Al conceder una acción de tutela a dos mujeres que habían sido capturadas en una operación contra trabajadoras sexuales en el centro de Bogotá, la Corte Constitucional dio un plazo de dos meses a la Alcaldía Mayor para instalar una mesa de trabajo que permita analizar las oportunidades laborales de esta población y que en un plazo máximo de un año implemente un programa especial en este sentido. Igualmente, ordenó a la Defensoría del Pueblo que imparta capacitaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno de los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal y físico.
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