Auto 247/09

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO Y JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO-Reiteración Auto 124/09

 

ACCION DE TUTELA CONTRA EL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL-Competencia de Juzgado Penal del Circuito

 

Referencia: expediente ICC-1446

 

Conflicto de Competencia entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga.

 

Magistrado Ponente:

Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

 

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009) 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

1.     ANTECEDENTES

 

1.1.    HECHOS

 

1.1.1.  El señor Luis Armando Jácome Peinado, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Instituto de Seguro Social, Seccional Santander, por considerar que dicha entidad vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y móvil, a una vida digna y al debido proceso.

 

1.1.2.  Como fundamento de su petición, alega que es una persona de la tercera edad, desprovisto de la seguridad social en pensiones, a pesar de contar con 1.104 semanas cotizadas.  Además, que no cuenta con recursos económicos para sobrevivir por su propia cuenta. 

 

1.1.3.  Señala que el 18 de abril de 2008, elevó solicitud de pensión de vejez ante el Seguro Social, Seccional Santander, entidad que mediante Resolución No. 8030 del 9 de septiembre de 2008, negó la petición por considerar que el señor Jácome no cumplía con el número de semanas estipuladas en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Alega que “el operador de pensiones, a través de dicho acto administrativo, no le reconoce el régimen de transición, aspecto este que constituye un desafuero jurídico, violatorio de los derechos adquiridos”.  Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación el 12 de diciembre de 2008, expidiéndose como respuesta el auto de archivo 067 de febrero 18 de 2009, en el cual el ISS “ordena archivar el expediente aduciendo que no se dan los requisitos del artículo 9 de la ley 797 de 2003, desconociendo el régimen de transición del cual es titular el afiliado”.

 

1.2.    DECISIONES QUE ORIGINARON EL CONFLICTO APARENTE

 

1.2.1.  El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, despacho que mediante auto de fecha 24 de abril de 2009 consideró que “dado que la vulneración a los derechos fundamentales alegada por el accionante radica en la negativa de la entidad accionada INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL Seccional Santander manifestada a través de la Resolución No. 8030 del 9 de Septiembre de 2008 y del Auto de Archivo No. 067 del 18 de Febrero del 2009 de reconocer la pensión de vejez a la cual considera tiene derecho, este Despacho Judicial procederá a declararse sin competencia pora conocer de la presente acción de tutela”.  En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a los Juzgados del Circuito de Bucaramanga.

 

1.2.2.  Efectuado nuevamente el reparto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, mediante providencia del 30 de abril de 2009, declaró su incompetencia para conocer de la demanda de tutela.  A su juicio, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta es el llamado a tramitar, a prevención la tutela, toda vez que “es la sede donde actualmente se encuentra radicado el accionante y el lugar donde tiene efecto la vulneración de los derechos fundamentales”. En consecuencia, ordenó el envío de la actuación al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta.

 

1.2.3.  Recibido el expediente, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en auto del 29 de mayo de 2009, propuso conflicto negativo de competencia argumentando que “el accionante LUIS ARMANDO JACOME PEINADO, quien es el directamente afectado por la presunta vía de hecho atribuida a la entidad accionada y el titular de los derechos fundamentales invocados, tiene su domicilio y residencia en la Carrera 12 NO. 12-67 del Municipio de Ocaña según se lee en la solicitud de tutela (…) se establece entonces, que contrario a lo señalado por el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA en su auto proferido el 30 de abril del año en curso, el accionante JACOME PEINADO no se encuentra radicado en la ciudad de Cúcuta, razón por la cual este Despacho Judicial no corresponde al juez del lugar donde se produjo la violación de los derechos fundamentales del accionante, ni al juez donde se producen los efectos de la aludida violación.”

 

1.2.4.  Expuso además, que “por corresponder el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, a quien le fue asignado en reparto la presente acción de tutela, al Juez del lugar donde se produjo la violación a los derechos fundamentales del accionante, es el aludido Despacho Judicial el que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela”.  En tal virtud, remite el expediente a la Corte Constitucional para que dirima la colisión.

 

2.      CONSIDERACIONES

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala Plena de esta Corporación puede conocer y dirimir los conflictos de competencia que se presenten en materia de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en la colisión carezcan de superior jerárquico común.  En ese sentido, el expediente deberá ser remitido a esta Corte para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo^[1].

 

Lo anterior no es una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presentan entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.  Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[2].

 

Ahora bien, las normas que determinan la competencia en materia de tutela, son el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.  Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales^[3], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas.  El Decreto 1382 ha dejado de aplicarse en numerosas oportunidades por la eventual incompatibilidad de sus disposiciones con la Carta Política. 

 

Ante esta situación, el Gobierno Nacional en Decreto 404 de marzo 14 de 2001, suspendió por un año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”. En julio de 2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000” y del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo, denegando los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa corporación.

 

En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que: “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”^[4].

 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, en el auto 124 de 2009 se establecieron “las siguientes reglas, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corte:  

 

(i)        Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)      Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)           Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv)            Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de repartos contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En consecuencia, a partir de las anteriores consideraciones, procede la Sala a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado.

 

3.      EL CASO CONCRETO

 

Establecida la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto, se procede a dar solución al caso objeto de estudio.

 

De los hechos expuestos, se desprende que el conflicto gira en torno a la determinación del factor territorial para establecer el funcionario competente para conocer y decidir la demanda de la referencia.  En efecto, el problema gira alrededor del lugar en el cual ha debido interponerse la acción y no en relación con la naturaleza jurídica de la entidad demandada.  En este caso, es claro que la entidad accionada hace parte del sector descentralizado por servicios y su reparto, corresponde a los jueces con categoría de circuito. 

 

En ese sentido, resulta necesario estudiar de fondo el asunto y establecer el lugar en donde se produjo la supuesta vulneración de los derechos invocados. 

 

De un lado, observa la Sala que a juicio del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, el lugar donde se produjo la vulneración de los derechos invocados es la ciudad de Bucaramanga.  Por el contrario, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, afirma que el domicilio del actor es la ciudad de Cúcuta y es allí donde se producen los efectos de la vulneración aludida.

 

Por consiguiente, es preciso recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.” 

 

Ahora, del escrito de tutela se desprende que la solicitud de pensión realizada por el actor se presentó ante el Instituto de Seguro Social, Seccional Santander y, que es esta entidad la que, a juicio del actor, está vulnerando sus derechos fundamentales.  De acuerdo con esta posición, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, en principio, sería competente para tramitar la acción, toda vez que es en esa unidad territorial, donde se produce la supuesta violación. 

 

De otro lado, en la demanda también se advierte que el lugar donde actualmente reside el accionante es en el municipio de Ocaña, situación que se desprende de la dirección allegada para efectos de notificaciones[5].

 

En ese sentido, aunque la demanda fue presentada ante los jueces del circuito de Cúcuta, le asiste razón al Juez Quinto Civil del Circuito de dicha ciudad, al señalar que en ese lugar no se produce ni la violación de los derechos alegados ni las consecuencias de la misma, para que pueda radicarse la competencia en ese despacho.  En efecto, del estudio del expediente no se observan elementos que permitan establecer la competencia territorial en el municipio de Cúcuta.

 

De allí que, prima facie, la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga resulta infundada, en tanto, que el domicilio del accionante no sería factor de competencia en el caso que nos ocupa.  

 

Con relación a los presupuestos para determinar la competencia territorial en materia de tutela, esta Corporación ha señalado que:

 

“En efecto, a partir de una interpretación con observancia del principio pro homine de las citadas normativas, esta Corporación ha establecido^[6] que son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela, a saber: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.” [7]

 

Así las cosas, atendiendo al primero de los presupuestos citados, esto es, el lugar donde ocurre la violación, en la acción instaurada por el señor Luis Armando Jácome Peinado, en la cual se discute la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y móvil, a una vida digna y al debido proceso, por la negativa de reconocimiento de la pensión, el lugar donde se estaría generando dicha lesión es la ciudad de Bucaramanga, razón por la cual, el funcionario competente para tramitar el proceso es el Juez Cuarto Penal del Circuito de dicha localidad.

 

Por estas razones, teniendo en cuenta los anteriores criterios la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

4.      DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: DECIDIR el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, ordenando la remisión del expediente a este último.

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por Luis Armando Jácome Peinado contra el Instituto de Seguro Social, Seccional Santander, al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, para que sin más demoras, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.

 

TERCERO: Por Secretaría General COMUNICAR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Presidente

 

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

 

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General