Escuchada y leída la declaración conjunta suscrita entre el Gobierno Nacional y los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Disciplina Judicial, y la Vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la cual ha sido reproducida de manera integral en los medios de comunicación, con el debido respeto nos permitimos señalar lo siguiente:

1. No compartimos que el Señor Presidente de la Corte Constitucional haya suscrito la declaración conjunta con el Gobierno Nacional. La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional.

2. La Corte Constitucional ha debido mantener y no alterar los términos de la declaración conjunta de los Presidentes de las Cortes emitida el 5 de mayo de 2021.

3. No le corresponde a la Corte Constitucional reconocer “el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”, los cuales pueden ser en el futuro objeto de análisis judicial.

4. Así como válida y legítimamente se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana, también ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho.

Bogotá D.C., Mayo 6 de 2021

(Fdo) Diana Fajardo Rivera
Magistrado

(Fdo) Jorge Enrique Ibáñez Najar
Magistrado