La Corte Constitucional realizó un llamado de atención al INPEC y a las entidades encargadas de prestar el servicio de salud a los internos, al considerar que la falta de coordinación entre estos entes genera efectos negativos para la prestación de un buen servicio de salud a los prisioneros, razón por la que se genera la violación de este derecho que no puede ser suspendido o limitado en virtud de la reclusión.
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