TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia T-502/24

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no configurarse defectos alegados por el accionante en proceso penal

 

(La autoridad judicial accionada) no incurrió en los defectos alegados por los accionantes. Tampoco trasgredió las garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de los actores, en razón a que la decisión cuestionada se adoptó bajo parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales, tal como se expuso líneas atrás.

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad

 

ACCION DE TUTELA RESPECTO A ORDENES QUE LIMITAN EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL ADOPTADAS EN EL MARCO DE PROCESO PENAL-Subreglas jurisprudenciales

 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Eficacia de la tutela para la protección

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales específicas de procedibilidad/DEFECTO PROCEDIMENTAL-Caracterización/DEFECTO SUSTANTIVO-Caracterización

 

DETENCION QUE SE DICTA AL MOMENTO DE ANUNCIAR EL SENTIDO DE FALLO CONDENATORIO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

 

(...) la orden de encarcelamiento de quien se encuentra en libertad no opera de manera automática cuando se pronuncia el sentido del fallo. Aquella decisión requiere un mínimo de argumentación sobre la necesidad esto es, sobre las razones básicas que llevaron al juez a disponer la privación de la libertad en esa fase y que soportan la emisión de una orden de captura de inmediato.

 

ORDEN DE CAPTURA-Elementos sustanciales que debe reunir

 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AL ANUNCIAR EL SENTIDO DEL FALLO CONDENATORIO-Estándar de motivación de la orden de captura de la persona acusada que no está privada de libertad/PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LA SENTENCIA ESCRITA CONDENATORIA-Deber de motivación de la orden de captura de la persona acusada que no está privada de libertad

 

(...) en los eventos en los que el juez penal decida que es necesario ordenar la captura inmediata del acusado declarado culpable, bien sea con el anuncio del sentido del fallo o en la sentencia escrita, tiene el deber de motivar esta determinación. En su motivación, el juez deberá analizar no sólo la procedencia o no de subrogados penales, sino también otras circunstancias como el arraigo social del procesado, su comportamiento durante el proceso, el quantum punitivo al que se expone, entre otros aspectos... estos lineamientos no son taxativos, y en esa medida los jueces penales no deben restringir la evaluación de necesidad a tales criterios, sino también valorar otras circunstancias específicas del caso concreto que sean relevantes para establecer si resulta o no imperativo ordenar la privación inmediata de la libertad.

 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL SISTEMA PENAL-Contenido y alcance

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

Sentencia T-502 de 2024

 

Referencia: expedientes T-10.190.001 y T-10.196.189 AC

 

Acciones de tutela instauradas por (i) Fredy Octavio Rodríguez Agatón y Carlos Mauricio Celis Herrera contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y (ii) Carlos Palacino Antía y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo contra el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá

 

Procedencia: (i) Sala de Casación Penal – Corte Suprema de Justicia y (ii) Sala de Casación Penal – Corte Suprema de Justicia, respectivamente

 

Asunto: garantía de la libertad personal y derecho al debido proceso; principio de congruencia y motivación de las órdenes de captura proferidas dentro de proceso penales en el anuncio del sentido del fallo y la lectura de la sentencia

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D.C., dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos: (i) el 9 de abril de 2024, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, que negó el amparo solicitado por Carlos Mauricio Celis Herrera y Fredy Octavio Rodríguez Agatón, contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá (expediente T-10.190.001) y (ii) el 7 de marzo de 2024 por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas N° 3, de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, que declaró improcedente la tutela promovida por Carlos Palacino Antía y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo contra el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá (expediente T-10.196.189). Ambos expedientes se encuentran acumulados para ser resueltos en una misma sentencia por unidad de materia.

 

Estos asuntos fueron enviados a la Corte Constitucional por las mencionadas autoridades judiciales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Los expedientes T-10.190.001 y T-10.196.189 llegaron a esta corporación el 17 y 18 de abril de 2024, respectivamente. La Sala de Selección de Tutelas Número Siete los escogió para su revisión^[1] y los acumuló para ser fallados en una sola sentencia, por unidad de materia. El 14 de agosto de 2024, la Secretaría General remitió los expedientes al despacho del magistrado sustanciador, para lo de su competencia^[2].

 

I.      Síntesis de la decisión

 

 

II.   ANTECEDENTES

 

Expediente T-10.190.001

 

Hechos y pretensiones

 

1. Fredy Octavio Rodríguez Agatón y Carlos Mauricio Celis Herrera fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación a título de coautores por los ilícitos de “fraude procesal en concursos homogéneo y sucesivo, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo y cohecho en concurso homogéneo y sucesivo”[3]. También como determinadores por los tipos penales de “falsedad ideológica de documento público en concurso homogéneo y sucesivo”[4]. Durante el curso del proceso se adelantó la audiencia de formulación de imputación, el 1° de febrero de 2017, ante el Juzgado Cuarenta Penal Municipal de Bogotá con función de Control de Garantías. En aquella no se impuso medida de aseguramiento a los imputados.

 

2. Luego, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra de los actores el 26 de mayo de 2017 y formalizó tal actuación ante el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el 15 de diciembre de 2017, por los delitos mencionados. Durante el trámite de la audiencia preparatoria, aquella autoridad judicial declaró la prescripción de la acción penal de los punibles de “fraude procesal, falsedad ideológica en documento público a título de determinadores y cohecho, todos en concurso homogéneo y sucesivo”[5]. Surtidas las sesiones de audiencia preparatoria y de juicio oral, el debate giró en torno a los ilícitos de enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo[6].

 

3. El 23 de noviembre de 2023, el juzgado de conocimiento dentro del proceso penal adelantó audiencia de anuncio de sentido de fallo. En aquella diligencia expresó que absolvería a los actores por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y los condenaría por el punible de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, no ordenó ni mencionó medida de privación de la libertad en contra de los procesados[7].

 

4. El mismo día, instantes después, el juzgador realizó la lectura de la sentencia, allí expuso las consideraciones y argumentos de la decisión. Impuso a los condenados una pena principal de 145.2 meses de prisión y multa de 628.5 SMLMV y concluyó que no procedían los subrogados penales. En consecuencia, ordenó de manera inmediata la elaboración de las órdenes de captura en contra de los actores[8].

 

5. Para los accionantes, tal situación evidencia la ausencia de congruencia entre la etapa de sentido de fallo y la lectura de la sentencia. Por ello, esta decisión fue objeto de recurso de apelación y actualmente se encuentra en trámite ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, pendiente de resolución. Pese a ello, las órdenes de captura se encuentran activas sin que a la fecha se hayan materializado.

 

6. En atención a lo anterior, los accionantes, a través de apoderado judicial, promovieron acción de tutela en contra del Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad. En consecuencia, solicitaron al juez de tutela dejar parcialmente sin efecto la sentencia de primera instancia proferida por la autoridad judicial accionada, en relación con la decisión de ordenar la captura de los actores y efectuar las gestiones correspondientes para su materialización, toda vez que existió falta de congruencia entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia.

 

7. Los actores indicaron que el juzgado accionado incurrió en los defectos sustantivo y procedimental al proferir la sentencia del 23 de noviembre de 2023, en la cual se emitieron órdenes de captura en su contra, pues en el anuncio del sentido del fallo, la referida autoridad no se pronunció sobre la libertad de estos. Lo anterior, evidencia una incongruencia y configura los defectos mencionados.

 

Actuaciones procesales en sede de tutela

 

8. El 15 de febrero de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, admitió la acción de tutela contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. De igual manera, dispuso la vinculación de partes e intervinientes dentro del proceso penal número 11001600010120150003500, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones.

 

Respuesta del Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá

 

9. Recordó que mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, absolvió a los procesados por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, en igual medida los condenó por el punible de estafa agravada sobre bienes del Estado. Manifestó que descorrió el traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y profirió sentencia. Indicó que mediante decisión del 11 de diciembre de 2023 concedió el recurso de apelación contra la sentencia promovido por la defensa de los condenados y remitió el asunto a la autoridad judicial de segunda instancia en enero de 2024.

 

10.  Expresó que no existió trasgresión a los derechos fundamentales de los condenados, toda vez que la decisión de disponer la captura con la emisión de la sentencia constituye una decisión imperativa y no facultativa, conforme lo señaló la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión emanada dentro del radicado 130338 el 6 de junio de 2023. Sostuvo que era necesario decretar la captura, en atención a que la sentencia fue de carácter condenatorio por el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo, además que en ella, se negaron los subrogados. Fundamentó tal determinación en la providencia del 25 de octubre de 2023 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo radicado 65000, dentro de un trámite de habeas corpus, en la cual se indicó “no es necesario motivación distinta a la de la constatación objetiva de la improcedencia de algún sustituto”[9].

 

11. Argumentó que no existió falta de congruencia porque al leerse el sentido del fallo en contra de los acusados no se pronunció acerca de la libertad de aquellos. Por esa razón, las órdenes de captura contenidas en la sentencia no son contrarias y tampoco desconocen lo referido en la audiencia de sentido de fallo.

 

Respuesta de la Fiscalía Quince Especializada de Bogotá

 

12. Informó que se pretende desnaturalizar el proceso penal debido a que al momento de interponer la acción de tutela se encuentra en trámite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria. Expresó que el asunto debatido corresponde a la vía ordinaria y no debe ser debatido en sede de tutela, porque no se cumple con el requisito de subsidiariedad.

 

13. Indicó que conforme a lo establecido en el artículo 299 de CPP es posible que la autoridad judicial de conocimiento tome la decisión de emitir una orden de captura en el sentido del fallo o al proferir la sentencia condenatoria. Estimó que el principio de congruencia se predica cuando los acusados reciben la condena por los hechos que se encuentra probados y que fueron imputados en su momento, tal como sucedió en el caso bajo examen. Por tal motivo, no se demuestra la vulneración del principio de congruencia.

 

 

Decisiones dentro del trámite de tutela objeto de revisión

 

 

Expediente T-10.196.189

 

Hechos y pretensiones

 

14. Carlos Gustavo Palacino Antía y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo fueron procesados por los punibles de “falsedad en documento privado, en concurso heterogéneo con los delitos de fraude procesal y estafa, delitos imputados en la modalidad de continuados, agregando circunstancias de mayor y menor punibilidad”[12]. Aquellos delitos fueron imputados a los actores por la Fiscalía Cuarenta y Cuatro Delegada ante los Jueces de Circuito ante el Juzgado Setenta y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En esa ocasión no se impuso medida de aseguramiento, en atención a que no se solicitó dicha audiencia preliminar por parte del ente acusador.

 

15. El 29 de octubre de 2020, la referida fiscalía formuló acusación contra los accionantes ante el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá por los delitos imputados. El trámite procesal continuó ante esa autoridad judicial y, el 14 de noviembre de 2023, se realizó audiencia de anuncio del sentido del fallo. En la referida diligencia el juzgador emitió sentido de fallo de carácter condenatorio en contra de los accionantes por los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con fraude procesal y estafa, ambos en concurso homogéneo, en la modalidad de continuados con situaciones de mayor y menor punibilidad. En consecuencia, ordenó la captura inmediata de los acusados, en razón al número de delitos, la posible pena a imponer y la no procedencia de subrogados penales[13].

 

16. Los accionantes expresaron que las órdenes de captura ordenadas carecen de motivación, vulneran sus derechos fundamentales y materializan una “vía de hecho”[14]. Manifestaron que el juzgador del proceso penal refirió una sentencia condenatoria de segunda instancia en contra de Carlos Palacino Antía, la cual no se encuentra ejecutoriada, para justificar la medida restrictiva de la libertad en contra de aquel. Luego de ello, durante el traslado otorgado en atención al artículo 447 del CPP, los defensores respectivos solicitaron la reconsideración de la medida de privación de la libertad; pese a ello, el juez penal de instancia indicó que contra aquella decisión no proceden recursos de ley. Situación que, a su juicio, materializó una “vía de hecho”. Luego de finalizada la audiencia referida, los condenados se presentaron de manera voluntaria a las instalaciones del bunker de la Fiscalía General de la Nación a efectos de cumplir con las órdenes de captura emitidas por la autoridad judicial de instancia.

 

17. Por lo expuesto, los actores promovieron acción de tutela contra el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá para la protección de sus garantías fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad. En esta, los accionantes elevaron medida provisional con la finalidad de ordenar su libertad inmediata. De igual manera, solicitaron al juez de tutela ordenar a la autoridad judicial accionada la cancelación de las órdenes de captura emitidas en su contra y la libertad inmediata, toda vez que no existió por parte del juzgador de instancia una debida motivación para adoptar tal determinación.

 

18. Los accionantes indicaron que se configuraron los defectos de decisión sin motivación y violación directa de la Constitución. Ello en atención a que la determinación que adoptó el juzgado accionado de privación anticipada de la libertad fue proferida sin la debida motivación y a que tampoco tuvo en cuenta la procedencia de los mecanismos sustitutivos de la pena.

 

 

 

 

Actuaciones procesales en sede de tutela

 

19. El 28 de noviembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá conoció la acción constitucional interpuesta en contra del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y ordenó correr traslado a las partes e intervinientes del proceso penal número 11001600010120120002800. También, dispuso la vinculación de la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, para que, se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la acción.

 

Respuesta de la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales

 

20. Manifestó que contra los accionantes se adelantó proceso penal bajo el radicado número 110016000101202100028, en el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá. Durante el trámite procesal, el 14 de noviembre de 2023, el juzgado de conocimiento adelantó la audiencia de sentido del fallo y en ella profirió fallo condenatorio en contra de los procesados, emitió órdenes de captura, concedió el traslado que trata el artículo 447 del CPP a las partes e intervinientes y fijó fecha para proferir sentencia.

 

Indicó que la referida autoridad judicial expidió las órdenes de captura número 2023-3888 y 2023-3886 en contra de Carlos Gustavo Palacino Antía y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, respectivamente, ambas del 15 de noviembre de 2023, conforme lo estipulado en el artículo 450 del CPP. Informó que aquella dependencia cumple funciones administrativas, por lo que solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

 

Respuesta de la Fiscalía Cuarenta y Cuatro Delegada ante los Jueces de Circuito

 

21. Expresó que el juzgado de conocimiento hizo alusión al artículo 450 del CPP para sustentar la captura inmediata de los procesados. Además, que en ningún aparte de la referida norma se indica que deba existir una motivación profunda que lleve a determinar que los procesados no deban ser privados de la libertad al momento de emitir el sentido del fallo condenatorio. Manifestó que “[la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal], ha estipulado que tanto el sentido de fallo como la sentencia, se constituyen como actos complejos inescindibles, que, en tratándose de condenas que conlleven a la privación de la libertad, le es dable al juez de conocimiento ordenar la captura inmediata”[15].

 

22. Sostuvo que, contrario a lo expuesto por los accionantes, el juzgador de instancia indicó de manera sencilla y palmaria que la emisión de las órdenes de captura inmediatas obedeció a que los procesados cometieron delitos graves, al número de delitos cometidos y a la posible pena alta a imponer. Por lo que resultaba necesario privarlos de la libertad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 450 del CPP. En tal sentido, lo reclamado por los accionantes se torna improcedente.

Respuesta de la Procuraduría Noventa y Siete Judicial II Penal

 

23. Precisó que la ley procesal penal no contempla que el sentido del fallo contenga el soporte argumentativo que debe contener la sentencia, por esta razón no existe recurso sobre esta decisión. Es así que exigir una argumentación diferente a la requerida en los artículos 446 y 450 del CPP implica crear una nueva condición que no está contemplada en el procedimiento penal. Además, tal aspecto tampoco fue objeto de discusión ante la Corte Constitucional cuando se revisó la constitucionalidad de la norma correspondiente.

 

24. Indicó que el fundamento de la orden de captura consistió en la improcedencia de los subrogados, junto con la consideración de la posible pena a imponer. Tales aspectos son evaluados al momento de imponer la medida de aseguramiento conforme lo expuesto en el artículo 312 del CPP. Expresó que según lo estipulado en el artículo 450 del CPP, en armonía con lo concluido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es potestativo del juzgador de instancia disponer que el procesado goce de la libertad hasta el momento de dictar sentencia. De igual manera, la referida norma exige un análisis de reglas adjetivas que rigen la detención cuando se considera que debe emitirse la orden de captura.

 

25. Manifestó que exigir un soporte mayor al expuesto en el sentido del fallo, que en este caso fue la ausencia de subrogados y el análisis de los requisitos del artículo 312 del CP, desborda los contenidos propios del procedimiento penal. Sostuvo que no es posible afirmar que existió violación a la presunción de inocencia en la emisión del sentido del fallo por expedir una orden de captura, toda vez que la privación de la libertad es válida en el ordenamiento penal cuando se sustenta “bajo criterios de inferencia razonable de autoría”[16]. Concluyó que la acción de amparo no está llamada a prosperar.

 

Respuesta del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá

 

26. Expresó que adelantó proceso penal en contra de los accionantes, bajo el radicado número 11001600010120120002800. Manifestó que el 14 de noviembre de 2023, profirió sentido de fallo condenatorio. En aquella diligencia, dio aplicación al artículo 450 del CPP y ordenó la expedición de las boletas de captura en contra de los procesados, trámite que se materializó por parte del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

 

27. Indicó que, contrario a lo manifestado por los accionantes, la decisión de la restricción de la libertad se realizó bajo un claro juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Tal decisión partió de criterios de ponderación relacionados con el quantum punitivo al cual se exponen los declarados responsables, la modalidad, la cantidad y la gravedad delictiva.

 

28. Sostuvo que, conforme a lo expuesto en el último pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la imposición de órdenes de captura en el sentido del fallo, se consideró que cuando el sentido del fallo es de carácter condenatorio y no proceden beneficios ni subrogados, tal decisión no requiera de una motivación distinta a la constatación objetiva de la improcedencia del algún sustituto. Por lo anterior, no existió trasgresión a los derechos fundamentales de los accionantes. En consecuencia, deben desestimarse las pretensiones de la acción de amparo.

 

Decisiones dentro del trámite de tutela objeto de revisión

 

 

Actuaciones en sede de revisión

 

29. Decreto oficioso de pruebas. El 30 de agosto de 2024, el despacho sustanciador decretó de oficio pruebas para ambos expedientes, con el fin de contar con elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión en el proceso de revisión. En consecuencia, requirió a las autoridades judiciales accionadas que: a) allegaran copia íntegra de los expedientes ordinarios adelantados en contra de los actores y b) informaran si los accionantes se encuentran privados de la libertad, en caso afirmativo, desde qué fecha. También solicitó a las autoridades de primera instancia de tutela con el fin de que remitieran los expedientes completos.

 

30. Para tal efecto, ofició a: (i) el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá (expediente T-10.190.001); (ii) el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá (expediente T-10.196.189) y (iii) a la Secretaría General del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, (en ambos expedientes) para que allegaran las piezas procesales solicitadas.

 

31. Vencido el término anterior, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá y la Secretaría General del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal, (expediente T-10.196.189) no respondieron a lo requerido. Luego, mediante auto del 13 de septiembre de 2024, el mismo despacho requirió nuevamente a las autoridades judiciales referidas a efectos de dar cumplimiento a las órdenes primera y segunda de la decisión del 30 de agosto del mismo año.

 

32. Mediante correos electrónicos del 13 y 18 de septiembre de 2024, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá indicó que el expediente del proceso penal solicitado se remitió en su totalidad a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto.

 

33. Posteriormente, mediante decisión del 24 del mismo mes y año, el despacho sustanciador dispuso oficiar al Tribunal Superior de Bogotá para que (i) remitiera copia íntegra del expediente ordinario número 110016000101201200028 y (ii) cumpliera la orden segunda contenida en la providencia del 30 de agosto de 2024. Luego, a través de correo electrónico del 3 de octubre del mismo año, la autoridad judicial concernida dio cumplimiento a las órdenes contenidas en la providencia del 24 de septiembre de 2024.

 

Respuestas dentro del trámite de revisión

 

 

III. CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

34. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Análisis de procedencia de la acción de tutela

 

35. La Sala aborda el análisis de procedencia de las acciones de tutela presentadas por los accionantes, conforme con lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.

 

36. A continuación, la Sala verificará el cumplimiento de los presupuestos de procedencia del amparo:

 

 

Delimitación del caso, planteamiento del problema jurídico y esquema de solución

 

37. Superado el análisis de procedencia, la Sala Segunda de Revisión estudia dos casos que fueron acumulados por unidad de materia. El primer caso está relacionado con una acción de tutela promovida por dos ciudadanos que, en su calidad de acusados dentro de la actuación penal, se vieron afectados por la sentencia de primera instancia que ordenó su captura. Señalaron que el juez penal de instancia incurrió en defectos sustantivo y procedimental en razón a que existió una transgresión al principio de congruencia y a sus derechos fundamentales. Esto se sustentó en que dicha autoridad no se pronunció sobre su libertad en el anuncio del sentido del fallo y luego lo hizo en la sentencia, (expediente T-10.190.001).

 

38. El segundo caso gira en torno a una acción de tutela promovida por dos procesados dentro de una actuación penal a quienes se ordenó su captura en la diligencia de anuncio del sentido del fallo. Los actores alegan que esa determinación del juez penal incurre en defectos de falta de motivación y violación directa a la Constitución, además de trasgredir sus garantías fundamentales. Expusieron que la autoridad judicial no fundamentó dicha decisión (expediente T-10.196.189).

 

39. Por otra parte, previo a formular el problema jurídico, la Sala advierte que en el escrito de tutela se incluyó una solicitud de medida provisional consistente en dejar sin efecto las órdenes de encarcelamiento proferidas en contra de los actores por la autoridad judicial que conoció el proceso ordinario en primera instancia (expediente T-10.196.189). No obstante, los jueces de tutela de instancia omitieron considerar y resolver la referida medida provisional. Por tal motivo, la Sala hace un llamado de atención a los jueces de tutela de instancia para que resuelvan oportunamente las solicitudes de medidas provisionales presentadas en las acciones de tutela.

 

40. La Sala observa que, si bien en el presente asunto se estudian casos por unidad de materia, las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales ocurren por circunstancias diferentes en relación con cada expediente. Por tal motivo, formula los siguientes problemas jurídicos:

 

a.      ¿Un juez de conocimiento penal incurre en los defectos sustantivo y procedimental y, con ello, vulnera el principio de congruencia, así como las garantías fundamentales del debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la libertad de los procesados al no ordenar su captura en la etapa de anuncio del fallo y sí hacerlo posteriormente en la sentencia? (Expediente T-10.190.001).

 

b.     ¿Un juez de conocimiento penal incurre en los defectos de decisión sin motivación y violación directa de la Constitución y, con ello, desconoce las garantías fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de los procesados, al no motivar suficientemente la captura inmediata en el momento de anunciar el sentido del fallo? (Expediente T-10.196.189).

 

41. Para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará la consideración de los siguientes asuntos: (i) referirá las causales específicas de procedencia de la tutela conta providencia judicial, en especial los defectos sustantivo, procedimental, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución; (ii) reiterará jurisprudencia contenida en la Sentencia SU-220 de 2024 respecto de: a) el principio de congruencia entre el anuncio del sentido de fallo y la sentencia, b) el estándar de motivación de la orden de captura y (iii) resolverá los casos concretos.

 

42. Previo a realizar el análisis de las causales específicas de procedencia, la Sala precisa que, la Sentencia SU-220 de 2024 es un referente relevante para la resolución del presente debate. La referida decisión no aplicó de manera retroactiva las reglas jurisprudenciales que fijó sobre el estándar de motivación de la orden de captura. En consecuencia, valoró la jurisprudencia vigente al momento de proferir las decisiones cuestionadas. Dicho esto, en el presente asunto se aplicará el mismo criterio establecido en la sentencia de unificación para resolver los casos concretos. Es decir, los asuntos serán evaluados bajo la jurisprudencia vigente al momento en que fueron proferidas las decisiones cuestionadas.

 

Causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. Reiteración de jurisprudencia

 

43. Procede entonces hacer referencia a las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en los siguientes términos:

 

 

La Sentencia SU-220 de 2024. El principio de congruencia entre el anuncio del sentido del fallo y la expedición de la sentencia. Reiteración de jurisprudencia

 

44. El procedimiento penal establece dos momentos procesales en los cuales el juez informa a las partes e intervinientes sobre la decisión que pondrá fin al proceso. Aquellos son: (i) el anuncio del sentido del fallo y (ii) la expedición de la sentencia[87]. En estas fases, el juzgador declara culpable o inocente al procesado por los delitos que le fueron imputados en su momento. Estas actuaciones se realizan una vez presentados los alegatos por las partes y luego de que el juez determine que el debate finalizó. Aquellas se realizan secuencialmente, es decir, primero se anuncia el sentido del fallo y luego se emite la sentencia y deben estar revestidas del principio de congruencia.

 

45. La jurisprudencia constitucional definió la congruencia como “uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones [,] porque su justificación no surge del proceso [,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o probó”[88]. En ese sentido, dicho principio actúa como una garantía del debido proceso de las partes involucradas en la controversia, la cual posibilita que el juez “solo decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado pronunciarse sobre asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales”[89].

 

46. La congruencia en el procedimiento penal está consagrada por el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal CPP, disposición según la cual el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena. En otras palabras, debe existir una correspondencia fáctica y jurídica entre la acusación y la sentencia. En suma, este principio “se traduce en una garantía del debido proceso para las partes, en tanto constituye un corolario indispensable del derecho de defensa”[90].

 

47. Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia refiere que aquel principio establece “una correspondencia personal (el acusado), fáctica (hechos) y jurídica (delitos) que debe existir entre la acusación, la intervención del delegado de la Fiscalía durante la etapa del juicio y la sentencia”^[91]. En atención a ello, entre la acusación y la sentencia no se puede modificar (i) la identidad de la persona acusada (congruencia personal); (ii) los hechos objeto de imputación (congruencia fáctica); y (iii) la calificación jurídica que ha otorgado el ente acusador a la conducta presuntamente delictiva (congruencia jurídica)[92].

 

48. En desarrollo de dicho postulado, esa alta Corte tiene establecido que es facultad del juez de conocimiento “decidir sobre la privación de la libertad del acusado al momento de anunciar el sentido del fallo”[93]. Asimismo, precisó que “la aprehensión de una persona que no se encuentra privada de la libertad al momento de anunciar un sentido condenatorio del fallo no responde a un imperativo inquebrantable, sino más bien a uno facultativo (…) podría hacerlo en la sentencia escrita”[94]. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha concluido que el juez penal no está obligado a pronunciarse sobre la libertad del acusado al momento del anuncio del sentido del fallo, debido a que es una potestad conforme al artículo 450 del CPP[95].

 

49. En suma, el precedente fijado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia considera que la regla general consiste en que el juez se pronuncie sobre la libertad del procesado al momento de emitir la sentencia. La excepción se presenta cuando, si lo considera necesario, profiere la orden de captura al anunciar el sentido del fallo. En consecuencia, no se trasgrede el principio de congruencia cuando el juzgador penal no se pronuncia sobre la libertad del procesado en la etapa del anuncio del sentido del fallo y lo hace en la sentencia.

 

50. Por otra parte, la Corte Constitucional se refirió al principio de congruencia en la Sentencia C-342 de 2017[96] e indicó:

 

“el fallo es un acto jurídico complejo conformado por dos momentos procesales, el del anuncio del sentido del fallo y el texto definitivo de la sentencia, que deben guardar congruencia entre sí. Considera la Sala que dicha interpretación es constitucionalmente consistente, en el sentido de integrar como una unidad conceptual y jurídica, el anuncio del sentido del fallo con la orden de privación de la libertad que eventualmente pueda darse con él, y la sentencia condenatoria que se emitirá dentro de los quince días siguientes al anuncio del fallo”.

 

51. De igual manera, la Sala Plena de la Corte se pronunció sobre el principio de congruencia en la Sentencia SU-220 de 2024[97] y enfatizó que “el juez penal no desconoce el principio de congruencia cuando posterga la decisión de captura hasta el momento de la sentencia escrita”. En esa providencia se concluyó que no se vulnera dicho principio cuando el juez pospone su pronunciamiento sobre la libertad del acusado hasta el momento de la sentencia[98]. Por el contrario, se transgrede este principio cuando el juez se pronuncia expresamente sobre la libertad en la etapa del anuncio del sentido del fallo y luego emite una decisión contradictoria en la sentencia[99].

 

El estándar de motivación de la orden de captura en el anuncio del sentido del fallo. Reiteración de jurisprudencia

 

52. El anuncio del sentido del fallo es un momento procesal que tiene como finalidad específica asegurar que los procesados conozcan de manera pronta y rápida la decisión adoptada[100]. Dicha etapa se surte de manera posterior a que el juzgador indique que el debate finalizó y una vez presentados los alegatos por las partes. El juez surte esta etapa procesal de manera oral y pública, conforme lo establecen los artículos 446 y ss. de la normativa procesal penal.

 

53. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el anuncio del sentido del fallo se caracteriza por su brevedad, pues en aquel no se exige una justificación detallada sino sucinta[101]. En tal sentido, se ha señalado que la orden de encarcelamiento de quien se encuentra en libertad no opera de manera automática cuando se pronuncia el sentido del fallo. Aquella decisión requiere “un mínimo de argumentación sobre la necesidad esto es, sobre las razones básicas que llevaron al juez a disponer la privación de la libertad en esa fase y que soportan la emisión de una orden de captura de inmediato”[102].

 

54. Asimismo, concluye el precedente de la máxima instancia judicial penal que la privación de la libertad impuesta en el anuncio del sentido del fallo es la consecuencia del presupuesto de necesidad. En tal sentido, se explica que el juez debe evaluar si la detención es necesaria conforme al artículo 450 de la Ley 906 de 2004, disposición que “se enfoca en los criterios para determinar la punibilidad y posibles mecanismos sustitutivos de la pena”[103]. De igual manera, establece el precedente penal que al momento del anuncio del sentido del fallo pueden influir en la decisión de privar el derecho a la libertad, factores relativos a impedimentos objetivos para la concesión de sustitutos y subrogados penales[104].

 

55. Por otra parte, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 450 del CPP. En esa decisión se refirió sobre la integralidad de esa disposición frente a la presunta vulneración de los derechos a la libertad personal y al debido proceso. Indicó que la norma en mención hace alusión a la posibilidad de ordenar la privación de la libertad de quien es declarado culpable, solo si se satisfacen los criterios de necesidad, en el entendido que estos son los señalados en los artículos 53 y 63 del código penal. De igual manera, entendió que la privación de la libertad a la que se refiere el precepto analizado es aquella que tiene lugar entre el momento de anuncio del sentido de fallo y la emisión del texto de la sentencia.

 

56. Concluyó que la orden de privación de la libertad dictada en el anuncio del sentido del fallo no vulnera la presunción de inocencia, en atención a que es una medida excepcional, la cual satisface los principios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que debe ser motivada y cumplir los elementos de necesidad. Tampoco se afecta la garantía al debido proceso toda vez que “además de la motivación del acto y la necesidad de la medida, se tiene que de conformidad con el procedimiento establecido, para el momento de decretarse la privación de la libertad, la culpabilidad y la responsabilidad penal ya han sido definidas, pudiendo el afectado interponer el recurso de apelación tras la expedición del texto de la sentencia”[105].

 

57. En la misma línea, la T-082 de 2023 recordó lo indicado en la decisión que declaró exequible el artículo 450 del CPP. Precisó que la expresión “necesidad” de privar a una persona en el anuncio del sentido del fallo, hace referencia a las reglas que determinan la punibilidad, los fines de la pena y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de los artículos 54 y 63 de la Ley 599 del 2000. También consideró que “se trata de aspectos relativos a la ejecución de la condena y no a los propósitos preventivos en el marco del proceso penal”[106]. Concluyó que las decisiones que privan la libertad de un procesado, el juez de conocimiento debe guiarse por los derechos fundamentales y la vigencia del principio pro libertate[107].

 

58. En suma, la Sentencia SU-220 de 2024[108] estudió cinco procesos de tutela que cuestionaban decisiones de jueces penales que ordenaron la captura inmediata al momento del anuncio del sentido del fallo condenatorio o en la sentencia. Aquella decisión identificó varias posturas de la jurisprudencia penal en cuanto al estándar de motivación de la orden de captura en las referidas etapas. La Sala Plena observó que existía una disparidad en cuanto a dicho estándar por lo que en cumplimiento de su función de unificación de jurisprudencia respecto del contenido y alcance de los derechos fundamentales[109], procedió a fijar las siguientes reglas sobre la materia:

 

“(i) No es necesario que el juez penal motive en el anuncio del sentido del fallo o en la sentencia escrita las razones por las cuales permitirá que el procesado permanezca en libertad mientras la sentencia cobra ejecutoria.

 

(ii) No obstante, y conforme lo prevé el segundo inciso del artículo 450 del CPP, pueden ocurrir circunstancias específicas que lleven al juez a determinar la necesidad de ordenar la privación inmediata de la libertad del acusado desde la sentencia de primera instancia o incluso desde el anuncio del sentido del fallo, con el fin de hacer cumplir la condena a pesar de que no se encuentre en firme.

 

(iii) Dado que las medidas privativas de la libertad son excepcionales y de interpretación restrictiva, en los eventos en los que el juez penal decida que es necesario ordenar la captura inmediata del acusado declarado culpable, bien sea con el anuncio del sentido del fallo o en la sentencia escrita, tiene el deber de motivar esta determinación. En su motivación, el juez deberá analizar no sólo la procedencia o no de subrogados penales, sino también otras circunstancias como el arraigo social del procesado, su comportamiento durante el proceso, el quantum punitivo al que se expone, entre otros aspectos. La Sala recalcó que estos lineamientos no son taxativos, y en esa medida los jueces penales no deben restringir la evaluación de necesidad a tales criterios, sino también valorar otras circunstancias específicas del caso concreto que sean relevantes para establecer si resulta o no imperativo ordenar la privación inmediata de la libertad.”[110]

 

59. La referida decisión de unificación previo a resolver los casos concretos estableció que para realizar el análisis de las providencias atacadas en cada asunto, era necesario que estas se examinen a la luz de la jurisprudencia vigente al momento en que se adoptaron las respectivas decisiones[111]. En aquella ocasión, la Corte Constitucional resolvió los asuntos conforme a los criterios establecidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia porque las decisiones judiciales que afectaron la libertad de los actores se profirieron en vigencia del estándar de motivación fijado por esa corporación.

 

60.  Es decir, la Sentencia SU-220 de 2024 orientó la manera de analizar las controversias que cuestionan decisiones proferidas antes de su promulgación. En concreto, frente a los asuntos en los que se discutió sobre la restricción de la libertad de los acusados en el anuncio del sentido del fallo y la motivación para hacerlo, la Sala Plena evaluó el estándar de motivación a la luz del precedente jurisprudencial más reciente establecido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encontraba vigente al momento en que se emitieron las decisiones analizadas en la referida providencia. Tales criterios fueron enunciados en el presente capítulo como precedente jurisprudencial de la jurisdicción ordinaria penal, (supra 53 y 54).

 

 

 

 

Solución a los casos concretos

 

61. Previo a analizar los casos bajo estudio, la Sala enunciará de manera esquemática las reglas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional respecto de: (i) la congruencia y (ii) el estándar de motivación de las órdenes de captura entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia escrita, ello con la finalidad de comparar las posturas de ambas cortes, tal como se observa:

 

 

62. De igual manera, es necesario realizar una precisión, previo a resolver el presente asunto. La Sala evidencia que la anterior sentencia de unificación constituye un referente relevante jurisprudencial que brinda una directriz para abordar los casos objeto de estudio, toda vez que: (i) es una decisión proferida con anterioridad a este asunto; (ii) tiene semejanzas en las situaciones fácticas expuestas y (iii) materialmente los problemas jurídicos a resolver son similares a partir de la discusión planteada, en atención a que convergen en dos aspectos: a) el principio de congruencia entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia y b) el estándar de motivación para proferir orden de captura en el anuncio del sentido del fallo; situaciones que fueron resueltas en la mencionada sentencia de unificación. Por lo expuesto, esa decisión debe tenerse presente para resolver los casos concretos.

 

63. En efecto, los presentes casos comparten circunstancias equivalentes a las consideradas en la Sentencia SU-220 de 2024, tal como se pasa a explicar:

 

 

64. Seguidamente, para resolver cada uno de los asuntos objeto de estudio, la Sala abordará su análisis de la siguiente manera: (i) identificará los hechos probados en los expedientes; (ii) evaluará los presupuestos específicos de tutela contra providencia judicial; (iii) verificará la aplicación del precedente jurisprudencial vigente al momento de proferir las decisiones atacadas; (iv) analizará el cumplimiento de los presupuestos jurisprudenciales; y (v) determinará si se configuraron los defectos invocados y se vulneraron las garantías fundamentales expuestas en las tutelas..

 

Expediente T-10.190.001

 

65. A partir del material probatorio recaudado, la Sala encontró probados los siguientes hechos:

 

(i)                                                                                                                                                     En la audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2023, el juez de conocimiento del proceso penal profirió el anuncio del sentido del fallo de carácter condenatorio, sin haberse pronunciado sobre órdenes de captura contra los procesados[112].

(ii)                                                                                                                                                   Los accionantes fueron condenados a 145,2 meses de prisión y multa de 628,5 SMLMV como coautores responsables del delito de estafa agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá[113].

(iii)                                                                                                                                                En la referida decisión se ordenó librar de manera inmediata órdenes de captura en contra de los accionantes[114].

 

Análisis de los defectos sustantivo y procedimental

 

66. Los actores en el escrito de tutela alegaron, bajo parámetros jurisprudenciales, la configuración de los defectos sustantivo y procedimental, ambos, sustentados en la presunta vulneración al principio de congruencia. Argumentaron que, a su juicio, la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada carece de congruencia. Explicaron que en el momento de anuncio del sentido del fallo el juez penal no se pronunció sobre la libertad de los accionantes. Sin embargo, lo hizo al dictar la sentencia, en la cual ordenó proferir órdenes de captura contra estos.

 

67. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que los actores atribuyen la configuración de los defectos enunciados a una eventualidad, la trasgresión del principio de congruencia, como una misma causa. Esta vulneración presuntamente se configuró cuando el juez penal no se pronunció sobre la libertad de los actores en el anuncio del sentido del fallo y posteriormente lo hizo en la sentencia.

 

68. Por ello, es necesario evaluar si existió una vulneración al principio de congruencia para determinar si el juez penal incurrió en los defectos sustantivo y procedimental alegados. Así las cosas, la Sala analizará si a la luz del precedente jurisprudencial existió o no una trasgresión al principio de congruencia.

 

69. La aplicación del precedente. Verificado las piezas procesales obrantes en el expediente ordinario adelantado por la autoridad judicial accionada, la Sala encontró que ambas decisiones, el anuncio del sentido del fallo y la sentencia, fueron proferidas el 23 de noviembre de 2023. Es decir, las referidas decisiones son anteriores a la Sentencia SU-220 de 2024, esto es, al 13 de junio de 2024. Igualmente, conforme con lo dispuesto en la referida sentencia de unificación, el presente asunto debe estudiarse bajo los criterios jurisprudenciales vigentes establecidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en concreto la Sentencia CSJ STP8591 del 23 de agosto de 2023. Lo anterior, toda vez que aquellos criterios se encontraban vigentes cuando el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito emitió las decisiones atacadas.

 

La orden de captura contenida en la sentencia condenatoria penal no desconoció el principio de congruencia respecto del anuncio del sentido del fallo y la sentencia

 

70. El precedente jurisprudencial más reciente establecido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia CSJ STP8591 del 23 de agosto de 2023, el cual se encontraba vigente al momento en que se profirió la decisión censurada señalaba que el juez penal no trasgrede el principio de congruencia al postergar la decisión de pronunciarse sobre la libertad del procesado en la etapa de anuncio del sentido del fallo y adoptarla en la sentencia.

 

71.  Esta Sala de Revisión evidenció que la autoridad judicial accionada adelantó diligencia el 23 de noviembre de 2023, en la que expuso de manera sucinta los argumentos en derecho por los cuales absolvió a los actores por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y los encontró culpables por el punible de estafa agravada, en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, en esa oportunidad no se pronunció sobre la captura en contra de los procesados. Unos instantes después, el juez de conocimiento procedió a leer la sentencia en la cual ratificó la decisión absolutoria y condenatoria en contra de los procesados. En esta oportunidad, el juzgado profirió órdenes de captura inmediatas en contra de los actores, en atención a la condena impuesta en la sentencia.

 

72. De acuerdo con lo anterior, se encuentra que contrario a lo alegado por los accionantes, el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá no transgredió el principio de congruencia al no pronunciarse sobre la libertad de los accionantes en el anuncio del sentido del fallo y, luego, hacerlo en la sentencia. Dicha determinación se ajustó al precedente jurisprudencial más reciente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vigente al momento de proferir la decisión objeto de debate, según el cual la orden de captura puede adoptarla el juez en la sentencia y dicho proceder no desconoce el principio de congruencia.

 

73. Conforme lo expuesto, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos alegados por los accionantes en el escrito de tutela de la siguiente manera:

 

74. Frente al defecto sustantivo. Es de recordar que el defecto sustantivo se configura cuando el juzgador se aparta del marco normativo que debió seguir, debido a la ocurrencia de un error o falencia en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia constitucional ha establecido que se incurre en un defecto sustantivo cuando la providencia presenta incongruencia entre los fundamentos fácticos y jurídicos y la decisión[115].

 

75. Así las cosas, no se advierte la configuración del defecto enunciado, toda vez que el juez de instancia: (i) adoptó dicha decisión con base en la facultad que posee para disponer que los acusados continúen en libertad hasta el momento de dictar sentencia, la cual está contemplada en el artículo 450 del CPP que fue declarado exequible mediante la Sentencia C-342 de 2017 y (ii) respetó el principio de congruencia conforme a lo expuesto en el precedente jurisprudencial más reciente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encontraba vigente en el momento de tomar dicha determinación. Por lo anterior, no se evidencia que la autoridad de instancia del proceso ordinario haya actuado de manera caprichosa en la interpretación del contenido normativo en la que basó su decisión. Tampoco se advierte una incongruencia en razón a lo expuesto líneas atrás.

 

76. Frente al defecto procedimental. El defecto procedimental ocurre cuando la autoridad judicial se aparta de los procedimientos establecidos en la ley para resolver una materia y esta compromete los derechos fundamentales de quien acude a la administración de justicia. La Corte Constitucional ha considerado que ocurre un defecto procedimental cuando hay un desconocimiento del principio de congruencia o consonancia, el cual se presenta ante la falta de conexión entre los hechos y las pretensiones de la demanda[116] o cuando una decisión es incoherente entre sus partes[117].

 

77. En esta oportunidad no se materializa la causal alegada, pues no se advierte que el juzgador accionado infringiera la coherencia existente entre las etapas del proceso que anteceden a la decisión que restringe la libertad de los actores en la sentencia condenatoria de primera instancia. Lo anterior, toda vez que la providencia cuestionada tiene coherencia material y conceptual al ser una determinación que respeta la estructura del proceso penal. Además, esta decisión no quebranta el principio de congruencia, en atención a que el juez penal se encuentra habilitado para postergar la decisión de pronunciarse sobre la libertad de los procesados en el anuncio del sentido del fallo y, luego, hacerlo en la sentencia, ello conforme al artículo 450 del CPP.

 

78. Por todo lo expuesto, esta Sala de Revisión concluye que el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá no incurrió en los defectos alegados por los accionantes. Tampoco trasgredió las garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de los actores, en razón a que la decisión cuestionada se adoptó bajo parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales, tal como se expuso líneas atrás.

 

Órdenes a proferir

 

79. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de tutela que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia que “negó la acción de tutela” interpuesta por Carlos Mauricio Celis Herrera y Fredy Octavio Rodríguez Agatón en contra del Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá, pero por las razones expuestas en esta sentencia.

 

Expediente T-10.196.189

 

80. A partir del material probatorio recaudado, la Sala encontró probados los siguientes hechos:

 

(i)                                                                                                                                                     Los accionantes fueron procesados y condenados penalmente por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá como coautores de la comisión de los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado, en concurso homogéneos y heterogéneos, todos en la modalidad de continuados[118].

(ii)                                                                                                                                                   En diligencia del 14 de noviembre de 2023, el despacho juzgador de instancia convocó a audiencia pública a efectos de leer el sentido del fallo[119].

(iii)                                                                                                                                                El anuncio del sentido del fallo fue de carácter condenatorio. En esa etapa, la autoridad judicial de primera instancia profirió órdenes de captura inmediatas en contra de los accionantes, por encontrarlos responsables de los delitos antes enunciados[120].

 

Análisis de los defectos de decisión sin motivación y violación directa de la Constitución

 

81. Los tutelantes argumentaron que la decisión adoptada por el juzgado accionado incurrió en los defectos de decisión sin motivación y violación directa de la Constitución. Indicaron que la privación de la libertad en su contra ordenada previamente a la firmeza de la sentencia condenatoria debió estar suficientemente motivada por su necesidad. Expusieron que la autoridad judicial no valoró la procedencia de los mecanismos sustitutivos de la pena. Tampoco realizó un juicio de adecuación de necesidad y proporcionalidad, en el que se evaluaran los fines de la medida restrictiva de la libertad.

 

82. Con base lo anterior, la Sala analizará de manera individual los yerros en los que presuntamente habría incurrido la autoridad judicial accionada. En primer lugar, evaluará si se configuró o no, el defecto de decisión sin motivación. Bajo esa óptica, deberá verificar si la actuación del juzgador de instancia concerniente a restringir la libertad de los actores en el anuncio del sentido del fallo se encuentra debidamente motivada. Dicho de otra manera, si cumple con el estándar de motivación de las órdenes de captura emitidas en dicha etapa del proceso, a la luz de los criterios jurisprudenciales; es decir, si la decisión cuenta con un mínimo de motivación sobre su necesidad, ello a la luz de la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia al momento de proferir la decisión. En segundo lugar, establecerá si se incurrió, o no, en el defecto de violación directa de la Constitución.

 

83. Por tal motivo, es necesario evaluar si se cumplió con el estándar de motivación de la medida de restricción de la libertad impuesta a los accionantes en el anuncio del sentido del fallo y con ello analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto de decisión sin motivación. Para lo cual, determinará con base en el precedente jurisprudencial si existió, o no, una indebida motivación de la decisión.

 

84. La aplicación del precedente. Con fundamento en lo expuesto en la Sentencia SU-220 de 2024[121], la Sala encuentra que la diligencia en la cual se anunció el sentido del fallo condenatorio estuvo a cargo del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá y se realizó el 14 de noviembre de 2023. Por ello, la decisión censurada es anterior a la Sentencia SU-220 de 2024, que se profirió el 13 de junio de 2024. Adicional a ello y conforme a las directrices de la mencionada SU, el presente asunto debe analizarse bajo los criterios jurisprudenciales establecidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su decisión más reciente, por cuanto aquellos criterios se encontraban vigentes cuando el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito surtió la actuación procesal mencionada.

 

Estándar jurisprudencial sobre la motivación de las órdenes de captura en el anuncio del sentido del fallo

 

85. La Sala reitera que el precedente más reciente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia CSJ STP8591 del 23 de agosto de 2023, que estudió materialmente la motivación de las órdenes de captura en el anuncio del sentido del fallo y que estaba vigente al momento de expedirse las decisiones acusadas, establecía que cuando se profiere la orden de captura inmediata en dicha etapa debe (i) existir un mínimo de motivación sobre su necesidad y (ii) enfocarse en los criterios para determinar la punibilidad y los posibles mecanismos sustitutivos de la pena.

 

86. Verificadas las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada, en diligencia del 14 de noviembre de 2023, anunció el sentido de fallo de carácter condenatorio en contra de los ahora accionantes y ordenó su captura inmediata. A su vez, justificó las medidas restrictivas de la libertad en los siguientes aspectos: (i) la responsabilidad penal de los acusados, pues indicó que aquellos son culpables “como coautores de los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y estafa en concurso homogéneo delitos imputados en la modalidad de continuados agregando circunstancias de mayor y menor punibilidad de cara a los artículos 289, 453, 246, 29, 31, 55 numeral 1 y 58 numeral 10 del código penal”[122].

 

87. (ii) El número y variedad de delitos cometidos por los procesados; (iii) el quantum punitivo en lo referente a la posible pena a imponer por la calidad y comisión de los delitos, por lo que expresó: “atendiendo lo previsto en el artículo 450 del código de procedimiento penal (…) atendiendo los delitos número de delitos y pena eventualmente a imponer se ordena la captura inmediata del señor Carlos Palacino igualmente del señor Sabogal que es sujeto pasivo de este sentido del fallo condenatorio por uno delitos graves número de delitos graves una posible pena a imponer alta y que considera esta juez por esta razones es necesario privar de la libertad a los acusados en cumplimiento de lo previsto en el artículo 450 del código de procedimiento penal”.[123]

 

88. Por último, consideró (iv) la no procedencia de los subrogados penales, frente a lo cual indicó que “en aplicación del artículo 450 del código de procedimiento penal es necesario señalar en primer lugar que frente a esta decisión no procede ningún recurso que la decisión se adopta precisamente en aplicación del artículo 450 del CPP para ambos acusados, esto es proceder a la privación inmediata de la libertad teniendo en cuenta que para este momento para esta juez los acusados no son merecedores de ningún subrogado penal esto atendiendo el número de delitos la gravedad de los delitos y la posible pena a imponer”[124]

 

89. Mínimo de motivación sobre la necesidad de la captura. El juzgado accionado presentó un mínimo de motivación sobre la necesidad de la imposición de la privación inmediata de la libertad de los accionantes. Dicha determinación se fundamentó en (i) la responsabilidad penal de los procesados; (ii) la comisión de varios delitos graves; (iii) la posible pena a imponer alta (quantum punitivo); (iv) la no procedencia de los subrogados penales y (v) la facultad conferida al juez, conforme a lo establecido en el artículo 450 del CPP. Por lo tanto, el despacho encontró necesaria la captura inmediata de los procesados.

 

90. Es así, que conforme con los argumentos expuestos por el juez de instancia al anunciar el sentido del fallo, la Sala de Revisión concluye que la autoridad judicial demandada cumplió con el estándar de motivación sobre la necesidad de las órdenes de captura que exigía el precedente de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta la operancia de los presupuestos objetivos previstos en la normatividad procesal penal.

 

91. Ahora bien, respecto a la manifestación realizada por el juez penal en cuanto a que en el caso de Carlos Palacino Antía existe una condena a 9 años de prisión, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, la Sala evidencia que aquella no hace parte de los criterios objetivos establecidos y válidos para la imposición de la medida restrictiva de la libertad. Sin embargo, resulta evidente que tal criterio no fue el único argumento expuesto y aplicado por el juzgado de instancia para sustentar la captura, por lo que su mención no tiene el alcance para invalidar la orden proferida en contra de dicho procesado, pues aquella estuvo fundada en los presupuestos objetivos considerados por la jurisprudencia vigente para ese momento.

 

92. Criterios para determinar la punibilidad y los posibles mecanismos sustitutivos de la pena. La Sala encuentra que la autoridad judicial accionada cumplió con la justificación de estos criterios. Lo anterior, toda vez que (i) analizó la posible pena a imponer por encontrar culpables a los procesados de la comisión de varios delitos graves. Concluyó que aquellos son acreedores de una condena alta, en razón a la responsabilidad penal de los punibles cometidos y (ii) manifestó que dada la calidad de delitos por los que fueron declarados culpables y la cuantificación de la pena, no era procedente conceder a los condenados la concesión de algún subrogado penal. Ello acredita el presupuesto jurisprudencial requerido al efecto.

 

93. Cabe resaltar, que la jurisprudencia vigente para ese momento solo requería de los criterios mencionados, que son (i) la punibilidad, entendida como el merecimiento de una pena como consecuencia de la comisión de un delito y (ii) la concesión de mecanismos sustitutivos de la pena. Sin embargo, el juez de instancia fue más allá de esos dos criterios y, de manera adicional, justificó la medida restrictiva de la libertad en contra de los procesados en: a) la cantidad de delitos cometidos; b) la posible pena a imponer por la comisión de los punibles (quantum punitivo) y c) la facultad concedida por el legislador contenida en el artículo 450 del CPP. Tal situación demuestra que la adopción de dicha determinación no correspondió a un actuar arbitrario y caprichoso del juzgado de instancia.

 

94. Por estas razones, esta Sala de Revisión estima que la decisión de la autoridad judicial accionada, en cuanto a la captura inmediata de los procesados, se ajustó al precedente jurisprudencial más reciente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, vigente al momento de su adopción. En consecuencia, fue una decisión motivada bajo los parámetros del artículo 450 del CPP y de los criterios establecidos en la jurisprudencia vigente.

 

95. En relación con el defecto por decisión sin motivación. La Sala concluye que el juzgado accionado no incurrió en el defecto de decisión sin motivación. Ello en razón a que las órdenes de captura se encuentran sustentadas en una argumentación fáctica y jurídica que llevó al juez de instancia a declarar la responsabilidad penal de los procesados bajo la normativa aplicable. Adicionalmente, la determinación de restricción de la libertad se adoptó con fundamento en: (i) la responsabilidad penal de los procesados por los delitos acusados; (ii) el número y variedad de delitos cometidos por aquellos; (iii) la posible pena a imponer (quantum punitivo); (iv) la no concesión de los subrogados penales y (v) la facultad conferida al juzgador de conocimiento por el artículo 450 del CPP.

 

96. Conforme con lo expuesto, estos argumentos satisfacen los criterios jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vigentes para ese momento, frente al estándar de motivación de la necesidad de la imposición de órdenes de captura en la etapa del anuncio del sentido del fallo. Situación que evidencia que la providencia atacada se encuentra debidamente fundamentada. Por tal motivo, la Sala Segunda de Revisión concluye que la autoridad judicial accionada no tomó una decisión que carezca de motivación fáctica o de fundamento legal. En otras palabras, dicha decisión no fue arbitraria ni caprichosa, ya que se fundamentó en las premisas antes mencionadas, conforme a lo prescrito por el ordenamiento jurídico y los criterios jurisprudenciales vigentes y aplicables al caso.

 

97. En relación con el defecto por violación directa de la Constitución. La Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no incurrió en este defecto al proferir las órdenes de captura en el anuncio del sentido del fallo. Lo anterior, en razón a que las medidas privativas de la libertad: (i) fueron fundamentadas en preceptos legales vigentes, lo cual materializan el contenido del artículo 230 de la Constitución, que establece que “los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”. En tal sentido, estas decisiones se adoptaron bajo parámetros constitucionales; (ii) a pesar de que restringen el derecho fundamental a la libertad, fueron proferidas en el marco de una actuación penal que se orienta y, a su vez, garantiza los principios constitucionales como el debido proceso y por tal razón, (iii) no desconoció los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad personal.

 

98. Por todo lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión concluye que la determinación de imponer órdenes de captura en el anuncio del sentido del fallo no incurrió en los defectos de decisión sin motivación y violación directa a la Constitución alegados por los actores. Por ello, el juzgado de instancia no trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad. En consecuencia, se revocarán las decisiones de tutela proferidas por las autoridades de instancia. En su lugar, se negará la solicitud de amparo promovida por los accionantes.

 

Órdenes a proferir

 

99. La Sala revocará la sentencia de segunda instancia que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Carlos Palacino Antía y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo en contra del Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá y, en su lugar, negará el amparo solicitado. En igual sentido, advertirá al juez de instancia, que en los sucesivo se abstenga de omitir pronunciarse sobre las medidas provisionales elevadas en los expedientes a su cargo. En consecuencia, que resuelva de manera oportuna aquellas solicitudes bajo los criterios jurisprudenciales establecidos por esta Corte.

 

IV.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. En el expediente T-10.190.001, CONFIRMAR la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de abril de 2024 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez, confirmó la decisión de primera instancia dictada el 27 de febrero de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.

 

SEGUNDO. En el expediente T-10.196.189, REVOCAR la sentencia emitida el 7 de marzo de 2024, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutela N° 3 de la Corte Suprema de Justicia, que, a su vez, confirmó la decisión proferida el 11 de diciembre de 2023, en primera instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por los actores, por las razones expuestas en esta providencia.

 

TERCERO. En el expediente T-10.196.189, ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá que en lo sucesivo se abstenga de omitir pronunciarse sobre las medidas provisionales elevadas en los expedientes a su cargo. En consecuencia, que resuelva de manera oportuna aquellas solicitudes, bajo los criterios jurisprudenciales establecidos por esta Corte.

 

CUARTO. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Salvamento parcial de voto

 

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

A LA SENTENCIA T-502/24

 

 

Referencia: expedientes T-10.190.001 y T-10.196.189 AC

 

Acciones de tutela instauradas por (i) Fredy Octavio Rodríguez Agatón y Carlos Mauricio Celis Herrera contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y (ii) Carlos Palacino Antía y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo contra el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá

 

Procedencia: (i) Sala de Casación Penal – Corte Suprema de Justicia y (ii) Sala de Casación Penal – Corte Suprema de Justicia, respectivamente

 

Asunto: garantía de la libertad personal y derecho al debido proceso; principio de congruencia y motivación de las órdenes de captura proferidas dentro de proceso penales en el anuncio del sentido del fallo y la lectura de la sentencia

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

 

1.                 Comparto el sentido de la decisión adoptada por la Sala de Revisión en relación con el expediente T-10.190.001, en cuanto a confirmar el fallo mediante el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó, a su vez, la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el sentido de negar el amparo reclamado. En efecto, estoy de acuerdo con la conclusión de que en el caso bajo estudio no se configuraron los defectos sustantivo y procedimental invocados, en tanto no se desconoció el principio de congruencia al dictar la orden de captura al proferir sentencia condenatoria.

 

2.                 Sin embargo, tomo distancia de la decisión proferida en esta sede de revisión respecto del expediente T-10.196.189, consistente en revocar el fallo por el cual la Sala de Casación Penal confirmó lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto a declarar improcedente la acción de tutela, para, en su lugar, negar el amparo solicitado por los accionantes. Considero, en contraste con la mayoría de la Sala, que en este segundo asunto sí había lugar a reconocer la lesión iusfundamental derivada de los defectos de decisión sin motivación y violación directa de la Constitución y que, por tanto, lo que correspondía era conceder la tutela.

 

3.                 En criterio del suscrito, en este segundo expediente de cuya resolución me aparto, si la validez de la decisión de privación de la libertad adoptada por la autoridad judicial accionada debía evaluarse a partir de los criterios sentados por la Sala de Casación Penal para la época de los hechos –como en efecto se establece en la sentencia–, entonces un análisis a partir del principio pro persona y de la libertad como principio rector de nuestro sistema penal ha debido conducir a la Sala Segunda de Revisión a tomar como parámetro para este caso el criterio más garantista aceptado por el órgano de cierre para ese momento, esto es, aquel establecido en la decisión proferida el 8 de junio de 2023, que establece un estándar de motivación más exigente para ordenar la captura[125].

 

4.                 De acuerdo con la providencia del 8 de junio de 2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la negativa a subrogados penales no es razón suficiente para disponer la privación de la libertad, por lo que se debe evaluar la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la restricción de la libertad, así como aspectos subjetivos relativos al arraigo social, el comportamiento procesal, el quantum punitivo al cual se expone el implicado y factores propios de cada delito, tales como, el resarcimiento del daño, entre otros. En dicha providencia, el órgano de cierre determinó que el juez penal debía complementar la decisión de orden de captura y que debía justificar la necesidad de privar de la libertad al procesado de conformidad con los anotados criterios[126].

 

5.                 Estimo oportuno resaltar además que, tal como lo ha relievado la Sala Plena de la Corte Constitucional[127], dicho criterio garantista acogido por la Sala de Casación Penal en la decisión del 8 de junio de 2023 guarda consonancia con lo sostenido en control abstracto por esta Corporación en la Sentencia C-342 de 2017 a propósito del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, así como con la interpretación sentada en control concreto en la Sentencia T-082 del 24 de marzo de 2023.

 

6.                 Pues bien: teniendo en cuenta que la decisión censurada en el expediente T-10.196.189 fue proferida el 14 de noviembre de 2023, en el marco de la audiencia en la cual Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá emitió sentido de fallo de carácter condenatorio y ordenó la captura inmediata de los acusados, es claro que para ese momento ya se había acogido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria –en línea con la postura desarrollada por la Corte Constitucional– una interpretación que exigía del juez penal un estándar de motivación elevado para disponer la privación de la libertad sustentado tanto en el análisis de los supuestos normativos objetivos como en el de ciertos aspectos subjetivos que, para el caso bajo estudio, no se advierte que hayan sido integralmente examinados por la autoridad jurisdiccional accionada.

 

7.                 En ese orden de ideas, considero que la evaluación de la decisión de captura basada en el criterio más garantista avalado por la propia Corte Suprema de Justicia permite concluir que, al menos, sí se configuró el defecto de ausencia de motivación invocado por los promotores de la acción de tutela. Ante tal constatación, la Sala de Revisión estaba llamada a conjurar la lesión iusfundamental y, como remedio judicial, a ordenar que se realizara un nuevo estudio sobre la justificación de la decisión de privación de la libertad que recayó sobre los procesados, habida cuenta de que, como se comprobó en virtud del decreto de pruebas en sede de revisión, la situación jurídica particular de estas personas sigue afectada por las órdenes de captura que les fueron impuestas sin la observancia del deber estricto de motivación que, como hoy sabemos, amerita una restricción de este tipo.

 

8.                 Vistos, como en efecto se advirtieron, los efectos que están produciéndose actualmente con la reclusión intramural de los accionantes mientras se encuentra en curso la apelación, en este caso la Sala ha debido maximizar el principio pro persona de cara a la labor hermenéutica cuando parece existir más de una vía interpretativa disponible y, bajo esa comprensión, reafirmar la libertad en tanto principio rector del procedimiento penal y el carácter excepcional de su restricción. Nada obstaba, pues, para proseguir con la actuación penal que está en curso habiéndoseles permitido a los procesados afrontar la segunda instancia con la garantía de que sus capturas estuvieran plenamente motivadas conforme al estándar estricto que la jurisprudencia, tanto constitucional como ordinaria, ha reconocido.

 

9.                 Sin embargo, en esta Sentencia T-502 de 2024 la Sala de Revisión debió revisar con mayor cuidado cuáles eran los diferentes criterios existentes al interior de la Corte Suprema de Justicia antes de la unificación de jurisprudencia realizada por esta Corporación en la Sentencia SU-220 de 2024. Haber prestado mayor atención a esa divergencia de posturas jurisprudenciales y haberla valorado bajo el prisma de los principios superiores que deben orientar las decisiones relativas a la privación de un valor y un derecho tan caro como la libertad, habría llevado a la Sala –en mi opinión– por un rumbo distinto. En definitiva, tal postura habría permitido arribar a la conclusión de que la orden de captura dictada por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá sí adoleció de un déficit de motivación y, por tanto, que había lugar a otorgar el amparo de los derechos fundamentales deprecado por los demandantes.

 

10.             En los términos anteriores dejo consignado mi salvamento parcial de voto respecto de la Sentencia T-502 de 2024, proferida por la Sala Segunda de Revisión, con el respeto pleno que profeso por la decisión mayoritaria.

 

Fecha ut supra,

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado