Sentencia T-731/99

 

ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad

 

ACCION DE TUTELA-Restablecimiento pleno del derecho amenazado o vulnerado/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Integración lista de elegibles

 

SISTEMA DE CARRERA-Mérito como elemento esencial

 

DERECHO A LA IGUALDAD EN ACCESO A CARRERA DOCENTE-Prerrogativa por ser oriundo de región

 

DERECHO A LA IGUALDAD EN ACCESO A CARRERA DOCENTE-Puntaje adicional por prestación de servicios en zona rural

 

 

Referencia: Expediente T-159793. Acción de tutela instaurada por María Cristina Junca Bermúdez contra la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Educación Distritales de Santafé de Bogotá D.C.

 

Magistrado Ponente:

Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.

 

Santafé de Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

en el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juez 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., dentro de la acción de tutela instaurada por María Cristina Junca Bermúdez contra la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Educación de esta ciudad.

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Hechos.

 

Manifiesta la demandante, quien es licenciada en educación, que se presentó al concurso de méritos convocado por la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá D.C., mediante el decreto 638 de 1997, con el fin de proveer treinta y siete vacantes de docentes en el área de Ciencias Sociales existentes en la capital.

 

El concurso tuvo tres etapas de evaluación que fueron las siguientes: primera, un examen de conocimientos; segunda, una entrevista y tercera, la evaluación de la hoja de vida de cada aspirante, de las cuales se obtendría el puntaje total de los participantes y se proveerían las mencionadas treinta y siete vacantes, en estricto orden de méritos, de acuerdo con la lista de elegibles que sería oportunamente publicada.

 

La demandante fue calificada en el concurso de la siguiente manera: en el examen de conocimientos obtuvo 42 puntos; en la entrevista 16 y en la hoja de vida 5, para un total de 63 puntos que le permitieron ocupar el puesto número 144 en la lista de elegibles y que, como eran 37 las vacantes a proveer, no le alcanzaron para ser nombrada como docente en Ciencias Sociales del Distrito.

 

El puntaje asignado a la hoja de vida dependía de estos factores: cinco puntos por haber completado cinco años de experiencia en la actividad docente; otros cinco por haber nacido en Santafé de Bogotá D.C. y diez más por haber desempeñado dicha función en zona rural.

 

La demandante solamente cumplió con el primer factor descrito, en razón de lo cual su hoja de vida fue calificada con cinco puntos de los veinte posibles. Considera que los dos últimos factores de calificación son discriminatorios porque hacen una diferenciación inconstitucional, en tanto que no es objetiva y razonable, pues permiten que entren en juego para el objeto del concurso, criterios diferentes de la preparación académica y de la experiencia docente que, a su juicio, son los únicos que deben tenerse en cuenta para la asignación de estos cargos públicos cuando son sometidos a concurso, aparte de que el lugar de nacimiento y el sitio de desempeño de la actividad docente, son circunstancias que no dependen de la persona que aspira a ocupar alguna de las vacantes sometidas a concurso; luego, dice la peticionaria, no pueden ser tenidas en cuenta cuando se pretende calificar la trayectoria y preparación del docente.

 

2. Decisión objeto de revisión.

 

En sentencia del 7 de abril de 1999, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. denegó el amparo solicitado, por considerar que si los factores calificados como discriminatorios forman parte de una norma jurídica, su control de constitucionalidad no puede ocurrir en sede de tutela, sino en el ámbito de una acción distinta. De otro lado, sostuvo el a quo que al cumplir estrictamente con la normatividad sobre concursos, las autoridades demandadas no podían vulnerar derecho fundamental alguno de los participantes.

 

3. Declaración de nulidad.

 

Antes de que fuera expedida la decisión reseñada, el expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Tres, mediante auto del 25 de marzo de 1998, lo cual condujo al pronunciamiento de la Sala Segunda de Revisión de la Corte, quien, por auto del 15 de marzo de 1999 y con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda expedido por el Juzgado 26 Civil del Circuito de esta ciudad, autoridad judicial a quien ordenó la Sala “rehacer la actuación surtida” a partir de ese momento, al encontrar demostrado que dentro del trámite de la acción de tutela, no se informó de ella ni se notificaron a terceros con evidente interés en el resultado de la misma, las decisiones adoptadas y que podían afectar sus derechos.

 

En cumplimiento de dicha orden, el a quo reprodujo una decisión anterior en sentido contrario a las pretensiones de la demandante, la cual fue nuevamente seleccionada para revisión, esta vez por la Sala de Selección Número Siete y mediante auto del 12 de julio de 1999, en razón de lo cual procede esta Sala de Revisión a pronunciarse sobre el asunto de la referencia.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

 

1. Competencia.

 

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones reseñadas, de conformidad con los artículos 86 y 241-9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del decreto 2591 de 1991.

 

2. El asunto.

 

Se trata de reiterar la amplia jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional frente al tema de los concursos públicos de méritos para el acceso a empleos estatales, especialmente en lo relativo a los criterios de selección que deben ser aplicados en ellos, con el fin de no lesionar, principalmente, los derechos de los aspirantes a la igualdad (artículo 13) y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de acceso a cargos y funciones públicas (artículo 40-7°). Dicho análisis irá precedido de una breve consideración sobre el principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela, aplicada al caso bajo estudio.

 

3. El principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela.

 

Al respecto, en un pronunciamiento anterior[1] la Sala Novena de Revisión expuso lo siguiente:

 

“Consiste fundamentalmente en que esta acción, dado el alto interés que persigue, procede solamente cuando el afectado no cuente con otro mecanismo de defensa judicial de sus derechos constitucionales fundamentales, o cuando, aun existiendo uno, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

 

Así lo estableció el Constituyente para dejar en manos de todos los jueces de la República la defensa de los derechos más elementales de las personas, integrando así la Jurisdicción Constitucional, sin que se altere la organización de la Rama Judicial del país y sin derogar los procedimientos ordinarios establecidos por la ley para ejercer normalmente dicha protección. Por eso, se ha dicho con acierto que la tutela no es solamente un mecanismo subsidiario, sino también excepcional, en consideración a que los medios de defensa ordinarios siguen operando a pesar de su existencia.

 

Sin embargo, cuando la persona lesionada en alguno de sus derechos fundamentales se encuentra al borde de sufrir un perjuicio irremediable y el mecanismo ordinario para su defensa no es capaz de evitarlo, procede de manera transitoria la acción, de la manera descrita en precedencia, o aun de manera definitiva, cuando ese mecanismo ordinario no es lo suficientemente eficaz o no es idóneo para restablecer al titular del derecho en el goce pleno del mismo.

 

Es precisamente lo que ocurre en casos como el presente, en los cuales podría sugerirse al demandante que acuda a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a demandar el acto por medio del cual se integró la lista de elegibles y rechazar por improcedente, con tal argumento, la acción de tutela. Sin embargo, ya en ocasiones anteriores esta Corporación ha examinado la eficacia de las acciones contencioso administrativas que podrían instaurarse con el fin mencionado y ha llegado a la conclusión de que ellas no son lo suficientemente eficaces en relación con el restablecimiento pleno del derecho amenazado o violado, pues ellas tan solo llevarían a su titular a las siguientes posibilidades: a la obtención de una indemnización o a la orden de reelaboración de la lista de elegibles.

 

La primera posibilidad supone las dificultades jurídicas y prácticas para establecer el monto del daño y el valor de su reparación, pues muy difícilmente se logra demostrar la existencia de perjuicios materiales y morales por la simple no inclusión en una lista de elegibles, además que la sola indemnización no es suficiente reparación frente a la posibilidad de ejercer un cargo o una función pública que es, como arriba quedó expuesto, un derecho constitucional fundamental. Aceptar que la indemnización restablece efectivamente el derecho, sería tanto como aceptar la renuncia a un derecho fundamental, los cuales precisamente se caracterizan por no ser enajenables, dado su carácter inherente a la persona humana.

 

La segunda posibilidad, ha dicho la Corte, ‘carece de objeto y de un efecto práctico, porque dicha lista tiene como finalidad hacer posible la oportuna provisión del cargo o de los cargos correspondientes y para la época en que se dictaría la sentencia, ya la administración habría realizado los nombramientos y las personas designadas han adquirido la estabilidad en el cargo que da su escalafonamiento en la carrera administrativa’ [2].

En síntesis, las acciones contencioso administrativas que las personas lesionadas en sus derechos por la integración de una lista de elegibles podrían intentar, no desplazan a la acción de tutela en el cometido de restablecerlos, en vista de que el otro mecanismo de defensa debe tener, analizado el caso concreto, la misma efectividad de ella para tornarla improcedente”.

 

4. El criterio de selección que debe regir los concursos públicos de méritos.

 

En la misma sentencia transcrita, se sostuvo sobre el particular lo siguiente:

 

“Como ocurre con los cupos en las universidades públicas, las vacantes en empleos estatales también son, guardadas proporciones, bienes públicos escasos a los que aspira una gran cantidad de personas, comparada con el reducido número de cargos a proveer.

