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Auto A-1730/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos sobre sistema de seguridad social integral de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1730 DE 2024

 

Referencia: Expediente CJU-5919.

 

Asunto: Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad.

 

Magistrado sustanciador:

Vladimir Fernández Andrade.

 

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 La señora Marleny Mesa de Castro, por medio de apoderado judicial, instauró demanda ordinaria laboral en contra del departamento del Valle del Cauca, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva en su calidad de esposa supérstite del señor Carlos Humberto Castro Velásquez[1], quien fue beneficiario de una pensión otorgada mediante Resolución No. 1096 del 13 de mayo de 1998, de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el departamento del Valle del Cauca y sus trabajadores.

 

2.                 El 23 de mayo de 2023 el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali rechazó la demanda por falta de jurisdicción[2]. Esta decisión la sustentó en el numeral 4 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (“CPACA”) que otorga a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de los conflictos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”. Así mismo, citó el Auto 365 de 2021, en el que la Corte Constitucional “dirimió la competencia a la jurisdicción contencioso administrativo en un proceso donde se discutía la pensión de sobrevivientes por encontrar que el titular inicial de la prestación mantenía una vinculación legal y reglamentaria con la entidad demandada” y porqué “el objeto discutido en la demanda es exclusivamente la sustitución pensional de la demandante y no se discute la calidad de trabajador del fallecido”.  Como consecuencia de lo anterior, remitió el asunto a la oficina judicial de reparto correspondiente[3].

 

3.                 El 5 de septiembre de 2024 el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de Cali declaró su falta de competencia para conocer sobre el asunto[4]. Como fundamento de ello, citó el artículo 104 del CPACA y los Autos 872 de 2021, 235 de 2023 y 354 de 2024 de la Corte Constitucional. Señaló que, una vez “verificado que el señor Carlos Humberto Castro Velásquez tenía calidad de trabajador oficial de acuerdo a sus funciones y devengaba una pensión originada por convención colectiva, es necesario precisar que la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la competencia frente al tema, la cual ha sido pacífica y reiterativa en el sentido de señalar que esta corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral”. Como consecuencia de lo anterior, remitió el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia[5].

 

4.                 El 19 de septiembre de 2024, la Secretaría General de la Corte radicó el expediente. Luego, el 23 de septiembre de 2024, la Sala Plena lo repartió y se remitió al despacho del magistrado sustanciador[6].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

A.               Competencia.

 

5.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

B.               Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones.

 

6.                 Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[7]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configure estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo, los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

C.               Competencia del juez ordinario y del juez administrativo en asuntos laborales. Reiteración del Auto 433 de 2021[11].

 

7.                 De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 2.5 del Código Procesal del Trabajo, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, tiene competencia sobre todos los asuntos laborales que no estén asignados a otra jurisdicción, en tanto sometida a una cláusula general o residual de competencia que aplica cuando no hay una norma de carácter especial que atribuya el conocimiento de un proceso a otra jurisdicción[12]. En ese sentido, debe recordarse que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aunque sometida a una cláusula general de competencia[13], en materia laboral conoce de los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 104 del CPACA.

 

8.                 Según el Consejo de Estado[14] y el Consejo Superior de la Judicatura[15], tratándose de controversias relacionadas con prestaciones sociales, es la naturaleza del vínculo laboral del trabajador al momento de causar la prestación lo que determina la jurisdicción competente. En efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 104 del CPACA, la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina por dos factores: (i) la naturaleza jurídica de la entidad demandada y (ii) la calidad jurídica del demandante, que se define por el tipo de vínculo laboral y las funciones que ejerce. Entonces, si el demandante tiene la condición de empleado público al momento de causar su pensión y el régimen de seguridad social que le corresponde es administrado por una entidad de derecho público, es claro que será la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competente para conocer el caso. En cambio, la competente será la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, la que se encargue de las controversias relacionadas con “la seguridad social de un trabajador oficial cuya pensión sea administrada por una entidad pública”[16]. Esto último en concordancia con el numeral 4° del artículo 105 del CPACA, que establece que los conflictos laborales entre entidades públicas y sus trabajadores oficiales están excluidos de la jurisdicción especializada.

 

9.                 Ahora bien, considerando las circunstancias del caso concreto, es preciso traer a colación el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que “los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores (…)”. Esto es relevante porque, como se aprecia, esta garantía está sujeta a restricciones en el caso de los empleados públicos, toda vez que su régimen salarial y prestacional está regulado por la ley y el reglamento[17], a diferencia de los trabajadores oficiales, quienes sí pueden ejercer, de manera plena, el derecho de negociación. De manera que, si la demanda versa sobre una pensión convencional es porque su titular tiene o tuvo la calidad de trabajador oficial, dado que solo este tipo de servidores tienen legitimación para suscribir convenciones colectivas y, por ende, ser titulares de este tipo de pensiones. Atendida esta especial situación, según el numeral 4º del artículo 105 del CPACA, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, será la competente para conocer el caso.

 

10.             En conclusión, la Sala Plena ha considerado que “respecto de la competencia para resolver las controversias relacionadas con la seguridad social de los servidores del Estado, se prevén dos reglas. Una especial, que exige la acreditación de dos factores concurrentes para asignar el conocimiento del asunto a la jurisdicción contencioso administrativa. Estos son: la calidad de empleado público del demandante y que una persona de derecho público administre el régimen que le aplica. Asimismo, una residual según la cual, cuando la controversia involucra a un trabajador oficial, la competencia radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral”[18].

 

D.               Examen del caso concreto.

 

11.             En el asunto objeto de decisión, se cumplen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, por las siguientes razones:

 

(i)   Presupuesto subjetivo: el conflicto se suscitó entre el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad, como autoridades que integran distintas jurisdicciones.

 

(ii) Presupuesto objetivo: se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata del conocimiento de la demanda ordinaria laboral instaurada por la señora Marleny Mesa de Castro, por medio de apoderado judicial, contra el departamento del Valle del Cauca.

 

(iii)          Presupuesto normativo: se verificó que las dos autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción. Por un lado, el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali rechazó el conocimiento del asunto con fundamento en lo dispuesto artículo 104 del CPACA y el Auto 365 de 2021. Por su parte, el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad declaró su falta de competencia con fundamento en esa misma norma y en los autos los autos 872 de 2021, 235 de 2023 y 354 de 2024.

 

12.             Superado el análisis previo, es necesario reiterar la regla establecida en el Auto 433 de 2021 y atribuir la competencia de este asunto a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, de conformidad con la regla del numeral 4º del artículo 105 del CPACA. Así, siguiendo la jurisprudencia sobre la materia, la Sala Plena concluye que esta controversia versa sobre la sustitución de una pensión convencional, lo cual necesariamente conlleva a que el causante haya sido un trabajador oficial, pues como se mencionó, solo quienes ostentan esta condición pueden suscribir convenciones colectivas y, por tanto, acceder a este tipo de pensión. Por ende, para superar el conflicto, en criterio de esta Corporación el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali es el juez competente para resolver el asunto y, en consecuencia, le remitirá el presente asunto para que trámite la demanda y profiera la decisión que considere pertinente.

 

E.               Regla de decisión.

 

13.             Reiteración del Auto 433 de 2021. La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer controversias laborales directamente relacionadas con pensiones convencionales, en tanto referidas a vínculos laborales exclusivos de trabajadores oficiales, cuyas controversias, según el numeral 4° del artículo 105 del CPACA, están excluidas del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

Primero: DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali es la autoridad competente para conocer de la demanda instaurada por la señora Marleny Mesa de Castro por medio de apoderado judicial.

 

Segundo: REMITIR el expediente CJU-5919 al Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali para que continúe con el trámite del proceso y para que comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo al Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General