La crisis en el sistema de salud, la afectación que derivó el fallo de La Haya y sobrepoblación de la isla por falta de controles efectivos en el ingreso de personas sin arraigo, son algunos de los temas que expusieron los líderes comunitarios ante los magistrados Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo, Jose Fernando Reyes y el procurador Fernando Carrillo. Walt Reyes, vocero de autoridad raizal, aseguró que según cifras oficiales, más de 78 mil personas viven en el archipiélago y que los recursos hídricos de consumo humano pone en riesgo la vida de los pobladores. Dice que los controles de la Oficina de Control, Circulación y Residencia - OCCRE, son insuficientes. Juan Ramírez Dawkins, vocero de autoridad raizal, dijo que esa población  llega a 35 mil personas y que ahora se sienten desplazados, “aseguró que la existencia como pueblo está en peligro de desaparecer” Miss Alice Mitchell, líder comunitaria, manifestó su preocupación por la cantidad de asesinatos en los últimos 8 años. Y es que según la Defensoría del Pueblo en lo que va corrido del año han sido asesinadas 11 personas. La salud es uno de los temas más preocupantes, Miss Alice Mitchell narró como el hospital Clarence Lynd Newball Memorial se queda corto para atender la cantidad de pacientes y las dificultades para el traslado a otras ciudades del país a personas con complicaciones médicas. El presidente de la Corte Constitucional, Magistrado Alejandro Linares, expuso diferentes sentencias de la Corte en  las que se han protegido derechos a la consulta previa, a la autodeterminación y la sentencia C-269 de 2014 en la que se pronunció sobre el Pacto de Bogotá y las diferencias limítrofes con Nicaragua. Aseguró que las relaciones internacionales son de competencia exclusiva del Gobierno Nacional, pero que “la Corte ha señalado que en caso de violación de derechos fundamentales, aun en el marco de tratados internacionales, el juez constitucional podrá valorarlas y ordenar su protección por la vía de la acción de tutela (sentencia C-750 de 2008)”. El magistrado Linares también explicó la sentencia C-290 de 2017 en la que se declaró exequible la inclusión de una nueva curul en la Cámara de Representantes para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Procurador Fernando Carrillo llamó la atención por la crisis sanitaria, especialmente del relleno sanitario Magic Garden, la problemática de acumulación de desechos hospitalarios y las complejidades de atención en salud. Pidió a la Gobernación doblar esfuerzos para atender las diferentes problemáticas. También  pidió avanzar en un Estatuto Raizal. Los magistrados de la Corte Constitucional tomaron nota sobre las condiciones del goce  de derechos fundamentales de la población raizal que será util como contexto en diferentes procesos.