 

De allí que el Constituyente haya dispuesto en el artículo 125 que ‘los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera’, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Estableciendo dicha regla general, se pretende que los procesos de selección conduzcan al mejoramiento de la función pública y que ésta efectivamente cumpla con los principios señalados en el artículo 209 de la Carta.

 

Y si se pretende mejorar la calidad de la función pública seleccionando a los mejores para desempeñarla, pues sin lugar a dudas el criterio que debe reinar en los procesos de selección para establecer quiénes deben acceder a ella y quiénes no, solo puede ser el criterio del mérito de los aspirantes, compuesto por factores tales como la preparación, la experiencia, el conocimiento sobre la labor a desempeñar, etc.

 

Introducir factores que no se avienen a la finalidad buscada por el concurso, resulta contrario al principio de igualdad proclamado en el Preámbulo y en el artículo 13 de la Constitución Política; tales serían, por ejemplo, la filiación política del aspirante, su lugar de origen, etcétera, factores que no hacen ni mejores ni peores a unos aspirantes frente a los demás, en términos de contribución al buen desempeño de la función pública.

 

En este orden de ideas, independientemente de la forma que el funcionario o entidad nominadora utilice para evaluar el mérito de los aspirantes, lo cierto es que a los cargos a proveer deben ingresar quienes hayan superado las pruebas y, en caso de haberse integrado una lista de elegibles en orden estricto de méritos, los nombramientos deben ocurrir siguiendo ese orden y se discrimina a quienes habiéndose sometido en todo a los términos del concurso, ven cómo se hacen nombramientos incumpliendo el orden establecido en la lista de elegibles o, en el peor de los casos, cuando se nombran personas haciendo caso omiso de la misma.

 

Ahora bien, es común que en los procesos de selección existan criterios de diferenciación, cuya aplicación se refleja en el resultado obtenido por los participantes, tales como el incremento del puntaje en las pruebas de conocimientos por razón de la experiencia, bien sea académica o práctica, que supone una calificación que, por así decirlo, no se refleja en las pruebas de que se compone el concurso, sino que son circunstancias personales del aspirante.

 

Factores de diferenciación como el anteriormente señalado, de todas maneras se avienen al criterio del mérito, pues indudablemente lo que se hará en el concurso es demostrar la trayectoria que se ha tenido en determinada labor y esto sí tiene que ver y se ajusta a la finalidad buscada por los concursos para proveer empleos públicos, pues tampoco cabe duda de que la experiencia es un mérito que contribuye a mejorar a la persona en el desempeño de una labor. No hay discriminación, entonces, cuando se incrementa el puntaje obtenido por un aspirante en razón de tener una experiencia de cinco años, por ejemplo, frente a quien no la tiene y por ello no recibe incremento alguno, ya que no hay discriminación en el trato diferente razonable y objetivamente justificado[3]”.

 

5. El caso concreto.

 

María Cristina Junca Bermúdez concursó para ser profesora de Ciencias Sociales en uno de los colegios pertenecientes al Distrito Capital, cuya convocatoria obedeció a los parámetros establecidos en el decreto 638 de 1997, expedido por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá D.C., disposición que, a su vez, desarrolló las pautas dispuestas por el Gobierno nacional en la resolución 20974 de 1989, expedida por el Ministerio de Educación.

 

Tal resolución, en su artículo primero, ordena la provisión por concurso abierto de los cargos de servicio docente nacional y nacionalizado, en los niveles educativos de pre escolar, básica primaria, secundaria, media vocacional y directivos docentes. En su artículo tercero, establece cuatro criterios de evaluación que son los siguientes: una prueba escrita con un valor del 60% sobre el total del puntaje a acumular; la realización de una entrevista, reservada a quienes obtengan el puntaje mínimo en la prueba escrita y que constituye el 20% del puntaje definitivo del concurso; y, finalmente, el estudio de la hoja de vida de los aspirantes, teniendo en cuenta los siguientes elementos y porcentajes: a) si el aspirante es oriundo del municipio para el cual concursa, por este simple hecho, tiene derecho a un 5% sobre el puntaje total; b) si acredita experiencia docente de cinco o más años otro 5% y c) si se ha desempeñado como docente en zona rural, dice la resolución, obtendrá el 10% restante de la calificación.

