la condena en abstracto dentro del trámite de la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y excepcional, reiterando la aplicación restrictiva del artículo 25 del decreto 2591 de 1991; (vi) los términos de caducidad para población desplazada en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcurso de tiempos anteriores; y (vii) se resuelven algunos problemas jurídicos que se presentan en virtud de la entrada en vigencia de la nueva normatividad contenida en la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente del decreto 4800 de 2011
Recibo Relatoria   17-5-2013 0:00


Item 256    Expediente   T-3670949 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   30-4-2013 0:00    Sentencia   T-255/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    YAMIL ABDALA FLOREZ Y OTROS VS. SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tema

Indexación de la primera mesada pensional, poder adquisitivo de las mesadas pensionales. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente asunto la Sala de Revisión se encargó de establecer si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los accionantes, al negarse a reconocer la indexación de la primera mesada pensional, argumentando que el derecho reclamado se causó con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La Sala reitera las consideraciones de la sentencia SU1073/12 y analiza jurisprudencia constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el denominado derecho a la indexación a la primera mesada pensional y la exigibilidad del derecho en situaciones consolidadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. CONCEDIDAS..
Recibo Relatoria   19-6-2013 0:00


Item 257    Expediente   T-3720050    Fecha sentencia   30-4-2013 0:00    Sentencia   T-256/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MOGOLLON VS. DIARIO LA OPINION DE CUCUTA

Tema

El demandante solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales y en consecuencia, ordenar al Diario La Opinión de Cúcuta rectificar las expresiones que fueron publicadas en el medio de comunicación, a través de las cuales se le vinculó en la realización de actuaciones ilícitas cuando ejerció su cargo de gerente de la Corporación Parques de Cúcuta. . El diario accionado previamente le había negado la rectificación con el argumento de haber actuado bajo el amparo del secreto profesional. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información y se refiere al alcance del derecho a la rectificación. Se NIEGA el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la rectificación y a la presunción de inocencia solicitado por el actor y se advierte al Diario la Opinión para que en lo sucesivo, manteniendo el cumplimiento de sus deberes como medio de comunicación imparcial con responsabilidad social, realice un seguimiento al adelantamiento del proceso penal y disciplinario que se lleva actualmente en contra del actor y, si lo considera pertinente, realizar una nota periodística dándole la oportunidad al investigado de manifestarse sobre los cargos que se le imputan.
Recibo Relatoria   19-6-2013 0:00


Item 258    Expediente   T-3706654    Fecha sentencia   4-5-2013 0:00    Sentencia   T-183/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    PEDRO CANTERO DORIA Y OTROS VS. ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE LORICA

Tema

Un grupo de personas que indicaron haber laborado durante varios años como funcionarios públicos, instauraron la acción de tutela en contra del municipio de Santa Cruz de Lorica (Córdoba), alegando conculcación de sus derechos fundamentales al trabajo, a la vida digna, a la seguridad jurídica, al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y el de petición, en cuando no obtuvieron respuesta a la solicitud radicada, en la que pedían que se reliquidaran los salarios percibidos durante los años 2008 a 2010 y se incluyera en ella las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, así como el auxilio de alimentación. El juez de única instancia amparó todos los derechos invocados por los actores e impartió las órdenes pertinentes para hacer efectiva su protección. Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, así como la procedencia de la acción de tutela para reclamar presuntos derechos labores litigiosos y de hacer una breve referencia al derecho fundamental de petición, la Sala decidió confirmar el fallo de instancia, únicamente en cuanto concedió el derecho de petición y procedió a revocarlo por improcedente en todo lo demás. Se ordenó a la entidad accionada responder el derecho de petición, únicamente para indicar entre qué fechas laboraron, en cuál cargo y qué remuneración efectivamente percibieron los actores y se ordenó compulsar copias del expediente y de la presente sentencia a la Fiscalía General de la Nación, para que, si encuentra mérito, disponga las investigaciones conducentes a esclarecer si en el asunto pudo existir perpetración de conductas punibles.
Recibo Relatoria   21-5-2013 0:00


Item 259    Expediente   D-9095    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   C-262/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JHONNY FABIAN OSPINA LOZANO VS. LEY 1438 DE 2011, ARTICULO 23 INCISO SEGUNDO

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 23de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. El demandante alega que la norma acusada vulnera el inciso tercero del artículo 48 de la Constitución Política, entre otras razones, por dificultar el cumplimiento de la obligación de ampliación progresiva de la cobertura de la seguridad social en salud, la cual comprende no solamente el número de afiliados, sino también la extensión de la infraestructura hospitalaria del país. Se aduce, que el legislador prohibió el uso de los excedentes de la UPC para los anteriores efectos, solamente con miras a mejorar el flujo de recursos hacia las IPS, eliminando el único mecanismo que existía de gestión conjunta del Estado y los particulares para la creación progresiva de nuevas instituciones de salud, sin prever un medio sustituto que permitiera continuar cumpliendo esta obligación constitucional. La Corte reafirmó que los recursos que administran las E.P.S. deben estar destinados exclusivamente a la prestación de los servicios de salud y determinó que la prohibición establecida en la norma no se opone a la Constitución, por cuanto, si bien limita el uso de los recursos originados en las UPC excluidos los gastos de administración, para la compra de activos fijos y se impide su inversión en infraestructura, tal limitación se ajusta a la Carta desde el punto de vista de la satisfacción de otros contenidos del derecho a la seguridad social en salud. Se declara la EXEQUIBILIDAD de los textos normativos acusados.
Recibo Relatoria   12-8-2013 0:00


Item 260    Expediente   D-9329    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   C-263/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    FERNANDO ALVAREZ ROJAS Y OTRO VS. LEY 142 DE 1994 ARTICULO 74 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74 (parcial) de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Los demandantes consideran necesario que la Corte fije posición acerca de los límites a las competencias de las Comisiones de Regulación en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios, concretamente para adoptar “reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado”. Mercados que, según afirman, tienen la característica de ser monopolios naturales en donde el acceso y las tarifas se encuentran regulados, de manera que la única justificación de intervención sería el abuso de la posición dominante y no la adecuada gestión de negocios o el éxito empresarial. La Corte concluyó que la facultad de las Comisiones de Regulación de que trata la norma no vulnera la reserva de ley, ni los principios democrático y participativo, como tampoco los derechos de igualdad y debido proceso. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las expresiones acusadas.
Recibo Relatoria   8-7-2013 0:00


Item 261    Expediente   D-9314 Y OTRO    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   C-264/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    IVAN ALEXANDER VILLAMIZAR MORA Y OTROS VS. LEY 1430 DE 2010, ARTICULO 26

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los demandantes alegan que el artículo acusado vulnera los artículos 83 y 333 de la Constitución Política. La Corte concluyó que la obligatoriedad de utilizar instrumentos bancarios de pago para obtener beneficios tributarios, constituye un límite a la libertad económica y de empresa que se ajusta a la Constitución, por no afectar su núcleo esencial. Precisó que, la libertad económica y de empresa puede limitarse, en materia tributaria, al no reconocer la totalidad de los pagos en efectivo como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, siempre que el límite: 1º. Esté previsto en la ley. 2º. No afecte el núcleo esencial de la libertad de empresa. 3º. Obedezca a motivos adecuados y suficientes que lo justifiquen. 4º. Obedezca al principio de solidaridad y 5º. Responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Se decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-249/13, en la cual se declaró exequible el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, que adiciona el artículo 771-5 al Estatuto Tributario, por el cargo de vulnerar el artículo 83 de la Constitución y, declarar EXEQUIBLE el artículo 26 acusado, adicionado a su vez por el artículo 164 de la Ley 1607 de 2012, que adiciona el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, por el cargo analizado en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   23-5-2013 0:00


Item 262    Expediente   T-3734497    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   T-259/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ALBA LUZ VASQUEZ FERRER VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Tema

Salud, seguridad social. En este asunto se plantea vulneración de derechos fundamentales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud de la Universidad de Córdoba, por negarle a la accionante, una docente pensionada de esa institución, la solicitud de reembolso de los gastos en que incurrió en el pago a un odontólogo particular de un procedimiento de rehabilitación oral que estaba estipulado en la convención colectiva de trabajo. La accionada defendió su actuación, argumentando que le ofreció el tratamiento a través de los profesionales de la salud que tenía dentro de su red de servicios. Como quiera que la Sala advirtió una posible inaplicación de las reglas de reparto de la acción de tutela, de manera inicial reiteró jurisprudencia sobre el incumplimiento de estas. De manera posterior, se pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela para ordenar el reembolso de los gastos médicos y decidió revocar las decisiones judiciales que concedieron el amparo constitucional solicitado, procediendo en su lugar a NEGAR la tutela impetrada. Se ordena a la accionada iniciar el procedimiento a que haya lugar para recuperar el dinero que le desembolsó a la actora en cumplimiento de los precitados fallos judiciales. Se precisa que, se deben ofrecer facilidades de pago a la accionante para que garantice su subsistencia digna y la de su familia.
Recibo Relatoria   27-6-2013 0:00


Item 263    Expediente   T-3769115    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   T-260/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SONIA MARDORY HOYOS ALZATE VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

Tema

Seguridad social. Tras fallecer su esposo, la accionante solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor suyo y de su menor hija. La entidad negó la prestación argumentando que el afiliado no cumplió con el requisito de fidelidad, toda vez que, entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de su fallecimiento, no alcanzó a efectuar por lo menos el 20% de fidelidad de cotización al sistema, exigido porque la muerte ocurrió antes de la declaratoria de inexequibilidad. La Sala reitera las reglas jurisprudenciales relativas a: 1º. La protección constitucional del derecho fundamental a la seguridad social y la procedibilidad de la acción de tutela para reclamar su amparo y, 2º. El desarrollo jurisprudencial en torno al requisito de fidelidad como presupuesto inconstitucional para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Se CONCEDE la protección invocada, se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada y se previene a la accionada para que en el futuro se abstenga de incurrir en la conducta que dio origen a la presente acción de tutela, para lo cual debe acatar el precedente constitucional consolidado por la Corporación en relación a la inaplicabilidad del requisito de fidelidad al Sistema General de Pensiones como presupuesto para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en los eventos en que la muerte del afiliado se produjo con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de este precepto en la sentencia C-556/09.
Recibo Relatoria   18-6-2013 0:00


Item 264    Expediente   T-3672894    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   T-261/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    PATRICIA EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS DANIEL Y SARA VS. COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA DE CHIA Y OTRO

Tema

Pretende la accionante que se protejan los derechos fundamentales al interés superior del menor, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por las autoridades accionadas, al no ordenarle a su esposo, dentro del trámite de un proceso de violencia intrafamiliar, desalojar la vivienda familiar en aplicación de la medida de protección contemplada en el literal a) del artículo 5º de la Ley 294 de 1996, que permite ordenarle al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. Para la actora, las decisiones atacadas incurrieron en defectos fáctico por ausencia de valoración probatoria, en procedimental absoluto y en falta de motivación. La Sala de Revisión reitera las pautas jurisprudenciales sobre la procedencia formal de la acción de tutela contra providencias judiciales; hace una caracterización puntal de las causales de procedibilidad material alegadas y recuerda los criterios fijados por la Corporación acerca de la garantía del interés superior del menor, específicamente en el escenario del proceso judicial. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON la acción de tutela impetrada.
Recibo Relatoria   2-10-2013 0:00


Item 265    Expediente   T-3347202    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   T-265/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP, SV JIPC
Demandante / Demandado    LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA VS. TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. La Policía Nacional demanda en sede de tutela al Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar que esta autoridad judicial vulneró derechos fundamentales de la entidad, al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada en su contra, ordenando el reintegro de un oficial de la Policía Nacional que había sido retirado del servicio activo por la causal denominada “llamamiento a calificar servicios” Se alega que en dicha actuación judicial se incurrió en varios defectos, tales como la indebida valoración e inversión de la carga de la prueba, la aplicación errónea de la normatividad que rige el caso concreto y la violación directa de la Constitución. La Sala analiza temática relacionada con la legitimación por activa de la Policía Nacional para interponer la presente solicitud, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, las diferencias entre las figuras retiro por voluntad del Gobierno y el retiro por llamamiento a calificar servicios, la evolución y alcance de la facultad discrecional conferida al Gobierno y al Director General de la Policía Nacional para llamar a calificar servicios a los miembros de la Fuerza Pública, la incidencia de la doctrina del derecho viviente y, el régimen de ascenso dentro de la Policía Nacional. Se decide confirmar parcialmente las decisiones de instancia que DENEGARON las pretensiones de la demanda, se deja sin efecto parcialmente la sentencia acusada en cuanto ordenó que NO se descontara lo percibido por el oficial a título de asignación de retiro de los salarios originados con el reintegro y confirmarla en cuanto ordenó el reintegro del actor. Se CONCEDE PARCIALMENTE la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, en cuanto a que los dineros pagados al oficial demandante por concepto de asignación de retiro deben ser compensados con cualquier otra suma que el mismo reciba o haya recibido a título de salario con ocasión de su reintegro o de cualquier otra prestación que tenga origen en el erario de la Nación.
Recibo Relatoria   6-8-2013 0:00


Item 266    Expediente   T-3500310    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   T-266/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS OLIVEROS Y OTROS VS. INPEC Y OTRO

Tema

Vida digna, salud, comunicación, dignidad humana, trabajo, educación, recreación, alimentación, buen trato. En este asunto más de cien reclusos promueven la acción de tutela en contra del Establecimiento Penitenciario ERON Heliconias del municipio de Florencia (Caquetá) y el INPEC, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales en virtud de que fueron trasladados del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) al de Florencia, sin que éste último tuviera u ofreciera las condiciones adecuadas para las personas privadas de la libertad. Las reclamaciones son específicas y se relacionan, entre otras cosas, con deficiencias en el servicio de salud, en la alimentación, en el disfrute de las visitas conyugales o íntimas, en el servicio de telefonía, en la utilización de los servicios sanitarios, en los mecanismos de redención de penas y en los espacios para la recreación y el deporte. Se analiza la siguiente temática: 1º. La relación de especial sujeción entre el Estado y las personas que se encuentran en detención intramuros y, el deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales. 2º. El tratamiento penitenciario. 3º. La dignidad humana. 4º. El derecho a la salud. 5º. El derecho a una alimentación adecuada en calidad y cantidad. 6º. El derecho de petición. 7º. El derecho al trabajo. 8º. El derecho a la comunicación. 9º. El derecho a las visitas. 10º. El derecho a la recreación y 11º. El derecho a la educación. Se CONCEDE el amparo constitucional deprecado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.


Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 267    Expediente   T-3676921    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   T-267/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    JULIAN CABALLERO NUÑEZ VS. SALA LABORAL DE DESCONGESTION DEL TRIBUNAL DE BARRANQUILLA Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se interpone la presente acción de tutela en contra de los despachos judiciales que decidieron negar las pretensiones del actor dentro de un proceso ordinario laboral iniciado para solicitar el reintegro laboral y el pago de una indemnización por despido injusto. Se aduce la ocurrencia de defectos material o sustantivo, fáctico, orgánico y el desconocimiento del precedente. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y de exponer brevemente lo referente a la consulta del trabajador cuando se desvincula por cumplir los requisitos de jubilación, la Sala decide negar la solicitud de amparo por IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   3-7-2013 0:00


Item 268    Expediente   T-3786241    Fecha sentencia   8-5-2013 0:00    Sentencia   T-268/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  SV NPP
Demandante / Demandado    CARMENZA CADAVID LONDOÑO VS. BANCOLOMBIA S. Y OTRO

Tema

La accionante es una mujer que trabajó en un establecimiento educativo hasta que le fue reconocida su pensión de invalidez por padecer una enfermedad llamada narcolepsia, la cual le originó una pérdida de la capacidad laboral del 81.5%. Previamente había suscrito una obligación crediticia con Bancolombia S.A, la cual se amparó con una póliza expedida por la Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A, con quien además suscribió otra póliza dentro del Plan Vida Ideal, que cubría la ocurrencia de una invalidez ocasionada por una incapacidad para desempeñar su ocupación u otra compatible, por tener una pérdida de la capacidad laboral igual o mayor al 50%. Luego de solicitar la condonación de la deuda y la efectividad de las pólizas, la compañía de seguros no autorizó las reclamaciones presentadas aduciendo la preexistencia de la enfermedad al momento de la celebración del contrato. La Sala aborda el análisis de los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental de petición ante particulares. 2º. La carencia actual de objeto por hecho superado. 3º. El principio de subsidiariedad de la acción de tutela. 4º. La procedencia de la acción de amparo ante compañías de seguros, y 5º. La buena fe en el contrato de seguro. Se decide, frente al derecho de petición, que se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que se resolvió la solicitud elevada por la actora bajo los postulados de claridad, congruencia y precisión a lo solicitado. Respecto a las demás pretensiones de la tutela se decide confirmar la decisión de instancia que NEGO el amparo constitucional solicitado.


Recibo Relatoria   18-7-2013 0:00


Item 269    Expediente   PE-036    Fecha sentencia   9-5-2013 0:00    Sentencia   C-274/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV O SPV JIPP,MVCC,LGGP,MGC, GEMM, NPP, LEVS
Demandante / Demandado    REVISION CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NUMERO 228 DE 2012 CAMARA Y 156 DE 2011 SENADO VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 228 de 2012 Cámara, 156 de 2011 Senado, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. La Corte constató que se cumplieron a cabalidad las etapas, procedimientos y requisitos constitucionales y legales previstos para el debate y aprobación de una ley estatutaria. Se refirió la Corporación a los derechos de acceso a los documentos públicos y de petición y su relación con la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos, precisando que el acceso a la información impone dos deberes a las autoridades estatales, cuales son: (i) suministrar a quien lo solicite información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada sobre su actividad; y (ii) conservar y mantener la información sobre sus actuaciones para que se pueda ejercer el control sobre las mismas. Reafirmó las reglas en relación con el derecho fundamental de acceso a la información pública y encontró que esta ley constituye un mecanismo importante para hacer efectivos los principios de publicidad, transparencia y participación democrática y en salvaguarda contra la arbitrariedad estatal. Se declara EXEQUIBLE el proyecto de ley por haber sido expedido conforme al procedimiento constitucional previsto y EXEQUIBLES el título del proyecto y los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16, 17, 20, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34 y 35. De otra parte, se declara la EXEQUIBILIDAD PARCIAL de los artículos 3, 5, 6, 21, 22, 24 y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del: literal e) del artículo 5, el literal k) del artículo 6 y de los artículos 14, 18, 19, 27 y 29. Igualmente, se declararon INEXEQUIBLES los artículos 23 y 30, el parágrafo 2º del artículo 5, algunas expresiones de los artículos 3, 5, 22 y el parágrafo del artículo 24.
Recibo Relatoria   20-1-2014 0:00


Item 270    Expediente   T-3742508 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   9-5-2013 0:00    Sentencia   T-269/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    FRANCIA ELENA MARIN HERRERA Y OTROS VS. HOSPITAL SAN RAFAEL DE RISARALDA CALDAS

Tema


En este asunto se acumulan y revisan acciones de tutela interpuestas por seis empleados públicos al servicio del Hospital San Rafael de Risaralda, Caldas, para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, los cuales consideran vulnerados por la entidad al negarles el pago de la prima de servicios del año 2012, bajo el argumento de que esta prestación económica sólo es aplicable a los empleados públicos del orden nacional y no a los del orden departamental, al que pertenecen los actores. Aducen los demandantes que se les negó la prestación económica sin tener en cuenta que la misma se les reconoció hasta el año 2011, además de que el Consejo de Estado interpretó en varios fallos que los empleados públicos del orden departamental si tienen derecho a la prestación, por existir disposiciones que establecen que los trabajadores de las ESE tienen derecho a que se les siga aplicando el régimen de prestaciones sociales de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Luego de analizar la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de la prima de servicios reclamada, la Sala de Revisión concluye que las acciones interpuestas no cumplen con el supuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, por lo cual se tornan IMPROCEDENTE, además porque el presunto incumplimiento del derecho reclamado no amenaza con causar un perjuicio irremediable a los actores.

Recibo Relatoria   17-7-2013 0:00


Item 271    Expediente   T-3732949    Fecha sentencia   9-5-2013 0:00    Sentencia   T-270/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV ARR
Demandante / Demandado    NELLY PARADA DE GELVEZ VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA DE DESCONGESTION LABORAL

Tema

Luego de que a la accionante le fuera dictaminada una pérdida de la capacidad laboral del 62.3%, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Esta petición fue denegada bajo el argumento de que solo había cotizado ocho semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Recurrida esta decisión, el ISS mantuvo la negación de la prestación, pero esta vez adujo que si bien la actora había cotizado 257 semanas en los últimos tres años anteriores a la estructuración, le faltaba cumplir con el requisito de fidelidad del 20% estipulado en la ley 860 de 2003. Después de interponer varias solicitudes de reconocimiento de la prestación y de ser negadas éstas, la actora interpuso acción de tutela y en primera instancia se accedió a las pretensiones y se ordenó al ISS reconocer y pagar la pensión de invalidez reclamada. En cumplimiento de esta decisión judicial el Instituto reconoció el derecho prestacional, pero lo limitó a sólo cuatro meses, obligando a la demandante a iniciar trámite judicial para su reconocimiento definitivo. En el proceso ordinario laboral se dispuso en primera instancia reconocer la pensión y esta decisión fue revocada en segunda instancia, bajo el argumento de ser exigible el requisito de fidelidad. Con la presente acción constitucional se pretende dejar sin efectos la precitada decisión judicial para que se ordene al ISS reconocer y pagar de forma inmediata, definitiva y continua la pensión de invalidez a la actora. En sede de revisión se analiza la siguiente temática: 1º. La improcedencia general de la acción de tutela contra decisiones judiciales. 2º. Procedencia de la acción constitucional para el reconocimiento de una pensión de invalidez. 3º. El carácter vinculante del precedente constitucional y, 4º. El principio de progresividad en materia de seguridad social. Se CONCEDE el amparo a los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la accionante, se deja sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada dentro del referido proceso ordinario laboral y se ordena al ISS, hoy COLPENSIONES, reconocer de manera definitiva la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   8-7-2013 0:00


Item 272    Expediente   T-3693315    Fecha sentencia   9-5-2013 0:00    Sentencia   T-271/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    HUGO HERNANDEZ HUERTAS VS. JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PURIFICACION Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de autoridades judiciales que tomaron la decisión de anular un auto mediante el cual se ordenó la inscripción de la providencia que dio por terminado un proceso divisorio, junto con la anotación de que todos los derechos de los comuneros interesados se reunieron en cabeza del actor. La Sala de Revisión aborda jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y verifica el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la misma. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON por improcedente el amparo tutelar impetrado.
Recibo Relatoria   1-8-2013 0:00


Item 273    Expediente   T-3692074    Fecha sentencia   9-5-2013 0:00    Sentencia   T-272/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV ARR
Demandante / Demandado    JESUS ANTONIO BERNAL AMOROCHO VS. FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTROS

Tema

Tutela contra providencia judicial. El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la favorabilidad, a la personalidad jurídica y a la libertad y, en consecuencia, que se ordene la prescripción del proceso penal adelantado en su contra y se dejen sin efectos jurídicos todas las providencias judiciales proferidas en su contra, con posterioridad a la fecha en la que en su entender considera que operó la prescripción. Con base en lo anterior, reclama que se disponga su libertad inmediata. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, enfatizando en el requisito de subsidiariedad. Se confirma la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA del amparo constitucional deprecado.
Recibo Relatoria   13-5-2014 0:00


Item 274    Expediente   T-3735270    Fecha sentencia   9-5-2013 0:00    Sentencia   T-273/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Demandante / Demandado    LAUDITH ZORAIDA AGUIRRE VS. CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

Tema

Se interpone la acción de tutela en contra de CAJANAL E.I.C.E. en liquidación, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la actora a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso, en virtud a la negativa de reconocer y pagar la pensión de jubilación pos-mortem de su compañero permanente fallecido y su consecuente sustitución a su favor, bajo dos consideraciones, una la falta del requisito de las mil semanas de cotización que exige la ley y, la otra, no contar con la prueba del fallecimiento del causante, dado que la peticionaria no allegó el registro civil de defunción. A pesar de que en sede de revisión se constató que la entidad demandada reconoció el derecho pensional reclamado, lo que devino en la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto, la Sala repasó jurisprudencia constitucional en torno al tema de la seguridad social como derecho fundamental y la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional. Se decide confirmar las decisiones de instancia que denegaron por improcedente la acción de tutela y se declara la carencia actual de objeto por hecho superado. Se advierte a la entidad accionada que se abstenga en lo sucesivo de incurrir en conductas como la que dio origen a la solicitud de amparo constitucional.
Recibo Relatoria   24-6-2013 0:00


Item 275    Expediente   D-9173 Y D-9183 ACUMULADAS    Fecha sentencia   13-5-2013 0:00    Sentencia   C-258/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV MGC, SV GEMM,
Demandante / Demandado    GERMAN CALDERON ESPAÑA Y DIONISIO ENRIQUE ARAUJO ANGULO VS. LEY 4 DE 1992, ARTICULO 17

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. Se acumulan demandas. La solicitud de declaratoria de inexequibilidad se fundamenta en cargos relacionados con la violación directa a los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera. Aducen los actores que el establecimiento de un régimen pensional especial a favor de los Congresistas y de todos aquellos a los que les es aplicable el artículo acusado, les permite acceder, en mejores condiciones que el resto de la población, a prestaciones de naturaleza pensional. De manera específica censuran que: 1º. La mesada pensional que pueden reclamar no está sujeta al tope establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005. 2º. No es proporcional a las cotizaciones efectuadas al sistema durante su vida laboral. 3º. La forma de liquidar el ingreso se toma a partir del último año de servicio y no como consagra el régimen general de pensiones y, 4º. El incremento anual se hace en relación con el salario mínimo a diferencia de todas las demás mesadas pensionales que son reajustadas de conformidad con el índice de precios al consumidor (IPC). la Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconoce el derecho a la igualdad, en armonía con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, (ii) genera una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existe falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto es, además, (v) incompatible con el principio de Estado Social de Derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio. Se decide: 1º. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “durante el último año y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, así como la expresión “por todo concepto”, contenida en su parágrafo y EXEQUIBLES las restantes expresiones del precitado artículo, relativas al régimen pensional de los congresistas y de los demás servidores públicos a quienes les resulte aplicable, en el entendido que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo, (ii) como factores de liquidación de la pensión sólo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas, (iii) las reglas sobre Ingreso Base de Liquidación aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso y (iv) las mesadas correspondientes no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013. La Sala también decide que, las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 demandado, con abuso del derecho o con fraude a la ley, se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes, quienes podrán revocarlas o reliquidarlas, según corresponda, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.


Recibo Relatoria   14-6-2013 0:00


Item 276    Expediente   T-3690002    Fecha sentencia   14-5-2013 0:00    Sentencia   T-275/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se demanda la actuación surtida por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia, mediante la cual se revocó un auto proferido por el despacho judicial de primera instancia, mediante el cual se había declarado la nulidad de un proceso ejecutivo singular adelantado en contra de la accionante, por la indebida notificación del mandamiento de pago a la parte demandada. Se alega que la providencia atacada incurrió en defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, falta de motivación y desconocimiento del precedente. La Sala concluye que la presente acción constitucional resulta improcedente por no superar el examen formal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente en lo relativo al requisito de subsidiariedad. Lo anterior, porque la accionante a pesar de que propuso el incidente de nulidad, no agotó el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 379 del C.P.C., para así plantear bajo la causal 7º del artículo 380 ibidem, que en el trámite del proceso ejecutivo que se adelantaba en su contra existió una irregularidad en la notificación del mandamiento de pago y de la sentencia que ordenó continuar con la ejecución. IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   6-6-2013 0:00


Item 277    Expediente   T-3691598    Fecha sentencia   14-5-2013 0:00    Sentencia   T-276/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se demanda en este caso un auto proferido para aclarar una sentencia que resolvió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en contra de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Económico y la Superintendencia ahora accionante. Se aduce la configuración de un defecto sustantivo, en tanto se sustentó el fallo en una norma jurídica que no se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y se modificó la entidad responsable de resarcir los daños ocasionados. La Sala reitera la jurisprudencia de la Corporación relacionada con los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   19-12-2013 0:00


Item 278    Expediente   T-3706538    Fecha sentencia   14-5-2013 0:00    Sentencia   T-277/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    FERNANDO ROBERT FERREL ORTEGA VS. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Tema

La conducta a la que se le endosa la vulneración de derechos fundamentales es la decisión de la Universidad del Magdalena de negar la práctica de unas pruebas solicitadas por el accionante dentro de un proceso disciplinario que se adelantó en su contra y, la expedición de una resolución que hizo efectiva la sanción disciplinaria a él impuesta, consistente en la destitución y la inhabilidad de diez años para ocupar cargos públicos. La Sala concluye que no procede el análisis de la presente demanda de tutela, porque lo que se pretende con ella es revivir el debate que ya se dio en la jurisdicción contenciosa administrativa y también, por parte del juez constitucional. Al comprobar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, se decide declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela deprecada.
Recibo Relatoria   27-5-2014 0:00


Item 279    Expediente   T-3718639 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   14-5-2013 0:00    Sentencia   T-278/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARIA YAMILE FIERRO RAMOS Y OTROS VS. CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTROS

Tema

Seguridad social, mínimo vital, salud, igualdad, salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En todos los casos estudiados el factor común tiene que ver con el hecho de que los actores son mujeres que alegan ostentar la calidad de compañeras permanentes de un causante y que interponen la acción de tutela para que les sea reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes. Los jueces de instancia negaron el amparo tras considerar que existían otros mecanismos alternativos efectivos y que la acción de tutela resultaba improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. La Sala de Revisión reitera la siguiente jurisprudencia: 1º. Reglas jurisprudenciales referidas a la protección a la familia en la Constitución Política y a la equiparación entre los derechos y obligaciones del cónyuge y del compañero permanente, como fundamento del derecho a la pensión de sobreviviente de los compañeros (as) permanentes. 2º. Reglas establecidas en caso de convivencia simultánea entre cónyuge y compañero (a) permanente o entre varios compañeros (as) permanentes y en caso de subsistencia del vínculo matrimonial entre cónyuges separados cuando se ha constituido una nueva unión marital de hecho. En tres asuntos se declara la improcedencia de las acciones de tutela interpuesta y solo en uno se concede como mecanismo transitorio.


Recibo Relatoria   13-2-2014 0:00


Item 280    Expediente   D-9324    Fecha sentencia   15-5-2013 0:00    Sentencia   C-279/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV GEM, AV LEVS
Demandante / Demandado    JORGE HERNAN GIL ECHEVERRI VS. LEY 1564 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Considera el demandante que la obligación de realizar un juramento estimatorio como requisito previo a la admisión de la demanda de todo proceso en el cual se pretenda la indemnización de perjuicios, el pago de frutos, mejoras o compensaciones, vulnera los artículos 29 y 229 de la Constitución. La Corte determinó que la exigencia del juramento estimatorio de las pretensiones configura una carga razonable y proporcionada que no vulnera el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, ni el derecho de defensa. Se decide: 1º. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-157/13 respecto al parágrafo único del artículo 206 demandado y, 2º. DECLARAR EXEQUIBLES los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la misma norma, por los cargos analizados en la sentencia.
Recibo Relatoria   9-10-2013 0:00


Item 281    Expediente   D-9321    Fecha sentencia   15-5-2013 0:00    Sentencia   C-280/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SPV MVCC, AV LGGP SPV LEVS
Demandante / Demandado    ALVARO HUERTAS MOLINA Y OTROS VS. LEY 1448 DE 2011, ARTICULOS 3, 51, 60, 61, 66, 67, 123, 132 (PARCIALES) Y 125

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 51, 60, 61, 66, 67, 123 y 132 (todos parcialmente) y 125 de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” Los actores formularon ocho distintos cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra diferentes apartes normativos de la Ley 1448 de 2011, algunos de los cuales involucran simultáneamente fragmentos de varios artículos, en los casos en que se consideran infringen el testo superior por razones similares. La Corte reafirmó el carácter especial de la ley de víctimas, aplicable sólo a determinadas situaciones definidas en sus artículos 1 a 3, pero sin que derogue o modifique la legislación que protege a otras víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, perpetradas entre otros por las denominadas bandas criminales (BACRIM). Se decidió: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-781/12, en lo relacionado con la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” contenida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. EXEQUIBLE la expresión “y cuando estas no cuenten con los recursos para su pago” contenida en el articulo 51. EXEQUIBLE el segundo inciso del articulo 60, con excepción de la expresión “que no contraríen la presente ley” que se declara INEXEQUIBLE. Se declara EXEQUIBLE el segundo inciso del paragrafo 1° del articulo 60, así como el parágrafo 2° del articulo 60, bajo el entendido de que la definición allí contenida no podrá ser razón para negar la atención y la protección prevista por la ley 387 de 1997 a las víctimas de desplazamiento forzado. La Corte se declara INHIBIDA para decidir sobre el cargo dirigido contra apartes de los parágrafos 1°, 2° y 3° del articulo 61. EXEQUIBLE la expresión “estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el estado garantice el goce efectivo de sus derechos” contenida en el primer inciso del articulo 66 y frente al segundo inciso de este mismo artículo, se declara su EXEQUIBILIDAD, en el entendido de que lo allí establecido no afectará el goce de los derechos reconocidos por la ley a las personas victimas de desplazamiento forzado, entre ellos, la posibilidad de ser nuevamente reubicado. EXEQUIBLE la expresión “forzado a través de sus propios medios” contenida en el primer inciso del articulo 67 e INHIBIDA para decidir sobre el cargo dirigido contra la expresión “de restitución”, que forma parte del título que antecede al articulo 123. EXEQUIBLE el articulo 125 demandado e INHIBIDA para decidir sobre los cargos dirigidos contra los apartes del parágrafo 3° del articulo 132 de la ley 1448 de 2011.
Recibo Relatoria   12-9-2013 0:00


Item 282    Expediente   D-9301    Fecha sentencia   15-5-2013 0:00    Sentencia   C-281/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JULIA AMPARO PEÑA BUITRAGO VS. LEY 599 DE 2000, ARTICULOS 83 (PARCIAL) Y 86

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 83 (parcial) y 86 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. Los artículos acusados determinan el término de prescripción de la acción penal y la interrupción y suspensión del término prescriptito de la acción. La actora centra su demanda en dos cargos: la violación del derecho a la igualdad y la vulneración del principio de favorabilidad. La ilustración de los cargos se hace a partir de providencias de la Corte Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al constatar que los cargos esbozados en la demanda no satisfacen los mínimos argumentativos de certeza y pertinencia, la Sala decide declarase INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustancial de la demanda.
Recibo Relatoria   23-5-2013 0:00


Item 283    Expediente   D-8992    Fecha sentencia   15-5-2013 0:00    Sentencia   C-282/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV MGC, AV LGGP,AV GEMM, SV NPP, JIPC SV, AV ARR,
Demandante / Demandado    VICTOS VELASQUEZ REYES VS. LEY 1482 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1482 de 2011, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. El actor considera que la ley demandada debe ser declarada inexequible, por cuanto el procedimiento de aprobación legislativa desconoció las pautas y estándares establecidos en el ordenamiento superior y porque su contenido es incompatible con los principios y derechos constitucionales. La Corte determinó la ausencia de certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad esgrimidos contra la Ley 1482 de 2011 y decidió declararse INHIBIDA para emitir decisión de fondo.
Recibo Relatoria   14-1-2014 0:00


Item 284    Expediente   T-3567368    Fecha sentencia   16-5-2013 0:00    Sentencia   T-283/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    JOSE IGNACIO ROMERO DIAZ Y OTROS VS. SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PASTO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social. Tutela contra providencia judicial. En el presente caso se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial que se negó a libar mandamiento de pago en contra del Fondo Territorial de Pensiones Públicas de Nariño, en cumplimiento de las sentencias judiciales que condenaron a la Licorera de Nariño al pago de pensiones de jubilación convencionales a favor de los actores. Se analiza la siguiente temática: 1º. Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, contra autos interlocutorios. 2º. Contenido y naturaleza jurídica del derecho a la administración de justicia y la obligación de dar cumplimiento a los fallos judiciales como uno de los contenidos de dicho derecho. 3º. El derecho a la seguridad social. 4º. Contenido y finalidad de la Ley 550 de 1999 y, 5º. Los títulos ejecutivos complejos. Al concluir que el auto acusado incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución, se decide CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales invocados por los actores.


Recibo Relatoria   17-6-2013 0:00


Item 285    Expediente   T-3754984 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   16-5-2013 0:00    Sentencia   T-285/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. La Contraloría General de la República incoa las acciones de tutela en contra de las decisiones judiciales proferidas dentro de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho iniciadas en su contra, mediante las cuales se le ordenó reconocer y pagar a los demandantes la prima técnica reclamada por éstos. A juicio de la entidad accionante, las sentencias impugnadas incurrieron en una clara vía de hecho, al otorgar la prima técnica a quien no cumplía con los requisitos para su asignación, haciendo una errónea interpretación normativa e ignorando precedentes jurisprudenciales horizontales y verticales sobre el tema. Para la entidad accionante el fallo resulta manifiestamente contrario al orden jurídico y por tanto de imposible cumplimiento. La Sala se pronuncia respecto a la siguiente temática: 1º. Las personas jurídicas como titulares de derechos fundamentales. 2º. La procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. 3º. El marco normativo de la prima técnica materia de controversia. Estima la Sala que no cabe hacer reproche constitucional alguno a la interpretación que de los hechos y de las normas especiales de la Contraloría General hizo la autoridad judicial accionada, con fundamento en las cuales respaldó razonablemente las sentencias acusadas. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de las acciones de tutela impetradas.


Recibo Relatoria   9-7-2013 0:00


Item 286    Expediente   T-3653879    Fecha sentencia   17-5-2013 0:00    Sentencia   T-284/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CESAR AUGUSTO MARTINEZ MENDOZA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Se interpone la acción de tutela en contra de los fallos proferidos al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el actor en contra de la Fiscalía General de la Nación, cuya pretensión era desvirtuar la legalidad del acto administrativo que declaró su insubsistencia. En dicho proceso, el demandante alegó que el acto administrativo se expidió sin motivación alguna, desconociendo el deber que tiene la administración de motivarlos. La Sala se pronuncia sobre los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y analiza la posición sentada por la Corporación sobre la motivación de los actos administrativos que declaran insubsistente a un empleado en provisionalidad que ocupa un cargo de carrera. Se CONCEDE la tutela de los derechos fundamentales invocados por el accionante, se deja sin efectos la sentencia acusada y se ordena a la autoridad judicial accionada dictar sentencia de reemplazo observando los parámetros y criterios sentados en el presente fallo.


Recibo Relatoria   14-1-2014 0:00


Item 287    Expediente   T-3707286    Fecha sentencia   18-5-2013 0:00    Sentencia   T-189/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LUZ MELIDA PEREZ CORREA VS. INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

Tema

Vivienda digna, salud. La acciónate fue favorecida por el programa de subsidio de vivienda del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín y en virtud de ello, le fue adjudicado un apartamento en la urbanización La Aurora de la precitada ciudad. Después de habitar el inmueble y de realizar varias mejoras en el mismo, éste empezó a presentar filtración de aguas lluvias y humedades, así como la consecuente aparición de insectos y malos olores y la afectación en la salud de su hija de seis años de edad. Con la presente acción de tutela se pretende que se ordene a la entidad accionada realizar las reparaciones y adecuaciones de la vivienda de la actora, para con ello proteger sus derechos fundamentales y sobre todo los de su menor hija. Al comprobar que la entidad accionada no actúo de manera diligente para solucionar los problemas de humedad y filtración que presenta la vivienda de la actora, la Sala de Revisión ampara los derechos a la vivienda digna en conexidad con la salud de la actora y de su núcleo familiar. CONCEDID
Recibo Relatoria   15-10-2013 0:00


Item 288    Expediente   T-3718557 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   19-5-2013 0:00    Sentencia   T-242/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA DEL CARMEN MEJIA LANDINEZ Y OTRO VS. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA Y OTRO

Tema

Agua potable, vida, salud, integridad física, vida en condiciones digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En un caso se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada, en tanto suspendió el suministro de agua en la residencia de la actora argumentando la mora en el pago de las facturas de consumo, pero sin haber tenido en cuenta las condiciones particulares en razón al diagnóstico de diabetes y a la dependencia económica respecto de un hijo. El segundo asunto tiene que ver con la presunta violación de derechos por parte de las Empresas Públicas de Medellín, quien suspendió el servicio de agua en la residencia de la actora quien cuenta con 73 años de edad, argumentando igualmente la ausencia del pago de facturas y la reconexión ilegal del servicio en varias ocasiones. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua, el contenido del derecho fundamental al agua y la normatividad sobre la materia y la suspensión de los servicios públicos domiciliarios en los casos de mora en el pago de dos facturas sucesivas. Se CONCEDEN las tutelas y se imparten una serie de órdenes a las accionadas, dentro de las cuales se destacan llegar a un acuerdo de pago con las demandantes e instalar un reductor de flujo en sus viviendas que les garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día.
Recibo Relatoria   29-5-2013 0:00


Item 289    Expediente   T-3748679    Fecha sentencia   20-5-2013 0:00    Sentencia   T-286/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    DANIEL RICARDO RUIZ MENDEZ VS. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA POLICIA NACIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Tema

Debido proceso, defensa material. En el presente asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía Nacional del Valle del Cauca, al no tramitar la apelación interpuesta en contra de la decisión proferida dentro de un proceso disciplinario, en la que se decidió sancionar al actor con una suspensión del cargo por un término de siete meses. El recurso se presentó oportunamente y a través de correos electrónicos institucionales del ente de control, pero este argumentó desconocer dicho documento. Se analiza temática relacionada con el derecho al debido proceso administrativo y al marco jurídico aplicable al caso concreto. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena a la accionada tramitar el recurso de apelación objeto de análisis en la presente acción de tutela y en consecuencia, suspender la resolución mediante la cual fue suspendido del cargo el accionante, hasta que se resuelva la referida impugnación.
Recibo Relatoria   22-7-2013 0:00


Item 290    Expediente   T-3672842 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-5-2013 0:00    Sentencia   T-287/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    LUIS ANTONIO PEREZ COVOS Y OTRO VS. COLDEPORTES

Tema

En este asunto la Corte Constitucional analizó si COLDEPORTES vulneró los derechos fundamentales a una vida digna, a la recreación, al deporte y a la igualdad de los accionantes, al no permitirles participar en los Juegos Paralímpicos Nacionales, debido a que para llevar a cabo una competencia específica en los deportes individuales que practican, era necesario como mínimo tres competidores de tres departamentos diferentes y, en sus casos, no se presentó el número mínimo exigido. La Sala se refiere a la improcedencia de la acción de tutela por carencia actual de objeto, al tema de las personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional y al alcance de la protección que desprende de los instrumentos internacionales. Se deniega el amparo solicitado, se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO y se previene a COLDEPORTES para que analice si puede propiciar: 1º. Que en los próximos juegos paranacionales, los deportes que queden excluidos por no reunirse el número mínimo exigido para competir, sean llevados a cabo como exhibición, con el fin de promoverlos y generar interés y apoyo hacia los mismos. 2º. Que se desarrollen las acciones pertinentes en las regiones para difundir la práctica del deporte en general, y del competitivo y de alto rendimiento en particular, como opción ocupacional y de inclusión social para las personas en situación de discapacidad.
Recibo Relatoria   29-8-2013 0:00


Item 291    Expediente   T-3605683    Fecha sentencia   20-5-2013 0:00    Sentencia   T-288/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV LEVS
Demandante / Demandado    SOCIEDAD REPRESENTACIONES SANTA MARIA S. EN C VS. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Tema

En el presente caso la sociedad accionante alega que el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al asumir competencia para dirimir un conflicto en relación con un bien inmueble arrendado, cuya fecha de terminación, discutida en el trámite arbitral, ya hacía sido acordada a través de un acta de conciliación suscrita entre las partes y en virtud de la cual, tras el incumplimiento de dicho acuerdo por parte de EXXONMOBIL DE COLOBIA S.A., se profirió decisión judicial de restitución del bien inmueble arrendado. Las anteriores circunstancias fueron alegadas por la accionante para argumentar la excepción de cosa juzgada, propuesta frente a la convocatoria del tribunal de arbitramento. La Sala estudia la siguiente temática: 1º. Las reglas de competencia en materia de tutela. 2º. La procedencia de la tutela contra laudos arbitrales. 3º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y laudos arbitrales y 5º. El defecto orgánico en materia de arbitramento. Se decide confirmar la decisión de instancia que CONCEDIO el amparo constitucional invocado.
Recibo Relatoria   17-6-2013 0:00


Item 292    Expediente   T-3758398    Fecha sentencia   20-5-2013 0:00    Sentencia   T-289/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL BOGOTA, EN REPRESENTACON DE LILIAN ANDREA NARANJO GUZMAN VS. CAPITAL SALUD E.P.S.S. Y OTROS

Tema

Salud, vida digna, integridad. A través de la Defensoría del Pueblo, regional Bogotá, se incoa la acción de tutela en representación de una niña de trece años de edad que padece un lupus eritematoso sistémico, nefrología lupica grado 4. La actuación que se demanda como vulneradora de derechos fundamentales tiene que ver con la negativa de entregar medicamentos prescritos,bajo el argumento de ser NO POS y, la de prestar servicios médicos de manera integral para el manejo de la patología, por constituirse sobre hechos futuros e inciertos. Luego de analizar temas relacionados con el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes como fundamental y prevalente, los presupuestos jurisprudenciales para acceder a los servicios médicos no contemplados en el POS y el principio de integralidad en la prestación del servicio de salud, la Sala CONCEDE la tutela y ordena a la accionada prestar el servicio integral de salud en lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento de patología padecida por la menor representada.
Recibo Relatoria   17-6-2013 0:00


Item 293    Expediente   T-3698885    Fecha sentencia   20-5-2013 0:00    Sentencia   T-290/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    AURORA VARGAS CUY VS. NUEVA E.P.S.

Tema

La presente acción de tutela se interpone pretendiendo que se ampare el derecho a la salud de la accionante y que en virtud de ello se ordene a la NUEVA E.P.S. realizar a la actora el test de inteligencia que ya le fue autorizado, pero su práctica sea en una fecha oportuna, toda vez que se requiere su resultado para que el juez de familia de Yopal determine su idoneidad para asumir la custodia y cuidado de su menor hija, la cual se encuentra bajo medida de protección de ubicación en un medio familiar, en un hogar sustituto del ICBF. De manera adicional solicita que la NUEVA E.P.S. sufrague los gastos de traslado y manutención que demande la realización de la prueba en la ciudad de Bogotá. En sede de revisión la Sala conoció que el ICBF decidió adoptar como medida transitoria la asignación de custodia y cuidado personal de la referida niña a su señora madre, esto es a la accionante y, que la ausencia del examen no tuvo mayor implicación dentro del proceso de restablecimiento de derecho. Al considera que un pronunciamiento sobre la vulneración del derecho a la salud invocado por la actora carece de sentido, por no existir una orden a impartir, ni un perjuicio a evitar, la Sala decide declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado frente a la solicitud de amparo impetrada.
Recibo Relatoria   17-6-2013 0:00


Item 294    Expediente   T-3727895    Fecha sentencia   21-5-2013 0:00    Sentencia   T-291/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV ARR
Demandante / Demandado    JUAN FRANCISCO JAVIER ROMERO GAITAN VS. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tema

En este asunto se alega que la Superintendencia de Sociedades vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y a la igualdad, al proferir un auto dentro del proceso de liquidación judicial de la empresa Vanylon, en la que aceptó las objeciones formuladas por otro acreedor y, consecuencialmente rechazó los créditos presentados por el actor, alegando que habían prescrito. Luego de analizar si se reúnen las condiciones de procedibilidad necesarias para el ejercicio de la acción de tutela contra la decisión proferida por la Superintendencia de Sociedades en desarrollo de las funciones jurisdiccionales a ella otorgada, la Sala de Revisión decide confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   8-7-2013 0:00


Item 295    Expediente   T-3635344 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   21-5-2013 0:00    Sentencia   T-292/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    IRIS JOHANNA DIAZ TORRES Y OTROS VS. UNIDAD NACIONAL PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS

Tema

Debido proceso, igualdad, dignidad. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En este caso los accionantes indican que son damnificados de la segunda ola invernal acontecida en el año 2011 en el país y que, a pesar de haber sido incluidos en el censo de afectados, las entidades accionadas no hay hecho entrega de los subsidios y ayudas prometidas en dicha época. La Sala de Revisión se pronuncia sobre los deberes del Estado en relación con las víctimas de desastres naturales y la regulación contenida en la Resolución 074 de 2011 emitida por la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre atención a las familias directamente afectadas en la segunda temporada de lluvias del 2011. Se dispone CONCEDER el amparo solicitado y en diez casos se ordena la entrega de la ayuda económica a que tienen derecho los accionantes. En tres casos, la orden a las accionadas es estudiar la situación específica de los demandantes, para que de conformidad con las normas que reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si éstos son o no beneficiarios de las mismas y, en caso afirmativo, entregarlas dentro del plazo establecido.
Recibo Relatoria   11-10-2013 0:00


Item 296    Expediente   T-3720335    Fecha sentencia   21-5-2013 0:00    Sentencia   T-293/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JORGE ENRIQUE SANJUAN GALVES Y OTRO VS. JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Los accionantes, en su condición de Procuradores Judiciales constituidos en agentes especiales dentro de un proceso penal, interpusieron acción de tutela en contra del Despacho Judicial que revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por otra autoridad judicial al señor Emilio José Tapia Aldana, en su condición de imputado por la comisión de varios punibles en contra de la administración y la seguridad pública, dentro del denominado carrusel de la contratación. La autoridad accionada alegó que los agentes del Ministerio Público no estaban facultados para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, puesto que esta función le es inherente a la Fiscalía General de la Nación y de forma subsidiaria a la víctima. Además, aseveró que el Juez de Garantías no podía fallar más allá de lo pedido por las partes, porque el sistema penal acusatorio es de tendencia adversarial. La Sala recuerda jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y el rol asignado por la Constitución y la ley a las partes e intervinientes en el proceso penal con tendencia acusatoria, con el fin de determinar los límites de tal intervención y verificar si en el caso en concreto, tales roles se respetaron. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.


Recibo Relatoria   15-8-2013 0:00


Item 297    Expediente   T-3753775    Fecha sentencia   21-5-2013 0:00    Sentencia   T-294/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO GAMARRA ARRIETA VS. DEPARTAMENTO DE SUCRE

Tema

En este asunto alega el accionante que la Gobernación de Sucre vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social, al debido proceso, al trabajo y a la protección especial a las personas de la tercera edad y los discapacitados, al tomar la decisión de retirarlo del cargo de docente por haber llegado a la edad de retiro forzoso, sin antes permitirle completar los dos años de cotizaciones que, según él, necesita para acceder a la pensión de vejez. El quebrantamiento de derechos también se alega en virtud del hecho de haber declarado vacante el cargo que ocupaba el actor como docente tiflólogo, con lo que se desconoció el derecho de los niños con limitación visual a recibir una educación acorde a dicha circunstancia. Se destacan las condiciones particulares del actor quien es una persona de 68 años de edad que además de presentar una limitación visual, padece de diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. Igualmente, que es una persona sin otras fuentes de ingreso diferentes al salario que percibía como docente y que de él dependen los integrantes de su núcleo familiar. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos. 2º. Estándares de protección constitucional e internacional de las personas en situación de discapacidad. 3º. El derecho de los niños con limitación visual a recibir una educación adecuada a su condición y la importancia de los docentes para hacer efectivas las prácticas de inclusión. 4º. Garantía de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de las personas en edad de retiro forzoso. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Entre las disposiciones que se destacan están: 1º. La relacionada con el reintegro del actor, el cual se debe mantener hasta tanto le sea reconocida y comience a disfrutar la pensión de vejez o, en su defecto, la prestación económica a que tenga derecho y que resulte más beneficiosa para él, entre aquellas previstas en el régimen que regula sus derechos pensionales y, 2º. La de garantizar que para el momento en que se produzca el retiro del servicio del actor, el cargo sea reemplazado por otra persona con igual o superior nivel de formación y que en lo posible comparta la situación de discapacidad, para evitar que se pueda ver afectado el derecho a la educación inclusiva de los estudiantes de la institución a la que ha prestado sus servicios como docente tiflólogo.
Recibo Relatoria   9-10-2013 0:00


Item 298    Expediente   T-3759862    Fecha sentencia   21-5-2013 0:00    Sentencia   T-295/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ABEL SEGUNDO VILLAREAL PINTO Y OTROS VS. MUNICIPIO DE CORDOBA Y OTROS

Tema

Indican los actores que mediante Resolución No. 074 de 2011 expedida por la Dirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se ordenó el pago $1.500.000 para cada damnificado director por los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada de lluvias ocurridos en el año 2011 en el territorio nacional, que se encontraran registrados como tal en el registro local emitido por los Comités Locales y Regionales de Atención y Prevención del Desastres. Afirman los peticionarios que se vieron afectados por la referida temporada de lluvias y que por ella se destruyeron parte de sus cultivos, sus viviendas sufrieron daños y perdieron muchas de sus pertenencias. Interponen la acción de tutela para solicitar a las entidades accionadas que realicen los trámites administrativos pertinentes, para que se les cancele el apoyo económico previsto en la referida resolución 074, toda vez que consideran ser beneficiarios de la misma por su condición de damnificados por la ola invernal. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela. 2º. Marco normativo internacional y nacional sobre la prevención y atención de desastres. 3º. El principio de solidaridad frente a las víctimas de desastres naturales y 4º. Jurisprudencia constitucional sobre la afectación de los derechos fundamentales de los particulares producto de la negligencia de la administración. La Sala concluye que la Alcaldía de Córdoba vulneró el derecho fundamental al mínimo vital de las personas damnificadas con la ola invernal que habitan dicho municipio, al haber omitido el envío de información necesaria para que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres procediera a otorgar el respectivo apoyo económico. Se CONCEDE.


Recibo Relatoria   19-7-2013 0:00


Item 299    Expediente   D-9278    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   C-303/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    DAVID HASAN SAADE MORAD VS. LEY 906 DE 2004

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 286 (parcial), 288-3 (parcial), 351 (parcial), 356-5 (parcial) y 367 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. El demandante afirma que las disposiciones acusadas vulneran derechos fundamentales contemplados en la Carta Política y por ello solicita que se declare la constitucionalidad condicionada de las mismas, en el entendido de que son admisibles los allanamientos y las declaraciones de culpabilidad condicionadas, referidos a la modalidad, grado o tipo penal objeto de la imputación o acusación. Igualmente, que dicho condicionamiento no excluye la aplicación de los descuentos punitivos previstos en la legislación procesal. La Corte Constitucional constató que la forma en que está regulada la audiencia de imputación de cargos y las consecuencias de la aceptación condicional de responsabilidad penal, no vulneran los derechos al debido proceso y a la defensa. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las expresiones normativas demandadas.
Recibo Relatoria   5-2-2014 0:00


Item 300    Expediente   D-9307    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   C-304/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JORGE ARANGO MEJIA VS. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 292 Y 292-1 DEL DECRETO 624 DE 1989

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de la interpretación de los artículos 292 y 292-1 del Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, contenida en la jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La demanda se fundamenta en los siguientes cargos: 1º. Violación del principio constitucional de irretroactividad de los tributos. 2º. Vulneración de los principios de la seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, y, 3º. Trasgresión de los principios hermenéuticos La Corte reiteró que, si bien es cierto que excepcionalmente el control de constitucionalidad puede ejercerse sobre interpretaciones de los órganos judiciales o administrativos, también lo es que, en aras de preservar la autonomía de los jueces y el respeto del principio de legalidad de la competencia, los requisitos de las demandas que se instauren contra estas interpretaciones presentan su propia especificidad y exigen una mayor carga argumentativa. En este caso la Corte encontró que no existe claridad, ni certeza acerca de las normas de las cuales se deriva la interpretación que el demandante considera inconstitucional. La Sala se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.


Recibo Relatoria   1-8-2013 0:00


Item 301    Expediente   D-9330    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   C-305/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    OLGA BERRIO PINO VS. LEY 1563 DE 2012, ATICULO 8 Y 9 PARCIALES Y 15

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 8 (parcial), 9 (parcial) y 15 de la Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. El demandante estima que las disposiciones objeto de censura constitucional contravienen lo dispuesto en los artículos 13, 25, 26 y 83 de la Carta Política. La Corte concluye que las limitaciones e inhabilidades para desempeñarse como árbitro o secretario de tribunales de arbitramento en los que sea parte una entidad pública o de quien ejerce funciones administrativas, no configuran un desconocimiento de los derechos a la igualdad y al trabajo. La Sala Plena decide: 1º. Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 1563 de 2012, que dice: “Ningún arbitro o secretario podrá desempeñarse simultáneamente como tal, en mas de cinco (5) tribunales de arbitraje en que intervenga como parte de una entidad pública o quien ejerza funciones administrativas en los conflictos relativos a estas”. 2º. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “contractual, de subordinación o dependencia” y “El secretario deberá ser escogido de la lista del centro en la que se adelante el procedimiento arbitral” contenidas en el artículo 9º de la mencionada norma y, 3º. Declarar EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012.


Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 302    Expediente   D-9331    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   C-306/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JOSE JOAQUIN GONZALEZ CARRILLO VS. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ARTICULO 458 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del artículo 458 del Código de Procedimiento Civil. El actor solicita que se declare la inexequibilidad del segmento “Registradas la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización”, porque resulta vulneradora del artículo 58 de la Constitución, al establecer una indemnización posterior y no previa a raíz de la expropiación de un bien particular por vía judicial y, por producir una grave afectación del derecho a la vivienda. La Corte evidencia que la condición de registro de la sentencia de expropiación y del acta de entrega no desconoce la exigencia constitucional de que la indemnización al propietario del bien expropiado, debe ser previa a la entrega del mismo. La expresión acusada se declara EXEQUIBLE por el cargo analizado.
Recibo Relatoria   29-8-2013 0:00


Item 303    Expediente   OG-146    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   C-307/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    OBJECIONES GUBERNAMENTALES AL PROYECTO DE LEY 180/11 SENADO Y 248/11 CAMARA VS.

Tema

Objeciones Gubernamentales al proyecto de ley número 180/11 Senado, 248/11 Cámara, por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del (la) entrenador (ra) deportivo (va) y se dictan otras disposiciones. El Gobierno Nacional objetó el precitado proyecto de Ley por la vulneración de los artículos 26 y 154 de la Carta Política, al restringir de manera desproporcionada el libre ejercicio de la ocupación de los entrenadores deportivos y por modificar la estructura de la administración pública, sin que la iniciativa tuviese origen gubernamental. La Corte Constitucional declara INFUNDADA la objeción gubernamental por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno Nacional en relación con la vulneración del artículo 26 de la Carta y declara FUNDADAS las objeciones por desconocimiento de los artículos 154, 25 y 29 Superiores.
Recibo Relatoria   22-7-2013 0:00


Item 304    Expediente   T-3758508    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   T-296/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    CORPORACION TAURINA DE BOGOTA VS. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Y OTRA

Tema

La Corporación Taurina de Bogotá alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística, por la decisión de la Administración Distrital de no permitirle la realización de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, en virtud de la terminación unilateral del contrato de utilización de dicho recinto taurino y la expedición de actos administrativos de suspensión de la venta de abonos y cancelación de las novilladas programadas en su momento, esto es, en el marco del Festival de Verano. A juicio de la accionante, la autoridad distrital carecía de facultad jurídica para exigirle la supresión de la muerte del toro como condición de continuidad del contrato de uso de la Plaza y la presentación de espectáculos taurinos en dicho recinto. La Sala de Revisión, además de reiterar jurisprudencia sobre la violación de los derechos al debido proceso administrativo y la libertad de expresión artística, aborda temática relacionada con el régimen legal del espectáculo taurino, la jurisprudencia constitucional referente a la actividad taurina y, la cultura como valor constitucional. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales invocados y se ordena la restitución inmediata de la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina. Lo anterior, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas, siempre que éstas no alteren la destinación principal y tradicional legalmente reconocida en la Ley 916 de 2004. Igualmente, se ordena a las entidades accionadas rehabilitar en su integridad las instalaciones de la mencionada Plaza para la realización de espectáculos taurinos y, abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento.


Recibo Relatoria   5-9-2014 0:00


Item 305    Expediente   T-3741524    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   T-297/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SPV LGGP
Demandante / Demandado    JUAN JOSE CASTRO TOBON Y OTROS VS. LIGA VALLECAUCANA DE NATACION

Tema

En este asunto se instaura la acción de tutela en contra de la Liga Vallecaucana de Natación, por no permitirle a los accionantes hacer parte de los clubes que conforman el ente deportivo, por tratarse de deportistas con limitaciones físicas. Se pretende con la acción constitucional que se ordene a la accionada permitir que los deportistas demandantes, quienes tienen una discapacidad cognitiva en virtud del síndrome de Down que presentan, se inscriban y entrenen en los grupos de nadadores convencionales. La Sala de Revisión analiza temática relacionada con los derechos a la igualdad, a la recreación y al deporte de las personas con discapacidad y sobre la legislación que hace efectiva esta igualdad, específicamente la relacionada con el tema de la recreación y el deporte. Al concluir que la accionada vulneró derechos fundamentales de los actores y con ello generó una discriminación directa por su condición de personas con limitaciones físicas, se decide CONCEDER la tutela e impartir una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   19-12-2013 0:00


Item 306    Expediente   T-3766882    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   T-298/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    MARTHA YULIETH GUTIERREZ CUELLAR VS. CAFESALUD E.P.S.

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se demanda a la E.P.S. CAFESALUD, por no brindarle a una menor de trece años de edad con epilepsia crónica, un tratamiento oral, una operación de los pies y la atención integral en un instituto especial donde le ayuden a desarrollar la motricidad cognitiva y el lenguaje. La entidad accionada adujo haber prestado a la menor representada todos los servicios ordenados por sus profesionales de la salud y aclaró que la asistencia solicitada en la acción de tutela no fue ordenada por el médico tratante. La Sala de Revisión concluye que no procede el amparo de tutela respecto de la solicitud de ordenar la autorización de los servicios de salud pretendidos por la accionante, por cuanto no fueron prescritos por un profesional de la salud. No obstante, considera que sí procede en relación con la omisión de la entidad demandada de valorar el estado de salud de la menor agenciada, pese a tener el conocimiento de su complicado estado de salud y las reiteradas peticiones de su progenitora.
Recibo Relatoria   15-10-2013 0:00


Item 307    Expediente   T-3772166    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   T-299/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    AIDA MARIA GARCIA GUANGA VS. FONVIVIENDA Y OTROS

Tema

En este asunto la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales tiene que ver con la negativa de las entidades accionadas de desembolsar el subsidio de vivienda para desplazados, del cual es beneficiaria la accionante, oponiendo razones administrativas y el argumento de no haber hecho uso de la ayuda antes de la pérdida de su vigencia. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho de las personas desplazadas por la violencia a una vivienda digna y la protección constitucional reforzada que tiene este grupo poblacional. 2º. El derecho a la vivienda digna y las obligaciones correlativas de las autoridades públicas para la asignación del subsidio familiar de vivienda a la población desplazada. 3º. La legislación sobre subsidios de vivienda y la jurisprudencia constitucional. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el pago del subsidio reclamado por la actora.
Recibo Relatoria   2-12-2013 0:00


Item 308    Expediente   T-3772839    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   T-300/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV LGGP
Demandante / Demandado    CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA Y OTRO VS. ICA Y OTROS

Tema

En este asunto la conducta que causa la presunta vulneración de derechos fundamentales tiene que ver con la erradicación de palma africana afectada por el fenómeno de la pudrición del cogollo, mediante el uso del químico MSMA MASTER DE PROFICOL, en un sector de la costa pacífica del Departamento de Nariño en predios que van desde el sector de la Guayacana hasta la ciudad de Tumaco. La erradicación fue ordenada en el marco de la declaración de una emergencia fitosanitaria, pero alegan los accionantes que la aplicación del precitado químico les ha generado a los grupos afrodescendientes que habitan en las comunidades Alto Mira y Frontera y Bajo Mira y Frontera, no solo un daño sino la vulneración de sus derechos fundamentales a participar en las decisiones que los afecten, a la libre determinación de las comunidades que representan y a la consulta previa. Se analizan los siguientes tópicos: 1º. El derecho de todos a participar en las decisiones que los afectan. 2º. El derecho a participar de los pueblos indígenas o tribales en las decisiones que los afectan. 3º. El derecho a la autodeterminación y, 4º. La consulta previa a los pueblos indígenas o tribales. Se decide NEGAR el amparo solicitado, por no haberse constatado la vulneración de derechos alegada.


Recibo Relatoria   14-2-2014 0:00


Item 309    Expediente   T-3780205    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   T-301/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    CAJANAL VS. JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En este asunto aduce CAJANAL que la decisión judicial adoptada en el trámite de una acción de tutela iniciada en su contra, incurrió en defecto fáctico por omitir la práctica de pruebas que definieran el perjuicio irremediable que sufrían los actores, para evaluar la procedencia de la acción constitucional y para conceder de manera definitiva el derecho a la pensión y a la indexación de la mesada pensional. Igualmente, aduce la ocurrencia de un defecto sustantivo por interpretación contraevidente, toda vez que el juez se apoyó en una norma que no era aplicable al caso concreto y, en el desconocimiento del precedente constitucional, al ordenar el reconocimiento de la pensión de jubilación teniendo en cuenta para su liquidación el salario más alto devengado en el último año de servicios prestado por los actores en diferentes entidades del Estado y con la indexación de las mesadas dejadas de percibir. Luego de reiterar jurisprudencia constitucional relacionada con las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre la improcedencia general de la acción de tutela para controvertir sentencias de esta misma naturaleza, la Sala decide confirmar las decisiones de instancia que negaron la tutela por IMPROCEDENTE.


Recibo Relatoria   14-2-2014 0:00


Item 310    Expediente   T-3787765    Fecha sentencia   22-5-2013 0:00    Sentencia   T-302/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SPV LGGP
Demandante / Demandado    GEOVANNY DARIO VASQUEZ VS. SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA

Tema

Estabilidad laboral reforzada, mínimo vital. La conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales en este caso se predica de la decisión de la empresa accionada de no renovar al actor el contrato de trabajo a término fijo que suscribió, a pesar de la condición de salud que afrontaba, esto es, un diagnóstico de hepatitis crónica. La Sala se pronuncia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas y decide CONCEDER transitoriamente el amparo solicitado. Se concluye que, se concede el amparo de derechos fundamentales cuando una empresa empleadora decide no renovar el contrato de trabajo a un empleado en estado de debilidad manifiesta, que está seriamente afectado en su estado de salud, sin acudir al Inspector del Trabajo para que verifique y autorice la desvinculación laboral del mismo.
Recibo Relatoria   14-2-2014 0:00


Item 311    Expediente   D-9345    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   C-313/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV LGGP, AV LEVS
Demandante / Demandado    NISSON ALFREDO VAHOS PEREZ VS. LEY 1555 DE 2012, ARTICULO 1 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 1º (parcial) de la Ley 1555 de 2012, por medio de la cual se permite a los consumidores financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones. Entre otros argumentos alega el actor que la norma acusada vulnera principios constitucionales como el del Estado Social de Derecho, en tanto se le permite a las entidades financieras el cobro de multas a quienes hayan tomado un crédito con anterioridad a la vigencia de la ley y deciden pagarlo anticipadamente. Aduce, que dicha práctica avala una situación injusta e inequitativa frente a la cual el Estado no asume el papel fundamental que en lo social le corresponde, sino el de un Estado legalista y liberal preocupado más por mantener una protección al sector financiero en detrimento de las clases menos favorecidas y de menores recursos. Con el fin de extender el beneficio de pago anticipado sin sanción, acorde con la cláusula del Estado social de derecho, entre cuyas finalidades más significativas se cuenta la realización efectiva de los derechos, la Corte decidió declarar EXEQUIBLE CONDICIONADO el parágrafo del artículo 1º de la ley 1555 de 2012, en el entendido que los créditos a los cuales se refiere el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, tomados antes del 9 de julio de 2012, también podrán ser pagados anticipadamente sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación.


Recibo Relatoria   28-10-2013 0:00


Item 312    Expediente   T-3762239    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-308/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    REINALDO ANTONIO CUEVAS VELANDIA VS. CAJANAL

Tema

Mínimo vital, vida digna. El accionante solicito a CAJANAL el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y esta petición fue denegada bajo el argumento de no haber realizado cotizaciones al Sistema General de Pensiones con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Para resolver el asunto se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de los derechos en materia de seguridad social, el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y su aplicación a los afiliados que cotizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Se CONCEDE la tutela, se ordena a la accionada reconocer y pagar la indemnización reclamada y se le hace una advertencia para que en adelante se abstenga de desconocer el contenido de la Ley y las reglas jurisprudenciales que versan sobre la materia, toda vez que no es la primera vez que emplea los argumentos expuestos para negar dicha prestación económica.
Recibo Relatoria   3-7-2013 0:00


Item 313    Expediente   T-3728169    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-309/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    RUBEN PEREZ VS. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En este asunto se demanda en sede de tutela la decisión judicial que declaró el derecho de dominio dentro de un proceso de prescripción ordinaria iniciado en contra del actor, sin tener en cuenta que el predio sobre el cual se declaró la pertenencia era baldío. Se aduce que, 1º. la decisión judicial impugnada incurrió en los defectos procedimental y orgánico y, 2º. Existió comportamiento negligente por parte del apoderado judicial, quien omitió sus deberes como profesional del derecho. La Sala aborda los siguientes ejes temáticos. 1º. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 2º. Los defectos orgánicos y procedimental absoluto por falta de defensa técnica. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA del amparo deprecado
Recibo Relatoria   23-7-2013 0:00


Item 314    Expediente   T-3769249    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-309A/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    JORGE ELIECER RODRIGUEZ RUEDA VS. BANCO CAJA SOCIAL BCSC Y OTRO

Tema

En este caso el accionante, quien fue valorado con una pérdida de capacidad laboral del 54.60%, interpone la acción de tutela contra el Banco Caja Social BCSC y Liberty Seguros S.A., para que sean protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales considera vulnerados por dichas entidades, al no hacer efectivo el seguro de vida que fue tomado en virtud de un crédito hipotecario, aduciendo que, de acuerdo a la fecha de estructuración de la situación de discapacidad, ya habían pasado cinco años y, en consecuencia, había operado el fenómeno de la prescripción. Se aborda la siguiente temática: 1º. La acción de tutela contra particulares, específicamente, contra entidades del sistema financiero y compañías aseguradoras. 2º. Procedencia de la acción de tutela en tratándose del mínimo vital de personas discapacitadas. 3º. Naturaleza del contrato de seguro. 4º. El fenómeno de la prescripción dentro de los contratos de seguro y, 5º. La fecha de estructuración de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales invocados y se ordena hacer efectiva la póliza de vida mencionada.
Recibo Relatoria   10-12-2013 0:00


Item 315    Expediente   T-3764316    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-310/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    EDWIN ENRIQUE CARRANZA PELAEZ EN REPRESENTACION DE ESTEFANIA CARRANZA GONZALEZ VS. ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS E.P.S. AMBUQ CESAR Y OTRO

Tema

Se instaura la acción de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales de una menor de edad a quien las entidades demandadas le negaron el suministro de un medicamento prescrito por el médico tratante, argumentando no estar incluido dentro del POS y carecer de registro sanitario del INVIMA. La Sala de Revisión hace un repaso jurisprudencial sobre la procedencia de la acción de tutela frente al derecho a la salud tratándose de menores de edad y el suministro de medicamentos que, además de estar excluidos del POS, no cuentan con registro sanitario del INVIMA. Se TUTELAN los derechos fundamentales
Recibo Relatoria   25-2-2014 0:00


Item 316    Expediente   T-3768635    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-311/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    OSCAR CLAVIJO BUSTOS VS. JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS DE VALLEDUPAR

Tema

Debido proceso, información. Tutela contra providencia judicial. Considera el actor que el despacho judicial accionado violó sus derechos fundamentales al no contestar la solicitud que presentara respecto al hecho de oficiar al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar para que enviara, en el menor tiempo posible, los documentos originales necesarios para tramitar la redención de su pena y solicitar su libertad condicional por cumplir las 2/3 partes de la condena. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el derecho de petición de las personas privadas de la libertad y tras constatar que la pretensión formulada en sede de tutela fue satisfecha, la Sala de Revisión decidió declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. Pese a lo anterior, advirtió a los accionados que no vuelvan a incurrir en conductas que atenten contra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y que cumplan adecuadamente, dentro del término que les sea otorgado, los requerimientos judiciales conducentes a que los internos puedan acceder a una oportuna y eficaz administración de justicia.
Recibo Relatoria   28-2-2014 0:00


Item 317    Expediente   T-3750091    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-312/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    BLANCA ALCIRA SALAZAR PEREZ VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Tema

Considera la accionante que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales así como los de su núcleo familiar, con el hecho de no haberla indemnizado o reparado de manera integral por los daños que les ocasionó el desplazamiento forzado del cual fueron víctimas. Se analiza temática relacionada con los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado y la procedencia excepcional y subsidiaria de las condenas en abstracto. Se decide CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la igualdad y, ordenar a la accionada realizar el proceso de caracterización para verificar las condiciones de vulnerabilidad de la accionante y su núcleo familiar, determinando la prioridad y el turno de entrega de las prerrogativas legales a las que tiene derecho.
Recibo Relatoria   27-2-2014 0:00


Item 318    Expediente   T-3762325    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-314/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    MARIA DIOSA EDILMA AGUDELO DE GALEANO COMO AGENTE OFICIOSA DE SU HIJO WILDER YEIDFRITH GALEANO AGUDELO VS. ALCALDIA DE ITAGUI Y OTRO

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se presenta la acción de tutela en favor de una persona de 31 años de edad que padece esquizofrenia. La actuación que se alega como vulneradora de derechos fundamentales es la negativa de la entidad accionada de entregar un medicamento prescrito al representado por su médico tratante, bajo el argumento de que dicha medicina sólo se suministra a las personas clasificadas en el SISBEN dentro de los estratos 1 y 2 y no a los del estrato 3, donde se encuentra inscrito el paciente. En sede de revisión la Sala tuvo conocimiento de que el medicamento reclamado a través de la demanda de tutela había sido suministrado y por ello, decidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Pese a lo anterior, previno a las accionadas para que en ningún caso, dentro de similares circunstancias, vuelvan a negar o retardar la entrega de las medicinas o la realización de los procedimientos de salud que le sean prescritos por el médico tratante al representado en el presente asunto.
Recibo Relatoria   8-7-2013 0:00


Item 319    Expediente   T-3723842    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-315/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    MUNICIPIO DE SOACHA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. El municipio de Soacha (Cundinamarca) interpone la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, alegando que esta autoridad judicial incurrió en vía de hecho por incurrir en defectos sustantivo y fáctico, al haber resuelto en segunda instancia una acción de grupo promovida por los residentes de la Urbanización Parque del Sol II, en la condenó al municipio a pagar unas sumas de dinero a actores populares, sin tener en cuenta que, como consecuencia de una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación, la entidad territorial hizo entrega gratuita a esas familias de unos inmuebles nuevos, a fin da dar cumplimiento a la orden de reubicación allí adoptada. A su juicio, con esa decisión judicial se terminó indemnizando doblemente a los residentes de la precitada urbanización. La Sala de Revisión reitera la jurisprudencia constitucional en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales y constata que no se encuentran acreditados ni demostrados los elementos necesarios para considerar que, en efecto, se está frente a la configuración de un perjuicio de carácter irremediable que haga procedente la acción constitucional. Se decide confirmar las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTE el amparo constitucional deprecado.
Recibo Relatoria   28-6-2013 0:00


Item 320    Expediente   T-3754776 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-316/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    MONICA ORTIZ ROMERO Y OTRO VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE MOMIL, CORDOBA Y OTRO

Tema

Debido proceso, igualdad, mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el primer caso se analizó la situación de una persona que fue desvinculada de su puesto de trabajo como consecuencia del proceso de reestructuración de la entidad territorial donde laboraba, sin que en dicha actuación se tuviera en cuenta la condición de madre cabeza de familia que alegó. La actora solicitó la reincorporación a la planta de personal del ente municipal. En el segundo asunto se demandó en sede de tutela la decisión judicial que denegó las pretensiones planteadas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por el actor en contra del acto administrativo expedido por el SENA para incorporar funcionarios a la planta de personal, al igual que contra el oficio mediante el cual fue retirado de dicha institución. La vulneración de derechos en este último expediente se predicó por la ocurrencia de un defecto fáctico derivado del hecho de que en la decisión judicial no se tuvo en cuenta las pruebas que sustentaban que el actor era acreedor de la protección reforzada derivada del retén social, con fundamento en su calidad de padre cabeza de familia. Luego del análisis detallado de cada solicitud de amparo, la Sala de Revisión decidió, en el primer expediente, confirmar la decisión de segunda instancia que NEGÓ la tutela impetrada y, en el segundo, CONCEDERLA, tras concluir que se presentó un defecto fáctico por omisión arbitraria en la valoración de las pruebas válidamente allegadas al proceso administrativo.
Recibo Relatoria   15-5-2014 0:00


Item 321    Expediente   T-3758751    Fecha sentencia   23-5-2013 0:00    Sentencia   T-316A/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    YENITH LILIANA ROJAS TAPIERO EN REPRESENTACION DE SU HIJA ANA SOFIA COBALEDA ROJAS VS. SOLSALUD E.P.S.S Y OTRO

Tema

Se presentó la acción de tutela en representación de una menor de dos años de edad que tiene un diagnóstico de malformación congénita pulmonar. El médico tratante ordenó una intervención quirúrgica del pulmón y la previa realización de un examen denominado angiorresonancia pulmonar con contraste, con el objeto de facilitar la cirugía. La madre de la niña solicitó a SOLSALUD E.P.S.S la atención integral para su hija, la autorización del examen y el pago de los gastos de transporte y manutención, en caso de que el mismo fuera programado en una ciudad diferente a Neiva y esta petición no obtuvo respuesta alguna. Aunque en sede de revisión se constató que la accionada autorizó el examen referido en cumplimiento de la medida provisional decretada por el juez de primera instancia, se encontró que la E.P.S. no facilitó los trámites administrativos pertinentes para que a la niña se le practicara el mismo, hecho que llevó a que los médicos tratantes realizaran la cirugía, pese a los riesgos que implicaba hacerlo sin contar con dicho estudio. La Corte considera que la accionada incumplió sus obligaciones legales y constitucionales y por ello, ordena el suministro del tratamiento integral en salud que requiere la menor, para la completa recuperación de la enfermedad diagnostica. Se declara la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un DAÑO CONSUMADO, se informa a la accionante que puede acudir a las vías judiciales ordinarias a fin de que allí se resuelva si se presentó responsabilidad civil, médica, penal, ética o de otra índole. De manera simultánea se previene a la accionada para que no vuelva a incurrir en un comportamiento igual al del presente caso y se compulsa copias a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia. Igualmente, se ordena a la E.P.S. accionada realizar capacitación a sus funcionarios sobre el derecho fundamental a la salud de los niños y el acceso a los procedimientos contemplados en el POS.
Recibo Relatoria   7-10-2013 0:00


Item 322    Expediente   D-9393    Fecha sentencia   28-5-2013 0:00    Sentencia   C-318/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    RAUL HUMBERTO GONZALEZ FLECHAS VS. LEY 1098 DE 2006, ARTICULO 175 PARAGRAFO UNICO

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo único del artículo 175 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Considera el demandante que la norma acusada, la cual prohíbe la aplicación del principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes respecto de hechos que pueden significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma, vulnera los artículos 44, 45, 53 y 93 de la Constitución Política, en los que se reconocen los principios de protección especial y preservación del interés superior de los niños. La Corte evidenció la falta de pertinencia y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad y decidió declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   16-1-2014 0:00


Item 323    Expediente   D-9341    Fecha sentencia   28-5-2013 0:00    Sentencia   C-319/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    EUDORO ECHEVERRI QUINTANA Y OTROS VS. LEY 393 DE 1997, ARTICULO 16 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16 (parcial) de la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. Los demandantes consideran que la expresión normativa acusada, que determina la improcedencia de todo recurso durante el trámite de la acción de cumplimiento, excepto la impugnación contra la sentencia y la reposición contra el auto que deniegue pruebas, vulnera la Carta Política. Precisan que, respecto de otras decisiones de importancia en el trámite de la acción de cumplimiento, particularmente el rechazo de la demanda, quedarían desprovistas de control judicial por un superior jerárquico. La Corte determinó que la exclusión de recursos contra las providencias que se dicten en el trámite de la acción cumplimiento, salvo la sentencia y el auto que niega pruebas, constituye una medida razonable y proporcionada que se enmarca dentro de la potestad de configuración del legislador y no vulnera el derecho de defensa, ni el acceso a la administración de justicia. La expresión acusada se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados en la sentencia.
Recibo Relatoria   25-7-2013 0:00


Item 324    Expediente   T-3463456    Fecha sentencia   28-5-2013 0:00    Sentencia   T-317/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La Registraduría Nacional del Estado Civil demanda en sede de tutela las decisiones adoptadas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado en su contra, a través de las cuales se declaró la nulidad de una resolución de insubsistencia y se le ordenó reintegrar al demandante y pagarle los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de retiro hasta el reintegro. Las autoridades judiciales argumentaron que si bien la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción es una decisión discrecional del nominador, ésta no puede ser arbitraria y debe fundarse en la normativa aplicable y responder a razones proporcionadas orientadas al mejoramiento del servicio. La entidad accionante considera que los fallos judiciales acusados incurrieron en defecto fáctico, al valorar indebidamente las pruebas aportadas al expediente, esto es, el expediente de una investigación penal, testimonios, la queja de la red de veeduría ciudadana de Cartagena y reportajes de varios medios de comunicación escritos. De manera preliminar la Sala establece previamente la legitimación por activa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para interponer acciones, por ser una persona jurídica de derecho público y el cumplimiento de los requisitos generales exigidos por la jurisprudencia para atacar, por vía de tutela, providencias judiciales. De manera posterior analiza temática relacionada con la función electoral como instrumento para garantizar el principio democrático constitucional y aspectos relacionados los cargos de libre nombramiento y remoción, tales como la confianza como criterio determinante, la discrecionalidad y la desvinculación por pérdida de confianza. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efectos la decisión judicial de segunda instancia adoptada dentro del proceso de nulidad de restablecimiento del derecho y se ordena al tribunal accionado proferir una nueva sentencia. Se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciar los trámites para convocar el concurso o concursos públicos necesarios para proveer todos los cargos de carrera que en la actualidad sean ejercidos en provisionalidad. Se concede un plazo de dos años para culminar los concursos y proveer los respectivos cargos.
Recibo Relatoria   15-7-2013 0:00


Item 325    Expediente   T-3775130    Fecha sentencia   30-5-2013 0:00    Sentencia   T-320/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    HERMENCIA CASTAÑEDA VERGEL EN REPRESENTACION DE SU MADRE GLADYS ESTHER VERGEL DE CASTAÑEDA VS. DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

Tema

Alega la accionante que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional vulnera los derechos fundamentales de su progenitora, con ocasión de la entrega de los medicamentos prescritos por el médico tratante en la ciudad de Bucaramanga, a sabiendas que la usuaria reside en Ocaña y no cuenta con los recursos económicos suficientes para trasladarse todos los meses a dicha ciudad para reclamarlos. Se solicita en la acción de tutela que se ordene a la demandada suministrar en el domicilio de la paciente la totalidad de los medicamentos que le son ordenados, que se le brinde además un tratamiento médico integral conforme a su diagnóstico de depresión y que se autorice a la entidad recobrar ante el FOSYGA la entrega de medicamentos NO POS que le son formulados. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la salud y el suministro oportuno de medicamentos y, 2º. La cobertura del régimen especial de Seguridad Social en Salud de las Fuerzas Militares y de Policía. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la integridad personal y se imparte la orden a la accionada de entregar los medicamentos que requiere la paciente para tratar la patología de depresión recurrente que padece, de acuerdo con la prescripción y la periodicidad establecida por el médico tratante y, en virtud de la regla de portabilidad nacional prevista en el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011, se le hace una exhortación.
Recibo Relatoria   18-11-2013 0:00


Item 326    Expediente   T-3776127    Fecha sentencia   30-5-2013 0:00    Sentencia   T-321/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    BRIGITTE LIZETH VARGAS CORREA VS. COMFAMA E.P.S.

Tema

Solicita la accionante que se protejan los derechos fundamentales de su menor hija y que de manera consecuente se ordene a la accionada garantizar el tratamiento integral que requiere la niña, derivado del diagnóstico de síndrome DiGeorge que padece. Solicita igualmente que se le autorice las atenciones en salud pendientes y que se le exonere de copagos, cuotas moderadoras y de recuperación. La Sala de Revisión considera que la presente acción de tutela es IMPROCEDENTE por cuanto la entidad accionada no ejecutó ninguna conducta por acción u omisión que vulnerara o amenazara los derechos fundamentales alegados.
Recibo Relatoria   17-7-2013 0:00


Item 327    Expediente   T-3764947    Fecha sentencia   30-5-2013 0:00    Sentencia   T-322/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    HORACIO ARIAS OSPINA VS. CAJANAL

Tema

La conducta que genera la vulneración de derechos fundamentales está asociada con la negativa de CAJANAL de reconocerle y pagarle al actor la indemnización sustitutiva de la pensión, bajo el argumento de haber dejado de efectuar cotizaciones al Sistema con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y porque para ese momento, no contaba aún con la edad requerida para acceder a la pensión de vejez. La Sala de Revisión reitera la siguiente jurisprudencia constitucional: 1º. el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de prestaciones sociales y, 2º. El derecho a la indemnización sustitutiva a favor de las personas que efectuaron cotizaciones al Sistema con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   18-11-2013 0:00


Item 328    Expediente   T-3768690    Fecha sentencia   30-5-2013 0:00    Sentencia   T-323/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    HUGO CARVAJAL FLOREZ VS. SANITAS E.P.S.

Tema

En este asunto el demandante presentó solicitud de tutela contra Sanitas E.P.S., invocando la protección de sus derechos fundamentales a la salud, al diagnóstico y a la vida digna, los que consideró vulnerados por la entidad al no brindarle un tratamiento integral para la diabetes que padecía y que requería de manera previa a la práctica de una cirugía de prostatectomía abierta que le fue ordenada por su médico tratante adscrito a la entidad. La vulneración también se alega por la falta de pronunciamiento respecto al examen prescrito por un especialista externo a la E.P.S., para establecer la viabilidad de la cirugía por medio de la técnica de láser verde. La Sala reitera precedentes constitucionales relacionados con: 1º. El carácter fundamental autónomo del derecho de la salud. 2º. El derecho fundamental a la salud de las personas de la tercera edad y, 3º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para poder ordenar el suministro de tratamientos, procedimientos o medicamentos excluidos del POS. En sede de revisión la Sala conoció que al actor se le practicó una cirugía de ablación prostática con láser de luz verde sin complicación y que la misma fue realizada por médico especialista particular, cuyo costo fue asumido por el actor. A pesar de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, la Sala impartió una serie de órdenes a la accionada y la previno para que no vuelva a incurrir en conductas como las que dieron origen a la presentación de la presente acción de tutela y garantice todos los servicios y el tratamiento integral de salud que requieran sus afiliados.


Recibo Relatoria   5-7-2013 0:00


Item 329    Expediente   T-3809270    Fecha sentencia   30-5-2013 0:00    Sentencia   T-324/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JOHN ALEXANDER BARRIOS BUITRAGO VS. JUZGADO TREINTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se demanda en este caso la sentencia judicial proferida dentro de un proceso ejecutivo singular iniciado por el actor, en la cual se declaró probada la excepción de inexigibilidad de la obligación y se decretó la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares. Se alega vulneración de derechos fundamentales al haber incurrido dicha decisión en defectos fáctico y sustantivo, debido a la falta de valoración probatoria, así como a la aplicación de un marco jurídico no procedente para el caso. La Sala analiza temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, los requisitos generales y especiales de esta procedencia y el defecto fáctico como causal específica de procedibilidad. Se revocan las sentencias que negaron el amparo solicitado y en su lugar se declara la improcedencia de la acción de tutela impetrada.
Recibo Relatoria   5-7-2013 0:00


Item 330    Expediente   T-3811242    Fecha sentencia   2-6-2013 0:00    Sentencia   T-391/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS VS. ISS EN LIQUIDACION Y OTRO

Tema

En este caso se acude a la acción de tutela para procurar la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales se consideran vulnerados por el ISS en liquidación, hoy COLPENSIONES, como consecuencia de haberle negado al actor el reconocimiento de la pensión de vejez, tras omitir en el estudio de la petición los aportes efectuados a Cajas de Previsión Social del Sector Público. Se revisa jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver conflictos relacionados con el reconocimiento de prestaciones de carácter pensional. 2º. La seguridad social y su carácter de derecho fundamental. 3º. La pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida. 4º. El régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y, 5º. La pensión de jubilación por aportes regulada en la Ley 71 de 1988. Se TUTELAN los derechos fundamentales invocados y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
Recibo Relatoria   13-12-2013 0:00


Item 331    Expediente   OG-143    Fecha sentencia   5-6-2013 0:00    Sentencia   C-328/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SV ARR
Demandante / Demandado    OBJECIONES GUBERNAMENTALES AL PROYECTO DE LEY 095-11 SENADO Y 024-10 CAMARA VS.

Tema

Objeciones Gubernamentales al Proyecto de Ley 095/11 Senado y 024/10 Cámara, por medio del cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios y poseedores de vehículos automotores hurtados. La Sala Plena evidenció la omisión del requisito de votación nominal y pública en las plenarias de las Cámaras del informe de objeciones gubernamentales, lo que conllevó a la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria   10-7-2013 0:00


Item 332    Expediente   D-9352    Fecha sentencia   5-6-2013 0:00    Sentencia   C-329/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JUAN CARLOS TRIVIÑO TORO VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 128, INCISO 2

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 128, inciso 2º (parcial), de la Ley 1474 de 2011. Considera el demandante que el texto normativo acusado vulnera los artículos 1, 267 y 272 incisos 1 y 2 de la Constitución Política, pues desconoce la descentralización y autonomía del control fiscal territorial. Lo anterior, por cuanto al crear la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, facultada para adelantar auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos de impacto nacional, se permite un control fiscal sobre los recursos endógenos de las entidades territoriales. La Corte encontró que el actor no cumplió en debida forma con los requisitos que se exigen para la formulación de cargos de inconstitucionalidad, en particular, con los elementos de certeza y suficiencia del concepto de violación, en la medida en que de la norma acusada no se desprenden las apreciaciones señaladas. La Sala se declara INHIBIDA para estudiar de fondo el aparte demandado, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   10-7-2013 0:00


Item 333    Expediente   D-9386    Fecha sentencia   5-6-2013 0:00    Sentencia   C-330/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    ENOC RODRIGUEZ GOMEZ VS. LEY 906 DE 2004

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 283, 286 (parcial), 288 (parcial), 293 (parcial, 348, 350, 351, 356, 367 (parcial) y 368 de la ley 906 de 2004. El actor considera que los apartes normativos acusados resultan incompatibles con los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, al no prever diferencias de trato entre imputables e inimputables durante la etapa de formulación de la imputación, aceptación de los mismos y celebración de acuerdos con la Fiscalía General de la Nación. Al considerar que existen problemas de certeza, pertinencia y claridad de la demanda y, en atención a que se discute la existencia eventual de una omisión legislativa absoluta, la Corporación se declara INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los cargos de la demanda.
Recibo Relatoria   4-7-2013 0:00


Item 334    Expediente   D-9431    Fecha sentencia   5-6-2013 0:00    Sentencia   C-331/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    OSCAR JULIAN MEDINA RUIZ VS. DECRETO 1400 DE 1970, ARTICULO 150

Tema

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 150 del Decreto 1400 de 1970, por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. En este asunto la Corte Constitucional analizó si el texto normativo demandado vulneraba el derecho a la igualdad y la neutralidad de la función judicial, al no contemplar causales de tipo subjetivo relacionadas con la conciencia, la ideología y la moralidad del funcionario, dentro de las causales de recusación e impedimento de los magistrados, jueces y conjueces. Así mismo, razonó si incurrió el legislador en una omisión legislativa relativa que vulnerara los precitados derechos, al reconocer en el artículo acusado, de manera taxativa, unas causales de carácter objetivo dejando de lado situaciones subjetivas. La Corte determinó que el demandante no cumplió con los requisitos exigidos para poder entrar a decidir de fondo el cargo formulado por vulneración de la igualdad y la presunta omisión legislativa relativa, invocadas. Se declara INHIBIDA para decidir de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   10-7-2013 0:00


Item 335    Expediente   D-9514    Fecha sentencia   5-6-2013 0:00    Sentencia   C-332/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JULIAN ARTURO POLO ECHEVERRI VS. LEY 1564 DE 2012, INCISO CUARTO Y PARAGRAFO DEL ARTICULO 206

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso cuarto y del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. El actor solicita que se declare la inexequibilidad de los partes normativos acusados, por vulnerar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política. La Corte decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-157/13, respecto del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 y ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-279/13 respecto del inciso cuarto del referido artículo.
Recibo Relatoria   22-7-2013 0:00


Item 336    Expediente   T-3762301    Fecha sentencia   5-6-2013 0:00    Sentencia   T-326/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LAURA MARIA MEDINA PALENCIA VS. ISS EN LIQUIDACION Y OTRO

Tema

La actora solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de su difunto hijo, en la media que ella dependía económicamente de él. El Instituto negó la prestación alegando que la petente se encontraba cotizando al Sistema de Seguridad Social en Salud al momento del fallecimiento del causante, hecho que evidenciaba el incumplimiento del requisito de la dependencia económica. La actora indicó que hace aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, por recibir una pensión de invalidez. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. Procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho a la seguridad social, en especial la pensión de sobrevivientes. 2º. Requisitos necesarios para acceder a dicha prestación en el caso de ascendientes y análisis de condición de dependencia económica frente al causante. Se concluye que, la entidad accionada al negar la pensión a una persona inválida sin contar con la certeza de que tuviera cubiertas las necesidades básicas, incurrió en una actuación reprochable debido a que vulneró derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad. Se CONCEDE la tutela definitiva al derecho a la seguridad social y al mínimo vital de la actora y se ordena a COLLPENSIONES reconocer y pagar la pensión de sobrevivencia que corresponda
Recibo Relatoria   31-7-2013 0:00


Item 337    Expediente   T-3782001    Fecha sentencia   5-6-2013 0:00    Sentencia   T-327/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    EZEQUIEL ALARCON MENDEZ VS. ISS Y OTROS

Tema

En este asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la empresa Chevron Petroleum Company y del ISS, respectivamente por: 1º. No hacer la transferencia de los aportes a pensión que se habrían causado en vigencia de la relación laboral que sostuvo el actor con la empresa petrolera y, 2º. Al negar el fondo administrador la pensión de vejez. Previamente a resolver el caso en concreto se analiza la posible configuración de una actuación temeraria y una cosa juzgada constitucional. La Sala encuentra una situación fáctica y normativa que no fue analizada en los procesos de tutela tramitados con anterioridad y, con dicho fundamento y en virtud de la situación de debilidad manifiesta del demandante, sus problemas de salud y el hecho de haber cotizado más de 300 semanas al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, lo que le podría eventualmente darle derecho a una pensión de invalidez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y la jurisprudencia de la Corporación, TUTELA los derechos a la seguridad social en su faceta de garantía a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y al acceso a la administración de justicia. De manera consecuente, se ordena a COLPENSIONES iniciar las gestiones necesarias para dictaminar esta pérdida de capacidad laboral y se le advierte que debe tomar las medidas oficiosas que sean del caso para garantizar que el expediente de calificación cuente con la documentación clínica necesaria para arribar a una decisión cierta sobre la condición médica integral y real del paciente. Se dispone informar al actor sobre la posibilidad que le asiste de buscar la pensión de invalidez y la de acudir al proceso judicial ordinario ante los jueces del trabajo y la seguridad social, para discutir en dicha jurisdicción el traslado de los aportes que estima adeudados por parte de la empresa Chevron Petroleum Company.
Recibo Relatoria   31-7-2013 0:00


Item 338    Expediente   T-3775923    Fecha sentencia   11-6-2013 0:00    Sentencia   T-333/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LIBARDO BAUTISTA USECHE VS. I.N.G. PENSIONES Y CESANTIAS Y OTRO

Tema

Se interpone la acción de tutela en contra de ING PENSIONES Y CESANTIAS y la NUEVA E.P.S., alegando vulneración de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la igualdad del actor, en cuanto se abstuvieron de pagar las incapacidades subsiguientes a los primeros 180 días que le reconoció la E.P.S.. Se analiza temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago de incapacidades laborales, las incapacidades laborales por enfermedad común que superen los 180 días y la responsabilidad de los empleadores, E.P.S. y administradoras de pensiones en su reconocimiento y pago. Se concluye que: 1º. La NUEVA E.P.S. obstaculizó la continuidad en el pago de las incapacidades laborales del accionante, al no haber remitido oportunamente a la AFP el concepto favorable de rehabilitación. 2º. Las AFP son responsables directas del pago de las incapacidades laborales posteriores a 180 días Y, 3º. Las decisiones de las compañías aseguradoras no son oponibles al afiliado. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos.
Recibo Relatoria   5-8-2013 0:00


Item 339    Expediente   D-9371    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   C-334/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    SANTIAGO ALBERTO GUTIERREZ VALENCIA VS. LEY 599 DE 2000, ARTICULO 342

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 342 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. El demandante considera que el artículo acusado vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución Política al señalar que el legislador desbordó los límites impuestos por la Constitución en materia punitiva, al consagrar un incremento automático injustificado de la pena del delito de concierto para delinquir, cuando el sujeto activo sea miembro o ex miembro de la Fuerza Pública o de organismos de seguridad del Estado. La Corporación analiza la siguiente temática: 1º. La libertad de configuración del legislador en materia penal. 2º. La libertad de configuración en la determinación de las causales de agravación y atenuación. 3º. La criminalidad organizada y, 4º. El concierto para delinquir. Para la Corte, la agravación de la pena aplicable a los delitos de concierto para delinquir y entrenamiento para actividades ilícitas, en el evento de que sean cometidos por miembros activos o retirados de la fuerza publica o de organismos de seguridad del Estado, constituye un desarrollo razonable y proporcionado de la potestad de configuración legislativa en materia penal. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   15-7-2013 0:00


Item 340    Expediente   D-9415    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   C-335/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV MVCC, AV LEVS
Demandante / Demandado    EDISON HERNANDO ACOSTA BECERRA VS. LEY 1257 DE 2008, ARTICULO 9, NUMERAL 5

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008. el actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la Constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la mujer en la jurisprudencia de la Corporación y, 5º. El control social y las sanciones sociales en el Estado Social de Derecho. La Corte concluyó que las medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho internacional de los derechos humanos. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   15-7-2013 0:00


Item 341    Expediente   D-9346    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   C-336/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MGC, AV NPP
Demandante / Demandado    DIONISIO ENRIQUE ARAUJO ANGULO VS. ACTO LEGISLATIVO 6 DE 2011, ARTICULOS 1 Y 3 (PARCIALES)

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1 (parcial) y 3 (parcial) del Acto Legislativo 6 de 2011. El demandante solicita que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas y que de manera consecuente se module el texto para señalar como indispensable para su aplicación, la expedición de una ley reglamentaria. Invoca como directamente violados los artículos 9, 29, 93, 94 y 214-2 de la Constitución, el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte evidenció la ausencia de la carga argumentativa exigida respecto del elemento definitorio de la Constitución Política, lo que impidió que pudiera entrar a efectuar el juicio de sustitución de la Constitución propuesto en la demanda. La Sala resolvió INHIBIRSE para proferir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   22-7-2013 0:00


Item 342    Expediente   T-3764395    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   T-337/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Demandante / Demandado    SAMUEL MARTINEZ MARIN VS. CAFESALUD E.P.S.S Y OTRO

Tema

Se instaura la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales del actor a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social y, consecuentemente, para que se ordene a la accionada autorizar no solo el transporte y los viáticos que necesita para desplazarse de su lugar de residencia a la ciudad donde le practicarán una valoración con cirugía vascular, sino exonerarlo de los copagos y cuotas moderadoras de los servicios prestados. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud. 2º. Reglas jurisprudencias sobre el cubrimiento de las E.P.S. de los gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes. 3º. Aplicación de las normas relativas a pagos moderadores cuando las personas requieren el suministro de insumos, medicamentos o tratamientos y carece de recursos económicos suficientes para efectuar tal pago. Se CONCEDE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   16-1-2014 0:00


Item 343    Expediente   T-3769987    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   T-338/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    CONSUELO ALEXANDRA MONTAÑAS DUEÑAS VS. FISCALIA GENERAL DE LA NACIN

Tema

En este asunto la accionante solicita que a través de la acción de tutela se deje sin efectos el acto administrativo proferido por la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se ordenó, con fundamento en la necesidad del servicio, su traslado laboral de la ciudad de Bogotá, D.C, a la de Quibdó (Chocó). Como medida provisional solicita que se ordene la inmediata suspensión del cumplimiento de la resolución atacada. La Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos por medio de los cuales se ordena un traslado laboral, y 2º. La aplicación del ius variandi en la Fiscalía General de la Nación, cuya planta es global y flexible. Se decide dejar sin efectos la resolución demandada y ordenar a la accionada traslada a la actora al cargo que se encontraba desempeñando al momento de su traslado o, a uno equivalente dentro de la planta de personal de la entidad, en la ciudad de Bogotá D.C.
Recibo Relatoria   22-1-2014 0:00


Item 344    Expediente   T-3770486 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   T-339/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Demandante / Demandado    WILLIAM OSWALDO NARANJO GOMEZ COMO AGENTE OFICIOSO DE JOSE SINFOROSO GALVIS PABON Y OTROS VS. NUEVA E.P.S. Y OTROS

Tema

Salud, vida digna, integridad personal. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En este asunto se revisaron conjuntamente tres casos en los cuales los accionantes son personas de la tercera edad que, padeciendo insuficiencia renal crónica en fase terminal, les fue negada por las distintas E.P.S. accionadas la prestación del servicio de transporte en ambulancia que requerían, para asistir a las instituciones donde les iban a practicar el procedimiento de diálisis que les fue ordenado. La Sala reitera el precedente constitucional relacionado con: 1º. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 2º. El principio de integralidad en la prestación del servicio de salud. 3º. La accesibilidad a los servicios de salud como derecho preferente de las personas de la tercera edad. 4º. El transporte intermunicipal o intraurbano, privado o en ambulancia, como el medio indispensable para acceder a un servicio de salud autorizado. La Sala de Revisión realiza igualmente un análisis de cada caso y de acuerdo a las particularidades específicas de los mismos adopta las decisiones pertinentes.
Recibo Relatoria   2-5-2014 0:00


Item 345    Expediente   T-3776750    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   T-340/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    BLANCA CENELIA ESTRADA CORREA Y OTROS VS. MUNICIPIO DE MANIZALES Y OTROS

Tema

Los actores solicitan el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso, los cuales consideran vulnerados por las entidades demandadas al haber ordenado dentro de un proceso de expropiación, la entrega inmediata del inmueble que habitaban por más de veinte años, en virtud de la declaratoria de utilidad pública del mismo para dar paso a un macroproyecto de interés social. La Sala decidió declarar la carencia actual de objeto por haberse configurado un HECHO SUPERADO, en la medida en que la orden de entrega anticipada del inmueble propiedad de los actores nunca se realizó y por ende, la vulneración alegada no se concretó.
Recibo Relatoria   22-1-2014 0:00


Item 346    Expediente   T-3766402    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   T-341/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JAIRO RUUIZ NARVAEZ VS. POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Tema

En el año 2007 el actor sufrió un accidente de trabajo que comprometió seriamente la funcionalidad de su ojo derecho. Luego de haber sido sometido a siete intervenciones quirúrgicas el médico tratante diagnosticó glaucoma absoluta y tras solicitar la pérdida de la capacidad laboral a la ARL, la petición fue despachada desfavorablemente en el 2012, invocando la presunta prescripción de los derechos laborales y asistenciales reclamados. Se instaura la acción de tutela invocando la protección de derechos fundamentales y en consecuencia, solicitando que se ordena a la accionada calificar la pérdida de la capacidad laboral, sin ningún costo. Encuentra la Sala que el problema jurídico inicialmente planteado no es el llamado a resolverse, debido a que la calificación de la pérdida de la capacidad laboral solicitada ya se surtió, aunque sin la participación de la Administradora de Riesgos Laborales obligada. Se destaca que la posible vulneración de las garantías fundamentales se dio por la omisión de las obligaciones a cargo de los actores del SGRP vinculados en el asunto y por las posibles irregularidades en el proceso de la calificación de invalidez y determinación del origen de la afección del accionante ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Se analiza la siguiente temática: 1º. Obligaciones que asumen las entidades administradoras de riesgos profesionales frente a los trabajadores que sufren pérdida de la capacidad laboral por eventos de origen profesional y, 2º. Observancia del debido proceso en los trámites de calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación del origen de la misma. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   21-8-2013 0:00


Item 347    Expediente   T-3770768    Fecha sentencia   13-6-2013 0:00    Sentencia   T-342/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV ARR
Demandante / Demandado    JORGE OCTAVIO ORTIZ ALVAREZ VS. COEDUCADORES Y OTRO

Tema

Al accionante le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica y a raíz de ello le calificaron la pérdida de la capacidad laboral en un 97%. La Secretaría de Educación de Boyacá lo retiró del servicio activo y de manera simultánea le reconoció la pensión por invalidez. El actor había adquirido varios créditos con Coeducadores y los mismos fueron garantizados con una póliza de seguros suscrita con la firma Equidad Seguros, a quien se le solicitó asumir los saldos insolutos a la fecha de ocurrencia del siniestro. Esta petición fue denegada por improcedente, al concluir que analizada la documentación que soporta el caso, el padecimiento era preexistente a la adquisición de los créditos y por tanto, el riesgo se volvía inasegurable. Se analiza jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra empresas particulares del sistema financiero y asegurador y sobre los límites constitucionales a la libertad contractual en el ejercicio de las actividades que involucren un interés público. Se dispone TUTELAR los derechos a la vida, al mínimo vital, a la familia, a la alimentación, a la salud y a la dignidad humana del actor y, en consecuencia, ordenar a la aseguradora accionada efectuar el trámite necesario para pagar a Coeducadores Boyacá, como tomador de la póliza de seguros de vida grupo deudores, los saldos insolutos de las obligaciones crediticias adquiridas por el actor con dicha entidad.
Recibo Relatoria   14-8-2013 0:00


Item 348    Expediente   T-3775126    Fecha sentencia   14-6-2013 0:00    Sentencia   T-344/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    JOSE DAVID DUITAMA BORDA VS. MISION DIPLOMATICA DE ESPAÑA EN COLOMBIA

Tema

En este caso se analiza si la Embajada de España vulneró derechos fundamentales del actor al no responder la petición que él elevara para solicitar el reconocimiento de algunas prestaciones sociales que a su juicio le adeudada en virtud del contrato laboral celebrado en 1978, el cual estuvo vigente entre las partes hasta comienzos del año 2012. La accionada argumentó no estar obligada a dar respuesta, con fundamento en la figura de inmunidad de jurisdicción. La Sala reitera la ratio decidendi de la sentencia T-667/11, en la cual la Corporación estableció que no se viola la inmunidad y los privilegios que gozan los órganos de derecho internacional, por dar una respuesta a las solicitudes respetuosas presentadas por ciudadanos, atendiendo el criterio de subordinación entre la misión o delegación y la persona y que de la respuesta la a petición dependa el goce efectivo de los derechos constitucionales del solicitante, especialmente, al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social. Se PROTEGE el derecho fundamental de petición y se declara la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, por la ausencia de un perjuicio irremediable y la existencia de un medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos laborales del actor.
Recibo Relatoria   2-8-2013 0:00


Item 349    Expediente   T-3765520    Fecha sentencia   14-6-2013 0:00    Sentencia   T-345/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ABRAHAM ALDANA GONZALEZ VS. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y OTRO

Tema

Con la presente acción de tutela se solicita ordenar a las entidades accionadas practicarle al actor la cirugía reconstructiva maxilofacial que requiere, como procedimiento idóneo para avanzar en la recuperación integral de su salud, la cual se vio afectada tras ser sometido a una intervención quirúrgica para removerle un tumor maligno localizado en el labio superior y en la mejilla derecha. Alega el accionante que la demora en la práctica de la cirugía atenta contra sus derechos fundamentales y le imposibilita llevar una vida en condiciones dignas. El Instituto Nacional de Cancerología adujo que el actor es beneficiario de un tratamiento de quimioterapia y que de acuerdo al concepto de la Junta Médica Multidisciplinaria Oncológica realizada, se descartó el procedimiento quirúrgico reconstructivo, porque en casos como estos, se presenta una alta tasa de morbimortalidad sin que se mejore la calidad de vida del paciente. La Sala concluye que, una entidad encargada de los servicios de salud no vulnera el derecho a la salud de una persona al negarse a practicarle una intervención quirúrgica de la cual dependa la vida digna del paciente, pero de la que puede derivarse un inminente riesgo para su vida. No obstante precisa que, en estos casos la persona tiene el derecho a que se adopten las medidas transitorias de protección integral y a que se practique el servicio del cual depende su dignidad humana, una vez se den las condiciones idóneas para ello. Pese a NEGAR el amparo solicitado, ordena a Capital Salud E.PS. S realizar una valorización continua e integral de las condiciones físicas del demandante, para determinar con base en ello la eventual pertinencia o no del procedimiento solicitado, a partir del avance en sus condiciones de salud.


Recibo Relatoria   2-8-2013 0:00


Item 350    Expediente   T-3777440    Fecha sentencia   17-6-2013 0:00    Sentencia   T-346/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPC
Demandante / Demandado    CLAUDIA JOHANA NORIEGA GOMEZ VS. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, EN SUPRESION

Tema

La acción de tutela se presentó para solicitar el reintegro de la accionante a la entidad demandada, alegando que ésta vulneró derechos fundamentales al no renovar el contrato de prestación de servicios pactado, pese a encontrarse cobijada por fuero de maternidad. La Sala de Revisión primero verifica si se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, en general y, específicamente, si deben aplicarse las previsiones plasmadas en la sentencia SU070/13. Se concluye que: 1º. Institucionalmente el DAS en supresión, como entidad accionada, tenía pleno conocimiento del estado de embarazo de la accionante, desde antes de producirse la terminación del período pactado en el contrato. 2º. No se solicitó permiso al inspector de trabajo. 3º. Pese al proceso de supervisón en que se encuentra el DAS, es claro que no ha expirado el plazo previsto para ello, ni se ha producido el último acto de supresión. 4º. El área específica en la cual se ejecutó el contrato de prestación de servicios, emitió varias certificaciones sobre el cumplimiento satisfactorio del objeto y demás obligaciones estipuladas en el mismo. Todo lo anterior condujo a que se configurara vulneración de derechos fundamentales, en virtud de que se imponía la protección reforzada a la maternidad, la cual se trata de una protección no sólo de aquellas mujeres que se encuentran en el marco de una relación laboral sino, en general, de todas las mujeres. Se recuerda, que este fuero de maternidad busca impedir la discriminación constituida por el despido, la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión del embarazo o lactancia y que esta interpretación se debe extender a toda gestante, independientemente de la modalidad de contrato o forma de vinculación. Se TUTELAN los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo a la seguridad social y a la salud y se ordena la renovación del contrato de prestación de servicios, por el período faltante hasta lo que esté comprendido en el fuero de maternidad.
Recibo Relatoria   27-8-2013 0:00


Item 351    Expediente   T-3075424    Fecha sentencia   18-6-2013 0:00    Sentencia   T-347/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    HECTOR JAIME BELTRAN Y OTROS VS. INPEC Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Los peticionarios, en su condición de familiares de las personas víctimas de desaparición en los hechos del Palacio de Justicia ocurridos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, interpusieron la acción de tutela como mecanismo transitorio para salvaguardar sus derechos fundamentales a la justicia y a contar con un recurso eficaz, presuntamente vulnerados por el INPEC, el Ministerio de Interior y de Justicia y el Ministerio de Defensa, al designar como lugar de reclusión del Coronel ( r ) Luis Alfonso Plazas Vega, la Escuela de Infantería del Ejército Nacional y no la Penitenciaría la Picota de Bogotá. La Sala estudia temática relacionada con la subsidiariedad como requisito general de procedencia de la acción de tutela y el alcance de los derechos a las víctimas en el proceso penal. Se concluye que, ni a nivel nacional ni a nivel internacional se ha reconocido que la víctima tenga un derecho relacionado con el lugar de reclusión del sujeto activo de la conducta, por cuanto el mismo hace parte del cumplimiento de la pena y es de competencia exclusiva del Estado. Así mismo se concluye, que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr lo pretendido por los accionantes, esto es, decidir sobre el lugar de reclusión del Coronel ( r ) Luis Alfonso Plazas Vega, ya que debe ser en el proceso penal donde se determine dicho lugar. Se confirman las decisiones de instancia que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta.


Recibo Relatoria   25-6-2013 0:00


Item 352    Expediente   T-3818798    Fecha sentencia   18-6-2013 0:00    Sentencia   T-348/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    MARIA MELBA QUIGUANAS VALENCIA COMO AGENTE OFICIOSA DE LUNCINDA VALENCIA VS. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se incoa la acción de tutela en representación de una persona de 97 años de edad, quien tiene un delicado estado de salud y padece una parálisis total en todo su cuerpo. Se demanda a las Empresas Municipales de Cali EIC ESP por haber suspendido el servicio público de agua en la vivienda de la representada, por la mora en el pago de siete facturas y la reconexión ilegal efectuada. En sede de revisión la Sala pudo verificar la muerte de la agenciada y pese a ello estimó pertinente realizar algunas consideraciones en torno a la jurisprudencia constitucional aplicable al caso, con el fin de realizar ciertas advertencias a los jueces que lo revisaron y a la empresa de servicios demandada. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua, el contenido de este derecho y, 3º. La suspensión de los servicios públicos domiciliarios en los casos de mora en el pago de dos facturas sucesivas. Se concluye que, cuando se encuentran en grave riesgo los derechos fundamentales de una persona en condición de vulnerabilidad, la acción de tutela procede aún si existió una conexión fraudulenta al servicio público de agua potable, si se demuestra que no están recibiendo el líquido, pues éste es un elemento esencial para poder disfrutar de una vida en condiciones dignas, máxime si se trata de una persona mayor que debe recibir una especial protección, apoyo y solidaridad de la comunidad y de las instituciones. Se revocan las decisiones de instancia que negaron el amparo solicitado y en su lugar se declara improcedente por carencia actual de objeto. Se previene a la entidad demandada para que en lo sucesivo y atendiendo las consideraciones de la sentencia, antes de hacer uso de la facultad que tiene de suspender el servicio público de acueducto, verifique si el usuario se encuentra en una situación de vulnerabilidad que haga procedente el amparo a su derecho fundamental al agua y, en consecuencia, deba limitarse únicamente a cambiar la forma en que suministra el agua.
Recibo Relatoria   5-8-2013 0:00


Item 353    Expediente   T-3801638    Fecha sentencia   18-6-2013 0:00    Sentencia   T-349/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    YINNA PAOLA HERNANDEZ QUINTERO VS. FONVIVIENDA

Tema

La accionante es madre cabeza de familia y además es víctima del desplazamiento forzado derivado del conflicto interno que se vive en el país. Se interpone la acción de tutela en contra de FONVIVIENDA, por el hecho de no hacer efectivo el subsidio de vivienda para la población desplazada a favor de la actora, a pesar de haber sido calificada como apta en el año 2007. Pretende la demandante que en un término prudente se le asigne el respectivo subsidio y que se le defina un plan de vivienda para su caso, a través del cual pueda hacer efectivo el mismo. La Sala se pronuncia sobre los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela para garantizar la protección de los derechos fundamentales a las personas víctimas del desplazamiento forzado. 2º. La especial condición de vulnerabilidad de estas personas y el derecho a la vivienda digna que les asiste. 3º. El goce efectivo del derecho mediante la asignación y entrega de subsidios de vivienda y. 4º. La alteración excepcional de los turnos para obtener la entrega efectiva del referido auxilio. Se CONCEDE la protección invocada y se ordena a FONVIVIEND que, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad en que se encuentra la actora y su núcleo familiar, fije una fecha cierta y razonable en la cual procederá a hacer la entrega del subsidio familiar de vivienda de interés social del cual es beneficiaria.
Recibo Relatoria   5-8-2013 0:00


Item 354    Expediente   LAT 383    Fecha sentencia   19-6-2013 0:00    Sentencia   C-350/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE DEPOSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES Y DE LA LEY 1515 DE 2012 VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad del “Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes”, su “Reglamento” y la Ley 1515 de 2012, aprobatoria del mismo. La Corte declara EXEQUIBLE el Tratado y la ley 1515 de 2012 mediante la cual se aprueba éste, pero frente a los artículos 3, numeral 1, literal a) y 5 del Tratado, considera la Corte que el Gobierno Nacional solo podrá realizar el depósito del instrumento de adhesión, acompañándolo de la declaración interpretativa que indique que el acceso al material biológico objeto de depósito regulado, su salida del país y el reconocimiento de la respectiva patente, deberán realizarse de conformidad con las protecciones previstas en el régimen constitucional colombiano, específicamente, en los artículos 8, 58 inciso segundo, 81 inciso segundo y 330 de la Constitución.
Recibo Relatoria   23-7-2013 0:00


Item 355    Expediente   D-9380    Fecha sentencia   19-6-2013 0:00    Sentencia   C-351/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    GUSTAVO GALLON Y OTROS VS. LEY 1221 DE 2008, ARTICULOS 3 Y 6, NUMERAL 1

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 3 y el numeral 1º del artículo 6 de la ley 1221 del 16 de julio de 2008, por la cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. Consideran los accionantes que el legislador, al regular el artículo 3º de la ley demandada, incurrió en una omisión legislativa relativa por cuanto en la construcción de la llamada “Política Pública del Fomento al Teletrabajo”, no estableció la participación de las organizaciones sindicales, lo que vulnera los postulados constitucionales sobre la participación política y democrática en procesos de toma de decisiones por parte de quienes son afectados directamente. De igual manera aducen que el numeral 1º del artículo 6 de la precitada ley, al restringir la aplicación de las disposiciones sobre la jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, vulnera el derecho a la igualdad, sin que exista ninguna razón constitucionalmente admisible. La Corte determinó que la formulación de una política pública de fomento al teletrabajo debe hacerse con la participación de las organizaciones de los trabajadores. Se decide, 1º. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º demandado, siempre y cuando se entienda que las organizaciones sindicales hacen parte de aquellas entidades que acompañan al Ministerio de Trabajo en su misión de diseñar la política pública de fomento al teletrabajo. 2º. INHIBIRSE de proferir pronunciamiento de fondo en relación con el numeral 1º del artículo 6 acusado, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   15-7-2013 0:00


Item 356    Expediente   D-9318    Fecha sentencia   19-6-2013 0:00    Sentencia   C-352/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JORGE ENRIQUE FIGUEROA MORANTE VS. ESTATUTO TRIBUTARIO, ARTICULO 206, NUMERAL 7, INCISO 3

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3º del numeral 7º del artículo 206 del Estatuto Tributario. Considera el demandante que la norma acusada es contraria al artículo 13 y a los principios de justicia y equidad tributaria previstos en los artículos 95-9 y 363 de la Constitución Política. Aduce que la norma demandada sirve de fundamento para dispensar un tratamiento desigual, diferenciado y no justificado en cuanto a la igualdad y a la equidad tributaria, cuando consagra los efectos de la exención en relación con fiscales que actúan ante los magistrados y lo desconoce para los fiscales que actúan ante los jueces. La Corte reitera que se impone un fallo inhibitorio cuando la demanda es inepta y cuando no es claro que la posible omisión legislativa resulte de la disposición acusada, ni el demandante precise con rigor cuáles fueron los contenidos omitidos realmente asimilables que resultaron inconstitucionales. INHIBID
Recibo Relatoria   15-7-2013 0:00


Item 357    Expediente   T-3331206    Fecha sentencia   19-6-2013 0:00    Sentencia   SU.353/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV JIPP,
Demandante / Demandado    BANCO DE LA REPUBLICA VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Tema

Debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. En este asunto se tiene que el Banco de la República instauró acción de tutela contra la decisión adoptada por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual lo declaró patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos ocasionados al demandante de dicho proceso, a causa de la Resolución Externa 18 de 1995, por la cual se fijó el valor monetario de la unidad de poder adquisitivo constante –UPA-, con base en el DTF y sin tener en cuenta el I.P.C. . La autoridad judicial consideró que el daño antijurídico debía imputársele al Banco Emisor a título de falla del servicio, en vista de que incumplió un deber legar al expedir la citada resolución, porque el Consejo de Estado resolvió anularla. Aduce el Banco accionante que dicha decisión judicial incurrió en varios defectos porque, 1º. Emitió un juicio arbitrario sobre la presunta falla del servicio. 2º. No justificó la existencia de un daño. 3º. No mostró la existencia de un nexo causal entre la resolución 18/95 y el daño y, 4º. Cometió graves errores en materia probatoria. La Sala Plena reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con la aplicación de las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad. En esta oportunidad la Sala considera que el Tribunal accionado si cometió dos defectos interrelacionados (sustantivo y desconocimiento del precedente) con los cuales se le violó al Banco de la República su derecho al debido proceso. Con la anterior aseveración surgió un cambio de criterio y una buena razón para oponerse a la ratio decidendi de la sentencia T-340/11 que se reconsidera en el presente fallo. Se destaca que: 1º. Las autoridades estatales sólo deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que les sean imputables. 2º. Ningún daño puede imputársele a una persona de derecho público por expedir un acto posteriormente anulado, si se expidió en cumplimiento de una norma legal que la Corte Constitucional interpretó como obligatoria. Se CONCEDE la tutela, se deja sin efectos la sentencia proferida por el tribunal accionado dentro del proceso de reparación directa y se le ordena a esta autoridad que vuelva a fallar conforme a las consideraciones expuestas en la presente sentencia.


Recibo Relatoria   26-8-2013 0:00


Item 358    Expediente   T-3716738 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   20-6-2013 0:00    Sentencia   T-355/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ALICIA ISABEL SUAREZ CASTRO Y OTROS VS. LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema

Igualdad, dignidad, debido proceso, vivienda digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Solicitan los accionantes que se ordene a las entidades demandadas que inicien el correspondiente trámite para la adjudicación de los apoyos económicos para damnificados directos por eventos hidrometereológicos de la segunda temporada de lluvias del 2011, toda vez que ellos fueron incluidos en el censo de afectados. La Sala examina temas relacionados con el alcance y contenido general del derecho a la vivienda digna y el deber social, tanto del Estado como de la sociedad, frente a las victimas de desastres naturales. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales invocados y se ordena a las entidades demandadas que, de manera coordinada estudien la situación específica de las accionantes, para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarias de las mismas y, en caso afirmativo, se cancele la ayuda humanitaria a que tienen derecho.
Recibo Relatoria   26-8-2013 0:00


Item 359    Expediente   T-3786028    Fecha sentencia   20-6-2013 0:00    Sentencia   T-356/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JORGE DAVID PORRAS ACUÑA VS. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TUNJA

Tema

Se promueve la acción de tutela en contra de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, para reclamar la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, de un estudiante que considera ser víctima de la discriminación por parte algunos docentes de la institución, en virtud de llevar el cabello largo. Se solicita con la acción constitucional que se ordene a la institución educativa permitir que el accionante ingrese a las clases con normalidad, independientemente del corte de cabello que tiene. La institución educativa alegó actuar con fundamento en lo dispuesto en su Manual de Convivencia. La Sala analiza el problema jurídico planteado conforme al criterio decantado de la Corporación con relación al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, frente a las normas contempladas en los manuales de convivencia de las instituciones educativas y, particularmente, acerca de señalamientos sobre la apariencia personal y el cabello largo. Se CONCEDE el amparo constitucional invocado y se ordena a la accionada que no incurra nuevamente en prácticas discriminatorias contra el estudiante y que modifique el manual de convivencia en el punto referente a la obligación de mantener el pelo corto por parte de los menores.
Recibo Relatoria   30-7-2013 0:00


Item 360    Expediente   T-3807272    Fecha sentencia   20-6-2013 0:00    Sentencia   T-357/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    YESID DE JESUS VARELA GONZALEZ VS. PORVENIR S.A.

Tema

Se presenta la acción de tutela en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S. y se solicita la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la seguridad social, los cuales se consideran vulnerados con la decisión de negarle al actor la pensión de sobrevivientes solicitada en virtud del fallecimiento de su compañero permanente, por no aportar la sentencia ejecutoriada de declaración de la unión marital de hecho, que demostrara la calidad de compañero permanente del causante, desestimando con este hecho las declaraciones juramentadas aportadas con la reclamación, las cuales daban cuenta de la relación. La Sala de Revisión analiza la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 2º. El reconocimiento de esta prestación a las parejas del mismo sexo a partir de la sentencia C-336/08. 3º. El régimen probatorio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los miembros de una pareja del mismo sexo y, 4º. El debido proceso administrativo. Se CONCEDE la tutela, se reitera la decisión judicial de primera instancia en la que se ordena al fondo accionado evaluar y resolver de fondo sobre la procedencia o no del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada, con fundamento en los documentos aportados dentro de la solicitud y se le previene para que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron origen a la presente tutela. Se le advierte que el incumplimiento de la presente decisión o su dilación dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.


Recibo Relatoria   30-7-2013 0:00


Item 361    Expediente   D-9128    Fecha sentencia   24-6-2013 0:00    Sentencia   C-358/13 TITULACIÓN
Ponente   AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ, CONJUEZ
Demandante / Demandado    IVAN ALEXANDER CHINCHILLA ALARCON VS. LEY 33 DE 1985 Y LEY 100 DE 1993

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 3 de la Ley 33 de 1985 y del artículo 18 de la Ley 100 de 1993. el demandante pretende que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, por vulnerar los artículos 13, 48 en incisos 3 y 12 y el 53 de la Constitución Política. La Corte considera que la argumentación del actor no satisface la necesidad de demostrar que la oposición entre la norma legal y la constitucional provienen de una contradicción real entre los dos regímenes. La Sala decide declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   11-12-2013 0:00


Item 362    Expediente   D-9325    Fecha sentencia   26-6-2013 0:00    Sentencia   C-359/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    PATRICIA ROMERO SANCHEZ VS. ARTICULOS 13 Y 28 LEY 1537 DE 2012

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 28 parciales de la Ley 1537 de 2012, por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. Los demandantes señalan que las normas acusadas incurren en una omisión legislativa relativa al no incluir en el pueblo Rrom o Gitano dentro de la lista de beneficiarios del subsidio para acceder a proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, lo cual constituye un tratamiento discriminatorio que no solo desconoce postulados constitucionales, sino convenios internacionales. Plantean la necesidad de que el Gobierno y el Congreso prevean una política pública efectiva de vivienda digna con enfoque diferenciado para el pueblo gitano. La corte decide declarar EXEQUIBLES los artículos acusados, en el entendido de que los criterios de priorización para acceder a los proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, también deberán tener en cuenta al pueblo Rrom o Gitano y a las comunidades raizales, como grupos étnicos y culturales de la Nación.
Recibo Relatoria   9-9-2013 0:00


Item 363    Expediente   LAT-398    Fecha sentencia   26-6-2013 0:00    Sentencia   C-360/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  AV MVCC
Demandante / Demandado    REVISION DE LA LEY 1585 DE 2012 Y DE LAS RESOLUCIONES AG 14/05, AG13/06, AG10/07, AG7/09 VS.

Tema

Revisión constitucional de la Ley 1585 de 2012, aprobatoria de las resoluciones AG-14/2005, AG-13/2006, AG-10/2007 y AG-7/2009 adoptadas por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica. La Corte determinó que las reformas introducidas por la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Integración Económica, del cual hace parte Colombia, se ajustan a la Constitución Política, especialmente como instrumentos de impulso de la integración económica entre los países latinoamericanos. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las Resoluciones y de su ley aprobatoria.
Recibo Relatoria   23-8-2013 0:00


Item 364    Expediente   LAT 387    Fecha sentencia   26-6-2013 0:00    Sentencia   C-361/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MVCC, AV MGC, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION DEL CONVENIO SOBRE LA DISTRIBUCION DE SEÑALES PORTADORAS DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS POR SATELITE Y DE LA LEY 1519 DE 2012 VS.

Tema

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1519 de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas trasmitidos por satélite” realizado en Bruselas el 21 de mayo de 1974. La Corte encuentra, en relación con el aspecto formal del Convenio, que el Estado colombiano estuvo válidamente representado durante el proceso de adhesión a éste y que se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis. Respecto al contenido del Convenio, encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional, a la libre determinación de los pueblos, al deber del Estado de proteger los derechos de autor y conexos, a la facultad del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales y a la potestad de configuración legislativa en materia de protección de la propiedad intelectual. EXEQUIBLES.
Recibo Relatoria   23-7-2013 0:00


Item 365    Expediente   T-3731414 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   26-6-2013 0:00    Sentencia   T-362/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    LIDIA MERCEDES CORDOBA LOPEZ Y OTRAS VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En este asunto se tiene que las accionantes, con el propósito de hacerse acreedoras de una pensión gracia, contrataron los servicios de un consorcio de abogados que por medio de maniobras fraudulentas consiguieron que Cajanal les reconociera esta prestación. Debido a ello, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación inició la respectiva investigación penal que concluyó con la detención preventiva de las aquí accionantes y con la posterior condena a pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario, además del pago de multas e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. Se aduce en la demanda de tutela que las colegiaturas accionadas decidieron sin argumentos de fondo, esto es, extralimitándose en el ejercicio de su discrecionalidad interpretativa en perjuicio de la investigación integral realizada en la etapa de juicio, al ignorar las pruebas y desestimar los argumentos defensivos principales con los cuales demostraron su inocencia. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y los defectos orgánico y fáctico como causales genéricas de la misma. Al no encontrar acreditados los defectos propuestos por las actoras frente a las decisiones judiciales demandadas, la Sala decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo reclamado, por no encontrar violación alguna al debido proceso o a otros derechos de carácter fundamental.
Recibo Relatoria   31-7-2013 0:00


Item 366    Expediente   T-3717083    Fecha sentencia   26-6-2013 0:00    Sentencia   T-363/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SOLEDAD BOTERO DE MEJIA VS. JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA

Tema

Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. El esposo de la accionante instauró demanda ordinaria laboral, por considerar que reunía los requisitos necesarios para ser beneficiario del incremento del 14% de la mesada pensional por tener cónyuge a cargo. En el trámite de este proceso el demandante falleció y se solicitó al juzgado accionado continuar con la causa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del CPC y en la sentencia C-1178/01, así como por la remisión que establece el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo. La accionante, para probar la convivencia y la dependencia económica respecto de su fallecido esposo y como única beneficiaria de la sustitución pensional correspondiente, aportó al proceso tres declaraciones extrajuicio, las cuales, al parecer de la funcionaria judicial, carecían de eficacia probatoria al no haber sido ratificadas de acuerdo a lo prescrito en el numeral 2º del artículo 229 del CPC. En este sentido, consideró que las pretensiones de la demanda debían negarse y en consecuencia, condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante. Frente a esta decisión judicial se aduce que, fue violatoria de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, favorabilidad y la primacía del derecho sustancial, al igual que de los derechos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la buena fe de las actuaciones de los particulares. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. 3º. Facultades y deberes del juez laboral en procesos de única instancia y, 4º. Tratamiento jurisprudencial, en relación a la valoración que se hace en materia laboral y de la seguridad social, de la ratificación de testimonios, prevista en el artículo 229 CPC. Se CONCEDE la tutela, se deja sin efectos la sentencia judicial censurada y se ordena la emisión de una nueva, en la cual se subsanen los yerros señalados en el presente fallo.
Recibo Relatoria   31-7-2013 0:00


Item 367    Expediente   T-3760790    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-364/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Demandante / Demandado    GABRIELA GIL DE BETANCOURT VS. JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Y OTRO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. A los despachos judiciales accionados se les endilga la vulneración de derechos fundamentales, por proferir providencias que negaron la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo hipotecario, toda vez que, según la actora, pese a haberse decretado la terminación del proceso por pago de la obligación, se expidió auto que ordenó continuar con la ejecución por los saldos insolutos de las obligaciones contenidas en pagarés, en virtud de lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 557 del CPC. Se alega un defecto sustantivo por indebida interpretación y aplicación de la precitada norma. Se reitera jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se hace referencia al defecto sustantivo en la jurisprudencia constitucional y se examina el caso concreto frente a cada una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela con el propósito de determinar la procedencia de este mecanismo excepcional. DENEGADA.
Recibo Relatoria   29-7-2014 0:00


Item 368    Expediente   T-3779309    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-365/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Demandante / Demandado    ANIBAL DE JESUS DIAZ PASOS VS. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y OTRO

Tema

Pretende el accionante que se ordene al Banco Agrario de Colombia entregarle de manera integral y completa las ayudas humanitarias que se encuentran consignadas a su favor en la entidad, las que no han sido transferidas por no contar con su documento original de identidad. El Banco accionado adujo que, de conformidad con la normatividad vigente, el único documento de identificación válido para las personas naturales mayores de edad, es la cédula amarilla con hologramas. En sede de Revisión la Sala constató que al actor se le entregó su documento de identidad y que de manera consecuente, la entidad bancaria le realizó el correspondiente desembolso. La Sala de Revisión declara la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO y previene al Banco Agrario para que en lo sucesivo se abstenga de negar el pago de la ayuda humanitaria de emergencia a los beneficiarios, cuando tenga suficiente prueba de su identidad. Igualmente, se le advierte al accionado sobre la obligación de informar a los beneficiarios de la ayudad humanitaria de emergencia la posibilidad de acceder a ella presentando su contraseña, e indicarles las diligencias que deben agotar para tal efecto.
Recibo Relatoria   19-5-2014 0:00


Item 369    Expediente   T-366/13    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-366/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    LEIDYS EMILSEN MENA VALDERRAMA VS. ICETEX

Tema

En este caso se aduce que el ICETEX sede Medellín vulneró derechos fundamentales, al negarle a la actora el ingreso a sus instalaciones, motivado, según ella, en un criterio de discriminación racial. El argumento planteado por la accionada para justificar su conducta, tiene que ver con las especiales medidas de seguridad implementadas por la administración de la copropiedad, en razón a la convocatoria de la Jornada Nacional de Trabajo Decente que se llevaría a cabo ese día y en el hecho de que una semana atrás, la demandante había estado en una toma pacífica de las oficinas de la entidad, quedando registrada como una de las participantes de dicha actividad. Se aborda la siguiente temática: 1º. Los fundamentos concernientes a la delimitación del derecho a la manifestación pública y pacífica. 2º. El derecho de acceso sin discriminación alguna a lugares o entidades que prestan un servicio público. 3º. El derecho al buen nombre y el manejo, gestión y administración de registros y bases de datos en las que reposen información personal y, 4º. La prohibición de discriminación con fundamento en la raza, en particular, respecto de la población afrocolombiana. Se CONCEDE la tutela de los derechos a la igualdad, al buen nombre y al habeas data y se ordena a la accionada, entre otras medidas, presentar por escrito una carta a la accionante en la que ofrezca disculpas por la indebida actuación adelantada en su contra, la cual debe publicar en un sitio de fácil acceso al público que visite la entidad, como medio para resarcir el buen nombre de la actora.
Recibo Relatoria   21-8-2014 0:00


Item 370    Expediente   T-3823969    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-369/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Demandante / Demandado    OMAR HERNAN CASTAÑO BUENO VS. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Tema

En este caso se interpone la acción de tutela en contra de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para alegar la vulneración del derecho fundamental de petición, por la falta de una respuesta de fondo, oportuna y coherente, a la solicitud relacionada con la instalación del servicio de acueducto y alcantarillado en la vivienda del actor. Se reitera jurisprudencia sobre la protección constitucional y alcance del derecho fundamental de petición; el contenido del derecho fundamental al agua y el derecho al servicio público de alcantarillado. Se declara una carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO frente a la solicitud de amparo del derecho de petición y por DAÑO CONSUMADO, en relación con la tutela del derecho al agua. Se le ordena a las E.P.M., informar al actor sobre los mecanismos o alternativas con las que cuenta para poder construir la red o acometida local que le falta a su vivienda, así como brindarle acompañamiento en este proceso. De otra parte, se le ordena a la accionada acordar con el demandante un cronograma de trabajo para la realización de la precitada adecuación y, una vez surtida la misma, cumpla con su deber de realizar la conexión a la red de acueducto base o principal e instalar efectivamente el servicio de acueducto y alcantarillado reclamado.
Recibo Relatoria   19-5-2014 0:00


Item 371    Expediente   T-3536720    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-370/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    ELIDE GALVIS Y OTROS VS. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL

Tema

La accionante padeció los estragos del conflicto armado interno y fue desplazada de la región de la Gabarra junto con su núcleo familiar. Tras interponer una acción de tutela con el objeto de recibir la reparación administrativa por su condición de víctima, los jueces constitucionales condenaron en abstracto a Acción Social y le ordenaron al juez administrativo realizar la tasación del daño causado por los hechos de violencia. El incidente de liquidación de perjuicios fue resuelto y en él se ordenó pagar un total de 150 salarios mínimos legales a cada integrante de la familia. Pese a lo anterior, el pago no se hizo efectivo en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto 207 de 2010, en cuanto a la orden cautelar que impedía a Acción Social efectuar el desembolso por condenas decretadas en sede de tutela hasta tanto se produjera el fallo de unificación, el cual se profirió en sede de revisión correspondiendo a la SU254/13.. La Sala de Revisión se pronuncia sobre los siguientes aspectos:1º. La condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada. 2º. La obligación del Estado colombiano a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno y, 3º. La indemnización administrativa para aquellas solicitudes presentadas bajo el marco dispuesto por el Decreto 1290 de 2008, pero negadas por Acción Social en su momento. Se confirma la decisión de instancia en cuanto CONCEDIO la tutela con el fin de proteger el derecho a la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado y la revoca parcialmente en cuanto se condenó en abstracto a Acción Social al pago de los perjuicios ocasionados con el desplazamiento forzado, de conformidad con el monto fijado por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En su lugar, se ordena a la accionada pagar a la actora y a su grupo familiar, a título de la indemnización de que trata el artículo 5º de del Decreto 1290 de 2008, veintisiete salarios mínimos mensuales legales vigentes. De manera simultánea, se imparten una serie de órdenes conducentes a conjurar la situación de alta vulnerabilidad de los accionantes.
Recibo Relatoria   20-8-2013 0:00


Item 372    Expediente   T-798365    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-371/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    EVER JOSE MORE LOPEZ VS. ALCALDIA DE SINCELEJO Y OTRO

Tema

El accionante considera que la Alcaldía de Sincelejo vulneró derechos fundamentales del Cabildo Indígena Zenú de San Miguel, al negarse a inscribirlo como Capitán Menor de dicha etnia y posesionar en su lugar a otra persona. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con la protección constitucional del derecho a la diversidad étnica y cultural; la comunidad indígena y su especial protección respecto de su diversidad étnica y cultural; la autonomía política y el autogobierno indígena; la función de autoridad administrativa dentro del proceso de posesión de una autoridad tradicional y; las atribuciones del juez de tutela en relación con los conflictos internos de una comunidad indígena. Encuentra la Sala que la entidad territorial accionada no vulneró los derechos invocados por el accionante ya que no influyó ni intervino en los actos de elección o posesión demandados, toda vez que éstos fueron únicamente de competencia del Cabildo menor y que la función del demandado sólo fue la de registrar las decisiones que dicha comunidad adoptó. Se confirman la decisiones de instancia que DENEGARON el amparo impetrado.
Recibo Relatoria   20-8-2013 0:00


Item 373    Expediente   T-3834810    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-373/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    RUFINA DIAZ HERNANDEZ EN CALIDAD DE AGENTE OFICIOSA DE SUS HIJOS VS. MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Tema

En este asunto alega la accionante que el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Dirección de Reclutamiento le vulneran, tanto a ella como a sus dos hijos mayores de edad, los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al debido proceso y a la personalidad jurídica, al haberlos reclutado para prestar el servicio militar obligatorio, pese a haber acreditado su condición de desplazados. La Sala aborda los siguientes temas: 1º. La agencia oficiosa en casos en los que se invoca por los padres de familia en representación de un hijo que está prestando el servicio militar y 2º. La prestación del servicio militar en el caso de la población desplazada. Se CONCEDE la tutela solicitada y se imparten una serie de órdenes tendientes a logar el desacuartelamiento de los jóvenes representados y a la expedición de las libretas militares que les corresponda conforme a la normatividad vigente.
Recibo Relatoria   1-8-2013 0:00


Item 374    Expediente   T-3851197    Fecha sentencia   27-6-2013 0:00    Sentencia   T-374/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    MIREYA LEON BUENO EN REPRESENTACION DE SU HIJO ALBEIRO ANDRES BAUTISTA LEAL VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

Se interpone la acción de tutela en representación de un menor de edad que padece epilepsia y retraso mental severo a quien un fisiatra particular le recomendó, como alternativa para mejorar sus destrezas funcionales y sociales, un tratamiento consistente en terapias especializadas de neuro desarrollo, equinoterapia, acuaterapia, musicoterapia, terapias asistidas con perros, miofuncional y, terapia comportamental A.B.A., entre otras. La demandante solicitó a COOMEVA E.P.S. los tratamientos ordenados y dicha pretensión fue denegada, bajo el argumento de no estar incluidos dentro del POS por ser de carácter educativo y porque el profesional que las recomendó no estaba en la red de prestadores adscritos a la entidad. Con la acción constitucional de pretende que la E.P.S. demandada autorice el tratamiento y que asuma los gastos en que se incurra por su traslado. La Sala aborda los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud de los niños con discapacidad y su protección mediante la acción de tutela. 2º. La validez del concepto emitido por un médico no adscrito a la E.P.S., 3º. El derecho a la educación de los menores con discapacidad y, 4º. Los principios que rigen la actividad médica respecto de los menores discapacitados. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada adoptar las medidas necesarias para que un equipo interdisciplinario valore al menor con el fin de que estos determinen la pertinencia e idoneidad de otros tipos de tratamiento que le permitan mejorar sus habilidades físicas, mentales y sociales, teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales contenidos en las sentencias T-650/09 y T-392/11, expresando las razones científicas en que soporten su decisión.


Recibo Relatoria   20-8-2013 0:00


Item 375    Expediente   T-3796009    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-375/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DUVIER ENRIQUE MONTOYA ARBELAEZ VS. MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE

Tema

En este asunto se alega que la Alcaldía Municipal de Carolina del Príncipe vulneró derechos fundamentales del actor, al negarle el reconocimiento del estímulo con el que cubría buena parte de los gastos educativos y de sostenimiento para adelantar el programa de ingeniería eléctrica en la Universidad de Antioquia, argumentando que dicho estímulo perdió vigencia cuando expiro el plan de desarrollo aprobado para el período de gobierno municipal 2008-2011 y, que el anterior alcalde no garantizó los recursos suficientes para permitir al actual mandatario pagar el incentivo reconocido al actor, por haber sido el mejor puntaje del municipio en las pruebas ICFES. La Sala se refiere a las reglas jurisprudenciales relativas a la protección constitucional del derecho a la educación y el carácter progresivo de las obligaciones del Estado frente al derecho a la educación superior. De igual forma, aborda el desarrollo jurisprudencial en torno al respeto por el acto propio como expresión del principio de buena fe. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso y se ordena a la accionada reconocer y pagar al demandante el incentivo educativo correspondiente a los semestres ya cursados y, desplegar las acciones necesarias para garantizar el pago del estímulo en lo sucesivo, siempre que el demandante acredite los requisitos señalados en el acto administrativo que lo reconoció.


Recibo Relatoria   30-9-2013 0:00


Item 376    Expediente   T-3798362    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-376/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    RUBEN VS. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL BOSQUE DE BARRANQUILLA

Tema

Se interpone la acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana y a la cercanía familiar. Los hechos que antecedieron la interposición de la acción constitucional tienen que ver con que el accionante es un portador de V.I.H. que se encuentra recluido en la Cárcel la Vega de Sincelejo pagando una condena de tres años de prisión por el delito de hurto simple. El director de dicho establecimiento ordenó el traslado del actor a la Cárcel el Bosque de Barranquilla, con el fin de preservar su vida e integridad física, así como el orden y la tranquilidad del centro carcelario, en virtud de la situación de agresión y rechazo de algunos internos de varios patios del penal, hacia los portadores del V.I.H.. El traslado también obedeció a la necesidad de propiciar la cercanía del interno a su familia, con el fin de obtener la atención y apoyo requeridos en su condición. La conducta que se alega como vulneradora de derechos fundamentales, es el retorno del accionante a la Penitenciaría la Vega de Sincelejo, sin respetar los motivos que suscitaron la remisión a la cárcel el Bosque de Barranquilla. Se reitera jurisprudencia relacionada con el principio de no discriminación y su aplicación en casos en que se imponen restricciones y se adoptan medidas que afectan los derechos de personas portadoras del V.I.H.. Se CONCEDE el amparo solicitado, se remite copia de la actuación a la Dirección General del INPEC para que, en el marco de sus funciones, implemente medidas de capacitación a sus funcionarios, destinadas a la toma de conciencia y sensibilización sobre los derechos de la población carcelaria portadora de V.I.H., se previene al director de la Cárcel el Bosque de Barranquilla, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas discriminatorias como la que se comprobó en el presente asunto.
Recibo Relatoria   30-9-2013 0:00


Item 377    Expediente   T-3791626    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-377/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    LEONOR PEREZ GONZALEZ EN CALIDAD DE AGENTE OFICIOSA DE LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREZ VS. LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

Tema

La accionante solicita el amparo de su derecho fundamental a la subsistencia, así como el de los derechos a la educación e igualdad de su hijo, los cuales considera vulnerados por la autoridad pública demandada, por una parte, porque su hijo le proveía alimentos y manutención y, por la otra, porque éste fue reclutado sin que pudiera terminar sus estudios de bachillerato y sin darle la oportunidad de que cuando los terminara, como ocurre con otros soldados, accediera a la prestación del servicio pero como soldado bachiller. Se analiza la siguiente temática: 1º. Requisitos para que una persona pueda actuar como agente oficioso frente a las personas que se encuentran prestando servicio militar obligatorio. 2º. Condiciones que permiten el amparo del derecho al mínimo vital. Se confirma la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela impetrada.


Recibo Relatoria   9-12-2013 0:00


Item 378    Expediente   T-3755520    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-379/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    ARMANDO JOSE GALAN GRAVINI VS. RICARDO ALI PEREZ CHAVEZ

Tema

El accionante, en su condición de hijo del compositor colombiano Pacho Galán, solicita que se a través de la acción de tutele se le ordene al accionado publicar, haciendo uso de los mismos medios de comunicación que él ha utilizado para promocionar su perfil comercial, que su imagen y la de su padre NO hacen parte del establecimiento de comercio llamado Orquesta Pacho Galán. Igualmente, que se abstenga en lo sucesivo de utilizar la imagen, honra, honor, buen nombre y reputación de su padre en cualquier medio y que retire o desmonte de cualquier plataforma, las imágenes, fotos, biografía o cualquier otro contenido informativo de él y de su difunto padre. La Sala de Revisión aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. 2º. Acciones por competencia desleal contempladas en la Ley 256 de 1996 y, 3º. El contenido del derecho a la imagen, su ámbito de protección y las limitaciones posibles. Se confirma la decisión de segunda instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo solicitado. Pese a lo anterior, se advierte al accionado o a quien haga las veces de director de la Orquesta Pacho Galán, que en el futuro evite hacer uso de cualquier información que dé a entender que el actor mantiene algún vínculo con esta orquesta.


Recibo Relatoria   1-4-2014 0:00


Item 379    Expediente   T-3806497    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-380/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    DANNY FERNANDO ORTIZ BASANTE APODERADO DE LUIS FRANCISCO PARRA SALCEDO Y OTROS VS. ALCALDIA DE PASTO

Tema

En este caso se instaura la acción de tutela en contra de la Alcaldía de Pasto y la Junta de Acción Comunal del barrio San Vicente de la misma ciudad, para buscar la protección de los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la igualdad y a la dignidad humana, los cuales se alegan vulnerados en virtud de la orden de desalojo adoptada dentro de un procedimiento de infracción urbanística por ocupación de un bien público y la falta de reconocimiento de la existencia de una relación laboral. La entidad territorial demandada se opuso a las pretensiones de la acción de tutela alegando la existencia de una actuación temeraria. Por su parte, los jueces de instancia denegaron el amparo argumentando la improcedencia de la acción por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. La Sala de Revisión no evidenció una actuación temeraria sino la existencia de cosa juzgada constitucional, dada la identidad de objeto, causa y partes entre la presente solicitud de amparo y otra instaurada en el año 2011, la cual fue excluida de revisión. Se confirman las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
Recibo Relatoria   7-10-2013 0:00


Item 380    Expediente   T-3811565    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-381/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    YHON EDUAR SANCHEZ HENAO VS. JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE MANIZALES

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se ataca la decisión judicial proferida dentro de un proceso de impugnación de la paternidad adelantado por el actor, mediante el cual se decidió declarar la prosperidad de la excepción de caducidad de la acción y denegar las pretensiones formuladas. A juicio del actor, la autoridad judicial vulneró derechos fundamentales de un menor de edad e incurrió en un error fáctico, al decidir dar preponderancia a una norma procedimental y no a las pruebas de paternidad que indicaban que él no era el padre biológico del niño, en perjuicio del principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas. Se analiza la siguiente temática: 1º. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Marco normativo de los procesos de impugnación de la paternidad. 3º. Importancia de la figura de la caducidad y del respeto de los términos judiciales, en aras de preservar la seguridad jurídica y 4º. Jurisprudencia constitucional sobre los procesos de filiación y el derecho a la personalidad jurídica. Se decide confirmar la decisión de segunda instancia que NEGÓ el amparo solicitado.


Recibo Relatoria   13-1-2014 0:00


Item 381    Expediente   T-3805402    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-382/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    NATALIA ORTIZ GIRALDO EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD VS. COOMEVA E.P.S.

Tema

En este caso refiere la actora que se afilió a COOMEVA E.P.S. como cotizante e inscribió como beneficiarios a sus dos hijos menores de edad. Indica que suspendió las cotizaciones al Sistema por incapacidad económica y que por ello solicitó a la accionada su desafiliación, para poder vincularse al régimen subsidiado de salud. La petición no solo fue denegada por la entidad al exigir el pago previo de los valores adeudados, sino que además, le fueron suspendidos los servicios médicos. . Se solicita en la acción de tutela que se ordene a COOMEVA reanudar la prestación de los servicios médicos que fueron suspendidos o, que en su defecto, autorice la desafiliación pretendida, así deba suscribir para ello un acuerdo de pago. Luego de pronunciarse sobre la facultad de las E.P.S. de suspender los servicios médicos por mora en las cotizaciones y sobre la excepción al requisito de paz y salvo para traslado dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud, la Sala decide confirmar la decisión judicial que ordenó a la accionada permitir el traslado de la actora a la entidad de su elección y CONCEDER la protección a los derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de los menores representados, en el sentido de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.


Recibo Relatoria   13-1-2014 0:00


Item 382    Expediente   T-3715792 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-383/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    WALTER AUGUSTO CORREA VELASQUEZ Y OTROS VS. NUEVA E.P.S. Y OTROS

Tema

En este asunto se estudiaron once casos en los cuales los peticionarios iniciaron las acciones de tutela en contra de diferentes E.P.S. o E.P.S.S, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, en tanto les negaron el suministro de pañales desechables y otros elementos o servicios, a pesar de ser personas con enfermedades crónicas y, en algunos casos degenerativas, que les generan problemas de control de esfínteres. La Sala de Revisión reiteró las disposiciones adoptadas en la sentencia T-752/12 no sólo para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los actores, sino para consolidar el respeto por el precedente judicial para amparar la dimensión objetiva del derecho a la salud y para que no se repita la situación de desconocimiento de las decisiones reiteradas de la Corporación por parte de los jueces de instancia, en relación con una prestación necesaria para llevar la vida en condiciones dignas. En este sentido, se ordena a los jueces de las causas, adecuar sus providencias tanto a las consideraciones concretas sobre el suministro de pañales desechables, como a la obligatoriedad del precedente y, al deber de explicar las razones por las cuales deciden apartarse de una línea de protección consolidada. De otra parte, se ordena a las accionadas, como medida provisional, suministrarles a los actores todos los servicios que fueron requeridos mediante las diferentes acciones constitucionales impetradas.
Recibo Relatoria   5-12-2013 0:00


Item 383    Expediente   T-3767223    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-384/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS ORLANDO CASTELLANOS VS. CAPRECOM E.P.S.S

Tema

Alega el demandante que la E.P.S.S CAPRECOM vulnera su derecho fundamental a la salud, al no brindarle la atención postquirúrgica adecuada que requiere para recuperarse de la laparotomía que le fue practicada, ni hacer efectivas las citas que le son programadas con diferentes especialistas. La entidad accionada argumentó haber suministrado todos los servicios requeridos por el actor y que se encontraban incluidos en el POS, porque los que no estén en dicho plan deber ser garantizados por la Secretaría de Salud del municipio. La Sala reitera que todos los usuarios del Sistema de Salud tienen derecho a acceder a los servicios que requieran con necesidad, sin que los inconvenientes que se susciten en relación con la prestación de los servicios entre las distintas entidades que integran el sistema, interrumpan su prestación efectiva. Se PROTEGE el derecho fundamental invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del mismo.
Recibo Relatoria   12-8-2013 0:00


Item 384    Expediente   T-3803155    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-385/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ERNESTO FRANCISCO LLOREDA Y OTRAS VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Tema

Tanto la Cooperativa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de la parcelación El Jardín Ltda., como dos ciudadanas a título personal, presentaron la acción de tutela en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, indicando que, al reducir de manera unilateral e intempestiva el caudal y la presión del agua que les suministraba en cumplimiento del contrato de venta de agua en bloque, les vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la vida y a la salud pública. La Sala de Revisión consideró que la EAAB, al instalar una válvula reductora del caudal y una platina de orificio reducido, alegando que buscaba controlar el suministro de agua y así evitar poner en riesgo por eventual carencia del recurso hídrico a sus propios usuarios y demás adquirientes de agua en bloque, desconoció el derecho al debido proceso de la empresa demandada y con ello, a su vez, vulneró los derechos fundamentales de los usuarios del servicio de acueducto prestado por ésta. Se CONCEDE el amparo transitorio del derecho al debido proceso de la cooperativa accionante, así como el del agua potable de las ciudadanas demandantes. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   9-12-2013 0:00


Item 385    Expediente   T-3795982    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-386/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MIRIAM CANTILLO ARRIETA VS. GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD DE CARTAGENA

Tema

En este asunto se interpone la acción de tutela en contra de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias por la presunta vulneración de derechos fundamentales, en virtud de la realización de actuaciones tendientes a la recuperación del espacio público del Mercado de Bazurto, en donde la accionante tiene un puesto de venta de limones a través del cual obtiene la única fuente de ingresos para ella y para su familia. Se aborda la siguiente temática: 1º. Obligación de las autoridades en un Estado Social de Derecho, de brindar especial protección a los individuos vulnerables, en especial a las mujeres como grupo históricamente discriminado. 2º. Requisitos mínimos constitucionales que deben respetar las autoridades constituidas para diseñar y ejecutar programas, medidas o políticas públicas, específicamente de recuperación de espacio público. 3º. Tensión existente entre el deber del Estado de velar por la protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y, 4º. Pronunciamientos de la Corporación en torno al censo que se realiza a la población con el fin de acceder al goce efectivo de ciertos derechos. Al concluir que a la actora se le vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y el principio de confianza legítima, la Sala decide CONCEDERLE el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   7-11-2013 0:00


Item 386    Expediente   T-3623447    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-387/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    AUTORIDADES TRADICIONALES DEL RESGUARDO INDIGENA SANTA ROSA DEL GUAMUEZ VS. INCONDER

Tema

En este asunto las autoridades tradicionales y otros miembros del resguardo indígena Santa Rosa de Guamuez interpusieron acción de tutela contra el INCODER, en su criterio, porque esta entidad ha violado el derecho fundamental a la propiedad colectiva del Pueblo Indígena Kofan, al no convertir en resguardo indígena toda la reserva que había sido creada a su favor y, por no evitar que la misma fuera invadida y colonizada por terceros. Luego de referirse al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y de realizar un análisis de fondo al caso concreto, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo a los derechos a la supervivencia, a la identidad e integridad física y cultural y a la propiedad colectiva del pueblo indígena KOFAN.
Recibo Relatoria   14-4-2014 0:00


Item 387    Expediente   T-3526653 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-388/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD O EN REPRESENTACION DE ESTAS VS. INSTITUTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE CUCUTA Y OTROS

Tema

En este caso la Sala de Revisión estudió nueve expedientes de acción de tutela en los que se refieren violaciones a los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración social de personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran en seis centros de reclusión del país, específicamente, en el Centro Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, La Tramacúa de Valledupar, La Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán y, el de Barrancabermeja. En todos los casos se hizo referencia a la necesidad de tomar medidas adecuadas y necesarias, de manera urgente, para superar el estado de cosas en que se encuentra el sistema penitenciario y carcelario, que se alega, es contrario al orden constitucional, de manera estructural y general. La trasgresión de derechos se le atribuyó, en especial, al grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones. Con el objeto de realizar un diagnóstico, la Corte, analizó la información presentada dentro de las demandas de tutela; la remitida con las solicitudes de cumplimiento de la sentencia T-153/98; la suministrada por las autoridades penitenciarias y carcelarias y la recopilada por la propia Corporación. Con fundamento en este diagnóstico y, examinados los casos concretos sometidos a su consideración, la Sala decidió declarar que el Sistema penitenciario y carcelario se encuentra nuevamente en un estado de cosas inconstitucional. Con base en dicha declaratoria, hizo las siguientes precisiones: A). Que el estado de cosas contrarias a la Constitución anteriormente referido, tiene una de sus principales causas en dificultades y limitaciones estructurales de la política criminal. B) Que el juez de tutela no puede renunciar al cumplimiento de sus obligaciones y no tomar acciones frente a una violación o amenaza probada, asistiéndole la facultad y el deber de asumir una actitud más oficiosa y activa cuando el amparo es invocado por personas que, por sus particulares circunstancias, ven limitados sus derechos de defensa, como ocurre con las personas privadas de la libertad. C). Que las facetas prestacionales de un derecho fundamental son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y, usualmente, de realización progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas. D). Un Estado social y democrático de derecho, bajo ninguna circunstancia puede imponer barreras u obstáculos infranqueables o considerables al acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad. E). Que no garantizar el derecho al agua a personas privadas de la libertad, para su aseo, implica una grave violación a este derecho y a la dignidad humana, en conexidad con otros derechos, como la salud, la alimentación, la integridad, a un ambiente sano e incluso la vida. Si se trata de restricciones claramente irrazonables y desproporcionadas, constituirán, además, una trato cruel, inhumano y degradante. F) Que los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben encargase de tomar medidas adecuadas y necesarias para asegurar la efectiva reinserción social de aquellas personas marginadas y excluidas socialmente por su condición socioeconómica, que se encuentren privadas de la libertad, independientemente de si son condenadas o sindicadas. G). Que en un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente, como el que atraviesa actualmente el sistema penitenciario y carcelario, las personas no adquieren un derecho constitucional subjetivo a ser excarceladas, sino a que se diseñen e implementen políticas criminales y carcelarias favorables a la libertad y, sostenibles en el tiempo. H). Que sólo en aquellos casos en los que excepcionalmente se cuente con una evidencia clara y contundente de que un establecimiento amenaza grave e inminentemente la dignidad humana y los derechos de las personas y; que no es posible reparar o evitar esta situación de ninguna manera, se podrá considerar la extrema decisión de decretar su cierre y; I). Que en aquellos casos en los que se esté enfrentando una situación de hacinamiento grave y evidente y; hasta tanto no se disponga una medida que asegure una protección igual o mayor por parte de las autoridades penitenciarias y carcelarias competentes, se deberá aplicar una regla de equilibrio decreciente.
Recibo Relatoria   26-3-2015 0:00


Item 388    Expediente   T-3739743    Fecha sentencia   28-6-2013 0:00    Sentencia   T-378/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    CARLOS MARIO CONDE ALDANA VS. E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Y OTRO

Tema

Se procura la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y la Sociedad Proyectar Neiva S.A.S., al dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo suscrito con el actor y sin que para el efecto mediara autorización del inspector de trabajo, habida cuenta del estado de debilidad manifiesta que presentara en virtud de la enfermedad catastrófica padecida. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional para salvaguardar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, así como el alcance de esta prerrogativa frente a la protección constitucional y legal de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión, como consecuencia de limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas. Se CONCEDE la protección de los derechos a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada y se ordena a la sociedad accionada mantener afiliado al actor al Sistema de Seguridad Social en Salud, por el término que requiera para recibir el tratamiento adecuado de su patología. Se advierte, que esta orden cesará, si al accionante se le califica la pérdida de la capacidad laboral en más del 50% y se le reconoce la correspondiente prestación económica o, si encuentra otro trabajo de manera que no se suspenda o se ponga en riesgo la continuidad del tratamiento médico.


Recibo Relatoria   28-10-2014 0:00


Item 389    Expediente   T-3860474    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-389A/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA ELISEA RUBIANO DE TORRES VS. CAJANAL EN LIQUIDACION Y OTRO

Tema

La accionante es una persona de setenta y siete años de edad que reclama la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados por la entidad accionante, en virtud de la falta de reconocimiento de la sustitución de la pensión de su difunto esposo. La accionada argumentó que el derecho pensional también lo reclamó la persona que demostró ser la compañera permanente del causante y, que en tal virtud, debía ser la justicia ordinaria laboral la que dirimiera dicha controversia, porque ella no tenía las facultades legales para evaluar las pruebas presentadas por las dos solicitantes. Se analiza temática relacionada con los alcances del contenido del derecho a la seguridad social frente al reconocimiento de prestaciones sociales, la fundamentalidad del derecho a la pensión sustitutiva y, la explicación del presupuesto de la convivencia para el reconocimiento de esta prestación al cónyuge o compañero (a) supérstite. Se TUTELAN los derechos a la vida digna, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso. Se ordena a la entidad, reconocer a favor de la actora, el 50% del valor correspondiente a la pensión sustitutiva que disfrutaba su esposo. Se informa a la peticionaria, que si lo desea, puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que se determine la existencia de un derecho concurrente y así se declare en la debida proporción.
Recibo Relatoria   6-2-2015 0:00


Item 390    Expediente   T-3808946    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-390/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    OMAR ISIDRO GETIAL GETIAL VS. GOBERNACION DEL NARIÑO Y OTRO

Tema

El accionante, en calidad de Gobernador y representante legal del Resguardo Indígena de Yascual, considera que los derechos fundamentales y colectivos de su pueblo indígena han sido vulnerados por la entidad demandada, al nombrar en provisionalidad a un grupo de 19 educadores, hasta tanto se implementen las reglas para el trámite de un concurso de méritos especial, para la selección y provisión de personal de etnoeducadores, sin tener en cuenta que la comunidad le confió a estos docentes la labor de desarrollar la identidad cultural de los educandos indígenas Pastos, en el Departamento de Nariño. En síntesis, lo que se solicita, es que la Secretaría demandada, en el menor tiempo posible, disponga lo necesario para que se surta el nombramiento en propiedad de los mencionados docentes. Se analiza la siguiente temática: 1º. La sentencia C-208/07, sobre el estatuto de profesionalización docente. 2º. Análisis de las sentencias de tutela proferidas por la Corporación, en relación con los nombramientos de los etnoeducadores. 3º. El carácter vinculante del precedente constitucional. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, a la no intervención en la esfera del gobierno indígena, al derecho de estas comunidades a guiarse por sus usos y costumbres, a la protección de su diversidad cultural mediante una educación con enfoque diferencial o etnoeducación y, a la consulta previa de las comunidades indígenas. Se ordena a las autoridades accionadas que, en coordinación del Ministerio del Interior, adelanten el proceso de concertación mediante la consulta previa con la comunidad indígena representada, para el nombramiento en propiedad de los etnoeducadores.
Recibo Relatoria   14-11-2014 0:00


Item 391    Expediente   T-3801140 Y OTRO    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-392/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    OLGA LUCIA MENESES RODRIGUEZ Y OTROS VS. CAPITAL SALUD E.P.S. S Y OTRO

Tema

Salud, vida, dignidad humana. Se acumulan expedientes por unidad de materia. El asunto común en los casos estudiados es que las E.P.S. accionadas niegan a menores de edad tratamientos, terapias y servicios requeridos para el manejo adecuado de las múltiples patologías que padecen. Se reitera la siguiente jurisprudencia: 1º. El derecho fundamental de los niños a la salud. 2º. El principio de integralidad predicable del derecho a la salud y casos en los que procede la orden de tratamiento integral. 3º. Los servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y garantizar una vida en condiciones dignas y, 4º. El servicio de transporte para el acceso efectivo al servicio de salud. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   27-2-2014 0:00


Item 392    Expediente   T-3746878    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-393/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUIS CARLOS MIRANDA MUÑOZ VS. LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO

Tema

En este asunto alega el actor que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital y ala seguridad social, en virtud de la negativa de acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo, quien era miembro de las Fuerzas Militares. El accionante es sujeto de especial protección constitucional, toda vez que cuenta con noventa años de edad, es viudo, dependía económicamente del hijo fallecido, no tiene otros hijos y carece de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se abordan los siguientes temas: 1º. Normas del régimen general de Seguridad Social sobre la pensión de sobrevivientes y su equivalente en el régimen especial de las Fuerzas Militares y, 2º. Aplicación del régimen general de seguridad social a quienes pertenecen al régimen especial de las Fuerzas Militares. Se CONCEDE la tutela y se ordena el reconocimiento de la prestación reclamada por el actor, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990.


Recibo Relatoria   10-12-2013 0:00


Item 393    Expediente   T-3787239    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-394/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP, AV NEPP
Demandante / Demandado    INES MENDEZ BLANCO VS. JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYAN

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En este caso se promueve la acción de tutela para cuestionar la decisión judicial proferida en el proceso ordinario laboral que promovió la actora en contra del municipio de Cajibío, la cual negó las pretensiones de la demanda. Se aduce una vía de hecho, primordialmente por el desconocimiento del precedente judicial sentado por la Corte Suprema de Justicia respecto al requisito de la convivencia para acceder a la sustitución pensional Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y de constatar el incumplimiento de los requisitos generales, específicamente el presupuesto de subsidiariedad, la Sala de Revisión decide confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela deprecada.
Recibo Relatoria   20-3-2014 0:00


Item 394    Expediente   T-3735123    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-395/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MAGALY RIVERA GOMEZ EN REPRESENTACION DE LUIS ANTONIO RIVERA GOMEZ VS. ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA Y OTROS

Tema

Vida, dignidad humana, seguridad social. En este caso la accionante, agenciando al hermano sobre el cual ejerce la condición de guardadora definitiva en virtud de la decisión judicial que así lo decretó por la pérdida de capacidad laboral del 61,50 que le fue dictaminada por la esquizofrenia paranoide que padece, interpone la acción de tutela solicitando que se aplique la excepción de inconstitucionalidad al artículo 3º del Decreto 917 de 1999, respecto del formalismo de interpretación de la valoración médica de la Junta de Invalidez, al momento en que fue dictaminado científicamente la estructuración de la discapacidad de su hermano y, en consecuencia, se le conceda a éste la pensión de sobrevivientes de su fallecido padre. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con : 1º. La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 2º. La protección de las personas en condición de discapacidad en el ordenamiento constitucional y, 3º. La finalidad, naturaleza y requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reconocimiento de la prestación reclamada.


Recibo Relatoria   10-12-2013 0:00


Item 395    Expediente   T-3785209    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-396/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CRISTIAN ANTONIO LOPEZ CELI VS. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA Y OTROS

Tema

Se impetra la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social, los cuales se consideran vulnerados por parte de las entidades accionadas, en cuanto decidieron suspenderle al actor los servicios de salud por encontrarse desvinculado de las Fuerzas Militares, pese a que estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico como consecuencia del detrimento de la salud mental padecido durante la prestación del servicio militar obligatorio. Pretende el actor con la acción constitucional, que se ordene a las accionadas el restablecimiento de los servicios de salud y la expedición de su libreta militar. Se analiza la siguiente temática: 1º. La afectación de la capacidad laboral a causa del cumplimiento del servicio. 2º. Los límites en la continuidad de la prestación del servicio de salud. Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado pero frente a la solicitud relativa a la expedición de la libreta militar y de conducta y, con relación a los demás derechos invocados, se CONCEDE la tutela y se ordena la reactivación del servicio médico solicitado.


Recibo Relatoria   28-2-2014 0:00


Item 396    Expediente   T-3837148    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-397/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    LIGIA MARGARITA CAMPBELL MARTELO VS. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Tema

La actora solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, al debido proceso y a la tercera edad y de manera consecuente, ordenar a la Secretaría Distrital de Barranquilla reconocer y pagar la pensión de vejez, la pensión gracia y las prestaciones sociales que le corresponden, por haber prestado sus servicios como docente de manera ininterrumpida por más de 39 años, hasta cuando cumplió 78 años de edad, fecha en la que fue retirada del servicio. La entidad demandada negó el reconocimiento de la prestación, bajo el argumento de no tener derecho a ella por haber sido docente catedrática. En sede de revisión la Sala fue informada del fallecimiento de la actora y por ello, para decidir, reiteró y armonizó jurisprudencia relacionada con la carencia actual de objeto por daño consumado, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social y la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de un derecho pensional. Se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por daño consumado, se ordena compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria y a la Procuraduría General de la Nación, para que, de manera respectiva, adelanten las diligencias correspondientes y relacionadas con la posible falta en la que pudo haber incurrido el Juez de Segunda Instancia al enviar de manera tardía el expediente a la Corporación para la eventual revisión y la Secretaría accionada, por los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela. A esta entidad se le hace una advertencia para que no vuelva a incurrir en estas conductas y para que garantice los derechos a la seguridad social y al debido proceso de sus empleados.


Recibo Relatoria   9-8-2013 0:00


Item 397    Expediente   T-3820292 YOTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-398/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV ARR
Demandante / Demandado    OSCAR SALAZAR HENAO Y OTRO VS. COLPENSIONES

Tema

Igualdad, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital, protección al adulto mayor. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los asuntos acumulados se presenta la acción de tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, prestación que fue denegada a los actores bajo el argumento de incumplir con el número de semanas de cotización requeridas para acceder a ella. Se desarrolla la siguiente temática: 1º. Naturaleza y finalidad de la pensión de vejez. 2º. Tesis sobre la vida probable de un sujeto de la tercera edad. 3º. Omisión en el pago de las cotizaciones al sistema de pensiones a cargo del empleador y, 4º. El sistema de seguridad social en pensiones antes y después de la expedición de la Ley 100 de 1993. Se CONCEDEN los amparos constitucionales solicitados y se ordena el reconocimiento y pago de las pensiones de vejez reclamadas.
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 203 de 2013, el cual se anexa, se aclaró y adicionó la presente sentencia en los numerales primero y segundo de su parte resolutiva, indicando en ellos el nombre correcto del accionante e incluyendo el número de su cédula de ciudadanía.
Recibo Relatoria   23-8-2013 0:00


Item 398    Expediente   T-3310981 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   2-7-2013 0:00    Sentencia   T-399/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV Y AV LEVS
Demandante / Demandado    JOSEFA MARIA RODRIGUEZ SUAREZ Y OTROS VS. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN ANTERO CORDOBA

Tema

Los demandantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital y, en consecuencia, que se anule la providencia emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, mediante la cual se resolvió negativamente el incidente de desacato en contra del municipio de San Antero, por el presunto incumplimiento de las órdenes emitidas en sentencias que resolvieron acciones de tutela, mediante las cuales se reconocieron acreencias laborales a un grupo de 120 docentes. La Sala de Revisión avizoró serias irregularidades procesales probatorias en la sentencia que dio origen a los incidentes de desacato y por ello, además de desarrollar temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; la naturaleza y alcance del incidente de desacato y la procedencia de la acción constitucional contra el fallo que resuelve el incidente de desacato, analizó el objetivo de los requisitos de procedencia de la acción de tutela con relación a la vigilancia y protección de un bien jurídico colectivo como lo es el patrimonio público y, el papel del juez de tutela frente a la protección de este patrimonio. Se concluye que: 1º. La acción de tutela era manifiestamente improcedente al no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. 2º. No había claridad sobre las relaciones laborales y las prestaciones sociales debidas por el municipio accionado. 3º. La orden de pagar la sanción moratoria sobre cada una de las prestaciones ordenadas no era acorde con la normativa vigente y 4º. Las actuaciones posteriores para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela son objeto de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. La Sala considera que no puede dejar pasar desapercibidos los efectos de la providencia cuestionada, en virtud de que con la selección de los casos bajo revisión se pusieron en evidencia las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades judiciales y las consecuencias que han generado con esto, las cuales han implicado una gran erogación del presupuesto de la entidad territorial, sin sustento razonable. Por lo anteriormente expuesto, se decide que, tanto la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero y confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica deben ser suspendidas de manera inmediata, pues esperar a que se produzcan decisiones definitivas pueden seguir poniendo en riesgo el patrimonio público. Igualmente se decide declarar IMPROCEDENTE el amparo deprecado y remitir copias de los expedientes analizados a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, para que si estiman pertinente inicien las actuaciones a que haya lugar y, en la media en que estas investigaciones ya se hayan iniciado, se adelante con mayor celeridad.
Recibo Relatoria   27-8-2013 0:00


Item 399    Expediente   D-9373    Fecha sentencia   3-7-2013 0:00    Sentencia   C-401/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV JIPP, AV LGGP, AV NPP, SV JIPC, SV LEVS
Demandante / Demandado    JOHANNA ANDREA HERNANDEZ LOPEZ VS. LEY 1474 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 2 y 6 del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. El demandante considera que los apartes normativos acusados vulneran los artículos 29 y 31 de la Constitución. La Corte concluyó que la práctica de pruebas en segunda instancia en el proceso disciplinario verbal, bien sea de oficio o como consecuencia de la revocación del auto que niega pruebas, configura una limitación razonable y proporcionada que no vulnera los derechos de defensa y contradicción. EXEQUIBLES los incisos normativos acusados.
Recibo Relatoria   23-7-2013 0:00


Item 400    Expediente   D-9388    Fecha sentencia   3-7-2013 0:00    Sentencia   C-402/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAIRO VILLEGAS ARBELAEZ VS. DECRETO 1042 DE 1978

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 31, 45, 46, 50, 51, 58 y 62 (parciales) del Decreto 1042 de 1978, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministros, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de renumeración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones. La demanda se funda en considerar que los apartes acusados contradicen el literal e) del artículo 150-19 de la Constitución Política, en cuanto de él se deriva un mandato superior consistente en que el régimen salarial de los servidores públicos, tanto del orden nacional como territorial, debe ser adoptado en su integridad por el Gobierno, sin que ninguna otra autoridad pueda abrogarse esa facultad. La Corte determinó que la Constitución no impone una regulación uniforme del régimen salarial y prestacional de todos los servidores públicos y, en tal sentido, decide declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas, por los cargos analizados en la presente sentencia.
Recibo Relatoria   23-8-2013 0:00


Item 401    Expediente   D-9459    Fecha sentencia   3-7-2013 0:00    Sentencia   C-404/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    FREDY ALFONSO AREVALO Y OTROS VS. CODIGO CIVIL ARTICULOS 288 Y 289

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 288 y 289 (parciales) del Código Civil. Los demandantes consideran que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 1, 2, 5, 13, 15 y 16 de la Constitución Política. Aducen que el término “legítimos” es discriminatorio y resulta contrario a los nuevos valores en que se inspira la Constitución y establece un parámetro injusto de comparación entre los hijos concebidos dentro y fuera del matrimonio. Indican además, que desconoce por completo la protección de patria potestad respecto de aquellos hijos concebidos en el marco de uniones maritales de hecho. La Corte determinó que la legitimación del ejercicio conjunto de la patria potestad sobre los hijos “legítimos” configura un trato discriminatorio prohibido por la Constitución, que impone la igualdad entre todos los hijos independientemente del origen del lazo filial. La Sala Plena decide declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el inciso 2º del artículo 288 del Código Civil e INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo contra el artículo 289 del C.C., porque el cargo propuesto no reunió los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
Recibo Relatoria   23-8-2013 0:00


Item 402    Expediente   D-9394    Fecha sentencia   3-7-2013 0:00    Sentencia   C-405/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Demandante / Demandado    IVAN ALEXANDER VILLAMIZAR MORA VS. DECRETO LEY 4144 DE 2011, ARTICULOS 1, 2, Y 3

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley 4144 de 2011, por el cual se determina la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan funciones. Para el actor el texto demandando vulnera lo dispuesto en los artículos 3, 121 y 150-1-7 y 10 de la Constitución, porque a su juicio, el Presidente de la República incurrió en exceso en el uso de las facultades a él conferidas. La Corte precisó que la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público es coherente con los propósitos y objetivos trazados por la Ley 1444 de 2011, al conceder facultades para renovar la administración. la Sala declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 1º del Decreto Ley 4144 de 2011 por los cargos analizados y se INHIBE para proferir sentencia respecto de los artículos 2º y 3º de la precitada norma, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   6-8-2013 0:00


Item 403    Expediente   PE-037    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   C-406/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV JIPP, SV JIPC, SV LGGP, AV NPP, AV MVCC, AV LEVS
Demandante / Demandado    REVISION CONSTITUCIONAL AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 189/11 SENADO Y 104/11 CAMARA (ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 109/11) VS.

Tema

Revisión constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria No. 189/11 Senado, 104/11 Cámara (acumulado con el Proyecto de Ley 109/11), por medio de la cual se modifica el numeral 9º del artículo 35 de la Ley 270 de 1996. Agotado el examen del proyecto de ley estatutaria, tanto en su aspecto formal como material, la Corte concluyó que se cumplieron a cabalidad los procedimientos exigidos por la Constitución y el reglamento del Congreso para una iniciativa de esa naturaleza. No obstante lo anterior, consideró que la posibilidad de reelección del Auditor General prevista en el proyecto, no resulta aplicable para el período inmediato. Se decidió, declarar EXEQUIBLE por su aspecto formal, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 189/11 Senado, 104/11 Cámara (acumulado con el Proyecto de Ley 109/11). Declarar EXEQUIBLE por el contenido material, su artículo 1º, en el entendido de que el Auditor General de la República no podrá ser reelegido para el período inmediato y, declarar EXEQUIBLE, por el contenido material, su artículo 2º.
Recibo Relatoria   27-5-2014 0:00


Item 404    Expediente   T-3629200    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   SU.407/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  AV NPP
Demandante / Demandado    DIANA MARIA ORREGO MONSALVE VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL

Tema

Debido proceso, seguridad social en pensiones. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de Unificación. Tras la muerte de su cónyuge, la accionante solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Esta prestación fue denegada por el incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema previsto en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Al resolver la demanda ordinaria laboral, el juez de primera instancia reconoció las pretensiones de la demandante y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión reclamada. A su turno, el despacho judicial de segunda instancia revocó esta decisión y absolvió al Seguro Social, argumentando que no podía darse aplicación al principio de la condición más beneficiosa, porque el fallecimiento del causante se produjo en vigencia de la Ley 797 de 2003. Al interponerse el recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, estuvo de acuerdo con lo decidido por el Tribunal Laboral y resolvió no casar la sentencia. En sede de tutela se demanda la decisión proferida por el Alto Tribunal y se aduce vulneración de derechos fundamentales y el desconocimiento del precedente constitucional establecido en la sentencia C-556/09. Para resolver el problema jurídico se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto. 3º. El principio de inmediatez y, 4º. El derecho a la pensión de sobrevivientes. Se concluye que, cuando una autoridad judicial aplica o exige que se apliquen las normas que establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de sobrevivientes, vulnera el derecho a la seguridad social dado que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta, por lo que debe inaplicarse en todos los casos. Se CONCEDE la tutela, se deja sin efectos las sentencias de casación y de segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario laboral referido, se deja en firme la decisión de primera instancia mediante la cual se accedió a la pretensión de la demanda y, en consecuencia se ordena al accionado, hoy COLPENSIONES, que cumpla con las órdenes contenidas en dicha providencia.


Recibo Relatoria   15-8-2013 0:00


Item 405    Expediente   T-3828139    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   T-408/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  SPV LEVS
Demandante / Demandado    JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO VS. E.P.S. CAFESALUD

Tema

En este asunto el personero municipal de Quimbaya (Quindío) presentó solicitud de tutela en contra de la E.P.S. CAFESALUD e invocó la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida para los usuarios de dicha entidad, porque los considera vulnerados en virtud del cierre indefinido del centro médico donde les prestaba el servicio, obstaculizando y perjudicando con ello la continuidad y calidad de los tratamientos que venían recibiendo y obligándolos a que se desplacen hasta la capital del departamento para que continúen con los mismos. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. El carácter fundamental del derecho a la salud. 2º. Este derecho en cabeza de los niños, niñas, adolescentes y de las personas de la tercera edad. 3º. La obligación de las E.P.S. de brindar los servicios de manera continua, sin que se les admita interrupciones injustificadas alegando razones de índole legal o administrativo. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   16-8-2013 0:00


Item 406    Expediente   T-3782676 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   T-409/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FABIAN CASTILLO ORTIZ Y OTROS VS. GESTORA URBANA DE IBAGUE Y OTROS

Tema

Vivienda digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los problemas jurídicos planteados en los diferentes asuntos revisados tienen que ver con la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna de personas en situación de desplazamiento, en virtud de hechos relacionados con la demora en los desembolsos de los subsidios de vivienda otorgados por parte de la Nación a los contratistas y/o constructores y el incumplimiento del plazo en la entrega de las viviendas. La Sala reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. El contenido y la naturaleza del derecho fundamental a la vivienda digna. 2º. La condición de especial vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento. 3º. Las obligaciones del Estado y entes territoriales frente a la situación de las personas desplazadas y, 4º. Procedencia de la acción de tutela para exigir la protección del derecho a la vivienda digna de la población en situación en desplazamiento. En dos asuntos se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten unas órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho tutelado. En otro caso se declara un hecho superado por CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.
Recibo Relatoria   5-8-2013 0:00


Item 407    Expediente   T-3508604    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   T-410/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    FLORINDA CARVAJAL GONZALEZ VS. FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital, vida. Tutela contra providencia judicial. En este asunto se analizó la posible vulneración de derechos fundamentales por parte del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, al negarle a la actora la pensión de sobrevivientes de su compañero permanente fallecido, alegando, el primero no encontrar sustento legal para reconocerla y, el segundo, declarando probada la excepción de cosa juzgada al resolver el proceso ordinario laboral. La Sala analiza la siguiente temática: 1º. La improcedencia, por regla general, de la acción de tutela contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso. 2º. El principio de inmediatez y sus excepciones. 3º. La naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes y su carácter fundamental. 4º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar esta prestación. 5º. La pensión de sobrevivientes a favor de la compañera permanente y 6º. La violación directa de la Constitución y la excepción de inconstitucionalidad. Se CONCEDE el amparo solicitado, se deja sin efectos el Laudo Arbitral que eximió a Ferrocarriles Nacionales de Colombia de pagar la pensión de sobrevivientes a la actora, al igual que la sentencia que homologó este laudo y la providencia que dentro del proceso ordinario laboral, aceptó la excepción de cosa juzgada. Se ordena a la Fondo de Pasivo Social accionado que reconozca la prestación reclamada por la actora.
Recibo Relatoria   1-8-2013 0:00


Item 408    Expediente   T-3785722 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   T-411/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    NOEL GONZALEZ Y OTRO VS. COLPENSIONES Y OTRO

Tema

Seguridad social, mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los actores solicitaron a ISS y COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, al considerar que tenían derecho a esta prestación al pertenecer al régimen de transición y cumplir con las semanas exigidas por la ley. Las entidades accionadas negaron la prestación argumentando el incumplimiento de las semanas de cotización. A juicio de los actores, la situación se generó por omisión o error de los empleadores al no efectuar en debida forma los aportes correspondientes y de las administradoras de pensiones, al no requerir el cobro de estas cotizaciones. Se analiza temática relacionada con el derecho a la seguridad social en materia pensional y la procedencia de la acción de tutela para reclamar la pensión de vejez. Luego de estudiar cada caso en particular, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado.


Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 409    Expediente   T-3799861    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   T-412/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LUIS FERNANDO ORTEGA MARTINEZ EN REPRESENTACION DE SU HIJO THOMAS VS. SURA E.P.S.

Tema

Se interpone la acción de tutela en representación de un menor de edad a quien le diagnosticaron trastornos endocrinos especificados, que se manifiestan en el niño por presentar talla baja. Se alega que SURA E.P.S. violó derechos fundamentales del menor, al negarle el suministro de un medicamento específico ordenado por el médico tratante y hacer entrega de otro de carácter genérico. Para dar solución al problema se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. La protección del derecho constitucional fundamental a la salud mediante la acción de tutela. 2º. La prevalencia y especial significación de los derechos de los niños y, 3º. El suministro de la hormona de crecimiento como medicamento excluido del POS. La Sala de Revisión decide confirmar la decisión de instancia que DENEGO el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   22-8-2013 0:00


Item 410    Expediente   T-3810348    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   T-413/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    LUZ MARINA GIRALDO PADILLA ACTUANDO COMO AGENTE OFICIOSA DE MARIA LUISA PADILLA GUTIERREZ VS. ALCALDIA DE MEDELLIN

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se interpone la acción de tutela en contra de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, por la presunta vulneración de derechos fundamentales de una persona de más de ochenta años de edad, a quien se excluyó del programa social a la tercera edad del cual era beneficiaria, sin tener en cuenta que se encontraba en una situación física y económica difícil, que le impedían acceder a las condiciones necesarias para llevar una vida digna. Para resolver el asunto la Sala analizó la siguiente temática: 1º. Procedencia directa de la acción de tutela para proteger el mínimo vital de personas en condiciones de debilidad manifiesta. 2º. El deber de solidaridad y asistencia a las personas de la tercera edad en un Estado Social de Derecho. 3º. Los programas de protección social al adulto mayor como garantía al mínimo vital. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la accionada incluir nuevamente a la agenciada al programa social a la tercera edad al que se encontraba vinculada y abstenerse de limitar o suspender su continuidad mientras subsistan las circunstancias que dieron lugar a la concesión de tal auxilio.
Recibo Relatoria   10-12-2013 0:00


Item 411    Expediente   T-3811840    Fecha sentencia   4-7-2013 0:00    Sentencia   T-414/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    GENTIL SILVA ZAMORA VS. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Tema

El accionante es una persona de setenta años de edad que se encuentra inscrito en el Sistema de Información de la Población Desplazada de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. Interpone la acción de tutela para que se le ampare su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas y de manera consecuente, para que se ordene a la accionada diseñar un cronograma trimestral de asignaciones de la ayuda humanitaria de emergencia y se asigne el auxilio de manera prioritaria, preferente y oportuna, sin que se le someta a ninguna exigencia adicional. La entidad demandada argumentó que los turnos asignados para el desembolso de los beneficios se constituye en la única manera de respetar el derecho a la igualdad de todas las personas en situación de desplazamiento y que, en consecuencia, el actor debe esperar porque todos los beneficiarios están en el mismo nivel de vulnerabilidad. La Sala se pronuncia respecto a los siguientes tópicos: 1º. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo para proteger derechos fundamentales de la población desplazada y, 2º. Jurisprudencia constitucional en torno a la prórroga de la ayuda humanitaria y la asignación de turnos de entrega. Se decide no acceder a la pretensión principal de ordenar la entrega inmediata de la ayuda humanitaria solicitada, pero se le ordena a la accionada informar al actor la fecha precisa en la cual procederá a hacer la entrega efectiva del dinero correspondiente a la prórroga de acuerdo al turno asignado. Se le advierte igualmente que una vez efectúe el pago, no podrá suspender dicho beneficio hasta tanto compruebe el autosostenimiento del actor.
Recibo Relatoria   22-8-2013 0:00


Item 412    Expediente   T-3749119    Fecha sentencia   5-7-2013 0:00    Sentencia   T-415/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    MARVY ADRIANA ALVAREZ TELLEZ Y OTRO VS. INCODER

Tema

Debido proceso. En este caso los accionantes pretenden que en sede de tutela se les restablezca el derecho a la propiedad y se deje sin efecto el acto administrativo proferido por el INCODER para negar la solicitud de revocatoria directa de la resolución que adjudicó a favor de terceros el predio denominado “La Luna”, del cual eran poseedores. Aducen los demandantes que en dicha decisión se desconoció el hecho de que no habitaban el predio al momento de la adjudicación, debido al desplazamiento forzado del que fueron víctimas. La Sala precisa que el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011 es el medio idóneo y eficaz para establecer los derechos de la población víctima del despojo o abandono forzado de tierras, por ello, cuando no se agote previamente este recurso ordinario de defensa judicial, como en el caso concreto, la acción de tutela debe ser declarada IMPROCEDENTE por incumplir con el requisito de subsidiariedad.
Recibo Relatoria   14-2-2014 0:00


Item 413    Expediente   T-3809288    Fecha sentencia   5-7-2013 0:00    Sentencia   T-416/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    YAMILE ALEXANDRA HURTADO CHAVES VS. EDIFICIO LA ARBOLEDA P.H.

Tema

Aduce la accionante que ha solicitado a la administración, a la asamblea general de copropietarios y al consejo de administración del edificio donde reside construir una rampa en la entrada principal de la edificación, que le permita acceder a ella con plena autonomía y en igualdad de condiciones respecto a los demás copropietarios, pero que ha recibido respuestas evasivas o negativas, violándole con ello sus derechos fundamentales y legales. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela en contra de particulares que administran conjuntos residenciales, sobre el derecho a la igualdad en la Carta y la prohibición de no discriminación de las personas en situación de discapacidad y, sobre los deberes constitucionales, su exigibilidad y el principio de solidaridad. Se TUTELA el derecho fundamental a la igualdad y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho concedido.


Recibo Relatoria   11-3-2014 0:00


Item 414    Expediente   T-3797219 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   8-7-2013 0:00    Sentencia   T-417/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    EVERARDO ALDANA ROPERO Y OTROS VS. CAPRECOM Y OTROS

Tema

Salud, vida digna. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los dos asuntos estudiados se tiene que los accionantes son personas privadas de la libertad, que presentan problemas en su estado de salud y que reclaman, de los establecimientos carcelarios y de CAPRECOM, como entidad encargada de prestar los servicios de salud, la atención médica que requieren. En un asunto se dispuso TUTELAR los derechos fundamentales invocados y ordenar a CAPRECOM E.P.S. que se le practique al accionante una valoración por parte de un médico cirujano, para que determine si se le debe someter a intervención quirúrgica, en cuyo caso se le debe practicar ésta y continuar con el tratamiento integral que el paciente necesite de acuerdo a las prescripciones del médico tratante. Así mismo, se ordena compulsar copias con destino a la Superintendencia Nacional de Salud para que en el ámbito de su competencia realice las acciones que encuentre pertinentes. En el otro asunto, se confirma la decisión de instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela impetrada. Se solicita a la precitada Superintendencia, al igual que al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, que en el ámbito de sus respectivas funciones adelanten una labor de observación, supervisión, control e ilustración, con la colaboración del INPEC, que asegure la implementación de medidas preventivas y correctivas para que todas las personas que en Colombia se encuentren privadas de la libertad por disposición judicial, se les suministre en forma oportuna, eficiente y efectiva la prevención, cuidado, observación, tratamiento y recuperación de su salud.


Recibo Relatoria   26-7-2013 0:00


Item 415    Expediente   T-3850379    Fecha sentencia   8-7-2013 0:00    Sentencia   T-418/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    ANGELA SANCHEZ SALDARRIAGA VS. NUEVA E.P.S.

Tema

La accionante tiene 76 años de dad y padece una enfermedad que le produce calambres y congestión muscular incontrolable en su rostro, por lo que tiene problemas de desnutrición ya que los movimientos involuntarios en su cara y lengua le impiden ingerir alimentos de manera regular. Aunado a lo anterior, padece problemas del corazón los cuales se han aumentado debido al estrés y al cuadro clínico de depresión y deterioro de la personalidad que presenta. La acción constitucional se interpone porque la NUEVA E.P.S. suspendió sin ningún tipo de justificación, el tratamiento que había sido ordenado por el especialista, consistente en el suministro cada tres meses, de un medicamento con aguja de electromiografía. Se reitera jurisprudencia relacionada con la protección constitucional del derecho fundamental a la salud, el principio de integralidad en la prestación de servicios médicos y el principio de continuidad en la práctica de tratamientos y procedimientos médicos. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   31-7-2013 0:00


Item 416    Expediente   T-3813310    Fecha sentencia   8-7-2013 0:00    Sentencia   T-419/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JESUS KARIM NADER CHUJFI VS. BANCO DE OCCIDENTE

Tema

En este asunto considera el accionante que el Banco de Occidente vulnera sus derechos fundamentales de petición, al buen nombre y al habeas data, en virtud de haberlo reportado desfavorablemente a centrales de riesgo crediticio, basándose en el incumplimiento de obligaciones financieras que no adquirió y que, por esa razón, no podía predicar que estaba en mora en su pago. Igualmente, alega el actor que las respuestas dadas por el Banco a sus solicitudes no cumplen el contenido mínimo del derecho de petición, puesto que no se trata de una respuesta de fondo que explique por qué, a pesar de no tener evidencia sobre la existencia de las obligaciones motivo de reporte, la entidad llevó a cabo el mismo. La Sala analiza jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental de petición, los principios de finalidad y veracidad del dato personal y, los deberes de las fuentes de información personal de contenido comercial, financiero y crediticio. Se CONCEDE la tutela y se ordena al banco accionado proceder a rectificar ante las centrales de riesgo la información personal del actor, en el sentido de eliminar definitivamente todos los reportes financieros negativos o desfavorables derivados de la relación contractual y de créditos entre ambos.
Recibo Relatoria   31-7-2013 0:00


Item 417    Expediente   D-9402    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   C-433/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SV MGC, SV ARR,
Demandante / Demandado    JAROL ESTIBENS ECHEVERRY GIRALDO Y OTROS VS. ACTO LEGISLATIVO 06 DE 2011, ARTICULO 2

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 2º del Acto Legislativo 06 de 2011, por el cual se reforma el artículo 235, el artículo 50 y el numeral 1º del artículo 251 de la Constitución Política. Los demandantes consideran que el Congreso de la República incurrió en un vicio de competencia en la expedición del Acto Legislativo 06 de 2011. En su concepto, al permitir que el Congreso atribuya a particulares y autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal, el constituyente derivado sustituyó la Carta Política, lo que comporta el desplazamiento de varios de sus ejes definitorios, todos ellos relacionados con el sistema de persecución penal acogido por el constituyente originario. La Corte ratificó que la demanda contra Actos Legislativos por vicios de competencia no puede plantear un juicio de orden material no previsto en el artículo 241-1 de la Carta Política. La Sala se declara INHIBIDA para proferir decisión de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   30-9-2013 0:00


Item 418    Expediente   D-9441    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   C-434/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV JIPP, AV LGGP, AV GEMM, SV LEVS
Demandante / Demandado    JUAN JOSE GOMEZ URUEÑA VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 84, PARAGRAFO 2

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. El actor presenta tres cargos que apuntan a cuestionar la adecuación constitucional de los hechos que pueden dar origen a la inhabilidad prevista en la norma acusada, así como el procedimiento por el cual ésta se impone y la coincidencia de esta inhabilidad con las sanciones disciplinarias que puede imponer el Ministerio Público. La Corte consideró que la inhabilidad para contratar con el Estado, impuesta al interventor que no cumpla con el deber de información previsto en la ley 1474 de 2011, no vulnera el principio de legalidad ni el derecho de defensa. Se declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma acusada, en el entendido que, en caso de concurrencia de sanciones de inhabilidad para contratar con el Estado, solo tendrá aplicación la más alta, siempre y cuando se hayan impuesto por el mismo hecho.
Recibo Relatoria   13-1-2015 0:00


Item 419    Expediente   D-9434    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   C-435/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    LEIDY JOHANA ACEVEDO ACEVEDO VS. DECRETO 1355 DE 1970, ARTICULO 137 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 (parcial) del decreto 1355 de 1970, por el cual se dictan normas sobre policía. El demandante solicita que se declare inexequible la frase “Los espectadores están obligados a guardar la compostura y el decoro debido” por considerar que vulnera los artículos 1, 2, 13, 16 y 52 de la Constitución. La Corte concluyó que exigir la compostura y el decoro debido a quienes asisten a los espectáculos públicos no desconoce el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la recreación de los ciudadanos y el principio de legalidad, siempre que estas nociones se entiendan referidas al mantenimiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad necesarias para garantizar el goce del espectáculo por parte de los asistentes y, que el incumplimiento de esta obligación sea evaluada en cada circunstancia particular por las autoridades competentes, atendiendo los principios constitucionales y legales. Se declara la EXEQUIBILIDAD del aparte normativo demandado.


Recibo Relatoria   22-7-2013 0:00


Item 420    Expediente   D-9408    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   C-436/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    DIANA MILENA DIAZ AGUDELO VS. LEY 1564 DE 2012, LITERAL B, NUMERAL 3, ARTICULO 24

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del literal b) del numeral 3, del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Se solicita la declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado por infracción del artículo 116 de la Constitución. Se aduce, que dicha norma no establece con precisión las funciones judiciales que se encargarían a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo que implicaría un desconocimiento del carácter excepcional que según la Constitución, debe tener la atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. La Corte consideró que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos no viola los mandatos de precisión temática y orgánica derivados del artículo 116 Superior. Adicionalmente constató que tal atribución no desconoce la prohibición de asignar a las autoridades administrativas funciones para instruir sumarios o juzgar delitos. Pese a lo anterior, identificó un riesgo de confusión entre las funciones administrativas de inspección vigilancia y control y las funciones judiciales a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y por ello declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma acusada, siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la referida Dirección garanticen los principios de imparcialidad e independencia, en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas.
Recibo Relatoria   22-7-2013 0:00


Item 421    Expediente   D-9369    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   C-437/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    CARLOS MARIO ISAZA SERRANO VS. LEY 1437 DE 2011, ARTICULO 278 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aduce el demandante que el artículo acusado vulnera los artículos 13, 40-6 y 229 de la Constitución, en razón a que la adición de cargos a la demanda inicialmente presentada, cuyas pretensiones tengan un contenido electoral, será procedente siempre y cuando no haya operado el fenómeno de la caducidad. En su sentir, el término es breve para contar el término de caducidad y además para determinar si la reforma a la demanda fue presentada en tiempo, lo cual afecta el contenido del derecho a la participación política y el acceso a la administración de justicia. La Corte encuentra que la disposición acusada no contraviene los postulados constitucionales de igualdad, acceso a la administración de justicia, ni de participación política. Por el contrario considera, que la medida cuestionada realiza de forma adecuada, objetiva y razonable el fin del proceso electoral. EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   16-8-2013 0:00


Item 422    Expediente   D-9389    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   C-438/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV LGGP, AV LEVS
Demandante / Demandado    MARCO ROMERO SILVA Y OTROS VS. LEY 1448 DE 2011 ARTICULOS 17 Y 19, 27, 28, 37, 41, 46, 47, 64, 86 Y 88 PARCIALES

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17, 19 (parcial), 27 (parcial), 28 (parcial), 37 (parcial), 41 (parcial), 46 (parcial), 47 (parcial), 64 (parcial), 86 (parcial) y 88 (parcial) de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones” Los demandantes presentaron varios cargos relacionados con: 1º. Violación del principio de progresividad. 2º. Desconocimiento del alcance del principio pro homine. 3º. Transgresión de los derechos de las víctimas a participar adecuadamente en los procesos judiciales. 4º. Vulneración de la obligación de trato digno a las víctimas en causas penales e interrogatorios. 5º. Violación de la obligación de adopción de medidas especiales en la práctica de testimonios. 6º. Contravención al derecho a la reparación integral en la regulación del incidente de reparación especial. 7º. Infracción al principio humanitario de imparcialidad y de la obligación de adoptar enfoque diferencial en la entrega de la ayuda humanitaria a las víctimas, derivada de la exigencia de establecer necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, 8º. Violación del principio a la igualdad. 10. vulneración de la intimidad familiar derivada de la exigencia de la publicación de la admisión de la solicitud de restitución o formalización de tierras despojadas y, 11º. Violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. Luego de abordar cada cargo en concreto, de presentar el problema jurídico planteado en torno a los mismos y dar resolución a todos y cada uno de ellos, se decide declarar EXEQUIBLES las expresiones acusadas contenidas en los artículos 17, 27, 28, 37, 41, 46 parágrafo 3º y 64. Igualmente, se resuelve declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de algunas expresiones incluidas en los artículos 46 incisos 3º y 4º, 47 y 88 e INEXEQUIBLES, las expresiones “inmediatas” y “directa” contenidas en el inciso 1º del articulo 47, al igual que “y el núcleo familiar del despojado o de” contenida en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.
Recibo Relatoria   21-4-2014 0:00


Item 423    Expediente   T-3829486    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-420/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MAGNOLIA ARTUNDUAGA AGENTE OFICIOSO DE JHON FABIO YARA VS. BATALLON DE INGENIEROS NUMERO 12 GENERAL LIBORIO MEJIA

Tema

A través de la figura de la agencia oficiosa se instaura la acción constitucional en contra del Batallón de Ingenieros número 12 “General Liborio Mejía”, por la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la salud, a la vida y a la integridad física, en virtud del hecho de haber acuartelado al agenciado sin tener en consideración que presentaba deficiencias de salud, pertenecía a la población desplazada y colaboraba con los gastos de manutención de la familia. Se aborda la revisión de la siguiente jurisprudencia: 1º. La prestación del servicio militar obligatorio y el trámite para resolver la situación militar. 2º. Las causales de exención de prestación del servicio militar contempladas en los literales d) y e) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 y, 3º. La definición de la situación militar en el caso de la población desplazada. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena al accionado disponer el desacuartelamiento del hijo de la actora y proceder a expedir la correspondiente libreta militar de reservista, de acuerdo a la normatividad vigente.


Recibo Relatoria   25-2-2014 0:00


Item 424    Expediente   T-3826315    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-421/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    CARLOS ANDRES LUGO VS. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema

El actor, en su condición de soldado regular y en cumplimiento de actos propios del servicio, sufrió un accidente de trabajo que le generó una discapacidad del 71.35%. Luego de solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez invocando lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, el Ministerio de Defensa negó tal prestación, argumentando que el ex soldado regular no reunía los requisitos de ley para consolidar a su favor dicha prerrogativa, toda vez que la disminución de la capacidad laboral no era igual o superior al 75%. Se pretende el reconocimiento de la pensión y la prestación de los servicios médicos, en calidad de afiliado pensionado. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales. Régimen jurídico aplicable en materia de pensión de invalidez a los miembros de la Fuerza Pública. El derecho a la salud y a la seguridad social de los miembros de las Fuerzas Militares retirados por lesiones o enfermedades adquiridas con ocasión del servicio. CONCEDIDA.


Recibo Relatoria   9-6-2014 0:00


Item 425    Expediente   T-3814724    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-422/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    MARIA RUBIELA BEJARANO TAPIA VS. ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Tema

En este caso la conducta que se considera vulneradora de derechos fundamentales es la relacionada con la expedición de un acto administrativo mediante el cual se impartió la orden de trasladar a la accionante a otra institución educativa. A efecto de resolver el problema planteado, la Sala realizó un análisis jurisprudencial sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que ordenan traslados laborales y los límites de empleador al ejercicio ius variandi Se confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.
Recibo Relatoria   25-2-2014 0:00


Item 426    Expediente   T-3816804 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-423/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante / Demandado    LUIS CARLOS CAICEDO Y OTROS VS. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

Tema

Se acumulan expedientes por unidad de materia. Todas las demandas de tutela se dirigen a obtener la protección del derecho fundamental a la educación, el cual afirman los accionantes fue desconocido por la Universidad de Pacífico, por cuanto en el segundo semestre del 2012 los estudiantes de dicha institución entraron en asamblea permanente y luego de tratar de llegar a acuerdos, sin lograrlos, el Consejo Directivo tomó la determinación de cancelar el semestre sin derecho a devolverles lo pagado por éste o, al menos tener en cuenta la suma respectiva como parte de pago de la matrícula que debían asumir en el siguiente período académico. Se abordan los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la educación y la permanencia en el sistema educativo. El deber que tiene el Estado de establecer mecanismos para garantizar la educación superior, en especial, a personas de escasos recursos. 3º. El principio de autonomía universitaria y, 4º. El derecho a la participación estudiantil. Se CONCEDE la protección a los derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la libertad de expresión de los estudiantes accionantes.


Recibo Relatoria   28-2-2014 0:00


Item 427    Expediente   T-3766918    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-424/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    NATALIA ANDREA MUÑOZ VS. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Y OTRO

Tema

Se promueve la acción de tutela en contra de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y del municipio de Medellín, para reclamar la protección de los derechos fundamentales a una vida en condiciones dignas y al agua potable, vulnerados por dichas entidades al suspender el servicio de agua en la vivienda de la actora debido al incumplimiento consecutivo en el pago de las obligaciones facturadas, sin tener en cuenta que en el inmueble residen sujetos de especial protección. Se reitera jurisprudencia constitucional referente a la procedencia excepcional de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental al agua potable y sobre el deber de las empresas de servicios públicos domiciliarios de suspender el servicio al deudor moroso. Se DENIEGA el amparo solicitado pero se ordena a las E.P.M. E.S.P. que, al momento de que la actora lo solicite, realice un acuerdo de pago respecto del valor de la deuda que se ajuste a sus ingresos económicos, caso en el cual deberá normalizar la prestación del servicio, pero sujeto a que se cumpla lo acordado
Recibo Relatoria   25-2-2014 0:00


Item 428    Expediente   T-3828679    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-425/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Sv/Av  SV MGC
Demandante / Demandado    NILSON CARLOS AGAMES GUEVARA VS. SALUD TOTAL E.P.S.

Tema

El accionante, en representación de su menor hija, interpone la acción de tutela en contra de SALUD TOTAL E.P.S. por la presunta vulneración de derechos fundamentales de la niña, al negarle el suministro de un medicamento prescrito por la médica para el manejo de la anemia falciforme que padece. La accionada negó el medicamento por estar excluido del POS y su suministro fue sometido a la aprobación del Comité Técnico Científico, instancia que rechazó la petición argumentando que la prescripción no coincidía con las indicaciones terapéuticas aprobadas por el INVIMA en el registro sanitario otorgado al producto. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la salud de los menores de edad. 2º. El derecho de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud a acceder a los servicios de salud que requieran, estén o no incluidos en el POS y, 3º. Jurisprudencia sobre el suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermedades que no están incluidas dentro de los usos terapéuticos registrados en el INVIMA. SE CONCEDE.


Recibo Relatoria   7-11-2013 0:00


Item 429    Expediente   T-3817419    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-426/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    MIRLEIDIS MARIA PACHECO DE LA CRUZ VS. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tema

En el año 2007 la actora inició por primera vez el trámite necesario para la obtención de la cédula de ciudadanía en el municipio de Pivijay (Magdalena), donde se le asignó un número y se le hizo entrega provisional de una contraseña. A finales del 2011, luego de varios reclamos verbales, la accionante acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para requerir la entrega de su documento de identidad y en lugar de ello, le hicieron diligenciar una nueva petición y agotar nuevamente todo el trámite para la obtención de su cédula de ciudadanía. En el año 2012, la actora acudió por segunda vez ante la entidad accionada y le indicaron que debía diligenciar otra vez los documentos necesarios para la entrega de su identificación. Indica la actora que la falta del mencionado documento le ha generado múltiples problemas de orden personal y laboral. La accionada adujo no haber vulnerado derecho alguno en tanto le entregó a la demandante una contraseña y la entidad tuvo inconvenientes de carácter técnico definitivos. La Sala reitera jurisprudencia relacionada con la importancia y funciones que cumple la cédula de ciudadanía y decide CONCEDER el amparo solicitado, ordenándole a la accionada expedir y entregar a la actora su cédula de ciudadanía.
Recibo Relatoria   9-10-2013 0:00


Item 430    Expediente   T-3814953    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-427/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    ARTURO APRAEZ ZAMORA VS. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y OTROS

Tema

En este asunto se interpone la acción de tutela para solicitar que se entregue a la accionante el protocolo de necropsia practicada a su hijo, con el fin de poder reunir los documentos que le exigen para que le sea otorgada la reparación administrativa que le corresponde por haber sido asesinado el joven por parte de los grupos armados al margen de la ley. Igualmente, para que se le reconozca la mencionada indemnización en el menor tiempo posible, una vez allegue el referido dictamen. La Sala se pronuncia respecto al tema de la reserva legal de las piezas de la historia clínica, el derecho a la reparación de las víctimas y el marco jurídico del procedimiento de la reparación administrativa. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena, de una parte al hospital accionado que remita a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el protocolo de necropsia practicado al hijo del actor y, de otra parte, que esta última entidad resuelva la solicitud del demandante respecto a la reparación administrativa, con fundamento en los principios de buena fe, favorabilidad e inversión de la carga de la prueba.


Recibo Relatoria   15-11-2013 0:00


Item 431    Expediente   T-3740319 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-428/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUZ ELENA BETANCOURT CORTES Y OTROS VS. INSTITUTO DE SETUROS SOCIALES Y OTROS

Tema

Mínimo vital, seguridad social, debido proceso, igualdad Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las acciones de tutela objeto de estudio fueron interpuestas por personas que tienen alguna discapacidad generada por diferentes enfermedades a quienes, en la mayoría de los casos, la administradora de los fondos de pensiones a la que se encontraban afiliadas, les negaron el reconocimiento de la pensión de invalidez porque no cumplieron con el requisito de haber cotizado cincuenta semanas al Sistema General de Pensiones en los tres años anteriores a las fechas de estructuración de las pérdidas de capacidad laboral. Los actores argumentan que no cumplen con el mencionado requisito porque las fechas de estructuración se establecieron en momentos en los que aún conservaban su capacidad laboral. Sólo en uno de los expedientes la acción de tutela se interpuso para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional, la cual fue negada porque no se acreditó que la actora fuera inválida al momento en que falleció el causante. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez de personas con discapacidad. . 2º. Fecha de estructuración del estado de invalidez de personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. 3º. Protección constitucional e internacional de las personas con discapacidad. Luego de analizar cada caso en concreto y de acuerdo a las especificidades de cada uno de ellos, la Sala de Revisión resuelve de manera particular y adopta, en los casos en que concede el amparo, una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   31-3-2014 0:00


Item 432    Expediente   T-3269699    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-429/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS FERNANDO GALLEGO HOLGUIN VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Tema

Debido proceso, igualdad en la aplicación de la ley, libertad de circulación, vida, integridad física. Tutela contra providencia judicial. En este caso se aduce que la decisión judicial adoptada en segunda instancia en una acción popular, violó los derechos fundamentales del actor a la dignidad humana y al debido proceso al incurrir en algunos defectos, en virtud de las siguientes actuaciones: 1º. Exigirle al actor popular cumplir una carga más exigente de la que era debida. 2ª. Valorar inadecuadamente dos medios de prueba obrantes en el expediente. 3º. Motivar de manera indebida las conclusiones probatorias y, 4º. Privar al demandante sin justificación alguna del incentivo que ya le había reconocido el juzgado de primera instancia. Luego de reiterar las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y de analizar el caso en concreto, la Sala concluye que en la sentencia acusada se incurrió en un defecto fáctico por la omisión del juez en hacer uso de la facultad para decretar pruebas de oficio. Se decide CONCEDER la tutela deprecada.


Recibo Relatoria   27-11-2013 0:00


Item 433    Expediente   T-3274619 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-430/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    LUIS FERNANDO SALAS RODELO Y OTROS VS. DISTRITO MILITAR NUMERO 46 DE FACATATIVA Y OTRO

Tema

En el presente trámite de revisión se acumulan tres expedientes que contemplan cuatro casos, los cuales, salvadas las diferencias particulares, tienen que ver de manera general con la objeción de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio. Se analiza la siguiente temática: 1º. El principio de inmediatez. 2º. El derecho a la objeción de conciencia que tiene todo joven frente al servicio militar en los términos que ha sido reconocido y protegido por la jurisprudencia constitucional, de acuerdo a la Constitución Política y al Bloque de Constitucionalidad y, 3º. Los derechos a la igualdad y al mínimo vital. Se concluye, entre otras cosas, las siguientes: a). El principio de inmediatez que rige la acción de tutela es una herramienta para evitar usos estratégicos e ilegítimos del mecanismo y no es un obstáculo rígido y formal que impide el acceso a la justicia para la defensa de los derechos fundamentales. b). El Ejército desconoce la libertad de conciencia de una persona cuando no le reconoce ser objetor de conciencia, en razón a que no existe una regulación concreta y específica que desarrolle la institución. c). El Ejército Nacional desconoce el derecho de igualdad de un joven que sostiene su familia, así como el derecho al mínimo vital de las personas que lo componen, cuando no se le exime de prestar el servicio militar obligatorio con base en una lectura restrictiva y literal de las normas aplicables. Se TUTELAN los derechos a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y, concretamente, el derecho a objetar por razones de conciencia la prestación del servicio militar obligatorio. Se imparten unas órdenes específicas, conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Recibo Relatoria   5-12-2013 0:00


Item 434    Expediente   T-3816642    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-431/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV JIPP
Demandante / Demandado    YOVANY ENRIQUE MENDEZ RUIZ VS. GUSTAVO ADOLFO PINILLA COGOLLO

Tema

En este asunto se le adjudica al demandado la vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del accionante, por haberlo despedido encontrándose en estado de incapacidad y sin contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. Igualmente, por haber terminado el contrato laboral a término fijo que se había prorrogado en dos oportunidades. Se destaca el hecho de que el peticionario se encuentra gozando de una pensión de invalidez. Luego de un análisis detallado, la Sala de Revisión concluye que la acción de tutela es IMPROCEDENTE para proteger el amparo a los derechos a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada alegados por el actor como vulnerados.
Recibo Relatoria   9-12-2013 0:00


Item 435    Expediente   T-3814051    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-432/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    YANETH CASTRO QUINTERO Y OTROS VS. ARL SURA

Tema

Se reclama a la ARL SURA que determine que la muerte del compañero permanente de la actora, acaecido al recibir un impacto de bala mientras se encontraba en su sitio de trabajo durante la jornada laboral, se produjo como consecuencia de un accidente de trabajo y que, como resultado de ello, proceda a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente que le corresponde a ella y a sus menores hijos. La accionada alegó que no le correspondía asumir la prestación porque el suceso no fue reportado por el empleador y que por ello, las pretensiones de la demandante debían tramitarse, en su lugar, frente al fondo de pensiones. De la determinación del origen de los accidentes en el Sistema Integral de Seguridad Social. El accidente de trabajo y el momento desde el cual son exigibles las prestaciones que se derivan del Sistema General de Riesgos Laborales. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Al encontrar vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, se decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   20-6-2014 0:00


Item 436    Expediente   T-3824489 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   10-7-2013 0:00    Sentencia   T-439/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    LUZ MARINA MARTINEZ FONSECA EN REPRESENTACION DE SUS NIETOS OMAR ALEXANDER ACOSTA MEDINA Y OTRO VS. INPEC

Tema

Se acumulan expedientes por unidad de materia. En un primer caso la abuela de dos menores de edad, cuya madre se encuentra privada de la libertad en la Cárcel San Cristóbal de Medellín, interpone la acción de tutela para solicitar que se ordene el traslado de la reclusa a la cárcel de Villavicencio, con el objeto de facilitar el acercamiento familiar. En el segundo caso la actora se encuentra detenida en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga y su compañero permanente y padre de sus dos niños de cuatro y tres años de edad respectivamente, se encuentra privado de la libertad en la cárcel las Mercedes de Montería. Los precitados menores se encuentran a cargo de sus abuelos quienes residen en la ciudad de Santa Marta, lo que dificulta su encuentro con ambos padres. En la acción de tutela se solicita el amparo del derecho a la unidad familiar y, consecuentemente, que se ordene el traslado de la peticionaria a la Cárcel de Montería, para que sus hijos puedan visitarla a ella y a su compañero. Se analiza la siguiente temática: 1º. Circunstancias en las cuales el derecho a la unidad familiar de los internos cobra mayor fuerza frente a los criterios del INPEC para mantener al recluso en determinado centro penitenciario y, 2º. Desconocimiento por parte de los reclusos del INPEC de las causales y procedimiento a seguir para solicitar traslados. En el primer asunto se NIEGA la tutela por no evidenciarse arbitrariedad en la decisión de traslado y por considerar que las razones que lo motivaron fueron proporcionadas y pertinentes, sin situación de excepcionalidad. En el otro caso se ordena al INPEC responder nuevamente la solicitud de traslado impetrada por la accionante, dando respuesta justificada y razonable y atendiendo las características jurisprudenciales de la respuesta adecuada al derecho de petición. Se ordena igualmente al INPEC, realizar campañas de difusión e información dirigidas a los internos en todo el país, para que conozcan el procedimiento para solicitar traslados y los criterios de la entidad para decidirlos.
Recibo Relatoria   9-12-2013 0:00


Item 437    Expediente   T-3141358    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-440/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    EDER ENRIQUE MARQUEZ BRACAMONTE Y OTROS VS. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE MONTELÍBANO

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Los accionantes alegan vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial que dio trámite a una demanda ordinaria de acción reivindicatoria. Se aduce, que a dicha causa se le debió dar el trámite del proceso agrario y en consecuencia, realizar las notificaciones y vinculaciones en debida forma. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la evolución y objeto del derecho agrario en Colombia y la naturaleza y alcance del debido proceso en el juicio agrario. Ante la existencia de vulneraciones graves e insubsanables del debido proceso y del derecho a la defensa de los actores, partiendo de la violación de las normas de jurisdicción y competencia, se decide dejar sin efectos todo lo actuado dentro del proceso civil iniciado en virtud de la demanda ordinaria de acción reivindicatoria precitada y en consecuencia, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba) para que aplique el procedimiento agrario contemplado en el decreto 2303 de 1989. CONCEDID
Recibo Relatoria   22-10-2013 0:00


Item 438    Expediente   T-3762813 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-441/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    ZABULON TIRADO GARCIA Y OTROS VS. ISS Y COLPENSIONES

Tema

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las acciones de tutela se interponen en contra del ISS en liquidación y de COLPENSIONES, por el incumplimiento de fallos judiciales que concedieron prestaciones sociales y la ausencia de respuestas de fondo a los derechos de petición presentados frente a diferentes requerimientos de carácter prestacional. Las accionadas se excusaron en los problemas administrativos presentados en razón a la transición institucional que condujo a que COLPENSIONES asumiera todas las obligaciones que estaban en cabeza del ISS. La Sala de Revisión encuentra un problema jurídico que no solamente tiene que ver con la vulneración de los derechos fundamentales invocados, sino con una situación relacionada con la prestación del servicio por parte del ISS en liquidación y COLPENSIONES. Para resolver los casos se analiza la siguiente temática: 1º. Principios constitucionales que irrigan el derecho a la seguridad social. 2º. Procedencia de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de fallos judiciales que reconocen derechos pensionales. 3º. Garantía y protección del derecho fundamental de petición y, 4º. Marco jurídico que dio lugar a la transición del ISS a COLPENSIONES. Con el único fin de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los usuarios del régimen de prima media y de todos los demás ciudadanos cuyo goce efectivo de sus derechos depende del adecuado funcionamiento de las entidades encargadas de reconocerlos, se adoptan una serie de medidas para que ello sea posible, tales como reiterar los efectos inter comunis dispuestos en el A110/13 y determinar que se cumplan a cabalidad los lineamientos establecidos en dicha providencia. Respecto a los casos concretos se decide ordenar el reconocimiento y pago de la mesada pensional para cuatro accionantes y para otros dos demandantes, se decide que, antes del 31 de diciembre de 2013, se les resuelva la solicitud pensional teniendo en cuenta el grupo de prioridad tres al que pertenecen, de acuerdo a los criterios del Auto 110 de 2013.


Recibo Relatoria   22-8-2013 0:00


Item 439    Expediente   T-3826828    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-442/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    FEDERACION NACIONAL DE BICITAXIS Y OTROS VS. SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA Y OTRO

Tema

En este caso distintas organizaciones que representan y agrupan a las personas que desarrollan el modo alternativo de transporte público denominado bicitaxismo, impetran la acción de tutela en contra de la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la libertad de empresa e iniciativa privada y del principio de la confianza legítima. Además de solicitar la protección de los derechos fundamentales supuestamente conculcados, pretenden que se ordene a la Administración Distrital que: 1º. Se declare al gremio de los bicitaxistas como perteneciente a una actividad económica legal y ecológica que está sometida al régimen sancionatorio previsto en el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 2º. Reglamente esta modalidad de transporte público conforme a los lineamientos señalados por la Corporación en la sentencia C-981/10. 3º. Suspenda los operativos que en su contra despliega la Policía. 4º. Elabore un estudio que contemple el impacto que generará el Sistema Integral de Transporte Público sobre la actividad del bicitaxismo y. 5º. Adelante acciones afirmativas a su favor, incluyéndolos de forma real y efectiva en las nuevas rutas y servicios del SITP. La Sala de Revisión luego de verificar la procedencia de la acción de tutela en el caso particular, de estudiar la protección fundamental del derecho al trabajo de quienes ejercen actividades económicas no reguladas, el principio de la confianza legítima y la necesidad de preservar el interés público y, después de referirse al alcance de la sentencia C-981/10, relacionada con la prestación del servicio público del transporte por parte de vehículos no automotores, decide confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la tutela ante la existencia de otros recursos judiciales adecuados y efectivos no solo para la protección de los derechos fundamentales que se alegan comprometidos, sino para lograr la pretensión de reglamentar la actividad del bicitaxismo. Pese a la anterior declaratoria, se hace una serie de exhortaciones al Ministerio de Transporte y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, tendientes al diseño de una política pública a nivel local sobre el bicetaxismo.
Recibo Relatoria   25-9-2013 0:00


Item 440    Expediente   T-3768366    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-443/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. E.S.P. VS. SUBSECCION A DE LA SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La Empresa de Energía de Cundinamarca S. E.S.P. presenta la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por estimar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, al revocar el fallo adoptado por el juez de primera instancia y amparar los derechos colectivos invocados por los demandantes dentro de una acción popular promovida en contra de ella, de la Empresa Colombia Telecomunicaciones S. E.SP. y de la Alcaldía de Útica. Se solicita ordenar a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión en la que las órdenes impartidas guarden congruencia con las pretensiones contenidas en la demanda. La Sala de Revisión analiza jurisprudencia de la Corporación relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias, estudia el contenido y la naturaleza jurídica del derecho a la administración de justicia y la obligación de dar cumplimiento a los fallos judiciales como uno de los contenidos derivado de dicho derecho y examina la naturaleza jurídica de la acción popular. Se confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo deprecado.
Recibo Relatoria   6-8-2013 0:00


Item 441    Expediente   T-3545792    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-444/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA VS. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el 2001 el municipio de Soledad (Atlántico) y la Sociedad Triple A, suscribieron un contrato de concesión para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con un término de duración de veinte años. Este negocio jurídico fue modificado en diferentes oportunidades a través de varios otrosí, entre los que se destaca uno suscrito en el 2006, en el que la entidad territorial reconoció la existencia de una deuda por concepto del déficit proveniente de los subsidios aplicables a los estratos 1, 2 y 3. En el 2010 el Ministerio de Hacienda aceptó la solicitud del municipio para promover un acuerdo de reestructuración, lo que conllevó a que dentro de la determinación de acreencias y derechos de voto, el valor a favor de la Empresa de Servicios Públicos fuera clasificado en el listado de saldos a depurar. Teniendo en cuenta que en dicho acto se redujo el monto adeudado fueron presentadas las observaciones respectivas ante el Promotor del acuerdo y como instancia judicial para impugnar su decisión, se promovieron objeciones ante la Supersociedades, las cuales fueron negadas. Son las decisiones del Promotor del acuerdo y de la Supersociedades las que se demandan vía tutela, alegando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica. La Sala de Revisión se pronuncia respecto a los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, especialmente sobre los defectos sustantivo, procedimental y fáctico, así como los principios de inmediatez y subsidiariedad. Igualmente analiza las características de los procesos de reestructuración de pasivos y las facultades adscritas al Promotor y a la Superintendencia. Al comprobar el acaecimiento de los defectos sustantivo, procedimental absoluto y fáctico en las decisiones cuestionadas, la Sala de Revisión decide CONCEDER el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   7-10-2013 0:00


Item 442    Expediente   T-3178400 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-445/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Sv/Av  AV JIPP, AV NPP, AV JIPC
Demandante / Demandado    HUGO MONTOYA NARANJO Y OTROS VS. FONDO PASIVO DE FERROCARRILES Y OTROS

Tema

Indexación primera mesada pensional, poder adquisitivo de las mesadas pensionales. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Solicitan los accionantes que se protejan los derechos fundamentales que consideran vulnerados por las entidades demandadas, en tanto se negaron a indexar sus primeras mesadas pensionales, bajo el argumento de que éstas fueron causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991. Se estudian los siguientes tópicos: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El reconocimiento excepcional de la indexación de la primera mesada pensional a través de la acción de tutela. 3º. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. 4º. El desarrollo y alcance del derecho a la indexación de la primera mesada pensional. 5º. La exigibilidad del derecho a la indexación a situaciones consolidadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política. 6º. La certeza del derecho a la indexación como determinante del término de contabilización de la prescripción. En todos los casos se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a las accionadas proceder a indexar la primera mesada pensional de los actores y reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir del 12 de diciembre de 2012, fecha en la cual se expidió la sentencia SU1073/12.
Recibo Relatoria   10-4-2014 0:00


Item 443    Expediente   T-3813492    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-446/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    NANCY MAYERLY RAMOS ORTIZ VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA SALA DE DESCONGESTION Y OTRO

Tema

Igualdad, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. En este asunto se demandan las decisiones judiciales proferidas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la actora en contra de la decisión proferida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CARC), a través de las cuales se declaró la ineptitud de la demanda al no dirigir la acción contra todos los actos que determinaron su desvinculación, estos son, el acuerdo que aprobó el proceso de reestructuración y la decisión administrativa que dio lugar a la desvinculación. A juicio de la actora, las autoridades accionadas incurrieron en vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, realiza un breve análisis a las reglas atinentes al defecto por desconocimiento del precedente judicial y cita el tratamiento jurisprudencial que ha dado el Consejo de Estado a otras demandas dirigidas contra los oficios de comunicación de desvinculación en el proceso de reestructuración administrativa de la CARC. Al encontrar que las decisiones de los jueces accionados contrariaron el precedente sentado por el Consejo de Estado, se decide CONCEDER el amparo invocado, dejar sin efectos las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por la actora y, ordenar al juez de primera instancia de dicho caso emitir un nuevo pronunciamiento de fondo.
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 009 de fecha 28 de enero del 2014, se aclara la presente sentencia en el sentido de indicar como queda la parte resolutiva.
Recibo Relatoria   10-10-2013 0:00


Item 444    Expediente   T-3838163    Fecha sentencia   11-7-2013 0:00    Sentencia   T-447/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JAIME RAFAEL HERRERA BERDUGO VS. EMPRESA TRIPLEX PIZANO S.A.

Tema

Se interpone la acción de tutela en contra de Triplex Pizano S.A., por considerar que vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social, al dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con el actor, sin permiso de la autoridad correspondiente y mientras padecía una enfermedad de origen profesional, argumentando la facultad discrecional del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo y afirmando que la autorización no era pertinente, toda vez que el actor no se encontraba incapacitado, discapacitado o calificado como tal. Se pretende con la acción constitucional que se ordene el reintegro del actor a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta las recomendaciones médicas y el pago de los salarios dejados de percibir. La Sala reitera el alcance de la estabilidad laboral reforzada en personas discapacitadas y la procedencia de la acción de tutela para su protección. Se decide CONCEDER el amparo, ordenar el reintegro, el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, así como el de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Recibo Relatoria   10-10-2013 0:00


Item 445    Expediente   T-3794725 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   12-7-2013 0:00    Sentencia   T-448/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    GONZALO AMAYA PORRAS Y OTROS VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SLAA LABORAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, vida, igualdad, dignidad humana, mínimo vital. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En sede de tutela se demandan los fallos judiciales que negaron el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, argumentando que las pensiones convencionales o las causadas con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, no tienen derecho a dicha actualización. La Sala analiza como cuestión previa el tema de la procedencia de la acción de tutela para el reclamo directo de la indexación de la primera mesada y luego verifica los requisitos de dicha procedencia en los casos concretos. En tres casos se CONCEDE el amparo de los derechos a la indexación de la primera mesada pensional y mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en un caso se NIEGA el amparo por resultar improcedente la tutela, al no cumplirse con todos los requisitos de procedencia de esta acción contra providencias judiciales y, en otro caso se confirma la decisión de instancia que concedió el amparo en lo referente al derecho de petición, más no en la procedencia de la acción para la indexación de la mesada, sin antes acudir a la vía ordinaria.


Recibo Relatoria   11-3-2014 0:00


Item 446    Expediente   T-3821137    Fecha sentencia   12-7-2013 0:00    Sentencia   T-449/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Demandante / Demandado    JOSE MARIA DOGENESEMA DOSABIA Y OTROS VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En este caso se predica la vulneración de derechos fundamentales en torno a las decisiones judiciales adoptadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de las cuales se definió que correspondía a la jurisdicción ordinaria, investigar y juzgar a los accionantes por la posible comisión de los delitos de desplazamiento forzado y homicidio. Se pretende con la acción de tutela que se amparen los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad y a la igualdad y, en consecuencia, se disponga la remisión del proceso al Resguardo Embera Chamí, para se tramite ante la justicia indígena. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se hace una breve caracterización de las causales específicas de procedibilidad denominadas desconocimiento del precedente constitucional vinculante y el defecto sustantivo por interpretación irrazonable. Igualmente, la Sala se pronuncia sobre la jurisdicción indígena en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y sobre el sentido, alcance y límites de esta jurisdicción. Por último, reitera la prohibición explícita y unívoca de que los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada sean juzgados por jurisdicciones especiales. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo solicitado.
Recibo Relatoria   18-3-2014 0:00


Item 447    Expediente   T-3829139    Fecha sentencia   12-7-2013 0:00    Sentencia   T-450/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SPV GEMM
Demandante / Demandado    PAMELA GISETH GALVIS MARQUEZ Y OTRAS VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCAGARAMANDA, SALA LABORAL Y OTRO

Tema

Tutela contra providencia judicial. En este asunto se aduce vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales que dentro de un proceso ordinario laboral decidieron negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por los accionantes, debido al incumplimiento del requisito de fidelidad por parte del causante. La Sala de Revisión concluye que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente constitucional, en tanto negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, argumentando que resultaba exigible el requisito de fidelidad establecido en el artículo 12 de la ley 797 de 2012, debido a que su declaratoria de inexequiblidad se produjo con posterioridad al fallecimiento del causante. SE CONCEDE.


Recibo Relatoria   23-10-2013 0:00


Item 448    Expediente   D-9392    Fecha sentencia   13-7-2013 0:00    Sentencia   C-400/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV MVCC, SPV MGC, SPV LGGP, SPV GEMM, AV LEVS
Demandante / Demandado    FRANKY URREGO ORTIZ VS. LEY 1437 DE 2011, INCISO 2 ARTICULO 135 E INCISO 3 ARTICULO 189

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos segundo del artículo 135 y tercero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En esta demanda la revisión de la Corporación se enfocó a determinar si, la acción por inconstitucionalidad de los actos de carácter general expedidos por entidades u organismos distintos al Gobierno Nacional, atribuida al Consejo de Estado, vulnera las competencias asignadas por la Carta Política tanto a dicha Corporación, como a la Corte Constitucional. Igualmente, a analizar si los efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional para las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad proferidas por el Consejo de Estado son equiparables con los que proceden de las decisiones de la Corte Constitucional. La Corte precisó la órbita de su competencia en materia de control abstracto de constitucionalidad de actos de contenido general y respecto de los efectos de la sentencia que declara la nulidad de un acto que corresponde al Consejo de Estado, considerando que resultan compatibles con la Carta Política, salvo en lo relativo a la cosa juzgada constitucional. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso segundo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, bajo el entendido de que a la Corte Constitucional le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, con contenido material de ley. Se declara EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 189 de la precitada ley, salvo la expresión “constitucional”, que se declara INEXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   20-11-2013 0:00


Item 449    Expediente   D-9439    Fecha sentencia   13-7-2013 0:00    Sentencia   C-403/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Demandante / Demandado    ELKIN SEBASTIAN SUAREZ MORENO VS. LEY 1098 DE 2006, ARTICULO 66 INCISO 4

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 4º del artículo 66 de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. El actor considera que la disposición acusada debe ser declarada inexequible por vulnerar los principios constitucionales a la igualdad y al deber del Estado de protección de la familia. La Corte concluyó que el cuestionamiento planteado por el actor no se refería a la compatibilidad del contenido normativo demandado, sino a problemas que surgirían de hipótesis excepcionales de su aplicación. La Sala decidió INHIBIRSE de hacer un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   13-12-2013 0:00


Item 450    Expediente   T-3821912    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-451/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    JOSE LORENZOP BEDOYA HENAO VS. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

Tema

En este asunto se alega vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y ala dignidad humana del actor, por cuanto el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada, argumentando el incumplimiento de los requisitos legales necesarios para ello. La Sala analiza los siguientes tópicos: 1º. La pensión de invalidez como componente esencial del derecho fundamental a la seguridad social de las personas en situación de discapacidad. 2º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la prestación de invalidez. 3º. Requisitos para el reconocimiento y pago de esta prestación a partir de la ley 100 de 1993 y, 4º. Mora en el pago de aportes y cotizaciones a pensión. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena el reconocimiento de la prensión de invalidez reclamada.
Recibo Relatoria   28-8-2013 0:00


Item 451    Expediente   T-3830812    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-452/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV ARR
Demandante / Demandado    ANDREA DEL PILAR MONCAYO MEJIA VS. FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. En el 2008, cuando la accionante cumplió diecinueve años de edad, instauró demanda penal en contra de su padre por el delito de actos sexuales con menor de catorce años en concurso heterogéneo con el punible de incesto, padecidos desde que tenía siete años y prolongados hasta que cumplió quince. En el año 2009 se le practicó valoración sicológica por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en ella se le dictaminó estrés postraumático como secuela de carácter permanente, al igual que trastorno depresivo. En el año 2011 la Fiscalía del caso calificó el mérito sumarial y decretó la preclusión, bajo el argumento adicional de que no se pudo comprobar la materialidad de las conductas, por lo que se debía absolver toda duda a favor del procesado. La Sala concluyó que, tuvo razón la autoridad judicial de instancia al negar el amparo solicitado, pues la decisión judicial cuestionada se ciñó al principio de legalidad y no infringió ningún postulado constitucional. De manera adicional indicó la Corte, que el juez constitucional pudo advertir además, que en el presente asunto se desatendió la regla de la inmediatez y que por ello, la acción de tutela devenía IMPROCEDENTE.
Recibo Relatoria   21-8-2013 0:00


Item 452    Expediente   T-3819973    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-453/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    "L" EN NOMBRE SUYO Y EN REPRESENTACION DE "P" VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tema

En este asunto se analiza la posible vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y a la vida en condiciones dignas tanto de la actora como de su menor hijo, con el hecho de que las entidades demandadas filtraran información que permitió identificarlos a través de los medios masivos de comunicación que dieron la noticia sobre conductas contra la integridad y la formación sexual perpetradas hacia el niño por su propio padre. Indica la actora que las autoridades deben observar con sumo cuidado su deber de custodia y reserva de los expedientes y de su contenido, especialmente cuando están involucrados actos de abuso contra los niños. Se analiza la siguiente temática: 1º. Legitimación por activa y por pasiva. 2º. La libertad de prensa como derecho de rango constitucional y los límites a la libertad de expresión, al estar de por medio la protección preferente de los derechos de los niños. 3º. La responsabilidad social de los medios de comunicación y su obligación de protección y reserva frente a los derechos de los niños y, 4º. El tratamiento de la infancia en los medios de comunicación. Al encontrar que el responsable fue el medio de comunicación que recolectó, analizó, procesó y divulgó la noticia y además la difundió por medios electrónicos, se decide confirmar la decisión de instancia que concedió la tutela al derecho fundamental a la intimidad del niño hijo de la demandante, adicionándola con la orden al periódico demandado para que, de no haberlo hecho, retire de la red cualquier información, noticia, reporte o datos que estén relacionados con el suceso motivo de la presente acción y que permitan individualizar o deducir la identidad del niño amparado y de su progenitora. CONCEDID
Recibo Relatoria   8-11-2013 0:00


Item 453    Expediente   T-3819270    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-454/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV JIPC
Demandante / Demandado    MARIA FANY MARTINEZ TAQUEZ VS. GOBERNADOR SUPLENTE DEL CABILDO INDIGENA DE IPIALES

Tema

En este asunto la Sala de Revisión entró a determinar si los derechos fundamentales invocados por la accionante fueron desconocidos por el Gobernador suplente del Cabildo Indígena del Resguardo de Ipiales, al imponerle como sanción un castigo físico de dos fuetazos por desconocer unos compromisos de no agresión hacia sus familiares adquiridos años atrás, pese a que ella invocó ser una persona de 59 años de edad y padecer gastritis y nervios. La Sal se refiere primero a los presupuestos de improcedencia de la acción de tutela cuando se configura un daño consumado y realiza un breve análisis sobre la jurisdicción especial indígena. Se confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo solicitado y se INSTA al gobierno indígena accionado para que mediante los usos y costumbres propios de su comunidad, invite a la accionante y a los miembros de su familia, a solucionar pacíficamente los conflictos que se vienen suscitando entre ellos, guardando el respeto debido que debe existir y cumpliendo los compromisos de no agresión física y verbal adquiridos. A la accionante se le ordena acatar las recomendaciones y los compromisos asumidos ante su cabildo indígena.


Recibo Relatoria   29-8-2013 0:00


Item 454    Expediente   T-3058099 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-455/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  SV NEPP
Demandante / Demandado    HENRY HERNAN BOLIVAR CURTIDOR Y OTRO VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Debido proceso, mínimo vital, seguridad social, vida digan. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se presentan las acciones de tutela en contra del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, con la finalidad de obtener el amparo de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la decisión de revocar unilateralmente los actos administrativos a través de los cuales la Dirección General de la empresa Puertos de Colombia les reconoció y reliquidó a los actores una pensión especial vitalicia de jubilación. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y su interpretación constitucional, la revocatoria directa de los actos administrativos de reconocimiento de la pensión de los actores y la tipificación penal de la conducta y la actuación del particular. Se CONCEDEN.
Recibo Relatoria   25-2-2014 0:00


Item 455    Expediente   T-2958542    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-456/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    JESUS MARIA RESTREPO GUTIERRREZ VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Tema

En este asunto se alega la vulneración de derechos fundamentales por parte del I.S.S., en virtud de la negativa de reliquidar la pensión de vejez del accionante. La Sala de Revisión reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la improcedencia general de la acción de tutela para reclamar la reliquidación pensional y los requisitos que deben reunirse para que dicha acción proceda de manera excepcional. Así mismo, analiza temática relacionada con la reclamación por violación de los derechos a la igualdad, a la seguridad social y a una pensión digna y justa y con la imprescriptibilidad de los derechos prestacionales, ya sea para el ejercicio del derecho del reconocimiento pensional, como para solicitar la reliquidación de tal prestación en cualquier tiempo. Se TUTELAN los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante, se dejan sin efectos las decisiones judiciales que negaron el reconocimiento de la reliquidación pensional, así como las resoluciones que en el trámite administrativo seguido por el actor ante el ISS, no aceptaron la misma. Se ordena al accionado iniciar los trámites correspondientes para indexar la pensión del actor y con posterioridad al agotamiento del mismo, incluir en nómina la mesada pensional ya actualizada. Se advierte que la reliquidación debe hacerse respecto de todas aquellas mesadas pensionales que no hayan prescrito aún, para lo cual debe tenerse en cuenta que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la petición que hiciera el accionante en el año 2001.
Recibo Relatoria   30-8-2013 0:00


Item 456    Expediente   T-3850235    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-457/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    WILSON ROMAN MARIN VS. EMPRESA PROSEGUR Y OTRA

Tema

El accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales considera vulnerados por las empresas Prosegur y Teseval S.A.S. en cuanto fue despedido de su cargo a pesar de encontrarse incapacitado y sin que mediara una causa objetiva que motivara dicha decisión. . Solicita que las accionadas le den respuesta de fondo a los derechos de petición presentados y que lo afilien al Sistema General de Seguridad Social con el fin de acceder a los servicios de un médico especialista en el manejo de su enfermedad. Se analiza la siguiente temática: 1º. El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en alguna circunstancia de debilidad manifiesta en razón a su estado de salud. 2º. La naturaleza jurídica de los contratos a término fijo. 3º. Análisis normativo del trámite de las incapacidades de origen laboral o común, y 4º. Procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de acreencias laborales. Se declara la IMPROCEDENCIA de la tutela debido a que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
Recibo Relatoria   27-8-2013 0:00


Item 457    Expediente   T-3835637 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   15-7-2013 0:00    Sentencia   T-458/13 TITULACIÓN
Ponente   JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante / Demandado    IRENE LIZARAZO GARCIA Y OTRAS VS. GOBERNACION DE SANTANDER Y OTROS

Tema

Relatan las demandantes que residen con su familias en fincas ubicadas en distintas veredas del municipio de Onzaga (Santander) y que son de escasos recursos económicos, por lo que se encuentran certificadas en las encuestas del SISBEN. Indican que sus hijos terminaron el grado quinto de primaria en las escuelas rurales que se ubican en sus respectivas veredas y que no han podido continuar sus estudios secundarios porque no hay programas de educación secundaria formal en estos establecimientos educativos, porque viven muy alejados del casco urbano donde si hay un colegio y porque no cuentan con recursos económicos para pagar los gastos que genera que sus hijos estudien allí. Informan que en sus veredas funciona un centro SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) que se presta a través del IDEAR y que no han podido matricular allí a sus hijos porque éstos no cumplen con el requisito indispensable de tener quince años de edad cumplidos. La acción de tutela se interpone para logar que se garantice la educación de los menores hijos de las accionantes. La Sala analiza el contenido y la naturaleza jurídica del derecho a la educación, el derecho de los niños a recibir una educación que responda a sus necesidades y el marco normativo que rige la educación para adultos. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.


Recibo Relatoria   26-8-2013 0:00


Item 458    Expediente   D-9087    Fecha sentencia   16-7-2013 0:00    Sentencia   C-257/13 TITULACIÓN
Ponente   JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Sv/Av  SOV ABSM
Demandante / Demandado    RODRIGO ESCOBAR GIL VS. LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 3 INCISO PRIMERO Y ARTICULO 4

Tema

Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 1 del artículo 3º y el artículo 4º de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Dado el contenido de las acusaciones formuladas en la demanda y los diferentes argumentos planteados por los intervinientes, el análisis de constitucionalidad se centró en determinar si las disposiciones cuestionadas establecen prohibiciones que, a la luz de nuestro régimen constitucional, constituyen un exceso en la libertad de configuración del legislador dentro de su facultad de establecer medidas encaminadas a garantizar el correcto y transparente ejercicio de la administración pública. Se decide: 1º. Declarar EXEQUIBLE frente a los cargos analizados, el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1474 de 2011, que modifica el numeral 22 de la Ley 734 de 2002, en el sentido de que la expresión “asuntos relacionados con las funciones propias del cargo”, se aplica a las dos prohibiciones en él establecidas. 2º. Declarar EXEQUIBLE, frente al cargo analizado, el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011, que adiciona el literal F al numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
Recibo Relatoria   15-7-2013 0:00


Item 459    Expediente   T-3253036    Fecha sentencia   16-7-2013 0:00    Sentencia   T-450A/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  SV GEMM
Demandante / Demandado    PERSONERIA MUNICIPAL DE FF VS. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTROS

Tema

Se presentó la acción de tutela en representación de un menor de edad que nació con genitales ambiguos, situación que generó que su sexo no fuera identificado en el momento de su nacimiento y, que la Registraduría del Estado Civil no expidiera el correspondiente registro civil, alegando que en el formato de nacido vivo se omitió diligenciar la casilla que establecía si era de sexo femenino o masculino. La anterior situación ocasionó también, que la E.P.S.S a la cual estaban afiliados sus padres, no le brindara los servicios médicos requeridos. Se aborda el análisis de los siguientes temas: 1º. El derecho a la personalidad jurídica, los atributos de la personalidad, el estado civil y el registro civil. 2º. El registro de personas intersexuales en los documentos públicos. 3º. Las reglas jurisprudenciales en relación con los estados intersexuales y de ambigüedad genital: el principio de beneficencia y el principio de autonomía. Entre las conclusiones a las que llegó la Sala con el análisis del presente caso se destacan: 1º. Que la indeterminación del sexo no puede ser obstáculo para el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica, el cual es inherente al ser humano por el solo hecho de existir y de encontrarse íntimamente relacionado con el principio de dignidad humana y con la igualdad. 2º. Que no existe ninguna razón constitucional que justifique que bebés y niños cuyo sexo no pueda ser identificado al nacer, no sean registrados y permanezcan ocultos frente al Estado y la sociedad. 3º. Que los menores intersexuales o con genitales ambiguos, deben recibir desde su nacimiento atención urgente y prioritaria por parte de un equipo interdisciplinario que informe a los padres sobre su condición y que emita un concepto para la asignación del sexo del bebé. 4º. Que el menor intersexual o con genitales ambiguos será atendido de manera integral en el sistema de salud, sin dilaciones y sin necesidad de presentar como requisito previo el registro civil de nacimiento. Se TUTELAN los derechos a la identidad personal y sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados y se exhorta al Congreso de la República a que regule de manera urgente y prioritaria la materia tratada en la presente providencia, con el fin de establecer las reglas que permitan registrar e identificar a las personas intersexuales o con genitales ambiguos, para efectos de garantizar su derecho a la personalidad jurídica, teniendo en cuenta el interés superior del menor.


Recibo Relatoria   26-1-2015 0:00


Item 460    Expediente   D-9451    Fecha sentencia   17-7-2013 0:00    Sentencia   C-459/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV LGGP, AV GEMM
Demandante / Demandado    JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA VS. LEY 1430 DE 2010, ARTICULO 52 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1430 de 2010, por medio de la cual se dictan norman tributarias de control y para la competitividad. El demandante considera que la expresión “ingresos varios”, como elemento integrante de la base gravable del impuesto de industria y comercio que se cobra a las entidades del sector financiero, vulnera el requisito de certeza exigible en la determinación de los elementos del tributo, contemplado en el artículo 338 de la Constitución. La Corte concluye que no se afecta la seguridad jurídica que debe garantizarse al contribuyente del impuesto de industria y comercio del sector financiero con la introducción del término acusado, como parte de la base gravable de dicho impuesto y, por ello, decide declararlo EXEQUIBLE.
Recibo Relatoria   29-10-2014 0:00


Item 461    Expediente   D-9462    Fecha sentencia   17-7-2013 0:00    Sentencia   C-460/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV MVCC, SV MGC, SV LGGP, SV JIPC,
Demandante / Demandado    CLARA INES VARGAS HERNANDEZ VS. LEY 1539 DE 2012, ARTICULO 1 PARCIAL

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 1539 de 2012, por la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones. La norma demandada dispone un nuevo requisito para las personas naturales que estén vinculadas laboralmente o aspiren a vincularse a servicios de vigilancia y seguridad privada y deban por ello portar armas de fuego. Esta exigencia consiste en obtener un certificado de aptitud psicofísica, el cual debe ser expedido sin ningún costo por las ARP (Ahora ARL- Administradoras de Riesgos Laborales) a las que estén afiliados los trabajadores referidos. De este hecho, según la demandante, se derivan dos hipótesis inconstitucionales. Una, que la manera en que las ARL deben organizar la inversión de sus recursos para cumplir con la expedición del certificado y asumir su costo esté contenida en una norma de rango reglamentario, cuando está regulación tiene reserva de ley y, la otra, que la norma no prevea una contraprestación que permita compensar el costo no previsto en que deben incurrir las Administradoras de Riesgos Laborales. La Corte determinó que el certificado anual de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego de quienes estén vinculados a los servicios de vigilancia y seguridad privada, no debe tener ningún costo para el trabajador. Por considerar que la elaboración de este certificado por las ARL a la que esté afiliado el trabajador configura una prestación que coincide con los principios y fines del sistema de riesgos profesionales. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las normas acusadas.
Recibo Relatoria   12-9-2013 0:00


Item 462    Expediente   D-9446    Fecha sentencia   17-7-2013 0:00    Sentencia   C-461/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  AV MVCC, AV MGC, AV LGGP, AV LEVS
Demandante / Demandado    ANDRES FELIPE CABALLERO SIERRA Y OTROS VS. CODIGO CIVIL ARTICULO 17

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 del Código Civil. El artículo demandado dispone que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciados. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria” Se plantean siete cargos de inconstitucionalidad, cada uno de ellos relacionado con la supuesta vulneración de una específica norma superior como son los artículos 4, 13, 29, 228, 230, 241 y 243 constitucionales. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma acusada, bajo el entendido de que no impide la existencia de efectos erga omnes y extensivos de las sentencias que deciden sobre las acciones constitucionales que conforme al texto superior deban tener ese carácter, entre ellas las relativas a la observancia de los precedentes de los órganos de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en sus respectivos ámbitos), al igual que las demás decisiones judiciales que, excepcionalmente, generen un efecto oponible a terceras personas.
Recibo Relatoria   12-9-2013 0:00


Item 463    Expediente   D-9362    Fecha sentencia   17-7-2013 0:00    Sentencia   C-462/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV MVCC, SPV MGC, AV LGGP, SPV Y AV LEVS
Demandante / Demandado    FRANKLIN CASTAÑEDA Y OTROS VS. LEY 1448 DE 2011, ARTIUCLOS 3 PARCIAL Y OTROS

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial), 51 (parcial) 60 (parcial), 61 (parcial), 66 (parcial), 67 (parcial), 123 (parcial), 125 y 132 (parcial) de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones. En la demanda se solicita la declaración de inexequibilidad de la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” y de manera subsidiaria, en caso de no declarar la inexequibilidad, emitir una sentencia condicionada a partir de la cual se entienda que con la expresión acusada no se está limitando a las vulneraciones ocurridas a partir de una relación de causalidad directa con el conflicto armado, sino en su contexto y, por tanto, abarque vulneraciones tales como las basadas en violencia sociopolítica, violencia de género, desaparición forzada y desplazamiento interno, entre otras. La Corte determinó la existencia de cosa juzgada constitucional en la mayoría de las normas demandadas y se pronunció sobre la constitucionalidad de otras medidas adoptadas a favor de las víctimas del conflicto armado interno, reiterando que no debe confundirse la reparación administrativa con la prestación de servicios sociales. En términos generales se decidió, ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-781-12 y C-280-13, INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto a algunos apartes demandados, declarar la EXEQUIBILIDAD de algunas expresiones acusadas y la INEXEQUIBILIDAD del texto “La suma que sea adicional al monto que para la población no desplazada se encuentra establecido en otras normas para los mecanismos señalados en este parágrafo, se entenderá que es entregada en forma de indemnización” contenida en el inciso 3º del parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.
Recibo Relatoria   2-8-2013 0:00


Item 464    Expediente   T-3002838 Y OTROS ACUMULADOS    Fecha sentencia   18-7-2013 0:00    Sentencia   T-463/13 TITULACIÓN
Ponente   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sv/Av  AV GEMM, AV JIPP, AV NEPP
Demandante / Demandado    JOSE JAIRO SUAREZ MURILLO Y OTROS VS. JUZGADO DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN Y OTROS

Tema

Igualdad, mínimo vital, seguridad social, debido proceso. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En este caso alegan los actores que diferentes autoridades judiciales, administrativas y particulares demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, al negarse a indexar o actualizar su primera mesada pensional. La Sala de Revisión examina jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y el derecho a la indexación de la primera mesada pensional como un derecho constitucional de carácter universal. Se decide CONCEDER el amparo de los derechos deprecados, ordenadas a las accionadas que indexen el monto de la primera mesada pensional reconocida a los actores, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la sentencia T-098/05. Igualmente dispone que, el reajuste resultante del aumento de las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del mayor valor que resulte únicamente de las mesadas pensionales correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU1073/12.
Recibo Relatoria   11-4-2014 0:00


Item 465    Expediente   T-3644047 Y OTRO ACUMULADOS    Fecha sentencia   21-7-2013 0:00    Sentencia   T-491/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  AV GEMM
Demandante / Demandado    LUZ MARY GUERRERO PRIETO Y OTRA VS. ISS Y OTRO

Tema

Dignidad humana, mínimo vital, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los asuntos analizados se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la las entidades que negaron el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a personas que les dictaminaron una pérdida de la capacidad laboral por encima del 50% y que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. La negativa se fundamentó de una parte, en la falta de claridad de la fecha de estructuración de la incapacidad, en tanto en el certificado de calificación se utilizó la expresión “desde la infancia” y, de otra, porque no se acreditó la dependencia económica. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. Los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en concreto frente a aquellos que han sido exigidos por la Corporación para el reconocimiento de derechos prestacionales y, 2º. La naturaleza y alcance de la pensión de sobrevivientes y los requisitos previstos en la ley para proceder a su reconocimiento, cuando se está en presencia de hijos en estado de invalidez. SE CONCEDEN.
Recibo Relatoria   3-12-2013 0:00


Item 466    Expediente   T-2370738    Fecha sentencia   22-7-2013 0:00    Sentencia   T-464/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Demandante / Demandado    VICTORIANA PEÑARANDA VACA Y OTROS VS. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUCUTA Y OTROS

Tema

Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Los accionantes solicitan que se les proteja sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la proscripción de la reformatio in pejus, a recibir una remuneración mínima vital y a la seguridad social que, según afirman, fueron vulnerados por el Despacho Judicial accionado, al proferir el auto que declaró la nulidad de todo lo actuado dentro de un proceso ejecutivo y, en su lugar, negó el mandamiento de pago que tenía como título un acta de conciliación sobre pago diferido de procesos en vía de ejecución y pago anticipado de derechos litigados en proceso ordinario laboral, bajo el argumento de la ilicitud del objeto del acuerdo señalado. La Sala se pronuncia respecto a la siguiente temática: 1º. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Requisitos y características del acta de conciliación especialmente en materia laboral, según la ley 640 de 2001. 3º. Objeto ilícito y causa ilícita, como generadores de nulidad absoluta y, 4º. Legitimación procesal de los accionantes. Al encontrar que el Tribunal accionado sí obró en derecho y valoró no solo la parte formal sino la sustancial del proceso ejecutivo, la Corte decide confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo solicitado.


Recibo Relatoria   29-8-2013 0:00


Item 467    Expediente   D-9206    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   C-470/13 TITULACIÓN
Ponente   ALBERTO ROJAS RÍOS
Sv/Av  AV MGC, AV ARR
Demandante / Demandado    OSCAR MAURICIO HOLGUIN CRUZ Y OTRO VS. ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 05 de 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. Los demandantes consideran que en la expedición del Acto Legislativo demandado el Congreso de la República incurrió en vicios por falta de competencia, toda vez que excedió de manera ostensible los límites establecidos a los actos reformatorios de la Constitución de carácter derivado. La Corte evidenció la existencia de cosa juzgada constitucional sobre el cargo por sustitución del principio de autonomía territorial y por ello decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-010/13. En relación al cago por desconocimiento del principio de separación de poderes determinó que había una carencia de certeza, por lo que procedió a declararse INHIBIDA de proferir un fallo de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Recibo Relatoria   25-9-2013 0:00


Item 468    Expediente   D-9463    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   C-471/13 TITULACIÓN
Ponente   MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Demandante / Demandado    CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ Y OTRO VS. DECRETO LEY 775 DE 2005 ARTICULOS 6, 10-1, 14, 15 Y OTROS

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra apartes de los artículos 6, 10-1, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 28, 32, 33, 37 y 48 del Decreto Ley 775 de 2005, por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional. Los demandantes consideran que los apartes normativos acusados son inconstitucionales porque otorgan funciones asignadas por la Constitución Política a la Comisión Nacional del Servicio Civil a otros órganos y entes del Estado. La Corte concluyó que la administración y vigilancia de la carrera administrativa en las Superintendencias es competencia constitucional de la Comisión Nacional del Servicio Civil y que resultan inconstitucionales las disposiciones que radican en cada Superintendencia funciones propias de dicha Comisión. Se declara EXEQUIBLE el artículo 33 y EXEQUIBLES CONDICIONADOS los artículos 10.1, 23, 32 y 37, bajo el entendido que se deberá respetar y reconocer la función constitucional de administración del Sistema específico de carrera de las Superintendencias, en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. También se declara la EXEQUIBILIDAD PARCIAL de los artículos 6, 14, 17, 20, 21, 28 y 48 y la INEXEQUIBILIDAD del artículo 15 y de algunas expresiones de los artículos 6, 14, 17, 20, 21, 28 y 48 del Decreto ley 775 de 2005.
Recibo Relatoria   23-9-2013 0:00


Item 469    Expediente   D-9455    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   C-472/13 TITULACIÓN
Ponente   MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Sv/Av  AV LEVS
Demandante / Demandado    GUSTAVO GALLON GIRALDO VS. LEY 1309 DE 2009, TITULO (PARCIAL) Y ARTICULO 3 (PARCIAL) Y OTRA

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el título (parcial) y el artículo 3 (parcial) de la Ley 1309 de 2009 y los artículos 1, 2, 3 y 4 (parciales) de la Ley 1426 de 2010. Los demandantes consideran que la expresión “legalmente reconocida” demandada infringe los artículos 13, 38, 39 y 93 de la Constitución Política, los artículos 2, 3 y 10 del Convenio 87 de la O.I.T., el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Corte consideró que la expresión “legalmente reconocida” si desconoce disposiciones constitucionales o aquellas integradas al bloque de constitucionalidad que protegen el derecho de asociación sindical y el derecho a la igualdad de las organizaciones sindicales. Al considerar que la expresión acusada resulta ambigua, lo que afecta el principio de taxatividad en materia penal y que puede dar interpretaciones de diferente tipo, algunas contrarias al derecho de asociación sindical, la Corte decide declarar su INEXEQUIBILIDAD.
Recibo Relatoria   2-8-2013 0:00


Item 470    Expediente   T-2687739    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   T-465/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL VS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA Y OTRO

Tema

El actual Departamento Administrativo para la Prosperidad Social presenta la acción de tutela en contra de las autoridades judiciales que dieron trámite al incidente de regulación de perjuicios y decidieron el recurso de apelación contra el mismo. Se alega la ocurrencia de un defecto sustantivo producto de la indebida aplicación del artículo 2591 de 1991, pues mediante dicho incidente no es posible jurídicamente, cuantificar perjuicios morales porque dicha disposición alude exclusivamente al daño material en su forma de daño emergente. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Reglas atinentes al defecto sustantivo. 3º. Reiteración de las consideraciones establecidas en la SU254/13, en especial a lo atinente a los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado a la reparación integral y su vinculación con los derechos a la verdad y a la justicia,. 4º. La reparación individual vía administrativa para la población desplazada y el carácter excepcional de las condenas en abstracto por vía de tutela. 5º. Reglas para la protección de la población desplazada mediante la acción de tutela, con especial énfasis en los eventos en los que se concedieron condenas en abstracto por vía de tutela de conformidad con el artículo 2591 de 1991. Se decide dejar sin efectos las decisiones judiciales atacadas y ordenar a la accionante reconocer y pagar la indemnización administrativa que establece la normatividad pertinente que regula la materia.
Recibo Relatoria   11-10-2013 0:00


Item 471    Expediente   T-3841836    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   T-466/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Sv/Av  SPV MGC
Demandante / Demandado    JULIO FIDEL BOVEA MARTINEZ COMO AGENTE OFICIOSO DE ELIDY ANDREA BOVEA SANDOVAL VS. SALUDCOOP E.P.S.

Tema

En este asunto se interpone la acción de tutela en contra de la E.P.S. SALUDCOOP, para solicitar que dicha empresa autorice la prestación del programa integral de terapias bajo la metodología ABA prescritas y ofrecidas por una entidad no adscrita a la entidad demandada y para que no genere cobro alguno por concepto de copagos y brinde el tratamiento integral para una menor de edad a quien le fue diagnosticado un trastorno específico del desarrollo de las habilidades escolares, el cual se relaciona con síntomas de autoagresión ante situaciones frustrantes como tareas escolares, rabietas, gritos, hiperactividad, falta de atención y comunicación y oposición a las órdenes de los padres. La accionada negó lo pretendido alegando no estar incluidos los servicios solicitados en el POS. Se reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes temas: 1º. El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes y la integralidad en la prestación del servicio a la salud. 2º. Los presupuestos jurisprudenciales para acceder a los servicios médicos no contemplados en el POS y el carácter vinculante del concepto del médico tratante no adscrito a la E.P.S. 3º. El acceso a las terapias alternativas NO POS bajo la metodología A.B. y 4º. La naturaleza jurídica de los copagos y cuotas moderadoras y los caos en los que procede su exoneración. SE CONCEDE.
Recibo Relatoria   10-10-2013 0:00


Item 472    Expediente   T-3851570    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   T-467/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    SURY SANTANA CANTILLO EN REPRESENTACION DE SU HIJA DANIELA MENDOZA SANTANA VS. COLEGIO MODELO ADVENTISTA

Tema

La accionante indica que su hija adelantaba estudios en el Colegió Modelo Adventista y que en el transcurso del año lectivo 2011, incurrió en mora en el pago de las pensiones correspondientes. Interpone la acción de tutela porque el precitado colegio se negó a expedir la documentación requerida para matricular a la menor en otra institución educativa, alegando la tardanza en el pago de las sumas adeudadas, pero sin obtener respuesta alguna frente a las diferentes propuestas de arreglo que ella les planteó. Ante la necesidad de contar con mayores elementos de juicio para adoptar la decisión correspondiente, la Sala indagó sobre las razones que motivaron la mora y la continuidad del servicio educativo que debía recibir la menor. Con los datos obtenidos se constató la existencia de un HECHO SUPERADO, por estar acreditado que la amenaza de los derechos fundamentales de la menor fue conjurada.


Recibo Relatoria   10-10-2013 0:00


Item 473    Expediente   T-3864871    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   T-468/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    JOSE LUIS RODRIGUEZ VILLALOBOS COMO AGENTE OFICIOSO DE ADRIANA PATRICIA VILLALOBOS CASTRO VS. ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.P.S. Y OTRO

Tema

Se incoa la acción de tutela en representación de una mujer de veinticinco años de edad, madre cabeza de familia a quien le diagnosticaron un tumor maligno en los riñones. Se pretende, que se ordena la E.P.S. accionada que le proporcione en forma continua y diligente el tratamiento integral para su enfermedad, incluyendo todos los medicamentos POS y NO POS, así como los exámenes, cirugías y tratamientos ordenados por los médicos especialistas tratantes. Se pretende igualmente, que se establezcan los protocolos necesarios para su inclusión en el Registro Nacional de Transplantes del Instituto Nacional de Salud, como única posibilidad de salvaguardar su vida. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los derechos fundamentales a la salud y al diagnóstico, así como a la exigibilidad de servicios incluidos y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Recibo Relatoria   10-10-2013 0:00


Item 474    Expediente   T-3400788    Fecha sentencia   23-7-2013 0:00    Sentencia   T-469/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Demandante / Demandado    FERNANDO GILBERTO ARBELAEZ INSUASTI VS. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTROS

Tema

Pensión por invalidez para víctimas de la violencia. Tras ser víctima de una mina antipersonal atribuida al grupo armado ilegal FARC y tener un dictamen de pérdida de la capacidad laboral del 56.15%, el accionante solicitó la pensión de invalidez en aplicación del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, relacionado con el otorgamiento de una prestación de carácter vitalicio en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, para aquellas personas víctimas de la violencia por ocasión del conflicto armado interno y que sufran una incapacidad superior al 50%. La prestación fue denegada con el argumento de que el marco legal que la garantizaba no se encontraba vigente al momento de interponer la de acción de tutela. Se analiza la siguiente temática: 1º. La naturaleza y los elementos normativos de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, dispuesta en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997. 2º. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. 3º. Los impactos generados por el uso indiscriminado de minas antipersonales, con énfasis en el departamento de Putumayo. 4º. La procedencia excepcional de la acción de tutela en el reconocimiento y cobro de acreencias pensionales y, 5º. La protección constitucional reforzada a los sujetos de especial protección constitucional, con énfasis en las personas en condición de discapacidad. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, el debido proceso, la seguridad social y a la vida en condiciones dignas y se ordena el reconocimiento y pago de la pensión solicitada.


Recibo Relatoria   17-9-2013 0:00


Item 475    Expediente   D-9445    Fecha sentencia   24-7-2013 0:00    Sentencia   C-473/13 TITULACIÓN
Ponente   LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Sv/Av  SV MGC, AV GEMM
Demandante / Demandado    JAIRO VILLEGAS ARBELAEZ Y OTROS VS. DECRETO 4171 DE 2011

Tema

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 4171 de 2011, por el cual se crea, se determina la conformación y las funciones del Consejo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los demandantes alegan que la norma acusada vulnera disposiciones constitucionales, entre otras cosas por: Extralimitación de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente, proferirse para atender necesidades distintas a las planteadas por el Presidente al Congreso para el otorgamiento de facultades extraordinarias, por vulneración de los principios de separación de poderes, igualdad y del debido proceso, por vulneración de los derechos al trabajo y a la participación en la gestión pública y, La Corte determinó que la creación del Consejo Directivo de la DIAN mediante decreto constituye una extralimitación de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por la Ley 1444 de 2011 y, por tanto, un desconocimiento de la precisión de la delegación legislativa exigida por el artículo 150.1 de la Constitución por desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la DIAN.
Recibo Relatoria   22-10-2013 0:00


Item 476    Expediente   D-9200 Y OTRA ACUMULADOS    Fecha sentencia   24-7-2013 0:00    Sentencia   C-474/13 TITULACIÓN
Ponente   NILSON PINILLA PINILLA
Sv/Av  SV JIPP, SV ARR
Demandante / Demandado    PABLO BUSTOS SANCHEZ Y OTRO VS. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO QUE REFORMA CONSTITUCION POLITICA EN RELACION A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Tema

Demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto de acto legislativo por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política en relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones. La Corte concluyó que el archivo definitivo del proyecto por el Congreso de la República, determina la inexistencia en el ordenamiento jurídico de un acto que pueda ser objeto de control por parte de la Corte Constitucional. La Corporación se INHIBE de proferir pronunciamiento alguno por cuanto no se reúnen las exigencias previstas en los artículos 241.1 y