Boletín No. 190

Bogotá, 16 de diciembre de 2020 

Sentencia T-364/20

La Corte Constitucional falló una tutela a favor de un señor que estaba a punto de perder su casa por no haber cancelado la multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido al incumplimiento de un acuerdo de transacción pactado para el pago de doscientos mil pesos a un comerciante en el 2016.

Por este motivo, la SIC le impuso una multa que fue liquidada en más de 50 millones de pesos, suma que aumentó por cuenta de los intereses causados, más los gastos administrativos.

Según el accionante, la multa fue impuesta a finales de 2017, un año después de vencido el plazo para pagar ese valor, es decir que la demora de la Superintendencia en tomar la decisión ocasionó un cobro excesivo que puso en riesgo su propiedad sobre el único bien inmueble que posee, debido a que fue embargado por dicha entidad dentro del trámite de cobro coactivo.

En primera y segunda instancia la tutela fue rechazada pero cuando llegó a la Corte Constitucional fue seleccionada para su revisión, correspondiéndole la ponencia a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

El alto tribunal encontró que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor al tardar 479 días para proferir la providencia que le impuso la multa dentro de un trámite en el que actuó investido de competencias judiciales.

“El lapso que tomó la SIC para dictar los dos autos fue excesivo, tiempo de más al que es atribuible que la multa en contra del actor haya resultado visiblemente elevada y desproporcionada”, indicó el fallo.

Aunque la entidad argumentó que la demora fue ocasionada por problemas de congestión, la Corte explicó que “esa situación no podía justificar que el ciudadano asuma las consecuencias del alto volumen de trabajo que deben evacuar las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, pues resulta ser una carga desproporcionada para las personas, especialmente en este caso, en el que la persona afectada se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y social; además, está en riesgo de perder el único bien inmueble del que es propietario”.

La corporación agregó que, si bien la SIC señaló que la liquidación de la multa obedeció a un criterio objetivo y no a las condiciones subjetivas de la persona sancionada, la sujeción de la actividad judicial no puede reducirse a la observación minuciosa y literal de un texto legal específico.

“La SIC, luego de liquidar la multa debió percatarse de que el monto de la misma resultaba abiertamente desproporcional, es decir, significaba un sacrificio excesivo de los derechos del actor con relación a la finalidad de la norma, teniendo en cuenta las circunstancias singulares del caso concreto: la condición de vulnerabilidad del accionante por su situación financiera y los precarios ingresos económicos que obtiene como trabajador informal”, puntualizó la sentencia.

La Corte le ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio liquidar nuevamente la multa con base en los tiempos que contempla el Código General del Proceso, además de tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad a la hora de imponerla.