 

Téngase en cuenta que la calificación dada al mérito de los aspirantes en este ítem es muy reducida, pues su origen se califica con el mismo valor que se califica la experiencia en la labor educativa y, por si fuera poco, se califica con el doble de lo que se valora el mérito profesional, la circunstancia de haberse desempeñado en zona rural. Entonces, aquí no solamente se han introducido factores extraños al mérito de los participantes, sino que un factor muy importante en la calificación del mérito como es la experiencia docente, se valora con un ínfimo 5% del total del puntaje a obtener, incluso por debajo de otro que nada tiene que ver con el mérito, como es el haber prestado los servicios en zona rural (10%).

 

Con respecto a este último punto -haber prestado los servicios en zona rural-, es necesario hacer la misma precisión hecha en la sentencia T-158 de 1999 antes transcrita:

 

“La Sala Tercera de Revisión en la sentencia T-441 de 1998, determinó que es posible establecer el origen de los aspirantes a cupos en universidades estatales como un factor de diferenciación, atendiendo a que en las regiones más apartadas y pobres del país, el acceso al conocimiento se dificulta y, por ende, no solamente es constitucional, sino necesario que a quienes provienen de dichas regiones les sea proporcionada cierta facilidad para ingresar, con el fin de nivelar la anotada desventaja. Evidentemente, es un trato diferente, pero razonable y objetivamente justificado, pues tratarlos a ellos y a quienes no provienen de regiones pobres y apartadas del país en la misma forma sería discriminatorio, toda vez que se estaría proporcionando un tratamiento similar a personas que no se encuentran en las mismas condiciones.

 

No sucede lo mismo en el caso de los educadores que son favorecidos por el hecho de haber desempeñado su labor en zona rural, pues tal favorecimiento no puede entenderse como una nivelación para su preparación profesional, sino como una recompensa al hecho cierto de haber sufrido el difícil acceso, posiblemente la incomodidad y la escasez que supone el tener que desplazarse y trabajar en zonas alejadas de los cascos urbanos. Entre otras razones, porque la experiencia docente adquirida en zona rural y en zona urbana es la misma. Luego, este favorecimiento rompe con el criterio del mérito que debe reinar en los concursos de elección de los servidores públicos y, por ende, es discriminatorio, tanto como el factor de origen de los aspirantes que, se repite, ninguna incidencia tienen en el mérito profesional.

 

En principio, podría afirmarse que no es contrario a la Constitución el que se premie a quien ha desempeñado con dificultad un servicio público, como es el caso de los educadores que deben desplazarse a zonas rurales relativamente apartadas de los centros urbanos. No obstante, esta situación no puede ser considerada como un parámetro de calificación en el contexto de un concurso para la provisión de cargos públicos, ya que no es mérito cuya adquisición dependa de la voluntad o esfuerzo de los concursantes, como lo manifestó el demandante. Si realmente ha de existir una recompensa para aquellos que cumplan la labor educativa en las zonas rurales, ésta, definitivamente, debe darse en un escenario distinto al de la provisión de empleos estatales, so pena de convertirse en un factor de discriminación. Este mismo criterio fue aplicado por la Corte Constitucional en sentencia C-022 de 1996[4], al declarar inexequible el artículo 40, literal b, a excepción del parágrafo, de la Ley 48 de 1993, que otorgaba un puntaje adicional a los aspirantes a obtener cupos universitarios, cuando éstos hubieren prestado el servicio militar”.

 

En el caso objeto de revisión, la demandante obtuvo una calificación de cinco puntos en la evaluación de su hoja de vida porque no se desempeñó como docente en zona rural y porque no nació en Santafé de Bogotá D.C. Si su hoja de vida se hubiera calificado sin tener en cuenta dichos factores, inconstitucionales según lo dicho en precedencia, hubiera obtenido un lugar superior al 144 que ocupa en la lista de elegibles.

 

Si la evaluación de la hoja de vida en el concurso de marras fue inconstitucional porque introdujo dos criterios de diferenciación extraños al mérito, para resolver el caso concreto es necesario soslayarlos con el fin de determinar qué puesto hubiera ocupado la demandante, en consideración a que algunos de quienes ocuparon escaños superiores al suyo en la lista de elegibles, también hubieran podido ascender de no haber sido por la circunstancia anotada en precedencia. Para ello, se determinará la calificación total obtenida por todos los aspirantes hasta el puesto 144 de la lista de elegibles, inclusive, pero teniendo como calificación de la hoja de vida para todos ellos, tan solo el 5% por experiencia docente igual o superior a cinco años y no el 10% por haberse desempeñado en zona rural, ni el otro 5% por haber nacido en Santafé de Bogotá D.C.

 

Así, tenemos que la lista de elegibles, hasta el puesto ocupado por la demandante -que es lo que aquí interesa-, se conformó de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los empates entre los aspirantes ya fueron resueltos por la entidad nominadora, por aplicación de la resolución 20974 de 1989 (artículo 8):

 

 

Puesto	Nombre	Examen	Entrevista	H. vida	Total
1°	Lizarazo Aparacio Gloria Amparo	51	15	15	81
2°	Herreño Hernández Angel	50	20	10	80
3°	Torres Carrillo Darley	54	19	5	78
4°	Rodríguez Olarte Mauricio	50	18	10	78
5°	Díaz Ortíz Consuelo	48	19	10	77
6°	Garzón de Gutiérrez Gloria	41	15	20	76
7°	González Muñoz Juan de la Cruz	37	19	20	76
8°	Clavijo Rodríguez Antonio	48	17	10	75
9º	Héctor Alexis Lombana Bustos	45	20	10	75
10º	Méndez Gómez María Teresa	38	16	20	74
11º	Alvarado Alfonso María Isabel	46	17	10	73
12º	Gonzalez Abril Mario	36	17	20	73
13º	Yolanda Angulo de Aristizabal	52	15	5	72
14º	Jiménez Ardila Carlos Antonio	47	20	5	72
15º	Arias Avila María Angélica	45	17	10	72
16º	Piñeros Rosas Ruth Stella	43	19	10	72
17º	Reina Morales Claudia	43	19	10	72
18º	Peñuela Rodríguez Germán	41	16	15	72
19º	Monroy Cruz César Augusto	49	17	5	71
20º	Estupiñán Meneses Marlon	48	18	5	71
21º	Penagos Moreno Jairo Eduardo	44	17	10	71
22º	Arenas Fonseca Germán Alberto	42	19	10	71
23º	Castillo Montero Oscar Eduardo	41	20	10	71
24º	Gómez Moreno Gliceo	37	14	20	71
25º	Tapias Torres Martha Cecilia	51	14	5	70
26º	Posada Doncel Luis Eugenio	45	15	10	70
27º	Silva Acero María del Carmen	43	17	10	70
28º	Gutiérrez Gutiérrez Ariosto	43	17	10	70
29º	Dora Edith Orjuela Molano	41	19	10	70
30º	Mora Rodríguez Italo Alfonso	50	14	5	69
31º	Acosta Agudelo Leonor	50	14	5	69
32º	Rodríguez López Carlos Augusto	48	16	5	69
33º	Pérez García María Jesús	47	17	5	69
34º	Vontrahl Ramírez Alexandra	45	19	5	69
35º	Gonzalez Rengifo Amalia	44	15	10	69
36º	Penagos Cortés Dora Inés	44	15	10	69
37º	Molano Rincón Pedro Alfonso	43	16	10	69
38º	Vargas Morales Luis C.	42	17	10	69
39º	Barrantes Clavijo Ana	25	17	10	69
40º	Giraldo Velásquez Ruth Mery	40	14	15	69
41º	Callejas Ramírez María Stella	39	20	10	69
42º	Gómez Rivera John	50	13	5	68
43º	Ballén Edgar Antonio	47	16	5	68
44º	Morales Roa Denis Helberth	45	13	10	68
45º	Flauteros Gómez Clara Josefina	43	20	5	68
46º	Ramírez Salcedo María Diana	43	20	5	68
47º	Sierra Jaime Francisco Javier	43	15	10	68
48º	Martínez Barbosa Henry	40	18	10	68
49º	Castañeda Sánchez Nubia	40	18	10	68
50º	Chávez Marles Rodrigo	40	13	15	68
51º	Ruiz Latorre Germán Arturo	47	15	5	67
52º	Moncada Tinoco Fanny Edith	46	16	5	67
53º	Luz Mireya Rodríguez Espitia	44	18	5	67
54º	Parra Obando Luis Eduardo	44	18	5	67
55º	Diana Patricia Fajardo Garavito	44	13	10	67
56º	Gonzalez Melo Hamlet Santiago	42	20	5	67
57º	Buitrago H. Angel Antonio	42	20	5	67
58º	Villarraga Parra Juan Bernardo	42	20	5	67
59º	Rudy Martínez Forero	42	15	10	67
60º	Fajardo Garavito Claudia Inés	41	16	10	67
61º	Elizabeth Russi Martin	40	17	10	67
62º	Arévalo Guevara María de Jesús	40	17	10	67
63º	Fernández Acero Blanca	38	19	10	67
64º	Daza Saavedra María del Carmen	38	14	15	67
65º	Giraldo Gaviria Yolanda	38	14	15	67
66º	Herrada Cárdenas Yaneth	51	10	5	66
67º	Pinzón Gil Carlos Alberto	48	13	5	66
68º	Susana Amparo Cañas Vélez	47	14	5	66
69º	Castellanos Almonacid Marlén	46	15	5	66
70º	Sánchez Bautista Angélica	46	15	5	66
71º	Quintero Cusarias Octavio A.	45	16	5	66
72º	Isaías Gonzalez Casas	44	17	5	66
73º	Gutiérrez Daza Jesús	43	18	5	66
74º	Deisy Montes Hernández	43	18	5	66
75º	Pinzón Arias Argemiro	42	19	5	66
76º	Ordóñez Carrascal Ana Beatríz	42	19	5	66
77º	Sayly Duque	42	19	5	66
78º	Pedro José Riaño	42	19	5	66
79º	Arteaga Bravo Alvaro M	42	14	10	66
80º	Rincón Delgado María Yolanda	42	14	10	66
81º	Aldana León Wilson	41	15	10	66
82º	Vega Martínez Carmen Edith	40	16	10	66
83º	Aristizabal Triana William	39	17	10	66
84º	Cañas Vélez Beatríz	39	17	10	66
85º	Arias Parra María Amparo	39	17	10	66
86º	Duque Linares Inés	38	18	10	66
87º	Manosalva Malaver Victor Hugo	46	14	5	65
88º	Campo Sánchez Ruth Marina	46	14	5	65
89º	Wilson Acosta Valdeleón	46	14	5	65
90º	Rodríguez de Ramírez Ana	45	15	5	65
91º	Vega Pinilla Patricia	45	15	5	65
92º	Pablo Emilio Rocha Parra	44	16	5	65
93º	Matamoros Castiblanco Eduardo	44	16	5	65
94º	Triana Villa Sandra Patricia	44	11	10	65
95º	Rodríguez Ospina Armando E.	43	17	5	65
96º	Domínguez Londoño Leda	42	18	5	65
97º	Quintero Guerrero Martha	42	13	10	65
98º	Rozo Mahecha Sandra Patricia	42	13	10	65
99º	Espinoza Vargas Carlos	41	19	5	65
100º	Janeth Valbuena	41	19	5	65
101º	Novoa Jaimes Julio	41	14	10	65
102º	Gómez Pedro Ignacio	41	15	10	65
103º	Santamaría Pineda William	40	15	10	65
104º	Chamorro Delgado Saúl	40	10	15	65
105º	Clara Stella Patarroyo	39	16	10	65
106º	Luis Hernando Tarazona Ardila	38	17	10	65
107º	Ocampo Castaño William Fernando	37	18	10	65
108º	Cañón Vargas Luz Stella	36	14	15	65
109º	Mlina Delgado Diana Patricia	45	14	5	64
110º	Buitrago Castiblanco Manuel D.	44	10	10	64
111º	Villarraga Valencia Nancy	43	16	5	64
112º	Gonzalez Salgado C. Alberto	43	16	5	64
113º	Corredor Ortíz Adriana	43	16	5	64
114º	Vélez Penagos Claudia	43	16	5	64
115º	Heredia Marroquín Sandra	43	16	5	64
116º	Rodríguez Ortíz Julio H.	43	16	5	64
117º	Varela Muñoz Josué Francisco	42	17	5	64
118º	Tomás Sánchez Amaya	42	17	5	64
119º	Hernández Neira Alejandro	42	17	5	64
120º	Quintero Montaño Fernando	42	12	10	64
121º	Gloria Teresa Triana Carvajal	42	12	10	64
122º	Gamba Romero Ana Pureza	41	18	5	64
123º	Garzón Rubio Diego Orlando	41	18	5	64
124	Mendoza Romero Nidia Constanza	41	18	5	64
125º	Rosalba Solórzano Orjuela	41	13	10	64
126º	Bustamante Galindo Clara	40	19	5	64
127	Mayorga González Martha Luz	40	19	5	64
128º	Eslava García Sandra Socorro	40	14	10	64
129º	Ginna Maritza Salvador Perdomo	39	20	5	64
130º	Prieto V. Luis Orlando	38	16	10	64
131º	Fonseca Marín William Alfonso	38	16	10	64
132º	Rodríguez Chacón Zenaida	38	16	10	64
133º	Hurtado Márquez María Cristina	37	17	10	64
134º	Pineda Montoya Héctor	36	18	10	64
135º	Suárez Suárez María Janeth	45	13	5	63
136º	Romero Bernal Dalia S.	45	13	5	63
137º	Moriano Rubio Blanca Nelly	45	13	5	63
138º	Gonzalez Capera María Yolanda	43	15	5	63
139º	Hernández Padilla Jairo	43	15	5	63
140º	Funeme Arias Martha Liliana	43	15	5	63
141º	Rodríguez Pérez Yesid	43	10	10	63
142º	Ortíz Alvarez Maura Ingrid	42	16	5	63
143º	Sanabria Carrillo Rigoberto	42	16	5	63
144º	Junca Bermúdez María Cristina	42	16	5	63

