COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1095 DE 2023

 

Referencia: expediente CJU-2889

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja y el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja

 

Magistrada sustanciadora:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.            El 18 de enero de 2022^[1], Jaime Mauricio Bonilla Benítez promovió demanda ordinaria laboral en contra del Departamento de Boyacá. Pretende que se declare que, entre el 19 de enero de 2018 y el 29 de abril de 2019, existió una relación laboral entre las partes propia de los trabajadores oficiales, conforme al principio de la primacía de la realidad sobre las formas jurídicas^[2]. Lo anterior, con ocasión de los contratos de prestación de servicios que se relacionan a continuación, suscritos para la operación y manejo de maquinaria pesada de la Secretaría de Infraestructura Pública del Departamento de Boyacá, pero a través de los cuales, realmente se desempeñó como conductor de camabaja:

 

Contrato		Duración
Número	Fecha
1228	19-01-2018	7 meses y 14 días	19-01-2018 a 02-09-2018
2179	19-10-2018	70 días calendario	19-10-2018 a 27-12-2018
458	17-01-2019	5 meses	17-01-2019           a 16-06-2019

 

2.            Subsidiariamente, el demandante solicitó declarar cualquier tipo de relación laboral que haya podido existir en ese periodo de tiempo entre las partes^[3]. También, reclamó la declaración de un despido sin justa causa, con el reconocimiento de la indemnización correspondiente y el pago de las prestaciones a las que alega tener derecho^[4], entre otros conceptos. Tales solicitudes, previamente, el 5 de octubre de 2021, las formuló ante el ente territorial. Sin embargo, mediante oficio del 28 de octubre siguiente, el Departamento de Boyacá negó el reconocimiento pretendido.

 

3.            Por reparto, el proceso correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja^[5] que, el 28 de febrero de 2022, admitió la demanda^[6]. Tras dos solicitudes de impulso procesal radicadas por el extremo demandante^[7] y un incidente de nulidad promovido el 29 de julio de 2022 por el Departamento de Boyacá en relación con la competencia jurisdiccional^[8], el funcionario judicial, mediante auto del 24 de agosto de 2022, declaró la falta de jurisdicción y remitió el asunto a la Oficina de Apoyo Judicial de Tunja, con el fin de que fuera enviado a los jueces administrativos de ese mismo circuito judicial^[9]. Fundamentó su determinación en la regla de decisión contenida en el Auto 492 de 2021 por parte de la Corte Constitucional^[10]. En concreto, consideró que aquella providencia es clara en señalar que en los “conflictos de naturaleza laboral que busquen reclamar la existencia de un contrato de trabajo suscitado a través de la firma de contrataciones públicas mediante la figura de prestación de servicios, (…) lo procedente [es] que la JCA conociera de los mismos ante la necesidad de examinar a fondo la naturaleza de la actuación administrativa para llegar a identificar la existencia o no de una relación laboral con el Estado”^[11].

 

4.            El 23 (sic) de agosto de 2022^[12], el asunto fue remitido a la Oficina de Administración Judicial. El 29 de agosto siguiente, fue asignado al Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja^[13]. A través del auto del 1° de septiembre de 2022, aquel declaró su falta de jurisdicción, propuso el conflicto negativo de competencia correspondiente y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional^[14]. Sustentó su postura en el Auto 441 de 2022, en el que esta corporación señaló que la jurisdicción competente para tramitar asuntos relacionados con la seguridad social de los trabajadores oficiales -como pareciera serlo el demandante- es la ordinaria, en su especialidad laboral. Adicionalmente, el funcionario consideró que la determinación del contrato realidad corresponde, enteramente, al juez de lo laboral^[15].

 

5.            El 20 de septiembre de 2022, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja envió el expediente a la Corte Constitucional^[16]. El 2 de mayo de 2023, el expediente fue repartido al despacho de la ponente^[17] y, el 5 de mayo siguiente, fue enviado a dicho despacho^[18].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.     Competencia

 

6.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[19].

 

2.     Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

 

7.                 La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre los juzgados Segundo Laboral del Circuito de Tunja y Catorce Administrativo Oral del mismo circuito judicial, la cual versa sobre la competencia para conocer el proceso ordinario laboral promovido por Jaime Mauricio Bonilla Benítez en contra del Departamento de Boyacá. A esos efectos, en primer lugar, la Sala verificará si el conflicto cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo propios de los conflictos de jurisdicciones (sección II.3 infra). En segundo lugar, de verificarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer y decidir sobre las demandas instauradas en razón de presuntas relaciones laborales encubiertas por la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado (sección II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto sub examine y determinará cuál es la autoridad que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (sección II.5 infra).

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

8.            Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[20]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten los siguientes tres presupuestos^[21]:

 

Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones
Subjetivo	Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones.
Objetivo	Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[22].
Normativo	Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son, o no, competentes para conocer del asunto concreto[23].

 

9.                 La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así por las siguientes razones:

 

·        Primero, el presupuesto subjetivo se satisface, pues dos autoridades que administran justicia y pertenecen a diferentes jurisdicciones manifestaron, de manera expresa, no ser competentes. A saber: (i) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, que integra la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, y (ii) el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo^[24].

 

·        Segundo, el presupuesto objetivo está acreditado, debido a que ambas autoridades rechazan el conocimiento del asunto, que versa sobre una presunta relación laboral encubierta por la suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, misma que debe resolverse necesariamente por vía judicial.

 

·        Tercero, se cumple el presupuesto normativo, dado que los jueces sustentaron jurídicamente su decisión (párr. 3-4, supra).

 

4.     Jurisdicción competente para conocer conflictos originados en presuntas relaciones laborales con el Estado, encubiertas a través de contratos de prestación de servicios

 

10.            En el Auto 492 de 2021^[25], la Sala Plena concluyó, como regla de decisión, que “de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”. También ha señalado enfáticamente que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde “determinar la naturaleza jurídica del vínculo laboral que existe entre el contratista y la administración, de acuerdo con el acervo probatorio y las circunstancias específicas del caso concreto”^[26].

 

11.            Lo anterior, tiene dos fundamentos. Primero, en estos procesos se cuestiona la legalidad de contratos de prestación de servicios suscritos por entidades públicas (contratos estatales) cuya revisión, conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como al inciso primero y al numeral 2 del artículo 104 del CPACA, compete al juez administrativo^[27]. Segundo, porque eventualmente, en esta clase de procesos se controvierte la validez de actos administrativos, por medio de los cuales la entidad negó la existencia de una relación laboral y la solicitud de pago de prestaciones y acreencias laborales asociadas a aquella. En suma, el objeto del proceso es determinar si materialmente se configuró relación laboral con el Estado, lo cual implica “un juicio sobre la actuación de la entidad pública”^[28]. Adicionalmente, la Sala ha sostenido que los criterios orgánico y funcional no son relevantes en estos casos, habida cuenta de que “se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de [y] ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral”^[29]. Para la Corte, este análisis “constituye un examen de fondo de la controversia”^[30].

 

5.     Caso concreto

 

12.            La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. Esto, por cuanto el demandante afirma haber prestado sus servicios a la entidad demandada por medio de contratos de prestación de servicios suscritos de forma sucesiva; y pretende el reconocimiento de una relación laboral presuntamente encubierta a través de los mencionados contratos. Adicionalmente, previo a acudir al aparato de administración de justicia, el interesado reclamó ante el Departamento de Boyacá, por vía administrativa, el objeto de sus pretensiones, sin respuesta favorable. En consecuencia, el objeto de la controversia sub examine es determinar si se configuró la relación laboral alegada por el demandante, lo que implica un “juicio sobre la actuación de la entidad pública” demandada, que tan solo le corresponde al juez administrativo.

 

13.            En consecuencia, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer el proceso de la referencia es el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-2889, para lo de su competencia, como también para que comunique la presente decisión.

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja y el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja es la autoridad competente para conocer la demanda instaurada por Jaime Mauricio Bonilla Benítez en contra del Departamento de Boyacá.

 

Segundo. REMITIR el expediente CJU-2889 al Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General