Boletín No. 060
Bogotá, 18 de junio de 2021

La Corte Constitucional realizó una sesión técnica de seguimiento a la sentencia T-302 de 2017, que encontró acreditada la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de la niñez wayuu en La Guajira, causada por fallas estructurales y la desarticulación entre las diferentes autoridades nacionales y territoriales (puede ver la sesión técnica en el siguiente link: https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/39251852 17530408/).

En la sesión participaron la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Gobernador de la Guajira, los representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, un representante de las autoridades de estos municipios, la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia.

Todos los participantes presentaron un informe relacionado con las acciones que debían realizar para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, las cuales buscaban garantizar la protección de los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la participación en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

La sesión inició con las notas del Himno Nacional de Colombia en lenguaje wayuunaiki y con un acto de visibilización de esta comunidad indígena como sujeto de derechos, en el que el magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, reconoció que, históricamente, las comunidades indígenas han estado sometidas a prejuicios étnicos, al abuso y discriminación por parte del Estado y de la sociedad, y han sido abandonadas e invisibilizadas.

“Hoy queremos, como acto de visibilización de la comunidad wayuu de La Guajira, recordar y exaltar públicamente que las comunidades indígenas deben ser escuchas, que la materialización efectiva de sus derechos debe ser tratada con la debida relevancia, y que el Estado y la sociedad deben trabajar arduamente por garantizar la subsistencia en condiciones dignas de los pueblos étnicos”, manifestó el magistrado Reyes Cuartas.

Por su parte, los representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, sostuvieron que el cumplimiento de la sentencia ha quedado en retórica y documentos, y que la crisis humanitaria sigue vigente por la falta de suministro de agua, la muerte por desnutrición y la deficiente atención en salud, situación que se ha visto agravada por la pandemia. Además, cuestionaron que no se ha garantizado el diálogo genuino con las autoridades y que las acciones del gobierno han sido insuficientes.

El defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, confirmó que persisten los problemas de alimentación, salud y agua potable que han llevado a la muerte de 17 menores wayuu en lo que va corrido del 2021.

El viceprocurador Antonio Thomas Arias coincidió con lo expuesto por el Defensor del Pueblo y señaló que mientras no haya un diálogo con las autoridades del pueblo wayuu, las acciones del Gobierno y de otras entidades carecerán de legitimidad, por lo que es necesario que estas obedezcan a una planeación estricta.

En el caso del Gobierno Nacional, la consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau, señaló que se han puesto en marcha 207 acciones que responden a una inversión de 1.6 billones de pesos. De estas acciones, el 51% impactan directamente las condiciones de la mortalidad infantil.

Sin embargo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, sostuvo que, aunque han bajado los índices de desnutrición, todavía falta para llegar al ideal de cero niños muertos por falta de una alimentación adecuada.

Para organizaciones como la veeduría ciudadana, el estado de cosas inconstitucional continúa inamovible. Según su directora, Ruth Chaparro, en los 36 meses que han pasado desde la expedición de la sentencia han muerto 285 niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición, por un comportamiento negligente de quienes no han actuado.

Lo mismo opina el subdirector del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Mauricio Albarracín Caballero, quien habló de cuatro fallas estructurales: la falta de creación y puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento, la falta de un diálogo genuino con las comunidades, la ausencia de datos cualitativos y cuantitativos para analizar las políticas públicas implementadas por el Estado, y la falta de acción del Gobierno nacional, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Riohacha.

Al finalizar la sesión técnica, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas puso de presente la problemática por la falta de reconocimiento de las comunidades y destacó que, si en este caso las comunidades no son tenidas en cuenta, no habrá fórmulas posibles para solucionar esta situación, sumado a que, si el Gobierno y todas las instituciones no se toman en serio el cumplimiento de la decisión de la Corte no pasará nada.

El magistrado terminó su intervención con la siguiente reflexión: “El grado de civilización de un país también puede medirse por el nivel de importancia que ese país otorga a la alimentación y a la salud de sus niños y, sobre todo, de los más vulnerables. Cada niño muerto por hambre nos degrada como Nación y nos muestra como un país indolente, atrasado y sin ninguna perspectivadecente de futuro”.

La Corte Constitucional hará una evaluación de todas las intervenciones y de las pruebas aportadas en el proceso a efectos de determinar el paso a seguir en el marco de la verificación de las órdenes dadas en la sentencia T-302 de 2017, proceso que culminará con la valoración de su cumplimiento.