REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

SENTENCIA T-079 DE 2024

 

Referencia: T-9.642.910

 

Acción de tutela presentada por Sergio Andrés Lugo Páez contra la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1.

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente

 

SENTENCIA

 

I. ANTECEDENTES

 

Hechos[1]

 

1. El señor Sergio Andrés Lugo Páez presentó acción de tutela contra la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 por la presunta vulneración de sus derechos a la igualdad, trabajo, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social y estabilidad laboral “intermedia o relativa por ser padre cabeza de familia y gozar del fuero de paternidad”[2].

 

2. El actor señaló que desde el 20 de agosto de 2022 se encontraba vinculado laboralmente a la sociedad accionada mediante un contrato de trabajo a término indefinido, en virtud del cual se desempeñaba como ejecutivo de cuenta. Expuso que el 16 de junio de 2023, solicitó a su empleador un permiso para acompañar a su compañera permanente Yeirys Edelmys Pérez Guevara, quien se encontraba en estado de embarazo, a la realización de unos exámenes médicos el día siguiente[3]. A pesar de que no recibió respuesta por parte de su empleador, el actor no se presentó a laborar el día 17 de junio de 2023[4].

 

3. El 22 de junio de 2023, se llevó a cabo la diligencia de descargos[5] mediante la cual la sociedad accionada cuestionó al actor sobre su inasistencia el día 17 de junio. Durante dicho procedimiento, la accionada sostuvo que los días 16 y 20 de junio de 2023 solicitó por correo electrónico[6] al actor que aportara los documentos que sirvieran de soporte a su solicitud de permiso o algún tipo de “evidencia de la toma de muestras de laboratorio del día 17 de junio”[7]. Sin embargo, el accionante respondió con una copia de una orden médica dirigida a su compañera permanente con fecha del 15 de junio de 2023[8]. Al preguntarle sobre dicha situación, el accionante sostuvo que “las ordenes [sic] emitidas son del 15 de junio de 2023, la palabra ambulatorio electivo, nos dice que no tienen que hacerse los exámenes el mismo día, dan un plazo de varios días para realizarse dicha prueba, la cual se materializo [sic] el 17 de junio de 2023”[9].

 

4. Así, en la diligencia de descargos la sociedad accionada preguntó nuevamente al actor si tenía alguna prueba, siquiera sumaria, de que su compañera permanente recibió atención en salud el día 17 de junio de 2023. El actor respondió: “si [sic], pero no la voy a mostrar, porque como manifesté en el correo aquí no hay empatía con nadie”[10].

 

5. El 24 de junio de 2023, la sociedad accionada dio por terminado con justa causa el contrato laboral del actor. Señaló que la inasistencia del accionante el 17 de junio de 2023 “sin excusa suficiente”[11], supuso un incumplimiento del reglamento interno de trabajo[12].

 

6. Con fundamento en el escenario fáctico expuesto, el 10 de julio de 2023 el señor Sergio Andrés Lugo Páez presentó acción de tutela contra la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1. Afirmó que gozaba de estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad, debido a que su compañera permanente se encontraba en estado de gestación y dependía económicamente de él al momento de la terminación del contrato laboral[13]. Así mismo, el actor indicó que su empleador tenía conocimiento del estado de embarazo de su pareja, pues él lo “inform[ó] verbalmente y a través de órdenes, citas médicas y permisos”[14].

 

7. Por otro lado, el accionante señaló que es padre cabeza de familia, puesto que responde económicamente por su compañera permanente, quien carece de un empleo formal, y por su hija Cristal Lugo Páez, de 5 años de edad[15]. Manifestó que su salario era el único sustento económico de la familia, por lo que desde la terminación de su contrato laboral “h[an] sobrevivido con ayudas de vecinos y familiares”[16].

 

8.  De esa manera, en la acción de tutela el señor Sergio Andrés Lugo Páez solicitó ordenar a la sociedad accionada (i) su reintegro al mismo cargo que desempeñaba “o a un cargo igual o vacante de la actual planta del personal”[17]; (ii) el pago de los salarios y aportes a seguridad social dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el reintegro; y (iii) el pago de una indemnización correspondiente a 60 días de salario[18].

 

Respuesta de la sociedad accionada[19]

 

9. La sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 se opuso a las pretensiones de la acción de tutela^[20]. Por un lado, expuso que no vulneró los derechos fundamentales del accionante porque este no era beneficiario del fuero de paternidad en los términos de los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). Lo anterior, debido a que en ningún momento aportó prueba del estado de embarazo de su compañera permanente ni declaró ante la empresa que su pareja carecía de un empleo formal.

 

10. Así mismo, la accionada argumentó que la terminación del contrato laboral del actor tuvo origen en una justa causa, dado que su inasistencia al puesto de trabajo el 17 de junio de 2023 supuso un desconocimiento del reglamento interno de trabajo. La sociedad enfatizó en que, a pesar de que se le requirió en varias oportunidades, el accionante no aportó ninguna prueba de que se hubiera ausentado porque acompañó a su pareja a recibir atención en salud. Por el contrario, según la accionada, el actor comentó a sus compañeros de trabajo “que dicho permiso era para organizar una celebración y como ese fin de semana era puente festivo (19 de junio de 2023) iba a disfrutar todo el fin de semana”[21].

 

11. Por último, la sociedad accionada sostuvo que la acción de tutela era improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, pues el accionante contaba con otros medios ordinarios de defensa judicial y no se encontraba ante la configuración de un perjuicio irremediable.

 

Sentencia de primera instancia

 

12. En sentencia del 19 de julio de 2023^[22], el Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla (i) concedió parcialmente el amparo y, en virtud del principio de solidaridad, ordenó a la sociedad accionada reconocer al actor en el término de 48 horas “las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo de gestación de su compañera permanente, posterior a la terminación de su contrato, hasta el momento en que acceda a la prestación económica de la licencia de paternidad”[23]. Por otro lado, el despacho (ii) negó las demás pretensiones de la acción de tutela, relativas al reintegro del actor, el pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales dejadas de percibir y el pago de la indemnización correspondiente a 60 días de salario. Lo anterior, al estimar que el accionante no demostró que hubiera informado a su empleador del estado de embarazo de su pareja.

 

Impugnación

 

13. El accionante impugnó la decisión de primera instancia mediante escrito del 26 de julio de 2023[24]. Sostuvo que la sociedad accionada sí conocía el estado de embarazo de su compañera permanente. Lo anterior, porque el actor (i) notificó verbalmente dicha situación a su jefe inmediato y (ii) al solicitar a la accionada el permiso para ausentarse el día 17 de junio de 2023, aportó copia de una orden médica dirigida a su pareja con fecha del 15 de junio del mismo año en que se indicaba expresamente que ella se encontraba en estado de embarazo.

 

Sentencia de segunda instancia

 

14. En sentencia del 28 de agosto de 2023[25], el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia. Por un lado, destacó que la terminación del contrato laboral del accionante se fundamentó en una justa causa, puesto que él incumplió el reglamento interno de trabajo al ausentarse de su puesto de trabajo de manera injustificada. Adicionalmente, indicó que el accionante no demostró haber informado a su empleador que su compañera permanente se encontraba en estado de embarazo y carecía de un empleo formal. Por otro lado, el despacho manifestó que compartía la decisión del juez constitucional de primera instancia en relación con el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues ello materializaba el principio de solidaridad.

 

Actuaciones en sede de revisión

 

15. La Sala de Selección de Tutelas Número Diez[26], mediante auto del 30 de octubre de 2023, seleccionó el expediente T-9.642.910[27] para su revisión. Según el sorteo realizado, el asunto se repartió al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas para su trámite y fallo.

 

16. Mediante auto del 18 de diciembre de 2023, el magistrado ponente consideró necesario decretar pruebas para obtener mayor claridad frente a los hechos que originaron la acción de tutela y verificar la situación actual del accionante y su núcleo familiar.

 

17. En respuesta al decreto probatorio, el señor Sergio Andrés Lugo Páez[28] afirmó que su núcleo familiar está compuesto por su compañera permanente y sus dos hijos, de 5 años y 6 meses de edad[29]. Además, señaló que tanto él como su compañera permanente se encuentran desempleados, no son beneficiarios de ningún subsidio del Gobierno Nacional[30] y reciben “la colaboración algunas veces de los familiares cuando ellos pueden para pagar los ga[s]tos mensuales”[31]. Dichos gastos ascienden, según el actor, a la suma de $2.500.000 cada mes.

 

18. Por otro lado, el accionante sostuvo que informó a la sociedad accionada sobre el estado de embarazo de su compañera permanente “desde principio del mes de junio por medio de correo electrónico institucional”[32], así como de manera verbal a su jefe inmediato y a una empleada del área de recursos humanos. Además, reiteró que para el momento en que se dio por terminado su contrato laboral con la sociedad accionada, su compañera permanente no contaba con un empleo formal. Finalmente, confirmó que acompañó a su pareja a recibir atención en salud el día 17 de junio de 2023 y que, a pesar de que solicitó permiso para ausentarse de su puesto de trabajo, “como es de costumbre [la sociedad accionada] no responde el correo dando por entender que [el permiso] fue aprobado”[33].

 

19. A su vez, en respuesta al decreto de pruebas, la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1[34] aseguró que el accionante no le informó de manera verbal ni escrita acerca del estado de embarazo de su compañera permanente o de que esta carecía de un empleo formal. Adicionalmente, afirmó que no solicitó autorización del Ministerio del Trabajo para desvincular al actor debido a que su contrato laboral terminó por una “causa legal”[35].

 

II. CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

20. Esta Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

 

21. De conformidad con los antecedentes descritos, corresponderá a esta Sala de Revisión responder el siguiente problema jurídico: ¿la sociedad accionada vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital del accionante, al dar por terminado su contrato laboral con justa causa, pese a que para la fecha de su desvinculación laboral la compañera permanente del actor se encontraba en estado de embarazo y carecía de un empleo formal?

 

22. Para responder al problema jurídico planteado, en la presente decisión se hará referencia (i) al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad y (ii) se resolverá el caso concreto.

 

Derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad

 

23. La estabilidad laboral reforzada[36] por fuero de paternidad garantiza la permanencia en el empleo de aquellos trabajadores cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto, siempre y cuando esta carezca de un empleo formal[37]. La protección derivada de este fuero implica que, para dar por terminado el contrato laboral de dichos trabajadores, el empleador debe recibir la autorización del Ministerio del Trabajo, so pena de la ineficacia del despido.

 

24. El fuero de paternidad se incluyó por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano como consecuencia de lo decidido en la Sentencia C-005 de 2017. En esa providencia, la Corte estudió una acción pública de inconstitucionalidad dirigida contra el numeral 1 del artículo 239 y el numeral 1 del artículo 240 del CST[38] por la presunta vulneración de los artículos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución y el numeral 2 del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Las normas demandadas consagraban el fuero de maternidad, según el cual el empleador debe contar con la autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato laboral de las mujeres gestantes o lactantes. A juicio del demandante, las normas acusadas dejaban desprotegidas, de manera injustificada, a las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia que carecieran de un empleo formal y dependieran económicamente de su pareja.

 

25. Al resolver el asunto, la Sala Plena estimó que la situación en que se encuentran las trabajadoras gestantes o lactantes presenta importantes similitudes fácticas y jurídicas a la de los trabajadores cuya cónyuge, pareja o compañera permanente está en estado de embarazo o en periodo de lactancia y no tiene un empleo formal. Lo anterior, porque en ambos casos los trabajadores se enfrentan a necesidades específicas derivadas del nacimiento de un nuevo miembro de la familia.

 

26. Así pues, debido a las similitudes entre ambos grupos, la Corte concluyó que la protección que el Estado les brinde debe ser equiparable. En especial, si se considera que el fuero de maternidad no solo pretende disminuir las desigualdades de género en el entorno laboral, sino que también encuentra fundamento en (i) el imperativo constitucional de proteger a la mujer gestante o lactante[39]; (ii) el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes[40] y (iii) las normas constitucionales que califican a la vida[41] y a la familia[42] como bienes jurídicos de máxima relevancia.

 

27. De esa manera, en la Sentencia C-005 de 2017 la Sala Plena decidió:

 

“[d]eclarar la exequibilidad condicionada del numeral 1 del artículo 239 y del numeral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo), en el entendido que la prohibición de despido y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la)”.

 

28. Posteriormente, el Congreso de la República retomó los argumentos expuestos en la Sentencia C-005 de 2017[43] y expidió la Ley 2141 de 2021, “por medio de la cual se modifican los artículos 239 y 240 del CST, con el fin de establecer el fuero de paternidad”.

 

29. Así pues, la regulación actual de la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad se encuentra en los artículos 239 y 240 del CST, conforme fueron modificados por la Ley 2141 de 2021. En concreto, el numeral 5 del artículo 239 del CST prohíbe el despido de todo trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o en las 18 semanas posteriores al parto y no cuente con un empleo formal. Ahora bien, dicha norma es clara al señalar que la protección derivada del fuero de paternidad no opera de forma automática, sino que:

 

“se activará con la notificación al empleador del estado de embarazo de la cónyuge, pareja o compañera permanente, y una declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo. La notificación podrá hacerse verbalmente o por escrito. En ambos casos el trabajador tendrá hasta un (1) mes para adjuntar la prueba que acredite el estado de embarazo de su cónyuge o compañera permanente. Para tal efecto, serán válidos los certificados médicos o los resultados de exámenes realizados en laboratorios clínicos avalados y vigilados por las autoridades competentes”.

 

30. Por su parte, el artículo 240 del CST exige al empleador solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato laboral de quien goza de estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad. Además, la norma establece que la autorización para el despido solo se podrá conceder con fundamento en alguno de los supuestos señalados en los artículos 62 y 63 del CST, que enumeran las justas causas para la terminación del contrato de trabajo.

 

31. Así pues, la desvinculación laboral de quien goza de fuero de paternidad, sin que medie la autorización del Ministerio del Trabajo, constituye una vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Por tanto, la autoridad judicial que conozca del asunto debe, en principio, declarar la ineficacia del despido y reconocer en favor del trabajador: (i) el derecho al reintegro[44]; (ii) el pago de todas las acreencias laborales y prestaciones sociales dejadas de percibir, y el pago de los aportes de seguridad social a que haya lugar; y (iii) el pago de una indemnización equivalente a 60 días de salario[45].

 

32. Ahora, una vez expuestas las características de la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad, la Sala procederá a resolver el caso concreto.

 

Caso concreto

 

33. A continuación, la Corte presentará el caso, realizará un análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y finalmente, de ser procedente este mecanismo, solucionará el caso concreto.

 

Presentación del asunto

 

34. El señor Sergio Andrés Lugo Páez presentó acción de tutela contra la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 y solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social y estabilidad laboral “intermedia o relativa por ser padre cabeza de familia y gozar del fuero de paternidad”[46]. Expuso que la sociedad accionada dio por terminado su contrato de trabajo sin que mediara autorización del Ministerio de Trabajo a pesar de que él gozaba de estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad, dado que su compañera permanente se encontraba en estado de embarazo y no tenía un empleo formal. En consecuencia, solicitó ordenar a la accionada (i) su reintegro al mismo cargo que desempeñaba “o a un cargo igual o vacante de la actual planta del personal”[47]; (ii) el pago de los salarios y aportes a seguridad social dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el reintegro; y (iii) el pago de una indemnización correspondiente a 60 días de salario.

 

Procedencia de la acción de tutela

 

35. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditados todos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, como se expondrá a continuación.

 

36. Legitimación en la causa por activa[48]. Se cumple, pues el señor Sergio Andrés Lugo Páez es el titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados y presentó la acción de tutela a nombre propio, modalidad avalada por el Decreto 2591 de 1991.

 

37. Legitimación en la causa por pasiva[49]. Se cumple porque la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 dio por terminado el contrato laboral del accionante, a lo cual este atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales. Se destaca que, según los artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares respecto de los cuales el accionante se encuentre en situación de subordinación[50]. Ello ocurre, por ejemplo, cuando la relación entre las partes estaba mediada por un contrato laboral. Así, en este caso la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 se encuentra legitimada en la causa por pasiva porque el accionante, en tanto trabajador de la accionada, se encontraba en situación de subordinación respecto a esta.

 

38. Inmediatez[51]. Se cumple. La acción de tutela se presentó el 10 de julio de 2023, de manera que transcurrieron 16 días desde la terminación del contrato laboral del accionante. El término se estima razonable y proporcional.

 

39. Subsidiariedad[52]. Se cumple. En principio, la acción de tutela es improcedente cuando tiene por objeto reclamar o controvertir derechos laborales o de la seguridad social, pues el afectado puede acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral[53] o de lo contencioso administrativo[54]. No obstante ello, la acción de tutela puede resultar procedente como mecanismo transitorio de protección para evitar la configuración de un perjuicio irremediable[55]. En esos casos, la intervención del juez constitucional tiene el objetivo de estudiar la aplicación de la medida que resulte más efectiva para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, sin que ello implique que el juez laboral o de lo contencioso administrativo pierdan su competencia para decidir de fondo y de manera definitiva la controversia[56].

 

40. En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte[57] que (i) el núcleo familiar del accionante está conformado por su compañera permanente y dos hijos de 5 años y 6 meses de edad; (ii) actualmente el actor y su pareja se encuentran desempleados, no son beneficiarios de ningún subsidio del Gobierno Nacional y se encuentran clasificados en el grupo C3 del Sisbén, que corresponde a población vulnerable; (iii) solo ocasionalmente reciben la ayuda de familiares para solventar sus gastos mensuales, que ascienden a la suma de $2.500.000; y (iv) dado que al contrato laboral del actor fue terminado con justa causa, este no recibió suma alguna a título de indemnización por su desvinculación. En consecuencia, se considera que el actor, y su familia, se encuentran en una situación económica precaria que podría generar una afectación cierta, grave e inminente a su mínimo vital[58]. Ello es especialmente grave si se considera que el núcleo familiar del accionante está conformado por dos niños de 5 años y 6 meses de edad, que son sujetos de especial protección constitucional.

 

41. Con base en lo anterior, se concluye que, en principio, el proceso ordinario laboral[59] es el mecanismo idóneo y eficaz para resolver la controversia entre el accionante y su empleador. En efecto, el juez ordinario laboral está facultado para declarar la ineficacia del despido, ordenar el reintegro del accionante y condenar al empleador al pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales y a la indemnización de que trata el numeral 3 del artículo 239 del CST. Lo anterior, siempre y cuando la autoridad judicial comprobara que el actor gozaba del fuero de paternidad. Ahora bien, se estima que en este caso la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dada la situación de vulnerabilidad económica y social del núcleo familiar del actor.

 

Solución del caso concreto

 

42. La Sala considera que la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 no vulneró los derechos fundamentales del señor Sergio Andrés Lugo Páez, dado que este no cumplió con los requisitos para gozar de la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad.

 

43. Como se indicó en precedencia, el numeral 5 del artículo 239 del CST establece que la protección derivada del fuero de paternidad no opera de manera automática, sino que está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) la notificación verbal o escrita al empleador del estado de embarazo de la cónyuge, pareja o compañera permanente del trabajador; (ii) una declaración verbal o escrita al empleador, que se entiende presentada bajo la gravedad de juramento, de que la cónyuge, pareja o compañera permanente del trabajador carece de un empleo formal; y (iii) la presentación de una prueba que acredite el estado de embarazo, que deberá presentarse como máximo en el mes siguiente después de efectuadas las notificaciones anteriores.

 

44. Ahora bien, como se expondrá a continuación, las pruebas que obran en el expediente no permiten acreditar el cumplimiento por parte del accionante de los tres requisitos exigidos por el numeral 5 del artículo 239 del CST para que opere la protección derivada del fuero de paternidad.

 

 

45. El incumplimiento de los requisitos a los que se refiere el numeral 5 del artículo 239 del CST implica que el accionante no gozaba de la protección que brinda la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad. Así, la sociedad accionada no debía solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato laboral del accionante, por lo que no procede la declaratoria de ineficacia de su despido ni es posible acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

 

46. Así mismo, se destaca que la desvinculación laboral del accionante obedeció, en principio, a una justa causa: el incumplimiento del reglamento interno de trabajo por parte del actor debido a su ausencia el día 17 de junio de 2023. A pesar de los requerimientos de su empleador[68], el accionante no aportó prueba alguna que demostrara que el día en que no se presentó en su puesto de trabajo hubiera acompañado a su compañera permanente a recibir atención en salud. De hecho, en la diligencia de descargos llevada a cabo el 22 de junio de 2023, la sociedad accionada preguntó al actor si tenía alguna prueba, siquiera sumaria, de que su compañera permanente recibió atención en salud el 17 de junio de ese mismo año, a lo que el actor respondió: “si [sic], pero no la voy a mostrar, porque como manifesté en el correo aquí no hay empatía con nadie”[69].

 

47. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 28 de agosto de 2023 proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, mediante la cual se confirmó la sentencia del 19 de julio de 2023 dictada por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla, que negó la acción de tutela presentada por el señor Sergio Andrés Lugo Páez contra la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 respecto de las pretensiones relacionadas con el reintegro del accionante, el pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales dejadas de percibir y el pago de una indemnización correspondiente a 60 días de salario.

 

Síntesis de la decisión

 

48. A la Sala Novena de Revisión le correspondió resolver la acción de tutela presentada por el señor Sergio Andrés Lugo Páez contra la sociedad Merco Aduanas Nivel 1. El accionante sostuvo que solicitó un permiso a su empleador para acompañar a su compañera permanente, quien se encontraba en estado de embarazo, a recibir atención en salud el día 17 de junio de 2023. A pesar de que no recibió respuesta a su solicitud, el actor se ausentó de su puesto de trabajo. Debido a dicha ausencia, la sociedad accionada dio por terminado el contrato laboral del actor con justa causa, bajo el argumento de que incumplió el reglamento interno de trabajo.

 

49. El accionante sostuvo que su desvinculación laboral vulneró sus derechos fundamentales, debido a que él gozaba de estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad, dado que su compañera permanente se encontraba en estado de embarazo y carecía de un empleo formal al momento del despido. En consecuencia, el actor solicitó ordenar a la accionada (i) su reintegro al mismo cargo que desempeñaba “o a un cargo igual o vacante de la actual planta del personal”[70]; (ii) el pago de los salarios y aportes a seguridad social dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el reintegro; y (iii) el pago de una indemnización correspondiente a 60 días de salario.

 

50. Así pues, correspondió a la Sala definir si la sociedad accionada vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y mínimo vital del accionante, al dar por terminado su contrato laboral con justa causa pese a que para la fecha de su desvinculación laboral la compañera permanente del actor se encontraba en estado de embarazo y carecía de un empleo formal.

 

51. En primer lugar, la Corte concluyó que la acción de tutela cumplió con todos los requisitos de procedibilidad. En concreto, se afirmó que se acreditaba el requisito de subsidiariedad y que la acción de tutela procedía como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, debido a la situación de vulnerabilidad económica y social del núcleo familiar del actor.

 

52. A continuación, la Sala argumentó que el accionante no cumplió con los tres requisitos exigidos por el numeral 5 del artículo 239 del CST para la activación de la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad. Con base en las pruebas que obran en el expediente y en las respuestas al auto de pruebas proferido por el despacho del magistrado ponente, se concluyó que el actor (i) no notificó a su empleador del estado de embarazo de su compañera permanente; (ii) no declaró que esta carecía de un empleo formal; y (iii) no presentó una prueba que acreditara el estado de embarazo de su pareja. En consecuencia, la Sala determinó que la sociedad accionada no vulneró los derechos fundamentales del actor al dar por terminado su contrato laboral con justa causa y sin solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo.

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 28 de agosto de 2023 proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, mediante la cual se confirmó la sentencia del 19 de julio de 2023 dictada por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla, en el sentido de negar la acción de tutela presentada por el señor Sergio Andrés Lugo Páez contra la sociedad Merco Agencia de Aduanas Nivel 1 respecto de las pretensiones relacionadas con el reintegro del accionante, el pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales dejadas de percibir y el pago de una indemnización correspondiente a 60 días de salario.

 

Segundo. LÍBRESE por la Secretaría General de la Corte Constitucional la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Con salvamento de voto

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General