Sentencia T-741/14

 

 

TRASLADO, EXHUMACION E INHUMACION DE CADAVERES-Importancia del rito funerario por parte de los familiares, como manifestación del derecho a la libertad de cultos

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA-Manifestación a través del ejercicio del rito funerario

 

DERECHO DE LOS FAMILIARES A DISPONER DEL CADAVER Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS-Protección constitucional

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA-Línea jurisprudencial respecto al derecho de los familiares a disponer del cadáver para exhumación e inhumación

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA-Caso en que la accionante solicita transporte para el traslado del cadáver de su esposo fallecido en otra ciudad

 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado y daño consumado

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA-Vulneración por alcaldía al imponer obstáculos injustificados para traslado del cadáver al sitio de domicilio para ceremonia funeraria

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA-Orden a Alcaldía realice gestiones administrativas y presupuestales para lograr la exhumación, traslado y la inhumación del cadáver para ceremonia funeraria

 

 

Referencia: expediente T-4379719

 

Acción de tutela promovida por Celina López Yavinape contra Caprecom EPS-S y el Municipio de Inírida.

 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida, Guainía.

 

Asunto: Derechos a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia. Traslado, exhumación e inhumación de cadáveres.

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014).

 

 

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y las Magistradas Martha Victoria Sáchica Méndez y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

En la revisión de la sentencia dictada el 25 de febrero de 2014, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida, dentro de la acción de tutela promovida por Celina López Yavinape contra Caprecom EPS-S y el Municipio de Inírida.

 

El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que efectuó el referido despacho judicial, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 11 de junio de 2014, la Sala Sexta de Selección de Tutelas de esta Corporación lo escogió para revisión.

 

I. ANTECEDENTES

 

El 13 de febrero de 2014, la señora Celina López Yavinape promueve acción de tutela contra Caprecom EPS-S y el Municipio de Inírida, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de cultos y de conciencia, pues tales entidades se negaron a prestarle apoyo económico y logístico para trasladar el cuerpo de su difunto compañero permanente, de Villavicencio a Inírida, quien había sido llevado a la capital del Meta, por una emergencia médica.

 

La accionante no cuenta con recursos económicos para financiar el transporte del cadáver, en consecuencia, solicita que se le proteja su derecho a disponer del cuerpo de su compañero y, por ende, se ordene el traslado del difunto a Inírida, para darle “cristiana sepultura y sobrellevar el duelo”^[1].

 

A. Hechos y pretensiones

 

1. Celina López Yavinape afirma que su compañero permanente, el señor Noel Aubes Albes Santana, fue remitido por Caprecom EPS-S del Hospital Manuel Elkin Patarroyo de Inírida, al Hospital Departamental de Villavicencio, donde falleció el 3 de febrero de 2014. Debido a lo anterior, la accionante solicitó a la EPS trasladar el cadáver de su compañero de vuelta a Inírida, para darle “el último adiós” por parte de ella y de su hijo^[2].

 

2. La EPS-S negó el servicio, argumentando que los gastos funerarios y el traslado del cadáver no están contemplados en el POS; sin embargo, remitió la petición a la Defensoría del Pueblo, Regional Guainía^[3].

 

3. En virtud de lo anterior, la Defensora encargada de ese ente territorial, solicitó al Alcalde de Inírida el traslado y entierro del fallecido, debido a que la accionante no cuenta con recursos económicos para efectuar dichos trámites^[4]. Explicó que, de acuerdo al Código de Régimen Municipal (arts. 268 y 269), la Ley 1448 de 2011 (art. 5º) y a la sentencia T-165 de 2013 de la Corte Constitucional, la obligación del traslado del cuerpo se encuentra en cabeza del Municipio de Inírida.

 

4. En respuesta del 11 de febrero de 2014^[5], dirigida a la Defensora encargada, el Secretario de Gobierno y Administración Municipal indicó que, para esa fecha, la Alcaldía no contaba con un contrato de transporte vigente que les permitiera garantizar el traslado. Aunado a lo anterior, señaló que no es posible dar aplicación a la Ley 1448 de 2011, ya que no se acreditó que el fallecimiento del señor Albes Santana fue causado por un “hecho victimizante”.

 

5. Por todo lo expuesto, la accionante considera que se le está negando “el derecho” a ella y a su familia “de darle santa sepultura” al señor Noel Aubes Albes Santana^[6]. En consecuencia, solicita que se le protejan los derechos a la libertad de cultos y de conciencia, en relación con la posibilidad de disponer del cadáver de su compañero permanente y, por ende, se ordene el traslado del cuerpo a Inírida para efectuar el correspondiente entierro.

      

B. Actuación procesal

 

El 13 de febrero de 2014, la accionante presentó declaración ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida, en la que indicó que su hijo de 17 años trabaja “en las minas de Colombia” y ella, en oficios varios, como lavar ropa o cocinar. Así mismo, afirmó que no posee el registro civil de defunción de su compañero, pues no sabe dónde solicitarlo^[7].

 

El 17 de febrero de 2014, el Juzgado referido admitió la acción de tutela, notificó a las entidades demandadas para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción y vinculó al Departamento de Guainía por considerar que podría resultar afectado con las órdenes que se profieran en este asunto. Así mismo, el 20 de febrero siguiente, solicitó informe al representante legal del Hospital Departamental de Villavicencio.

 

Las entidades accionadas y vinculadas, presentaron escritos de contestación, así:

 

1. Alcaldía de Inírida^[8].

 

El Alcalde de Inírida señaló que tenía toda la voluntad de atender la solicitud elevada por la accionante. Sin embargo, como le informó a la Defensora del Pueblo, ante su requerimiento, para el momento de la petición, no existía un contrato de transporte que le permitiera trasladar el cadáver y no podía efectuar nuevas contrataciones debido a la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

 

Adicionalmente, frente a los hechos de la demanda, aseguró que no consta prueba de la unión marital de hecho entre la accionante y el difunto, ni de la difícil situación económica de ella alega, que le impide cubrir los traslados necesarios.

 

2. Gobernación de Guainía^[9].

 

El Secretario Jurídico y de Contratación del Departamento de Guainía se opuso a que ese ente territorial fuera obligado a asumir el costo del traslado del cadáver, toda vez que esa función no hace parte de sus obligaciones y competencias constitucionales y legales. Manifestó que los recursos del “sector salud”, no pueden invertirse en asuntos diferentes a éste, pues ello constituiría un desvío en la destinación de dineros públicos.

 

3. Caprecom EPS-S^[10].

 

El Director Territorial de Caprecom EPS-S rechazó las pretensiones de la acción de tutela, al estimar que esa entidad no vulneró ningún derecho fundamental de la accionante. Lo anterior, debido a que su función única es la prestación del servicio de salud y los recursos que administra están destinados a cubrir los beneficios establecidos en el Plan Obligatorio de Salud (Resolución 5221 de 2013), dentro de los cuales no se encuentra el traslado de cadáveres.

 

Frente a los hechos referidos en la demanda, la EPS-S explicó que, previo al traslado del señor Albes Santana de Inírida a Villavicencio, se realizó una visita domiciliaria al paciente, en la cual no se encontró ninguna red de apoyo familiar en el albergue donde se encontraba. También señaló que durante el tiempo en que el paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Villavicencio, no se presentó ninguna persona a averiguar por él. Por esta razón, una vez ocurrido el deceso, dicha entidad solicitó a la Defensoría del Pueblo de la Regional Guainía colaboración en los trámites necesarios para disponer del cuerpo.

 

4. Hospital Departamental de Villavicencio^[11].

 

El Jefe de la Oficina Jurídica indicó que el señor Noel Aubes Albes Santana falleció el 3 de febrero de 2014 en las instalaciones del Hospital. Allí se expidió certificado de defunción y se informó del deceso a la encargada del albergue donde permanecía el paciente, en Villavicencio.

 

Señaló que el 20 de febrero de 2014, esto es diecisiete días después del fallecimiento, “sin respuesta de ningún familiar o persona encargada”, el difunto fue llevado a una fosa común del Cementerio Central de Villavicencio, procedimiento realizado por la Funeraria Moya Osorio de esa ciudad.

 

C. Decisiones objeto de revisión

 

Sentencia de única instancia

 

El 25 de febrero de 2014, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida, profirió sentencia en la que declaró que el Municipio de Inírida vulneró los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de conciencia de la accionante, en la medida en que, ese ente tenía la obligación legal de transportar el cadáver de su compañero permanente desde Villavicencio a Inírida, ante la ausencia de recursos económicos de ésta.

 

La Jueza analizó la sentencia T-165 de 2013 de esta Corte y consideró que constituía un precedente aplicable para este caso. En esa medida, verificó que la accionante no contaba con recursos económicos para asumir el traslado del cadáver, por lo cual, el Municipio de Inírida debió ampararla, de conformidad con el Código de Régimen Municipal. Así mismo, refirió que la EPS-S cumplió todas sus obligaciones legales y que no debía responder por los hechos que originaron esta acción de tutela.

 

No obstante lo anterior, explicó que el cadáver que se pretendía transportar fue sepultado mientras se surtía el trámite de esta acción de tutela, debido a lo cual era “imposible su traslado”, en ese momento, “por asuntos de salubridad pública”^[12]. En esa medida, declaró la carencia actual de objeto, por daño consumado.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Situación que se analiza y planteamiento de problemas jurídicos

 

2. La demandante presentó acción de tutela contra Caprecom EPS-S y el Municipio de Inírida, al considerar que tales entidades vulneraron sus derechos a la libertad de cultos y de conciencia, ya que se negaron a prestarle el apoyo económico y logístico que requería, para transportar el cuerpo de su difunto compañero permanente a Inírida, con el fin de darle “cristiana sepultura y sobrellevar el duelo”^[13]. Ante una emergencia médica, el compañero permanente había sido trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio. 

 

El Juzgado de instancia declaró vulnerados tales derechos por parte del Municipio de Inírida puesto que éste tenía la obligación legal de trasportar el cuerpo. Sin embargo, estimó que se configuró carencia actual de objeto por daño consumado, ya que el difunto había sido sepultado, finalmente, en Villavicencio.

 

3. En esa medida, de la presente acción de tutela surgen dos problemas jurídicos. De un lado, se debe establecer si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de conciencia de la accionante, al negarse a trasladar el cadáver para que se le diera “santa sepultura”, bajo los argumentos, por parte de la EPS, de ser un servicio no cubierto por el POS; y, por parte del Municipio de Inírida, de no existir un contrato de transporte vigente, para esa época, y de no poder realizar nuevas contrataciones debido a la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

 

El segundo problema jurídico consiste en determinar, si la inhumación del cadáver del compañero permanente de la tutelante en una fosa común del Cementerio Central de Villavicencio, configuró en el presente caso la carencia actual de objeto por daño consumado, conforme a lo señalado por el juzgado.

 

4. Para resolver los problemas planteados, resulta necesario para esta Corporación abordar los siguientes temas concretos: (i) Caracterización de los derechos a la libertad de cultos y de conciencia y su manifestación a través del ejercicio del rito funerario. (ii) El traslado, exhumación e inhumación de cadáveres por parte de los familiares, como manifestación del derecho a la libertad de cultos. Y (iii) reglas jurisprudenciales para la configuración de la carencia actual de objeto.

 

Caracterización de los derechos a las libertades de culto y de conciencia y su manifestación a través del ejercicio del rito funerario.

 

5. Las libertades de culto y de conciencia han sido históricas conquistas del pensamiento contemporáneo^[14]. Hoy en día son reconocidas libertades, no sólo dentro del catálogo de los derechos humanos, sino también como libertades públicas sustanciales y derechos fundamentales de la persona^[15].

 

6. A nivel internacional, su reconocimiento como derecho humano está explícito en los artículos 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)^[16], 3º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)^[17], 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)^[18] y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) ^[19], entre otros instrumentos supranacionales.

 

De manera general, tales artículos establecen que toda persona tiene derecho a manifestar y profesar libremente una religión o una creencia, y a pensar y actuar en concordancia a ésta. Así mismo, instituyen límites a los Estados para que se abstengan de infringir dichas garantías y promueven acciones en favor de su protección.

 

7. En Colombia, el libre culto y la libre conciencia tienen el carácter de derechos fundamentales. El artículo 18 de la Constitución consagró la protección a la libertad de conciencia, por lo que en virtud de ella, nadie puede ser molestado por sus creencias o convicciones, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en su contra.

 

En similar sentido, el artículo 19 ibídem estableció la garantía a la libertad de cultos, por la cual toda persona tiene derecho a profesar y difundir libremente su religión, de manera individual y colectiva. Se precisó, además, que todas las religiones e iglesias son iguales ante la ley.

 

8. Ahora bien, en ordenamientos estatales liberales y democráticos como el colombiano, una lectura sistemática de las definiciones normativas de los derechos a la libre conciencia, religión y culto, permite extraer de ellos ciertos contenidos y alcances específicos.

 

El primer contenido, es el dirigido a prohibir de manera expresa que exista discriminación por razones religiosas. Es decir, la conciencia, el credo o la religión no pueden ser usados como criterios de exclusión, pues ello vulneraría la Constitución^[20].

 

En este sentido, se reitera que ni el Estado ni la sociedad pueden (i) “molestar” a una persona por sus creencias, (ii) compelerla a revelarlas, u (iii) obligarla a actuar en su contra. Adicionalmente, resulta claro que existe el derecho (iv) a profesar cualquier religión, (v) a cambiarla, o (vi) a no poseer ninguna, sin que ello pueda ser objeto de reproche constitucional.

 

Un segundo contenido del derecho, está dirigido a permitir la libre manifestación pública o privada, individual o colectiva, de las diferentes creencias o convicciones.

 

En esa medida los ciudadanos tienen derecho a: (i) practicar, sin perturbaciones o coacciones externas, actos de culto o ceremonias^[21]; (ii) recibir asistencia religiosa o confesional en determinados lugares como cárceles, cuarteles o centros médicos^[22]; (iii) celebrar sus festividades religiosas; (iv) recibir sepultura conforme al culto, ritos y preceptos del difunto o de sus familiares^[23]; (v) celebrar uniones familiares, matrimonios, nacimientos u otros rituales, conforme a una religión o creencia determinada; y vi) recibir, impartir o rehusar educación religiosa, entre otros.

 

9. Por todo lo anterior, para la protección de las libertades de culto, religión o conciencia, el Estado debe abstenerse de exigir determinados comportamientos religiosos o morales a sus ciudadanos, permitir la libre manifestación de una creencia o religión y proteger a las personas para que no sean objeto de tratos segregacionistas basados en convicciones íntimas o religiosas.

 

El traslado, la exhumación e inhumación de cadáveres. Importancia del rito funerario por parte de los familiares, como manifestación del derecho a la libertad de cultos.

 

10. Desde una mirada antropológica, la muerte y su ritualización son aspectos fundamentales para los individuos y las sociedades. La idea del paso de una vida a la otra condensa los valores y las explicaciones que sobre el nacimiento, la existencia y la trasmutación, tiene cada grupo social. Por tanto, las ceremonias de muerte cumplen funciones de vital importancia para las elaboraciones del duelo y permiten que los individuos asuman otra etapa de la vida, frente a las personas que ya no están.

 

Se pregunta el antropólogo Carlos Rodríguez, “¿Cómo puede el individuo y el grupo asumir el vacío y el horror de la nada?”, y responde: “solamente ritualizando dentro de su propio marco cosmológico, su propia concepción de la muerte y de la vida, para separar la muerte de la vida y recolocar psicológica y socialmente a los deudos y al resto del grupo en la nueva situación”^[24].

 

11. Esta idea de la “recolocación” y la relación entre los vivos y sus deberes con sus muertos, ha sido especialmente abordada en algunos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se ha analizado la estrecha relación entre el respeto a la dignidad de los parientes vivos y la debida realización de los ritos fúnebres a sus muertos.

 

Casos como Aloeboetoe y otros (1991), Bámaca Velásquez  (2000-2002), Bulacio (2003), “Niños de la Calle” o Villagrán Morales y otros (1999-2001),  Hermanos Gómez Paquiyauri (2004), Masacre Plan de Sánchez (2004) y Comunidad Moiwana (2005), entre otros, dan cuenta de la necesidad muy humana de efectuar los rituales de muerte, las ceremonias religiosas o cultos fúnebres de los seres queridos, en especial cuando estos han desaparecido inesperadamente y sus restos mortales, inhumados sin respeto ni consideración. 

 

12. En especial se recuerdan los votos razonados del juez Antonio Augusto Cançado Trindade en los casos Comunidad Moiwana contra Surinam, y Bacamá Velásquez contra Guatemala, que traen importantes reflexiones sobre el tema. En el caso Comunidad Moiwana contra Surinam se explica por ejemplo, cómo se entienden los deberes de los vivos hacia sus muertos (párrafos 47 a 53), en el voto razonado, así:

 

“VII.   Deberes de los Vivos hacia Sus Muertos.

 

47. Como ya señalé anteriormente, no es posible considerar el fenómeno de la vida sin tener en cuenta lo mismo respecto de la muerte, la vida y la muerte han sido consideradas pari passu en la historia del pensamiento humano.

 

(…)

 

49. De hecho, las distintas creencias religiosas^[25] brindan una especial importancia a la conducta de los vivos respecto de sus muertos. La fe Bahá'í, por ejemplo, sostiene la posibilidad de que aún la condición de “aquellos que han muerto en pecado y descreídos pueden volver cambiados” mediante las “oraciones y súplicas” por sus almas de aquellas personas que siguen con vida^[26].

 

(…)

 

51. Se puede mencionar otros ejemplos relacionados con este tema. En la región de la Araucanía en Chile, por ejemplo, la comunidad mapuche también le atribuye una importancia especial a los ritos fúnebres; para sus miembros, la ceremonia de la sepultura es una “expresión de solidaridad de la comunidad"^[27]. Desde el punto de vista mapuche, “la comunicación con los muertos es cultural, lógica, forma parte de la cosmovisión y religión mapuche"^[28].

 

52. A su vez, los mayas, aztecas y los incas creían en la vida post mortem. Para los aztecas, la muerte formaba parte de la vida (ciclo de regeneración); para los incas, la muerte no era más que el pase de esta vida a la otra vida. En la cultura maya, azteca e inca, “vivir es morir y morir es vivir”; la vida post mortem no está condicionada por las actitudes personales; es un ciclo continuo^[29]. En las distintas culturas, el paso del tiempo es visto como aquello que refleja la solidaridad entre las generaciones humanas que, como las estaciones, se suceden entre ellas en el tiempo^[30]. (…)”

 

13. Así mismo, la Corte Interamericana resaltó que la muerte de un individuo trae consecuencias que afectan directamente la vida de sus sobrevivientes, no sólo de carácter jurídico, sino de toda índole, incluida la “moral” o “espiritual”. Por ello, el respeto por los restos mortales y la realización de las ceremonias fúnebres acorde con las creencias religiosas del fallecido, encuentra respaldo no sólo en los derechos humanos, sino también “en la espiritualidad de todas las culturas y religiones^[31]”^[32].

 

14. Ahora bien, por ser pertinente en este asunto, es importante aclarar brevemente que la religión y el culto, no son sinónimos.

 

La religión se circunscribe al “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”^[33].

 

El culto se limita especialmente a las prácticas y realización de ritos y actos promovidos por una determinada religión. El culto es, apenas, uno de los elementos de la religión^[34].

 

15. En esa medida, la libertad de cultos protege principalmente la manifestación externa de unas convicciones o sentimientos, que permiten al creyente dignificar su fe y actuar de manera coherente con su representación interna de la divinidad o de su objeto de adoración.

 

En consonancia con lo anterior, esta Corporación en varias oportunidades ha abordado situaciones en las cuales está de por medio el deseo de las personas de realizar los actos necesarios para que sus seres queridos tengan rituales de muerte dignos y acorde a sus convicciones religiosas.

 

La jurisprudencia constitucional se ha ocupado de temas como la disposición, inhumación, exhumación o traslado de cadáveres y ha planteado la relación de tales actividades con algunos derechos fundamentales^[35].

 

16. Así, por ejemplo, en la sentencia T-162 de 1994^[36] se revisó un caso en el que una familia que habían enterrado a su padre, se vio sorprendida por la decisión de un hijo extramatrimonial de trasladar los restos del difunto a otro cementerio. Ante esos hechos, la Corte resolvió dos interrogantes “el primero, ¿quién tiene derecho a exhumar un cadáver?, y, el segundo, ¿quién tiene derecho a inhumarlo?”.

 

La Corte precisó que tienen prioridad en la disposición del cadáver el o la cónyuge o compañero(a) permanente, los hijos, los padres, los hermanos, los abuelos o los nietos del fallecido. Sin embargo, aclaró que esa potestad que tienen los familiares, debe estar regida por el respeto al cuerpo inerte y, en ningún caso, tal titularidad se asemeja a la propiedad o la posesión. Así mismo, estableció que sólo frente a estas personas se configura el derecho a la libertad de cultos y de conciencia en relación con la sepultura del cuerpo.

 

Así mismo, en ese fallo, se efectúo una reflexión sobre el valor simbólico del cadáver y la significación del entierro católico^[37]. Frente a esto se explicó que al vincularse la muerte con profundas elaboraciones simbólicas y religiosas, el culto o rito mortuorio adquiere total trascendencia para que las personas puedan efectuar más fácilmente el duelo y reelaborar sus relaciones psíquicas con el difunto.

 

17. En la sentencia T-462 de 1998^[38], igualmente, esta Corte analizó un asunto en el que una señora solicitaba el traslado del cadáver de su esposo a un cementerio católico, pues éste había sido enterrado como NN, después de haber desaparecido. Las autoridades de salud pública impedían la exhumación y el traslado correspondiente, porque el difunto no llevaba más de 4 años de inhumado, tal y como lo exigía la norma sanitaria.

 

Allí se explicó que la pretensión de una persona de venerar la tumba de un ser querido se encuentra protegida constitucionalmente por el artículo 19 Superior. De manera que el sepulcro, concebido como una práctica simbólica y depositaria de valores religiosos, adquiere una connotación jurídica.

 

Por tanto, después de reiterar su jurisprudencia, esta Corporación declaró vulnerado el derecho fundamental al culto, ya que se le había impedido a la actora realizar la ceremonia de muerte de su compañero y otorgarle un lugar digno donde pudiera rendirle honor y efectuar su duelo.

 

18. El más reciente pronunciamiento constitucional sobre el derecho a la libertad de cultos en este aspecto específico relacionado con la sepultura de cadáveres, conforme a los ritos y elaboraciones religiosas de los familiares o del difunto, es la sentencia T-165 de 2013^[39].

 

En esa ocasión una mujer reclamaba el traslado a su municipio de origen, de dos fetos sin vida que le extrajeron de su vientre en un Hospital de Bucaramanga. Para ella se hacía indispensable realizar el entierro conforme a los ritos cristianos previstos para el efecto. Para esta Corte, tal petición fue un ejercicio válido de la libertad de cultos y de conciencia y adquirió un matiz trascendental, por lo que, protegió los derechos de la señora y ordenó el traslado de los cuerpos de los no nacidos a su lugar de origen.

 

19. De lo expuesto hasta ahora resulta claro que el culto en las distintas religiones del mundo, es un elemento inescindible de la creencia, razón por la cual se protege constitucionalmente su libre manifestación. Por ello, esta Corte, a través de los casos citados, fijó algunas reglas jurisprudenciales en torno a su salvaguarda, que pueden sintetizarse así:

 

a)     Los familiares cercanos son los únicos que tienen el derecho a la disposición del cadáver de un ser querido. Esa disposición se debe ejercer con respeto por el cuerpo inerte, y en ningún caso, tal titularidad se asemeja a la propiedad o la posesión.

 

b)    Todo acto que impida injustificadamente el ejercicio de un culto religioso, vulnera los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de conciencia.

 

c)     La incapacidad económica de los familiares para asumir los costos del traslado, exhumación y/o inhumación de cadáveres, no puede ser un obstáculo para el ejercicio de los ritos fúnebres. Tales rubros deben ser cubiertos por los entes municipales, en virtud del Decreto 1333 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen Municipal^[40].

 

20. En conclusión, para esta Corte es claro que permitir la manifestación de las ceremonias o ritos de muerte, a través del derecho de los familiares a trasladar, exhumar o inhumar el cadáver de un ser querido, hace se parte esencial del respeto y protección del derecho a la libertad de culto.

 

Jurisprudencia constitucional y la configuración de la carencia actual de objeto.

 

21.  El numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precisa que la acción de tutela resulta improcedente “cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”.

 

Esta Corte estableció que la razón de ser de dicho numeral es la efectividad del amparo constitucional. Es decir, se configura una carencia actual de objeto, cuando la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el  juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.

 

Así, la carencia actual de objeto puede ocurrir por diversas situaciones que el juez debe verificar, como por ejemplo, el hecho superado o el daño consumado. (i) El hecho superado se produce cuando antes de dictar el fallo de tutela, el juez constata que se reparó la amenaza o la vulneración del derecho cuya protección se reclama. En este caso es importante que el juez verifique que efectivamente el derecho está vigente y protegido para la persona que solicitó la acción de tutela. Si es así, el juez no tendría la necesidad de emitir órdenes para proteger derechos y estaría correctamente configurada la figura. 

 

(ii) El daño consumado, por su parte, supone que no se reparó ni se detuvo la vulneración del derecho, sino que, por el contrario, la falta de garantía produjo el perjuicio que precisamente se pretendía evitar. Para la configuración del daño consumado el juez debe seguir unas pautas a fin de asegurar que en el caso en cuestión este, efectivamente imposibilitado para emitir órdenes de protección de derechos, así:

 

a)     Debe establecer si la afectación al derecho que se pretende proteger se dio en un único momento o si por el contrario es continua.

 

b)    Si es continua, no es procedente declarar el daño consumado, pues ante la persistencia de la afectación, existe la posibilidad de emitir órdenes para reestablecer o reparar el derecho violentado. 

 

c)     Si la afectación se da en un único momento, es necesario: (i) verificar que la afectación al derecho se detuvo y (ii) descartar implicaciones adicionales que mantengan vigente la violación del derecho.

 

Para concluir, en los términos de la sentencia SU-667 de 1998^[41], “no es posible admitir como hecho consumado ni sostener para el caso la carencia actual de objeto de la decisión judicial, cuando todavía, mediante la sentencia, es posible restablecer la efectiva vigencia de los derechos fundamentales violados”.

 

Análisis del caso concreto

 

Examen de procedencia.

 

22. Antes de proceder al estudio de fondo del caso concreto esta Sala identifica que la presente acción de tutela es plenamente procedente, ya que cumple con los siguientes requisitos: (i) busca la protección de derechos fundamentales que están siendo vulnerados por omisiones de autoridades estatales; (ii) no existen otros mecanismos de defensa judiciales disponibles para que la actora logre la salvaguarda de sus derechos; (iii) la accionante inició su búsqueda de ayuda de forma oportuna, acudió ante la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Inírida y el Juez de tutela, a escasos 2, 8 y 10 días, respectivamente, después del fallecimiento de su compañero permanente, y (iv) responde en consecuencia, a los principios de subsidiariedad e inmediatez propios de esta acción constitucional.

 

Estudio de fondo

 

23. Así, para resolver el primer problema jurídico planteado en esta providencia sobre la sepultura de los seres queridos acorde a los ritos religiosos de cada persona, revisará la Sala los siguientes aspectos:

 

·        La accionante cuenta con la titularidad para solicitar la exhumación, traslado e inhumación del cadáver de su compañero permanente

 

En efecto, a pesar de la objeción que presentó el Alcalde de Inírida, referida a que la actora no aportó prueba de la unión marital de hecho y de las dudas que surgieron de las respuestas dadas por la EPS-S y el Hospital de Villavicencio, sobre la presunta ausencia de acompañamiento familiar al entonces paciente, recuerda esta Sala que la acción de tutela, en cualquier caso, es flexible en materia probatoria. Por ello, aunque no conste una declaración judicial o ante notario de la unión marital de hecho de Celina López Yavinape y Noel Aubes Albes Santana, sí constan las manifestaciones realizadas por ésta ante el juez de tutela^[42] y ante la Defensoría del Pueblo^[43].

 

En ellas se afirma que el difunto y la accionante convivieron por más de 10 años y que, adicionalmente, tuvieron un hijo en común, situación que se acreditó con el Registro Civil de Nacimiento del joven^[44]. Por tanto, la referida objeción no puede tener cabida, ya que para esta Sala es claro que la solicitud se encuentra apoyada en un nexo familiar que legitima plenamente la exigencia y el deseo de la accionante.

 

24. En torno a la falta de acompañamiento familiar al difunto, esta Sala encuentra que, en primer lugar, este argumento no desvirtúa la legitimidad de la actora para disponer del cadáver.

 

En segundo lugar, la misma EPS-S desvirtúa su propia afirmación sobre la ausencia de red de apoyo familiar del difunto, cuando afirma que la accionante se presentó en el “mes de febrero”^[45] a buscar información sobre su compañero permanente.

 

Y por último, si bien en el reporte presentado por el Hospital de Villavicencio se indica que nadie se presentó a visitar al paciente durante su estadía allí, para esta Sala es entendible que la actora no se haya trasladado a esa ciudad, dado que no cuenta con recursos económicos suficientes para costear un tiquete aéreo o trasladarse por medio fluvial, únicas vías de comunicación entre Inírida y Villavicencio.

 

25. Por todo lo anterior, concluye la Sala, que la accionante tiene titularidad para disponer del cadáver del señor Noel Aubes Albes Santana y, por ende, de solicitar apoyo logístico y económico para efectuar su correspondiente entierro. 

 

·        Se presentaron actos injustificados que impidieron la celebración del rito funerario, conforme a las creencias religiosas de la accionante

 

26. Esta Sala debe constatar si se presentaron actos injustificados que impidieron la celebración de la ceremonia religiosa para despedir al difunto, conforme a las creencias de la tutelante. Para abordar este aspecto, la Sala analizará la actuación de las entidades demandadas.

 

Se advierte que mientras el señor Noel Aubes Albes Santana estuvo con vida, la EPS-S Caprecom cumplió sus obligaciones dentro del marco de sus atribuciones y competencias, en las cuales, evidentemente, no se encuentra asumir el traslado o el entierro de los pacientes que fallecen.

 

Se exalta que cuando tuvo conocimiento de la situación, la EPS-S dirigió las solicitudes de traslado del cuerpo  del paciente fallecido, a la Defensoría del Pueblo Regional Guainía, actuando con la debida diligencia. Por tales motivos, para esta Sala es claro que tal entidad no vulneró los derechos invocados por la accionante.

 

27. Frente al Hospital Departamental de Villavicencio, esta Corte advierte que, en principio, su actuación pudo resultar razonable, no obstante, como se verá, sus acciones se basaron en un error.

 

Esa entidad, con apoyo de otras autoridades, decidió enterrar el cuerpo sin vida del señor Noel Aubes Albes Santana, en una fosa común del Cementerio Central de Villavicencio. Lo anterior, bajo el supuesto de que el cadáver llevaba 17 días de muerto y ningún familiar había reclamado sus restos.

 

Como se explicó, tal decisión se tomó bajo un supuesto fáctico errado. Se dio por sentado que el difunto no tenía ningún familiar que pudiera reclamar la disposición de su cuerpo^[46], pero esto no era cierto. Esta Sala constató que una vez enterada del deceso, la actora emprendió la búsqueda de ayuda, a través de la Defensoría del Pueblo, para trasladar el cuerpo de su compañero al municipio de origen y procurarle el respectivo rito funerario.

 

Como quedó evidenciado, la actora realizó varias gestiones a escasos 2, 8 y 10 días después del 3 de febrero de 2014, fecha del deceso. En el expediente constan: (i) el oficio del 5 de febrero de 2014, dirigido por la Defensora del Pueblo al Alcalde de Inírida^[47], (ii) la respuesta negativa por parte de la Alcaldía del día 11 del mismo mes y año^[48], y (iii) la presentación de esta acción de tutela el 13 de febrero siguiente^[49].

 

Adicionalmente, es claro que a la actora no le era posible viajar a Villavicencio para reclamar el cuerpo, en tanto, como quedó evidenciado, tal traslado es excesivamente costoso para ella, debido a sus escasos recursos económicos.

 

De lo expuesto, esta Sala concluye que el entierro del cuerpo en el Cementerio Central de Villavicencio atendió a una falta de coordinación de las autoridades involucradas y, en especial, a la conducta de la Alcaldía de Inírida, como se verá.

 

28. En efecto, esta Corporación encuentra que la Alcaldía de Inírida incurrió en omisiones constitutivas de violación a los derechos a la libertad de cultos y de conciencia de la actora. De un lado, se constató que esa entidad tuvo conocimiento de las solicitudes realizadas por la actora^[50]. Sin embargo, omitió informar a las autoridades de Villavicencio, lo cual era necesario para evitar el entierro del cuerpo en esa ciudad y coordinar el traslado del mismo hacia Inírida. De otro modo, la Alcaldía se escudó en que, a pesar de tener la voluntad, no podía prestar el apoyo logístico y económico necesario, puesto que no existía contrato de transporte vigente que le permitiera trasladar el cadáver y no podía realizar nuevas contrataciones debido a la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

 

Para esta Sala, tal argumento no puede ser aceptado, por las siguientes razones:

 

1.     Las restricciones a la contratación pública directa por parte de todos los entes del Estado en época electoral, está estipulada en el artículo 33 de la Ley 966 de 2005, de garantía electorales^[51].

2.     Dicho artículo establece unas excepciones a esa restricción, relacionadas con contrataciones para i) la defensa y seguridad del Estado, ii) el crédito público, iii) las emergencias educativas, sanitarias y desastres, iv) la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones en caso de atentados, destrates naturales o fuerza mayor y v) las actividades realizadas por entidades sanitarias y hospitalarias.

3.     Son autoridades sanitarias las entidades jurídicas de carácter público con atribuciones para ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los sectores público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y seguimiento que garanticen la protección de la salud pública. Las Alcaldías, a través de sus direcciones de salud, son autoridades sanitarias^[52].

4.     El traslado de un cadáver al municipio de origen, es necesario para logar debidamente su inhumación. Tal actividad debe darse con celeridad e idoneidad, pues lo contrario, podría generar problemas de salubridad pública. Es decir, es una actividad de carácter sanitario, regulada por normas de dicha naturaleza^[53].

5.     El legislador previó que cuando sea necesaria la ejecución de actividades sanitarias como ésta (traslado e inhumación de un cadáver), la contratación no puede suspenderse, ni en época electoral, pues ello generaría perjuicios mayores, relacionados con la salud pública (inc. 2º art. 33 L. 966/05).

6.     Por tanto, el Alcalde de Inírida sí podía contratar el transporte del cadáver del señor Noel Aubes Albes Santana, a pesar de estar vigente la Ley de Garantías Electorales.

 

Por todo lo expuesto, para esta Sala resulta evidente que la Alcaldía de Inírida incumplió sus deberes legales y constitucionales, al imponerle obstáculos injustificados a la petición de ayuda elevada por la accionante, para el traslado del cuerpo de su difunto compañero permanente a ese municipio.

 

·        En el presente caso, la accionante no contaba con recursos propios para costear el traslado del cadáver y efectuar la ceremonia funeraria de su compañero

 

29. Esta Sala debe constatar la incapacidad económica de la accionante, a fin de establecer plenamente la responsabilidad de la Alcaldía de Inírida, en el traslado y entierro del cadáver en cuestión.

 

Frente a este punto, la accionante manifestó que no posee recursos suficientes, que su grado de instrucción es “analfabeta” y vive de oficios varios como lavar ropa o cocinar. Así mismo, indicó que su hijo trabaja en “las minas de Colombia”. Tales afirmaciones no fueron controvertidas por ninguna entidad demandada y, por el contrario, fueron reiteradas por la Defensoría del Pueblo.

 

Por tanto, resulta evidente que en este caso sí se presenta la mencionada imposibilidad financiera para efectuar el traslado, más aún cuando se tiene conocimiento que éste debe hacerse por vía aérea y en unas condiciones logísticas especiales de seguridad y salubridad, que la solicitante no puede costear.

 

Por todo lo expuesto, para esta Sala resulta evidente que la Alcaldía de Inírida sí vulneró los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de conciencia de la demandante, al negarse a trasladar el cadáver para que se le diera “santa sepultura”.

 

30. Superada la primera cuestión, es necesario abordar el segundo problema jurídico planteado en este caso, en torno a si la inhumación del cadáver del compañero permanente en una fosa común del Cementerio Central de Villavicencio, configura la carencia actual de objeto por daño consumado en el presente caso.

 

Al momento de fallar el juez de instancia indicó: “visto que el cuerpo que se pretende trasladar ya se encuentra sepultado, y ello hace imposible su traslado por asuntos de salubridad pública, se declarará que nos encontramos en el caso en concreto frente a una carencia actual de objeto por daño consumado, el cual se generó cuando esta acción se encontraba en trámite”. Frente a lo anterior, era necesario que se verificara, como ahora se hará, si se cumplían los presupuestos para la configuración del daño consumado^[54].

 

·        En este caso, el Juez de instancia debió preguntarse si la afectación al derecho que se pretendía proteger se dio en un único momento

 

31. De la lectura de la sentencia única de instancia, se evidencia que el Juez de tutela en este caso resolvió sólo un problema jurídico, relacionado con la vulneración de la libertad de cultos y de conciencia por parte de la Alcaldía de Inírida. Sin embargo, dejó de lado, la verificación de sí la actuación de tal ente, dejó vigente la afectación a los derechos de la accionante o si por el contrario ocurrió y se suspendió en un único momento. Para esta Sala, es evidente que la afectación continúa.

 

·        La afectación a los derechos a la libertad de cultos y de conciencia de la accionante perdura hasta el momento en que ella efectúe el rito funerario de entierro.  

 

32. Como se explicó líneas arriba, la afectación que se deriva de la no ritualización de una pérdida, continúa vigente hasta que el mismo se efectúe el respectivo duelo. Lo anterior, pues los rituales son de trascendental importancia para el creyente, debido a que le ayudan a incorporar el nuevo suceso a sus vidas, la muerte del ser querido. Así mismo, se evidenció que el derecho a la libertad de cultos tiene un contenido específico que protege la manifestación externa de la ceremonia, el rito o acto de entierro. Contenido que continúa sin protección en este caso.

 

Así, es claro que la accionante no ha realizado el duelo ni la ceremonia de muerte de su compañero permanente, circunstancia que permite afirmar que la afectación a sus derechos a la libertad de cultos y de conciencia es actual.

 

Adicionalmente, es pertinente aclarar que la inhumación del cadáver sin la respectiva ceremonia religiosa, en una ciudad ajena a la de la accionante, a la cual no puede asistir, no es un acto que detenga la violación al derecho. Por el contrario, la inhumación en tales condiciones perpetúa y alarga la violación al derecho fundamental en cuestión.

 

·        A pesar de la afirmación del juez de instancia, en este caso sí es posible  emitir órdenes dirigidas a suspender la vulneración de derechos fundamentales. 

 

33. Para esta Sala, sí es posible y obligatorio emitir órdenes para suspender la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, debido a que, si bien, la decisión se complejiza cuando el difunto es enterrado, el juez sí tienen competencia para emitir una orden de exhumación, traslado y posterior inhumación. En conclusión, en este caso, no se configura la carencia actual de objeto por daño consumado.

 

Conclusiones

 

34. La Alcaldía de Inírida sí vulneró los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de conciencia de la demandante, al negarse a trasladar el cadáver para que se le diera “santa sepultura”.

 

En este caso, la vigencia de la Ley de Garantías Electorales no impedía a la Alcaldía efectuar el contrato de trasporte del cadáver, pues ésta es una actividad sanitaria necesaria para la protección de la salubridad pública, en consonancia con la salvaguarda de los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de conciencia.

 

En ese caso, no es procedente declarar el daño consumado, pues persiste la afectación y existe la posibilidad de emitir órdenes para proteger el derecho.

 

Órdenes a emitir

 

35. Por todo lo anterior, esta Sala modificará el numeral primero de la sentencia del 25 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida, dentro de la acción promovida por Celina López Yavinape contra el Municipio de Inírida y otros. En su lugar, se dispondrá tutelar los derechos fundamentales a la libertad de cultos y libertad de conciencia de la accionante.

 

En consecuencia, se ordenará a la Alcaldía de Inírida, Guainía, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para lograr la exhumación, el traslado y la inhumación del cadáver de Noel Aubes Albes Santana, de Villavicencio a Inírida, de conformidad con lo dispuesto por la señora Celina López Yavinape, para los fines señalados en esta providencia. Dicha gestión deberá llevarse a cabo adoptándose todas las medidas sanitarias correspondientes. El cumplimiento pleno de esta orden no podrá exceder de (6) seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo. 

 

III. DECISIÓN

 

Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

 

Primero. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 25 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida, dentro de la acción promovida por Celina López Yavinape contra el Municipio de Inírida y otros. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la libertad de cultos y libertad de conciencia de la accionante.

 

Segundo. ORDENAR a la Alcaldía de Inírida, Guainía, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para lograr la exhumación, el traslado y la inhumación del cadáver de Noel Aubes Albes Santana, de Villavicencio a Inírida, de conformidad con lo dispuesto por la señora Celina López Yavinape, para los fines señalados en esta providencia. Dicha gestión deberá llevarse a cabo adoptándose todas las medidas sanitarias correspondientes. El cumplimiento pleno de esta orden no podrá exceder de (6) seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo. 

 

Tercero. Por Secretaría, LIBRAR la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Magistrada

 

 

 

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General