Sentencia T-412/18

 

 

ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-Improcedencia por no cumplir requisitos de subsidiariedad e inmediatez

 

Referencia: Expediente T-6.703.692

 

Acción de tutela presentada por el señor Antidio Chilito Chilito en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

 

Magistrado Ponente:

CARLOS BERNAL PULIDO

 

 

Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión del fallo de tutela de segunda instancia proferido el 14 de diciembre del año 2017, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, mediante el cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali que “negó por improcedente” la acción de tutela promovida por el señor Antidio Chilito Chilito en contra de Colpensiones.

 

El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto del 27 de abril de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Cuatro (4)[1].

 

I. ANTECEDENTES

 

  

1.  Antidio Chilito Chilito nació el 30 de julio de 1946. Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), tenía 47 años[2] (actualmente tiene 72) y, como tal, era beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 ibídem. Para esa misma fecha, Antidio Chilito Chilito tenía, aproximadamente, 153 semanas de cotización  al sistema pensional[3].

 

2.  Para el 22 de julio de 2005, cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, el señor Chilito Chilito no tenía cotizadas las 750 semanas que, según el parágrafo transitorio 4º de dicha reforma de orden constitucional, se requerían para que el régimen de transición se extendiera hasta el año 2014. Es, por tanto, que el régimen de transición, para el caso del demandante, se extendió hasta el 31 de julio de 2010.

 

3.  Según lo que se probó durante el proceso de amparo, especialmente con la historia clínica obrante a folio 38A del cuaderno No. 1 del expediente de tutela de la referencia, el ciudadano Chilito Chilito padece de las siguientes afecciones: (i) glaucoma bilateral; (ii) HTA controlada, e (iii) hipotiroidismo[4].

 

4.  Agotado el trámite de rigor que corresponde, el accionante le solicitó a Colpensiones que gestionara la calificación de la pérdida de capacidad laboral (PCL). El 30 de julio del año 2014, el Grupo Médico Laboral de esta última entidad determinó una pérdida de capacidad laboral del 54.84%, de origen “enfermedad” y de riesgo “común”^[5]. Se determinó como fecha de estructuración de la incapacidad el día 19 de julio de 2014[6].

 

5.  Para el momento de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, Antidio Chilito Chilito había realizado aportes por un total de 855,14 semanas, discriminadas así^[7]:

 

ENTIDAD LABORÓ	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DÍAS
PIZARRO B RAFAEL	1968/02/08	1968/04/18	TIEMPO SERVICIOS	71
AMP PLANTA RÍO CAUCA	1968/04/08	1968/07/22	TIEMPO SERVICIOS	106
AMP PLANTA RÍO CAUCA	1969/02/20	1969/04/28	TIEMPO SERVICIOS	68
CONURBANAS	1969/09/18	1970/01/21	TIEMPO SERVICIOS	126
1 CONURBANAS	1970/01/22	1970/07/02	TIEMPO SERVICIOS	162
SASTRERÍA MODERNA	1971/03/25	1971/11/23	TIEMPO SERVICIOS	244
GOODYEAR DE COL SA	1974/03/27	1974/05/25	TIEMPO SERVICIOS	60
1 E MURRLE Y L RODAS	1975/02/24	1975/04/09	TIEMPO SERVICIOS	45
PINSKI Y ASOCIADOS SA	1975/04/10	1975/10/15	TIEMPO SERVICIOS	189
ANTIDIO CHILITO CHILITO	1997/10/01	1999/11/30	TIEMPO SERVICIOS	780
ANTIDIO CHILITO CHILITO	2000/01/01	2001/02/26	TIEMPO SERVICIOS	416
ANTIDIO CHILITO CHILITO	2001/03/01	2002/02/27	TIEMPO SERVICIOS	357
ANTIDIO CHILITO CHILITO	2002/03/01	2009/11/13	TIEMPO SERVICIOS	2773
ANTIDIO CHILITO CHILITO	2009/12/01	2011/07/31	TIEMPO SERVICIOS	600
ANTIDIO CHILITO CHILITO	2011/02/01	2012/01/31	TIEMPO SERVICIOS	210

 

6.       Con fundamento en la calificación de pérdida de capacidad laboral, el accionante, mediante petición del 12 de agosto del año 2014[8], solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez. Colpensiones, por medio de la Resolución GNR 255263 del 23 de agosto de 2015, negó la solicitud. Esa decisión quedó en firme luego de que el actor no interpusiera ningún recurso en su contra. La entidad estatal accionada, para adoptar dicha decisión, tuvo en cuenta la fecha de estructuración de la invalidez y el hecho que el actor no acreditó haber cotizado, al menos, cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha determinada para la estructuración de la invalidez[9].

 

7.       El señor Chilito Chilito inició el proceso ordinario ante los jueces laborales. Por reparto, el proceso fue asignado al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, que, en sentencia del 26 de enero de 2016[10], negó las pretensiones de la demanda. Para tales fines, el juez laboral expuso las siguientes consideraciones:

 

8.       (i) El accionante no cumplía los requisitos dispuestos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, debido a que no había cotizado un mínimo de cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

 

9.       (ii) El accionante no acreditó los requisitos para acceder a la pensión de invalidez que contempla el parágrafo 2º del el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en la medida en que, a la fecha de estructuración de la invalidez, no tenía cotizadas, al menos, el setenta y cinco (75) % de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez.

 

10.  (iii) El tutelante tampoco cumplió con los requisitos dispuestos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (sin la modificación de que trata el numeral anterior), norma que se consideró aplicable en atención al principio de condición más beneficiosa, según la interpretación que del mismo ha tenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

 

11.  El apoderado interpuso el recurso de apelación contra la sentencia antes referida. Sin embargo, no sustentó en debida forma el recurso[11]. Por esta razón, mediante auto del 26 de enero (dictado en audiencia), se declaró desierto el recurso de apelación. Con todo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral, el expediente ordinario fue remitido al juez ad quem para que procediera a tramitar el respectivo grado jurisdiccional de consulta.

 

12.  La decisión del a quo fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, mediante sentencia dictada el 18 de mayo del año 2016[12]. La decisión reiteró los argumentos en que se fundamentó el fallo consultado y fue notificada ese mismo día durante la audiencia en la que fue proferida.

 

 

13.  El 2 de noviembre de 2017, el señor Chilito Chilito, por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra de Colpensiones, con el fin de que se protegieran sus derechos al debido proceso, al mínimo vital móvil y a la seguridad social. En consecuencia, solicitó que se reconociera y pagara la pensión de invalidez a la que consideró tener derecho. Subsidiariamente, solicitó que “[…] se orden[ara] a COLPENSIONES realizar un estudio de la pensión de invalidez del señor CHILITO a la luz del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 parágrafo 2 en el sentido de exigir 25 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez por contar con el 75% de las semanas (…) exigidas para pensión de vejez con régimen de transición como lo ha interpretado la [S]ala de [C]asación [L]aboral de la [C]orte [S]uprema de [J]usticia[13] (negrillas propias).

 

14.  En criterio de la parte tutelante, si bien es cierto que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, también lo es que sí se encontraban acreditados los requisitos del parágrafo 2º de esa misma norma[14], ya que se cotizaron veinticinco (25) semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. La aplicación de esa norma, en criterio de la parte actora, era posible porque el accionante fue beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 y, especialmente, porque se probaron cotizaciones por el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez. Esta hipótesis, según lo planteó, fue dispuesta por el citado parágrafo para que se reconociera la pensión de invalidez con solo acreditar veinticinco (25) semanas de cotización y no cincuenta (50).

 

15.  La apoderada del accionante solicitó que se tuvieran en cuenta las particularidades médicas registradas en la historia clínica de su mandante y la difícil situación económica que afrontaba y, especialmente, el hecho de que, actualmente, asumía el pago de un canon de arrendamiento, servicios públicos y alimentación[15] y no tenía una fuente establece de ingresos para asumir dichas obligaciones.

 

 

16.  En el auto admisorio de la acción de tutela, del 3 de noviembre de 2017^[16], se ordenó notificar de la solicitud de amparo a Colpensiones. Igualmente se dispuso vincular al proceso al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali.

 

17.  Colpensiones, por intermedio de la Gerencia de Defensa Judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción. Argumentó, por un lado, que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, porque la parte actora contaba con “[…] los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para [hacer valer sus pretensiones]”[17] y, por otra, porque el señor Chilito Chilito no aportó pruebas que permitieran tener probado un perjuicio irremediable^[18]. Puso de presente, además, que en los archivos de la entidad no se reportaba alguna solicitud en trámite o alguna petición que no hubiere sido resuelta de fondo.

 

18.  Las autoridades judiciales vinculadas al trámite de amparo, pese a haber sido notificadas en debida forma^[19], guardaron silencio.

 

 

19.  El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, en sentencia del 20 de noviembre de 2017, “negó por improcedente” la acción de tutela, por no cumplir el requisito de inmediatez[20]. En criterio del juez de primera instancia, la demanda de amparo no fue interpuesta en un término razonable, en la medida en que “[…] la providencia que confirmó la sentencia de primera instancia en grado de consulta fue proferida el 18 de mayo de 2016 (fl. 7 c:2), y (…) [la acción de tutela fue] radicada (…) el 03 de noviembre de 2017 […]”[21], esto es, porque transcurrieron más de diecisiete (17) meses entre uno y otro momento.

 

20.  Igualmente, el a quo consideró que el accionante no era un sujeto de especial protección constitucional y, además, que las pruebas del expediente no daban cuenta de que estuviera en una condición de pobreza o debilidad manifiesta.

 

21.  El día 27 de noviembre de 2017, la apoderada del accionante impugnó la decisión adoptada en primera instancia[22]. Señaló, por una parte, que la acción de tutela “[…] no se inició (…) mucho antes por desconocimiento del señor CHILITO e indebida representación por parte de su abogado […]”[23] y, por la otra, que el actor sí era un sujeto de especial protección constitucional, al tener 71 años y dada su condición de invalidez. Adicionalmente, la parte impugnante insistió en los argumentos de la demanda de tutela, especialmente, en que el señor Chilito Chilito tenía derecho a la pensión de invalidez que demandaba, debido a que cumplía los requisitos legales.

 

22.  La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en fallo del 14 de diciembre de 2017[24], confirmó la decisión impugnada en sede de tutela, pero con fundamento en que la parte actora no interpuso el recurso extraordinario de casación en contra de la decisión adoptada en el proceso ordinario laboral[25]. El juez ad quem no se pronunció acerca del requisito de inmediatez, como tampoco ante la presunta condición de sujeto de especial protección constitucional del accionante.

 

 

 

23.  Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

24.  Le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es procedente, por satisfacer los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de que lo sea, luego, le corresponde a la Sala formular y resolver los problemas jurídicos sustanciales del caso en concreto.

25.  La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato, oportuno y adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de amenaza o vulneración, ya fuera por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado, pacíficamente, por esta Corte, que son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de legitimación en la causa, un ejercicio subsidiario y un ejercicio oportuno (inmediatez).

 

 

26.  Con relación al requisito de legitimación en la causa por activa^[26], esta se acredita, dado que la ejerce, por conducto de apoderada judicial, el señor Antidio Chilito Chilito[27], que considera vulnerados sus derechos al debido proceso, al mínimo vital móvil y a la seguridad social, como consecuencia de la decisión adoptada en la Resolución GNR 255263 del 23 de agosto de 2015[28], proferida por Colpensiones que le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.

 

27.  La legitimación por pasiva se cumple en la medida en que es Colpensiones la autoridad pública a la cual se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital móvil y a la seguridad social, al negarse a reconocer al señor Chilito Chilito la pensión de invalidez.

 

28.  Resulta del caso precisar que aunque al proceso se vincularon[29] al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, lo cierto es que el problema jurídico planteado en el trámite de tutela, así como el debate que llevaron a cabo los jueces de primera y segunda instancia, no guardan relación con las decisiones judiciales adoptadas por dichas autoridades. De esto dan cuenta, de un lado, el análisis del expediente y especialmente el de la demanda de tutela, en la que no se hizo referencia a dichas autoridades en lo que tiene que ver con las pretensiones o argumentos sustantivos, y, del otro, los problemas jurídicos formulados en los fallos de primera[30] y segunda instancia[31].

 

 

29.  La protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado a la acción de tutela. Con fundamento en la obligación que el artículo 2 de la Constitución impone a las autoridades de la República, de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades, los distintos mecanismos judiciales previstos en la ley han sido establecidos para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los de carácter fundamental. De ahí que la Constitución defina la tutela como un mecanismo subsidiario frente a los demás medios de defensa judicial, los cuales son, entonces, los instrumentos preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos, tal como disponen el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 6 y el inciso 1° del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991[32].

 

30.  De las disposiciones en comento se infieren, al menos, los siguientes cuatro postulados, en relación con el carácter subsidiario de la acción de tutela:

 

31.  (i) La acción de tutela debe proceder de forma directa y definitiva cuando no exista otro medio o recurso de defensa judicial que garantice la protección de los derechos constitucionales fundamentales. De existir otro medio o recurso de defensa judicial, primero, se debe determinar si fue interpuesto y resuelto por la autoridad judicial competente o, segundo, en caso de que no se hubiese agotado, determinar su existencia formal en el caso sub examine[33].

 

32.  (ii) En caso de ineficacia[34], la tutela debe proceder de manera definitiva. El juez de tutela debe determinar la eficacia en concreto (y no meramente formal o abstracta) de los otros medios o recursos de defensa, tal como dispone el apartado final del numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991^[35], en la medida en que el lenguaje constitucional apunta a valorar la efectividad del medio de defensa en relación con las condiciones del individuo.

 

33.  (iii) La tutela debe proceder de manera transitoria siempre que se acredite un supuesto de perjuicio irremediable.

 

34.  (iv) En caso de no acreditarse una situación de vulnerabilidad o un supuesto de perjuicio irremediable la acción de tutela debe declararse improcedente[36], dada la eficacia en concreto del medio judicial principal y la inexistencia de una situación inminente, urgente, grave e impostergable[37] que amerite su otorgamiento transitorio.

 

35.  En relación con el caso en concreto, advierte la Sala que la acción de tutela de la referencia se orienta a controvertir la decisión adoptada por Colpensiones, por medio de la Resolución del 23 de agosto de 2015. Sin embargo, el accionante pasa por alto que esa decisión fue sometida al control judicial de las autoridades competentes y, sobre todo, que estas analizaron y descartaron los argumentos que se plantean ante el juez de tutela, esto es, (i) que los beneficios del régimen de transición, para el caso del señor Chilito Chilito, estuvieron vigentes hasta el 31 de julio del año 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005[38]; (ii) que, teniendo en cuenta lo anterior, el actor no cumplió con los requisitos dispuestos en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003[39], para el reconocimiento de la pensión de invalidez; (iii) que no cotizó las cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (19 de julio de 2014), de que trata el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003[40], y (iv) que no era procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez acudiendo al principio de condición más beneficiosa, según el entendimiento que del mismo había tenido la jurisdicción ordinaria, debido a que el señor Chilito Chilito no había cumplido los requisitos de la legislación inmediatamente anterior a la vigente.

 

36.  En el presente asunto, para la Sala, se trata de un caso en el que se acude la acción de tutela como un medio judicial adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, para el caso, del proceso ordinario laboral, pues con esta -la tutela- lo que se pretende es la corrección del criterio interpretativo de los jueces naturales de la causa y, con esto, desconocer los mecanismos dispuestos por el legislador para controvertir la resolución objeto del este proceso de amparo. Una conclusión contraria vaciaría de contenido la competencia del juez laboral, en el sentido de que la finalidad específica del procedimiento ordinario es, precisamente, la de revisar si se cumplen o no los requisitos legales para el reconocimiento de aquellas prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Seguridad Social (SGSS).

 

37.  Es del caso insistir en que, durante el trámite de instancia, las decisiones judiciales adoptadas no fueron cuestionadas de forma concreta y, en consecuencia, el análisis jurídico en el presente caso debe circunscribirse a la decisión adoptada por Colpensiones consistente en negar el reconocimiento de la pensión de invalidez al señor Chilito Chilito. Esta precisión es de la mayor importancia porque si bien la Sala no desconoce que, como juez de tutela, tiene competencia para estudiar las posibles violaciones de los derechos fundamentales que hubieran podido presentarse con ocasión de las sentencias dictadas dentro del proceso ordinario iniciado por el ahora tutelante, lo cierto es que en el presente caso, dadas las circunstancias en las que se surtió el proceso de amparo, en las dos instancias, y lo que pretendió la parte actora, no resultaría posible hacerlo sin modificar la litis del proceso y, con ello, afectar el debido proceso de las partes y terceros intervinientes, especialmente el derecho de contradicción y defensa que les asiste.

 

38.  La Sala advierte, entonces, el incumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto, en los términos previamente expuestos y en el contexto señalado. Si bien, la argumentación anterior pudiera considerarse suficiente para declarar improcedente la acción de tutela, es relevante hacer referencia al cumplimiento del requisito de inmediatez, dadas las particularidades de las pretensiones en sede de tutela y los antecedentes del caso.

 

 

 

 

 

 

51.           Igualmente, la Sala encuentra necesario aclarar que una cosa es que los derechos objeto del litigio sean imprescriptibles y otra, diferente, que la acción de tutela para reclamar dichos derechos también tenga tal naturaleza, o que pueda ser ejercida en cualquier tiempo; ya que no es correcto “afirmar que la garantía de reclamar derechos laborales en cualquier tiempo, es igual a la posibilidad de hacerlo mediante acción de tutela en cualquier tiempo”[54]. Del carácter imprescriptible de la prestación se sigue que el titular del derecho o sus causahabientes, según el caso, pueden pedir que se les reconozcan los derechos en cualquier tiempo y, eventualmente, demandar la decisión de negarle dicho reconocimiento ante los jueces ordinarios, pero lo que no se deriva de allí es que la tutela pueda ejercerse en cualquier momento si es que lo que se persigue es el reconocimiento de una prestación de esa naturaleza, menos cuando se cuestiona la decisión de no conceder la pensión como tal, bien sea la del juez competente o la de la administradora del fondo pensional -sin agotar el proceso judicial-.

 

52.           A juicio de la Sala, la inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no implica per se que esta pueda interponerse en cualquier momento[55], por una parte, porque una de sus características definitorias es su ejercicio oportuno[56] y, por la otra, debido a que la inmediatez impone a los actores un deber correlativo de presentación oportuna y justa de la acción[57]; en otras palabras, un deber consistente en evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó el hecho o la omisión a la que se atribuye la vulneración de derechos fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo ante el juez constitucional[58].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

 

Primero.- CONFIRMAR la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, proferida el 14 de diciembre de 2017 que, a su vez, confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, en el sentido de declarar IMPROCEDENTE la acción, pero en el entendido de que no se acreditó su ejercicio subsidiario y tampoco el requisito de inmediatez.

 

Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Con salvamento de voto

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

DIANA FAJARDO RIVERA

 A LA SENTENCIA T-412/18

 

 

ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-Se erró al considerar que no es posible interponer acción de tutela con el fin de lograr “la corrección de criterio interpretativo de los jueces naturales de la causa” (salvamento de voto)

 

ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-Sala actuó de modo equivocado al considerar que reglas de procedencia de tutela constituyen imperativos de aplicación rígida y automática (salvamento de voto)

 

ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-Sala se ocupó de razones encaminadas a un supuesto incumplimiento del requisito de subsidiariedad a partir de una asimilación irrazonable de las instituciones jurídico-procesales (salvamento de voto)

 

ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-Ejercicio material de la acción de tutela no corresponde únicamente a la satisfacción de la inmediatez (salvamento de voto)

 

ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-Sala incorporó consideración sobre la inmediatez que configura una indebida motivación de la decisión, por desconocer principio de coherencia (salvamento de voto)

 

 

 

 (M.P. CARLOS BERNAL PULIDO)

 

 

1. Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, salvo mi voto frente a la Sentencia T-412 de 2018 porque, contrario a lo sostenido por la mayoría, considero que el caso de la referencia cumplía los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, y por tanto exigía un estudio de fondo en sede de revisión.

 

2. Reseña de los hechos: en esta ocasión, la Sala Primera estudió la acción de tutela promovida por Antidio Chilito Chilito, un ciudadano de 72 años de edad, a quien se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral correspondiente al 54.84%, con fecha de estructuración el 19 de julio de 2014. Al solicitar la pensión de invalidez, Colpensiones profirió resolución en la que se negó a acceder a la prestación, por considerar que no se cumplía el requisito de las 50 semanas cotizadas durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003^[60], vigente para ese momento. Insatisfecho con la respuesta, el señor Chilito Chilito promovió demanda laboral ordinaria contra la Entidad pensional, la cual fue resuelta, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de negar la pensión de invalidez por incumplirse el requisito aludido por Colpensiones, y por ser inaplicable el principio de la condición más beneficiosa, al no superarse las condiciones establecidas en el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, como norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003.^[61] Esta decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, en decisión del 18 de mayo de 2016. 

 

3. La acción de tutela: con base en lo anterior, el 2 de noviembre de 2017, el señor Chilito Chilito promovió la tutela de la referencia, buscando el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital, que estimaba vulnerados por Colpensiones al no tener en cuenta que, según él, le era aplicable el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pese a que disponía de 25 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, exigibles en su caso porque contaba en su historia laboral con el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez.  

  

4. La decisión de la cual disiento: la mayoría de la Sala consideró que el asunto no satisfacía los requisitos generales de procedencia del mecanismo constitucional. Específicamente, sostuvo, por un lado, que se incumple la subsidiariedad porque el actor “acude a la acción de tutela como un medio judicial adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de sus derechos (…), pues con esta –la tutela– lo que se pretende es la corrección del criterio interpretativo de los jueces naturales de la causa”; y por otro lado, que no se supera la inmediatez, ya que entre la fecha en que se profirió la decisión en grado jurisdiccional de consulta (18 de mayo de 2016) y la fecha de interposición de la tutela (2 de noviembre de 2017) transcurrió un lapso prolongado. Disiento no sólo de esta determinación, sino de las razones usadas para llegar a ella, tal como a continuación explico.

 

i.                   La acción de tutela instaurada por el señor Antidio Chilito Chilito cumplía el requisito de subsidiariedad

 

5. Es presupuesto esencial del Estado constitucional la inexistencia de instituciones con soberanía interna o poder absoluto y autónomo. Todas las autoridades y funciones públicas están sujetas ineludiblemente a la Carta Política que, en su carácter democrático, impone la realización efectiva de los principios y derechos allí contenidos. Los órganos judiciales, por su puesto, son los primeros llamados a cumplir este mandato. 

 

6. Por lo anterior, la mayoría de la Sala erró al considerar que no es posible interponer acción de tutela con el fin de lograr “la corrección del criterio interpretativo de los jueces naturales de la causa”. Claramente, el principio de subsidiariedad impide que el mecanismo de amparo sea ejercido con el fin de constituir una suerte de “tercera instancia” dentro de los procesos ordinarios. Eso es absolutamente pacífico en la jurisprudencia de esta Corporación, pero parte de la base de que los procesos judiciales siguen un curso ajustado al ordenamiento jurídico. Cuando ello no es así, porque se han desconocido garantías fundamentales por vía de, por ejemplo, interpretaciones o razonamientos contrarios a nuestro sistema normativo, el juez de tutela está necesariamente llamado a corregir el criterio inconstitucional de la autoridad judicial cuestionada, con el fin de preservar la supremacía de la Carta, lo cual exige un análisis de las circunstancias del asunto particular.

 

7. Justamente, la acción de tutela contra providencias judiciales tiene por propósito garantizar que las decisiones adoptadas en las distintas jurisdicciones atiendan no sólo al marco legal respectivo, sino principalmente a los contenidos de la Constitución Política. Esta Corporación ha sido clara en señalar que “el control de constitucionalidad de las sentencias sirve para desplegar con fuerza la eficacia normativa de los derechos fundamentales en todos los ámbitos de aplicación del derecho. En otras palabras, de lo que se trata es de asegurar el llamado “efecto irradiación” de los derechos fundamentales en jurisdicciones acostumbradas a seguir fielmente los mandatos del derecho legislado sin atender a las normas constitucionales que podrían resultar relevantes para resolver la respectiva cuestión”^[62]. En ese sentido, admitir que por vía de la acción de tutela no es posible “corregir el criterio interpretativo legal de una autoridad judicial”, pese a que éste puede ser inconstitucional, desnaturaliza el mecanismo constitucional y desconoce el desarrollo jurisprudencial que este Tribunal ha adelantado sobre esta materia. 

 

8. Ahora bien, como lo he señalado permanentemente, la Sala Primera de Revisión persiste en actuar de modo equivocado al considerar que las reglas de procedencia de la acción de tutela constituyen imperativos de aplicación rígida y automática. He insistido en que, de acuerdo con toda la jurisprudencia de esta Corporación, los presupuestos de procedencia son requisitos legales que exigen una valoración de acuerdo a las circunstancias de cada caso. En relación con el señor Chilito Chilito, la acción de tutela era procedente, bastaba sólo observar que las autoridades judiciales ordinarias avalaron el proceder de Colpensiones con base en un entendimiento de la condición más beneficiosa que es contrario al alcance que, desde la Sentencia SU-442 de 2016, esta Corporación le ha otorgado a dicho principio.

 

9. La mayoría de la Sala sostuvo que no era posible adelantar un juicio de constitucionalidad frente a las providencias ordinarias que impartieron legalidad a las actuaciones de la Entidad pensional, por el simple hecho de que éstas no fueron accionadas directamente en el recurso de amparo. Para la Sala, esto (i) implicaría una “modificación de la litis” y (ii) afectaría el derecho a la defensa y contradicción de las partes.

 

10. En relación con el primer aspecto, la Sala ignoró que los procesos de amparo no son equiparables a litigios ordinarios, sometidos a formalidades robustas de las cuales pueda depender su prosperidad. En sede de tutela, el juez está en el deber de identificar el objeto constitucionalmente relevante y procurar su resolución, guiado por el principio de justicia material. De ahí que le sea especialmente obligatoria la aplicación, por un lado, del principio “iura novit curia”, según el cual corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia de las fórmulas jurídicas invocadas por las partes; y por otro lado, del amplio poder oficioso dentro de los trámites constitucionales (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).

 

11. El segundo asunto es aún más inadmisible. Estando autorizado el juez de tutela para corregir los problemas procesales que pueda presentar la integración del contradictorio, no es entendible cómo podría afectarse el derecho a la defensa de las partes o terceros con interés. Tanto las autoridades de instancia como las Salas de Revisión están facultadas para vincular a los sujetos que deberían hacer parte del proceso y garantizarles su efectiva participación dentro del mismo, con lo cual se supera la supuesta afectación señalada por la mayoría en esta ocasión. En el escenario más extremo, sería posible rehacer las actuaciones afectadas por la indebida integración del contradictorio, sin necesidad de obligar al actor a activar nuevamente el aparato de justicia, pues esto es un desgaste innecesario no sólo para las partes, sino para la institucionalidad.

 

12. Así, la Sala Primera de Revisión era consciente de que, materialmente, el actor no contaba con ningún mecanismo distinto a la acción de tutela para verificar la titularidad de la pensión de invalidez. Pese a ello, se ocupó de construir razones encaminadas únicamente a evidenciar un supuesto incumplimiento del requisito de subsidiariedad, a partir de una asimilación irrazonable de las instituciones jurídico-procesales.

 

ii.                 Valoración indebida del requisito de inmediatez

 

13. De manera preliminar, advierto que el supuesto incumplimiento del requisito de subsidiariedad era suficiente para declarar la improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo, al haber desarrollado la presunta insatisfacción de la inmediatez, debo pronunciarme también sobre este asunto.

 

14. También me separo del estudio del requisito de inmediatez de la mayoría de la Sala porque observo dos circunstancias problemáticas. La primera corresponde a una variación de la regla de “permanencia de la vulneración”; y la segunda refiere al prejuzgamiento que, al momento de valorar los presupuestos formales de procedencia, ya se ha vuelto usual en la Sala Primera de Revisión.^[63]

 

15. Según la mayoría de la Sala, la regla de la “vulneración permanente en el tiempo” haría “nugatorios los efectos” del requisito de inmediatez en asuntos pensionales, e incluso el ejercicio mismo de la acción de tutela. Lo primero que debo volver a advertir es que, en general, el ejercicio material de la acción de tutela no corresponde únicamente a la satisfacción de la inmediatez. Depende de la verificación de la totalidad de presupuestos formales y, posteriormente, de la afectación o amenaza de los derechos alegados. Por ello, es ciertamente inadecuado insinuar que la sola superación de la inmediatez daría lugar al amparo.

 

16. En los casos de presunta vulneración del derecho a la seguridad social, por negación de prestaciones pensionales, esta Corporación ha dicho que, además de las condiciones particulares de cada caso, debe observarse que el simple hecho de que el actor no se encuentre gozando de la prestación hace que la supuesta trasgresión se torne de ejecución permanente, por tanto actual, lo que conduce únicamente a la acreditación de este presupuesto temporal de procedencia. ^[64] Del mismo modo, no puede perderse de vista que, en materia de pensiones, la vulneración permanente de la seguridad social en el fondo se armoniza con la aplicación de la regla de prescripción contenida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que, de ninguna manera, se está reconociendo una regla jurídicamente irrazonable.   

 

17. Ahora bien, la Sala incorporó una consideración final sobre la inmediatez que configura una indebida motivación de la decisión, por desconocer el principio de coherencia. Aunque la mayoría entendió incumplido el requisito de subsidiariedad por no haberse demandado las providencias que impartieron legalidad a las actuaciones de Colpensiones, al mismo tiempo estableció que no se satisfizo la inmediatez porque entre tales providencias y el momento en que se interpuso la acción de tutela transcurrió un lapso que no es razonable (consideración 54 de la Sentencia T-412 de 2018).

 

18. Se trata de una sustentación errada de la providencia, pues se usó una misma circunstancia para demostrar dos asuntos que son fácticamente incompatibles, ya que, desde la lógica, es imposible que concurran: se dijo que no se promovió la acción de tutela contra las providencias judiciales ordinarias, y que como consecuencia (i) no es posible estudiar la acción de tutela respecto de estas actuaciones; pero a la vez (ii) no se satisface la inmediatez por el tiempo que transcurrió desde la adopción de éstas hasta que se promovió el recurso de amparo.

 

19. Esta contradicción tiene incidencia en el derecho al debido proceso del actor, no sólo por la contradicción en sí misma considerada, sino porque podría constituir un prejuzgamiento sobre la procedencia de la tutela que, eventualmente, sea promovida en contra de las providencias judiciales ordinarias. Con todo, advierto que al no haber sido ese el objeto jurídico en el cual se centró la Sala, ciertamente no se trata de un asunto sobre el que se haya configurado la cosa juzgada constitucional.

 

En los anteriores términos, dejo planteadas las razones en las cuales baso mi salvamento de voto a la Sentencia T-412 de 2018.  

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada