En lo que va corrido de este año, 52 líderes sociales han sido asesinados, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Organizaciones internacionales y de la sociedad civil hacen llamado para que se declare el estado de cosas inconstitucional para la protección de los derechos de esta población.

Bogotá, 2 de mayo de 2022

Boletín No. 043

La Corte Constitucional realizó audiencia pública sobre las medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos. La audiencia fue convocada en el marco de nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos, defensores de derechos humanos, que consideran vulnerados sus derechos fundamentales. Solicitan se protejan sus derechos y se declare el estado de cosas inconstitucional.

El evento fue transmitido por los canales y redes sociales de la Corte Constitucional y puede verlo nuevamente en el link https://www.youtube.com/watch?v=onnfGsVcXUw

La audiencia fue presidida por el ponente del caso, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien explicó la importancia social que tiene el proceso para analizar la situación de esta población.

“El asunto que ahora reúne a la Sala Plena y a los intervinientes en esta audiencia plantea difíciles cuestiones. Las opiniones sobre lo que ha ocurrido o lo que debe decidirse son discrepantes. Sin embargo, hemos tomado nota de un reclamo común de todos los accionantes en este proceso: sienten miedo por ellos, por sus familias y por sus comunidades. Incluso, algunos han pedido no ser citados a esta audiencia. Ello no anticipa lo que debe decidir esta Corte. Sin embargo, se trata de una preocupación que debe tomarse en serio por parte de todos, autoridades, ciudadanos y jueces”, explicó el magistrado.

En el primer eje temático se valoró la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. Los accionantes, el Dr. Rodrigo Uprimny, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo coincidieron en señalar la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos. Tanto los accionantes como la ONU resaltaron el incremento de las vulneraciones a partir de la firma del Acuerdo Final para la Paz. A su vez el director de la Unidad Nacional de Protección -UNP- describió los esfuerzos que desde la unidad se ejecutan para efectos de cumplir lo establecido en la ley.

En el segundo eje temático se analizaron las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección de la población líder y defensora de derechos humanos. Las intervenciones se refirieron al documento CONPES 4063 de 2021 “Política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social”. Rodrigo Uprimny Yepes, Franklin Castañeda y Marco Romero Silva -director de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes)- aseguraron que la política pública omitió incluir las herramientas que el Acuerdo Final para la Paz dispone para efectos de proteger a los líderes y lideresas sociales.

Por su parte, el ministro del Interior aseguró que la política pública le permitirá al Gobierno Nacional generar la protección de los defensores de derechos humanos. Además, sostuvo que para el Gobierno la protección personal y colectiva de los líderes y lideresas sociales tiene prioridad y advirtió que hoy más del 40% de las personas protegidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) son líderes sociales.

Finalmente, la directora de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que el presupuesto asignado a la UNP para protección de los colombianos se ha incrementado todos los años en un porcentaje tal que hoy asciende a más de un billón de pesos.

En el tercer eje se evaluó la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. En primer lugar intervino Fernando Ibarra Ruiz representante del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas -CERREM- quien refirió algunas medidas que debían adoptarse para el adecuado funcionamiento del Comité, destacando además la necesidad de activar las Mesa Nacional de Garantías y las mesas territoriales como espacios de comunicación efectiva con las comunidades.

Acorde con las intervenciones del director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y del secretario de Gobierno y Participación de la Gobernación del Cauca, las dificultades para atender oportunamente las alertas tempranas surge de (i) la multiplicidad de competencias y responsabilidades locales, (ii) la falta de asignación presupuestal, (iii) las limitaciones de acceso al territorio y (iv) la pluralidad de instancias para la articulación institucional y la participación ciudadana.

Por último, la coordinadora del Programa Somos Defensores, Lourdes Castro García,  aseguró que (i) falta una debida articulación institucional; (ii) los procedimientos de asignación de protección son lentos; (iii) la medidas de protección son insuficientes; (iv) la asignación de esquemas de seguridad tiene marcada influencia militar; y (v) las cifras que presenta la Fiscalía sobre avances en el esclarecimiento de los crímenes contra líderes y defensores de derechos humanos no corresponden con la realidad. Advirtió que la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional abriría la puerta para que realmente se adopten medidas de fondo en torno a la protección de esta población.

Por su parte, el representante de la Fiscalía General de la Nación destacó que en homicidios de defensores de derechos humanos se ha avanzado en el esclarecimiento de 293 casos: 91 sentencias condenatorias, 110 casos en juicio, 26 casos con imputación de cargos, 50 casos con orden de captura y 16 casos precluidos.

En el cuarto y último eje, las intervenciones estuvieron dirigidas a ilustrar la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos, según lo establecido en el Acuerdo Final para la Paz. Para el investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, el número de asesinatos de líderes sociales en Colombia y la falta de acciones para frenar esa violencia es preocupante, si tenemos en cuenta que es el país de América Latina con el mayor índice de estos casos. Recalcó que el Acuerdo de Paz previó la creación de la Comisión Nacional de Garantías. De acuerdo con el Dto. 154 de 2017 la comisión debe reunirse al menos una vez al mes y en 2019 se reunió dos veces, en 2020 tres, en 2021 dos y este año solo una vez. En su concepto, el actual gobierno ha debilitado el papel de dicha comisión.

Finalmente, Raúl Rosende delegado de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, reiteró la importancia de cumplir con el punto 3.4. del Acuerdo Final para la Paz en tanto contiene y formula los instrumentos y las medidas necesarias para mejorar la seguridad especialmente en los territorios. En su concepto, una de las medidas consiste en es aumentar la presencia del Estado en las zonas de conflicto no solo con la Fuerza Pública, sino también con las entidades de desarrollo social.

Al finalizar la audiencia, la presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo Schlesinger, agradeció a todos los participantes por ayudar a construir la realidad de esta situación para poder encontrar una respuesta satisfactoria que permita proteger la vida de los líderes y lideresas sociales.