Sentencia T-946/13

 

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección constitucional/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección internacional

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza

 

La Constitución señala como finalidad social del Estado la obtención del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, establece como objetivo fundamental de la actividad del Estado “la solución de las necesidades insatisfechas de la población”, en especial las “de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. La Corte Constitucional ha resaltado que la satisfacción de la necesidad básica de agua potable es un objetivo fundamental, debido a que la supervivencia del ser humano está indisolublemente ligada a la posibilidad de gozar de ella. En ese sentido el agua potable, en cualquiera de sus estados, es un recurso natural insustituible, y al mismo tiempo es condición de posibilidad para el disfrute de otros derechos como la vida, la salud y la dignidad humana. Pues bien, cuando el agua potable se destina al consumo humano adquiere carácter de derecho fundamental y es susceptible de protección mediante tutela, dado que sin ella se ponen en serio riesgo los derechos a la vida, la salud y la dignidad de las personas.

 

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad, calidad del servicio de agua y no discriminación en la distribución

 

DERECHO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE-Vulneración por Empresa al negar la prestación del servicio, argumentando que el inmueble no tiene cédula catastral, sin considerar que hay sujetos de especial protección constitucional

 

DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden de garantizar acceso a un mínimo de agua potable, mientras adelanta obras de conexión de alcantarillado al inmueble del accionante

 

 

 

Referencia: expediente T-4024218

 

Acción de tutela instaurada por el señor Jaime Mejía Naranjo contra Empresas Públicas de Medellín.

 

Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

 

 

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013)

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

En el proceso de revisión de las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín el 3 de mayo de 2013, y en segunda instancia, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín el 25 de junio de 2013.^[1]

 

I. ANTECEDENTES

 

El  señor Jaime Mejía Naranjo interpuso la acción de tutela objeto de estudio, solicitando la protección de sus derechos al acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a la igualdad, a la vida digna y a la salud, los cuales considera que están siendo vulnerados por Empresas Públicas de Medellín (en adelante, EPM), al negarse a tramitar su solicitud de conexión a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, argumentando que no cumple con los requisitos reglamentarios establecidos para este fin.

 

A continuación, se expondrán los antecedentes en los que se fundamenta esta acción.

 

1.                Hechos

 

1.1       El señor Jaime Mejía Naranjo informa que construyó su casa en el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle 48 DD No. 95 – 181 Int. 201 del municipio de Medellín, y que desde ese momento le instalaron el servicio público domiciliario de energía eléctrica. En cuanto al servicio público de acueducto y alcantarillado, afirma que tenía un acuerdo con los habitantes del primer piso de la vivienda, según el cual compartían la misma conexión y se dividían el pago de la tarifa.

 

1.2       Por controversias con los habitantes del primer piso de la vivienda, estos lo desconectaron de la red de acueducto. Por esta razón el actor solicitó a EPM que le prestaran el servicio de agua potable en su inmueble en forma independiente, pero esta entidad no recibió su solicitud, porque su propiedad no tenía cédula catastral.

 

1.3       El actor establece que desde el 10 de enero de 2013 solicitó la expedición de la cédula catastral, pero que al momento de la interposición de la acción de tutela aún no se la habían expedido.

 

1.4       Afirma que en su vivienda habitan tres adultos y dos niños de 3 y 14 años de edad, hijos de su compañera.^[2] Asimismo, manifiesta que es una persona con discapacidad, porque padece parestesia y disminución de fuerza en sus cuatro extremidades, y que se encuentra tramitando su pensión de invalidez. Finalmente, señala que para la fecha de la interposición de la acción de tutela, llevaban un mes en el que habían tenido que acudir a otros vecinos “para suplir [sus] necesidades de aseo personal, cocción de alimentos y lavada de ropa”.^[3]

 

1.5       Con fundamento en los hechos expuestos, considera que la decisión de EPM de no tramitar su solicitud de conexión a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, vulnera sus derechos fundamentales y los de su familia al acceso a los servicios públicos domiciliarios, a la igualdad, a la salud, a la vida digna y al acceso a agua potable. En consecuencia, solicita la protección de sus derechos, mediante una orden a EPM para que le instale el servicio de acueducto “por medio del programa de habilitación [de] vivienda y con la financiación establecida por la entidad en caso de ser necesarias obras complementarias”.^[4]

 

2.            Actuaciones de los jueces de instancia

 

El Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín profirió el 8 de abril de 2013 la sentencia de primera instancia, negando las pretensiones del actor.^[5] Posteriormente, luego de que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín declarara la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia mencionada, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín vinculó al municipio de Medellín al trámite de la acción de tutela.

 

3.            Respuestas de la entidad accionada y de la entidad vinculada

 

3.1           Informe presentado por Empresas Públicas de Medellín.

 

EPM presentó un informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, porque su actuación no había vulnerado los derechos fundamentales del actor ni de su familia, y este no había demostrado lo contrario.

 

Respecto de los hechos, la accionada informó que: (i) el inmueble que habita el señor Mejía Naranjo está clasificado en el estrato socioeconómico tres, (ii) que esa entidad le suministra el servicio de energía eléctrica, y (iii) que el inmueble “no tiene impuesto predial ni cuenta con cédula catastral”.^[6]

 

Por otra parte, señaló que para prestar el servicio de acueducto, el inmueble debe cumplir con los requisitos técnicos y administrativos consagrados en el artículo 7 del Decreto 302 de 2000,^[7] entre los que resaltó el “estar conectado al sistema público de alcantarillado”.^[8] Sostuvo que no se habían vulnerando los derechos del actor, porque este “no ha cumplido y menos aporta prueba de que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 302 de 2000 para poder acceder a los servicios públicos domiciliarios”.^[9]

 

Igualmente, expresó que lo que se pretende con la acción de tutela es que se dejen de aplicar las normas legales y reglamentarias que regulan la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, razón por la cual consideró que la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Mejía Naranjo debe declararse improcedente.

 

Asimismo, sostuvo que no vulneró el derecho a la igualdad del actor, porque se le exigieron los mismos requisitos que a cualquier suscriptor potencial del servicio, y respecto a la afirmación sobre la circunstancia de que muchas viviendas del sector cuentan con el servicio, señaló que “es posible que esas viviendas hayan solicitado el servicio antes de la expedición del Decreto 302 de 2000”, situación relevante, porque “para ese momento no se exigían los mismos requisitos que se exigen en la actualidad”.^[10]

 

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, porque el actor cuenta con la acción contenciosa administrativa para controvertir los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

 

3.2           Informe presentado por la Alcaldía Municipal de Medellín.

 

Por medio de comunicación del 30 de abril de 2013, la Alcaldía de Medellín  solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela objeto de estudio.

 

En su escrito, la entidad manifestó que no le constan los hechos de la acción de tutela, y que la única entidad que podría atender los requerimientos del actor es EPM, empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital independiente, razón por la cual “no se puede imputar responsabilidad alguna al municipio de Medellín”.^[11]

 

Como documento anexo a su informe, el municipio de Medellín aportó copia de la Resolución No. 2766 del 10 de enero de 2013, suscrita por el Subdirector Administrativo de Catastro de Medellín, por medio de la cual se ordena la inscripción de la mejora ubicada en la calle 48 DD No. 95 – 181 a favor del señor Jaime Mejía Naranjo, en su calidad de poseedor del inmueble.^[12]

 

3.3           Sentencia de primera instancia

 

El Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín negó la tutela de los derechos del actor mediante sentencia del 3 de mayo de 2013, porque consideró que “la negativa de EPM a suministrar el servicio de acueducto encuentra su justificación en criterios jurídicamente razonables que propenden no solo por la adecuada prestación del servicio público de acueducto sino también por la necesidad y la clara responsabilidad que sobre el propietario recae.”^[13]

 

Adicionalmente, sostuvo que el hecho de que el inmueble habitado por el accionante no contara con todos los servicios públicos requeridos, “constituye una responsabilidad que le concierne exclusivamente al propietario. Así, si su propiedad no cumple con las condiciones técnicas mínimas que permitan que los servicios públicos le sean conectados, debe adelantar y realizar las adecuaciones que permitan la conexión de los referidos servicios públicos.”^[14]

 

En consecuencia, consideró que la actuación de EPM no estaba vulnerando derecho fundamental alguno, “ya que el accionante no ha aportado prueba de que haya cumplido con los requisitos del Decreto 302 de 2000 para poder acceder a los servicios públicos requeridos, ya que es él quien tiene la carga de realizar los trámites necesarios para ello, y por tanto no está llamada a prosperar la presente acción de tutela.”^[15]

 

Finalmente, ordenó la desvinculación del municipio de Medellín, porque consideró que esa entidad no era la encargada de prestar el servicio de acueducto, y ya había cumplido con su carga de expedir la cédula catastral del predio del actor.

 

3.4           Impugnación

 

El señor Jaime Mejía Naranjo impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que aunque el municipio de Medellín ya le había expedido la cédula catastral de su inmueble, al presentar dicho documento ante EPM, esta entidad se negó nuevamente a prestarle el servicio de acueducto, porque dicho documento contenía un error que debía ser corregido.^[16]

 

Adicionalmente, manifestó que la cédula catastral no es un requisito técnico sino administrativo, y que no era responsable de la indebida expedición del mencionado documento.

 

3.5           Sentencia de segunda instancia

 

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín confirmó el fallo de primera instancia mediante sentencia del 25 de junio de 2013. En sus consideraciones, el juzgado de segunda instancia sostuvo que el derecho al agua no es absoluto, “ya que para ser beneficiario del mismo, existen unas condiciones contempladas en la Ley 142 de 1994 y en los decretos reglamentarios.”^[17] Como el predio del actor no cuenta con la cédula catastral respectiva, consideró que éste debía adelantar los trámites ante el municipio de Medellín para que la entidad le expidiera dicho documento.

 

II. Consideraciones y fundamentos

 

1.                  Competencia

 

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.                  Problema jurídico

 

Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala de Revisión considera que la acción de tutela presentada por el señor Jaime Mejía Naranjo le plantea el siguiente problema jurídico:

 

¿Vulnera una empresa de servicios públicos domiciliarios (Empresas Públicas de Medellín) los derechos al agua y a la vida digna de un potencial usuario del servicio (Jaime Mejía Naranjo) al negarle el acceso al servicio de acueducto, argumentando que el inmueble en el que habita no cumple con los requisitos reglamentarios para ese fin porque no tiene cédula catastral, sin tener en cuenta que se trata de una persona que manifiesta tener una discapacidad, que en el inmueble habitan dos menores de edad, y que para el momento de la interposición de la acción de tutela el actor había tramitado la cédula catastral respectiva?

 

Para solucionar el problema jurídico planteado, la Sala de Revisión reiterará su jurisprudencia sobre el derecho agua, específicamente en la dimensión del derecho al acceso al servicio sin que se impongan barreras irracionales, y la aplicará al caso objeto de estudio.

 

3.            El derecho fundamental al consumo de agua potable. Reiteración de jurisprudencia.

 

El artículo 366 de la Constitución señala como finalidad social del Estado la obtención del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, establece como objetivo fundamental de la actividad del Estado “la solución de las necesidades insatisfechas de la población”, en especial las “de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. La Corte Constitucional ha resaltado que la satisfacción de la necesidad básica de agua potable es un objetivo fundamental, debido a que la supervivencia del ser humano está indisolublemente ligada a la posibilidad de gozar de ella. En ese sentido el agua potable, en cualquiera de sus estados, es un recurso natural insustituible, y al mismo tiempo es condición de posibilidad para el disfrute de otros derechos como la vida, la salud y la dignidad humana.^[18]

 

Pues bien, cuando el agua potable se destina al consumo humano adquiere carácter de derecho fundamental y es susceptible de protección mediante tutela, dado que sin ella se ponen en serio riesgo los derechos a la vida, la salud y la dignidad de las personas. Así lo ha reconocido la Corte desde la Sentencia T-578 de 1992.^[19] En aquella ocasión, la Sala Cuarta estudió si con la renuencia de una entidad a instalar redes de acueducto en un predio que se proyectaba como futura urbanización, se violaba algún derecho fundamental. La Corte Constitucional concluyó que en ese caso no se violaba ningún derecho fundamental, ni siquiera el derecho al agua potable, porque para el momento de interposición del amparo la urbanización era apenas un proyecto y, por consiguiente, la destinación del agua no era para el consumo humano sino para beneficio de una persona jurídica constructora. Sostuvo la Sala:

 

“[e]n principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como tal [puede] ser objeto de protección a través de la acción de tutela.⁶

 

Sin embargo y como está planteado en el caso que ocupa a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, el servicio de acueducto no cumple con la finalidad de satisfacer las necesidades esenciales de las personas naturales, pues en este caso la conexión o la habilitación del predio para la construcción posterior de las viviendas beneficiaría a una persona jurídica para las cuales no constituye derecho constitucional fundamental”.

 

Asimismo, en la Sentencia T-381 de 2009,^[20] la Corte tuteló los derechos de unas personas que se alimentaban de un manantial de agua, el cual se secó debido al adelantamiento de obras para la construcción de un túnel en las inmediaciones. En esa oportunidad, la Corte fijó de la siguiente manera las condiciones de prosperidad de la tutela del derecho fundamental al agua potable:

 

“(i) el derecho al agua sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinada al consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud; (ii) por lo anterior, la acción de tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental al agua potable, solamente cuando ella es necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados; (iii) cuando el agua es necesaria para preservar a la vida, la salud o la salubridad de las personas, el derecho fundamental que recae sobre ella puede ser protegido a través de la acción de tutela, que resulta procedente tanto contra la autoridad pública como contra el particular o particulares que estén afectando arbitrariamente el derecho; (iv)  el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que desplaza la acción popular, cuando existe afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias o múltiples personas, o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de este derecho fundamental; (v) de conformidad con los criterios interpretativos sentados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el contenido del derecho fundamental al agua implica la disponibilidad continua y suficiente de agua para los usos personales y domésticos, la calidad salubre del agua, y la accesibilidad física, económica e igualitaria a ella”.

 

3.1. La jurisprudencia de la Corte coincide, en ese sentido, con los Tratados Internacionales y la interpretación autorizada que de ellos han hecho los organismos y autoridades competentes. Para empezar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en el artículo 11.1 prevé el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales interpretó en la Observación General No. 15, que si bien el Pacto no menciona de modo explícito un derecho al agua potable, cuando se refiere a que el nivel de vida adecuado comprende el derecho “incluso” a alimentación, vestido y vivienda adecuados, se entiende que “este catálogo de derechos no tiene la intención de ser exhaustivo”. En el concepto del Comité, “[e]l derecho al agua está claramente dentro de la categoría de garantías esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado particularmente en tanto que es una de las condiciones más fundamentales para la supervivencia”. Sin embargo, el Comité es claro en el sentido de especificar que, debido al carácter de recurso natural limitado, entre los criterios de asignación del agua potable debe tener prelación el suministro del líquido para producir los alimentos y asegurar la ‘higiene ambiental’:

 

“[e]l agua es necesaria para una serie de diferentes propósitos además del uso personal y doméstico para cumplir con muchos de los derechos de la Convención. Por ejemplo el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a alimentos adecuados) y asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es esencial para asegurar la subsistencia (el derecho a ganarse la vida por medio del trabajo) y para disfrutar de ciertas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, se debe dar también prioridad de asignación de agua al agua destinada al uso personal y doméstico. Se debe dar prioridad a los recursos hídricos requeridos para prevenir la hambruna y la enfermedad así como también al agua necesaria para satisfacer las obligaciones esenciales de cada uno de los derechos establecidos en la Convención”.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados Partes están obligados a garantizar el suministro de agua potable salubre a los niños, con el objetivo de combatir las enfermedades y la malnutrición. En efecto, el artículo 24.2 preceptúa:

 

“2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

 

[…]

 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”.

 

Adicionalmente, debe precisarse que, como lo ha señalado esta Corporación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado órdenes específicas encaminadas a recordar el deber de los Estados de suministrar agua para la alimentación y el aseo a determinadas comunidades especialmente vulnerables:

 

“[e]s importante anotar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, por el desplazamiento de sus tierras ancestrales, del cual fue víctima,  en sentencia del 17 de junio de 2005, al proteger sus derechos a la vida, la propiedad, y las garantías judiciales, ordenó al Estado “suministrar, de manera inmediata y periódica, agua potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de la Comunidad” en el entendido de que el derecho “a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos”, invocando, el derecho al agua a partir de los artículos 11 y 12 del Pacto^[21].”^[22]

 

 

3.2. Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer pone de presente que el suministro de agua potable es condición de posibilidad, además, del derecho a la igualdad de las mujeres en relación con los hombres. En efecto, el artículo 14 de la Convención dispone:

 

“2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

 

(…) h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”.

 

De acuerdo con el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos, publicado el 16 de agosto de 2007, es posible ofrecer una fundamentación de este precepto en los siguientes términos:

 

“11. El acceso al agua potable y el saneamiento puede también crear preocupaciones en términos de igualdad, en particular en relación con las mujeres, ya que un acceso limitado tiende a afectar de forma desproporcionada su salud, su integridad física y psicológica, su vida privada y su acceso a la educación. La tarea de recoger y cargar agua, que con frecuencia recae en las mujeres y las niñas, insume mucho tiempo, y en muchos países es una de las explicaciones de la muy grande disparidad de género en la asistencia escolar, al mismo tiempo que una proporción excesiva de niñas también suelen quedar excluidas de la educación debido a las deficiencias de las instalaciones sanitarias escolares. Además, las niñas y mujeres también son vulnerables al acoso y las agresiones cuando deben caminar lejos de su hogar para evacuar los excrementos o recoger agua. En virtud de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los Estados Partes tienen obligación de abordar toda forma de discriminación contra la mujer, lo que incluye eliminar las causas y las consecuencias de su desigualdad de facto o de fondo.”^[23]

 

Finalmente, por medio de la Resolución No.64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, se reconoció que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, y se exhortó a “los Estados y las organizaciones internacionales a […] intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.^[24]

 

4.            El derecho al acceso al agua potable.

 

En la ya mencionada Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), se definió que el derecho al agua, es el derecho humano de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.^[25]

 

A partir de esta definición, se ha señalado que uno de los factores inmodificables para el goce efectivo del derecho al agua potable es la accesibilidad. En concepto del CDESC, “el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna”. Esto implica que a todas las personas se les debe garantizar la accesibilidad física y económica al agua, sin discriminación, y a tener  acceso a información “sobre cuestiones de agua”.^[26]

 

La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la protección de esta faceta del derecho al agua potable en muchas oportunidades. Por ejemplo, en la sentencia T-418 de 2010^[27] se estudió la acción de tutela interpuesta por un grupo de personas que habitaban la zona rural de un municipio, quienes no tenían acceso al servicio de agua potable por razones técnicas que hacían muy costosa la prestación del servicio. Luego de sostener que la acción de tutela era procedente para garantizar a los actores el acceso a agua apta para el consumo humano, en las dimensiones necesarias para asegurarles un mínimo vital en dignidad, y la protección de sus derechos a la salud y la vida, la Corte concluyó que la entidad territorial accionada había vulnerado el derecho al agua de los actores, porque no contaba con un plan de acción para poder asegurarles, progresivamente, el acceso a agua potable, y había empleado los trámites y procedimientos que se debían adelantar ante esa entidad como obstáculo para el goce efectivo del derecho. En consecuencia, ordenó a la entidad territorial accionada que diseñara e implementara un plan para asegurarle a la comunidad rural a la que pertenecían los actores el acceso a agua potable de calidad, y que mientras se ejecutaba dicho plan, adoptara medidas transitorias para que dicha comunidad pudiera acceder a un mínimo de agua potable. En esa oportunidad la Corte sostuvo:

 

“A la luz del orden constitucional vigente, la jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho al agua comprende, entre otras las siguientes protecciones: […] (iv) el derecho al acceso al agua de una o varias personas, cuando se toman acciones positivas que implican limitar la disponibilidad o el acceso a la misma y cuando las autoridades dejan de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que esa situación continúe; (v) que la disposición y acceso al agua no se suspenda en condiciones de urgencia; (vi) el acceso al agua sin discriminación; (vii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de alcantarillado, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; (viii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de acueducto, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; y (ix) cuando los reglamentos, procedimientos o requisitos establecidos son usados como obstáculos que justifican la violación del derecho al agua.”

 

Ahora bien, en casos muy específicos, la Corte Constitucional ha considerado que la decisión de algunas empresas de servicios públicos de negar la prestación del servicio de acueducto ha estado justificada. Por ejemplo, en la sentencia T-055 de 2011,^[28] la Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta por el propietario y la arrendataria de un inmueble, a los que una empresa de servicios públicos encargada de la prestación del servicio de acueducto les había negado la conexión al servicio, argumentando que las aguas residuales del inmueble vertían directamente a una quebrada, y que se requería de un sistema de bombeo que permitiera que estas aguas fueran descargadas a la red de alcantarillado.

 

En las consideraciones de la sentencia, esta Corporación sostuvo que la negativa de la empresa de servicios públicos accionada de prestarle a los actores el servicio de acueducto estaba justificada razonablemente, porque el vertimiento directo de las aguas residuales afectaba el derecho al medio ambiente sano de toda la comunidad. Por lo tanto, en esa oportunidad se concluyó que para prestar el servicio de agua potable en el inmueble objeto de la acción de tutela, era necesario que el propietario del inmueble, en su calidad de rentista, asumiera los costos de instalación del sistema de bombeo requerido para que las aguas residuales fueran descargadas a la red de alcantarillado de la empresa de servicios públicos accionada.

 

5.            EPM vulneró el derecho al acceso al servicio de agua potable del señor Jaime Mejía Arango y de las personas que habitan su vivienda, al negarle la prestación del servicio

 

La controversia objeto de estudio gira en torno al derecho al acceso al agua potable de una persona con discapacidad^[29] y de las personas que habitan el inmueble de su propiedad, entre las que se encuentran dos menores de edad.^[30] En efecto, el actor afirma que construyó su vivienda en el segundo piso de un inmueble, y que ambas construcciones comparten la conexión a los servicios de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, por diferencias con sus vecinos, estas personas cortaron la conexión de su inmueble a la red de acueducto, por lo que debió iniciar los trámites ante EPM para que le prestaran el servicio de agua potable en forma independiente.

 

En el informe presentado por EPM, la entidad accionada manifestó que no recibió en sus dependencias la solicitud de conexión al servicio de agua potable del señor Jaime Mejía Naranjo, porque su inmueble no cuenta con la cédula catastral ni está conectado a la red de alcantarillado, requisitos que consideró indispensables para dar trámite a la solicitud, con base en lo establecido en el artículo 7 del Decreto 302 de 2000.^[31]

 

Durante el trámite de la acción de tutela, la Alcaldía de Medellín aportó copia de la Resolución No. 2766 de 2013,^[32] por medio de la cual se inscribió el inmueble del señor Jaime Mejía Naranjo en la oficina de catastro de ese municipio, así como de la ficha catastral del inmueble del actor.^[33] Sin embargo, en el escrito de impugnación de la sentencia de primera instancia el actor informó que luego de aportar a EPM la cédula catastral de su vivienda, esta entidad se negó nuevamente a tramitar su solicitud de conexión al servicio de agua potable, “argumentando que la dirección no está para un segundo piso”.^[34]

 

En concepto de los jueces de instancia, la decisión de EPM de no recibir la solicitud de conexión al servicio de acueducto del señor Jaime Mejía Naranjo no vulnera derecho fundamental alguno del actor, ya que la presentación de la cédula catastral es un requisito reglamentario, cuyo cumplimiento no fue acreditado por el actor,^[35] y que la acción de tutela no puede ser usada “para soslayar tal requisito, máxime cuando el señor JAIME MEJÍA NARANJO viene gozando del servicio al ser suministrado […] actualmente por otros vecinos”.^[36]

 

La Sala de Revisión no comparte la decisión adoptada por los jueces de instancia en el caso objeto de estudio, y por el contrario, considera que EPM vulneró el derecho al acceso al agua potable del señor Jaime Mejía Naranjo.

 

Para llegar a esa conclusión, debe empezar por señalarse que en este caso la acción de tutela es un mecanismo judicial procedente, porque con su interposición el actor pretende la protección de su derecho y el de las personas que conforman su grupo familiar a acceder al agua potable para su consumo y para suplir necesidades esenciales como el aseo y la preparación de alimentos.

 

Respecto de la sentencia del juez de instancia según la cual la acción de tutela no debe prosperar porque el actor tiene acceso al agua potable que le suministran sus vecinos, es necesario indicar que el Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente del servicio público de agua potable a todos los habitantes del territorio nacional.^[37] Aunque el accionante ha contado con la solidaridad de algunas personas, de este hecho no se puede concluir que tenga asegurado su derecho al acceso al agua potable en las cantidades suficientes para llevar una vida digna, y por el contrario, esta circunstancia se constituye en un indicio de la vulneración de sus derechos fundamentales, pues de este se puede inferir que el actor no está recibiendo la prestación de un servicio público esencial.

 

Ahora bien, EPM argumenta que el inmueble del actor no tiene cédula catastral y que por ello ni siquiera recibió la solicitud del actor. Por lo tanto, la Sala de Revisión analizará si esta es una razón constitucionalmente válida para negarle el acceso al agua potable a una persona con discapacidad y a dos menores de edad. Posteriormente, se analizarán el argumento sobre la falta de conexión del inmueble del actor a la red de alcantarillado.

En la sentencia C-1189 de 2008,^[38] la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 99 de la Ley 812 de 2008 “por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, norma en la que se establecía, entre otras medidas, la prohibición a las entidades prestadoras de servicios públicos de suministrar dichos servicios en edificaciones ilegales. Los accionantes consideraban que dicha disposición vulneraba los artículos 44, 49, 51 y 366 de la Constitución Política.

 

Para resolver la controversia que la demanda planteaba, la Corte adelantó un juicio de proporcionalidad, en el que encontró que el fin perseguido por la norma era desestimular la realización de loteos o edificaciones en asentamientos ilegales, para contribuir en la solución del problema del crecimiento urbano ilegal, el cual calificó como imperioso, porque consideró que este problema, “pone en peligro el goce efectivo de los derechos fundamentales de millones de personas”.

 

Sin embargo, concluyó que la prohibición establecida en la norma era tan amplia que debía ser considerada constitucionalmente inadmisible, porque su implementación suponía “la ausencia de las actividades necesarias para el cumplimiento de las mínimas obligaciones constitucionales del Estado […] como el suministro de agua o la construcción de alcantarillados”, lo que desconocía abiertamente “el principio del estado social de derecho (artículo 1° de la Constitución) y lo fines esenciales y las obligaciones sociales del Estado (artículos 2°, 365, 366, 367, 368, 369 y 370), entre otros”. Adicionalmente, sostuvo que:

 

“Los servicios públicos deben estar al alcance de todos los colombianos y ninguna norma pueda excluir de su acceso a ciertas personas en razón a su condición de pobreza o de marginalidad, como lo hace la norma acusada. […] El Estado ha de propender por un crecimiento urbano sostenible y planificado, pero ello no debe hacerse a expensas de excluir del acceso al agua y otros servicios públicos, máxime si aquellos afectados son individuos bajo una situación de especial vulnerabilidad.”^[39]

 

Siguiendo la estructura del juicio planteado en esa oportunidad por la Corte Constitucional, debe establecerse si la condición de aportar la cédula catastral de un inmueble para acceder a la prestación del servicio público de agua potable establecida en el artículo 7 del Decreto Reglamentario 302 de 2000, persigue la consecución de un fin constitucionalmente legítimo.

 

El artículo 3° de la Ley 14 de 1983 “por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, establece que los catastros buscan la “correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles”.^[40] De lo anterior puede colegirse que la condición de aportar la cédula catastral para obtener la prestación del servicio público de agua potable, pretende incentivar la legalidad de los inmuebles de un municipio, lograr su plena identificación, facilitar la planificación de las inversiones de los recursos públicos y lograr una adecuada tributación, fines que contribuyen a alcanzar los fines sociales del Estado y la prestación eficiente de los servicios públicos.^[41]

 

El suministro de agua potable es un servicio público esencial del cual depende la garantía de derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana, por lo que condicionar la prestación de dicho servicio a que el potencial usuario acredite que el inmueble cuenta con cédula catastral, puede incentivar el registro de los inmuebles que se encuentren en una situación irregular.

 

Sin embargo, la aplicación objetiva de esta medida, en ciertos casos, puede afectar desproporcionadamente derechos fundamentales. Así ocurre, por ejemplo, cuando por incumplir con el requisito se les niega el acceso al acueducto a sujetos de especial protección constitucional, como los niños y las personas con discapacidad. En estos casos, una medida de esa naturaleza implica la vulneración de derechos como la salud, el medio ambiente sano, y en el caso de las niñas y niños, su desarrollo armónico e integral.^[42]

 

En el expediente está acreditado que antes de solicitar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado el 1° de marzo de 2013, el señor Jaime Mejía Naranjo ya había iniciado los trámites para registrar su inmueble en la oficina de catastro de Medellín.^[43] Esto quiere decir que cuando el actor solicitó la conexión del servicio, adelantaba el proceso para obtener la cédula catastral, requisito consagrado en el artículo 7 del Decreto 302 de 2000, “por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”^[44].

 

Pero además, según lo afirma el actor, luego de que la oficina de catastro de Medellín expidió la cédula catastral de su inmueble, EPM negó nuevamente la prestación del servicio argumentando que al expedir dicho documento, se había incurrido en errores por la administración. Esta decisión resulta evidentemente desproporcionada, porque los fines legítimos que una medida de esa naturaleza busca alcanzar ya estarían garantizados con el registro del inmueble, desvirtuándose así cualquier justificación para la vulneración de los derechos fundamentales al acceso al agua potable y a la vida digna de tres sujetos de especial protección constitucional. Si al expedirse el acto administrativo se cometieron errores, el servicio de agua potable debió prestarse mientras se solucionaban los mismos.

 

6.            Sobre la solicitud de conexión al servicio de acueducto presentada por el señor Jaime Mejía Naranjo

 

Cómo ya se indicó, uno de los argumentos expuestos por EPM para negar la conexión del servicio de acueducto, es que el inmueble del actor no está conectado al sistema público de alcantarillado.

 

Al respecto, debe señalarse que la Corte Constitucional sólo ha impartido órdenes para garantizar el servicio de alcantarillado en contextos muy específicos, en los cuales o bien ya existe una conexión al servicio pero en mal estado, o bien la entidad territorial tiene al menos el plan de hacerlo. De hecho, en la sentencia T-406 de 1992,^[45] que es la primera de esta línea, la Corte le ordenó a la administración municipal “la terminación” de las obras de alcantarillado ya iniciadas.  Asimismo, en la sentencia T-022 de 2008,^[46] la Corte dio instrucciones a la administración para iniciar la construcción del alcantarillado en un barrio, pero porque en el proceso de tutela la entidad demandada admitió que ya tenía un proyecto inscrito. Por otra parte, en la sentencia T-734 de 2009,^[47] la Corte ordenó la ejecución de obras de alcantarillado, pero respecto de una red ya existente que sin embargo se encontraba en mal estado.

 

La Sala de Revisión considera que en esta ocasión también se puede garantizar el derecho al servicio de alcantarillado,^[48] porque en la zona sí existe una red de alcantarillado a la que podría conectarse la vivienda del señor Mejía Naranjo, cuando se instalen las acometidas correspondientes.^[49]

 

Según este artículo, en casos como el aumento de la unidad a la cual se le presta el servicio, la empresa de servicios públicos debe evaluar la posibilidad técnica de la prestación del servicio de alcantarillado y determinar las modificaciones hidráulicas que se requieran. Mientras ello ocurre, deberá suministrarse al actor y su núcleo familiar agua potable. La cantidad de agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud, según Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.^[50] Estas diversas cantidades son indicativas, ya que pueden cambiar con arreglo a un contexto en particular, y pueden diferir en el caso de algunos grupos, debido a su estado de salud, trabajo, condiciones climáticas, exigencias culturales u otros factores.^[51]  

 

En el evento en que el inmueble se encuentre conectado a la red de alcantarillado por medio de la acometida del inmueble del primer piso, EPM deberá adelantar en forma inmediata las obras necesarias para garantizar la prestación del servicio de agua potable a la vivienda. Posteriormente, la entidad accionada deberá evaluar si la prestación del servicio requiere obras hidráulicas adicionales, las cuales deberán ser asumidas por el propietario del inmueble, con base en lo establecido en el artículo 11 del Decreto 302 de 2000.^[52] Si se concluye que el inmueble no se encuentra conectado a la red de alcantarillado, EPM deberá iniciar en forma inmediata las obras para garantizar la prestación del servicio de agua potable e instalar la acometida de alcantarillado del inmueble del actor. El costo de estas obras deberá ser asumido por el propietario del inmueble. En cualquiera de los dos casos la cancelación de las obras que se requieran deberá ser acordada con base en la capacidad de pago del actor.

 

Mientras se implementan las obras requeridas, EPM deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el acceso a cantidades de agua potable suficientes al señor Jaime Mejía Naranjo y a su familia, conforme al número de personas que habitan el hogar, y las recomendaciones de la OMS respecto de las cantidades mínimas de agua que garantizan el cubrimiento de las necesidades de salud (que oscila entre 50 y 100 litros de agua diarios por persona). Estas medidas deberán adoptarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, y sólo podrán suspenderse en el momento en que se asegure la prestación del servicio por medio de una conexión a las redes de acueducto y alcantarillado.

 

Por las razones expuestas, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Sala Primera de Revisión revocará los fallos de instancia objeto de revisión, y en su lugar, tutelará los derechos al acceso al agua potable y a la vida digna, del señor Jaime Mejía Naranjo y de las personas que conforman su núcleo familiar, entre ellas, dos menores de edad.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín el 25 de junio de 2013, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín el 3 de mayo de 2013, que negó la tutela de los derechos del actor, y en su lugar, TUTELAR los derechos al acceso al agua potable, a la vida digna y al debido proceso, del señor Jaime Mejía Naranjo y de los menores que habitan el inmueble ubicado en la Calle 48 DD No. 95-181, interior 201, de la Ciudad de Medellín.  

 

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a las Empresas Públicas de Medellín que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, determine si el inmueble está conectado a la red de alcantarillado por medio de la acometida del inmueble del primer piso de esa vivienda, o si no está conectado en lo absoluto a dicha red.

 

Si se concluye que el inmueble no se encuentra conectado a la red de alcantarillado, EPM deberá iniciar en el término de diez (10) días las obras para garantizar la prestación del servicio de agua potable e instalar la acometida de alcantarillado del inmueble del actor. El costo de estas obras deberá ser asumido por el propietario del inmueble. La cancelación de las obras que se requieran deberá ser acordada con base en la capacidad de pago del actor.

 

Tercero.- Mientras se implementan las obras requeridas, EPM deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el acceso a un mínimo de agua potable al señor Jaime Mejía Naranjo y a su familia, teniendo presente las recomendaciones de la OMS sobre las cantidades mínimas de agua que garantizan el cubrimiento de las necesidades de salud (que oscila entre 50 y 100 litros de agua diarios por persona),^[53] y empleando los medios que consideren apropiados para el efecto. Estas medidas deberán adoptarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, y sólo podrán suspenderse en el momento en que se asegure la prestación del servicio por medio de una conexión a las redes de acueducto y alcantarillado.

 

Cuarto.- ENVIAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, copia de la presente providencia a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, para lo de su competencia.

 

 

Quinto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General