Sentencia C-297/16

 

 

LEY QUE CREA EL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO COMO DELITO AUTONOMO “LEY ROSA ELVIRA CELY”-Contenido 

 

DERECHO DE LAS MUJERES A ESTAR LIBRES DE VIOLENCIA-Contenido y alcance/PROTECCION ESPECIAL A LAS MUJERES-Jurisprudencia constitucional/PROHIBICION DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER Y CLAUSULA DE IGUALDAD-Supone una prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer como forma de discriminación

 

TIPIFICACION DE FEMINICIDIO-Consideración de elementos de prueba para verificar la intención de dar muerte por razón de género

 

NORMA PENAL-Elementos/PRECEPTO Y SANCION-Elementos del tipo penal

 

La norma penal está constituida por dos elementos: (i) el precepto (praeceptum legis) y (ii) la sanción (sanctio legis). El primero de ellos, es entendido como “la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción”. El segundo, se refiere a “la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto”. El precepto desarrolla la tipicidad de hecho punible, pues este elemento es el que contiene la descripción de lo que se debe hacer o no hacer, y, por lo tanto, del hecho constitutivo de la conducta reprochable. Ahora bien, el precepto se integra por varios elementos del tipo que conforman su estructura y que pueden ser sintetizados así: “(i) un sujeto activo, que es quien ejecuta la conducta reprochable y punible; (ii) un sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico que el legislador busca proteger y que resulta afectado con la conducta del sujeto activo; (iii) una conducta, que corresponde al comportamiento de acción o de omisión cuya realización se acomoda a la descripción del tipo y que generalmente se identifica con un verbo rector; y (iii) el objeto de doble entidad; jurídica, en cuanto se refiere al interés que el Estado pretende proteger y que resulta vulnerado con la acción u omisión del sujeto activo, y material, que hace relación a aquello (persona o cosa) sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico tutelado y hacia el cual se orienta la conducta del agente”.

 

TIPO PENAL-Determinación

 

La determinación de los tipos penales implica el señalamiento de los elementos que estructuran la conducta que da lugar a una sanción penal.  A su vez, el hecho típico tiene un ingrediente objetivo que corresponde al aspecto externo de la conducta y, uno subjetivo, que se trata de un móvil que representa la libertad del agente que en algunos casos tiene elementos calificados como el ánimo o una intención particular.

 

FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO-Concreción/PRINCIPIO DE LEGALIDAD, TIPICIDAD Y DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE TIPICIDAD-Hace parte del núcleo esencial del principio de legalidad en materia penal

 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Contenido y alcance/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Materializa el derecho al debido proceso y garantiza la libertad individual e igualdad de las personas ante la ley

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Dimensiones

 

Este Tribunal ha identificado las diferentes dimensiones del principio de legalidad en materia penal, las cuales comprenden: i) la reserva legal, pues la definición de las conductas punibles le corresponde al Legislador y no a los jueces ni a la administración ii) la prohibición de aplicar retroactivamente las normas penales, por lo que un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley previa que así lo establezca, salvo el principio de favorabilidad; iii) el principio de legalidad en sentido estricto denominado de tipicidad o taxatividad, exige que las conductas punibles no solo deben estar previamente establecidas por el Legislador, sino que deben estar inequívocamente definidas por la ley, por lo que la labor del juez se limita a la adecuación de la conducta reprochada a la descripción abstracta realizada por la norma. Sólo de esta manera se cumple con la función garantista y democrática, que se traduce en la protección de la libertad de las personas y el aseguramiento de la igualdad ante el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado.

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Elementos

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Dimensiones encierran la reserva de ley, la irretroactividad de la ley penal salvo favorabilidad y la tipicidad o taxatividad, mediante las cuales evita la arbitrariedad o la intromisión indebida por parte de las autoridades penales que asumen el conocimiento y juzgamiento de las conductas típicas

 

TIPICIDAD-Concepto/PRINCIPIO DE TIPICIDAD-Elementos/PRINCIPIO DE TIPICIDAD-Límites/TIPO PENAL-Ingredientes normativos/DESCRIPCION DEL TIPO-Importancia/PRECISION Y CLARIDAD DE LA DESCRIPCION DEL HECHO PUNIBLE-Finalidad/TIPICIDAD-Consagración normativa de comportamientos humanos reprochables desde el punto de vista penal, a través de esquemas dogmáticos y las pautas de derecho positivo vigentes

 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Pilar del Estado Social de Derecho/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Límites/TIPOS PENALES ABIERTOS Y TIPOS PENALES EN BLANCO-Grado de indeterminación en su descripción típica/PROHIBICION DE DELITOS Y PENAS INDETERMINADOS-Resulta particularmente relevante y controvertible frente a las modalidades de tipo penal abierto y tipo penal en blanco

 

TIPO PENAL ABIERTO Y TIPO PENAL EN BLANCO-Jurisprudencia constitucional

 

 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Se fundamenta en prejuicios y estereotipos de género

 

VIOLENCIA DE GENERO-Jurisprudencia constitucional

 

VIOLENCIA DE GENERO-Concepto

 

DERECHO FUNDAMENTAL PARA LAS MUJERES A ESTAR LIBRES DE VIOLENCIA-Deberes del Estado

 

OBLIGACION DE GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A ESTAR LIBRES DE VIOLENCIA-Fuentes en el derecho internacional de los derechos humanos

 

En el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a estar libres de violencia tiene dos fuentes. De un lado, surge de la lectura sistemática de las disposiciones neutras que proscriben la violencia y reconocen los deberes de protección a la vida, la seguridad personal, la integridad, la honra, la salud y la dignidad de las personas, entre otros, con aquellas normas que establecen: (i) el derecho a la igualdad en el reconocimiento y protección de esos derechos; y (ii) la prohibición de discriminación por razón del sexo, pues imponen un deber de protección especial por razón al género. De otro lado, surge de las disposiciones que explícitamente consagran protecciones y deberes alrededor de la erradicación de la discriminación contra de la mujer y de la prevención, investigación y sanción de la violencia contra ésta.

 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Contenido

 

CONVENCION PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Contenido

 

DECLARACION SOBRE ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE NACIONES UNIDAS-Deber de diligencia para erradicación, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres

 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Proscripción de todo tipo de violencia contra niños y niñas e impone la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, educativas y sociales para protegerlos de cualquier tipo de violencia o abuso

 

MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Protección especial

 

MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Medidas de sanción social en el ámbito de discriminación

 

MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO-Riesgo desproporcionado de violencia, abuso y esclavitud sexual

 

VIOLENCIA DE GENERO-Fenómeno social vigente que se fundamenta en la discriminación de la mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos fundamentales

 

DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS MUJERES A ESTAR LIBRES DE LA VIOLENCIA-Deberes del Estado para su protección y atender de forma integral a sus sobrevivientes/ACCIONES AFIRMATIVAS PARA PROTEGER A LAS MUJERES DE RIESGOS Y AMENAZAS DESPROPORCIONADAS DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO-Jurisprudencia constitucional

 

DELITO DE FEMINICIDIO-Violencia de género

 

FEMINICIDIO-Como tipo penal responde a la penalización autónoma del homicidio de mujer en razón a su género

 

TIPIFICACION DE FEMINICIDIO-Derecho comparado

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO-Elementos/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO-Requiere que las conductas y las sanciones que configuran el tipo penal sean determinadas de forma precisa e inequívoca pero la jurisprudencia ha admitido cierto grado de indeterminación en los preceptos que configuran el delito

 

El principio de legalidad en sentido estricto, es decir, el principio de tipicidad o taxatividad, requiere que las conductas y las sanciones que configuran el tipo penal sean determinadas de forma precisa e inequívoca. No obstante, la jurisprudencia ha admitido cierto grado de indeterminación en los preceptos que configuran el delito cuando la naturaleza del mismo no permita agotar de forma exhaustiva la descripción de la conducta pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición, o es determinable mediante la remisión a otras normas. A su vez, dicha indeterminación no puede ser de tal grado que no sea posible comprender cuál es el comportamiento sancionado, lo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa ordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un referente especializado que precisa los parámetros específicos de su contenido y alcance.

 

FEMINICIDIO-Elementos en la descripción del tipo/FEMINICIDIO-Adecuación típica de la conducta debe abordarse a la luz del móvil, como el elemento transversal que lleva consigo el análisis de la violencia o discriminación de género, en cualquiera de sus formas que puede escapar a dichas circunstancias/TIPIFICACION DEL FEMINICIDIO-Obligación que impone el deber de debida diligencia en la investigación y sanción de la violencia contra la mujer

 

TIPIFICACION DEL FEMINICIDIO-No toda violencia contra la mujer es violencia de género y aun cuando se trate de violencia de género, no todas las acciones previas a un hecho generan una cadena de violencia que cree un patrón de discriminación que demuestre la intención de matar por razones de género

 

DELITO DE FEMINICIDIO-Elemento subjetivo del tipo debe ser probado a partir de criterios que demuestren que efectivamente existió una intención de matar por razón de género

 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA CONVENCION BELEM DO PARÁ-Definición

 

TIPIFICACION DEL FEMINICIDIO-Inclusión de circunstancias contextuales como elementos descriptivos del tipo, como los indicios, antecedentes y amenazas contra la mujer

 

ESTADO-Obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres frente a la evidencia contundente de los altos grados de impunidad que las formas tradicionales de política criminal no han logrado combatir/ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES-Garantía supone un cambio estructural en el acercamiento del derecho penal para que la tipificación de las conductas que violan sus derechos humanos, su investigación y sanción integren una perspectiva de género

 

 

TIPIFICACION DEL FEMINICIDIO-Inclusión de expresión “cualquier tipo de violencia” en norma acusada, admite una lectura abierta que hace que el comportamiento carezca de precisión y claridad, lo cual incumple con los requisitos que exige el principio de legalidad

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad de modular sus fallos/CORTE CONSTITUCIONAL-Sentencia condicionada para garantizar el respeto al principio de legalidad  

TIPO PENAL DE FEMINICIDIO-En aplicación del principio de legalidad se condiciona la expresión demandada en el entendido de que la violencia a la que se refiere es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo/VIOLENCIA DE GENERO COMO CIRCUNSTANCIA CONTEXTUAL PARA DETERMINAR EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL-Verificación de dicha circunstancia no excluye el análisis que el fiscal o el juez deben hacer para verificar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el proceso penal con el debido respeto al derecho al debido proceso/VIOLENCIA DE GENERO EN CONTEXTO DE FEMINICIDIO-No excluye el análisis de culpabilidad

 

Referencia: expediente D-11027

 

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely).

 

Demandante: Juan Sebastián Bautista Pulido

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D.C.,  ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, quien la preside, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

 

SENTENCIA

 

I. ANTECEDENTES

 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 242-1 de la Constitución Política, Juan Sebastián Bautista Pulido presentó ante esta Corporación demanda contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely), por considerar que vulnera los artículos 1º y 29º de la Constitución.

 

El 30 de septiembre de 2015, la Sala Plena decidió acumular la presente demanda a los expedientes D-11021 y D-11028, ya que también demandaban algunas disposiciones de la Ley 1761 de 2015.

 

El 19 de octubre de 2015, la Magistrada ponente inadmitió las demandas de inconstitucionalidad contenidas en los expedientes D-11021 y D-11028, ya que no cumplían los requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991 para presentar una demanda de inconstitucionalidad y se concedió tres días a los demandantes para corregir la demanda. No obstante, en ese mismo auto admitió la acción presentada por el señor Juan Sebastián Bautista Pulido en contra del literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015.

 

Mediante auto del 11 de noviembre de 2015, se ordenó: (i) rechazar y archivar las demandas de inconstitucionalidad contenidas en los expedientes D-11021 y D-11028, como quiera que el término para presentar las correcciones venció en silencio; (ii) continuar con el trámite de la demanda presentada por Juan Sebastián Bautista Pulido contra el literal e) del artículo 2º de la Ley 1761 de 2015; (iii) comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Defensoría del Pueblo, para que, si lo consideraban oportuno, realizarán la correspondiente intervención; (iv) invitar a diferentes organizaciones, para que si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la norma parcialmente demandada; (v) fijar en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; y (vi) correr traslado al señor Procurador General de la Nación, para lo de su competencia.

 

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda en referencia.

 

II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA

 

A continuación se transcribe el artículo 2º de la Ley 1761 de 2015 “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely) y se subraya la expresión objeto de demanda de inconstitucionalidad:

 

“LEY 1761 DE 2015

 

(Julio 6)

 

Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely)

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA:

(…)

 

Artículo 2°. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 104A del siguiente tenor:

Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses.

 

(…)

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.

(…)”.

 

III. LA DEMANDA

 

Juan Sebastián Bautista Pulido presentó demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2 de la Ley 1761 de 2015 por considerar que vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1º y 29 de la Constitución.

 

El demandante sostiene que el aparte acusado “compone el tipo penal de tal manera que para la imputación de una actuación como feminicidio, a partir del literal en cuestión se exige además del sujeto activo que éste cause la muerte a una mujer, sin ningún ingrediente adicional aparte de lo que dispone el literal mismo”[1]. Por lo tanto, considera que se trata de un tipo penal abierto, proscrito por la Constitución, pues no es posible determinar de forma inequívoca y clara “que la motivación del sujeto activo corresponde al ingrediente subjetivo `por motivos de género´”[2].

 

A partir de jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ciudadano señala que el Legislador encuentra el límite a su libertad de configuración en los derechos y la dignidad de las personas, lo cual incluye el principio de legalidad. Sostiene que dicho principio implica que un tipo penal no puede ser ambiguo y el “literal demandado determina diversos y confusos supuestos de hecho para configurar el tipo, algunos de los cuales se fundamentan en la mera demostración de antecedentes de violencia los cuales aparentemente demostrarían que la violencia en que se comete se refiere a violencia de género”[3].

 

Particularmente, señala que la ambigüedad del tipo penal recae en la posibilidad de condenar a un sujeto por tener cualquier clase de antecedentes de violencia en contra de la víctima, sin necesidad de que sean denunciados. Por lo tanto, afirma que el término “antecedente” no representa ninguna calificación especial, lo cual permite que se realice una interpretación ambigua, y con ello se genere una inseguridad e indeterminación jurídica.

 

En el mismo sentido, plantea que la “disposición de los indicios resulta abundantemente contraria a los postulados del Estado Social de Derecho, ya que pretende que a partir de indicios de violencia se condene a una persona al tipo penal de feminicidio”[4]. Para el actor, “se estaría llegando al extremo de que a partir de simples comentarios o manifestaciones que emita alguna persona o que haya hecho la víctima en determinado momento, de cualquier tipo de violencia, se podría imputar el delito de feminicidio”[5]. Así pues, en su concepto, el aparte viola el derecho al debido proceso porque “lleva necesariamente a que en una sentencia el juez funde sus decisiones en meros antecedentes o indicios, los cuales no tendrán que tener ninguna calificación especial para la imputación del mismo”[6].

 

Por último, manifiesta que la norma enjuiciada ataca los postulados del derecho procesal penal e induce en error a la administración de justicia, ya que sustancialmente se condiciona la sentencia penal, pues no se garantiza que el juez llegue con total certeza a la existencia del elemento subjetivo en la actuación del autor del delito. En otras palabras, el operador jurídico no tendría certeza de que quien comete el delito, efectivamente lo haya realizado en contra de una mujer por su condición femenina.

 

En conclusión, para el demandante, la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino.

 

IV. INTERVENCIONES INSTITUCIONALES

 

1. Universidad del Rosario

 

La Directora de la Oficina Jurídica de la Universidad, manifestó que por razones administrativas no era posible atender a la solicitud de intervención presentada por esta Corporación.

 

2. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

 

El representante de la Universidad Politécnico Grancolombiano, actuando como miembro del Observatorio de Derecho Constitucional de la Universidad, solicita que se declare la INEXEQUIBILIDAD del aparte normativo demandado.

 

El interviniente sostiene que, con base en la reiterada y múltiple jurisprudencia constitucional, el Legislador cuenta con libertad de configuración que debe someterse a los principios de objetividad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad. Dichos principios le impiden al Legislador crear tipos penales ambigüos o de aplicación retroactiva. Además, exige que se describa de forma precisa la conducta que se ha estimado necesario castigar, así como de los castigos que se van a imponer.

 

Con fundamento en lo anterior, solicita a la Corte que al revisar la constitucionalidad de la norma realice un juicio de proporcionalidad que tenga  como premisa principal, la siguiente pregunta: ¿[e]s razonable establecer como supuesto de hecho del feminicidio la existencia de antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar que justifiquen la imposición de penas descritas en la Ley 1761 de 2015?[7]

 

Al desarrollar el juicio propuesto, concluye que “el legislador excedió su facultad de configuración legislativa como quiera que ató la imposición de una sanción especial a la comisión de una conducta que no puede determinarse con precisión y claridad y cuya valoración y adecuación típica puede variar de un sujeto a otro”[8]. Así pues, señala que se vulneran los principios de proporcionalidad y razonabilidad fijados en la Constitución, pues se trata de un tipo penal abierto sin criterios claros y objetivos para determinar las circunstancias que configuran un antecedente o un indicio de violencia o amenaza lo cual abre “la posibilidad al juez para considerar como antecedente situaciones diferentes a las relacionadas con el feminicidio”[9].

 

3. Secretaría Distrital de la Mujer (Bogotá)

 

La Secretaría Distrital de la Mujer, actuando mediante la jefa de la oficina de asesoría jurídica, solicita que se declare la CONSTITUCIONALIDAD de la expresión demandada. La interviniente primero, expone la normativa internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad, la cual refleja los compromisos que tiene Colombia para combatir y evitar la violencia en contra de la mujer.

 

En segundo lugar, relata el contexto del feminicidio en Colombia, y al respecto sostiene que “[l]a violencia física y psicológica contra las mujeres al interior de la familia y propinada por la pareja o expareja en Colombia que de ser repetida puede terminar en feminicidios, cuenta con cifras alarmantes. El Instituto de Medicina Legal y CF informa que en 2014 a nivel nacional, se reportaron 75.939 casos de violencia intrafamiliar de los cuales el 64% (48.889) corresponden a violencia de pareja. Además, en el 81% (41.802) de los casos de violencia de pareja las víctimas son mujeres, lo que significa que por cada hombre que reportó ser agredido por su pareja, seis mujeres lo hicieron”[10].

 

De otra parte, señala que los asesinatos en contra de las mujeres son un reflejo de la discriminación y la violencia en contra de ellas, de manera que aquellos tratos perpetrados por la pareja o expareja en el ámbito privado o doméstico, son el reflejo del ejercicio de poder de dominación que históricamente han desplegado los hombres sobre la vida, la libertad, el cuerpo y la autonomía de las mujeres.

 

A su vez, indica que la Secretaría, como única institución a nivel nacional que adelanta la representación de mujeres en estos casos, ha podido constatar que un elemento determinante en la investigación penal son los antecedentes de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima. En su concepto, los antecedentes, de cualquier clase, que refiere la norma demandada son los que le permiten a la Fiscalía imputar al sujeto activo del delito, cargos por feminicidio.

 

Así, insiste en que dichos antecedentes “deben valorarse al momento de imputar, acusar y sancionar como Feminicidio una conducta perpetrada en tales circunstancias, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no” [11](negrilla en el texto original).  Finalmente, sostiene que los indicios y la prueba indiciaria, son elementos que la jurisprudencia ha aceptado en contextos de violencia sexual en contra de mujeres y menores de edad, como material válido para emitir sentencias condenatorias.

 

V. INTERVENCIONES EXTEMPORÁNEAS

 

Una vez vencido el término de fijación en lista se recibieron intervenciones del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cijusticia) que justifica la CONSTITUCIONALIDAD del aparte acusado y de la Universidad Externado de Colombia que solicita la declaratoria de INCONSTITUCIONALIDAD del mismo.

 

VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

 

La Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que declare EXEQUIBLE el aparte normativo demandado, “en el entendido de que no se trata de un verbo rector alternativo sino de una descripción de un contexto o de antecedentes que pueden tener lugar antes de que se cometa el crimen de feminicidio y que permiten probar el móvil del crimen. Así mismo que el delito de feminicidio únicamente tiene lugar cuando se trata de un homicidio de una mujer y cuando este es cometido por el hecho mismo de ser mujer”[12].

 

La Vista Fiscal considera que existen inconsistencias en la redacción de la norma demandada, lo cual afecta la interpretación y el sentido de la misma. Para esta entidad, la norma presenta dos sentidos. El primero de ellos, el que propone el accionante en su escrito, “esto es que se trata de un elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio, o en sus palabras un verbo rector alternativo”[13]. El segundo, considerado por el Ministerio Público como adecuado, hace referencia a una “mera descripción de un antecedente fáctico o un contexto de agresiones o violencia del sujeto activo contra la víctima antes de que se cometa el feminicidio”[14].

 

Para llegar a dicha interpretación, la Vista Fiscal utilizó la definición de feminicidio establecida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en la Ley 1761 de 2015. Enfatiza que una interpretación acertada de la norma, permite constatar que el contenido de la misma se refiere a simples descripciones de contextos o situaciones que por lo general preceden al delito de feminicidio y que le permiten al juez realizar un estudio exhaustivo de las circunstancias del caso.

 

En otras palabras, el inciso acusado brinda un contexto para describir el delito de feminicidio, pero no obstaculiza que al interior del proceso penal se garantice el derecho al debido proceso del presunto agresor, pues lo que busca la norma “es quitar una carga a la mujer que es víctima de la violencia por el hecho de ser mujer y que como se ha demostrado tantas veces, en la coyuntura social del país-en la mayoría de los casos, por distintos motivos-no puede acercarse a las autoridades competentes para formular las denuncias que corresponden”[15].

 

En conclusión, la Vista Fiscal expone que a pesar de las deficiencias en la redacción que presenta la norma demandada, ésta se debe entender como un elemento contextual que podría tomarse como un indicio para probar el feminicidio, sin que ello implique que se van a reemplazar los verbos rectores del tipo penal; es decir, los elementos esenciales del feminicidio.

 

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de una acusación de inconstitucionalidad contra un precepto que forma parte de una ley de la República.

 

Alcance de la norma, planteamiento del problema jurídico y metodología de resolución

 

2. El demandante considera que la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino.

 

3. La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano solicita la declaratoria de inexequibilidad del literal acusado, pues considera que el Legislador excedió su margen de configuración, ya que ató la sanción a la comisión de una conducta que estima que no es posible determinar con precisión y claridad, y cuya valoración y adecuación típica puede variar de un sujeto a otro. Considera que se trata de un tipo penal abierto sin criterios claros y objetivos para establecer las circunstancias que configuran un antecedente o un indicio de violencia, lo que viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en la Constitución. La Universidad Externado de Colombia, en una intervención extemporánea, también solicita el retiro de la norma del ordenamiento jurídico en consideración a argumentos similares.

 

4. La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá solicita la declaratoria de constitucionalidad del literal acusado, pues sostiene que un elemento determinante en la investigación penal son los antecedentes de violencia en los ámbitos que fija la norma y son los que permiten a la Fiscalía imputar el delito de feminicidio. De otra parte, afirma que los indicios son elementos que la jurisprudencia ha aceptado en contextos de violencia sexual en contra de mujeres como material probatorio válido para emitir sentencias condenatorias. Cijusticia también justificó la constitucionalidad de la disposición en una intervención extemporánea.

 

5. La Procuraduría solicita que se declare la exequibilidad del aparte normativo demandado en el entendido de que el literal acusado no determina un verbo rector alternativo, sino una descripción del contexto que tiene lugar antes del crimen, lo cual permite probar el móvil del mismo. Para la Vista Fiscal, la norma tiene serias deficiencias de redacción, pero se debe admitir el sentido señalado, en tanto que no se obstaculiza el derecho al debido proceso. A su vez, indica que la disposición busca quitar una carga a la mujer, quien no siempre puede denunciar los actos de violencia que han sido perpetrados en su contra.

 

Alcance de la norma demandada

 

6. La Corte Constitucional considera que antes de determinar el problema jurídico que plantea la demanda, es necesario establecer el alcance de la norma acusada porque, además de determinar el ámbito de la revisión constitucional, como lo indica la Procuraduría, la norma admite diferentes lecturas posibles.

 

7. De manera general, la norma penal está constituida por dos elementos: (i) el precepto (praeceptum legis) y (ii) la sanción (sanctio legis). El primero de ellos, es entendido como “la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción”. El segundo, se refiere a “la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto”^[16].

 

El precepto desarrolla la tipicidad de hecho punible, pues este elemento es el que contiene la descripción de lo que se debe hacer o no hacer, y, por lo tanto, del hecho constitutivo de la conducta reprochable. Ahora bien, el precepto se integra por varios elementos del tipo que conforman su estructura y que pueden ser sintetizados así: “(i) un sujeto activo, que es quien ejecuta la conducta reprochable y punible; (ii) un sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico que el legislador busca proteger y que resulta afectado con la conducta del sujeto activo; (iii) una conducta, que corresponde al comportamiento de acción o de omisión cuya realización se acomoda a la descripción del tipo y que generalmente se identifica con un verbo rector; y (iii) el objeto de doble entidad; jurídica, en cuanto se refiere al interés que el Estado pretende proteger y que resulta vulnerado con la acción u omisión del sujeto activo, y material, que hace relación a aquello (persona o cosa) sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico tutelado y hacia el cual se orienta la conducta del agente”^[17].

 

Así pues, la determinación de los tipos penales implica el señalamiento de los elementos que estructuran la conducta que da lugar a una sanción penal^[18].  A su vez, el hecho típico tiene un ingrediente objetivo que corresponde al aspecto externo de la conducta y, uno subjetivo, que se trata de un móvil que representa la libertad del agente que en algunos casos tiene elementos calificados como el ánimo o una intención particular.

 

8. En el tipo penal que es objeto de la demanda parcial, el sujeto activo se refiere a “quien” cause la muerte a una mujer, es decir, aquella persona que lleve a cabo la conducta no es calificada ni determinada por condiciones especiales. El sujeto pasivo es calificado, pues necesariamente se trata de una mujer o de una persona que se identifique en su género como tal.

 

El objeto material del delito en sentido estricto se trata de la vida de la mujer o la persona identificada como mujer. Como lo señala la exposición de motivos de la ley, este es un tipo pluriofensivo que busca proteger diversos bienes jurídicos, a saber: la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.

 

La conducta corresponde a dar muerte a una mujer por el hecho de serlo, por lo tanto el verbo rector es matar a una mujer. No obstante, como lo advierte la exposición de motivos de la ley, este delito se diferencia del homicidio en el elemento subjetivo del tipo. Es decir, la conducta debe necesariamente estar motivada “por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”, móvil que hace parte del tipo (dolo calificado). A su vez, el tipo penal describe algunos elementos concurrentes o que han antecedido a la muerte de la mujer como circunstancias que permiten inferir la existencia del móvil. En el caso particular del inciso acusado, se trata de la existencia de “antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no”.

 

8. En efecto, el precepto puede ser leído de dos maneras. La primera propone entender que las circunstancias detalladas en el literal e) del artículo 2º de la Ley 1761 (antecedentes, indicios o amenaza de cualquier tipo de violencia) se separan del hecho de dar muerte a una mujer, por el motivo de serlo o por razones de género. Es decir, la lectura que plantea el demandante, en la que la imputación del feminicidio sólo requeriría la verificación de tales circunstancias y causar la muerte a la mujer. Dicha interpretación suprime el móvil del delito de feminicidio consignado en el acto de matar a una mujer por el hecho de serlo o por su identidad de género. 

 

Este acercamiento podría desprenderse de la norma, pues en ella se establece que la conducta se configura cuando se causa la muerte a una mujer, “por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o cuando concurran o antecedan las siguientes circunstancias (…)”. Así, siguiendo una lectura literal del aparte normativo, el conector “o” que es disyuntivo, indicaría que el verbo rector “matar a una mujer” puede ligarse con tres hipótesis que configurarían el feminicidio: i) matarla por ser mujer; ii) matarla por su identidad de género, y iii) matarla y que concurran o antecedan las circunstancias establecidas en los literales de la norma, incluido el literal e) acusado. Dicha lectura configuraría un contrasentido, en la medida en que excluiría justamente el elemento subjetivo de la conducta que configura el feminicidio, tal y como se expondrá más adelante.

 

9. La segunda lectura posible es la que mantiene esa intención y que implica que la circunstancia descrita actúa como un elemento descriptivo del tipo o hecho contextual que potencialmente puede determinar el elemento de la intención de matar a una mujer por el hecho de serlo o por su identidad de género, sin que sea necesario para que se configure el elemento subjetivo. En este caso, a pesar de la literalidad del conector “o”, una lectura sistemática y teleológica del tipo penal mantendría el sentido de la norma, pues el móvil se conserva en la descripción de la conducta. Es decir, independientemente de las circunstancias que se describen en los literales del artículo 2º, la conducta debe necesariamente contar con dicha intención de matar a una mujer por serlo o por motivos de su identidad de género (dolo calificado).

 

En este sentido, “los antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza de ésta” a los que se refiere el literal e) acusado, son complementarios al hecho de matar a una mujer por el hecho de serlo o por su identidad de género, y se establecen como situaciones contextuales y sistemáticas, que pueden ayudar a develar el elemento subjetivo del tipo penal. 

 

La Sala considera que la última lectura es la única admisible constitucional y legalmente por varias razones relacionadas con: (i) la finalidad de la norma, (ii) la definición técnica de feminicidio, (iii) el contexto de discriminación contra la mujer al interior de la administración de justicia. Así:

 

10. En primer lugar, en la exposición de motivos de la ley se indica que la tipificación del feminicidio era necesaria, pues había un vacío legal que impedía sancionar la “muerte dolosa de la mujer por el simple hecho de ser mujer”[19]. En ese sentido, aparece claro que la (i) finalidad de esta norma, además de llenar ese vacío legal, era cumplir con la obligación del Estado colombiano respecto del deber de debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer; así como, con la obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas. La tipificación del delito buscó la “institucionalización de acceso a un recurso judicial efectivo de protección”[20].

 

Así mismo, se extrae que el tipo penal de feminicidio respondió a la necesidad de crear marcos jurídicos que evaluaran la violencia contra las mujeres, en su dimensión sistemática y estructural[21]. Por tanto se estableció que este es un tipo penal pluriofensivo que responde a la realidad de que la violencia contra la mujer no es un hecho fortuito y aislado sino un hecho generalizado y sistemático[22], que afecta diversos bienes jurídicos como la vida, “la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad”[23].

 

11. En segundo lugar, al (ii) definir el feminicidio, en la exposición de motivos, se explicó que éste se refiere “al tipo penal que castiga los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que favorece y las expone a múltiples formas de violencia”[24]. Para definir la violencia, se reseñó el artículo 1º de la Convención de Belém do Pará que “señala que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[25]. Puntalmente se afirmó:

 

“El concepto dogmático de feminicidio consiste en la supresión por conducta del autor, de la vida de una mujer (tipicidad), sin justificación jurídicamente atendible (antijuridicidad), en forma intencional o dolosa, observándose una relación de causalidad entre la conducta del agente y el resultado de muerte en la mujer.

 

Este tipo penal se diferencia del homicidio en las motivaciones del autor, en tanto se basa en una ideología discriminatoria fundamentada en la desvalorización de la condición humana y social de la mujer, y por tanto en imaginarios de superioridad y legitimación para ejercer sobre ellas actos de control, castigo y subordinación.

 

El feminicidio, no puede seguir siendo considerado un hecho aislado, fortuito, excepcional, o un acto pasional, por tanto debe dársele la importancia legislativa que merece, como la real manifestación de la opresión y el eslabón final del continuum de las violencias contra las mujeres que culminan con la muerte; contentivos de ciclos de violencia basadas en relaciones de dominación y subordinación afirmadas por la sociedad patriarcal, que impone un deber ser a las mujeres por su condición de mujeres, tanto en los ámbitos públicos y privados, a través de prácticas sociales y políticas, sistemáticas y generalizadas para controlar, limitar, intimidar, amenazar, silenciar y someterlas, impidiendo el ejercicio de sus libertades y el goce efectivo de sus derechos”[26].

 

12. En tercer lugar, la segunda interpretación de la norma propuesta es la que más se ajusta a su sentido histórico porque la necesidad de dar viabilidad probatoria a los antecedentes, indicios o amenazas de cualquier tipo de violencia, está estrictamente ligada con el hecho de que la discriminación estructural contra las mujeres persiste en muchos ámbitos jurídicos y judiciales. Es decir la norma responde al (iii) contexto de discriminación contra la mujer en la administración de justicia.

 

En este sentido, tanto en la exposición de motivos de la Ley 1761 de 2015, como en reiterada jurisprudencia[27] se ha denunciado que, en contexto de discriminación, no es posible mantener el velo de la igualdad de armas procesales, sin que ello implique el desconocimiento de las obligaciones estatales de prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer.

 

Por lo tanto, se ha dicho que la rigidez procesal y el formalismo probatorio, muestran que muchas veces la administración de justicia ha dado un desmedido lugar a la verdad procesal, por encima, de realidades fácticas estructuralmente desiguales[28] y la verdad real de lo sucedido. Así, la inclusión de los antecedentes e indicios de violencia en una circunstancia del tipo, responde a la necesidad de establecer un tipo penal que  pueda integrar una perspectiva de género en la que esas desigualdades sean superadas.

 

13. En suma, resulta claro que las circunstancias contextuales de un homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer son determinantes para establecer la conducta del feminicidio. En este sentido, dado que los bienes jurídicos protegidos por la norma acusada van más allá de la vida y se encuentran ligados a la protección de las mujeres frente a patrones de discriminación que configuren la intención de matarlas por razones de género, esta Sala es enfática en establecer que el elemento esencial del tipo radica en el hecho de matar a una mujer por el hecho de serlo.

 

Lo anterior implica que las circunstancias que configuran el literal e) acusado no se refieren a un verbo rector adicional o a una circunstancia que reemplace el elemento subjetivo del tipo, sino a circunstancias que pueden determinar que la intención del homicidio se refiere a la condición de ser mujer o a la identidad de género, como elementos descriptivos que presentan hechos con el potencial de verificar el móvil de la conducta, sin excluir el análisis correspondiente a la responsabilidad penal, esto es el estudio de sobre la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad.

 

14. Para concluir, el inciso acusado por el demandante no puede ser leído de forma que excluya o reemplace el elemento subjetivo del tipo; es decir, el hecho de matar a una mujer por su condición femenina. Lo anterior, puesto que dicha lectura supondría, frente al literal demandado, que un hecho pasado, antecedentes, indicios o amenazas de violencia, en posible desconexión con el acto de matar en razón al género, tipificaría la conducta como feminicidio. Esa lectura haría que la verificación de las mencionadas circunstancias, estableciera de forma automática la posibilidad de una imputación por feminicidio, sin que estuviera presente la verificación de la existencia del elemento subjetivo del tipo (matar a una mujer por ser mujer o por su identidad de género). En efecto, la primera lectura de la norma va en contravía de los principios que rigen el derecho penal, puesto que haría innecesario verificar uno de los elementos del tipo o lo supondría automáticamente.

 

Al haber determinado el alcance de la disposición se pasa ahora a establecer el problema jurídico, de acuerdo con los argumentos de la demanda y a plantear la metodología de resolución.

 

Planteamiento del problema jurídico y metodología de resolución   

 

15. En el presente caso, la Corte debe entrar a resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿La determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la mujer asesinada, sin contemplar una calificación especial, genera una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo penal que hace que el mismo sea abierto y, por lo tanto, viole el principio de legalidad y el derecho al debido proceso (arts. 1º y 29 CP)?

 

Para resolver el problema jurídico, la Corte abordará el marco constitucional sobre: i) el principio de legalidad, la tipicidad y el derecho al debido proceso (reiteración de jurisprudencia); ii) los tipos penales abiertos y en blanco; iii) el derecho de las mujeres a estar libres de violencia y los correlativos deberes estatales; y iv) la tipificación del feminicidio en contexto; v) para con fundamento en lo anterior dar respuesta al problema jurídico planteado.

 

El principio de legalidad, la tipicidad y el derecho al debido proceso. Reiteración de jurisprudencia

 

16. Como lo ha establecido in extenso la Corte Constitucional, la facultad punitiva del Estado se concreta en un conjunto de normas que dictan cuales son los bienes jurídicos protegidos mediante el derecho penal, que indican las conductas que constituyen delitos y que por lo tanto son susceptibles de sanciones si se cometen. No obstante, esta facultad atribuida al Legislador encuentra límites en la Constitución. Estos límites pueden ser explícitos, en relación con aquellos expresamente consignados en la Carta, o implícitos, como aquellos que surgen de una lectura y aplicación sistemática de ésta. Los límites implícitos buscan la realización de los fines del Estado Social de Derecho, por lo tanto, el Legislador en su ejercicio de configuración penal debe actuar de forma razonable y proporcionada para garantizar que los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución se respeten.

 

En este sentido, uno de los límites al libre margen de configuración del Legislador en materia penal es el principio de legalidad, que a su vez materializa el derecho al debido proceso. Como lo ha indicado la jurisprudencia, el principio de legalidad  establece que las personas sólo pueden ser investigadas, acusadas, juzgadas y sancionadas penalmente por las acciones u omisiones que constituyan un delito y que hayan sido establecidos previamente en la ley. Luego, se trata de una reserva legal calificada, puesto que el delito no sólo debe estar consignado de forma previa sino también de manera clara, expresa, precisa e inequívoca. Igualmente, la jurisprudencia ha dicho que el principio de legalidad en sentido amplio comprende la reserva legal previa, mientras que en sentido estricto se refiere al principio de tipicidad o taxatividad que se refiere al carácter inequívoco de cómo se tipifica la conducta y cuál es la sanción, para que no exista cabida a la subjetividad o arbitrariedad en la aplicación de la norma por el juez penal y a su vez, que los individuos tengan certeza sobre las conductas sancionadas.

 

Por lo tanto, el principio de tipicidad hace parte del principio de legalidad que a su vez se encuentra inescindiblemente ligado al derecho al debido proceso en una relación amplia y dinámica. En este punto cabe reiterar lo dicho en la sentencia C-181 de 2016[29] al respecto.

 

El principio de legalidad

 

17. El artículo 29 de la Constitución establece que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Así, el derecho al debido proceso en el ámbito de configuración penal le exige al Legislador: i) definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas; ii) señalar anticipadamente las respectivas sanciones; iii) definir las autoridades competentes; y, iv) establecer las reglas sustantivas y procesales aplicables, todo lo anterior con la finalidad de garantizar un debido proceso[30].

 

En este sentido, el principio de legalidad que rige el derecho penal desarrolla el derecho al debido proceso y establece que: i) no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; ii)  no puede aplicarse pena alguna que no esté determinada por la ley anterior e indicada en ella; iii)  la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función y iv); nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio legal con respeto de las formas propias de cada juicio[31].

 

Conforme a lo anterior, la Corte en la sentencia C-653 de 2001[32] expresó que el ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado debe respetar en todo caso las garantías del derecho fundamental al debido proceso destinado a “(…) proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo del Estado”.

 

En ese orden de ideas, el principio de legalidad penal es una de las principales conquistas del Estado constitucional, al constituirse en una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, pues les permite conocer previamente cuándo y por qué razón pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole, con lo que se pretende fijar reglas objetivas para impedir el abuso de poder de las autoridades penales del caso.

 

18. Este Tribunal ha identificado las diferentes dimensiones del principio de legalidad en materia penal, las cuales comprenden: i) la reserva legal, pues la definición de las conductas punibles le corresponde al Legislador y no a los jueces ni a la administración ii) la prohibición de aplicar retroactivamente las normas penales, por lo que un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley previa que así lo establezca, salvo el principio de favorabilidad; iii) el principio de legalidad en sentido estricto denominado de tipicidad o taxatividad, exige que las conductas punibles no solo deben estar previamente establecidas por el Legislador, sino que deben estar inequívocamente definidas por la ley, por lo que la labor del juez se limita a la adecuación de la conducta reprochada a la descripción abstracta realizada por la norma. Sólo de esta manera se cumple con la función garantista y democrática, que se traduce en la protección de la libertad de las personas y el aseguramiento de la igualdad ante el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado[33].

 

Entonces, específicamente la tipicidad como principio se manifiesta en la “(…) exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras”[34]. De esta forma, se garantiza que el juez respete la voluntad del Legislador y se protejan la seguridad jurídica y la separación de poderes.

 

Esta Corporación ha desarrollado el contenido de dicho principio y ha identificado los siguientes elementos: i) la conducta sancionable debe estar descrita de manera específica y precisa, bien porque está determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; ii) debe existir una sanción cuyo contenido material lo define la ley; y iii) la obligatoria correspondencia entre la conducta y la sanción[35].

 

19. En conclusión, la tipicidad es un principio constitucional que hace parte del núcleo esencial del principio de legalidad en materia penal. Dicho principio se expresa en la obligación que tiene el Legislador de establecer de manera clara, específica y precisa las normas que contienen conductas punibles y sus respectivas sanciones.

 

Por su parte, el principio de legalidad materializa el derecho fundamental al debido proceso y garantiza la libertad individual y la igualdad de las personas ante la ley. Sus dimensiones encierran la reserva de ley, la irretroactividad de la ley penal salvo favorabilidad y la tipicidad o taxatividad, mediante las cuales evita la arbitrariedad o la intromisión indebida por parte de las autoridades penales que asumen el conocimiento y juzgamiento de las conductas típicas.

 

Así pues, el estudio de la responsabilidad penal en nuestro ordenamiento jurídico, acogido por el Código Penal del año 2000, parte del concepto analítico tripartito del delito compuesto por la conducta: i) típica; ii) antijurídica; y, iii) culpable. Para establecer si se cumple con el principio de legalidad y de tipicidad en sentido estricto es preciso verificar que se cumpla con los elementos de la tipicidad que se pasan a reiterar también de la sentencia C-181 de 2016[36].

 

La tipicidad y el tipo penal[37]

 

20. La tipicidad es la consagración normativa de los comportamientos humanos reprochables desde el punto de vista penal, a través de esquemas dogmáticos y las pautas de derecho positivo vigentes. Se expresa a través del tipo penal, conformado por elementos que definen la tipicidad de una conducta punible, los cuales son: los sujetos (activo y pasivo), el objeto, la conducta en sí misma y los ingredientes normativos y subjetivos, así como la consagración de la pena.

 

La  importancia de la descripción que realiza el tipo radica en la precisión, detalle y claridad de la conducta reprochable, por tal razón supone el empleo de fórmulas gramaticales con uno o varios verbos delimitadores de la conducta, uno o varios sujetos que la realicen y algo sobre lo que recaiga la misma y en especial la pena a imponer.  

 

La precisión y claridad de la descripción del hecho punible busca garantizar la objetividad en el proceso de adecuación típica lo cual es un presupuesto para el subsiguiente juicio de antijuridicidad[38], culpabilidad[39] y punibilidad.

 

21. En resumen, la tipicidad es la consagración normativa de los comportamientos humanos reprochables desde el punto de vista penal, a través de esquemas dogmáticos y las pautas de derecho positivo vigentes. Se expresa a través del tipo penal, conformado por elementos que definen la tipicidad de una conducta punible, los cuales son: los sujetos, el objeto, la conducta en sí misma y los ingredientes normativos y subjetivos, así como la consagración de la pena.

 

Así, la definición del tipo penal, permite realizar la adecuación típica de la conducta objeto de reproche, puesto que se trata de un examen de correlación entre un comportamiento humano y todos los elementos estructurales del tipo.

 

Los tipos penales abiertos y los tipos penales en blanco

 

22. Como se advirtió, el principio de legalidad como pilar del Estado Social de Derecho garantiza el derecho al debido proceso en la medida en que tiene como objetivo asegurar que las conductas típicas estén definidas de forma inequívoca para que el individuo pueda conocerlas y así asegurar su ámbito de libertad. Es decir, permiten que el individuo tenga la certeza de saber hasta dónde va la protección jurídica de sus actos. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha admitido límites a este principio al permitir delitos que gocen de un cierto grado de indeterminación en su descripción típica como los tipos penales abiertos y los tipos penales en blanco.

 

En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el límite que se impone al principio de legalidad subyace en que la determinación de una conducta sólo es posible hasta donde se lo permite su naturaleza[40]. Lo anterior, reconoce que existen ciertas conductas que impiden su descripción exacta en tipos cerrados y completos. Sin embargo, en estos casos la indeterminación del tipo penal no viola el principio de legalidad si el Legislador precisa los elementos básicos para delimitar la prohibición o hace que éstos sean determinables mediante la remisión a otras instancias complementarias. En el caso de los tipos abiertos la remisión es judicial, mientras que en el caso de los tipos en blanco ésta es hacia otros contenidos normativos.

 

23. Este Tribunal ha dicho que los tipos penales abiertos son aquellos tipos que permiten un grado de indeterminación en los elementos normativos que lo configuran[41]. Estos se diferencian de los tipos penales en blanco en que la indeterminación del tipo se supera mediante el ejercicio de la actividad de interpretación del juez[42].

 

Así, por ejemplo, en la sentencia C-127 de 1993^[43] al decidir sobre la constitucionalidad del delito de terrorismo por un cargo de violación al principio de legalidad, la Corte dijo que los tipos penales tradicionales o estáticos se deben consagrar en tipos penales cerrados, pero frente a tipos penales dinámicos o “fruto de las nuevas y sofisticadas organizaciones y medios delincuenciales, deben consagrarse tipos penales abiertos”. Lo anterior, pues existen ciertas conductas que por atentar contra la dignidad inherente de la persona merecen un trato especial.

 

A su vez, sobre la indeterminación del tipo frente al principio de legalidad, la Corte precisó en la sentencia C-742 de 2012[44] que para determinar si un tipo penal se ajusta al principio de legalidad, no basta con demostrar la ambigüedad de las expresiones, sino que debe demostrarse que la vaguedad no es superable desde una interpretación jurídica razonable. Explicó entonces que “el juicio de estricta legalidad debe entenderse como un escrutinio de constitucionalidad de la ley penal, que busca establecer si los tipos penales resultan tan imprecisos e indeterminados, que ni aun con apoyo en argumentos jurídicos razonables es posible trazar una frontera que divida con suficiente claridad el comportamiento lícito del ilícito”[45].

 

Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que todo tipo penal podría considerarse abierto al dejar un cierto margen de interpretación, por lo tanto se trata de una cuestión de grados ante la cual en el control constitucional se debe verificar si existen referencias que permitan precisar su contenido normativo, lo cual puede incluir precedentes[46].

 

Luego, la justificación de los tipos penales abiertos también subyace en que hay cierto tipo de conductas que el Legislador no puede describir exhaustivamente, dada la multiplicidad de formas que puede tomar en la realidad. En este sentido, esta Corporación dijo en la sentencia C-501 de 2014[47] que el examen de validez de los tipos penales abiertos se dirige a establecer si “el nivel de apertura de la norma impide a los destinatarios individualizar los comportamientos prohibidos y sancionados”[48] y que la indeterminación de los tipos penales abiertos es compatible con la Constitución si: 

 

“(i) (…) se puede superar con una actividad interpretativa ordinaria de un destinatario “promedio” del tipo penal, de modo que con mediana diligencia hermenéutica sea posible precisar el alcance de la prohibición; (ii) Además, en casos excepcionales en los que esta actividad hermenéutica del destinatario “promedio” es insuficiente, puede admitirse el tipo penal abierto cuando existe un referente especializado que ha decantado  pautas específicas que precisan el contenido y alcance de la prohibición penal, y tal comprensión se ha trasladado a los destinatarios cuando se efectúa el control constitucional del precepto”.

 

24. En conclusión, los tipos penales abiertos no violan el principio de legalidad siempre que: i) la naturaleza del tipo impida su descripción exacta, pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición; y ii) el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado, lo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa ordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un referente especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y alcance de la prohibición.

 

25. De otra parte, los tipos penales en blanco se refieren a aquellas conductas típicas que aunque incluyen un precepto y una sanción, el precepto es relativamente indeterminado y requiere de otro contenido normativo para que se precise[49]. Así, se les ha denominado tipos de reenvío, por la necesidad de remitirse a otras disposiciones legales para poder llevar a cabo el proceso de adecuación típica.

 

Luego, en los tipos penales en blanco o de reenvío si bien existe un grado de indeterminación en la conducta ésta es determinable y en esa medida es compatible con el principio de legalidad. Así, los requisitos de claridad y certeza de este principio admiten que se remita a otras normas que no necesariamente deben tener el mismo rango legal pero que permiten establecer de forma inequívoca el alcance de la conducta penalizada[50].

 

Igualmente, la jurisprudencia ha dicho que los tipos penales en blanco se justifican en los casos que regulan fenómenos dinámicos que no admiten la regulación estricta del tipo por su volatilidad, que exige una actualización normativa constante[51].

 

26. Sobre el tipo de remisiones, la sentencia C-605 de 2006[52] señala que en los tipos penales en blanco el precepto puede expresarse al integrar otras normas al tipo penal, de rango extralegal o infralegal y que la remisión puede ser propia o impropia según el rango de la norma con la cual se efectúa el complemento. Así, la remisión impropia se refiere a la remisión a otra norma de igual rango por lo que se respeta el principio de legalidad en sentido estricto, al guardar la reserva legal en la determinación de la conducta punible ya que la voluntad del Legislador se compone a partir de la integración de varias normas[53]. En la remisión propia, es decir a normas de diferente rango legal, sólo se admite la remisión de elementos diferentes al verbo rector y a la sanción[54]. En esa oportunidad, la Corte también indicó que es posible que la norma a la cual se remite “se expida con posterioridad a éste [la norma penal], pero se exige la existencia de la norma de complemento para la conformación final del tipo penal”[55].

 

27. Específicamente, en relación con la remisión a normas de rango administrativo, esta Corporación indicó en la sentencia C-442 de 2011[56] que para que se respete el principio de legalidad se deben cumplir cuatro requisitos, a saber:

 

“En primer lugar, la remisión debe ser precisa; en segundo lugar, la norma a la cual se remite debe existir al momento de conformación del tipo penal. En tercer término la norma de complemento debe ser de conocimiento público y, finalmente, debe preservar, como cualquier norma del ordenamiento, los principios y valores constitucionales”[57].

 

A su vez, la Corte ha determinado que la precisión de la remisión se refiere a la posibilidad de acudir a referentes objetivos y verificables, que también deben respetar el principio de legalidad[58].

 

28. En conclusión, esta Corporación ha determinado que los tipos penales en blanco no violan el principio de legalidad siempre que de forma clara, previa e inequívoca se describa la conducta reprochada. Entonces, la claridad y la certeza de la descripción típica admite que se haga referencia a otras normas de distinto rango legal mientras que éstas sean determinables. Así, la norma que completa el tipo penal puede no haber sido expedida, pero debe existir al momento de la confirmación del tipo y la remisión a normas de inferior jerarquía debe cumplir con los principios de claridad, precisión, generalidad y publicidad, además de estar acordes con los principios y valores constitucionales. 

 

El derecho de las mujeres a estar libres de violencia y los correlativos deberes para el Estado

 

29. La Constitución de 1991 reconoce explícitamente una protección especial a la mujer en sus artículos 40, 43 y 53 en razón a la discriminación histórica que ésta ha sufrido en las diferentes esferas sociales. Así, determina una garantía de adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de la administración pública, una prohibición de la discriminación y una protección especial durante y después del parto, así como en el ámbito laboral. De otra parte, el artículo 42 establece la protección especial a la familia y proscribe cualquier forma de violencia en su núcleo. Si bien la norma no menciona explícitamente a la mujer, la jurisprudencia ha entendido que el derecho a la igualdad, que impone la salvaguarda reforzada de los sujetos en condición de vulnerabilidad^[59], efectivamente establece para mujeres, niñas y niños una protección especial frente a la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas. 

 

30. Así mismo, la Constitución Política reconoce la seguridad personal como un valor, un derecho colectivo y un derecho fundamental. Como valor, consignado en el Preámbulo de la Constitución, es esencial al orden público y “garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio nacional”^[60]. Como derecho colectivo, le asiste a toda la comunidad y como derecho fundamental implica el derecho a ser protegido de riesgos y amenazas que una persona no está en el deber de soportar, lo cual no sólo se circunscribe al ámbito de la libertad individual, sino también a la vida y a la integridad personal^[61].

 

Así, las diferentes dimensiones del derecho a la seguridad personal^[62], tales como las reconocidas en el artículo 2 de la Carta Superior, que establece el deber de protección de la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas, y en los artículos 11 y 12, en relación con el derecho a la vida y a estar libre de tratos crueles inhumanos y degradantes, son fundamento del derecho de las mujeres a estar libres de violencia. Una lectura sistemática de estas disposiciones con la garantía constitucional que prohíbe la discriminación contra la mujer y la cláusula de igualdad, supone una prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer como una forma de discriminación^[63].

 

31. La violencia contra la mujer se fundamenta en prejuicios y estereotipos de género. Éstos, a su vez, se desprenden del lugar histórico que la mujer ha cumplido en la sociedad, generalmente ligado a su función reproductiva y a labores domésticas como la limpieza y la crianza. Este condicionamiento de la mujer a ciertos espacios no sólo ha sido social, sino también legal. Así, tradicionalmente el rol que le correspondía a la mujer la excluía de la participación en espacios públicos, del estudio y el trabajo y de la posibilidad de ejercer derechos políticos, lo cual la ha situado en una posición de inferioridad frente al hombre, reforzado por la dependencia socioeconómica^[64]. Si bien se han dado cambios estructurales que han permitido un mayor acceso a estos espacios, esta dinámica no ha desaparecido, y en algunos casos marca las relaciones familiares con el fin de que la mujer cumpla un rol servicial frente al hombre. Esta asimetría en las relaciones genera presunciones sobre la mujer, como que es propiedad del hombre, lo cual puede desencadenar prohibiciones de conducta y violencia física y psicológica, con un mayor impacto en las mujeres en una condición socioeconómica precaria. Por lo tanto, la violencia de género responde a una situación estructural, en la medida en que busca perpetrar un orden social previamente establecido a partir de relaciones disímiles.

 

Por muchos años esta desigualdad estructural fue tolerada y aceptada bajo la presunción de que lo que sucedía en el ámbito privado escapaba la intervención estatal^[65] y de que estos roles y dinámicas eran apropiados. No obstante, las protecciones constitucionales vigentes han abandonado radicalmente esa postura para identificar claramente esos tratos como discriminatorios y como una violación de los derechos de las mujeres^[66]. Este contexto es el fundamento de la adopción de medidas que compensen esta situación, como los mandatos constitucionales que refuerzan la protección de la mujer, con el objetivo de garantizar su igualdad material. No obstante, el derecho, en general, ha sido determinado desde una perspectiva masculina, lo cual indudablemente tiene repercusiones vigentes en nuestro sistema legal.

 

A pesar de este marco constitucional, estas presunciones y estereotipos negativos de género aun permean la sociedad y la violencia contra la mujer es recurrente y sistemática. Por lo tanto, es innegable que este tipo de violencia, como una forma de dominación y un obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales, es también una forma de discriminación. Así, la violencia y la discriminación de género tienen un origen social, lo cual se traduce en el deber para los Estados de adoptar diferentes medidas para prevenirla y proteger a las mujeres de este fenómeno. Estas obligaciones han sido delimitadas in extenso en el derecho internacional de los derechos humanos, a partir de provisiones que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

 

32. En el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a estar libres de violencia tiene dos fuentes. De un lado, surge de la lectura sistemática de las disposiciones neutras que proscriben la violencia y reconocen los deberes de protección a la vida, la seguridad personal, la integridad, la honra, la salud y la dignidad de las personas, entre otros^[67], con aquellas normas que establecen: (i) el derecho a la igualdad en el reconocimiento y protección de esos derechos; y (ii) la prohibición de discriminación por razón del sexo, pues imponen un deber de protección especial por razón al género^[68]. De otro lado, surge de las disposiciones que explícitamente consagran protecciones y deberes alrededor de la erradicación de la discriminación contra de la mujer y de la prevención, investigación y sanción de la violencia contra ésta.

 

33. De conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) la violencia contra la mujer comprende “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”^[69]. A su vez, la Convención reconoce el derecho de las mujeres a estar libres de violencia^[70] y sostiene que la violencia de género además de ser una violación a derechos como la dignidad, la integridad psíquica y física también impide y anula el goce y ejercicio de otros derechos fundamentales^[71]. Así, en su artículo 7 establece el deber para los Estados de “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”^[72]. Igualmente, en su artículo 8 dispone el deber de adoptar medidas sociales, culturales y educativas, entre otras, para la prevención de la violencia contra la mujer y el cambio de los patrones socioculturales que la subyacen^[73]. Adicionalmente, el artículo 9 obliga a adoptar un enfoque diferencial para las mujeres que hacen parte de grupos vulnerables.

 

34. De otra parte, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Preámbulo, establece que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad y dignidad y en su articulado establece deberes positivos para los Estados para eliminar y prevenir la discriminación contra la mujer. En relación con la discriminación y la violencia, es particularmente relevante la Recomendación General No. 19 del Comité de la CEDAW, que establece que la “violencia contra la mujer es una forma de discriminación”^[74] y delimita el deber de debida diligencia ya que “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”^[75]. Igualmente, aborda cada uno de los artículos de la Convención desde el punto de vista de las obligaciones del Estado alrededor de la violencia. Por ejemplo, el deber del artículo 12 de que los Estados adopten medidas que garanticen la igualdad en materia de servicios de salud, ya que “la violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida”^[76].

 

Cabe resaltar sus recomendaciones b) y t), en relación con la protección de las mujeres de la violencia, que instan a los Estados a que velen porque las normas y medidas que se adopten para prevenir todo tipo de violencia las protejan de forma adecuada y eficaz, se preste apoyo a las víctimas, se capacite a los operadores jurídicos^[77] y, de otra parte:

 

“t) adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:

i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo;

ii) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer;

iii) medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo”.

 

35. De otra parte, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas de 1993 reitera el deber de debida diligencia para la erradicación, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres como un compromiso internacional que impone deberes positivos en la adopción de todo tipo de medidas en contra de la violencia contra la mujer^[78].

 

36. Así mismo, el artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, proscribe todo tipo de violencia contra niños y niñas e impone la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, educativas y sociales para protegerlos de cualquier tipo de violencia o abuso. Las anteriores disposiciones, es decir, los contenidos normativos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niños, al consagrar derechos que no son susceptibles de suspensión en estados de excepción, hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto^[79].

 

37. Esta Corporación ha aplicado este marco normativo en diferentes oportunidades, como parámetro de constitucionalidad de normas y fundamento de diversas protecciones del Estado, para garantizar el derecho de las mujeres a estar libres de violencia. Veamos.

 

En el auto 092 de 2008^[80], la Corte estableció que las mujeres sufrían un impacto desproporcionado como consecuencia del conflicto armado, a partir del reconocimiento de que las mujeres estaban sujetas a un riesgo diferenciado de violencia, abuso o esclavitud sexual, entre otros. Además, reconoció que este riesgo era aun mayor para las mujeres indígenas y afro descendientes y estableció que existía un deber especial de protección para las mujeres víctimas de violencia del conflicto armado. Con fundamento en dicha constatación ordenó la protección específica de un número plural de mujeres en condición de desplazamiento, así como la adopción de trece programas para prevenir el impacto desproporcionado y diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas, y proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento. 

 

En la misma línea, en la sentencia T-496 de 2008^[81], la Corte estableció que las tutelantes, como testigos de graves crímenes en el marco de la Ley de Justicia y Paz, estaban expuestas a riesgos extraordinarios de violencia en razón al género, que no estaban obligadas a soportar. Así, amparó los derechos de las peticionarias a la seguridad personal y a estar libres de violencia y ordenó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación revisar el programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz para que incorporara un enfoque de género que tuviera en cuenta el impacto diferenciado y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres víctimas de la violencia. De forma posterior, la Corte Constitucional, al delimitar el alcance del derecho a la seguridad personal y el derecho a estar libre de violencia de las mujeres, ha reevaluado el concepto de riesgo para establecer que la protección constitucional a partir de los riesgos debe evaluarse en conjunto con el concepto de amenaza que es el que activa las protecciones especiales que el Estado debe prestar para garantizar el derecho^[82].

 

De otra parte, en relación con la atención integral a las sobrevivientes de violencia, en la sentencia C-776 de 2010^[83], la Corte determinó que la norma que establece que las prestaciones incluidas en los planes obligatorios de los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud que contempla la obligación de prestar alimentación y habitación a las mujeres víctimas de violencia no viola el derecho a la salud. Este Tribunal analizó los deberes de protección a las mujeres a estar libres de violencia y concluyó que éstas medidas eran de atención y protección integral a la salud y por lo tanto podían ser incluidas en los el POS, como parte del margen de configuración del Legislador, además de haber sido reconocidas previamente en otros casos^[84].

 

En el mismo sentido, la Corte en la sentencia C-335 de 2013^[85], consideró que la consagración de medidas de sanción social en el ámbito de la discriminación y la violencia contra las mujeres es legítima y no constituye una violación de la titularidad del Estado de la administración de justicia, ni del principio de culpabilidad. Así, sostuvo que el control social informal en esos términos responde a la implementación del deber estatal de combatir la violencia y la discriminación contra la mujeres, el cual contribuye a atacar las causas sociales de la desigualdad, en el entendido de que éstas no se dirijan a descalificar personas o a la violación de sus derechos^[86]. 

 

En relación con el margen de configuración en materia penal, en la sentencia C-368 de 2014^[87] la Corte consideró que el aumento de penas para el delito de violencia intrafamiliar contemplado en el artículo 33 de la Ley 1147 de 2007 no viola el principio de proporcionalidad ni de igualdad, pues constituye un ejercicio constitucionalmente admisible de la libertad de configuración del Legislador para proteger a la familia. A su vez, consideró que las circunstancias de agravación de la pena, cuando se trata de sujetos de especial protección como las mujeres y los niños y niñas, se ajustan a la Constitución y al deber de debida diligencia en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, ya que el Estado les debe una mayor protección^[88].

 

De igual modo, en la sentencia T-878 de 2014^[89] la Corte amparó los derechos de una mujer a estar libre de violencia, a la intimidad y a la igualdad cuando fue despedida como consecuencia de denunciar a su compañero sentimental ante el plantel educativo en el que él estudiaba y ella era trabajadora después de que la golpeara y quedara con una incapacidad de más de 20 días. La Corte, entre otros, se pronunció sobre el deber de debida diligencia en la administración de justicia y determinó que éste incluye el deber de adoptar una perspectiva de género en la investigación de la violencia contra las mujeres, para asegurar el acceso a la administración de justicia^[90].

 

Así mismo, el auto 009 de 2015^[91] reiteró el riesgo desproporcionado de violencia, abuso y esclavitud sexual, al que se encuentran expuestas las mujeres en el contexto del conflicto armado. En éste, la Corte dio seguimiento al auto 092 de 2008^[92], constató nuevos riesgos desproporcionados para las mujeres en el marco del conflicto y a partir del deber de debida diligencia en la prevención, atención, protección y garantía de acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual delineó las obligaciones específicas para el Estado colombiano para: (i) prevenir la violencia la sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado por la violencia; (ii) atender y proteger a sus víctimas; y (iii) garantizar la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los responsables. Con fundamento en el anterior marco constitucional dio órdenes complejas con el objetivo de superar dichos riesgos y proteger a las mujeres.

 

Por último, este Tribunal en la sentencia C-754 de 2015^[93] abordó los deberes deber del Estado en relación con la prevención y garantía de las mujeres a estar libres de violencia sexual, al analizar los deberes alrededor de las medidas de salud para las víctimas de abuso sexual y en particular mujeres y niñas. En esa ocasión, la Corte reconoció que tenía un deber específico de proveer unos mínimos constitucionales en la atención en salud a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual que incluían “la atención en salud, servicios de apoyo por persona especialmente capacitado y un enfoque diferencial”. A su vez, estableció que esta obligación era de carácter inmediato y no estaba supeditada al principio de progresividad y no regresividad, por tratarse de la provisión de servicios de salud sin discriminación.

 

38. En conclusión: (i) la violencia de género es un fenómeno social vigente que se fundamenta en la discriminación de la mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos fundamentales; (ii) a partir de las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad se ha reconocido el derecho fundamental de las mujeres a estar libres de violencia, que a su vez comporta el deber estatal de adoptar todas las medidas para protegerlas de la violencia y atender de forma integral a sus sobrevivientes; (iii) el mismo marco impone la obligación de debida diligencia de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (iv) a su vez, este deber no se limita a la obligación de adoptar medidas de tipo penal sino también debe contemplar medidas sociales y educativas, entre otras, que contribuyan de forma efectiva a revertir las condiciones sociales que fomentan los estereotipos negativos de género y  precluyen el goce de la igualdad sustantiva, particularmente en el ámbito de la administración de justicia.

 

En este contexto, esta Corporación ha considerado deber del Estado adoptar: (i) acciones afirmativas para proteger a las mujeres de los riesgos y amenazas desproporcionados de violencia en el contexto del conflicto armado, particularmente aquellos de abuso sexual; (ii) protocolos de atención integral en salud y psicosociales para las víctimas de cualquier tipo de violencia, como un mínimo constitucional; (iii) un enfoque diferencial en los programas de testigos en el marco del acceso a la justicia en el conflicto armado; (iv) políticas para eliminar los estereotipos de género en la administración de justicia, particularmente los que revictimizan a las mujeres y (iv) medidas, más allá de las punitivas, para erradicar la violencia contra la mujer, como la sanción social.

 

Así pues, el deber de debida diligencia en la prevención, atención investigación y sanción de la violencia contra la mujer impone al Estado la carga de adoptar una perspectiva de género en la investigación de estos delitos y violaciones de derechos humanos. Lo anterior, para contrarrestar el hecho de que el derecho fue creado desde una perspectiva masculina que no ha tenido en cuenta las desigualdades de género y, por lo tanto, no ha integrado formas de superarlas a la administración de justicia. Así, para abordar una investigación desde esta perspectiva, es necesario: (i) tener en cuenta la desigualdad sistemática que ha sufrido la mujer y su condición social como factores que la ponen en una situación de riesgo y amenaza de violencia; y (ii) abstenerse de revictimizar a las mujeres con fundamento en estereotipos de género negativos.

 

La tipificación del feminicidio en contexto y sus dificultades probatorias

 

39. El feminicidio como tipo penal responde a la penalización autónoma del homicidio de una mujer en razón a su género[94]. Este concepto ha sido desarrollado principalmente en México y Guatemala a partir de los reportes de tortura y asesinato sistemático de mujeres con evidencia de violencia exacerbada, y de la inacción del Estado en su investigación y sanción[95]. Específicamente, la situación de homicidios de mujeres en ciudad Juárez en México[96] de forma sistemática y con violencia agravada impulsó el desarrollo del concepto en la región y fue abordada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

 

Así, en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs México[97], tres mujeres jóvenes, una estudiante, una trabajadora de maquila y una empleada doméstica fueron encontradas asesinadas tras la perpetración de violencia sexual, tortura y mutilaciones tres meses después de su desaparición en ciudad Juárez, en un contexto de delincuencia organizada y donde desde 1993 existía un aumento de homicidios de mujeres influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. Los crímenes permanecieron en la impunidad. La Corte encontró que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal en relación con su obligación de adoptar disposiciones para garantizar esos derechos, así como sus deberes de debida diligencia en la investigación de los hechos, lo que a su vez violó los derechos de acceso a la justicia y las garantías judiciales, entre otros. En esa sentencia, la Corte IDH estableció que los homicidios de las víctimas fueron perpetrados por razones de género y estaban enmarcados dentro de un  reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez[98].

 

40. De otra parte, este concepto ha sido acogido por diferentes instancias internacionales de derechos humanos como una de las formas de cumplir con el deber de erradicar, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Así, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer sus causas y consecuencias, en su reporte del 2012 a la Asamblea General de las Naciones Unidas señala que los asesinatos relacionados con el género no son una nueva forma de violencia, sino representan la manifestación de formas existentes de violencia contra la mujer y los Estados tienen el deber de actuar bajo los deberes de debida diligencia en la protección y prevención de esta violencia. De este modo, en su reporte indica que este tipo de homicidios no son incidentes accidentales o inesperados, sino constituyen el último acto que se experimenta en un continuum de violencia.  En esta línea, dijo que “en vez de servir un propósito individual o aislado, esta violencia sigue una lógica institucional `para delinear y sostener las relaciones jerárquicas sociales de raza, género, sexualidad y clase y, por lo tanto, perpetuar la desigualdad de las comunidades marginadas´”[99].

 

A su vez, la Relatora caracterizó los feminicidios como directos o indirectos. Los directos incluyen, entre otros, los asesinatos como resultado de la violencia íntima o de pareja, la brujería, los homicidios de honor, los relacionados con el conflicto armado, con la dote, la identidad de género y la identidad sexual y los relacionados con la etnia o la identidad indígena. De otra parte, sostuvo que los indirectos incluyen las muertes por abortos clandestinos o por prácticas dañinas como la mutilación genital femenina, la mortalidad materna, las muertes relacionadas con el tráfico humano, el crimen organizado y la activada por las pandillas, entre otros.  

 

41. En este sentido, la doctrina y los pronunciamientos de diferentes organismos de Naciones Unidas han establecido que los homicidios en razón del género requieren tener en consideración el contexto político, social y económico, así como “las respuestas de los hombres al empoderamiento de la mujer; las reacciones políticas, legales y sociales a esos asesinatos; el principio del continuum de violencia; y patrones de discriminación estructural y desigualdad que hacen parte de la realidad que las mujeres viven”[100]. Así, el Modelo Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) de ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en América Central, y la Campaña latinoamericana para poner fin a la violencia contra las mujeres Únete sostiene que el feminicidio corresponde a “los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o la suposición de propiedad de las mujeres”[101].

 

42. Por su parte, el Modelo de Protocolo fundamenta el deber de tipificar el feminicidio en las obligaciones de debida diligencia de los Estados en la  erradicación, prevención, investigación, sanción de todo tipo de violencia contra la Mujer que se desprenden particularmente de la Convención de Belém do Pará y que también han sido plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la Recomendación General No. 19 del Comité que monitoreo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW).

 

En este sentido, también indica que el feminicidio atiende a un contexto de discriminación, pero establece que no todo homicidio de una mujer puede ser determinado como un feminicidio, así dice que “con el fin de establecer la especificidad del fenómeno delictivo, deben ser considerados como femicidios las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género”[102]. De este modo, caracteriza tres tipos de feminicidio, sin ser éstos exhaustivos: el feminicidio íntimo o familiar cuyo elemento determinante en la intención del homicidio en razón al género corresponde al trato de la mujer como posesión; el feminicidio sexual en el que la intención responde a que la mujer es un objeto para usar y desechar y el feminicidio en el contexto de grupo que se refiere a los “cometidos dentro de una relación grupal en la que, además de los factores socio-culturales del contexto en el que se forma el grupo, las relaciones entre el agresor y la víctima vienen determinadas por las referencias internas del propio grupo, la dinámica existente dentro de este y la relación particular del agresor con la víctima”[103].

 

43. De acuerdo con lo anterior, la finalidad de la tipificación del feminicidio como delito responde a la protección, mediante el derecho penal, de diversos bienes jurídicos más allá de la vida de la mujer. Esto constituye una respuesta a condiciones de discriminación estructurales que hacen de su homicidio una consecuencia de patrones de desigualdad imbuidos en la sociedad. Dichos patrones se manifiestan en diversas formas de violencia, que pueden tener un carácter sistemático o no. Esta violencia se evidencia tanto en elementos de periodicidad como en tratos que suponen una visión de roles de género estereotipados o arraigados en la cultura que posicionan a la mujer como un objeto o una propiedad desechable con ciertas funciones que se ven inferiores a las del hombre. La realidad indica que las condiciones de discriminación que sufren las mujeres no siempre son abiertas, explicitas, y directas, no porque no estén presentes, sino porque hacen parte de dinámicas culturales que se han normalizado. Así, su identificación no es evidente, pues permea todos los niveles sociales, incluso los de la administración de la justicia. Un factor que devela esta realidad corresponde a los altos niveles de impunidad de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, que comienza por la incapacidad del Estado de reconocerla y la falta de herramientas para investigarla y reaccionar de forma acorde para garantizar los derechos de las mujeres.

 

De este modo, el feminicidio busca visibilizar unas circunstancias de desigualdad donde el ejercicio de poder en contra de las mujeres culmina con su muerte, generalmente tras una violencia exacerbada, porque su vida tiene un lugar y valor social de última categoría. Por tanto, el elemento central del hecho punible, independientemente de cómo haya sido tipificado, responde al elemento subjetivo del tipo, que reconoce unas condiciones culturales discriminatorias como la motivación de su asesinato.

 

En este orden de ideas, la intención de dar muerte por motivos de género, al descubrir patrones de desigualdad intrincados en la sociedad y tener el potencial de tomar tantas formas resulta extremadamente difícil de probar bajo esquemas tradicionales que replican las desigualdades de poder. Por lo tanto, la garantía del acceso a la justicia para las mujeres supone un cambio estructural del derecho penal que integre una perspectiva de género tanto en los tipos penales que lo componen como en su investigación y sanción. Lo anterior, se concreta, entre otros, en una flexibilización del acercamiento a la prueba en el feminicidio que permita que el contexto conduzca a evidenciar el móvil. Esto no implica que la valoración del hecho punible como tal abandone los presupuestos del derecho penal, el debido proceso o el principio de legalidad, pero sí que su apreciación tenga la posibilidad de reconocer las diferencias de poder que generan una discriminación sistemática para las mujeres que desencadena una violencia exacerbada y cobra sus vidas en la impunidad. Lo contrario supondría que el feminicidio constituya un tipo penal simbólico desprovisto de eficacia, lo cual convertiría los bienes jurídicos que tutela en una protección de papel.

 

44. Una de las formas con las que se ha tratado de superar esa dificultad probatoria se evidencia en las diversas maneras de tipificar el delito en América Latina. Así, estos diferentes escenarios han optado por incluir los elementos contextuales en la descripción del tipo, como una forma de guiar la valoración del hecho punible hacia una perspectiva de género en la investigación y sanción de la violencia contra la mujer. Dicha técnica penal tiene como objetivo combatir los estereotipos de género que permean la actividad judicial, al otorgar elementos objetivos que conduzcan la labor de los fiscales y los jueces hacia una mirada que reconozca las desigualdades estructurales que la penalización del feminicidio busca sancionar.

 

45. En el contexto latinoamericano el feminicidio o femicidio ha sido tipificado como un delito autónomo en Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela y como agravantes del homicidio en Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú bajo diferentes modalidades. En todos los países en los se establece como un delito autónomo éste incluye diferentes hechos contextuales en la descripción del hecho punible para determinar la intención, a saber: elementos de periodicidad de violencia perpetrada contra la mujer, indicios o antecedentes de violencia, situaciones de aprovechamiento de cualquier condición de vulnerabilidad física o psíquica de la mujer, contextos de desigualdad basados en el género, menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, mutilaciones genitales, secuestro, intentos de establecer relaciones afectivas y circunstancias de ritos grupales, entre otros. 

 

Específicamente, en los casos de Bolivia[104], El Salvador[105], Guatemala[106], México[107] y Nicaragua[108] las circunstancias de violencia anterior al homicidio se integran al tipo como elementos inescindiblemente ligados a la determinación del ingrediente subjetivo, es decir, el asesinato por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género. En todos estos casos la violencia se caracteriza sin una calificación adicional y no requiere de denuncia previa.

 

46. Por lo tanto, de los elementos conceptuales que se desprenden de los pronunciamientos de instancias internacionales de derechos humanos y de la tipificación del feminicidio en diferentes regímenes se puede concluir que la violencia anterior al homicidio de una mujer, así como otros elementos contextuales, son determinantes para establecer si se trata de un feminicidio o de un homicidio. En este sentido, dicha violencia no se analiza como un criterio de valor respecto del sujeto activo, sino como un elemento que puede dar paso a verificar patrones de discriminación en las relaciones entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta que configuren el ingrediente intencional en el feminicidio y que reconoce la dificultad probatoria del delito. Luego, la inclusión de los elementos contextuales en los tipos penales busca guiar la labor de la administración de justicia hacia un derecho penal con una perspectiva de género que tenga herramientas para superar el mismo fenómeno social que no permite identificar las condiciones de discriminación de la mujer.

 

Esta caracterización es coherente con la obligación de debida diligencia de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, frente a la evidencia contundente de los altos grados de impunidad que las formas tradicionales de política criminal no han logrado combatir. Entonces, la garantía del acceso a la justicia para las mujeres supone un cambio estructural en el acercamiento del derecho penal para que la tipificación de las conductas que violan sus derechos humanos, su investigación y sanción integren una perspectiva de género.

 

Una vez establecido el marco constitucional aplicable al caso, se pasa a resolver el problema jurídico planteado.

 

El literal e) del artículo 2 de la Ley 1761 de 2015 no viola el principio de legalidad en el entendido de que los antecedentes, indicios o amenazas de violencia a los que se refiere constituyen formas de violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el móvil: la intención de matar por el hecho de ser mujer.

 

47. El demandante considera que la determinación de antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia y violencia de género o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial como la denuncia, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino.

 

Uno de los intervinientes considera que el inciso debe ser declarado inexequible pues se trata de un tipo penal abierto que viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que no es posible determinar con precisión y claridad las circunstancias que configuran un antecedente o un indicio de violencia, y cuya valoración y adecuación típica puede variar de un sujeto a otro.

 

Otro de los intervinientes sostiene que el inciso acusado debe ser declarado exequible, ya que un elemento determinante en la investigación penal son los antecedentes de violencia en los ámbitos que fija la norma y son los que permiten a la Fiscalía imputar el delito del feminicidio. Además, sostiene que los indicios son elementos que la jurisprudencia ha aceptado en contextos de violencia sexual en contra de mujeres como material válido para emitir sentencias condenatorias.

 

La Procuraduría solicita que se declare la exequibilidad del aparte normativo demandado en el entendido de que el inciso no determina un verbo rector alternativo, sino una descripción del contexto que tiene lugar antes del crimen y permite probar el móvil del mismo. Para la Vista Fiscal, la norma tiene serias deficiencias de redacción, pero se debe admitir el sentido señalado, lo cual no obstaculiza que se garantice el derecho al debido proceso. A su vez, indica que la disposición busca quitar una carga a la mujer, quien no siempre puede denunciar los actos de violencia que han sido perpetrados en su contra.

 

48. En el acápite correspondiente al alcance de la norma se estableció que el inciso acusado corresponde a una circunstancia que complementa el tipo para establecer el elemento subjetivo del feminicidio, sin que éste reemplace o excluya el análisis de culpabilidad. En otras palabras, la circunstancia descrita en el literal e) del artículo 2 de la Ley 1761 de 2015 actúa como un hecho que permite establecer el móvil del delito, pero no lo supone. Así, la determinación de estas circunstancias particulares en el inciso acusado buscan identificar los elementos contextuales, en la forma de indicios, antecedentes o amenazas de violencia, que puedan demostrar los motivos discriminatorios por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género anclados en una situación de desigualdad en la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo al darle muerte.

 

49. El inciso acusado consta de cuatro partes diferenciables. La primera determina la circunstancia como tal, es decir en este caso, la existencia de “antecedentes o indicios (…) o amenaza”. La segunda y la tercera parte describen esas circunstancias, una como cualquier tipo de violencia en el “ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar” y la otra como “violencia de género”. El cuarto elemento, como el primero, es aplicable a las dos modalidades al establecer que: i) los hechos descritos no requieren de una denuncia; y ii) los antecedentes, indicios o amenazas siempre se verifican como hechos perpetrados por el sujeto activo en contra del sujeto pasivo.  

 

Específicamente, para el demandante, la violación al principio de legalidad subyace en la falta de calificación de los antecedentes o indicios de violencia, como la denuncia, ya que considera que son indeterminados y no permiten establecer con certeza cómo se configura el elemento subjetivo del tipo, lo que genera un tipo penal abierto.  Es decir, la ambigüedad que se acusa recae en que en su concepto no se puede saber con certeza cuáles son los criterios objetivos para determinar las circunstancias que configuran un antecedente o un indicio de violencia que lleve necesariamente a establecer la existencia de la intención de matar por el género.

 

50. Como se advirtió, el principio de legalidad en sentido estricto, es decir, el principio de tipicidad o taxatividad, requiere que las conductas y las sanciones que configuran el tipo penal sean determinadas de forma precisa e inequívoca. No obstante, la jurisprudencia ha admitido cierto grado de indeterminación en los preceptos que configuran el delito cuando la naturaleza del mismo no permita agotar de forma exhaustiva la descripción de la conducta pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición, o es determinable mediante la remisión a otras normas.

 

A su vez, dicha indeterminación no puede ser de tal grado que no sea posible comprender cuál es el comportamiento sancionado, lo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa ordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un referente especializado que precisa los parámetros específicos de su contenido y alcance.

 

Así pues, el primer paso es verificar sobre qué parte del tipo recae la acusación de ambigüedad. En este caso, la Sala constata que el literal acusado no determina el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto o los bienes jurídicos protegidos ni el verbo rector de la conducta, sino que se trata de un componente del tipo que establece circunstancias, como elementos descriptivos, con el potencial de permitir la verificación del elemento subjetivo del tipo, es decir, la intención de matar a una mujer por el hecho de serlo o por motivos de identidad de género. Como se advirtió, estas circunstancias han sido dispuestas como una de las posibilidades para entender cuándo está presente el móvil desde una perspectiva de género. En este sentido, el literal no reemplaza la verificación de la presencia de las circunstancias en él previstas; es decir, no hace que se suponga el móvil, pues si bien en este tipo de delitos especiales el contexto es esencial para identificar las razones de género, éste no puede ser establecido como un elemento que automáticamente determine un homicidio como un feminicidio, sin un análisis que en conexión con la conducta verifique que la misma fue perpetrada con esa intención, además del correspondiente análisis de culpabilidad que se debe efectuar en todo proceso penal.

 

51. Entonces, en concreto, el cuestionamiento recae sobre sí la presencia de antecedentes, indicios o la amenaza de violencia en las dos modalidades descritas en el literal, a saber, -cualquier tipo de violencia en los diferentes ámbitos sociales- y -la violencia de género- perpetradas por el sujeto activo en contra del pasivo, sin necesidad de denuncia, configuran criterios claros y precisos para determinar la existencia del elemento subjetivo del tipo. Así, la Corte pasará ahora a analizar cada una de las partes del literal acusado para constatar si cumplen con el principio de legalidad.

 

La Sala considera que los apartes del inciso identificados como primero y cuarto, es decir, la descripción general de las modalidades de las circunstancias allí contenidas como -los antecedentes, indicios de violencia o su amenaza, el requisito de que éstos hayan sido perpetrados por el autor del delito en contra de la víctima y que no se requiera una denuncia-, respetan el principio de legalidad, por comprender conceptos claros y precisos que no admiten ambigüedad. Ahora bien, en cuanto al primero (antecedentes, indicios o amenaza de violencia en sus dos modalidades), esta Corporación verifica que el uso común del antecedente se refiere a circunstancias previas a otras, es decir, un hecho pasado[109], que en este caso no requiere haber sido denunciado ante las autoridades para que sea considerado. De otra parte, un indicio, se refiere al “fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”[110].  Así, el Código General del Proceso establece que los indicios son medios de prueba[111]. No obstante, para que un hecho pueda considerarse un indicio éste debe estar debidamente probado en el proceso[112]. Por último, una amenaza se refiere al uso de cualquier medio para intimidar a alguien, con el anuncio explícito o implícito de la provocación de un daño para éste o para algo o alguien que tenga un valor para el amenazado. Así, implica el anuncio de un posible riesgo de una situación, acción o daño que genera miedo y angustia.

 

Como se advierte, el uso normal de dichos conceptos no genera ambigüedad o imprecisión en la descripción del literal que no permita saber inequívocamente cuáles son los criterios que establecen el hecho que potencialmente configura la  circunstancia descrita en el mismo. Es decir, qué es un antecedente, indicio o una amenaza como tales.

 

En efecto, los antecedentes, indicios o amenazas sin una calificación adicional como la denuncia son criterios claros, precisos e inequívocos sobre los que se configura la circunstancia y el contexto de un posible delito. Estos conceptos no requieren de ninguna remisión normativa para ser comprendidos y se entienden con una valoración ordinaria de interpretación normativa y probatoria. Por lo tanto, en este sentido la Corte considera que no hay vulneración del principio de legalidad.

 

52. De otra parte, respecto a la cuarta parte del inciso, es decir que ninguno de los antecedentes, indicios de cualquier tipo de violencia o su amenaza y la violencia de género requieran de denuncia y el requisito de que las dos modalidades sean perpetradas por el sujeto activo en contra del sujeto pasivo, tampoco se verifica una violación del principio de legalidad. Dichos conceptos también son claros y además sirven para dar especificidad a la conducta. De una parte, la falta de denuncia responde a que existen hechos de violencia que en los contextos particulares de las mujeres no son denunciados y dicha circunstancia no puede ser exigible de una valoración contextual alrededor de un delito para que se predique inequívoca o precisa. De otra parte, la exigencia de que las modalidades de violencia sean perpetradas por el sujeto activo en contra del pasivo, dan especificidad y precisión a todo el literal, pues sitúan de forma clara la conducta en la relación entre los dos, lo que tiene sentido, pues lo que se busca establecer es si existió una relación de subordinación, entre otras, que permita en ese caso concreto evidenciar una discriminación particular hacia la mujer por el hecho de serlo o por motivos de identidad de género. Así, estos conceptos son precisos y dotan de características inequívocas a la conducta típica.

 

53. Adicionalmente, es pertinente reiterar que los elementos contextuales son particularmente relevantes alrededor del feminicidio, pues muchas veces son aquellos los que permiten establecer la intención del tipo y suponen la integración de una perspectiva de género necesaria en la valoración de esta conducta, como una forma de violencia contra la mujer que atiende a condiciones de discriminación estructurales. Por ejemplo, el Protocolo Latinoamericano al que se hizo referencia indica que para poder identificar si existieron o no razones de género es necesario que el operador judicial tenga en cuenta el “contexto de la muerte, las circunstancias de la muerte y la disposición del cuerpo, los antecedentes de violencia entre la víctima y el victimario, modus operandi y del tipo de violaciones usados ante y post mortem, las relaciones familiares, de intimidad, interpersonales, comunitarias, laborales, educativas, o sanitarias que vinculan a la víctima y el/los victimario/s, la situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la muerte, las desigualdades de poder existentes entre la víctima y el/los victimario/s” [113].

 

Lo anterior no quiere decir que las circunstancias contextuales tipificadas hayan sido determinadas como un ingrediente normativo del tipo, ya que la verificación de un indicio, un antecedente o una amenaza no responde a una remisión normativa determinada ni determinable. Como se advirtió, se trata de elementos descriptivos del tipo, como aquellas circunstancias objetivas, anteriores o concomitantes, con la capacidad de configurar el delito, las cuales deben ser valoradas a la luz del contexto mismo de la violencia de género. Así, su verificación es objetiva, pues son expresiones del supuesto delictivo que son perceptibles por la simple actividad del conocimiento, ya que no hay duda acerca de qué es un indicio, un antecedente o una amenaza y si sucedió o no.

 

De otra parte, tampoco se trata de considerar el contexto como una prueba autónoma, sino de valorar esos hechos como elementos descriptivos que al ser parte del tipo, pueden guiar la verificación de la intención desde del coherencia dogmática del delito. Esta técnica penal busca integrar una perspectiva de género a la disposición.

 

De este modo, una de las posibilidades que consagra el tipo para verificar la intención de dar muerte por razón del género, es la configuración de las condiciones establecidas en el literal e) que se revisa en esta ocasión, las que deberán ser considerados con los todos los elementos de prueba. No obstante, si bien el Legislador estableció unas circunstancias específicas en los literales de la norma, éstas no son un catálogo necesario que debe agotarse para comprobar el feminicidio. Es decir, la adecuación típica de la conducta siempre debe abordarse a la luz del móvil, como el elemento transversal que lleva consigo el análisis de la violencia o discriminación de género, en cualquiera de sus formas, que puede escapar a dichas circunstancias.

 

Esta valoración encuentra su legítimo fundamento en la obligación que impone el deber de debida diligencia en la investigación y sanción de la violencia contra la mujer. Así, la investigación con perspectiva de género, en este caso, requiere de la apreciación de las circunstancias contextuales del literal e) como hechos que pueden llevar a verificar una situación de desigualdad en contra de la mujer, por su género, que fundamente su homicidio. No obstante, esto no significa que la presencia de dichas circunstancias supone autónoma o automáticamente la intención.

 

Este análisis contextual a partir de los indicios, antecedentes o amenazas, pretende ser una guía para que el homicidio de la mujer sea visto en conjunto con hechos que puedan evidenciar un sentido particular al homicidio para identificar si de existir esas razones que configuran la intención sean visibilizadas.  Como se advirtió, la inclusión de este tipo de elementos en la descripción del tipo busca superar una dificultad probatoria para que la misma tipicidad del hecho punible conduzca la labor de los jueces y fiscales para que su apreciación tenga la posibilidad de reconocer las diferencias de poder que generan una discriminación sistemática para las mujeres que a su vez desencadena una violencia exacerbada que cobra sus vidas en la impunidad. Esta técnica penal supone acoger un cambio en el acercamiento del derecho penal hacia su deber de debida diligencia frente a la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres que incluya una perspectiva de género. Lo anterior, reconoce las dificultades que permean la administración de justicia frente a los estereotipos de género para otorgar herramientas objetivas que dirijan la atención hacia situaciones que evidencian la discriminación de las mujeres y puedan valorarlas en su dimensión. Así, la comprobación de antecedentes, indicios o amenazas sin denuncia previa y perpetuada por el sujeto activo en contra del sujeto pasivo en el contexto del tipo, puede ser determinante para verificar si existió esa intención.

 

54. Ahora bien, en cuanto a la segunda parte del literal que establece que los antecedentes, indicios o su amenaza pueden comprender cualquier tipo de violencia, la Corte verifica que este aparte puede ser leído de forma amplia y por lo tanto hacer que la conducta carezca de precisión y vulnere el principio de legalidad. En esta línea, una lectura de dicha modalidad de la circunstancia supone una indeterminación de la conducta, puesto que al no clasificar el tipo de violencia se establece un criterio extremadamente amplio que no permite saber cuál es la conducta reprochada, que llevaría a posiblemente a establecer una intención.

 

Lo anterior, porque no necesariamente cualquier tipo de violencia tiene el grado o una presencia objetiva de discriminación que configure los elementos contextuales de la intención de matar por razones de género. Esto, puesto que no toda violencia contra una mujer es violencia de género y aun cuando se trate de violencia de género no todas las acciones previas a un hecho generan una cadena o círculo de violencia que cree un patrón de discriminación que pueda demostrar la intención de matar por razones de género. Por ejemplo, el homicidio de una mujer después de un altercado sobre límites de propiedad de vecinos, no necesariamente evidencia un elemento de discriminación en razón del género que pueda configurar un trato bajo patrones de desigualdad y estereotipos de género, pero sí constituye un antecedente de violencia. De la misma forma, el homicidio de una mujer después de  abusos sexuales, mutilaciones y tratos crueles y degradantes sí constituyen un antecedente claro que evidencia un móvil de matar en razón del género.

 

55. El elemento subjetivo del tipo en el delito del feminicidio debe ser probado a partir de criterios que demuestren que efectivamente existió una intención de matar por razón del género. Lo anterior, por cuanto si no se puede verificar ese móvil se estaría frente a un homicidio y no frente a un feminicidio.  Así, no es posible admitir un elemento ambigüo o impreciso en la circunstancia que sirve para establecer el móvil de la acción, y ésta debe guardar relación con la conducta.

 

No obstante, la misma norma también admite una lectura que entiende que la violencia a la que se hace referencia se califica como violencia de género y por motivos de discriminación. En este sentido, la posible apertura de la descripción de la conducta, como un tipo penal abierto, puede ser superada mediante la remisión a referentes especializados, lo cual es particularmente importante superar en razón a los bienes jurídicos que busca proteger la norma. A su vez, requiere un ejercicio que permita ajustar la tipificación de la conducta punible para que integre la perspectiva de género que motiva su objeto.  Por lo tanto, la existencia de antecedentes, indicios o amenaza de cualquier tipo de violencia en los diferentes ámbitos sociales no se puede abordar de forma descontextualizada de la conducta ya que justamente se ha establecido para verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta de la mujer. Así, el artículo 1° de la Ley 1761 de 2015 establece como objeto de la ley la garantía de la “investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación (…) de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”.

 

A su vez, la exposición de motivos remite a la definición de violencia de la Convención de Belém do Pará, que caracteriza la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De este modo, esas dos precisiones conceptuales permiten establecer que la violencia anterior al delito como un indicador de la intención debe necesariamente ser violencia de género.

 

Lo anterior, por cuanto el establecimiento de “`razones de género´ significa encontrar los elementos asociados a la motivación criminal que hace que el agresor ataque a una mujer por considerar que su conducta se aparta de los roles establecidos como “adecuados o normales” por la cultura. [Así,] para entender la elaboración de la conducta criminal en los casos de femicidio, se debe conocer cómo los agresores utilizan las referencias culturales existentes para elaborar su decisión y conducta”[114] y no cualquier tipo de violencia contra las mujeres se adecua a dicha intención.

 

Como lo indica el mismo literal acusado se trata de hechos anteriores en la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero no pueden ser de una amplitud tal que admita que cualquier acto sin un componente claro de discriminación de género configure una intención como la que caracteriza el feminicidio, que la diferencie del homicidio.

 

56. Así, la ambigüedad de la descripción típica de una de sus lecturas, puede ser superada mediante la remisión a la misma norma y a la definición de violencia contemplada en el artículo 1° de la Convención de Belém do Pará, es decir al bloque de constitucionalidad. Como se advirtió, en los tipos penales abiertos, el juicio de validez no consiste en establecer si se trata de una norma abierta, sino en averiguar si el nivel de apertura de la misma permite o no a los destinatarios comprender la conducta penalizada. A su vez, explica que el tipo penal abierto puede admitirse cuando existe un referente especializado que decanta una pauta específica, la cual puede ser trasladada a los destinatarios en el control constitucional del precepto.  En este caso, la lectura en conjunto de la norma, la exposición de motivos y los referentes especializados, permiten establecer que la violencia de la que trata el literal demandado se refiere a violencia de género o por motivos de discriminación, que no puede ser aislada, eventual ni en desconexión con la conducta de dar muerte. Un entendimiento diferente haría el precepto demasiado amplio y así ambiguo e impreciso, y por lo tanto vulneratorio del principio de legalidad.

 

57. Lo anterior, no sucede con la segunda modalidad que plantea el literal, -violencia de género-, puesto que califica explícitamente el tipo de violencia, como una modalidad precisa e inequívoca que configura una circunstancia contextual.  

 

58. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que para que se respete el principio de legalidad es necesario condicionar el literal e) del artículo 2 de la Ley 1752 de 2015 en el entendido de que la violencia a la que se refiere es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de género. No obstante, la verificación de dicha circunstancia no excluye el análisis que el fiscal o el juez deben hacer para verificar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el proceso penal con el debido respeto al derecho al debido proceso.

 

La Sala considera entonces que es necesario el condicionamiento de la norma en los anteriores términos, pues de lo contrario se podría admitir una lectura de la disposición que permite la ambigüedad e imprecisión en la descripción típica, lo cual violaría el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.  

 

Conclusiones

 

59. Las anteriores consideraciones se pueden concretar en las siguientes conclusiones:

 

En cuanto al alcance de la norma demandada la Corte verifica que la lectura que se ajusta a la Constitución es la que establece que el literal e) del artículo 2 de la Ley 1761 de 2015 corresponde a una circunstancia que complementa el tipo penal de feminicidio para establecer su elemento subjetivo. La verificación de dicha circunstancia no se puede entender como un reemplazo del estudio que el operador jurídico debe hacer en el proceso penal sobre la existencia de la intención, ni tampoco excluye el análisis de culpabilidad. En otras palabras, el literal actúa como un hecho contextual para establecer el móvil del delito, pero no puede entenderse ipso iure como la intención de matar por el hecho de ser mujer.

 

Este Tribunal ha reiterado en diversas oportunidades que el Legislador goza de un amplio margen de configuración en materia penal, no obstante, dicho margen encuentra sus límites en la Constitución. Luego, uno de estos límites es el principio de legalidad que a su vez desarrolla el derecho al debido proceso. En este sentido, la Corte Constitucional ha identificado las diferentes dimensiones del principio de legalidad en materia penal, las cuales comprenden: i) la reserva legal, pues la definición de las conductas punibles le corresponde al Legislador y no a los jueces ni a la administración; ii) la prohibición de aplicar retroactivamente las normas penales, por lo que un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley previa que así lo establezca, salvo el principio de favorabilidad; iii) el principio de legalidad en sentido estricto denominado de tipicidad o taxatividad, exige que las conductas punibles no sólo deben estar previamente establecidas por el Legislador, sino que deben estar inequívocamente definidas por la ley, por lo que la labor del fiscal y del juez se limitan a adecuar la conducta reprochada a la descripción abstracta realizada por la norma. Sólo de esta manera se cumple con la función garantista y democrática, que se traduce en la protección de la libertad de las personas y el aseguramiento de la igualdad ante el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado.

 

Específicamente, respecto al contenido del principio de legalidad en sentido estricto, es decir el principio de tipicidad o taxatividad, esta Corporación ha dicho que se compone de los siguientes elementos: i) la conducta sancionable debe estar descrita de manera clara, específica y precisa, bien porque está determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; ii) debe existir una sanción cuyo contenido material lo define la ley; y iii) la obligatoria correspondencia entre la conducta y la sanción.

 

Sin embargo, la Corte ha admitido límites al principio de tipicidad al permitir delitos que gocen de un cierto grado de indeterminación en su descripción típica como los tipos penales abiertos y los tipos penales en blanco. En este sentido, se ha establecido que el límite que se impone al principio de legalidad subyace en que la determinación de una conducta sólo es posible hasta donde se lo permite su naturaleza. Lo anterior reconoce que existen ciertas conductas que impiden su descripción exacta en tipos cerrados y completos. Sin embargo, en estos casos la indeterminación del tipo penal no viola el principio de legalidad si el Legislador precisa los elementos básicos para delimitar la prohibición o hace que éstos sean determinables mediante la remisión a otras instancias complementarias. En el caso de los tipos abiertos la remisión es judicial, mientras que en el caso de los tipos en blanco es a otros contenidos normativos.

 

Entonces, los tipos penales abiertos no violan el principio de legalidad siempre que: i) la naturaleza del tipo impida su descripción exacta, pero contenga los elementos básicos para delimitar la prohibición; ii) el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado, lo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa ordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un referente especializado que defina los parámetros específicos del contenido y alcance de la prohibición.

 

A su vez, los tipos penales en blanco no violan el principio de legalidad siempre que describan previamente la conducta reprochada de forma clara e inequívoca. Luego, en los tipos penales en blanco la claridad y la certeza de la descripción típica admite que se haga referencia a otras normas de distinto rango legal mientras que éstas sean determinables. Así, la norma que completa el tipo penal puede no haber sido expedida, pero debe existir al momento de la confirmación del tipo y la remisión a normas de inferior jerarquía debe cumplir con los principios de claridad, precisión, generalidad y publicidad, además de estar acordes con los principios y valores constitucionales. 

 

La violencia de género es un fenómeno social vigente que se fundamenta en la discriminación de la mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos fundamentales. Así, a partir de las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad se ha reconocido un derecho fundamental para las mujeres a estar libres de violencia, que a su vez comporta el deber estatal de adoptar todas las medidas para prevenir y atender la violencia en su contra. Este marco también impone la obligación al Estado de debida diligencia de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, la cual no se limita a adoptar medidas de tipo penal sino también debe contemplar medidas sociales y educativas, entre otras, que contribuyan de forma efectiva a revertir las condiciones sociales que fomentan los estereotipos negativos de género y eviten el goce de la igualdad sustantiva.

 

Así pues, el deber de debida diligencia en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer impone al Estado la carga de adoptar una perspectiva de género en la investigación de estos delitos y violaciones de derechos humanos. Esto implica tener en cuenta la desigualdad que ha sufrido la mujer como un factor que la pone en una situación de riesgo y amenaza de violencia, y en este caso, verificar si existe una relación entre la víctima y el victimario de discriminación como motivación de la conducta.

 

Ahora bien, el feminicidio ha sido desarrollado por diferentes instancias internacionales de derechos humanos como una posible forma de tipificar un crimen relacionado con el género y de cumplir con las obligaciones internacionales respecto al deber de debida diligencia en la erradicación, prevención, investigación, y sanción de la violencia contra las mujeres y la garantía del acceso a la justicia. En estas instancias éste se ha definido, en términos generales, como el homicidio de una mujer por razones de género. Su evolución conceptual ha establecido que el contexto en el que sucede el homicidio puede ser determinante para identificar el móvil o intención en el asesinato que configura el delito. Esta posición ha sido compartida por varios de los países en América Latina que han tipificado el feminicidio como delito autónomo y han incluido criterios de violencia anterior al asesinato como un elemento para establecer la intención.

 

La inclusión de circunstancias contextuales como elementos descriptivos del tipo, como los indicios, los antecedentes y las amenazas, buscan superar la realidad de que la intención de dar muerte por motivos de género (corresponde a patrones de desigualdad intrincados en la sociedad y tener el potencial de tomar tantas formas) resulta extremadamente difícil de probar bajo esquemas tradicionales que replican las desigualdades de poder. En este sentido, no se trata de dar el carácter de prueba autónoma al contexto, ni las circunstancias hacen referencia a un asunto de relevancia normativa, sino a una de las posibilidades que permiten verificar el elemento subjetivo del tipo. Así, se trata de que el juez valore los indicios, los antecedentes y amenazas en conjunto con todos los elementos de prueba. Por lo tanto, la garantía del acceso a la justicia para las mujeres supone un cambio estructural del derecho penal que integre una perspectiva de género tanto en los tipos penales que lo componen como en su investigación y sanción. Lo anterior, se concreta, entre otros, en una flexibilización del acercamiento a la prueba en el feminicidio que permita que el contexto conduzca a evidenciar el móvil. Esto no implica que la valoración del hecho punible como tal abandone los presupuestos del derecho penal, el debido proceso o el principio de legalidad, pero sí que su apreciación tenga la posibilidad de reconocer las diferencias de poder que generan una discriminación sistemática para las mujeres que desencadena una violencia exacerbada y cobra sus vidas en la impunidad.

 

Esta caracterización es coherente con la obligación de debida diligencia de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, frente a la evidencia contundente de los altos grados de impunidad que las formas tradicionales de política criminal no han logrado combatir. Entonces, la garantía del acceso a la justicia para las mujeres supone un cambio estructural en el acercamiento del derecho penal para que la tipificación de las conductas que violan sus derechos humanos, su investigación y sanción integren una perspectiva de género.

 

De otra parte, el literal acusado consta de cuatro partes, dos generales que establecen las categorías que determinan las circunstancias consignadas, es decir, de una parte que se trate de antecedentes, indicios o amenazas, y de otra que deben haber sido perpetrados por el sujeto activo en contra del sujeto pasivo sin necesidad de denuncia. Las dos partes específicas del literal se refieren a las modalidades de violencia que componen la categorización de los hechos: i) la violencia de cualquier tipo en las diferentes esferas sociales; y ii) la violencia de género.

 

La Corte considera que la modalidad “cualquier tipo de violencia” admite una lectura abierta que hace que el comportamiento carezca de precisión y claridad, lo cual incumple con los requisitos que exige el principio de legalidad, puesto que no permite saber con certeza cuál es la conducta reprochada que tiene el potencial de identificar una intención estructural en el delito de feminicido, el móvil. Lo anterior, puesto que la falta de categorización de la violencia en contra de la mujer supone una amplitud que podría desbordar las situaciones que efectivamente establecen que se trata de una situación que captura patrones de discriminación que reproducen estereotipos de género y desencadenan una violencia exacerbada que guía el homicidio. 

 

No obstante lo anterior, la misma norma y las referencias al derecho internacional de derechos humanos, específicamente al artículo 1° de la Convención de Belém do Pará, permiten superar esta posible ambigüedad, para precisar que necesariamente la violencia a la que se refiere el literal acusado es violencia de género, lo cual es indispensable para establecer un patrón de discriminación que identifique una intención de matar a una mujer por el hecho de serlo o por motivos de género, como elemento diferenciador del homicidio. Esta precisión mediante un referente calificado da a la norma claridad y hace que sea posible prever la conducta sancionada.

 

Así las cosas, conforme a la facultad reconocida a la Corte Constitucional de modular sus fallos, en este caso se acudirá a la metodología de la sentencia de constitucionalidad condicionada, con el objetivo de garantizar el respeto al principio de legalidad. Bajo este criterio en la parte resolutiva de esta sentencia se declarará la exequibilidad condicionada del literal e del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely) en el entendido de que la violencia a la que se refiere es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de género.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

Declarar EXEQUIBLE el literal e del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely), por los cargos analizados, en el entendido de que la violencia a la que se refiere el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

Con salvamento parcial de voto

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

Ausente en comisión

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO

ALBERTO ROJAS RÍOS

A LA SENTENCIA C-297/16

 

 

Ref: Expediente D- 11027

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015, “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”

 

Magistrada Ponente:

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

 

Hago explícitas las razones que me llevaron a salvar parcialmente el voto en la Sentencia de la referencia, en la cual la Corte declaró exequible el literal e del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely), por los cargos analizados, en el entendido de que la violencia a la que se refiere el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género.

 

Comparto la declaración de exequibilidad del literal e) del artículo 2º de la Ley 1671 de 2015 que establece uno de los elementos que caracterizan el tipo penal de feminicidio y lo distinguen del delito de homicidio, más no, el condicionamiento que se establece en la sentencia C-296 de 2016, por cuanto no obedece a una interpretación contraria a la Constitución que se derive del texto legal acusado, y que por tanto, deba ser excluida del ordenamiento jurídico. Por el contrario, como se expone en los fundamentos de la sentencia, el elemento normativo de la conducta punible que se acusa no vulnera el principio de legalidad, en la medida en que define una de las circunstancias que debe ser valorada por el juez y el fiscal con fundamento en los medios de prueba aportados al proceso y en conjunto con las demás circunstancias que distinguen e identifican la conducta punible de feminicidio, acorde con los convenios internacionales de derechos humanos que imponen a los Estados el compromiso de adoptar instrumentos para erradicar, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres por razones de género.

 

Observó que, según lo establece de manera expresa el artículo 104 adicionado al Código Penal, uno de los elementos normativos que diferencia al feminicidio del homicidio, radica en causar la muerte por la condición de ser mujer o por motivos de identidad de género, en las circunstancias que se enuncian en la disposición que se impugna parcialmente y que, por consiguiente, no requería de un condicionamiento que nada agrega a la conducta tipificada como delito autónomo por el legislador.

 

En mi concepto, en el análisis de los ingredientes del tipo penal efectuado en la sentencia, se incurre en el equívoco de convertir el contexto, que es un elemento subjetivo del tipo penal en un elemento normativo, lo cual conduce a la imprecisión de asumir la conducta punible de feminicidio como un fenómeno de violencia de género contextual – que incluye la identidad de género-. Con ello, le da carta de naturaleza al contexto que técnicamente nunca se ha aceptado como prueba, salvo por los tribunales internacionales, pero en este caso, frente al establecimiento de responsabilidad de los Estados, en el cual puede jugar un papel importante el contexto político en que se juzgue la violación de derechos humanos.

 

En conclusión, causar la muerte de la mujer por razones de género o de identidad de género es por sí misma reprochable, más allá del contexto.

 

 

Este salvamento parcial de voto, lleva el acostumbrado respeto por los pronunciamientos de este Tribunal Constitucional.

 

 

 

Fecha ut supra

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado