La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la identidad étnica y cultural, al debido proceso administrativo y de petición de los habitantes de la comunidad de Arroyo Grande en Cartagena, Bolívar. En tal sentido, ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Agencia Nacional de Tierras, que en un plazo no mayor a 6 meses terminen en su totalidad el levantamiento topográfico con relleno. Igualmente, realizar el proceso de clarificación de la propiedad dando prioridad a los derechos de las comunidades étnicas afro descendientes, en virtud de la especial protección constitucional de la que gozan y que no puede durar más de dos (2) años.
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