Sentencia C-604/19

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte Constitucional

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Carga argumentativa

 

ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Análisis sustancial de la demanda

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Test de proporcionalidad/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Razonabilidad y proporcionalidad

 

En el delito de corrupción al sufragante se pretende establecer una comparación entre, por una parte, la conducta de quien celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero, a una persona habilitada para votar, con el propósito de que lo haga en determinado sentido, y, por otra, la conducta de quien acepte dicha promesa, dinero, dádiva, contrato o beneficio particular, con tal propósito. En este caso, también, las dos conductas son realizadas por personas naturales y, en la segunda, se requiere, además, que la persona tenga la condición de ciudadano o extranjero habilitado para votar.

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Criterio de comparación o tertium comparationis/TERTIUM COMPARATIONIS-Criterio para determinar si las situaciones o las personas son o no iguales/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Trato diferenciado

 

LEY-Proceso de formación

 

IGUALDAD-Pilar fundamental/DERECHO A LA IGUALDAD-Concepto relacional/TRATO IGUAL A LOS IGUALES Y DESIGUAL A LOS DESIGUALES-Jurisprudencia constitucional/IGUALDAD-Exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales/JUICIO DE IGUALDAD-Trato desigual entre iguales o igual entre desiguales en el plano fáctico y jurídico

 

(…) si bien existen circunstancias comunes a ambos supuestos de la comparación, existen también circunstancias diferentes, siendo estas últimas más relevantes que las primeras. De esto se sigue, la necesidad constitucional de dar un trato diferenciado a los destinatarios de la ley en uno y otro supuesto. Y así lo considera porque: 1) si bien ambos supuestos tienen en común la afectación del mismo bien jurídico, dicha afectación no es de la misma entidad o alcance; 2) si bien ambos supuestos tienen la condición de dolosos y persiguen el propósito de obtener provecho ilícito, la situación particular de las personas que se encuentran en el primero (corruptores) es diferente a la de las personas que se encuentran en el segundo (corrompidos), en tanto y en cuanto, si bien ambos se benefician de las conductas punibles, los primeros no parecen tener las condiciones fácticas de necesidad o pobreza de los segundos; 3) la conducta del corruptor no es, ni puede ser aislada, ya que de nada serviría corromper a un ciudadano, sino que exige una amplitud, organización y, eventualmente, la realización de otras conductas criminales, mientras que la conducta del corrompido sí es aislada

 

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad y suficiencia en los cargos

 

 

Referencia: Expediente D-13354

 

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 389 del Código Penal, modificado por el artículo 4 de la Ley 1864 de 2017, y contra el inciso tercero del artículo 390 del Código Penal, modificado por el artículo 6 de la Ley 1864 de 2017, “Mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática”

 

Demandante:

Francesco Guillermo Sirtori López

 

Magistrado Sustanciador:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

 

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y conforme a los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

I.       ANTECEDENTES

 

Por medio de Auto del tres de julio de 2019, el magistrado sustanciador resolvió admitir la demanda contra las normas previstas en el inciso segundo del artículo 389 del Código Penal y en el inciso tercero del artículo 390 del Código Penal, modificados por los artículos 4 y 6 de la Ley 1864 de 2017, respectivamente. En este mismo auto se dispuso fijar en lista las normas acusadas, hacer las comunicaciones previstas en los artículos 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991 y en el artículo 2 b) del Decreto 1365 de 2013, y dar traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiese el concepto a su cargo.

 

En la secretaría general de este tribunal se recibieron, en orden cronológico, las siguientes intervenciones: 1) la del ciudadano Rafael David Hoyos Rhénals[1], 2) la del Ministerio de Justicia y del Derecho[2], 3) la del ciudadano Daniel Andrés Salazar Gómez[3]. También se recibió el Concepto 6632 del 26 de agosto de 2019, rendido por el Procurador General de la Nación[4].

 

II.      NORMAS DEMANDADAS

 

1. Las normas demandadas

 

A continuación, se transcribe el texto de los artículos 4 y 6 de la Ley 1864 de 2017, que modifican los artículos 389 y 390 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), según aparece publicado en el Diario Oficial 50.328 del 17 de agosto de 2017, y se destacan las expresiones que son objeto de la demanda:

 

“LEY 1864 DE 2017

(agosto 17)

Diario Oficial No. 50.328 de 17 de agosto de 2017

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

 

[…]

 

ARTÍCULO 4o. Modifíquese el artículo 389 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así:

 

Artículo 389. Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros.

 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

 

[…]

 

ARTÍCULO 6o. Modifíquese el artículo 390 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así:

 

Artículo 390. Corrupción de sufragante. El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido.

 

En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la promesa, el dinero, la dádiva, el contrato, o beneficio particular con los fines señalados en el inciso primero.

 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

 

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando en la promesa, pago o entrega de dinero, beneficios o dádivas medien recursos públicos.”

 

III.    DEMANDA, INTERVENCIONES Y CONCEPTO DE LA VISTA FISCAL

 

A continuación se presentarán las consideraciones de la demanda y se procederá a sintetizar las intervenciones recibidas, en las cuales se solicita hacer diversas declaraciones. Cumplida esta tarea se presentará el concepto rendido por el Procurador General de la Nación.

 

1.      La demanda[5]

 

La demanda sostiene que las normas previstas en las expresiones subrayadas de los antedichos artículos son incompatibles con lo previsto en los artículos 13 y 29 de la Constitución, 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en adelante DUDH y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante CADH; cuestiona que la ley prevea la misma pena, en el caso de los delitos de fraude en inscripción de cédulas y de corrupción de sufragante, tanto para la persona que promueve ambas conductas (agente corruptor) como para la persona que sucumbe ante tal promoción (agente corrompido), por estimar que este trato igual es incompatible con los artículos antedichos; arguye, de manera especial, que la segunda persona (agente corrompido) es más débil que la otra (agente corruptor), pues se somete a las practicas clientelistas por su necesidad o pobreza. El supuesto fáctico de la demanda se plantea en los siguientes términos:

 

“En otras palabras, dentro de la psicología de estas organizaciones criminales, no es que no se crean capaces de corromper a la población votante en general, sino que solo los habitantes de Colombia, más pobres, son los que están dispuestos a arriesgar su libertad y la democracia nacional por un tamal, una canasta familiar, un chivo o 50.000 COP, por tanto como el voto del ciudadano estrato 1, 2 tiene el mismo poder electoral que los de estrato 3, 4, 5 y 6, resulta mucho más rentable para estas organizaciones intentar abordar las comunidades de los estratos 1 y 2, pues encuentran allí, el mayor número de personas vulnerables dispuestas a poner en riesgo su libertad al vender su voto[6], asumiendo este peligro, por la entrega o la esperanza de obtener las más ínfimas dádivas, por ejemplo 50.000 COP. // Esto permite identificar dos grupos con diferencias muy evidentes, el primero los explotadores conformado, (sic.) por todo (sic.) los miembros de la red clientelar dirigidos o financiados por una o varias personas con acceso a grandes cantidades de dinero, con una sólida ideología política o partido, que les permite contar con la organización necesaria para poder ejecutar una red de compra de votos en medio de las dificultades antes señaladas y el segundo los explotados conformado por colombianos envueltos en la más profunda pobreza, los cuales venden su libre derecho al sufragio, por las dádivas o promesas más minúsculas, gracias a que son víctimas ante todo de un estado colombiano ausente que no les ha brindado los medios de subsistencia mínimos que les permitan poder ponderar, entre dichas dádivas o promesas y opciones como la abstención, el voto en blanco e incluso las propuestas políticas o programas de gobierno que les favorezcan programáticamente a ellos o a sus comunidades”.

 

Para juzgar la justificación de dar el mismo trato a dos grupos de personas que no son iguales ni equiparables, la demanda propone aplicar un test de proporcionalidad de intensidad estricta, dado que el agente corrompido es, a su juicio, un sujeto de especial protección constitucional. Al aplicar el test, señala que el fin de las normas demandadas es prevenir y sancionar ejemplarmente la corrupción electoral; que el medio: equiparar la pena de corruptor y corrompido, no es necesario para obtener dicho fin y sí genera para los segundos la imposibilidad de cumplir su pena (en especial en cuanto atañe a su multa), lo cual desconoce la finalidad resocializadora de ésta (art. 29 CP). Por tanto, concluye, la medida no es proporcional y, en consecuencia, carece de justificación constitucional.

 

2.      Las intervenciones

 

2.1. El ciudadano Rafael David Hoyos Rhénals coadyuva la demanda y, adicionalmente, solicita a este tribunal establecer si en este caso opera o no el fenómeno de la reviviscencia, de tal suerte que “quede sentado el hecho de que de eliminarse las reformas volvería el tipo penal a su anterior forma”. Argumenta que las normas demandadas desconocen los principios de necesidad, de culpabilidad y de racionalidad y proporcionalidad en materia penal, los cuales son límites al margen de configuración del legislador.

 

2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho identifica en la demanda dos cargos. Respecto del primero: violación del principio de igualdad, considera que se debe declarar la exequibilidad de las normas demandadas. Respecto del segundo: vulneración del principio resocializador, estima que el tribunal debe inhibirse, pues la demanda carece de aptitud sustancial, por ausencia de especificidad, al no mostrar cómo ocurre dicha vulneración.

 

La solicitud relativa a la exequibilidad se funda en la libertad de configuración legislativa en materia penal, la cual sintetiza a partir de las Sentencias C-1404 de 2000 y C-108 de 2017. De lo que se trata, entonces, es de averiguar si en el ejercicio de dicha libertad se desconoció alguno de los límites explícitos o implícitos que le son aplicables al legislador. Este argumento, que es el que brinda el contexto para el análisis de igualdad, se sintetiza así:

 

“En resumen, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en virtud de la libertad de configuración legislativa, el Congreso tiene una amplia facultad para establecer las conductas que se deben tipificar como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento, puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, entre otros aspectos. Esta facultad legislativa, aunque amplia no es ilimitada, pues encuentra en la Constitución unos límites explícitos y otros implícitos, entre estos últimos está el principio de proporcionalidad en sentido abstracto, que implica el deber del legislador de fijar los mínimos y máximos de cada pena, circunstancias de atenuación y agravación y todos los elementos que permitan al juez aplicar una pena proporcional en cada caso (proporcionalidad en sentido concreto). // Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que no existen criterios objetivos que permitan sostener que a determinado delito corresponde, como sanción proporcionada, una determinada clase y medida de pena, como quiera que estos temas se definen a partir del consenso alcanzado en el debate democrático al interior del legislativo, en donde se diseñan las políticas criminales, de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional, el cual solo puede intervenir cuando sea evidente la violación de la Constitución por parte del legislador.”

 

Sobre esta base, al realizar el juicio integrado de igualdad, si bien no comparte la generalización de que las personas que venden su voto estén en condición de pobreza extrema, considera que sí existe un criterio de comparación entre quienes promueven la inscripción de las cédulas o compran los votos y los que las inscriben o las venden. El nivel de intensidad del juicio que aplica es el intermedio, pues la medida contenida en las normas demandadas puede afectar el ejercicio de una libertad fundamental. Al hacer el juicio, establece que el fin de las normas demandadas: proteger los mecanismos de participación ciudadana y, por esta vía, proteger la democracia misma, es un fin constitucionalmente legítimo; que el medio empleado por ellas: penalizar la conducta de inscribir la cédula de manera fraudulenta e incrementar la pena para la conducta de corrupción al sufragante, es adecuado y necesario para alcanzar dicho fin; que, por último, se cumple con la proporcionalidad en sentido estricto, por cuanto:

 

“Descendiendo al caso concreto, contrario a lo afirmado por el demandante, la persona que acepta inscribir fraudulentamente su cédula o que vende su voto no recibiría la misma pena que el promotor del fraude en la inscripción de cédulas o la compra de votos. Lo anterior por cuanto si bien el legislador en la Ley 1864 de 2017, optó por sancionar a todos los que participan en los delitos de trashumancia y compra de votos, cumplió con su deber de imponer unos marcos penales en lugar de una pena fija, y además, en el mismo código penal se señalan unas circunstancias de menor punibilidad (artículos 55 y 56) y unos parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables (artículo 60)”

 

2.3. El ciudadano Daniel Andrés Salazar Gómez coadyuva la demanda y solicita, además, que se declare la exequibilidad condicionada del cuarto inciso del artículo 6 de la Ley 1864 de 2017 (norma que no fue objeto de la demanda), en el sentido de que la causal de agravación sólo se aplica a “los gestores de la compra de votos”.

 

Con fundamento en una Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[7] destaca la circunstancia, que predica del delito de corrupción al sufragante, de la inferioridad de los electores con necesidades económicas apremiantes. A partir de esta circunstancia, que distingue a los electores de quienes los corrompen, considera que no es posible tratar a ambos de la misma manera. Agrega que los electores están, por su condición económica, en una circunstancia de debilidad manifiesta, lo que no puede predicarse de sus corruptores y que, además, el grado de culpabilidad de ambos no es equiparable. En este contexto, afirma que las normas demandadas constituyen una respuesta penal equivocada y desproporcionada.

 

3.      Concepto del Procurador General de la Nación

 

Por medio del Concepto 6632, el Procurador General de la Nación solicita que se declaren exequibles las normas demandadas. Para fundar esta solicitud comienza por interpretar la demanda, en el sentido de que en ella se plantea un cargo relativo a la igualdad, ya que los argumentos se encaminan a sostener esta argumentación o reforzarla. Bajo esta premisa, el Ministerio Público emprende tres análisis: 1) el del margen de configuración legislativa en materia penal, 2) el de la dosimetría penal y los principios de proporcionalidad y razonabilidad y 3) el test de igualdad.

 

En cuanto al margen de configuración, señala que este es amplio en materia penal, en la medida en que establecer qué conductas serán delitos y cuáles serán las penas correspondientes es un asunto propio del principio democrático, que tiene en el Congreso de la República su representación[8]. En este contexto, acoge la sistematización hecha en la Sentencia C-365 de 2012, para advertir que los límites a dicho margen están dados por los principios de 1) intervención penal, 2) exclusiva protección de bienes jurídicos, 3) legalidad, 4) culpabilidad, 5) razonabilidad y proporcionalidad y 6) bloque de constitucionalidad y otras normas constitucionales.

 

Precisa la justificación que la demanda hace de la necesidad de una diferencia de trato: los agentes corruptores obran como organizaciones criminales complejas, en las que el dolo es evidente, mientras que los agentes corrompidos obran de manera aislada, con bajo impacto al bien jurídico, y en razón de móviles que pueden no ser el dolo, sino la ignorancia, el hambre o la pobreza extrema. A partir de esta comprensión, considera que para establecer la justificación de la norma demandada se debe emplear un test de proporcionalidad débil, en vista del amplio margen de configuración del legislador en la materia.

 

Al aplicar el test, encuentra que el fin de las normas demandadas: proteger los mecanismos de participación democrática, es admisible desde la perspectiva constitucional, ya que resguarda el principio democrático y, con él, uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. En cuanto a los medios empleados en dichas normas, los considera idóneos. Esta consideración se funda en los siguientes argumentos:

 

“Al respecto cabe precisar que el legislador ha establecido un tipo penal mixto o de conducta alternativa, entendido este, según la dogmática penal, como aquel que tiene varios verbos rectores y se consuma con la ejecución de cualquiera de ellos. Dentro de la técnica legislativa esta es una forma de tipificación posible que no necesita justificación alguna, pues se trata del ejercicio legítimo de la expedición normativa en cabeza del legislador. Tiene razón el demandante al señalar que se trata de dos conductas que suponen acciones distintas y -probablemente- móviles distintos, pero ello no es óbice para imponer la misma pena, pues se trata de un delito complejo que se consuma con la realización de cualquiera de las conductas descritas en el tipo penal, y lo cierto es que el daño al bien jurídico protegido se materializa ya sea en menor o mayor medida con la realización de una o las dos conductas contenidas en las normas objeto de revisión. // Así las cosas, el legislador puede dentro de su marco de competencia establecer legítimamente que ese mayor o menor grado de afectación del bien jurídico objeto de protección no resulte determinante al momento de establecer la pena a imponer, y en ese sentido, estandarizar la pena para todas las conductas que componen el tipo penal como efectivamente lo hizo, sin que ello desborde el principio de proporcionalidad que debe orientar el ejercicio legislativo. Lo anterior si se tiene en cuenta que en este caso lo que se observa es una valoración en la que prevalece el interés general y por ello cualquier afectación del proceso electoral debe sancionarse sin entrar en consideraciones de grado que por demás serían muy difíciles de realizar pues no hay estándares de medición precisos u objetivos. // Adicionalmente, se refuerza la tesis de la idoneidad de las normas demandadas, en la medida en que se busca a partir de una descripción típica compleja del delito abarcar los dos supuestos fácticos posibles. Lo anterior, es coherente con la intención descrita en la exposición de motivos de sancionar con severidad tanto al que promueve como al que acepta y participa de la corrupción al sistema y al proceso electoral, intención que resulta del proceso de deliberación política previa a la expedición de la norma. La idoneidad de la norma se puede establecer también, si se tiene en consideración que actualiza la normatividad penal a la complejidad social de la que se derivan los delitos electorales y se constituye en un instrumento único y por ello necesario en la persecución de los mismos, cumpliendo de este modo con las exigencias que desde la perspectiva del principio de proporcionalidad se establecen para el cabal ejercicio legislativo”.

 

En cuanto a la igualdad, que también analiza con la metodología de test, el Ministerio Público, considera que los dos extremos a comparar, que reciben el mismo trato, se encuentran en circunstancias comparables, pues comparten el dolo, el grado de participación y responsabilidad en la comisión del delito y en el daño subsecuente. Por tanto, estaría justificado darles el mismo trato.

 

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

4.1. Competencia

 

En virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 241 del Texto Superior, esta Corporación es competente para conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada contra el inciso segundo del artículo 389 y el inciso tercero del artículo 390 del Código Penal, modificados por los artículos 4 y 6 de la Ley 1864 de 2017.

 

4.2. Aptitud sustancial de la demanda

 

4.2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, cuestiona la aptitud sustancial de lo que identifica como uno de los cargos de la demanda, consistente en la vulneración del principio resocializador de la pena, por carecer de especificidad[9]. Esta apreciación de la demanda, que no es compartida por los demás intervinientes ni por el Ministerio Público, no es en estricto sentido la que corresponde a los argumentos planteados por el actor. En efecto, la demanda plantea un solo cargo, relativo a la vulneración al principio de igualdad. La mención que se hace al principio resocializador de la pena no aparece como un cargo separado, sino que es parte de la argumentación que corresponde al ejercicio de aplicar el test de proporcionalidad, en la medida en que se usa para descalificar la necesidad del medio y la falta de proporcionalidad en sentido estricto[10].

 

4.2.2. Precisado así el asunto, circunscribiendo la demanda a la vulneración del principio de igualdad, este tribunal proseguirá su análisis sobre la aptitud sustancial de la demanda en los siguientes párrafos, a partir de considerar el proceso de formación de las normas demandadas, el sentido y alcance de las mismas y el cargo planteado en la demanda.

 

4.2.2.1. El proyecto de ley 017 de 2015 Cámara y 125 de 2016 Senado, fue presentado al Congreso de la República el 21 de julio de 2015 por los Representantes Edwar Rodríguez Rodríguez, Tatiana Cabello Flórez, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, Pierre Eugenio García Jacquier, Esperanza Pinzón de Jiménez, Ciro Ramírez Cortes, Margarita Restrepo Arango y Carlos Cuero Valencia, y por el Senador Alfredo Ramos Maya.

 

En su versión inicial, publicada en la Gaceta del Congreso 511 de 2015[11], los artículos correspondientes[12] no incluían las normas que son objeto de la demanda[13]. En la exposición de motivos del proyecto, que aparece en la misma gaceta, se da cuenta de su sentido, necesidad y alcance, en los siguientes términos.

 

En cuanto a su sentido, se precisa que el proyecto “pretende proteger los mecanismos de participación democrática contemplados en nuestro sistema electoral”. Para lograr esta finalidad, se propone, en términos generales, reformar el Código Penal para “castig[ar] con severidad a quienes atentan contra la democracia colombiana así como establecer multas pecuniarias efectivas que castiguen las faltas de los ciudadanos con sus deberes para con las elecciones”.

 

En cuanto a su necesidad se destaca el rol esencial que tiene el sufragio en la democracia y la vulnerabilidad del proceso electoral. Respecto de esto último, se exploran los mecanismos de protección preventivos y reactivos. Frente a los primeros, se propone aumentar las multas a los jurados y a los escrutadores. Frente a los segundos, que son los relevantes para este caso, se argumenta que los tipos penales existentes tienen penas excarcelables y su conocimiento corresponde a autoridades judiciales municipales, ante lo cual se propone aumentar las penas y pasar dicho conocimiento a los jueces de circuito.

 

En cuanto a su alcance, en lo que atañe a los artículos 4º y 6º, se hace una presentación, a doble columna, de la norma anterior y de la norma propuesta, para destacar el cambio introducido. En lo relativo al artículo 4º, el cambio que se introduce es aumentar las penas, que de ser la de prisión de tres a seis años pasa a ser la de prisión de ocho a once años y multa de 50 a 200 SMLMV[14]. En lo relativo al artículo 6º hay dos cambios: se elimina el inciso tercero[15], que se convierte en un artículo nuevo, el 390 A del Código Penal[16], y se aumentan las penas, que de ser la de prisión de tres a seis años pasa a ser la de prisión de ocho a once años y multa de 500 a 1.000 SMLMV[17].

 

Antes de que se diera primer debate al proyecto de ley, el Consejo Superior de Política Criminal elaboró el concepto 15.04[18]. En este concepto se advierte que la estrategia política criminal del proyecto es inconveniente, en la medida en que sus propósitos “no se alcanzarán a través del recurso al aumento de penas y de la expresividad del castigo estatal”. En particular, el aumento de penas se considera desproporcionado y puede generar un efecto contrario al que se busca. Con base en las estadísticas de personas privadas de la libertad, que para los dos delitos que incumben a este proceso es de cero por fraude en inscripción de cédulas y una, condenada, por el delito de corrupción al sufragante, el concepto insiste en la necesidad de mejorar las instituciones existentes, en especial las estrategias de persecución penal. En conclusión, el concepto hace dos recomendaciones, a saber:

 

“[…] (i) la revisión del enfoque propuesto, de tal manera que se tenga en cuenta en primer lugar una estrategia de fortalecer la persecución penal en sede de la criminalización secundaria, más que en la primaria, y, (ii) en el caso del aumento de las penas, considerar en el marco de la discusión legislativa la sugerencia de la Corte Suprema de Justicia, reiterada en esta ocasión por este Consejo, de una regla democrática de ampliación punitiva, para que en los casos de aumentos de penas posteriores a la criminalización primaria inicial, el legislador debata y argumente por qué no sirve la fijación actual y por qué ha de ser aumentada, de tal modo que en el Derecho penal de un Estado democrático no haya márgenes de castigo carentes de justificación”.

 

En el informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, publicado en la Gaceta del Congreso 720 de 2015[19], además de relatarse lo acaecido en una audiencia pública celebrada en el trámite del proyecto, se destaca, en términos generales, que la estrategia político criminal debe centrarse más en el aumento de las multas que en el de las penas de prisión. En cuanto atañe a los artículos demandados, es en este informe que se propone una redacción muy próxima a la que a la postre tendría el artículo 4º e igual a la que tendrá el artículo 6º.

 

En efecto, respecto del artículo 4º, relativo al delito de fraude en inscripción de cédulas, se propone: 1) cambiar la pena de prisión del proyecto que, de ocho a once años, pasa a ser de cuatro a nueve años, y se mantiene incólume la pena de multa; y 2) agregar un inciso entre el primero y el tercero, con el siguiente contenido: “En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de otorgar ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato”. El propósito de este último cambio, según la manifestación explícita que se hace en el informe en comento, es el de “que el tipo penal sea también para quien inscriba su cédula más de una vez en lugar diferente al de su residencia, no solo al intermediador del voto”.

 

Dado que el artículo 5º se propone adicionar un nuevo artículo al Código Penal, el otrora artículo 5º, relativo al delito de corrupción al sufragante, pasa a ser el 6º, al cual se integra el artículo 6º, por medio de la adición de un inciso entre el segundo y el cuarto. Respecto de este artículo se propone: 1) cambiar la pena de prisión proyecto que, de ocho a once años, pasa a ser de cuatro a ocho años; 2) cambiar la pena de multa, para fusionar las dos existentes en el proyecto (500 a 1000 SMLMV y 50 a 200 SMLMV, para una sola pena de 200 a 1000 SMLMV; y 3) el texto del nuevo artículo 390 A, se adiciona como inciso tercero al artículo 390, así: “En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la promesa, el dinero, la dádiva o beneficio particular con los fines señalados en el inciso primero”. El propósito de este último cambio es, según lo manifiesta el informe, incluir la conducta de “las personas que acepten, no solo para el que ofrezca, como está actualmente establecido”.

 

En el informe de ponencia para primer debate en el Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso 872 de 2016[20], el artículo 4º sub examine tomará ya su forma definitiva. En efecto, respecto del segundo inciso del artículo 4º se modificará la parte final de la oración, para pasar de decir “con el propósito de otorgar ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato” a decir “con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros”.   

 

4.2.2.2. Las normas demandadas hacen parte del Título XIV del Código Penal, relativo a los delitos contra los mecanismos de participación democrática. Las conductas punibles descritas en los artículos 389 y 390 del Código Penal ocurren en dos contextos diferentes.

 

El fraude en inscripción de cédulas (art. 389), en su factor temporal, ocurre, de manera necesaria, en una etapa previa a la jornada de elección o de votaciones, pues sólo puede acontecer dentro del período de inscripción de cédulas de ciudadanía. En su elemento objetivo, requiere de una parte, el haber logrado la inscripción de la cédula de personas habilitadas para votar y, de otra, el haber hecho la inscripción. En su elemento subjetivo no se castiga meramente el lograr la inscripción de personas, sino el hacerlo “por cualquier medio indebido” y, además, hacerlo “con el propósito de obtener ventaja” en la votación o elección, y tampoco se castiga la mera inscripción de la cédula, sino sólo la que se hace “con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros”.

 

La corrupción de sufragante (art. 390), en su factor temporal si bien puede ocurrir antes de la jornada de elección o de votaciones, también puede presentarse en el transcurso de la misma. En su elemento objetivo no requiere, de manera necesaria que se concrete el propósito perseguido, valga decir, que el sufragio se haga o no, sino que lo relevante es que se haya hecho el ofrecimiento o que éste hubiese sido aceptado[21]. En su elemento subjetivo el ofrecimiento debe hacerse “con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo”, y el aceptar dicho ofrecimiento sólo es punible si se hace con alguno de tales propósitos.

 

Como puede verse, en ambos artículos se regulan al menos dos conductas, la del agente corruptor, que es el que logra la inscripción o hace el ofrecimiento, y la del agente corrompido, que es quien hace la inscripción o acepta el ofrecimiento. Respecto del agente corruptor, el inciso primero de ambos artículos prevé la consecuencia jurídica: incurrir en la pena de prisión de cuatro a nueve años y de cuatro a ocho años, respectivamente, y en la pena de multa de 50 a 200 SMLMV y 200 a 1000 SMLMV, respectivamente. En el inciso segundo del primer artículo y en el inciso tercero del segundo, se señala que “en igual pena” incurrirá el agente corrompido.

 

El análisis del Consejo Superior de Política Criminal de las estadísticas relevantes[22], permitía vislumbrar una gran dificultad para encontrar decisiones de los jueces ordinarios sobre estos dos tipos penales.

 

El que no haya ninguna persona que haya sido privada de su libertad por el punible de fraude en inscripción de cédulas, no es casual. El grueso del material disponible en esta materia, no está dado por la justicia penal, sino por las autoridades electorales[23]. De los referentes disponibles, en especial del “Informe final de trashumancia”[24] del 9 de octubre de 2019, se debe destacar que, en el contexto de la reciente elección, el Consejo Nacional Electoral dejó “sin efecto la inscripción de 1.065.741 cédulas de ciudadanía en todo el país por trashumancia electoral” e identificó tanto los municipios como los departamentos con sus respectivas cifras, señalando los que tienen mayores guarismos y riesgos.

 

La situación respecto del delito de corrupción del sufragante, al menos desde el extremo del agente corruptor, ha tenido algunas decisiones relevantes recientes, ambas dictadas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia[25]. En ambas, se juzga la conducta de aforados, razón por la cual el juzgamiento se ha hecho desde el comienzo por dicha autoridad judicial.

 

En la Sentencia SEP00050-2018, la Sala Especial analiza el tipo previsto en el artículo 390 del Código Penal[26], en los siguientes términos:

 

“Se advierte de dicha descripción típica que el delito estudiado tiene un sujeto activo indeterminado y es de conducta alternativa, pues el enunciado penal se actualiza con la ejecución de cualquiera de las acciones allí descritas, consistentes en prometer, pagar o entregar dinero o dádiva al elector a cambio de su voto Así mismo, es un tipo de peligro, pues no se requiere ninguna condición adicional a la de desplegar la conducta corruptora y por ende, no es necesario para su consumación que el sujeto destinatario ejerza su derecho al sufragio en la forma que le ha indicado el agente”.

 

En la Sentencia SEP00100-2019, la Sala Especial destaca que del supuesto de hecho del tipo en comento se extraen los siguientes elementos:

 

“1. Un sujeto activo indeterminado. // 2. Un verbo rector alternativo por cuanto se configura cuando el sujeto agente promete, paga o entrega dinero o cualquier otra dádiva a un ciudadano o extranjero habilitado para sufragar con el elemento subjetivo de inducirlo a que vote por una determinada opción electoral. // 3. Exige que la promesa, el pago, la entrega o prestación efectivamente se lleve a cabo, sin requerir el resultado perseguido, esto es, que el sufragante vote por el candidato pretendido, lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo. // 4. La prestación prometida o entregada debe tener la capacidad de corromper al elector. Pese a que el tipo penal no exige la prestación prometida o entregada tenga un valor económico determinado. // 5. La conducta se reputa eminentemente dolosa.” 

 

4.2.2.3. En este contexto, el actor cuestiona la constitucionalidad de las normas demandadas sobre la base de considerar que en ellas se da el mismo trato a destinatarios que no son equiparables. Si bien se trata de conductas que vulneran unos mismos bienes jurídicos protegidos, la conducta del agente corruptor no puede equipararse a la del agente corrompido, en los delitos de fraude en inscripción de cédulas y de corrupción al sufragante, porque las condiciones de ambos son disímiles: el agente corruptor tiene capacidad económica, suele operar como una organización criminal y necesita corromper a una pluralidad de personas, mientras que el agente corrompido carece de dicha capacidad, obra de manera individual y actúa en razón de sus necesidades o pobreza. Esta igualdad de trato resulta, a su juicio, desproporcionada.

 

Así, pues, para conformar el tertium comparationis, el actor se vale de los dos supuestos de hecho enunciados en cada una de las normas demandadas y de la consideración de que se comparan sujetos de la misma naturaleza.

 

En el delito de fraude en la inscripción de cédulas se pretende comparar, por un lado, la conducta que conduce al resultado de lograr que personas habilitadas para votar inscriban su cédula en un lugar diferente a aquél en el cual nacieron o residan, valiéndose para ello de cualquier medio indebido, con el propósito de obtener ventaja electoral, con, por otro lado, la conducta de inscribir dicha cédula, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros. En ambos supuestos de hecho, ciertamente, la inscripción es fraudulenta, de lo que se sigue la afectación del bien jurídico tutelado y, además, en ambos hay un propósito ilícito[27]. Las dos conductas son realizadas por personas naturales y, en la segunda, se requiere, además, que la persona tenga la condición de ciudadano o extranjero habilitado para votar.

 

En el delito de corrupción al sufragante se pretende establecer una comparación entre, por una parte, la conducta de quien celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero, a una persona habilitada para votar, con el propósito de que lo haga en determinado sentido, y, por otra, la conducta de quien acepte dicha promesa, dinero, dádiva, contrato o beneficio particular, con tal propósito[28]. En este caso, también, las dos conductas son realizadas por personas naturales y, en la segunda, se requiere, además, que la persona tenga la condición de ciudadano o extranjero habilitado para votar.

 

De entrada, este tribunal observa que en este caso las dos situaciones sometidas a comparación no son idénticas. Tampoco son de aquellas respecto de las cuales pueda decirse que no comparten ningún elemento en común. Entre ambas situaciones hay elementos comunes: vulneran el mismo bien jurídico tutelado, las conductas se realizan de manera dolosa, en busca de un propósito ilícito, y también elementos disímiles: la conducta del agente corruptor es la de promover y lograr la inscripción fraudulenta o la corrupción electoral, mientras que la conducta del agente corrompido es hacer dicha inscripción o aceptar el ofrecimiento para obrar de manera corrupta.

 

La demanda sostiene que, pese a las semejanzas existentes, tienen mayor peso las diferencias. A su juicio, el agente corruptor obra sin las limitaciones que imponen las necesidades materiales y la pobreza, que condicionan de manera evidente la conducta del agente corrompido. Esta consideración es compartida por los intervinientes[29] y por el Ministerio Público[30], aunque algunos de ellos, como el Ministerio de Justicia y del Derecho, destacan que no siempre las personas que cometen dichos punibles están en condición de pobreza extrema[31]. En particular, el Ministerio Público destaca el rasgo de crimen organizado del agente corruptor y su mayor impacto al bien jurídico, mientras que, por el otro lado, el del agente corrompido, pone de presente un obrar aislado e individual y un impacto menor al bien jurídico, además de otros factores como ignorancia, hambre o pobreza extrema.

 

Este tribunal considera que, en este caso, si bien existen circunstancias comunes a ambos supuestos de la comparación, existen también circunstancias diferentes, siendo estas últimas más relevantes que las primeras. De esto se sigue, la necesidad constitucional de dar un trato diferenciado a los destinatarios de la ley en uno y otro supuesto. Y así lo considera porque: 1) si bien ambos supuestos tienen en común la afectación del mismo bien jurídico, dicha afectación no es de la misma entidad o alcance; 2) si bien ambos supuestos tienen la condición de dolosos y persiguen el propósito de obtener provecho ilícito, la situación particular de las personas que se encuentran en el primero (corruptores) es diferente a la de las personas que se encuentran en el segundo (corrompidos), en tanto y en cuanto, si bien ambos se benefician de las conductas punibles, los primeros no parecen tener las condiciones fácticas de necesidad o pobreza de los segundos; 3) la conducta del corruptor no es, ni puede ser aislada, ya que de nada serviría corromper a un ciudadano, sino que exige una amplitud, organización y, eventualmente, la realización de otras conductas criminales, mientras que la conducta del corrompido sí es aislada[32].

 

Encuentra la Corte, sin embargo, que la argumentación del cargo de la demanda, que hasta este estadio del discurso es plausible, no satisface los mínimos argumentativos de certeza, especificidad y suficiencia al momento de afirmar que las normas demandadas tratan igual a los agentes corruptores y a los agentes corrompidos. Esta deficiencia impide a este tribunal pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas. En efecto, si bien las normas acusadas prevén que tanto el agente corruptor como el corrompido incurrirán en “igual pena”, no es posible asumir su entendimiento de manera aislada, sin considerar que el asunto de las penas tiene, en el Código Penal, unos especiales requerimientos y categorías, merced a la necesaria interpretación sistemática que debe hacerse para su determinación específica. En realidad, lo que se denomina pena en el código es un marco de la pena, o marco de punibilidad, no la pena misma. Esta última se determina, en cada caso, a partir de unos criterios y reglas, previstos en el Capítulo II del Título IV del Libro I del Código Penal.

 

A partir del marco de punibilidad de cada delito, que en el caso sub examine sería de entre cuatro a nueve años de prisión y multa de 50 a 200 SMLMV para el punible de fraude en inscripción de cédulas, y de entre cuatro y ocho años de prisión y multa de 200 a 1000 SMLMV para el punible de corrupción al sufragante, es necesario aplicar los parámetros para la determinación de la pena, previstos en el artículo 60 del Código Penal y dividir en cuatro cuartos el ámbito punitivo de movilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 ibidem.

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el fundamento jurídico 3 de la Sentencia SP338-2019[33] explica de manera didáctica cómo se determina la pena, a partir de lo previsto en los antedichos artículos. Así pues, lo primero es determinar lo que se denomina marco de movilidad, en adelante MM, que resulta de la siguiente ecuación: al máximo del marco de punibilidad se le resta el mínimo y el resultado se divide por cuatro. Así surgen los cuatro cuartos de punibilidad, que en los dos delitos en comento serían así:

 

Fraude en inscripción de cédulas

 

MM= 15 meses y 37.5 SMLMV	Pena de prisión	Pena de multa
Primer cuarto	48-63 meses	50-87.5 SMLMV
Segundo cuarto	63[34]-78 meses	87.5[35].-125 SMLMV
Tercer cuarto	78-93 meses	125-162.5 SMLMV
Cuarto cuarto	93-108 meses	162.5-200 SMLMV

 

Corrupción de sufragante

 

MM= 12 meses y 200 SMLMV	Pena de prisión	Pena de multa
Primer cuarto	48-60 meses	200-400 SMLMV
Segundo cuarto	60-72 meses	400-600 SMLMV
Tercer cuarto	72-84 meses	600-800 SMLMV
Cuarto cuarto	84-96 meses	800-1000 SMLMV

 

Como ya se puede advertir a la luz de los antedichos cuartos, lo de igual pena tiene muchos matices y significativas diferencias tanto en la pena prisión como en la de multa. En este contexto, lo relevante para determinar la pena pasa a ser la fijación del cuarto correspondiente y, ya dentro de él, la dosificación a que haya lugar, que debe tener una fundamentación explícita tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, por parte del juez, según lo previsto en el artículo 59 del Código Penal.

 

El artículo 61 establece los criterios para fijar cuál es el cuarto correspondiente, a partir de las siguientes reglas: 1) la pena debe imponerse dentro de los parámetros del primer cuarto, “cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva”; 2) la pena debe imponerse dentro de los parámetros del cuarto cuarto “cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva”; 3) la pena puede imponerse dentro de los parámetros del segundo y tercero de los cuartos, “cuando concurran circunstancias de atenuación y agravación punitiva”.

 

Dentro de cada cuarto, que opera a modo de límite mínimo y máximo, el artículo en comento, impone al juez el deber de ponderar los siguientes aspectos: “la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.”

 

En este contexto, tanto para fijar el cuarto de punibilidad como para establecer, dentro de él, la pena, es necesario considerar unas circunstancias relevantes. Y al hacerlo, aquellas que en este proceso se han considerado como diferentes en la comparación de las dos situaciones, cobran una especial relevancia. En efecto: 1) la entidad, alcance o gravedad de la conducta es un elemento que debe ponderarse al momento de fijar la pena dentro del cuarto correspondiente; 2) las causales concurrentes de menor y de mayor punibilidad concurrentes[36], afectan tanto la fijación del cuarto correspondiente como la necesaria ponderación dentro del mismo, pues la alegada indigencia o falta de ilustración del agente corrompido, podría hallar acomodo dentro de las circunstancias de menor punibilidad (art. 55.8 y 56 del Código Penal), mientras que la posición del agente corruptor y su obrar organizado podrían hallarlo en las circunstancias de mayor punibilidad (art. 58.9 y 58.10 del Código Penal).

 

Por tanto, a la luz de estas circunstancias y de su incidencia en la determinación de la pena, tanto en lo relativo a la fijación del cuarto como a su graduación dentro de él, no es posible sostener, como lo hace la demanda, que las normas demandadas dan el mismo trato a las dos situaciones objeto de la comparación. Como lo destacan el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio Público en sus intervenciones, y ahora lo pone de presente este tribunal, las personas que realicen las conductas punibles descritas por las normas demandadas no necesariamente incurrirían en las mismas penas.

 

Además, respecto de la circunstancia de que la conducta del corruptor no es, ni puede ser aislada, ya que de nada serviría corromper a un ciudadano, sino que exige una amplitud, organización y, eventualmente, la realización de otras conductas criminales, mientras que la conducta del corrompido sí es aislada, merece la pena destacar que, en caso de existir una organización criminal, podría estarse frente al punible de concierto para delinquir, previsto en el artículo 340 del Código Penal. Esto implicaría, de configurarse, la necesidad de considerar, la figura del concurso de conductas punibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 ibidem. Como es obvio, si se está frente a una pluralidad de punibles, sea por involucrar el concierto delinquir o sea por tratarse de otro tipo de conducta criminal, la pena a imponer será diferente a la que correspondería a una conducta punible única y aislada.

 

Para ilustrar el anterior aserto, basta considerar el marco de punibilidad del concierto para delinquir, que se expresa en penas de prisión de entre cuatro y nueve años[37]. En este caso también sería necesario determinar la pena, con la metodología de los cuatro cuartos y conforme la ponderación de los aspectos ya anotados, antes de dar aplicación a lo dispuesto por el concurso. Determinadas ambas penas, la del fraude en inscripción de cédulas o corrupción al sufragante y la del concierto para delinquir, se impondrá la más grave, a la que se aumentará en otro tanto la del otro delito.

 

El susodicho aumento, derivado de la expresión “hasta en otro tanto”, está sometido a unos límites legales, previstos en el artículo 31 del Código Penal. Estos límites, según la interpretación que hace la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SP338-2019[38], son los siguientes: 1) “el incremento no puede superar el duplo de la pena básica individualizada en el caso concreto para el delito más grave”; 2) “tampoco la sanción definitiva puede superar la suma aritmética de las penas que correspondería a cada punible en el caso concreto (sistema de acumulación jurídica de penas”; y 3) la pena no puede superar los 60 años de prisión. Estos límites deben respetarse con independencia del número de delitos cometidos.

 

Lo anterior es suficiente para mostrar, en lo que interesa en este caso que, en razón de la circunstancia diferenciadora, a partir de una interpretación sistemática de la ley penal, no puede sostenerse que en las dos situaciones objeto de la comparación, las personas incurrirán en la misma pena.

 

4.2.3. En vista de las anteriores circunstancias, si bien en el caso sub judice es posible fijar un criterio de comparación, este tribunal no encuentra que la demanda haya logrado argumentar, de manera plausible, que en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato igual entre desiguales. Por tanto, dado que no se satisface este presupuesto exigible a los cargos de igualdad, como es el que ahora se examina, este tribunal se inhibirá de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.

 

4.3. Síntesis

 

A modo de cuestión previa, la Corte precisó que la demanda sólo formuló un cargo: relativo a la igualdad y que este cargo no tenía aptitud sustancial, dado que no satisface los mínimos argumentativos de certeza, especificidad y suficiencia, en la medida en que no logra establecer que en realidad a los dos sujetos que pretende comparar se les da el mismo trato en las normas demandadas. Al no haberse satisfecho este presupuesto necesario para plantear el cargo de igualdad, se concluyó que éste carecía de aptitud sustancial, razón por la cual la Corte decidió inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con (i) el inciso segundo del artículo 389 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 4º de la Ley 1864 de 2017 y (ii) el inciso tercero del artículo 390 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 6º de la Ley 1864 de 2017, por ineptitud sustancial de la demanda. 

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese, y archívese el expediente.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General