La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional dispuso medidas especiales para garantizar el acceso a la educación en condiciones dignas de un grupo de 103 menores con discapacidad de Cartagena. En tal sentido, ordenó al Ministerio de Educación Nacional, a través de su representante legal, que en el término de un (1) año, introduzca en las pruebas SABER, esquemas diferenciales de evaluación de los procesos educativos de las personas en condición de discapacidad (física y cognitiva), para efecto de valorar, vigilar y controlar institucional, regional y nacionalmente su desempeño, y la efectividad de los modelos pedagógicos a los que son sometidos. Igualmente, determinó que las Autoridades, en este caso Ministerio de Educación y Secretaría de Educación de Cartagena, valoren su condición de discapacidad y determinen cuáles de esos estudiantes ameritan un modelo de educación especial fuera del aula regular, y les den el trato previsto en el Decreto 1421 de 2017. A aquellos que puedan ser vinculados a esquemas de educación inclusiva, se les garantizará progresivamente ese derecho, previa determinación de los ajustes necesarios que requieren.
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