 

Y al inaplicar los dos factores discriminatorios de la evaluación de la hoja de vida, calificándola tan solo con cinco puntos de los veinte posibles, de acuerdo con lo arriba expuesto, el orden se altera para quedar de la siguiente manera:

 

Puesto	Nombre	Examen	Entrevista	H. vida	Total
1°	Torres Carrillo Darley	54	19	5	78
2°	Herreño Hernández Angel	50	20	5	75
3°	Rodríguez Olarte Mauricio	50	18	5	73
4°	Díaz Ortíz Consuelo	48	19	5	72
5º	Yolanda Angulo de Aristizabal	52	15	5	72
6º	Jiménez Ardila Carlos Antonio	47	20	5	72
7°	Lizarazo Aparacio Gloria Amparo	51	15	5	71
8º	Monroy Cruz César Augusto	49	17	5	71
9º	Estupiñán Meneses Marlon	48	18	5	71
10º	Clavijo Rodríguez Antonio	48	17	5	70
11º	Héctor Alexis Lombana Bustos	45	20	5	70
12º	Tapias Torres Martha Cecilia	51	14	5	70
13º	Mora Rodríguez Italo Alfonso	50	14	5	69
14º	Acosta Agudelo Leonor	50	14	5	69
15º	Rodríguez López Carlos Augusto	48	16	5	69
16º	Pérez García María Jesús	47	17	5	69
17º	Vontrahl Ramírez Alexandra	45	19	5	69
18º	Alvarado Alfonso María Isabel	46	17	5	68
19º	Gómez Rivera John	50	13	5	68
20º	Ballén Edgar Antonio	47	16	5	68
21º	Flauteros Gómez Clara Josefina	43	20	5	68
22º	Ramírez Salcedo María Diana	43	20	5	68
23º	Arias Avila María Angélica	45	17	5	67
24º	Piñeros Rosas Ruth Stella	43	19	5	67
25º	Reina Morales Claudia	43	19	5	67
26º	Ruiz Latorre Germán Arturo	47	15	5	67
27º	Moncada Tinoco Fanny Edith	46	16	5	67
28º	Luz Mireya Rodríguez Espitia	44	18	5	67
29º	Parra Obando Luis Eduardo	44	18	5	67
30º	Gonzalez Melo Hamlet Santiago	42	20	5	67
31º	Buitrago H. Angel Antonio	42	20	5	67
32º	Villarraga Parra Juan Bernardo	42	20	5	67
33º	Penagos Moreno Jairo Eduardo	44	17	5	66
34º	Arenas Fonseca Germán Alberto	42	19	5	66
35º	Castillo Montero Oscar Eduardo	41	20	5	66
36º	Herrada Cárdenas Yaneth	51	10	5	66
37º	Pinzón Gil Carlos Alberto	48	13	5	66
38º	Susana Amparo Cañas Vélez	47	14	5	66
39º	Castellanos Almonacid Marlén	46	15	5	66
40º	Sánchez Bautista Angélica	46	15	5	66
41º	Quintero Cusarias Octavio A.	45	16	5	66
42º	Isaías Gonzalez Casas	44	17	5	66
43º	Gutiérrez Daza Jesús	43	18	5	66
44º	Deisy Montes Hernández	43	18	5	66
45º	Pinzón Arias Argemiro	42	19	5	66
46º	Ordóñez Carrascal Ana Beatríz	42	19	5	66
47º	Sayly Duque	42	19	5	66
48º	Pedro José Riaño	42	19	5	66
49º	Posada Doncel Luis Eugenio	45	15	5	65
50º	Silva Acero María del Carmen	43	17	5	65
51º	Gutiérrez Gutiérrez Ariosto	43	17	5	65
52º	Dora Edith Orjuela Molano	41	19	5	65
53º	Manosalva Malaver Victor Hugo	46	14	5	65
54º	Campo Sánchez Ruth Marina	46	14	5	65
55º	Wilson Acosta Valdeleón	46	14	5	65
56º	Rodríguez de Ramírez Ana	45	15	5	65
57º	Vega Pinilla Patricia	45	15	5	65
58º	Pablo Emilio Rocha Parra	44	16	5	65
59º	Matamoros Castiblanco Eduardo	44	16	5	65
60º	Rodríguez Ospina Armando E.	43	17	5	65
61º	Domínguez Londoño Leda	42	18	5	65
62º	Espinoza Vargas Carlos	41	19	5	65
63º	Janeth Valbuena	41	19	5	65
64º	Gonzalez Rengifo Amalia	44	15	5	64
65º	Penagos Cortés Dora Inés	44	15	5	64
66º	Molano Rincón Pedro Alfonso	43	16	5	64
67º	Vargas Morales Luis C.	42	17	5	64
68º	Barrantes Clavijo Ana	25	17	5	64
69º	Callejas Ramírez María Stella	39	20	5	64
70º	Mlina Delgado Diana Patricia	45	14	5	64
71º	Villarraga Valencia Nancy	43	16	5	64
72º	Gonzalez Salgado C. Alberto	43	16	5	64
73º	Corredor Ortíz Adriana	43	16	5	64
74º	Vélez Penagos Claudia	43	16	5	64
75º	Heredia Marroquín Sandra	43	16	5	64
76º	Rodríguez Ortíz Julio H.	43	16	5	64
77º	Varela Muñoz Josué Francisco	42	17	5	64
78º	Tomás Sánchez Amaya	42	17	5	64
79º	Hernández Neira Alejandro	42	17	5	64
80º	Gamba Romero Ana Pureza	41	18	5	64
81º	Garzón Rubio Diego Orlando	41	18	5	64
82º	Mendoza Romero Nidia Constanza	41	18	5	64
83º	Bustamante Galindo Clara	40	19	5	64
84º	Mayorga González Martha Luz	40	19	5	64
85º	Ginna Maritza Salvador Perdomo	39	20	5	64
86º	Morales Roa Denis Helberth	45	13	5	63
87º	Sierra Jaime Francisco Javier	43	15	5	63
88º	Martínez Barbosa Henry	40	18	5	63
89º	Castañeda Sánchez Nubia	40	18	5	63
90º	Suárez Suárez María Janeth	45	13	5	63
91º	Romero Bernal Dalia S.	45	13	5	63
92º	Moriano Rubio Blanca Nelly	45	13	5	63
93º	Gonzalez Capera María Yolanda	43	15	5	63
94º	Hernández Padilla Jairo	43	15	5	63
95º	Funeme Arias Martha Liliana	43	15	5	63
96º	Ortíz Alvarez Maura Ingrid	42	16	5	63
97º	Sanabria Carrillo Rigoberto	42	16	5	63
98º	Junca Bermúdez María Cristina	42	16	5	63

 

De lo anterior se concluye que aplicando criterios constitucionales de selección en el concurso convocado por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C., la demandante alcanzó el lugar número 98 en la lista de elegibles, lo cual conduce a pensar que la Alcaldía Distrital y su Secretaría de Educación no vulneraron los derechos constitucionales fundamentales por ella invocados, en vista de que eran tan solo 37 las vacantes a proveer y el resultado obtenido por la demandante lejos la puso de alcanzar alguno de tales puestos.

 

En esta oportunidad la Sala examinó el caso de la peticionaria inaplicando parcialmente por inconstitucionales tanto el numeral 4° del artículo 3 de la Resolución 20974 de 1989, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, como el numeral 1° del artículo 8 de la Decreto 638 de 1997, expedido por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C. y que reprodujo al anterior. Sin embargo y como no hay lugar al amparo de los derechos invocados, el fallo objeto de revisión será confirmado, pero única y exclusivamente por las razones consignadas en esta providencia, pues el criterio del a quo es equivocado y contrario a lo sentado por la Sala en el numeral tercero de estas consideraciones.

 

 

III. DECISION.

 

En mérito de lo expuesto, La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., el 9 de abril de 1999, en el sentido de negar la solicitud de amparo hecha por María Cristina Junca Bermúdez contra la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Educación Distritales de Santafé de Bogotá D.C., pero única y exclusivamente por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

 

Segundo. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

CARLOS GAVIRIA DIAZ

Magistrado Ponente

 

 

 

 

 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

 

 

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General