[1] La Corte Constitucional, mediante Auto del 29 de octubre de 2018 proferido por la Sala de Selección número Diez, conformada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José Lizarazu Ocampo, seleccionó para revisión el expediente de la referencia, con base en el criterio subjetivo “urgencia de proteger un derecho fundamental” y objetivo “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial.”

[2] Los hechos relevantes presentados en esta sección tienen sustento probatorio en todo el expediente, tanto en el cuaderno del juez de instancia (Cuaderno principal), como en el que se armó en sede de Revisión (Cuaderno de revisión). Es decir, no se trata tan sólo de un recuento de lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela.

[3] Conforme con la información expuesta por el accionante, su vivienda está identificada con la matrícula inmobiliaria No. 094-7219, ubicada en la vereda Sagra Arriba – Sector Catavita, en el Municipio de Socha, Boyacá.

[4] Al respecto, se pueden consultar las peticiones presentadas por el señor José Vicente Carvajal el 24 de octubre de 2017 a la Junta Directiva del Acueducto Pantano Largo y por la Personera Municipal de Socha el 18 de octubre de 2011 al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada (Cuaderno principal. Folios 9 y 10).

[5] Cuaderno principal. Folio 1.

[6] Cuaderno principal. Folio 10.

[7] Corpoboyacá otorgó la concesión a la Junta el 17 de marzo de 2006, mediante resolución 0330, con destino a uso doméstico de 80 familias. Luego, el 31 de octubre del mismo año, a través de la Resolución 1452, amplió la concesión para 41 familias más.

[8] Si bien el accionante afirma en su escrito de tutela que “desde hace siete años estoy solicitando a la Junta Administradora de Acueducto Pantano Largo…”, una revisión de todos los documentos que obran en el expediente permite precisar que, en realidad, la petición de hace siete años fue presentada al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada, no a la Junta accionada, tal y como se precisa en el punto 1.2. Al respecto, es relevante mencionar que a folio 22 del expediente, la Junta accionada aportó copia de la solicitud de la Personera Municipal de Socha, con una anotación en la que indicó que la misma fue dirigida al Acueducto Frayle Rinconada, no al Acueducto Pantano Largo.

[9] Cuaderno principal. Folio 9.

[10] Cuaderno de revisión. Folio 86 (reverso).

[11] Cuaderno principal. Folios 18.

[12] Cuaderno principal. Folio 21.

[13] Cuaderno de revisión. Folio 87 (reverso).

[14] Hace referencia a la Resolución 560 del 23 de febrero de 2018, “por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales”, otorgada a la Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del Municipio de Socha.

[15] Cuaderno de revisión. Folio 87 (reverso).

[16] Cuaderno principal. Folio 27.

[17] Cuaderno principal. Folio 11.

[18] Junto con la contestación de la acción de tutela, anexó fotocopias de los siguientes documentos: acta de la asamblea general del 15 de noviembre de 2017, donde se dio a conocer la solicitud de punto de agua y la respuesta (folios 17 a 19); acta de la reunión extraordinaria del 4 de diciembre de 2017 (folios 20-21); derecho de petición del accionante, dirigido al Presidente Acueducto Frayle la Rinconada, con la siguiente anotación: “señores del juzgado esta solicitud fue dirigida en el 2011 el 18 de octubre pero al acueducto el Frayle Rinconada no al nuestro a ellos es a quien solicit[ó] hace 7 años sin respuesta nosotros s[í] hemos respondido”; solicitud escrita que presentó el accionante el 24 de octubre de 2017 (folio 23); acta de la reunión del 19 de julio de 2018 (folio 24-25); acuerdo con la Oficina de Planeación Municipal, suscrito por la Ingeniera Diana Marcela Dallos (folio 27); listado de solicitantes del nuevo acueducto (folio 26).

[19] Cuaderno principal. Folio 15.

[20] En la contestación de la acción de tutela se aportaron copias de las actas de la Asamblea General No. 135 del 15 de noviembre de 2017 y No. 4 del 4 de diciembre de 2017 (Cuaderno principal. Folios 17 al 19, 20 y 21).

[21] Ver copia del Acta No. 1 del 19 de julio de 2018, en la que se señaló que “siendo las 2:30 p.m. nos reunimos con la ingeniera de planeación y los usuarios y la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo y nos traen una posible solución: Las 30 personas formen su asociación y se solicite una concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la captación así como don Olmos solicitó su concesión (…). La Junta como tal les aclaramos, hemos estado en acompañamiento con ellos pero nos ha sido imposible venderles porque ya no tenemos caudal para ofrecerles” (Cuaderno principal. Folios 24 y 25).

[22] Cuaderno principal. Folios 28 al 39. El Juzgado Promiscuo Municipal de Socha reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la salud y su relación con el suministro de agua potable. Sobre el particular, afirmó: “[p]ara nadie es desconocido que todo ciudadano Colombiano tiene derecho a la salud y de contera al suministro de agua potable, y si no está en condiciones de costeársela por sus escasos recursos es el Estado a quien le corresponde velar por este derecho.” Luego, sostuvo que tanto la prestación del servicio de salud como de agua debe prestarse de manera ininterrumpida, precisó que este deber está en cabeza del Estado y resaltó que “también tienen la obligación (…) las entidades privadas que se comprometen a garantizarlos y prestarlos.”^[22] Más adelante, se refirió al derecho al agua y su relación con el derecho a la salud. En particular, se refirió a la Sentencia T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se señalaron los aspectos que el juez constitucional debe tener en cuenta a fin de garantizar el goce pleno del derecho al agua para consumo humano, es decir, la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad. Cuaderno principal. Folio 33.

[23] Cuaderno principal. Folio 38.

[24] Cuaderno principal. Folio 39.

[25] Cuaderno principal. Folio 39.

[26] El Auto de pruebas obra en los folios 17 a 19 del Cuaderno de revisión. Dado que no hubo respuesta por parte del accionante y la accionada, el 14 de febrero de 2019, la Sala Segunda de Revisión ordenó suspender los términos hasta tanto las pruebas fueran debidamente recaudadas (Cuaderno de revisión. Folios 153-156).

[27] Cuaderno de revisión. Folio 199-204.

[28] Cuaderno de revisión. Folio 200.

[29] Cuaderno de revisión. Folio 200.

[30] Cuaderno de revisión. Folio 200-201.

[31] Cuaderno de revisión. Folios 223-226.

[32] Se refiere a la Resolución 1452 del 31 de octubre de 2006, “por medio de la cual se amplía la concesión de aguas superficiales otorgada mediante resolución 0330 del 17 de marzo de 2006”.

[33] Para justificar esta afirmación, se refirió a la Resolución 1452 del 31 de octubre de 2006; no obstante, una lectura de la misma, no permite comprender a qué parte hace alusión.

[34] Cuaderno de revisión. Folio 223.

[35] Cuaderno de revisión. Folios 28-46.

[36] “[en consecuencia] no podría considerarse autoridad ambiental ni sujeto pasivo que le habilite otorgar, fiscalizar, vigilar, ni controlar los trámites para autorizar el punto de agua en el municipio de Socha.”Cuaderno de revisión. Folio 30.

[37] Cuaderno de revisión. Folio 30 (reverso). Más adelante, reiteró que Corpoboyacá “tiene funciones de máxima autoridad en el área de su jurisdicción” y la competencia para otorgar concesiones, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

[38] Esta afirmación la realizó nuevamente en los siguientes términos: “corresponde a la Alcaldía Municipal de Socha asegurar que se presten a sus habitantes los servicios domiciliarios de acueducto…” Cuaderno de Revisión. Folio 41.

[39] Cuaderno de revisión. Folio 41.

[40] Anexó copias de los siguientes documentos. (i) La sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que se ordena el archivo definitivo de las diligencias dentro de la acción popular Nº 2004-563 (folio 127-129). El 8 de septiembre de 2005, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió las siguientes órdenes: “PRIMERO: Declárese la vulneración del derecho colectivo al GOCE DE UN AMBIENTE SANO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS y a la SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLCIA, por parte del municipio de Socha. || SEGUNDO. Ordénese a la Secretaría de Salud de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 41 del Decreto 475 de 1998, con relación a sus funciones, que en el términos de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente fallo, realice visita de vigilancia y control al agua que se suministra para consumo humano en el municipio de Socha en donde se analicen mínimo cuatro puntos estratégicos y se obtengan las muestras así: i) A la salida del sistema de tratamiento, ii) La red de distribución, iii) dos residencias del municipio y iv) verificar la necesidad de la utilización de cloro residual; entre otras.” El 12 de diciembre de 2018, el Despacho N° 1 del mismo Tribunal declaró el cumplimiento de las órdenes emitidas en sentencia del 8 de septiembre de 2005, pues se certificó la potabilidad del agua para consumo humano, “dado que los resultados obtenidos arrojan un índice de riesgo equivalente al 0.00% que lo cataloga como ‘sin riesgo’, sin que ello sea óbice para que continúe con las inversiones y gestiones tendientes a mantener tales condiciones.” Cuaderno de Revisión. Folio128. (ii) Los estudios previos de selección de mínima cuantía, cuyo objeto de contratación es la prestación de los servicios de análisis de agua potable y aguas residuales para el Municipio de Socha, por un valor de nueve millones m/cte (9´000.000) (folios 120-125). En la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, se expresa que en cumplimiento de las estrategias de vigilancia, prevención y control planteadas por el Ministerio de la Protección Social y la Secretaría de Salud Departamental, se deben “realizar muestras, contra muestras, caracterizaciones y asesoría en el tratamiento haciendo seguimiento de los diferentes puntos de muestreo autorizados y concertados… Además que en el primer trimestre y en el tercer trimestre del presente año se deben tomar muestras de demanda de cloro y mostraje de captación (agua cruda), ubicadas en el ojo de agua, pozo de las hojas y en la bocatoma de la quebrada del tirque, así como la toma de muestras de aguas residuales de la Quebrada Chiniscua o Soraqui, Quebrada Santa María y Quebrada Honda. || Actualmente en la Unidad de servicios Públicos se encuentran adscritos 1465 usuarios, que requieren de agua potable de calidad y sin riesgo por parte del Municipio, para lo cual el Municipio de Socha no cuenta con el personal de planta ni con la infaestructura y equipos adecuados para desarrollar directamente esta actividad de toma de muestras y en consecuencia tiene la necesidad de contratar la prestación de servicios externos con personas idóneas, avaladas por la Secretaría de Salud. || Es conveniente, por higiene, por tratarse de un tema de salud pública, porque los servicios públicos domiciliarios son de primera necesidad para la población, la ejecución de este proyecto de agua tratada y cruda. Que este proyecto se deberá encontrar dentro del Plan de Desarrollo municipal ‘SEGUIMOS TRABAJANDO POR UNA ADMINISTRACIÓN SOCIAL 2016-2019’. En razón a que el proceso de contratación da solución a esta problemática, son necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo, por anteriormente descrito, se procede a iniciar con la misma para que esta sea satisfecha, ya sea con una persona natural o jurídica, que sea idónea teniendo en cuenta la experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente la obra, con el mínimo riesgo y los mejores resultados de cumplimiento y responsabilidad” Cuaderno de Revisión. Folio 120 (reverso). (iii) La disponibilidad presupuestal Nº 2019020012 (folio 126). (iv) Los análisis de agua potable del Municipio de Socha realizados por la Secretaría de Salud de Boyacá durante el 2018 (folios 130-146).

[41] Como información adicional, declaró que la actual administración logró la certificación en los recursos de agua potable, “para así dar cumplimiento a la norma exigida por la secretar[í]a de salud.” Esta afirmación fue reiterada en los siguientes términos: “la planta de tratamiento de agua potable del municipio brinda agua apta para el consumo humano.” Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso). Como sustento de sus afirmaciones, anexó los análisis y un registro fotográfico de la planta. Cuaderno de revisión. Folios 59-75.

[42] Cuaderno de revisión. Folio 117 (reverso).

[43] Cuaderno de revisión. Folio 118.

[44] Cuaderno de revisión. Folio 118.

[45] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).

[46] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).

[47] Cuaderno de revisión. Folios 77-92. Con la respuesta al auto de pruebas, anexó los siguientes documentos: Auto No. 0189 del 13 de marzo de 2013, “por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales”; Resolución No. 0221 del 17 de febrero de 2015; Auto No. 1446 del 11 de agosto de 2015; Radicado No. 103-16827 del 24 de octubre de 2017; Radicado de salida No. 104-4458 del 13 de abril de 2018; Oficio No. 104-10735 del 6 de septiembre de 2018; y, Resolución No. 560 del 23 de febrero de 2018.

[48] Cuaderno de revisión. Folio 78. Señaló que dicha concesión fue solicitada el 21 de diciembre de 2012, mediante formulario radicado bajo número 17416. Además, precisó que con base en dicha solicitud se “dio apertura al expediente OOCA-0015-13; y mediante Auto No. 0189 del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), CORPOBOYACÁ admitió solicitud de la referida concesión de aguas” También refirió que “mediante Auto No. 1446 del once (11) de agosto de dos mil quince (2015), CORPOBOYACÁ no aprobó memorias, cálculos y planos del sistema de captación de la concesión de aguas presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada con Nit: 900036656-1, teniendo en cuenta que las mencionadas memorias, cálculos y planos del sistema de captación no tienen correlación y no garantizan derivar el caudal de 1.28 L/s”

[49] Esta solicitud quedó consignada bajo radicado No. 103-16827 del 24 de octubre de 2017. Cuaderno de revisión. Folio 78.

[50] Más adelante, sostuvo que “la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada con Nit: 900036656-1, no ha radicado nuevas solicitudes de modificación o ampliación de la concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica denominada ‘Nacimiento Pantano Largo’, ni ha solicitado la inclusión de una fuente hídrica alterna.” Cuaderno de revisión. Folio 78 (reverso).

[51] Cuaderno de revisión. Folio 78 (reverso).

[52] Cuaderno de revisión. Folio 112.

[53] Cuaderno de revisión. Folio 112.

[54] En este mismo sentido, el inciso 1º del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 expresa: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.”

[55] De la misma manera, el numeral 3° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala: “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…)3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.”

[56] El artículo 3o de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, dice: “[c]orresponde al municipio: (…) 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. (…)19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.”

[57] El numeral 1° del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 establece que: “[e]s competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. (…)”

[58] Corpoboyacá es un ente de carácter público. Se trata de una Corporación Autónoma Regional, encargada “por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables (…)” (Art. 23, Ley 99 de 1993). El artículo 31 dispone: “Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (…) 3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; (…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; (…)”

[59] Esta subregla jurisprudencial también fue aplicada en la Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En esa ocasión, la Sala de Revisión afirmó, frente al expediente T-6.470.199, que: “los accionantes consideran que la vulneración a sus derechos fundamentales se viene produciendo desde hace varios años debido a la completa inexistencia de los servicios de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Bocachica de la isla de Tierra Bomba. La omisión de las entidades accionadas genera afectaciones individuales y desconoce derechos fundamentales como el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Adicionalmente, el abandono de los accionantes y su comunidad por parte de las autoridades públicas es una circunstancia continua y actual. Por lo anterior, la Sala advierte que la afectación de los derechos fundamentales permanece en el tiempo, manteniéndose una vulneración que hace necesaria su protección por vía de tutela.” De igual manera, se aplicó en las siguientes sentencias, en las que también se invocó la protección del derecho fundamental al agua: T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-218 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo.

[60] Es decir, se invoca la protección de la dimensión subjetiva del derecho. Sobre esto, la sentencia C-220 de 2011 aclaró: “…como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de protección por medio de la acción de tutela. La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello la jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho individual y colectivo.” Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[61] La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se constata que la protección pretendida busca salvaguardar el derecho al agua en su connotación fundamental, la acción de tutela es el mecanismo indicado para el efecto; de lo contrario, se debe acudir a la acción popular consagrada en la Ley 472 de 1998, para la protección de los derechos colectivos. Esta regla ha sido aplicada para analizar el requisito de subsidiariedad en las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, en esta última se concluyó: “los accionantes no se limitan a solicitar el acceso al servicio público de agua y/o acueducto (como derecho colectivo), sino que centran su petición en la protección inmediata (i) del derecho fundamental al agua, en su dimensión subjetiva, ya que buscan la garantía indispensable para la supervivencia y la realización de otros derechos fundamentales, relacionada con el consumo humano mínimo; y (ii) las condiciones de vida digna afectadas por la desconexión del suministro del recurso hídrico por parte de la empresa accionada, respecto de los cuales ellos acreditan una afectación directa que requiere de medias urgentes e inmediatas. Por ello, para esta Sala la tutela, en este caso, es el medio más idóneo y eficaz de protección.” De igual manera, este criterio fue aplicado en las siguientes sentencias: T- 223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-188 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-325 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; T-532 de 2016. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-093 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-642 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-362 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt; T-242 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-752 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas; entre otras.

[62] La Sala reitera que, tal y como se dijo en la Sentencia T-348 de 2013, el juez constitucional al asumir un examen de esta naturaleza debe “verificar que [la protección del derecho al agua para consumo humano que se invoca] esté destinada al consumo humano, pues ésta es la característica que define su carácter de fundamental” Sentencia T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido, se enfatiza que el agua para consumo humano es: “una garantía que subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366, por virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los servicios públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre otras, en lo referente al acceso al ‘agua potable’, para lo cual, en la Ley 142 de 1994, el legislador dispuso del servicio de acueducto, incluyéndolo dentro de la categorización de los servicios públicos domiciliarios. Precisamente, al definir el alcance del citado servicio, el artículo 3 del Decreto 302 de 2000 dispone que: ‘servicio público domiciliario de acueducto (…). Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte.’” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. El criterio que recalca la necesidad de que el juez de tutela verifique en el análisis de procedencia que se trata de agua para consumo humano ha sido aplicado en varias sentencias, entre las que se cuentan: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-532 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas; T-381 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; entre otras.

[63] Así, por ejemplo, la Sentencia T-358 de 2018 concluyó que no se encontraba cumplido el requisito de subsidiariedad, pues no se demostró que “los accionantes requieran de la conexión del servicio de acueducto para acceder al agua como líquido vital.” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Asimismo, la Sentencia T-099 de 2017 concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto: “las peticiones están dirigidas a lograr un cometido esencialmente patrimonial, que tiene que ver con uno de los varios trámites que debe hacer la empresa constructora para asegurar que las viviendas que edifica cuenten con un sistema de acueducto y alcantarillado.” Sentencia T-099 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En este mismo sentido, la Sentencia T-504 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, afirmó que en dicho caso no se cumplió el requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, declaró la improcedencia de la acción, por cuanto se comprobó que el inmueble no estaba siendo habitado y, de hecho, se destinaba a actividades comerciales.

[64] Esta Corporación, desde su inicio, recalcó que la falta del derecho al agua, en su dimensión subjetiva, pone en riesgo otros derechos, así, por ejemplo, la Sentencia T-578 de 1992 afirmó: “[e]n principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela.” Sentencia T-578 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporación en las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-022 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-207 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; entre otras.

[65] Sentencia T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En el mismo sentido, se pronunció la Sentencia T-163 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[66] Sentencia T-358 de 2018. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En este caso, la Sala de Revisión declaró la improcedencia de la acción, porque no se demostró que el agua se solicitara para consumo humano.

[67] Sentencia T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[68] Sentencia T-381 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Esta consideración ha sido reiterada en las siguientes sentencias: T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

[69] Sobre el particular, la Sentencia T-103 de 2017 afirmó: “[e]sta Corporación ha reconocido la naturaleza subjetiva de ese derecho, [se refiere al agua para el consumo humano] al aceptar que es fuente de vida y presupuesto ineludible para la realización de otros derechos como la salud, la vivienda y el saneamiento ambiental, fundamentales para la dignidad humana. || De esta forma, el agua para el consumo humano ha sido comprendida como una necesidad personal que permite gozar de condiciones materiales de existencia, así como un presupuesto esencial del derecho a la salud y del derecho a gozar de una alimentación sana.” Sentencia T-103 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. De igual manera, la Sentencia T-358 de 2018 resaltó “desde los primeros años de este Tribunal, la Corte entendió que la ausencia del agua para su consumo afecta la vida de las personas y su salud, por lo que procede la acción de tutela como remedio judicial, al entender que se está en presencia de una garantía inherente a la persona humana.” Sentencia T-358 de 2018. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[70] Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. De igual manera, las siguientes sentencias han afirmado que el derecho al agua para consumo humano es autónomo y justiciable en sí mismo, al respecto se sugiere consultar las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto Vargas Silva; T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-028 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.

[71] Cuaderno principal. Folio 9.

[72] Si bien el accionante invocó la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, un estudio del expediente, únicamente presentó una justificación con respecto al derecho al agua, sin presentar una explicación de porqué invocó la protección de las otras garantías constitucionales.

[73] En concreto, se hace referencia a la concesión reconocida el 23 de febrero de 2018, a la Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del Municipio de Socha.

[74] Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[75] Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[76] Sentencia T-028 de 2014. M.P. María Victoria Cale Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.

[77] El artículo 365 de la Constitución estableció que los servicios públicos pueden ser prestados tanto por el Estado como por los particulares, pero estos “estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley” (Ley 142 de 1994 artículo 15) En la Sentencia C-389 de 2002, la Corte evidenció la intención del constituyente de que las comunidades organizadas o los particulares pudieran concurrir a la prestación de los servicios públicos por “la complejidad de las necesidades de la vida moderna, (…) han replanteado las modalidades de acción e injerencia oficial para lograr los fines del Estado” De acuerdo con la sentencia C-263 de 2013, la Constitución acogió un modelo de “economía social de mercado”, que propende por armonizar el derecho a la propiedad privada y el reconocimiento de libertades económicas, con la intervención del Estado en la economía, de manera que confluyen “la mano invisible del mercado y el brazo visible del Estado”. Al respecto ver además las sentencias T-540 de 1992, C-616 de 2001, C-389 de 2002, C-150 de 2003, C-741 de 2003, C-228 de 2010 y C-197 de 2012.

[78] El artículo 366 Superior dispone que: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. || Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”.

[79] Sentencia T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[80] Sentencia T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. De igual manera, la Sentencia T-358 de 2018 indicó que “esta Corporación se ha referido al agua para el consumo humano, como una garantía que subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366, por virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los servicios públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre otras, en lo referente al acceso al ‘agua potable’.” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Una comprensión en este mismo sentido del derecho al agua se expone en las siguientes sentencias: T-100 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-028 de 2014. M.P. María Victoria Cale Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.

[81] Así, por ejemplo, la Sentencia T-891 de 2014 afirmó: “(i) El agua para consumo humano es un derecho fundamental, pues se encuentra en conexión con el derecho a la vida digna y a la salud (...)” Sentencia T-891 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. En este mismo sentido se pronunciaron las sentencias: T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-227 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; T-413 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-140 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-431 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-539 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-578 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón; entre muchas otras.

[82] En este sentido se ha pronunciado recientemente esta Corporación, sobre el particular se sugiere consultar las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto Vargas Silva; T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-028 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.

[83] Sobre este punto, la Sentencia T-223 de 2018 sostuvo: “[a]unque el derecho al agua no fue establecido taxativamente en la Carta Política, la jurisprudencia, los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y los órganos que los interpretan, lo han reconocido como un derecho humano autónomo.” Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[84] De manera previa, es relevante mencionar que la Comunidad Internacional hizo un primer avance, en el sentido de reconocer el derecho al agua, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en la que se dijo: “Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tiene el derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elemento por parte del hombre es imprescindible para la vida y para su desarrollo integral como individuo o como integrante del cuerpo social.” Celebrada en Mar de Plata, Argentina, entre el 14 y 25 de marzo de 1977.

[85] Tal y como lo afirmó la Sentencia T-297 de 2018, “la Sala considera necesario recordar que por mandato constitucional (Articulo 93, adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2001), los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretan de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por Colombia; El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales hace parte del bloque de constitucionalidad, por lo que las observaciones efectuadas por el órgano competente, constituye en criterio válido de interpretación del mismo y complementando el marco normativo de los derechos fundamentales de la Constitución.” Sentencia T-297 de 2018. Gloria Stella Ortiz Delgado. Entre las sentencias que sustenta el carácter fundamental del derecho al agua en tratados internacionales se cuentan: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-100 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.

[86] En el parágrafo 2 de su artículo 14 señala que los Estados Parte deben asegurar a las mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en (…) [el] abastecimiento de agua”. Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 14. Agosto 12, 1979. Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.

[87] En el parágrafo 2 de su artículo 24 señala que los Estados Parte deben garantizar el servicio a la salud y combatir las enfermedades y la malnutrición de los niños y niñas “mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre” Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 24. Noviembre 20, 1989. Ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.

[88] En el parágrafo 2 de su Artículo 28 señala que los Estados Parte tiene la obligación de “asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable”. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 28. Diciembre 13, 2006. Ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.

[89] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo. Esta consideración también fue tenida en cuenta en las sentencias: T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez;

[90] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[91] En la que se consagró, como un principio, que: “[l]os recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.”

[92] Este “fue el primer llamamiento a los Estados para que realizaran evaluaciones nacionales de sus recursos hídricos y desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas a satisfacer las necesidades de agua potable de toda la población. También reconoció que todas las personas y pueblos tienen derecho a disponer de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[93] En este “se reiteró que el derecho al agua es un derecho fundamental y advirtió sobre la amenaza que suponen la escasez y el uso abusivo del “agua dulce” para el desarrollo sostenible, para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, para el desarrollo industrial, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humano (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[94] Se“elaboró paralelamente al Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, constituyen uno de los principales instrumentos internacionales que regulan el derecho al agua. En este se resaltó la importancia del agua para la vida y la necesidad de su preservación, el capítulo 18 consagra como objetivo general velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta, conservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[95] Este Programa “también hace una clara referencia al derecho al agua en el principio número 2, el cual sostiene que: ‘los seres humanos […] tienen el derecho a un adecuado estándar de vida para sí y sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados’.” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[96] Esta Observación señaló, con base en una interpretación de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que el acceso al agua es un derecho humano que se encuadra claramente en las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Artículos 11 y 12. Diciembre 16, 1966. Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. Cabe destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC) se estableció el 28 de mayo de 1985 en virtud de la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés) para desempeñar las funciones de supervisión, monitoreo y adecuada aplicación del PIDESC.

[97] Esta Resolución reconoció explícitamente “que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.” Naciones Unidas. Asamblea General. Res. 64/292 El derecho humano al agua y el saneamiento. Sesión no. 64. Julio 28, 2010.

[98] En esta, se reconoció la existencia autónoma e independiente, pero interrelacionada, de “los derechos humanos al agua potable y el saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado” Naciones Unidas. Asamblea General. Res. 70/169 Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento básico. Septuagésimo periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015.

[99] Esta Agenda “reconoció que el acceso universal al agua y saneamiento es uno de los 17 Objetivos Globales. El objetivo referente al acceso al agua -el número 6- dispone que los Estados deben unificar esfuerzos y adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles para todas y todos para el año 2030.” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[100] Contenido en el “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”. Tal y como lo señaló la Sentencia T-012 de 2019: “es importante reiterar que la Observación General No. 15 del CDESC ha sido admitida por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias como referente para delimitar el contenido del derecho de acceso al agua potable. De acuerdo con la jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que forman parte del bloque de constitucionalidad –y con ello del ordenamiento interno– los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales deben integrarse en los términos en que han sido desarrollados por sus intérpretes autorizados. Estas interpretaciones, por tanto, deben ser atendidas por el Estado como consecuencia de haber aceptado la competencia de dichas instancias. (…) Tal y como lo afirma la Sentencia T-012 de 2019: “[u]na de las decisiones precursoras en explorar el contenido del derecho al agua según lo establecido en la Observación General No. 15, fue la sentencia T-270 de 2007. Es de destacar que el acceso al agua como derecho fundamental había sido abordado en otros pronunciamientos, no obstante, es reciente la utilización de la Observación General No. 15 como fundamento jurídico central. En efecto, académicos expertos sobre la integración del derecho humano al agua en el ordenamiento jurídico han señalado que “para determinar el marco dentro del cual se puede mover la regulación económica colombiana es fundamental conocer los pronunciamientos de los intérpretes autorizados de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y la forma como los ha incorporado la CCC [Corte Constitucional colombiana]. Por su obligatoriedad, ya no es admisible que un operador jurídico no incluya en sus análisis estos pronunciamientos. (Subrayado fuera del texto original)”. López Murcia, J. y L. García Daza, La obligación de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales: el caso de los servicios públicos en Colombia, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, Vol. 6, n° 12, 2008, p. 237. Recuperado: http//: revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13926” Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Entre las sentencias que han usado esta Observación como referente para delimitar el contenido del acceso al agua, se cuentan las siguientes: T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-790 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-028 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-541 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-980 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-546 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.

[101] La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. (...) La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

[102] La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

[103] La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.

[104] El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

[105] El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. 

[106] El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. 

[107] La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua

[108] Entre los ámbitos de protección del derecho al agua mediante la acción de tutela se cuentan: ““A la luz del orden constitucional vigente, la jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho al agua comprende, entre otras las siguientes protecciones: (i) cuando la prestación del servicio se vuelve dramáticamente intermitente y esporádica, afectando los derechos fundamentales de las personas; (ii) cuando una comunidad no dispone ni accede a agua de calidad para el consumo humano –concretamente ha tutelado el derecho a tener un acueducto, tanto en su faceta positiva como negativa–; (iii) el derecho a acceder y disponer de agua con regularidad y continuidad, en especial si se deterioraron las condiciones básicas de prestación del servicio; (iv) el derecho al acceso al agua de una o varias personas, cuando se toman acciones positivas que implican limitar la disponibilidad o el acceso a la misma y cuando las autoridades dejan de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que esa situación continúe; (v) que la disposición y acceso al agua no se suspenda en condiciones de urgencia; (vi) el acceso al agua sin discriminación; (vii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de alcantarillado, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; (viii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de acueducto, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; y (ix) cuando los reglamentos, procedimientos o requisitos establecidos son usados como obstáculos que justifican la violación del derecho al agua.” Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

[109] Naciones Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 15 El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Noviembre de 2002. párr. 12. En el pie de página 98 se citaron algunas sentencias que han usado esta Observación como referente para delimitar el contenido del acceso al agua.

[110] Naciones Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 15.

[111] Naciones Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 15.

[112] Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo. En esa oportunidad la Sala consideró que “la administración municipal de Arbeláez y la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’.” Esta consideración ha sido reiterada en las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, T-532 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

[113] Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.

[114] . En esa oportunidad la Sala consideró que “la administración municipal de Arbeláez y la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’.”

[115] En el análisis del caso concreto, se desestimaron los argumentos presentados por la autoridad municipal accionada, mediante los que buscó explicar la situación. Estos fueron presentados en los siguientes términos: “(i) por la lejanía de las veredas La Venta y El Saladito, ellas gozan de un acueducto veredal y su funcionamiento es responsabilidad propia. Con la precisión de que la administración, a través de las empresas de servicio públicos, se encarga únicamente de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el casco urbano; y (ii) que si la comunidad quiere solucionar la contaminación que afecta el sistema de captación, debe iniciar un proceso de servidumbre de agua contra el dueño del predio colindante hacia el que presuntamente se movería la fuente.” Frente a ello, la Sala de Revisión consideró que “[l]a administración tenía, sin embargo, el deber de asumir la responsabilidad por la inacción ante una situación como la indicada. Primero, por virtud de los artículos 366 y 367 de la Constitución, y el desarrollo que de esas disposiciones contiene la Ley 142 de 1994, la provisión de agua potable es responsabilidad del ente territorial en cualquiera de sus modalidades, en este caso, de la Alcaldía Municipal de Urrao y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 que estableció que a los municipios les compete promover, financiar o cofinanciar proyectos de construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. Segundo, el agua potable es un derecho fundamental que convoca a todas las entidades del Estado para su protección, y en particular, en un caso como este, a las que constituyen la administración pública del lugar. Resulta entonces naturalmente extraño al orden constitucional que las autoridades públicas adopten una actitud de abstención notoria frente a una comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada, que pone en riesgo objetivo sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud.” T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Alejandro Linares Cantillo.

[116] En esta decisión, la Sala de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando, para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.

[117] En esta Sentencia, la Sala de Revisión consideró que las autoridades vulneraban el derecho fundamental al agua de las familias campesinas habitantes de las veredas El Espino y Ojo de Agua pertenecientes al Municipio de La Mesa, que fueron afectados con la ola invernal del 2010, que produjo la caída de la infraestructura de la boca-toma que abastecía el Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima. En el análisis del caso, se comprobó que la conducta de las entidades accionadas -los municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima- había sido negligente, por dos razones: (i) no cuentan “con verdaderas estrategias de diseño e implementación de la prestación del servicio de acueducto que impacten en el plano material el goce efectivo del derecho al agua” y (ii) omitieron adoptar alguna medida efectiva para garantizar a los habitantes la satisfacción de sus necesidades básicas. Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[118] En el análisis del caso concreto, la Sentencia T-012 de 2019 afirmó: “[e]l olvido institucional de la accionante, su familia y su comunidad se ve reflejado en las cifras de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en las áreas rurales del departamento de Bolívar. Según el Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 “Bolívar Sí Avanza”, mientras que el servicio público domiciliario de agua potable solo cubre el 35% de las áreas rurales, en la actualidad no se tienen cifras sobre la cobertura del servicio de saneamiento básico (lo que indica una probable inexistencia absoluta del servicio). Específicamente, el Plan de Desarrollo refiere que en la actualidad un total de 232 corregimientos y una población de 115.824 habitantes rurales carecen por completo de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. || 5.6.11. Lo anterior representa una notoria desigualdad social que no puede ser ignorada por esta Corporación. La falta de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado de la accionante, su familia y comunidad es el reflejo del olvido al han sido relegados los habitantes rurales del departamento de Bolívar, en clara contradicción de las prioridades establecidas en la Constitución Política y los fines del Estado Social de Derecho. Resulta alarmante constatar la actitud de abstención notoria adoptada por las autoridades territoriales frente a una comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada y a condiciones ambientales insalubres.” Y, en consecuencia, concluyó: “es claro que ninguno de los componentes esenciales del derecho fundamental al agua potable se encuentra satisfecho, por lo que resulta esencial garantizar a la accionante, su familia y comunidad el acceso continuo y suficiente, tanto físico como económico, a agua apta para el consumo humano.” Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

[119] Al respecto, como lo sintetizó la Sentencia T-374 de 2018: “en los casos en que existe una conexión ilegal al sistema de abastecimiento de agua potable, la Corte ha establecido que no puede pasar por alto esa conducta, y ha adoptado diferentes tipos de decisiones. || De un lado, en un primer escenario estimó que esa situación le impedía amparar los derechos invocados y resolvió negar el amparo, postura que evolucionó, y atendiendo a las especiales condiciones de vulnerabilidad y el contexto propio de cada caso, ha considerado procedente conceder la protección de los derechos reclamados cuando con ello se afectan las condiciones de sujetos especialmente protegidos. || De otro lado, cuando ha evidenciado situaciones de violencia para impedir la suspensión del servicio y abuso del derecho que se refleja en la afectación cierta de derechos de terceros, ha modulado su postura, dictando fallos que sin perjuicio de las consecuencias de las vías de hecho usadas, propenden por la superación de la falta de agua potable para los actores.” Sentencia T-374 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

[120] Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Una consideración en sentido similar ha sido planteada en las sentencias: T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras. Al respecto, la Sentencia T-475 de 2017 afirmó: “como sucede en el caso de los derechos fundamentales en general, garantizar la faceta positiva del derecho al agua puede implicar acciones complejas, como la construcción de obras necesarias para el suministro del líquido, con las implicaciones presupuestales que esto conlleva. Teniendo en cuenta la complejidad de las medidas necesarias para garantizar esta faceta, es razonable que el Estado las desarrolle de manera progresiva (...).” Además, expuso un recuento de algunas decisiones que se han proferido en sede de tutela para garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano. Precisó que en algunas ocasiones esta Corporación ha señalado la obligación que tienen las autoridades estatales de “adelantar el diseño de una política pública”, y dijo, con fundamento en la Sentencia C-251 de 1997, que ello es así “para garantizar de manera progresiva el derecho al agua cuando es necesario construir o reparar un acueducto veredal o municipal que no presta adecuadamente sus servicios. Ello ha sido así debido a que la Corte atendiendo la doctrina internacional más autorizada sobre la materia señaló que dicho carácter progresivo ‘no implica que los Estados pueden demorar la toma de medidas necesarias para hacerlos efectivos. Por el contrario, el deber de adoptar todas las medidas posibles es inmediato, ya que tienen la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos contenidos en el Pacto.’” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[121] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo. Más adelante, en esta misma decisión judicial, se reiteró: “Así las cosas, la obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas. En consecuencia, las entidades deben adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional avanzar constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho.”

[122] En esta decisión, se concluyó que los derechos fundamentales al agua, a la salud, a la vida y a la dignidad de los habitantes de las comunidades residentes en las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos se encontraban vulnerados, en tanto no garantizaron la disponibilidad mínima del agua. Por lo anterior, la Sala de Revisión ordenó: “a las alcaldías de los municipios de Apulo y Tocaima que, inicien el diseño de una política pública que esté encaminada a superar la situación de abastecimiento de agua potable a las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos, para lo cual cuentan con un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de ésta sentencia. En ésta se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para el efecto, tales como la construcción de acueductos veredales, la conexión a otros acueductos ya existentes, o el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento con los que cuentan los actores, entre otros. Así mismo deberán realizar las apropiaciones presupuestales necesarias. Una vez diseñado el plan deberán iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma incluido en él, y en todo caso la implementación del mismo tendrá que comenzar a más tardar un año después de la notificación de ésta sentencia.” Sentencia T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[123] En esta Sentencia se concluyó que: “[t]oda persona tiene derecho a que la Administración asegure un mínimo vital de agua en condiciones adecuadas de disponibilidad, regularidad y continuidad y a que por lo menos, exista un plan de acción debidamente estructurado que asegure, progresivamente, el goce efectivo de esta dimensión del derecho y que posibilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan.” Sentencia T-028 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.

[124] En esta ocasión, se evidenció que la Alcaldía Municipal de Cali carecía de “un plan consolidado y definitivo, que le permita al accionante y su familia, acceder, así sea progresivamente, a su derecho al agua. Si bien se cuenta con algunos avances, respecto a cómo proceder, en términos generales no hay aún un plan de acción debidamente diseñado y consolidado para atender y asegurar las necesidades de la comunidad a la cual pertenece el accionante. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la carencia de un plan o de un programa de acción implica que los residentes de un corregimiento no van a poder asegurar el goce pleno y efectivo de una dimensión positiva o prestacional del derecho fundamental, en este caso el de agua potable.” Sentencia T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

[125] En esta decisión, la Sala de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando, para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.

[126] En este mismo sentido, la Sentencia T-129 de 2017 expresó: “[e]l goce efectivo de este derecho debe involucrar igualmente a la población rural y dispersa de las entidades territoriales, pues se trata de grupos poblacionales que generalmente son más vulnerables que los que se encuentran asentados en áreas urbanas.”

[127] Cuaderno Revisión. Folio 200.

[128] La Corporación también ha abordado el tema de la falta de provisión de agua potable debido a la inexistencia de red de acueducto o del líquido. Así, en la Sentencia T-381 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub decidió el caso de un grupo de ciudadanos que vieron desaparecer un conjunto de manantiales de los que se surtían de agua potable las parcelas de su propiedad, debido a la construcción de un túnel vial, en detrimento de su derecho fundamental al agua potable. La Corte Constitucional concedió la tutela y ordenó que se conformase un comité técnico para determinar en un plazo de seis (6) meses cuál era la solución idónea para garantizar el suministro definitivo de agua y se ejecutase la decisión acordada. Ver en el mismo sentido, por ejemplo, las sentencias T-143 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo; T-091 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo; y, T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[129] El artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978, dispone que “Para otorgar concesiones de agua, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridad: || a. Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; || b. Utilización para necesidades domésticas individuales; || c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; || d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; || e. Generación de energía hidroeléctrica; || f. Usos industriales o manufactureros; || g. Usos mineros; || h. Usos recreativos comunitarios, e || i. Usos recreativos individuales.”

[130] La prioridad que tienen las solicitudes de concesiones de agua para consumo humano está consagrada en el artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978, y en el artículo 2.2.3.2.7.8. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 43 del Decreto 1541 de 1978.

[131] El artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, establece: “toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: || a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; || b. Riego y silvicultura; || c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; || d. Uso industrial; || e. Generación térmica o nuclear de electricidad; || f. Explotación minera y tratamiento de minerales; || g. Explotación petrolera; || h. Inyección para generación geotérmica; || i. Generación hidroeléctrica; || j. Generación cinética directa; || k. Flotación de maderas; || l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; || m. Acuicultura y pesca; || n. Recreación y deportes; || o. Usos medicinales, y || p. Otros usos minerales.”

[132] El artículo 15 de la Ley 142 de 1994 afirma: “Pueden prestar los servicios públicos: (…) 15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.”

[133] “44. La Sala destaca que los acueductos comunitarios son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación del servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad económica en la zona. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los habitantes de una región ante un estado de necesidad. || 45. En este orden de ideas, los acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para prestar el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la comunidad, que se involucra en el manejo de los recursos hídricos y en el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada. Constituyen la materialización de los principios de participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las autoridades del Estado en los aspectos necesarios para garantizar el suministro del líquido a todas las personas ubicadas en su área de funcionamiento.” Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[134] Esto es: “presentar a la Corporación debidamente diligenciados en medios físicos y magnéticos los formatos FGP-77 ‘listado de suscriptores’ incluyendo los nuevos usuarios para afiliar y FGP-89 ‘información costo, inversión y operaciones’.”

[135] Frente a la prestación de servicios públicos, por una parte, los departamentos tienen las funciones de apoyo y coordinación, en los términos previstos en el Artículo 7° de la Ley 142 de 1994, que afirma: Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos. “Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas || 7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. || 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos. || 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, <sic> la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto.” Por otra parte, la Nación tiene las siguientes competencias, en los términos del artículo 8 de la Ley 142 de 1994, “8.1. En forma privativa, planificar, asignar, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético. || 8.2. En forma privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o privadas. || 8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social. || 8.4. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos y a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o varias cooperativas o empresas asociativas de naturaleza cooperativa. || 8.5. Velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios. || 8.6. Prestar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley. || 8.7. Las demás que le asigne la ley.” Además, el numeral 5 del artículo 162 establece que: “El Ministerio de Desarrollo*, a través del Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, ejercerá las siguientes funciones, además de las competencias definidas para los Ministerios en esta Ley, en relación con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, y además todas aquellas que las complementen. || 162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades nacionales y seccionales.”

[136] Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

[137] Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

[138] “<Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde al municipio: (…) 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. (…) 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. (…)”

[139] Ley 142 de 1994, Artículo 5.- Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. “Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. || 5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. || 5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley. || 5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional. || 5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos. || 5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia. || 5.7. Las demás que les asigne la ley.” Artículo 6.- Prestación directa de servicios por parte de los municipios. “Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos: 6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; || 6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; || 6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios. || 6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos. || En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones y al control, inspección, vigilancia y contribuciones de la Superintendencia de servicios públicos y de las Comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de esta ley. || Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de dos años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, además de sancionar los alcaldes y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité respectivo, cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar. || De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso alguno, para constituir un monopolio de derecho.” En concordancia con las disposiciones de la Ley 142 de 1994, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01/01) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, compete al municipio realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

[140] Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez. En este mismo sentido, las respectivas salas de revisión se pronunciaron en las sentencias Ver por ejemplo las sentencias: T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo; y, T-139 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

[141] Sentencia T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo. En esta decisión, se concluyó: “[c]on fundamento en los artículos 366 y 367 de la Constitución y la ley 142 de 1994 que los desarrolla, la administración municipal debe velar por el adecuado funcionamiento de los acueductos de la zona de su jurisdicción, tanto de los relacionados con el sector urbano como rural, como aquellos que por razón de la distancia geográfica con el casco urbano, sean administrados por comunidades rurales o veredales. Este deber implica el apoyo técnico y jurídico a las comunidades para la operación del acueducto, y en caso de que el abastecimiento comunitario no sea de calidad, garantizar a todas las personas el mínimo de agua diario potable que requieran para suplir sus necesidades básicas.”

[142] Para ampliar la información sobre esto, se sugiere ver el pie de página 39.

[143] Sentencia T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. En este mismo sentido, la Sentencia T-245 de 2016 afirmó: “los acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para prestar el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la comunidad, que se involucra en el manejo de los recursos hídricos y en el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada. Constituyen una materialización de los principios de participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las autoridades del Estado en los aspectos necesarios para garantizar el suministro del líquido a todas las personas ubicadas en su área de funcionamiento.” Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[144] Así, por ejemplo, la Sentencia T-388 de 2013 afirmó que el carácter progresivo de la garantía de la faceta prestacional de un derecho supone, en todo caso, un contenido básico exigible judicialmente “no sometido a debate en una democracia, a saber: el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando. Cuando el juez de tutela constata que una política pública desconoce abiertamente alguno o varios de estos parámetros mínimos, estará ante una violación a la Constitución Política.” Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo. En esta, la Corte resolvió nueve expedientes de tutela de acciones de tutela instauradas por personas privadas de la libertad, debido a las condiciones indignas e inhumanas de reclusión, en las cárceles de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán, y la de Barrancabermeja por la vulneración de los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en especial, por el grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones. La Corte concluyó que el Sistema penitenciario y carcelario se encontraba nuevamente en un estado de cosas inconstitucional, entre otras cosas, por una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia para aliviar la situación de vulneración de derechos en el Sistema penitenciario; así como una ausencia de coordinación de entidades llamadas a solventar la problemática. En particular, la Sala de Revisión consideró que en los casos en que las facetas prestacionales de un derecho fundamental sean de carácter progresivo “las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté implementando”. En consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta parámetros de estructura, proceso y resultado, en el planteamiento de la política de intervención. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-276 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.

[145] Sentencia T-129 de 2017 dijo: Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez. Esta consideración también fue planteada en la Sentencia T-245 de 2016, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.

[146] Sentencia T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo.

[147] Cuaderno de revisión. Folio 118.

[148] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).

[149] Ley 99 de 1993, Artículo 23.

[150] Cuaderno de Revisión. Folio 78.

[151] Según la OMS, una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas y evitar afecciones de salud. Sin embargo, esta cantidad es indicativa y depende del contexto particular. Por ejemplo, las madres lactantes y las personas enfermas de VIH/SIDA requieren de más de 100 litros de agua diarios. Para mayor información, consultar: Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El derecho al agua. Folleto Informativo No. 35. 2010. p. 9. Asimismo, en varias sentencias de la Corte Constitucional, esta Corporación ha ordenado el suministro de esta cantidad de agua diaria para proteger el derecho al agua potable de los accionantes. Al respecto, consultar las sentencias T-012 de 2019, M.P. Cristina Pardo; T-575 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-641 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras.