Sentencia T-375/15

 

 

ACCION DE TUTELA PARA OBTENER PENSION CONVENCIONAL DE JUBILACION-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial y no se demostró perjuicio irremediable

 

 

Referencia: Expedientes (i) T-4.102.696, (ii) T-4.317.649 y (iii) T-4.322.651.

 

Acciones de tutela presentadas por (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad.

 

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015).

 

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el proceso de revisión de los fallos de tutela expedidos dentro de los procesos de tutela iniciados por (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad[1].

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1.1. El 4 de agosto de 1995, la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores, suscribieron un Acuerdo Laboral Definitivo en el que se estableció un plan pensional especial.

 

Concretamente, en el numeral 6° se señaló que tendrían derecho a la prestación de jubilación:

 

“1) quienes a 31 de diciembre de 1995, sumasen 55 puntos con un mínimo de 10 años de servicios a la Empresa y con cuarenta y cinco (45) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más el tiempo de servicios. 2) quienes a 31 de diciembre de 1995 sumasen 59 puntos, con un mínimo de quince (15) años de servicios y cuarenta y cuatro (44) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más tiempo de servicios[2].

 

Al total de puntos que arrojen los numerales 1 y 2, anteriormente citados, se le sumaran 10 puntos más, es decir, que el mínimo de la pensión de jubilación será del sesenta y cinco (65%) por ciento del salario promedio del trabajador sin que exceda del setenta y cinco (75%) por ciento del mismo.”^[3]

 

1.2. Entre los años 2008 y 2013, los ciudadanos Ángel María Ramos Zúñiga, Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa, en su calidad de ex trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena y de otras entidades oficiales, solicitaron a la Alcaldía Mayor de Cartagena y al Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad el reconocimiento y pago de la pensión convencional.

 

1.3. Las entidades accionadas denegaron las solicitudes, al considerar que los peticionarios no cumplían con los requisitos establecidos en la citada normatividad, ya que los actores: (i) no eran mayores de 44 años al 31 de diciembre de 1995, (ii) no habían laborado para entidades públicas más de 15 años, o (iii) se habían retirado de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales antes de la suscripción del Acuerdo Laboral Definitivo.

 

2. Demandas y pretensiones

 

Los señores (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa presentaron sendas acciones de tutela contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad[4], al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, presuntamente desconocidos al habérseles negado el reconocimiento de la pensión consagrada en el numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo a pesar de haber acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo.

 

En efecto, los actores explicaron que le solicitaron a las demandadas el reconocimiento de la prestación, pero que sus peticiones no fueron contestadas favorablemente[5], desconociéndose que trabajaron para el Estado más de los 10 años requeridos por el Acuerdo Laboral, y que para el 31 de diciembre de 1995 contaban con la edad requerida[6].

 

Específicamente, los demandantes refieren la siguiente información de su historial laboral, para demostrar su derecho pensional:

 

Expediente	(i) T-4.102.696
Nombre del accionante	Ángel María Ramos Zúñiga
Fecha de nacimiento	1 de abril de 1959[7]

 

Empleador	Período laborado	Cargo
Ministerio de Defensa	09/05/1977 a 30/09/1978	Soldado[8]
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena	19/07/1982 a 22/07/1993	Bombero de línea[9]

 

Total de tiempo laborado

12 años, 4 meses y 24 días

 

Expediente	(ii) T-4.317.649
Nombre del accionante	Roque Martínez Ríos
Fecha de nacimiento	1 de abril de 1942[10]

 

Empleador	Período laborado	Cargo
Ministerio de Defensa	01/02/1961 a 30/12/1962	Soldado[11]
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena	05/12/1963 a 16/09/1977	Vigilante[12]

 

Total de tiempo laborado

15 años, 8 meses y 10 días

 

Expediente	(ii) T-4.317.649
Nombre del accionante	Luis Forero Ruíz
Fecha de nacimiento	9 de junio de 1949[13]

 

Empleador	Período laborado	Cargo
Puertos de Colombia	05/04/1971 a 15/02/1978	Winchero[14]
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena	21/12/1981 a 21/09/1989	Ayudante[15]
Total de tiempo laborado	14 años, 7 meses y 10 años

 

 

Expediente	(iii) T-4.322.651
Nombre del accionante	Gilberto Seca Sanjuan
Fecha de nacimiento	5 de agosto de 1938[16]

 

Empleador	Período laborado	Cargo
Concejo Municipal de Cartagena	01/01/1981 a 02/04/1982	Chofer[17]
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena	02/04/1982 a 15/07/1993	Conductor IV[18]

 

Total de tiempo laborado

12 años, 6 meses y 14 días

 

Expediente	(iii) T-4.322.651
Nombre del accionante	Jorge Morales Espinosa
Fecha de nacimiento	26 de octubre 1948[19]

 

Empleador	Período laborado	Cargo
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena	27/10/1980 a 24/12/1980	Obrero supernumerario[20]
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena	10/02/1981 a 02/04/1981	Obrero supernumerario[21]
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena	26/03/1982 a 30/08/1993	Lector repartidor[22]

 

Total de tiempo laborado

11 años, 8 meses y 20 días

 

De igual manera, los accionantes referenciaron dos casos similares a los suyos, en los que las entidades demandadas reconocieron la pensión pretendida, por lo que, en aplicación del principio de igualdad, afirmaron que debe accederse a su solicitud. Concretamente, los peticionarios trajeron a colación las resoluciones 048 de 2004 y 203 de 2007, en las cuales se les otorgó una mesada de jubilación vitalicia a los señores Wilfredo Antonio Cabrera Ponce y Esteban Barbosa Palencia[23].

 

En relación con la procedencia de la acción, los actores afirmaron que son personas de avanzada edad, desempleadas, que se encuentran en una precaria situación económica que los obligó a residenciarse en municipios aledaños a la ciudad de Cartagena[24], donde se encuentran en tratamiento de las enfermedades que padecen[25]. En ese sentido, los peticionarios allegaron declaraciones extraprocesales en las que los comparecientes reseñan su situación financiera[26].

 

Así las cosas, los demandantes solicitaron que se protejan sus derechos fundamentales, y que en consecuencia se les ordene a las autoridades accionadas que les reconozcan las prestaciones de jubilación conforme a lo estipulado en el Acuerdo Laboral del 4 de agosto de 1995, junto con el respectivo retroactivo desde la fecha en la que cumplieron los requisitos para acceder a la pensión.

 

3. Contestación de las accionadas

 

3.1. Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena[27]

 

El Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena solicitó declarar improcedentes los amparos pretendidos[28], argumentando que existen otros mecanismos para solucionar las controversias planteadas, como lo son las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral, máxime cuando los actores no probaron la ocurrencia de un perjuicio irremediable del cual se pueda deducir como necesaria la intervención del juez constitucional.

 

En relación con el fondo del asunto planteado, la administración se opuso a las pretensiones de los demandantes, señalando que de conformidad con los artículos 467 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, los accionantes no son beneficiarios del Acuerdo Laboral Definitivo celebrado el 4 de agosto de 1995, pues dicha normatividad sólo resulta aplicable para los trabajadores que se encontraban activos en dicha fecha y que cumplían estrictamente los requisitos de jubilación establecidos.

 

De otra parte, el Fondo resaltó que los pronunciamientos jurisprudenciales citados por los peticionarios para respaldar sus pretensiones no resultan aplicables a sus casos, puesto que los mismos se refieren a controversias relacionadas con prestaciones del régimen de prima media con prestación definida que difieren de las condiciones para acceder a las pensiones convencionales solicitadas.

 

Asimismo, la demandada afirmó que debe tenerse en cuenta para solucionar los casos en estudio que los peticionarios se retiraron voluntariamente de la empresa de servicios públicos extinta, y que pudieron seguir cotizando para obtener las prestaciones consagradas en el régimen general de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.

 

En torno a la posible vulneración del derecho de petición de los accionantes de los expedientes (ii) y (iii), la entidad explicó que a la fecha de presentación de los amparos no habían trascurrido más de los cuatro meses que le otorga la normatividad vigente para dar respuesta a los requerimientos presentados[29]; no obstante, afirmó que las resoluciones correspondientes ya fueron proferidas denegando sus solicitudes, y se encuentran en etapa de notificación.

 

Finalmente, el Fondo accionado puso de presente que no resulta claro por qué los actores acuden ante los jueces de municipios diferentes a los del Distrito de Cartagena, cuando de los elementos de juicio allegados al proceso se evidencia que residen en la ciudad.

 

3.2. Alcaldía Mayor de Cartagena[30]

 

La Alcaldía Mayor de Cartagena pidió declarar improcedente los amparos^[31], señalando que para solucionar el conflicto pensional planteado los actores cuentan con otros mecanismos ante la jurisdicción ordinaria laboral, más aún cuando no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable. Asimismo, sostuvo el municipio que las acciones presentadas no satisfacen el presupuesto de inmediatez, en tanto, han trascurrido más de 15 años desde la fecha en la que fueron desvinculados los accionantes.

 

II. TRÁMITE PROCESAL

 

1. Decisiones de primera y única instancia

 

Mediante Sentencia del 23 de mayo de 2013[32], el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar) protegió los derechos de (i) Ángel María Ramos Zúñiga, y, a través de providencias del 28 de octubre[33] y del 11 de diciembre de 2013[34], el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión (Sucre) tuteló las prerrogativas fundamentales de (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, (iii) Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa.

 

Los funcionarios judiciales tutelaron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de los accionantes, y le ordenaron al Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena que les reconociera la pensión de jubilación consagrada en el Acuerdo Laboral del 4 de agosto de 1995, junto con el retroactivo correspondiente, teniendo en cuenta los montos y fechas que se sintetizan en el siguiente cuadro:

 

 

Las decisiones adoptadas se basaron en que las acciones de tutela eran procedentes, dado que si bien existían otros mecanismos judiciales para resolver los conflictos jurídicos planteados, del estudio de las circunstancias específicas de cada caso se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable que hacía necesaria la intervención del juez constitucional, toda vez que los peticionarios son sujetos de especial protección, pues son personas de la tercera edad, que se encuentran desempleadas, sin los recursos económicos para velar por su subsistencia, y padecen problemas de salud[40].

 

En relación con el fondo de los asuntos en examen, los despachos estimaron que los actores cumplían con los requisitos necesarios para acceder a la pensión establecida en el Numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo, pues para el 31 de diciembre de 1995 eran mayores de 45 años[41] y habían prestado sus servicios al Estado por más de 10 años, como se evidencia en el siguiente cuadro:

 

 

2. Impugnación

 

Tanto la Alcaldía Mayor de Cartagena como el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad impugnaron las decisiones proferidas en los expedientes (ii) y (iii)[43], reiterando los argumentos expuestos en la contestación de los amparos sobre la improcedencia de las acciones presentadas ante la existencia de otros mecanismos judiciales para resolver las controversias planteadas, y el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad convencional para el reconocimiento de las prestaciones pretendidas, en especial, la exigencia contenida en el “Anexo Único”, según la cual para ser beneficiario del acuerdo convencional debía demostrarse la calidad de trabajador activo al momento de suscripción del mismo.

 

Igualmente, las entidades explicaron que los fallos de primera instancia deben ser revocados, pues se reconocieron pensiones de jubilación de forma irregular, afectándose el erario público y desconociéndose el deber del juez constitucional de velar por la protección del derecho colectivo al patrimonio del Estado.

 

3. Decisiones de segunda instancia

 

A través de sentencias del 11 de diciembre de 2013[44] y del 30 de enero de 2014[45], el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre) confirmó las decisiones de primera instancia en los casos (ii) y (iii), al considerar acertada la argumentación expuesta por el a quo. En efecto, el funcionario judicial sostuvo que, además de encontrarse acreditada la procedencia de las acciones ante la existencia de un perjuicio irremediable de los derechos de los actores, en el expediente está probado el cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones pensionales solicitadas.

 

En relación con la argumentación desplegada por las demandadas sobre los destinatarios del acuerdo convencional, el juez estimó que no resultaba de recibo, ya que el “Anexo Único” no se refiere al beneficio pensional sino a la prerrogativa otorgada al personal de la empresa de ser vinculado a la nueva sociedad que se creó con el fin dar continuidad a los servicios públicos prestados por la compañía ante su liquidación.

 

4. Actuaciones en sede de revisión

 

4.1. Mediante Auto del 20 de enero de 2014, el Magistrado Sustanciador decretó pruebas con el fin de contar con la normatividad pensional convencional aplicable a los casos[46].

 

En atención a la anterior providencia, la asesora jurídica del Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena remitió copia[47]: (i) del Acuerdo Laboral Definitivo suscrito entre la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena en Liquidación y los representantes sindicales de la empresa[48]; (ii) de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresas Públicas Municipales de Cartagena y sus trabajadores oficiales para el período comprendido entre 1991 y 1993[49]; (iii) de la convención colectiva de trabajo suscrita entre las Empresas Públicas Municipales de Cartagena y sus trabajadores oficiales para el período comprendido entre el 10 de octubre de 1993 y el 9 de septiembre de 1995[50].

 

4.2. El 13 de enero de 2014[51], el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena solicitó la acumulación de los siguientes procesos de tutela a los estudiados por esta Corporación, argumentando que se encuentran en la misma instancia, las pretensiones son iguales y la accionada en todos los casos es la entidad que representa[52]:

 

Radicado	Juzgado de origen	Accionantes
007-2013	Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar)	César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez
012-2013		Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde
013-2013		Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez
016-2013		Rafael Arturo Martelo Viloria
027-2013		Jairo Magallanes Gonzáles, Luis Alfonso Rentería Hernández y Lubin Castro Castro
028-2013		Melecio Castro Ríos, Jairo de la Rosa Montes y Fernando Río Cohen
2012-0059-00	Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano (Bolívar)	Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández
2013-0026-00		Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo

 

Al respecto, el funcionario afirmó que también resulta pertinente la acumulación, toda vez que en dichos procesos los jueces de instancia accedieron a reconocer la pensión de jubilación a los accionantes, sin tener en cuenta que: (i) las solicitudes de amparo no cumplen con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad[53]; (ii) no existe claridad sobre las relaciones laborales y las prestaciones sociales presuntamente debidas; (iii) la orden de pagar las pensiones reconocidas no es acorde con la normatividad vigente; (iv) las actuaciones posteriores para dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos son objeto de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales; (v) las demandas fueron presentadas en municipios distintos a Cartagena cuando los actores son residentes de la ciudad.

 

De igual manera, el representante del Fondo Territorial explicó que las providencias mencionadas le han generado un grave detrimento patrimonial al erario público, por cuanto reconocieron de manera definitiva pensiones millonarias sin haberse acreditado los requisitos legales y convencionales, y desconociendo las reglas de prescripción. Específicamente, indicó que los jueces de instancia utilizaron el Acuerdo Laboral del 4 de agosto de 1995, sin consultar su ámbito de aplicación, ya que no tuvieron en cuenta que los accionantes se retiraron de la extinta Empresa antes de la suscripción de dicha normatividad, la cual fue prevista para beneficiar a los trabajadores activos al 26 de junio de 1995 o a la fecha de la liquidación[54], que iban a verse perjudicados por el cese definitivo de actividades de la compañía.

 

Por otra parte, en cuanto a la posible vulneración del derecho a la igualdad, explicó que los casos que invocan los accionantes, estos son, los de Wilfredo Antonio Cabrera Ponce y Esteban Barbosa Palencia, son diferentes a los analizados en los recursos de amparo, porque las dos personas mencionadas se encontraban laborando para la empresa al 26 de junio de 1995 conforme a lo exigido en el Anexo Único del Acuerdo Laboral Definitivo. Además, que si bien no cumplían el requisito de la edad exigido, su reconocimiento pensional se basó en conciliaciones individuales celebradas ante el Ministerio de Trabajo.

 

Asimismo, el Director Administrativo de la demandada informó que tampoco es posible reconocerles a los actores la pensión de jubilación conforme a las demás normas convencionales, porque al revisar sus hojas de vida se encuentra que se acogieron a un plan de retiro voluntario en el año 1993, otorgándoseles el pago de una indemnización.

 

Igualmente, puso de presente que en el curso de las tutelas, se le ha vulnerado el derecho al debido proceso de la entidad, puesto que no fueron tenidas en cuenta las contestaciones e impugnaciones presentadas, por cuanto se aplicaron los efectos de los vencimientos de los términos procesales sin tener en cuenta la distancia que existe entre los municipios donde se interpusieron los amparos y la ciudad de Cartagena. También, advirtió que en la actualidad se tramitan incidentes de desacato con el fin de hacer cumplir dichos fallos.

 

En ese orden de ideas, además de la acumulación, pidió declarar improcedente los amparos pretendidos y compulsar copias a los organismos disciplinarios correspondientes para que investiguen las posibles conductas irregulares en las que han incurrido las partes[55].

 

4.3. Mediante escrito fechado el 17 de febrero de 2014, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias respaldó la solicitud de acumulación elevada por el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad, reiterando sus argumentos al respecto. De igual manera, anexó un documento en el cual informó que las pensiones hasta ahora reconocidas, han generado que el Distrito tenga la obligación de cancelar $5.553.652.999[56].

 

4.4. A través de proveído del 7 de marzo de 2014, la Sala Tercera de Revisión solicitó a los juzgados promiscuos municipales de Córdoba y Zambrano, la remisión de los expedientes contentivos de los procesos reseñados por el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena, y suspendió el término para fallar mientras se recaudaban y analizaban las pruebas necesarias para resolver el caso.

 

4.5. La Sala de Revisión con el objetivo de precaver un perjuicio irremediable al interés público, mediante Auto 202 del 7 de julio de 2014[57], le ordenó al Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena que, de inmediato y hasta tanto se dictara fallo en el presente proceso o se dispusiera lo contrario, suspendiera el pago de los retroactivos pensionales decretados por autoridades judiciales de los departamentos de Bolívar y Sucre en los años 2013 y 2014, en pronunciamientos relacionados con acciones de tutela en las cuales se solicitaba el reconocimiento de las prestaciones pensionales consagradas en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995, entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores.

 

4.6. El 23 de septiembre de 2014[58], fueron remitidos al despacho del Magistrado Ponente los ocho expedientes solicitados en calidad de préstamo, de los cuales, además de advertirse que no fueron seleccionados por la Corte Constitucional para su revisión[59], puede inferirse que:

 

a) En los siguientes casos, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba tuteló de manera definitiva los derechos fundamentales de los respectivos accionantes y les reconoció la pensión de jubilación contemplada en el Numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995:

 

Expediente	Accionantes	Fecha de la sentencia
007-2013 (66 folios)	César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez	7 de marzo de 2013[60]
013-2013 (64 folios)	Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez	2 de mayo de 2013[61]
016-2013 (59 folios)	Rafael Arturo Martelo Viloria	23 de mayo de 2013[62]

 

b) En el asunto que se enuncia a continuación, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba tuteló de manera definitiva los derechos fundamentales de los peticionarios y les reconoció la pensión por invalidez estipulada en el artículo 25 de la Convención Colectiva de 1993 a 1995 de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena:

 

Expediente	Accionantes	Fecha de la sentencia
012-2013 (141 folios)	Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde	2 de mayo de 2013[63]

 

c) En el expediente enlistado en seguida, el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano tuteló de manera transitoria los derechos fundamentales de los respectivos actores y les reconoció la pensión de jubilación contemplada en la Convención Colectiva de 1993 a 1995 de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena:

 

 

Expediente	Accionantes	Fecha de la sentencia
2012-0059-00 (163 folios)	Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández	4 de septiembre de 2012[64]

 

d) En el plenario que se mencionará, el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano tuteló de manera transitoria los derechos fundamentales de las demandantes y les reconoció la sustitución pensional de la prestación de jubilación estipulada en el Numeral 6° del Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995, que le fuera reconocida en la misma sentencia a los señores Saturnino Blanquicet Puerta y José Miguel Castro Ruíz[65]:

 

Expediente	Accionantes	Fecha de la sentencia
2013-0026-00 (99 folios)	Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo	19 de marzo de 2013[66]

 

e) En los siguientes asuntos, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba aceptó el desistimiento presentado por los accionantes antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia, y ordenó el archivo de las diligencias:

 

Expediente	Accionantes	Fecha del auto
027-2013 (57 folios)	Jairo Magallanes Gonzáles, Luis Alfonso Rentería Hernández y Lubin Castro Castro	24 de junio de 2013[67]
028-2013 (40 folios)	Melecio Castro Ríos, Jairo de la Rosa Montes y Fernando Río Cohen	24 de junio de 2013[68]

 

4.7. El día 11 de diciembre de 2014, el despacho del Magistrado Sustanciador con el objetivo de determinar la vulneración actual de los derechos fundamentales de los accionantes, verificó en el Registro Único de Afiliados al Sistema General de Seguridad Social su estado de vinculación[69], encontrando que el señor Jorge Morales Espinosa[70] había sido retirado debido a su fallecimiento. La información relacionada con el deceso del peticionario fue confirmada por el grupo de Atención e Información Ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante certificación del 11 de diciembre de 2014[71].

 

4.8. El 25 de febrero y el 15 de abril de 2015, el señor Ángel María Ramos Zúñiga allegó al proceso de tutela copia de las Resoluciones 6647 y 6648 de 2014, a través de las cuales el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena le reconoció la prestación consagrada en el Acuerdo Laboral celebrado el 4 de agosto de 1995 a los señores Adolfo Puello Hueto y José María Morales[72]. Asimismo, en un escrito anexo solicitó que al momento de resolver su solicitud de amparo se tuviera en cuenta que, además de los dos mencionados ciudadanos, existen cinco personas[73] más a quienes las entidades demandadas les han efectuado el pago de la pensión convencional[74].

 

III. CONSIDERACIONES y fundamentos

 

1. Competencia

 

Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de los expedientes de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política[75].

 

2. Cuestión previa: solicitud de acumulación de expedientes

 

2.1. Antes de analizar la procedencia de los asuntos seleccionados para revisión, este Tribunal deberá estudiar si es posible acceder a la solicitud de acumulación de los expedientes de tutela propuesta por el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena mediante escrito allegado el 13 de enero de 2014. Al respecto, la Sala considera que dicha petición resulta, frente algunos expedientes, improcedente, y en torno a otros, extemporánea.

 

2.2. Específicamente, los plenarios que se enlistan a continuación fueron archivados antes de proferirse sentencia de primera instancia en atención a la solicitud de desistimiento presentada por los respectivos actores, no existiendo por tanto fallo de amparo frente al cual la Corte pueda efectuar su revisión conjuntamente con los seleccionados, siendo así improcedente la petición de acumulación:

 

Expediente	Accionantes	Fecha del auto
027-2013	Jairo Magallanes Gonzáles, Luis Alfonso Rentería Hernández y Lubin Castro Castro	24 de junio de 2013[76]
028-2013	Melecio Castro Ríos, Jairo de la Rosa Montes y Fernando Río Cohen	24 de junio de 2013[77]

 

2.3. De otra parte, en relación con los siguientes expedientes, este Tribunal estima que la pretensión de acumulación es extemporánea, pues fueron excluidos de revisión por diversas Salas de Selección de la Corte Constitucional hace más de un año y medio, implicando ello que el término para solicitar su examen por parte de esta Corporación ya haya vencido:

 

No. de radicado de origen	No. de radicado interno	Accionantes	Sala de Selección	Fecha del Auto
007-2013	T-3.909.953	César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez	Número Cinco	28 de mayo de 2013
012-2013	T-4.037.313	Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde	Número Nueve	12 de septiembre de 2013
013-2013	T-4.051.894	Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez	Número Nueve	26 de septiembre de 2013
016-2013	T-4.057.758	Rafael Arturo Martelo Viloria	Número Nueve	26 de septiembre de 2013
2012-0059-00	T-3.690.031	Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández	Número Once	22 de noviembre de 2012
2013-0026-00	T-3.961.151	Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo	Número Siete	18 de julio de 2013

 

2.4. En consecuencia, la Sala no accederá a la solicitud de acumulación pretendida por el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena, pues el momento procesal establecido para realizar dicha petición ya precluyó. Con todo, esta Corporación examinará, al final de esta providencia, la necesidad de modular los efectos de las decisiones que se adopten en los casos en estudio para que, de ser pertinente, cobijen a los ciudadanos que se encuentren en situaciones similares a las que están los actores de los amparos de tutela en revisión[78].

 

3. Procedibilidad de las acciones de tutela

 

Previo al estudio de los casos examinados, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta y del Decreto 2591 de 1991[79], se sintetizan en (i) la afectación de derechos fundamentales; (ii) la existencia de legitimación por activa y (iii) por pasiva; (iv) la instauración del amparo de manera oportuna (inmediatez); y (v) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías no sean eficaces o idóneas (subsidiariedad).

 

4. Afectación de derechos fundamentales

 

4.1. El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como un mecanismo judicial, preferente y sumario, para la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos previstos en la ley. Así pues, por su naturaleza, el amparo está llamado a operar en aquellos eventos en los que la situación fáctica exige la pronta adopción de medidas de protección, razón por la cual su eficacia radica en la posibilidad que tiene el juez de impartir una orden dirigida a garantizar la defensa actual e inminente de la prerrogativa afectada.

 

4.2. Por lo anterior, cuando la causa de la violación o amenaza de los derechos fundamentales cesa o desaparece, la acción de tutela pierde, en principio, su razón de ser, pues la orden que pudiera proferir el juez en defensa de tales prerrogativas no tendría ningún efecto, resultando innecesario un pronunciamiento de fondo. A este fenómeno la Corte lo ha denominado como carencia actual del objeto.

 

4.3. Ahora bien, como se reseñó, el señor Jorge Morales Espinosa^[80] falleció durante el trámite del proceso constitucional, lo cual podría hacer inferir que su caso no ameritaría pronunciamiento alguno por parte de esta Corporación. En efecto, la muerte durante el procedimiento de amparo de la persona que acudió a la jurisdicción para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, permite al juez de tutela proferir una decisión desestimatoria de la solicitud de protección, dado que no tendría sentido tutelar derechos si su titular ya no existe. Sin embargo, la Corte ha sostenido que el fallecimiento del peticionario durante el trámite de la acción, no impide que emita un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, pues las funciones asignadas constitucionalmente exceden a las que cumple ordinariamente un tribunal de instancia^[81].

 

4.4. Por lo anterior, ha de tenerse en cuenta que Jorge Morales Espinosa se encontraba en una situación similar a la de los demás accionantes, por lo cual, las consideraciones que se hagan en esta providencia respecto a la procedencia de las acciones de tutela que serán estudiadas, servirán, a mero título ilustrativo, para determinar de qué manera los jueces de instancia debieron examinar la viabilidad del amparo. Con todo, como los jueces de instancia concedieron la protección deprecada, la Sala resolverá de fondo el asunto (iii) T-4.322.651, con el fin de establecer los derechos prestacionales y las obligaciones que podrían tener los familiares del difunto.

 

4.5. Por último, en los demás casos^[82], la Sala encuentra satisfecho este presupuesto de procedibilidad, en tanto, los accionantes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, presuntamente afectados por la negativa de las demandadas de reconocerles la pensión de jubilación consagrada en el Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995, celebrado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores.

 

5. Legitimación por activa

 

Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991, los ciudadanos (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, y (iii) Gilberto Seca Sanjuan presentaron de manera personal la acción como titulares de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas.

 

6. Legitimación por pasiva

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política y 5° del Decreto 2591 de 1991[83], el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad, son demandables en proceso de tutela, puesto que son autoridades públicas, porque el primero es un ente territorial[84], y el segundo es una dependencia de la Alcaldía del anterior[85].

 

7. Inmediatez

 

7.1. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados. De esta forma, el ordenamiento superior busca asegurar que el amparo sea utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la intervención del juez de tutela[86].

 

7.2. En los presentes casos, la Sala considera que el presupuesto de inmediatez se encuentra satisfecho, comoquiera que a la fecha de la presentación de los recursos de amparo, a los señores (i) Ángel María Ramos Zúñiga, (ii) Roque Martínez Ríos, Luis Forero Ruíz, y (iii) Gilberto Seca Sanjuan no se les ha reconocido su derecho a la prestación de jubilación, a pesar de habérselo requerido en diferentes ocasiones a las demandadas, por lo que la posible vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad social resulta actual, más aún cuando esta Corporación ha sostenido la imprescriptibilidad de los derechos pensionales de conformidad con el artículo 48 superior[87].

 

En efecto, para la Corte “el carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva directamente de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir a la sociedad, y además, se constituye en un instrumento para la especial protección que el Estado debe a las personas que por su edad, condiciones de salud y ausencia de alguna fuente de sustento, tienen mayor dificultad para subsistir, y de esta manera asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida digna (…).”[88] En ese mismo sentido, este Tribunal ha considerado que el derecho a la pensión es imprescriptible, mientras que las mesadas pensionales pueden extinguirse si no son reclamadas en los plazos señalados por la ley, por lo que el afectado tiene la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la prestación en cualquier tiempo[89].

 

8. Subsidiariedad

 

8.1. La Corte Constitucional ha sostenido que es obligación del juez que estudia la procedencia de la acción de tutela tener en cuenta que ésta es un mecanismo sumario y preferente creado para la protección de los derechos fundamentales, que se caracteriza por ser un instrumento residual o supletorio, obedeciendo a la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el legislador a las diferentes autoridades judiciales a partir de los procedimientos ordinarios o especiales, en los que también se protegen derechos de naturaleza constitucional^[90]. En consecuencia, el recurso de amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de los diversos procedimientos existentes, salvo que los mismos no sean idóneos o eficaces, o se configure un perjuicio irremediable^[91].

 

8.2. En materia pensional este Tribunal ha señalado que se configura un perjuicio irremediable, que habilita la procedencia excepcional de la acción de tutela, cuando se afecte de manera clara y evidente un derecho o una garantía fundamental, en particular el mínimo vital y la vida digna. Así, la Corte ha establecido algunos criterios que permiten ponderar las circunstancias especiales de cada caso para determinar si se concreta la posible ocurrencia de un daño de relevancia constitucional que amerite la intervención del juez de amparo.

 

En efecto, se ha sostenido que se debe tener en cuenta: (a) la edad del demandante, (b) su estado de salud, (c) el número de personas que tiene a su cargo, (d) su situación económica y la existencia de otros medios de subsistencia, así como (e) la carga de la argumentación o de la prueba en la cual se sustenta la presunta afectación de sus derechos fundamentales, (f) el agotamiento de los recursos administrativos disponibles, entre otros^[92].

 

8.3. Descendiendo a los casos estudiados, la Sala encuentra que los actores pueden acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la pensión consagrada en el Acuerdo Laboral Definitivo, pues de conformidad con el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le corresponde a los funcionarios judiciales de dicha especialidad conocer de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, como ocurre en los asuntos en examen, puesto que los accionantes fundamentan sus pretensiones en el mencionado acuerdo convencional en el que se establecieron una serie de beneficios ante la terminación de las relaciones laborales que habían sostenido como trabajadores oficiales de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, cuya naturaleza jurídica era la de una empresa industrial y comercial del Estado[93].

 

Al respecto, la Corte resalta que el proceso ordinario laboral es idóneo, pues en los artículos 70 y siguientes del estatuto procesal del trabajo se estipulan varios instrumentos que pueden utilizar las partes para procurar la defensa de sus intereses. Para ilustrar, los intervinientes, además de tener la oportunidad de manifestar sus inconformidades frente a las decisiones adoptadas por las demandadas en relación con el reconocimiento de la prestación de jubilación, pueden conciliar, presentar alegatos, solicitar o controvertir pruebas si lo consideran necesario, e interponer los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes.

 

Igualmente, dicha vía judicial resulta eficaz, pues a pesar de que los procesos ordinarios revisten de un mayor grado de complejidad y formalismo, implicando que su trámite se extienda en el tiempo de manera más prolongada frente a la duración promedio de la resolución del recurso de amparo, dicha circunstancia no permite descartarlos de plano como vía judicial para solucionar las controversias sobre el reconocimiento de prestaciones periódicas de jubilación originadas en el desarrollo de contratos laborales, puesto que su mayor complejidad se explica por la naturaleza de los asuntos que deben resolverse. En materia pensional convencional, por ejemplo, la dificultad está dada no sólo por la diversidad de modalidades normativas utilizadas en la elaboración de los acuerdos sindicales que tornan compleja la interpretación de las reglas para resolver los asuntos en concreto, sino también por el material probatorio que debe ser allegado y valorado para adoptar una decisión, por lo que evidentemente el proceso puede llegar a ser relativamente dispendioso.

 

De igual manera, esta Corporación considera que un razonamiento en el sentido de descartar de plano los procesos ordinarios por su duración, llevaría a concluir que cualquier controversia judicial debe ser canalizada a través del amparo, toda vez que por propia definición constitucional, la acción de tutela es una vía que debe ser resuelta de manera preferente y sumaria. Adicionalmente, como se explicó en las sentencias T-493 y T-494 de 2013[94], no es del todo clara la ineficacia sistemática y generalizada de los procesos laborales, ya que, según las estadísticas de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del año 2013, de cada 100 procesos que ingresan a la jurisdicción laboral se desacumulan 24 del inventario. Significa esto que a pesar de las dificultades y los problemas de tipo estructural de la administración de justicia en el país, los procesos ordinarios no pueden ser descalificados, ni mucho menos sustituidos en su integridad por la acción de tutela a partir de una supuesta ineficacia o carencia de idoneidad^[95].

 

Así las cosas, la Corte estima que los amparos presentados por los ciudadanos Ángel María Ramos Zúñiga[96], Luis Forero Ruíz[97] y Gilberto Seca Sanjuan[98] son improcedentes, pues, como se explicó, tienen a su alcance la posibilidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la pensión pretendida, y no probaron la configuración de un perjuicio irremediable.

 

En efecto, si bien para justificar que sus solicitudes de tutela deben proceder los señores Ramos Zúñiga, Forero Ruíz y Seca Sanjuan señalaron que son personas de avanzada edad, desempleadas, que se encuentran en una precaria situación económica y que están en tratamiento para distintas enfermedades, no allegaron piezas probatorias que permitan al juez constitucional confirmar dicha información, y por el contrario de los elementos de juicio que obran en los plenarios y de los que fueron recaudados por la Sala en sede de revisión, no se avizora que se configure una situación de inminencia que haga imperiosa la protección inmediata de sus derechos a través de este mecanismo constitucional.

 

Concretamente, Ángel María Ramos Zúñiga tiene 56 años de edad, y Luis Forero Ruíz tiene 65 años, por lo cual no pueden considerarse personas que en razón de su edad deban tener un trato preferencial al momento de estudiarse la procedencia de la acción de tutela en materia pensional, pues para que pueda presumirse la configuración de un perjuicio irremediable por dicha circunstancia, la Corte ha estimado que el peticionario debe ser mayor o estar cercano a la expectativa de vida, que para los hombres colombianos^[99] es de 72.1 años.

 

Además, si bien los ciudadanos Ramos Zúñiga y Forero Ruíz manifestaron que padecen de diferentes enfermedades, no allegaron prueba alguna donde se indique cuáles son sus problemas de salud y si se encuentran en tratamiento médico, información que a juicio de la Sala debió ser suministrada por los accionantes, pues hace parte de su esfera privada, máxime cuando se encuentran afiliados al sistema de salud en el régimen contributivo[100], y por tanto sus dolencias deberán ser tratadas por sus empresas promotoras de salud, y en caso de no contar con los recursos económicos suficientes para pagar su vinculación, podrán afiliarse al régimen subsidiado.

 

En cuanto la posible afectación de su derecho al mínimo vital debido a que son personas desempleadas, la Corte evidencia que los dos peticionarios se encuentran afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Cartagena, por lo que en caso de estar cesantes podrán solicitar el respectivo subsidio de desempleo, puesto que en el Registro Único de Afiliados a la Protección Social – RUAF, aparecen como afiliados activos reportados como trabajadores independientes, circunstancia que, en principio, también desvirtúa que se encuentren sin trabajo[101].

 

Ahora, frente a la procedencia del recurso de tutela interpuesto por el señor Gilberto Seca Sanjuan, esta Corporación estima que esta se torna improcedente, pues el posible perjuicio irremediable que se pudiera configurar en relación con su derecho al mínimo vital, se desvirtúa con el hecho de encontrarse pensionado por el Instituto de Seguros Sociales desde el año 2003, como puede evidenciarse de la lectura de la información disponible en el Registro Único de Afiliados a la Protección Social – RUAF, donde consta que el demandante disfruta de una prestación de vejez reconocida mediante la Resolución 636 de 2003[102].

 

En consecuencia, este Tribunal revocará las sentencias de instancia que concedieron los amparos solicitados, y en su lugar declarará improcedente las acciones de tutela presentadas por Ángel María Ramos Zúñiga, Luis Forero Ruíz y Gilberto Seca Sanjuan, por no satisfacer el presupuesto de procedibilidad denominado subsidiariedad.

 

De otra parte, en relación con la acción de tutela interpuesta por Roque Martínez Ríos[103], la Corte considera que es procedente, ya que a pesar de existir otro mecanismo judicial, se configura un perjuicio irremediable en razón a su edad avanzada, en tanto, la eventual duración del proceso laboral podría restringir de manera significativa el disfrute y goce de su derecho. En efecto, el demandante es una persona mayor de 73 años[104], encontrándose por encima de la expectativa de vida de los hombres colombianos certificada por el DANE. En ese orden de ideas, esta Corporación analizará de fondo su caso.

 

9. Problema jurídico y esquema de resolución

 

Corresponde a la Sala decidir sobre los amparos interpuestos por Roque Martínez Ríos[105] y Jorge Morales Espinosa[106], en busca de la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas. Con tal propósito, este Tribunal deberá determinar:

 

(a) Cuál es el ámbito de aplicación y quiénes son los destinatarios del plan pensional establecido en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995 entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores.

 

(b) Si los ciudadanos Roque Martínez Ríos y Jorge Morales Espinosa cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995, para acceder a la pensión convencional de jubilación.

 

Para el efecto, la Corte (i) examinará el contenido del Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995, determinando los destinatarios del plan pensional consagrado en el mismo, y luego (ii) solucionará los casos concretos de los accionantes.

 

10. Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995 entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores.

 

10.1. El 1 de marzo de 1994, el Concejo Distrital de Cartagena expidió el Acuerdo 05[107], a través del cual facultó al Alcalde Mayor de la ciudad para iniciar el proceso de disolución y liquidación de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, que para la fecha prestaba los servicios de acueducto y alcantarillado a la población del ente territorial. Igualmente, se autorizó a la primera autoridad municipal para que constituyera una sociedad de economía mixta con el fin de que asumiera las funciones de la compañía en disolución sin que se afectara el acceso de los habitantes a dichos servicios públicos.

 

10.2. En uso de las facultades otorgadas, el Acalde Mayor de Cartagena expidió el Decreto 538 de mayo 31 de 1994, mediante el cual se establecieron las condiciones y reglas para la liquidación de la empresa de servicios públicos, constituyendo para el efecto un fondo de cuenta de pasivos con el que se cancelarían las prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores que hacían parte de la compañía.

 

10.3. El 30 de septiembre de 1994, a través de la Escritura Pública número 5427 suscrita ante el Notario Segundo del Círculo de Cartagena y en cumplimiento de la Resolución 1787 proferida por el Alcalde Mayor el 23 del mismo mes y año mencionados, se creó la sociedad de economía mixta Aguas de Cartagena S.A. E.S.P –Acuacar S.A. E.P.S-, la cual asumió la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado el 25 de junio de 1995, sustituyendo a la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, que para la fecha ya había iniciado su proceso de liquidación.

 

10.4. En ese contexto, el 4 de agosto de 1995, la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Empresa en Liquidación de Servicios Públicos Distritales de la ciudad y sus ex trabajadores, representados por su organización sindical, suscribieron un convenio denominado Acuerdo Laboral Definitivo[108], en el cual las partes pactaron las condiciones del retiro de los empleados de la entidad. En efecto, se estipuló que los contratos de trabajo terminarían por mutuo acuerdo el 27 de junio de 1995, y que además de las prestaciones legales, se otorgarían algunos beneficios convencionales que estaban sujetos a la edad y al tiempo de servicios de trabajador, como pasa a explicarse[109]:

 

En primer lugar, para los empleados que llevaran más de 10 o 15 años de servicios para el sector oficial y tuvieran más de 44 o 45 años, se estipuló el siguiente plan pensional[110]:

 

“1) quienes a 31 de diciembre de 1995, sumasen 55 puntos con un mínimo de 10 años de servicios a la Empresa y con cuarenta y cinco (45) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más el tiempo de servicios. 2) quienes a 31 de diciembre de 1995 sumasen 59 puntos, con un mínimo de quince (15) años de servicios y cuarenta y cuatro (44) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que arroje la suma de puntos de edad más tiempo de servicios.

 

Al total de puntos que arrojen los numerales 1 y 2, anteriormente citados, se le sumaran 10 puntos más, es decir, que el mínimo de la pensión de jubilación será del sesenta y cinco (65%) por ciento del salario promedio del trabajador sin que exceda del setenta y cinco (75%) por ciento del mismo.

 

El tiempo de servicios a que se refieren los numerales 1 y 2, anteriormente señalados, quedaran congelados a 26 de junio de 1995, fecha en la cual se da por terminado por mutuo consentimiento el contrato de trabajo que vinculó a las partes.

 

Se entiende para los efectos jubilatorios preindicados que el tiempo de servicios incluye el lapso laborado en otra u otras entidades oficiales, o el servido en contratos de aprendizaje (SENA), o como supernumerario a la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena en Liquidación, o el del servicio militar, siempre en términos de Ley y excluidos los lapsos de contratación de naturaleza diferente a la laboral, cualquiera que sea el status del servidor.”[111]

 

De otra parte, para los empleados que llevaran menos de 10 años de servicios para el sector oficial y tuvieran menos de 45 años, se contempló: (i) una compensación económica igual a la indemnización legal a la que tuvieran derecho, la cual se incrementaría de un 10% a un 40% si manifestaban voluntariamente su intención de no iniciar ninguna acción judicial contra el Distrito de Cartagena y si accedían o no nuevamente al mercado laboral[112]; y (ii) un plan de vinculación con la nueva empresa Acuacar S.A. E.P.S, el cual se reglamentó en el Anexo Único del Acuerdo Laboral Definitivo[113], aclarándose que para efectos legales se entendería que no existiría unidad de empresa, ni sustitución patronal.

 

Por lo demás, se acordó que los trabajadores que fueran pensionados a cualquier título, no tendrían derecho alguno a la compensación económica[114], y que los empleados a reubicar en la nueva empresa de servicios públicos serían como mínimo 250 y como máximo 270, otorgándosele prelación a los que se encontrasen más próximos al plan pensional pero que no alcanzaron a beneficiarse del mismo[115].

 

10.5. Ahora bien, en cuanto los destinatarios del plan pensional consagrado en el acuerdo laboral, la Sala considera que el mismo estuvo dirigido para beneficiar a los empleados con contrato laboral vigente al 26 de junio de 1995 que se vieron afectados con la liquidación de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena, por las razones que a continuación se exponen:

 

En primer lugar, una interpretación literal de la norma convencional permite evidenciar que en el parágrafo 2° del numeral 6° del Acuerdo Laboral[116], se estipuló que para efectos de analizar el cumplimiento del requisito de tiempo de servicios necesario para acceder a la pensión, se entendería que el periodo laborado para la compañía quedaba congelado el “26 de junio de 1995, fecha en la cual se da por terminado por mutuo consentimiento el contrato de trabajo que vinculó a las partes.”

 

En segundo lugar, desde una interpretación finalista del Acuerdo Laboral, se observa que luego de realizarse una lectura de su articulado es claro que el mismo se orientó a establecer soluciones a las posibles consecuencias que afrontarían los empleados de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena debido a su finalización de operaciones, pues se identificaron diferentes grupos de trabajadores ofreciéndoles soluciones de sostenimiento atendiendo a su edad y tiempo de vinculación con el Estado, de allí que sea razonable concluir que sus destinatarios son únicamente los trabajadores que tuvieron vinculación laboral vigente al 26 de junio de 1995, fecha en la cual la compañía fue relevada en la prestación de los servicios públicos del ente territorial[117].

 

En tercer lugar, si se realiza un análisis sistemático del acuerdo convencional junto con las normas nacionales que regulan los conflictos colectivos del trabajo, puede concluirse que al ser el primero suscrito por la organización sindical de la empresa, los trabajadores que se encontraban representados por esta eran los que tenía contrato vigente con la compañía, pues dada la naturaleza del sindicato de base, para poder hacer parte del mismo el empleado debe tener una vinculación laboral con la empresa, según lo estipula el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo[118].

 

En cuarto lugar, una hermenéutica histórica del Acuerdo Laboral lleva al intérprete a concluir que dicha norma es el resultado de la negociación que se inició por los representantes de los trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena ante la cesación de actividades, derivada de la finalización de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. En efecto, como se explicó líneas atrás, decisiones políticas dadas por el Concejo Distrital y ejecutadas por la Alcaldía llevaron a la liquidación de dicha compañía y establecieron una serie de reglas para respetar los derechos de los trabajadores[119].

 

11. Caso concreto

 

(a) Expedientes (ii) T-4.317.649 y (iii) T-4.322.651.

 

11.1. El señor Roque Martínez Ríos[120] nació el 1 de abril de 1942[121] y prestó sus servicios para el Estado durante 15 años, 8 meses y 10 días[122], siendo su última vinculación con la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena, la cual finalizó el 16 de septiembre de 1977. A su vez, el ciudadano Jorge Morales Espinosa[123] nació 26 de octubre 1948[124] y trabajó para la mencionada empresa pública hasta el 30 de agosto de 1993, para un total de 11 años, 8 meses y 20 días[125].

 

En el año 2013, los accionantes solicitaron la pensión de jubilación convencional consagrada en el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito el 4 de agosto de 1995[126], pero la misma no les fue reconocida. Ante tales circunstancias, los señores Martínez y Morales interpusieron sendas acciones de tutela, pretendiendo que se le ordene al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad que les reconozcan y paguen dicha prestación.

 

11.2. Los jueces de instancia accedieron a las pretensiones de los accionantes, argumentando que cumplían con los requisitos establecidos en la norma convencional. Al respecto, la Corte considera que los funcionarios judiciales que profirieron las decisiones que son objeto de revisión erraron en la aplicación del Acuerdo Laboral, pues, como se explicó, el mismo sólo benefició a los trabajadores con contrato laboral vigente al 26 de julio de 1995, por lo cual los demandantes al haberse desvinculado de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena en los años 1977 y 1993, no podían ser destinatarios del plan pensional especial, ya que este fue diseñado para atender la situación de desprotección en la que quedaron los empleados ante la liquidación de la compañía. Así las cosas, la Sala revocará las decisiones de instancia que concedieron los amparos, y en su lugar los denegará.

 

(b) Consideraciones adicionales

 

11.3. Ahora, si bien la Sala no accedió a la solicitud de acumulación presentada por las demandadas, estima necesario examinar la posibilidad de adoptar una serie de medidas encaminadas a modular los efectos de los fallos de tutela que no fueron seleccionados, con el fin de salvaguardar el patrimonio público y los derechos de los demás beneficiarios de prestaciones otorgadas por el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena, cuyos recursos están siendo afectados por las decisiones judiciales proferidas.

 

11.4. En ese sentido, es pertinente resaltar que esta Corporación ha considerado que dentro de su competencia se encuentra la posibilidad de interpretar y modular los efectos de una decisión de amparo que se encuentre en firme, siempre que se demuestre la existencia de una serie de circunstancias  irregulares que de prolongarse en el tiempo atentarían contra los derechos de terceros y de la comunidad en general, como sucede por ejemplo cuando a través de sentencias de tutela no seleccionadas para revisión se han reconocido prestaciones económicas que debieron haber sido solicitadas ante el juez ordinario, y su cumplimiento deviene en que se afecten fondos comunes de pensiones o recursos públicos[127].

 

Para ilustrar, recientemente en la Sentencia T-272 de 2014[128], la Corte examinó dos recursos de amparo interpuestos por la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE – en Liquidación) contra providencias de tutela proferidas, en el primer caso, por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal donde se ordenó el reembolso de las sumas retenidas por concepto de aportes en salud a 440 docentes que devengan pensión gracia de jubilación; y en el segundo asunto, por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, en la cual se reconoció y ordenó el pago de pensión gracia a los 30 accionantes que la solicitaban.

 

En dicha oportunidad, en atención al precedente fijado por esta Corporación conforme al cual no es procedente interponer el amparo constitucional contra providencias que a su vez han resuelto acciones de tutela, la Corte declaró improcedente ambas demandas[129]. Sin embargo, tras examinar los hechos de cada caso y el contexto en el que fueron promovidos los mecanismos de protección que originaban la controversia, la Sala decidió emplear el remedio constitucional consistente en modular a posteriori fallos de tutela ya ejecutoriados y que en su momento no fueron seleccionados para revisión, pues ello era imprescindible para corregir y hacer frente a una situación en la que se evidenciaba un uso abusivo del recurso de amparo, y se estaban afectando los derechos de terceros, como lo eran las personas beneficiarias de prestaciones periódicas reconocidas por Cajanal EICE. En efecto, este Tribunal sostuvo:

 

“(…) debe precisarse que la prohibición de interponer acción de tutela contra tutela, no puede confundirse con la competencia general de la Corte para interpretar y excepcionalmente modular los efectos de las decisiones judiciales dictadas en procesos de tutela. Lo anterior es especialmente relevante cuando existe certeza razonable y evidente de que, si no lo hace, ocurrirá una vulneración de otros derechos fundamentales en situaciones que no era posible prever, ya sea por parte de los mismos jueces de tutela en las instancias en las cuales fue dictado el fallo o en el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional. En este orden, es posible interpretar y modular los efectos de una decisión en firme, en un escenario complejo e irregular que, de continuar, terminaría por afectar derechos fundamentales de otras personas, poner en riesgo la vigencia misma de la Constitución, y, como ocurre en los casos bajo estudio, trastornar la finalidad central de la acción de tutela –a saber la protección de los derechos fundamentales-, todo lo cual encuentra fundamento en el deber de la Corte de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución Política.” (Subrayado fuera del texto original).

 

Así pues, esta Corporación resolvió ordenarle a Cajanal EICE en liquidación que inaplicara las órdenes impartidas en los fallos de tutela cuestionados, por cuanto las irregularidades advertidas desvirtúan la validez de los títulos conferidos en virtud de dichas providencias judiciales. Sin embargo, se aclaró que estas decisiones no desconocían el derecho de los interesados de acudir ante la jurisdicción administrativa para obtener la satisfacción de sus pretensiones.

 

En esa misma línea, en la providencia T-218 de 2012[130], la Corte controvirtió la validez y ordenó dejar sin efectos el título jurídico contenido en una sentencia de tutela que confería el derecho a la pensión gracia a un número plural de accionantes, y en la cual se advertía: (i) un manifiesto desconocimiento del requisito de subsidiariedad, (ii) ausencia de soporte probatorio de los derechos pensionales que fueron concedidos, y (iii) falta de competencia territorial del juez que falló la tutela.

 

En dicho fallo, esta Corporación examinó en detalle los fundamentos constitucionales de la cosa juzgada constitucional, señalando que es una institución jurídica a través de la cual la decisión judicial que resuelve con carácter definitivo un conflicto ius fundamental se torna inimpugnable y puede ser materializada por la fuerza. Asimismo, se precisó que tal cualidad sólo se adquiere una vez agotado el trámite ante la Corte Constitucional, ya sea por haber sido excluido de revisión el amparo o, en el caso de las sentencias de tutela seleccionadas, por haberse proferido el fallo de revisión por parte de este Tribunal[131].

 

No obstante lo expuesto, la Sala advirtió que un atributo de las sentencias que adquieren fuerza de cosa juzgada constitucional, como las de tutela, es que si bien la decisión de amparo es inmutable, las órdenes específicas en ellas impartidas, a través de las cuales se materializa la tutela del derecho, sí pueden ser objeto de modulación posterior. Lo anterior fue sustentado en que “el legislador extraordinario definió en el propio estatuto de la acción de tutela (Decreto 2591 de 1991) que el juez no pierde la competencia, y está facultado para tomar las medidas necesarias y asegurar el cumplimiento de la decisión, es decir, proteger el derecho fundamental afectado.”^[132]

 

Al respecto, se recordó que en la Sentencia T-086 de 2003[133], esta Corporación indicó que “la modificación de la orden impartida por el juez no puede tener lugar en cualquier caso. Este debe corroborar previamente que se reúnen ciertas condiciones de hecho que conducirán a que dadas las particularidades del caso, el derecho amparado no vaya a ser realmente disfrutado por el interesado o que se esté afectando gravemente el interés público (…).”

 

11.5. En síntesis, esta Corporación ha estimado procedente modular los efectos de los fallos de tutela que no fueron seleccionados, cuando se evidencie la ocurrencia de un escenario complejo e irregular que de continuar afectaría derechos de terceros y de la comunidad en general. Con base en lo expuesto, pasa la Sala a analizar la concurrencia de dichas circunstancias en los asuntos examinados.

 

En primer lugar, este Tribunal observa que probablemente los funcionarios judiciales reconocieron 13 pensiones a personas que se habían retirado de la extinta empresa de servicios públicos antes del 26 de julio de 1995 ignorando la finalidad del Acuerdo Laboral Definitivo[134], así como decretaron el pago de los retroactivos de las mesadas pensionales desde el año 1995 inclusive, desconociendo aparentemente las normas de prescripción de las mesadas pensionales no cobradas desarrolladas en la jurisprudencia constitucional^[135], como se sintetiza en los siguientes cuadros:

 

Fecha de retiro de los accionantes
Accionante	Expediente	Fecha de retiro
César Salcedo Yoly	007-2013	30/08/1993
Adolfo del Portillo Rodríguez	007-2013	20/11/1992
Agustín Lara Rodríguez	012-2013	27/05/1995
Juan Medrano Soto	013-2013	08/09/1993
Victoriano Sabala Lamadrid	013-2013	30/08/1993
Miguel Ángel Severiche Ballestas	013-2013	30/08/1993
Fredis de Jesús Beltrán Pérez	013-2013	30/08/1993
Luis Alejandro Meza Batista	2012-0059-00	26/07/1995
Felipa Arévalo Suárez	2013-0026-00	26/06/1995
Benita Guardo Castillo	2013-0026-00	31/05/1991

 

Fecha desde la cual se ordenó el pago del retroactivo pensional
Accionante	Expediente	Retroactivo
César Salcedo Yoly	007-2013	09/08/1996
Adolfo del Portillo Rodríguez	007-2013	25/03/1995
Agustín Lara Rodríguez	012-2013	27/05/1995
Jairo Jiménez Conde	012-2013	27/05/1995
Juan Medrano Soto	013-2013	04/08/1995
Victoriano Sabala Lamadrid	013-2013	04/08/1995
Miguel Ángel Severiche Ballestas	013-2013	04/08/1995
Fredis de Jesús Beltrán Pérez	013-2013	04/08/1995
Rafael Arturo Martelo Viloria	016-2013	01/03/1999
Luis Alejandro Meza Batista	2012-0059-00	13/05/2006
José Ramón Castro Hernández	2012-0059-00	22/02/2007
Felipa Arévalo Suárez	2013-0026-00	04/08/1995
Benita Guardo Castillo	2013-0026-00	04/08/1995

 

En segundo lugar, para la Corte resulta extraño que los accionantes hayan interpuesto las acciones de tutela en municipios distintos al Distrito de Cartagena, afirmando todos ellos en sus demandas que debieron acudir a la ayuda de familiares que tenían su residencia en los entes territoriales donde presentaron el amparo, a pesar de que de las pruebas allegadas a los procesos se observa que su lugar de domicilio es la mencionada ciudad.

 

Así por ejemplo, esta Corporación advierte que en los derechos de petición elevados para solicitar el reconocimiento de las prestaciones pensionales, los actores indicaron como su lugar de notificaciones direcciones ubicadas en la ciudad de Cartagena, y que al cotejarse su número de cédula con el Registro Único de Afiliados a la Protección Social, los peticionarios no aparecen domiciliados en los municipios donde interponen el recurso de protección sino en dicho Distrito, circunstancia que se vuelve a evidenciar al consultarse el registro de inscripción electoral de los demandantes[136].

 

En tercer lugar, la Corte tampoco puede ser ajena a las afirmaciones puestas a consideración de la Sala por parte del representante del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena y del Alcalde Mayor de la ciudad, relacionadas con presuntas irregularidades en el reconocimiento de las prestaciones pensionales, que han derivado en la afectación del patrimonio público en una suma superior a $5.553.652.999.

 

11.6. En ese contexto, esta Corporación considera que existe una amenaza de que se configure un perjuicio irremediable al interés público, pues las órdenes judiciales dictadas gozan en la actualidad de firmeza y son plenamente ejecutables por parte de los beneficiarios, y de concretarse su pago, difícilmente podrán ser recuperados los dineros que llegaren a ser erogados. Así las cosas, la Sala adoptará una serie de medidas, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

 

Concretamente, este Tribunal declarará que los siguientes amparos concedidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba se entenderán otorgados de manera transitoria, por lo que los respectivos accionantes deberán acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad con el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991[137], dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación de esta sentencia con el fin de debatir ante el juez natural de la causa el derecho pensional reclamado, so pena de perder la protección deprecada:

 

Expediente	Accionantes	Fecha de la sentencia
007-2013	César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez	7 de marzo de 2013
013-2013	Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez	2 de mayo de 2013
016-2013	Rafael Arturo Martelo Viloria	23 de mayo de 2013
012-2013	Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde	2 de mayo de 2013

 

Para el efecto, el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena tendrá que comunicar a cada uno de los actores la presente providencia, pues el término de cuatro meses comenzará a contarse desde que la entidad ponga en su conocimiento lo resuelto por la Corte en esta decisión.

 

Asimismo, teniendo en cuenta que los accionantes que se reseñan a continuación tendrán que acudir a la jurisdicción ordinaria, ya sea producto de esta decisión o de los fallos de tutela que protegieron sus derechos de manera transitoria[138], esta Corporación modificará y prorrogará la medida provisional adoptada mediante el Auto 202 del 7 de julio de 2014[139], en el sentido de suspender el pago de los retroactivos concedidos, hasta que se adopte una decisión definitiva por la jurisdicción ordinaria:

 

Expediente	Juzgado	Accionantes	Fecha de la sentencia
007-2013	Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba	César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez	7 de marzo de 2013
013-2013		Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez	2 de mayo de 2013
016-2013		Rafael Arturo Martelo Viloria	23 de mayo de 2013
012-2013		Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde	2 de mayo de 2013
2012-0059-00	Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano	Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández	4 de septiembre de 2012
2013-0026-00		Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo	19 de marzo de 2013

 

Al respecto, la Sala resalta que la razonabilidad de las medidas a adoptar se encuentra en que si bien existen sendos fallos de tutela que no fueron seleccionados por la Corte para ser revisados, y por ende sobre ellos se predica, en principio el fenómeno de cosa juzgada constitucional, se hace imperiosa la intervención de este Tribunal para proteger los derechos de los terceros que pueden verse afectados con el pago periódico de sumas de dinero a cargo del tesoro público, como lo son, en un primer estadio, los demás pensionados del Fondo Territorial de Cartagena, y en un segundo, todos los colombianos.

 

Igualmente, en cuanto a la proporcionalidad, esta Corporación estima que la misma reside en que las órdenes de pago de las mesadas pensionales reconocidas a los accionantes que se verán afectados con las medidas preventivas a adoptar, no serán suspendidas con el propósito de proteger sus derechos a la confianza legítima y al mínimo vital, los cuales pueden llegarse a ver afectados de suspenderse repentinamente las prestaciones reconocidas por las autoridades judiciales.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el presente asunto.

 

SEGUNDO.- REVOCAR el fallo del 23 de mayo de 2013, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar), que protegió los derechos de Ángel María Ramos Zúñiga; y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado (Expediente (i) T-4.102.696).

 

TERCERO.- REVOCAR los fallos del 28 de octubre y del 11 de diciembre de 2013, proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre), que protegieron en primera y segunda instancia respectivamente los derechos de Roque Martínez Ríos y Luis Forero Ruíz; y en su lugar DENEGAR el amparo solicitado por el primer ciudadano, y DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el segundo (Expediente (ii) T-4.317.649).

 

CUARTO.- REVOCAR los fallos del 11 de diciembre de 2013 y del 30 de enero de 2014, proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre), que protegieron en primera y segunda instancia respectivamente los derechos de Gilberto Seca Sanjuan y Jorge Morales Espinosa; y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el primer ciudadano, y DENEGAR la acción de tutela presentada por el segundo (Expediente (iii) T-4.322.651).

 

QUINTO.- DECLARAR que los siguientes amparos concedidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba en el año 2013, se entenderán otorgados de manera transitoria, por lo que los respectivos accionantes deberán acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad con el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación de esta sentencia con el fin de debatir ante el juez natural de la causa el derecho pensional reclamado, so pena de perder la protección deprecada:

 

Expediente	Accionantes	Fecha de la sentencia
007-2013	César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez	7 de marzo de 2013
013-2013	Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez	2 de mayo de 2013
016-2013	Rafael Arturo Martelo Viloria	23 de mayo de 2013
012-2013	Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde	2 de mayo de 2013

 

Para el efecto, el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena tendrá que comunicar a cada uno de los actores la presente providencia, pues el término de cuatro meses comenzará a contarse desde que la entidad ponga en su conocimiento lo resuelto por la Corte en esta decisión.

 

SEXTO.- PRORROGAR la medida provisional adoptada mediante el Auto 202 del 7 de julio de 2014, en el sentido de suspender el pago de los retroactivos concedidos en las sentencias de tutela que se individualizan a continuación, hasta que se adopte una decisión definitiva por la jurisdicción ordinaria:

 

Expediente	Juzgado	Accionantes	Fecha de la sentencia
007-2013	Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba	César Salcedo Yoli y Adolfo del Portillo Rodríguez	7 de marzo de 2013
013-2013		Juan Medrano Soto, Victoriano Sabala Lamadrid, Miguel Ángel Severiche Ballestas y Fredis de Jesús Beltrán Pérez	2 de mayo de 2013
016-2013		Rafael Arturo Martelo Viloria	23 de mayo de 2013
012-2013		Agustín Lara Rodríguez y Jairo Jiménez Conde	2 de mayo de 2013
2012-0059-00	Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano	Luis Alejandro Meza Batista y José Ramón Castro Hernández	4 de septiembre de 2012
2013-0026-00		Felipa Arévalo Suárez y Benita Guardo Castillo	19 de marzo de 2013

 

SÉPTIMO.- Por Secretaría General, DEVUÉLVANSE los expedientes de tutela allegados a este proceso en calidad de préstamo por los juzgados Promiscuo Municipal de Córdoba y Promiscuo Municipal de Zambrano.

 

OCTAVO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

Con salvamento parcial de voto

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

A LA SENTENCIA T-375/15

 

 

Referencia: Expediente T-4.102.696. T-4.317.649 y T.4.322.651.

 

Acción de tutela instaurada Ángel María Ramos Zúñiga, Roque Martínez, Luis Forero Ruiz, Gilberto Seca San Juan, y Jorge Morales Espinoza  contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Fondo Territorial de Pensiones de la ciudad.

 

 

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.

 

Con el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala de Revisión, a continuación expongo brevemente el motivo por el cual, si bien comparto la orientación general del fallo, me aparto de la decisión adoptada en el numeral sexto de la parte resolutiva en el que se dispuso: “Prorrogar la medida provisional adoptada mediante el Auto del 7 de julio de 2014, en el sentido de suspender el pago de los retroactivos concedidos en las sentencias de tutela que se individualizan a continuación, hasta que se adopte una decisión definitiva por la jurisdicción ordinaria.”

 

A mi juicio, las mismas razones que justifican la orden de suspensión del pago del retroactivo, cabría hacerlas extensivas al pago de las mesadas que se causan desde el momento en que se presentó la acción de tutela hasta que se profiera decisión por parte de los jueces competentes, de manera que la orden de suspensión ha debido incluir a dichas mesadas y no solo a las que se estiman como parte del retroactivo.

 

Considero que resulta a todas luces incoherente prorrogar la medida de suspensión del pago del retroactivo y no involucrar el pago de las mesadas causadas con posterioridad, lo anterior, por cuanto los accionantes no podían ser destinatarios del plan pensional especial puesto que la terminación del vínculo laboral de cada uno de ellos fue anterior a la suscripción del acuerdo convencional celebrado con el Distrito, el cual fue diseñado para atender la situación de desprotección en la que quedaron los empleados ante la liquidación de la compañía, conclusión a la que se llega en la sentencia.

 

Fecha ut supra,

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado