A147-09


Referencia: expediente ICC-963

Auto 147/09

 

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO PENAL MUNICIPAL Y TRIBUNAL SUPERIOR-Reiteración Auto 124/09

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Superior jerárquico común/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual para dirimir conflictos de competencia/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional cuando no existe superior jerárquico común

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia del Consejo Superior de la Judicatura/JUEZ DE TUTELA-Desde el punto de vista funcional hace parte de la jurisdicción constitucional

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Conocimiento y resolución directa de conflictos de competencia aunque exista superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Inaplicación/DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Aplicación

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Establece reglas de simple reparto

 

DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Jueces o corporaciones no pueden declarase incompetentes para conocer una acción de tutela

 

ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL ECLESIASTICO REGIONAL Y NOTARIA-Competencia de Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías

 

JUEZ DE TUTELA-No está facultado para declararse incompetente o decretar nulidades argumentando indebido reparto

 

Referencia: expediente ICC-1416

 

Conflicto de Competencia entre el Juzgado Diecinueve Penal Municipal de Medellín y el Tribual Superior de Medellín, Sala Familia.

 

Magistrada Ponente (E):

Dra. CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ

 

Bogotá, D.C., primero (01) de abril de dos mil nueve (2009) 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.       ANTECEDENTES

 

1. La ciudadana Doralba Arboleda López, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Eclesiástico Regional de Medellín y la Notaría Quinta de Cartagena por considerar que estas entidades vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad, a la dignidad humana y a la presunción de inocencia dentro del proceso de nulidad de matrimonio católico de la causa Angulo – Arboleda, que allí se tramitó.

 

2. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Diecinueve Penal Municipal de Medellín, el cual mediante auto de fecha 20 de febrero de 2009 consideró que era necesario vincular al Juzgado Segundo de Familia de Medellín por cuanto éste podría resultar afectado con la decisión final.  En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1382 de 2000, se declaró sin competencia para conocer del trámite de la acción incoada y dispuso el reparto del expediente al Tribunal Superior de Medellín, Sala de Familia.

 

3. Efectuado el nuevo reparto, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín mediante providencia de fecha 24 de febrero de 2009, declaró su incompetencia y rechazó de plano la demanda de tutela, argumentando que la acción va dirigida contra el Tribunal Eclesiástico Regional de Medellín, entidad que no es autoridad judicial y por consiguiente, esa Corporación no es el superior jerárquico. 

 

4. Inconforme con la anterior decisión, la accionante presenta recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales son decididos mediante auto de fecha 26 de febrero de 2009.  En la providencia, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, no avoca el conocimiento y remite el expediente a la Sala Mixta de esa corporación para que dirima el conflicto.

 

5. La Sala Mixta del Tribunal Superior de Medellín, en proveído del 2 de marzo de 2009 consideró que la competencia para resolver el conflicto de competencia planteado era la Corte Constitucional, razón por la cual ordenó el envío del expediente a esta Corte para lo pertinente.

 

II.      CONSIDERACIONES

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los aparentes conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión.  Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo.[1]

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en el artículo 256-6 de la Constitución Política, que confiere al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.[2]

 

No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común.[3]

 

Ahora bien, las normas que determinan la competencia en materia de tutela, son el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.  Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no reglas que definan la competencia de los despachos judiciales.[4]

 

Este último, fue inaplicado en numerosas oportunidades por la eventual incompatibilidad de las disposiciones en él contenidas frente a la Carta Política.  Frente a esta situación, el Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de marzo 14 de 2001, decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”. En julio de 2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000” y del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo, denegando los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa corporación.

 

De esta manera, habiéndose pronunciado el organismo competente, el resto de la normatividad contenida en el referido Decreto mantiene obligatoria aplicación, como desde entonces lo ha venido reiterando la Corte Constitucional.

 

En consecuencia, a partir de las consideraciones precedentes procede la Sala a decidir sobre el aparente conflicto negativo de competencia planteado.

 

III.    DEL CASO CONCRETO

 

1. En el presente caso, observa esta Sala que ambos despachos judiciales declaran su incompetencia con base en una interpretación equívoca del Decreto 1382 de 2000.

 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las únicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución Nacional y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.  El Decreto 1382 de 2000 contiene simplemente reglas para el reparto de la acción de tutela. En consecuencia, esta Corporación ha considerado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 CP.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”.[5]

 

Ahora bien, observa la Sala que en el presente caso se trata de una acción de tutela contra un particular y que la misma fue repartida adecuadamente a un juzgado de carácter municipal.  Con todo, teniendo en cuenta lo decidido en el auto 124 de 2009, en esta oportunidad esta Corporación ordenará devolver el proceso al juez a quien se repartió en primer lugar, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las reglas de reparto.

 

Por otra parte y en aplicación de la regla jurisprudencial, utilizada recientemente en el auto anteriormente citado,[6] aplicable a casos como el presente, se reiterará la posición adoptada según la cual el juez de tutela no está facultado para declararse incompetente o para decretar nulidades argumentando un indebido reparto, tramitándolo como incidente de falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas fijadas por Decreto 1382 de 2000, que es un acto administrativo que simplemente dispone un trámite interno de reparto.

 

Así las cosas, se remitirá el expediente al Juzgado Diecinueve Penal Municipal de Medellín, para que de forma inmediata, continúe con el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

 

IV.    DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE:

 

Primero.- REMITIR al Juzgado Diecinueve Penal Municipal de Medellín, el expediente de la referencia para que de forma inmediata, continúe con el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Segundo.- Por Secretaría General, comuníquese al Tribunal Superior de Medellín, Sala Familia, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el aparente conflicto de competencia.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Presidente

 

 

 

 

 

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO              JUAN CARLOS HENAO PEREZ 

Magistrado                                                         Magistrado

 

 

                                                              

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO    CRISTINA PARDO SCHLESINGER

                   Magistrado                                                         Magistrada (E)

 

 

 

 

 

 

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO       CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ

Magistrado                                         Magistrada (E)

 

 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO     LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado                                                          Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

 



[1] Al respecto, ver entre otros,  los Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 031 de 2002, 122 de 2004, 280 de 2006 y 031 de 2008.

[2] Artículo 43 de la Ley 270 de 1996.

[3] Ver autos 167 de 2005, 240 de 2006 y 280 de 2007.

[4] Ver Auto A-099 de 2003 y Sentencia del dieciocho (18) de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

[5] Auto 230 de 2006. MP. Jaime Córdoba Triviño.

[6] M.P. Humberto Sierra Porto.