Auto 122/22

 

 

NULIDAD FALLO DE TUTELA-Procedencia en sede de revisión

 

ACCION DE TUTELA Y DEBIDO PROCESO-Obligatoriedad de la debida integración del contradictorio

 

NULIDAD POR INDEBIDA CONFORMACION DEL CONTRADICTORIO-Formas para subsanarla

 

“En materia de tutela la indebida integración del contradictorio en el caso que se estudia se puede subsanar de dos formas: i) declarando la nulidad de todo lo actuado, devolviendo el proceso al juez de primera instancia para que subsane el error procesal y, en consecuencia, reinicie la actuación judicial; o ii) integrando el contradictorio en sede de revisión, siempre que la persona natural o jurídica vinculada actúe sin proponer la aludida nulidad.”

 

NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION-Se declara la nulidad de todo lo actuado desde auto admisorio de la demanda y rehacer proceso efectuando debida vinculación

 

 

Referencia: Expediente T-8.199.500

 

Acción de tutela instaurada por Victoria Eugenia Dávila y otras contra el Consejo Nacional Electoral. 

 

Magistrado Ponente:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

 

Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional integrada por la magistrada Diana Constanza Fajardo Rivera y los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto con base en los siguientes:

 

I.    ANTECEDENTES

 

Hechos

 

1.   Raissa Carrillo Villamizar[1] y Pedro Vaca Villarreal[2], actuando en nombre y representación de las periodistas Victoria Eugenia Dávila, Camila Zuluaga Suárez, Lina María Peña, Lariza Pizano Rojas, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Gurisatti, Máryuri Trujillo y Cecilia Orozco, instauraron acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida e integridad, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, a la libertad de prensa y al derecho a la no discriminación (arts. 1°, 13, 20 y 73 C.P).

 

2.   Las accionantes explicaron que los ataques en línea son una nueva esfera donde se llevan a cabo agresiones contra las mujeres periodistas relacionadas con el género, usualmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. Indicaron que, en algunas circunstancias, este patrón proviene y beneficia a determinados grupos o actores políticos a través de estrategias de desinformación, amplificación e intimidación.

 

3.   Con el fin de: i) evidenciar el patrón de violencia descrito; ii) demostrar que los ataques tienen origen en la acción de actores y grupos políticos; y iii) revelar que la sistematicidad y continuidad de esta clase de violencia es alentada o tolerada por parte de miembros y partidos o movimientos políticos, presentaron las agresiones en línea de las que han sido víctimas luego de publicar sus investigaciones u opinión de manera independiente. Esto, en los siguientes términos[3]:

 

 

4.   Las accionantes pusieron de presente que las manifestaciones de violencia señaladas son discriminatorias, infantilizan el oficio de las mujeres periodistas y en algunos casos incluyen a miembros de sus familias, teniendo en cuenta su rol de madres. Aseguraron que las agresiones alcanzan tonos soeces y amenazantes que ponen en riesgo su integridad física, su salud y libertad de expresión y de prensa, y por lo mismo, generan autocensura.

 

5.   Cuestionaron que el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) no hubiera adoptado ninguna medida para hacer cesar la violencia, sancionar a los responsables y prevenirla, con lo cual incumplió su deber de vigilar a los partidos políticos (art. 265 C.P.). Además, criticaron el hecho de que los partidos políticos y/o movimientos ciudadanos se han favorecido de las agresiones, al alentarlas o tolerarlas.

 

6.   Finalmente, indicaron que con la presente demanda se pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual justificaron en el riesgo inminente y grave a su vida, su integridad física y emocional y su libertad de expresión y ejercicio profesional en la coyuntura actual del país.

 

7.   Por lo anterior, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados y presentaron las siguientes peticiones: i) declarar que el CNE y los partidos y/o movimientos ciudadanos se favorecieron a costa de la violación de sus derechos en la medida que alentaron o toleraron de manera pasiva discursos violentos; ii) declarar que el CNE no cuenta con un mecanismo para tramitar denuncias en contra de los partidos y movimientos que respaldan estas conductas; iii) ordenar la creación de un mecanismo para canalizar los reclamos, de modo que pueda ejercer un control; iv) ordenar al CNE emitir un pronunciamiento público en relación con el deber de los partidos y movimientos políticos de respetar la libertad de prensa y la importancia de contar con periodistas mujeres; iv) declarar que en Colombia existe un patrón de agresiones digitales a mujeres periodistas y otorgar un efecto inter comunis al fallo.

 

Trámite procesal

 

8.   En Auto del 14 de octubre de 2020, la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela y dispuso notificar al accionado para que se pronunciara sobre los hechos que dieron origen al proceso.

 

Contestación de la acción de tutela

 

9.   En escrito del 19 de octubre de 2020, el CNE se opuso a las pretensiones de las accionantes. Puso de presente que ni el artículo 265 de la Constitución, ni las leyes 130 de 1994, 996 de 2005 y 1475 de 2011 se refieren o establecen funciones relacionadas con las circunstancias planteadas por las accionantes, y que el CNE no tiene competencia para controlar o sancionar el comportamiento de los actores políticos en la esfera privada de sus actuaciones. Señaló que el ordenamiento jurídico prevé otros mecanismos a través de las vías penal y disciplinaria, y que, tratándose de comportamientos de congresistas que afecten derechos de terceros, existe un código de ética de la Ley 1828 de 2017.

 

10.   Destacó que las accionantes no probaron haber puesto en conocimiento los hechos relatados ante los partidos o movimientos políticos, ni ante el CNE una posible inacción de dichas colectividades una vez formulada esa eventual queja[4]. Finalmente, adujo que ha liderado actuaciones en defensa de la igualdad de género y la no discriminación contra la mujer[5].

 

Sentencias objeto de revisión

 

Primera instancia

 

11.   Mediante sentencia del 3 de diciembre de 2020, la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela. Recordó que conforme al artículo 59 de la Ley 5° de 1992, le corresponde a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista ejercer el poder ético disciplinario en relación con los miembros del Congreso por la conducta indecorosa, irregular o inmoral en que puedan incurrir en ejercicio de su función o con ocasión de esta. Además, encontró que las accionantes no han puesto en conocimiento de los partidos o movimientos políticos los presuntos tratos discriminatorios, ni han interpuesto alguna solicitud, denuncia, queja o querella ante el CNE sobre el particular. Concluyó que si la parte accionante considera que existe alguna transgresión puede hacer uso de los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico.

 

Impugnación

 

12.   En escrito del 14 de diciembre de 2020, las accionantes cuestionaron que el Tribunal no hubiera analizado la procedencia de la tutela de cara a prevenir el perjuicio irremediable. Así mismo, manifestaron su desacuerdo ante el “análisis desviado de la subsidiariedad, al requerir el agotamiento de trámites ante terceros que no son parte de la tutela”[6]. Aclararon que la tutela se dirige en contra del CNE precisamente porque no existen mecanismos idóneos para dar trámite a estos asuntos. Por último, señalaron que la exigencia de solicitudes formales resulta desproporcionada, pues traslada la activación del Estado a las víctimas, excusando “la inacción de las autoridades frente a situaciones de violencia sistemática”[7].

 

Segunda instancia

 

13.   Mediante sentencia del 17 de marzo de 2021, la Subsección C, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.

 

14.   Señaló que la autoridad accionada no es competente para proteger la integridad de las periodistas, pues esta función corresponde, en principio, a la Policía Nacional, entidad que la FLIP no vinculó a la actuación, ni acreditó haber puesto en conocimiento de los hechos que denuncia en la solicitud. Aseguró que las periodistas tampoco probaron haber formulado una petición, solicitud, denuncia, queja o querella relacionada con los hechos de violencia y amenazas indicados en la tutela, mucho menos, que el CNE hubiera sido renuente a atender esos reclamos.

 

15.   En todo caso, ordenó remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección para lo de su competencia.

 

Pruebas

 

16.   Las pruebas que obran en el expediente son las que a continuación se relacionan: i) anexo con los pantallazos de las agresiones en línea referidas en los hechos de la demanda[8]; ii) certificación expedida el 16 de octubre de 2020 por la Subsecretaria del Consejo Nacional Electoral donde consta que no se encontró ninguna solicitud, denuncia, queja o querella referente a los hechos de la tutela[9]; y iii) Informe del área de Asesoría de Comunicaciones y Prensa del Consejo Nacional Electoral “Estrategia de comunicaciones, campaña contra la violencia política de la mujer y participación política”[10].

 

Actuaciones en sede de revisión

 

Solicitud ciudadana para la selección del asunto

 

17.   En escrito del 10 de junio de 2021, diferentes organizaciones solicitaron la selección del asunto[11]. Consideraron que este caso proporciona una oportunidad para: i) desarrollar la línea jurisprudencial sobre una materia que no ha sido analizada de fondo -violencia en línea contra las mujeres periodistas-[12]; ii) crear un precedente jurisprudencial desde la óptica de la responsabilidad que tienen las figuras públicas y las instituciones a las cuales estas figuras pertenecen; y iii) exponer las graves violaciones a los derechos de las mujeres periodistas en Colombia que cubren temas de alto interés público, y lograr con ello la creación de un mecanismo que permita prevenir estas mismas violencias[13].

 

18.   A juicio de las organizaciones, la novedad de este caso radica en gran medida en el vacío normativo para la protección de las violencias en línea provocadas e instigadas por algunas figuras políticas. Al respecto, explicaron que a través de la Ley 1475 de 2011 se adoptó que las estructuras partidistas fueran más responsables frente a las actuaciones de sus miembros y candidatos. En dicha normativa se estipuló que tienen la responsabilidad de tomar acciones disciplinarias respecto de sus miembros cuando “incurra en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad”, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 130 de 1994. Pusieron de presente que la norma enfatiza en que la aplicación del mecanismo es para afectaciones de alcance colectivo, privando toda posibilidad de reclamos por la amenaza o vulneración de derechos individuales, lo que pone en evidencia la necesidad de establecer un mecanismo para los casos individuales.

 

19.   De otra parte, aseguraron que, aunque existe profusa jurisprudencia sobre la protección especial de discursos sobre funcionarios públicos y/o asuntos de interés público, no sucede lo mismo con el alcance del derecho a la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos que ostentan cargos de elección popular. Señalaron que la violencia política de género requiere un análisis riguroso y una ponderación de derechos, porque en ocasiones podría tener efectos contrarios a los discursos políticos protegidos por la libertad de expresión o al ejercicio periodístico[14].

 

20.   Finalmente, destacaron la urgencia de proteger los derechos fundamentales de las accionantes quienes sufren agresiones en línea que van desde amenazas de muerte hasta de violencia sexual, acoso sexual, amenazas a sus hijos, entre otros[15].

 

Selección del asunto

 

21.   El 26 de junio de 2021, la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional, mediante auto, seleccionó el expediente de la referencia. Lo anterior, con base en los criterios “asunto novedoso” y “necesidad de materializar un enfoque diferencial.”

 

Vinculación de terceros y decreto de pruebas

 

22.   Mediante Auto del 22 de septiembre de 2021, la Sala Octava de Revisión dispuso vincular al presente trámite a los actores, partidos y movimientos políticos mencionados de modo directo por las accionantes y que tienen relación directa con sus manifestaciones de vulneración de derechos, para que se pronunciaran, sobre los hechos y pretensiones, y aportaran las pruebas que quisieran hacer valer:

 

 

23.   Por otro lado, le ordenó al juez de segunda instancia que remitiera la copia digital del expediente completo, y a la abogada Raissa Carrillo Villamizar que enviara los poderes otorgados por las accionantes Máryuri Trujillo y María Jimena Duzán para actuar en el presente proceso o la sustitución efectuada por el señor Pedro Vaca Villarreal, teniendo en cuenta que este último actualmente no funge como apoderado en este asunto.

 

24.   Finalmente, les solicitó a las facultades de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, Comunicación y Lenguaje de la Pontifica Universidad Javeriana, Comunicación de la Universidad de La Sabana y al Observatorio de la democracia de la Universidad de los Andes que emitieran su concepto sobre la problemática jurídica que compromete el asunto de la referencia.

 

Respuestas al auto de vinculación y pruebas

 

25.   El 20 de octubre de 2021, la Subsección C, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, allegó una carpeta con la totalidad del expediente de tutela. Además, en respuesta a lo solicitado en el Auto del 22 de septiembre de 2021, se recibieron las siguientes intervenciones:

 

 

26.   Por otro lado, la Fundación para la Libertad de Prensa remitió el poder especial otorgado por María Jimena Duzán Sáenz al señor Jonathan Carl Bock Ruíz, director de esa entidad, para actuar en el proceso de la referencia. Así mismo, este último envió un escrito mediante el cual, en su calidad de representante legal, designó a la abogada Raissa Carrillo Villamizar como apoderada principal del proceso.

 

27.   Finalmente, con ocasión del traslado probatorio efectuado por la Secretaría General de la Corte, el Consejo Nacional Electoral allegó un escrito mediante el cual reiteró su posición según lo manifestado en el escrito de contestación de la acción de tutela. Además, indicó que se acogía a los fallos proferidos en primera y en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, respectivamente.

 

Intervención ciudadana

 

28.   Los ciudadanos Ana Bejarano Ricaurte, Emmanuel Vargas Penagos y Susana Echavarría Medina, en su calidad de asociados a la red de acceso a la justicia de “El Veinte”, solicitaron se conceda el amparo deprecado. Manifestaron que los eventos de violencia y acoso en redes a mujeres periodistas a nivel general, incluidos los aquí denunciados, vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la igualdad y la no discriminación. Consideraron que de esa forma las periodistas son revictimizadas, porque a más de recibir la agresión inicial, sufren campañas de deslegitimación en su contra, máxime que las críticas que les hacen no tienen que ver con su producción periodística, sino que es un ataque a su “vida social y familiar, a su capacidad intelectual, a su aspecto físico y a su esfera íntima” generalmente con epítetos “sexualizantes y machistas”[27].

 

29.   Bajo el anuncio de que su intervención busca aportar argumentos de derecho internacional y constitucional relacionados con el caso, presentaron para consideración los siguientes temas: i) “La necesidad de propiciar un ambiente favorable para el ejercicio de la libertad de expresión”, ii) “Aplicación de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará)” y, iii) “La necesidad de mejorar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de las periodistas mujeres como elemento del pluralismo”.

 

30.   En cuanto al primer aspecto, señalaron que el Estado tiene la obligación de propiciar un ambiente favorable para el ejercicio de la libertad de expresión, para lo cual se apoyaron en jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última señala, sobre el ejercicio periodístico, que solo puede llevarse a cabo con libertad, cuando sus ejecutores “no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”[28], obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión. Igualmente, hicieron alusión al deber oficial de proteger a los periodistas sometidos a riesgo por su labor, como lo consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe No. 150/18 frente al caso de la periodista Jineth Bedoya Lima vs. Colombia.

 

31.   También citaron decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con referencia al artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (libertad de expresión) y descendiendo al asunto bajo estudio mencionaron que las “amenazas, agresiones e insultos en contra de las periodistas accionantes representan una limitante al ejercicio de su profesión y en consecuencia a su derecho a la libertad de expresión”[29], con el agravante de que a tales agresiones les sigue una campaña de desprestigio avalada por “miembros y partidos o movimientos políticos para fines electorales”[30].

 

32.   En relación con el segundo tema, adujeron que, de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, si bien los periodistas hombres y mujeres enfrentan los mismos riesgos, estas asumen “riesgos específicos por el hecho de ser mujeres”[31], que las hace blanco de ataques “cuando no se someten a las reglas de la inequidad de género y los estereotipos concomitantes”[32]. Para reforzar lo anterior, citaron estadísticas de la UNESCO sobre violencia en línea en contra de mujeres periodistas y refirieron como consecuencias de esa victimización el dejar de participar en redes sociales, “no salir al aire o remover su nombre de las publicaciones, el 4% decidió dejar su trabajo y, finalmente, el 2% resolvió dejar de ejercer el periodismo definitivamente”[33] y dejar su lugar de residencia por el nivel de hostigamiento en su contra, fenómeno sobre el cual se ha pronunciado la Corte Constitucional[34].

 

33.   Derivaron de ello que “si el solo hecho de ser mujer se convierte en un factor de estigmatización y descrédito del trabajo periodístico, se desconoce la perspectiva de género desde la cual se debe garantizar la libertad de expresión, pero en especial la de información de la comunidad”[35].

 

34.   Finalmente, en torno al tercer tema, recordaron la obligatoriedad de adoptar medidas por parte del Estado para el ejercicio de la libertad de expresión de las periodistas, ya que los efectos de “los hostigamientos y agresiones a mujeres periodistas y su posterior reproducción para fines electorales limitan la participación de las accionantes en el debate público y, en consecuencia, se reduce el pluralismo y se debilita la democracia”[36]. Sobre el particular, destacaron la “obligación del Estado de frenar la reproducción de ataques a mujeres periodistas por parte de los miembros y partidos o movimientos políticos colombianos no solo como mecanismo de atención a la violencia de género y la discriminación, sino también para el cumplimiento de su deber democrático con la garantía del pluralismo en el ejercicio periodístico y en la democracia”[37].

 

II.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.   La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer de las decisiones judiciales materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en virtud del Auto del 29 de junio de 2021, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis.

 

La indebida integración del contradictorio constituye una grave vulneración del derecho al debido proceso[38]

 

2.   De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, una de las garantías que comprende el derecho fundamental al debido proceso es la facultad de toda persona de presentar pruebas y de controvertir aquellas que se alleguen en su contra.

 

3.   De ello se deriva la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción, que ha sido definido por la Corte como “la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”^[39], de aplicación general y universal, que “constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”^[40].

 

4.   Según se desprende de lo expuesto, el derecho de defensa y contradicción se predica de toda clase de procesos judiciales y administrativos, y su goce efectivo depende de la debida integración del contradictorio que, específicamente en el trámite de la acción de tutela, asegura que la autoridad judicial despliegue toda su atención para determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales que aduce la parte accionante y adopte su decisión convocando a todas las personas que activa o pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de una tutela^[41].

 

5.   Es por lo anterior, que la falta de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación al proceso, generan una irregularidad que vulnera el derecho al debido proceso.

 

6.   La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que dentro del conjunto de actos y trámites que componen el proceso “la admisión de la demanda es de vital importancia ya que a través de este acto procesal se establece el contacto inicial que tienen el juez, las partes y los demás intervinientes con el material que obra en el proceso”^[42]. Por ese motivo, la notificación del auto admisorio de la demanda a las personas que puedan verse afectadas por la decisión garantiza que cuenten con el conjunto suficiente de oportunidades procesales para ejercer sus derechos.

 

7.   Es por esa razón que el juez constitucional, como director del proceso, está en la obligación de integrar debidamente el contradictorio, para que aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación de los derechos tengan la oportunidad de intervenir en todo el trámite. Entonces, si el juez incumple ese deber se genera una irregularidad que impide el conocimiento de fondo del asunto sometido a consideración de esta Corporación^[43].

 

8.   Ahora bien, la Corte ha señalado que, en materia de tutela, ese vicio es subsanable a través de dos vías: “(i) se declara la nulidad de todo lo actuado, se devuelve el proceso a la primera instancia para que subsane el error procesal, y por ende, se reinicie la actuación judicial o; (ii) la misma Corte integra el contradictorio en sede de revisión, saneándose la nulidad en caso de que la persona natural o jurídica vinculada, actúe sin proponer la aludida nulidad”^[44].

 

9.   Sobre este último, la jurisprudencia ha sostenido su carácter excepcional[45]. Al respecto, la Sentencia SU-116 de 2018, reiterando el Auto 536 de 2015, afirmó:

 

“la vinculación en sede de revisión está reservada para casos en los cuales se demuestre la calidad de sujeto de especial protección constitucional del accionante y en razón de su condición de vulnerabilidad, haría desproporcionado extender en el tiempo la protección de sus derechos, aclarando que la Corte tiene un especial deber de argumentación para justificar las razones por las cuales se decide, en detrimento del derecho de contradicción y defensa, integrar el contradictorio, con el fin de evitar que se configure la nulidad.”

 

De manera que, solo puede ser utilizado cuando “(i) las circunstancias de hecho lo ameritan o se encuentran en juego derechos fundamentales de personas cuyo estado de debilidad es manifiesto, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal propios de la acción de tutela, siempre y cuando (ii) la persona natural o jurídica que se vincule en sede de revisión intervenga sin proponer la nulidad de lo actuado”^[46]. Al respecto, el Auto 288 de 2009 indicó lo siguiente:

 

“Solamente en circunstancias excepcionales que respondan a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, lo que tiene ocurrencia, entre otras circunstancias cuando se encuentra en juego la protección de derechos como la vida, la salud o la integridad física, o cuando están involucrados personas que son objeto de especial protección constitucional o personas en debilidad manifiesta, como la mujer cabeza de familia, los menores o las personas de edad avanzada, la Corte ha procedido a tramitar de manera directa el incidente de nulidad, con la integración directa del contradictorio con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el asunto”[47].

 

10.            La segunda opción, relacionada con la vinculación en sede de revisión, “implica que las personas vinculadas renunciarían a su derecho a controvertir la decisión que se adopte, sea o no desfavorable a ellas”[48]. La Corte ha sostenido que, de asumir esta postura, las distintas salas de revisión “deben obrar conforme lo normado en el artículo 137 del C.G.P. y advertir la nulidad, junto con la posibilidad de que las personas vinculadas decidan si es de su interés proseguir con el trámite, o reclamar la reiniciación del mismo con el objetivo de lograr participar en él y fortalecer el debate ante los jueces de instancia”[49].

 

11.            Así, el uso el uso excepcional de la vinculación directa en sede de revisión implica que las circunstancias de hecho lo ameriten. En este escenario, puede ocurrir que la persona vinculada solicite o proponga la nulidad, caso en el cual, “en resguardo de su derecho al debido proceso, resulta imperioso remitir el expediente a la sede judicial de primera instancia para que se surta, nuevamente, el trámite de instancia y se asegure la comparecencia de quien no había sido convocado al proceso y no pudo materializar su derecho a la defensa”[50]. -negrillas fuera del texto original- En el auto que se adopta la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado, la Corte también determina si el expediente debe surtir nuevamente el proceso de selección o si se debe remitir directamente al despacho del magistrado sustanciador para su revisión. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha considerado que existe

 

“un amplio margen de valoración para establecer el trámite que debe surtirse una vez que han sido subsanadas las irregularidades procesales en las correspondientes instancias. En efecto, en atención a las particularidades del caso y en especial a la amplia potestad para definir los criterios de selección de las acciones de tutela, la Corte puede ordenar que el asunto deba surtir nuevamente el proceso de selección o (…) por el contrario, el expediente debe remitirse de manera directa a este Tribunal para su revisión.”[51]

 

 

12.   En síntesis, para garantizar de manera efectiva el derecho fundamental al debido proceso se debe notificar del proceso de tutela a todas las personas que puedan resultar afectadas con la decisión. La indebida integración del contradictorio o la falta de notificación generan una violación de ese derecho ante la imposibilidad de ejercer la defensa y participación en todas las etapas del proceso. Una irregularidad de este tipo trae como consecuencia la configuración de una nulidad de lo actuado; que puede ser subsanada, por los jueces de instancia o en sede de revisión. En este último escenario, la Corte Constitucional, ha optado por (i) ordenar al juez de primera instancia que rehaga la actuación judicial; o, (ii) disponer de manera directa la integración del contradictorio, siempre y cuando las circunstancias especiales del caso concreto lo ameriten.

 

Caso concreto

 

13.   Las periodistas Victoria Eugenia Dávila, Camila Zuluaga Suarez, Lina María Peña, Lariza Pizano Rojas, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Guristatti, Máryuri Trujillo y Cecilia Orozco, actuando a través de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral con el fin de que les fueran amparados los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida e integridad, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, a la libertad de prensa y al derecho a la no discriminación. Lo anterior, debido a que han sido víctimas de ataques en línea a través de agresiones relacionadas con el género, de naturaleza misógina y de contenido sexualizado, patrón que proviene y beneficia a ciertos grupos o actores políticos. Las accionantes cuestionaron que el CNE no hubiera adoptado ninguna medida para hacer cesar la violencia, sancionar a los responsables y prevenirla, y criticaron el hecho de que los partidos políticos y/o movimientos ciudadanos se han favorecido de las agresiones.

 

14.   Una vez verificado el trámite surtido en sede de instancias, la Sala de Revisión encontró que la acción de tutela fue presentada en contra del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en diferentes apartes del escrito de tutela las accionantes afirmaron que los hechos de violencia en línea de los cuales aseguran ser víctimas han sido originados o perpetuados por diferentes actores políticos y partidos o movimientos políticos, los cuales identifican e individualizan con precisión.  

 

15.   En concreto i) señalaron que la acción de tutela pretende, entre otras cosas, demostrar que los ataques tienen origen en la acción de actores y grupos políticos, y revelar que la sistematicidad y continuidad de esta clase de violencia es alentada o tolerada por parte de miembros y partidos o movimientos políticos; ii) cuestionaron que los partidos políticos y/o movimientos ciudadanos se han favorecido de las agresiones, al alentarlas o tolerarlas; y iii) solicitaron, entre otras pretensiones, declarar que el Consejo Nacional Electoral y los partidos y/o movimientos ciudadanos se favorecieron a costa de la violación de sus derechos fundamentales en la medida que alentaron o toleraron de manera pasiva discursos violentos sobre los cuales no marcaron explícita distancia.

 

16.   Para la Sala, lo descrito demostraba que las accionantes atribuyen gran parte de la problemática planteada a los distintos actores o grupos políticos relacionados en los nueve casos descritos, ya sea por su acción u omisión.

 

17.   Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo al deber del juez vincular de forma oficiosa a las partes o terceros que pudieran resultar afectados con la decisión o tuvieran un interés legítimo en la misma, mediante Auto del 22 de septiembre de 2021 dispuso, entre otras cosas, vincular a los siguientes actores y partidos o movimientos políticos para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela y aportaran las pruebas que quisieran hacer valer en el presente trámite:

 

 

18.   Como se indicó en el acápite de antecedentes, en respuesta a la anterior vinculación se recibieron escritos de i) Carlos Eduardo Caicedo Omar, gobernador de Magdalena; ii) Jorge Luis Colmenares Escobar, concejal de Bogotá; iii) María Fernanda Cabal, senadora de la República; iv) Jesús Antonio Giraldo Vera, alcalde del Líbano, Tolima; y v) Paloma Valencia Laserna, senadora de la República. Las demás personas vinculadas guardaron silencio.

 

19.   Entre otras consideraciones, la senadora de la República Paloma Valencia Laserna manifestó lo siguiente:

 

“Ahora bien, dicho lo anterior, y en gracia y discusión ante un ‘supuesto acto de violencia’ debe tenerse en cuenta que, no reposa ninguna solicitud formal por parte de la accionada en la que haya solicitado una rectificación, así mismo, tampoco fui convocada como accionada dentro del proceso y sólo en esta instancia, sin la posibilidad de tener un fallo del ad quem en caso de obtener un fallo contrario a mis intereses, se estaría vulnerando el derecho constitucional y convencional al debido proceso, derecho de defensa y derecho a la doble instancia”[52] (Negrilla fuera del texto original).

 

20.   Como se señaló, el derecho de defensa y contradicción se predica de toda clase de procesos judiciales y administrativos, y su goce efectivo depende de la debida integración del contradictorio que, específicamente en el trámite de la acción de tutela, asegura que la autoridad judicial despliegue toda su atención para determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales que aduce la parte accionante y adopte su decisión convocando a todas las personas que activa o pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de una tutela^[53].

 

21.   Así, dentro del conjunto de actos y trámites que componen el proceso, la admisión de la demanda es el acto procesal que permite establecer el contacto inicial que tienen el juez, las partes y los demás intervinientes con el material que obra en el proceso, razón por la cual la notificación del auto admisorio garantiza que cuenten con el conjunto suficiente de oportunidades procesales para ejercer sus derechos. Al no integrarse a la parte pasiva en debida forma, se impide el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, generándose una vulneración del derecho al debido proceso.

 

22.   En materia de tutela la indebida integración del contradictorio en el caso que se estudia se puede subsanar de dos formas: i) declarando la nulidad de todo lo actuado, devolviendo el proceso al juez de primera instancia para que subsane el error procesal y, en consecuencia, reinicie la actuación judicial; o ii) integrando el contradictorio en sede de revisión, siempre que la persona natural o jurídica vinculada actúe sin proponer la aludida nulidad.

 

23.   En esta oportunidad, se estima que en el caso concreto debe optarse por declarar la nulidad de todo lo actuado, teniendo en cuenta las siguientes razones. En primer lugar, mediante Auto del 22 de septiembre de 2021, esta Sala de Revisión procedió a la integración directa del contradictorio de los terceros con interés legítimo en el asunto de la referencia y les solicitó: i) pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones, así como ii) aportar las pruebas correspondientes. En el marco de dicha actuación, la senadora Paloma Valencia Laserna expresó que la imposibilidad de haber actuado ante los jueces de tutela de instancia “estaría vulnerando el derecho constitucional y convencional al debido proceso, derecho de defensa y derecho a la doble instancia”^[54]. Si bien es cierto que lo expresado no constituye, de manera clara y expresa, la solicitud de nulidad de las actuaciones surtidas en el proceso de la referencia, sí evidencia una manifestación de su inconformidad respecto de la garantía efectiva de los derechos mencionados.

 

24.   En segundo lugar, la Sala de Revisión reconoce que el Auto del 22 de septiembre de 2021 no indicó, de manera expresa, a las personas vinculadas que tenían la posibilidad de solicitar la nulidad, en los términos establecidos en el artículo 137 del Código General de Proceso[55]. Al respecto, el Auto 487 de 2018 indicó:

 

“Cuando es el juez quien se percata de la existencia de la nulidad, conforme el artículo 137 del mismo Código, puede advertirlo en cualquier estado del proceso. Pondrá en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas y si, contados tres días desde el momento de la notificación del auto que ponga el hecho en su conocimiento, la parte no alega la nulidad, la misma quedará saneada y el proceso continuará su curso.”

 

25.   En consecuencia, resulta desproporcionado exigirle a la senadora Paloma Valencia Laserna que solicitara la nulidad de lo actuado de manera expresa, cuando dicha alternativa jurídica no fue puesta en su conocimiento. Además, las manifestaciones de la ciudadana, sobre su eventual vulneración de derechos al debido proceso, derecho de defensa y derecho a la doble instancia, conllevan a que tampoco se configuren las causales de saneamiento para esta nulidad[56]; dado que, no se puede afirmar que ella convalidó el trámite de tutela de instancia. De manera que, dadas las circunstancias particulares del caso, la decisión de declarar la nulidad es la más compatible con la garantía del debido proceso, de la ciudadana mencionada y de quienes fueron mencionados en el relato de los hechos como personas que con sus acciones u omisiones tienen que ver con la presunta vulneración de las garantías constitucionales invocadas por las accionantes.

 

26.   En síntesis, en atención a las circunstancias particulares del caso, la Sala de Revisión opta por una decisión que procura la mayor garantía del derecho al debido proceso, a la defensa y a la doble instancia. Lo anterior, además, permitirá que el juez de tutela de instancia acceda a toda la información relevante al momento de analizar caso y proferir sentencia. En todo caso, se precisa que esta decisión tiene fundamento en la necesidad de garantizar el debido proceso a las partes vinculadas, aún cuando i) uno de los derechos invocados es la vida y ii) están involucradas personas que de acuerdo con el orden constitucional son sujetos de especial protección. En ese sentido, se reitera que “aun en los eventos en los cuales es urgente la protección constitucional, el debido proceso es una garantía que no puede ser restringida a los sujetos involucrados en el proceso constitucional de tutela” [57].

 

27.   Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de un asunto de profunda relevancia constitucional, esta Sala de Revisión mantendrá la eficacia de la decisión de selección y reparto adoptada mediante Auto del 26 de junio de 2021. Ello por cuanto, el asunto fue seleccionado con base en los criterios “asunto novedoso” y “necesidad de materializar un enfoque diferencial”, los que subsisten incluso ante el saneamiento del trámite mediante la debida integración del contradictorio. Además, los hechos del caso evidencia la necesidad de un pronunciamiento de parte de esta Corte, en atención a la novedad y relevancia social y constitucional del asunto. En consecuencia, una vez se subsane el proceso, y se dicten los fallos de instancia, el expediente debe ser remitido directamente al magistrado sustanciador[58].

 

28.   Con sustento en lo anterior, la Sala procederá a declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de tutela de la referencia, desde el auto admisorio de la demanda, proferido el 14 de octubre de 2020 por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, ordenará devolver el expediente a esta autoridad judicial para que rehaga la actuación a partir de la providencia referida, con el fin de que vincule a los terceros con interés vinculados por la Corte Constitucional en el Auto del 22 de septiembre de 2021, sin perjuicio de que integre a quienes además considere que deban concurrir al trámite. En cumplimiento de esta orden, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá entonces, verificar la debida integración del contradictorio de todas las personas que activa o pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de la presente acción de tutela.

 

29.   Sin perjuicio de lo precedente, en aras de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los sujetos procesales, se dispondrá, en primer lugar, que se mantengan las pruebas que ya obran en el expediente y, en segundo lugar, que una vez se hayan surtido las respectivas decisiones de instancia, el proceso sea enviado nuevamente al despacho del magistrado sustanciador para que se surta la respectiva decisión de fondo en sede de revisión.

 

III. DECISIÓN.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

 

Primero: DECLARAR la nulidad de todas las actuaciones surtidas a partir del auto admisorio de la demanda proferido el 14 de octubre de 2020 por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela interpuesta por Victoria Eugenia Dávila y otras contra el Consejo Nacional Electoral, y en particular las sentencias de tutela proferidas el 3 de diciembre de 2020 por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el 17 de marzo de 2021 por la Subsección C, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de las cuales se falló la acción de tutela de la referencia; salvo las pruebas recaudadas durante el proceso, las cuales podrán ser controvertidas por todas las partes en la contestación de la tutela, para luego ser valoradas por los jueces competentes.

 

Segundo: ORDENAR a la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, de manera preferente y expedita, reinicie el proceso de tutela referido en el numeral anterior, previa vinculación y notificación de los terceros con interés vinculados por la Corte Constitucional en el Auto del 22 de septiembre de 2021. En cumplimiento de esta orden el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá, además, verificar la debida integración del contradictorio de todas las personas que activa o pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de la presente acción de tutela tomando en cuenta lo descrito en la presente providencia.

 

Tercero: ORDENAR que, por la Secretaría General de esta Corporación, se devuelva el expediente a la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que proceda conforme a lo expresado en el numeral anterior.

 

Cuarto: ORDENAR a la autoridad judicial que surta la única o la segunda instancia REMITIR el expediente directamente al despacho del magistrado sustanciador para su revisión. Para ello, deberá realizar las anotaciones respectivas en el expediente y adoptar las medidas necesarias, con el fin que el expediente sea identificado para que no se incluya en el grupo general de expedientes que se dirigen a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

Quinto: Proceda la Secretaría General de la Corte Constitucional de acuerdo con lo dispuesto en el presente auto.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General