TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia T-536/24

 

 

DERECHO A LA SALUD DEL DOCENTE-Solicitud de traslado de docente por razones de salud/EJERCICIO DEL IUS VARIANDI Y SUS LIMITES CONSTITUCIONALES EN CASOS DE TRASLADO DE DOCENTES-Límites a la discrecionalidad de la administración cuando vulnera derechos del docente y su núcleo familiar

 

La Corte ha señalado que el ius variandi otorga a la administración la potestad de modificar las condiciones laborales de los docentes. No obstante, su ejercicio debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad por razones de salud.

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Reiteración de jurisprudencia/TEMERIDAD EN LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Inexistencia en este caso/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Casos en los que se considera inexistencia de la temeridad

 

(…), la presentación de esta nueva acción de tutela no constituye automáticamente un acto de temeridad ni configura cosa juzgada constitucional, dado que los nuevos hechos y la situación de indefensión del accionante justifican la necesidad de una nueva evaluación judicial.

 

ACCION DE TUTELA PARA TRASLADO DE DOCENTE-Procedencia excepcional por vulneración de derechos del trabajador o su núcleo familiar

 

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Persona con discapacidad o con alguna enfermedad grave/DERECHO A LA SALUD MENTAL-Protección diferenciada

 

ACCIÓN DE TUTELA-Inexistencia de hecho superado

 

En la situación de provisionalidad que enfrenta el actor, permanece latente la zozobra acerca de la decisión final de traslado a otra zona PDET, de manera que no ha desaparecido el hecho generador de la supuesta afectación de los derechos fundamentales invocados, en particular, la salud mental del actor y sus dos hijas.

 

NIÑOS Y NIÑAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION E INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Protección y prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás

 

DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA UNIDAD FAMILIAR-Reiteración de Jurisprudencia

 

IUS VARIANDI-Alcance y límites/TRASLADO DE DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO-Regulación

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN-Doble dimensión como un derecho y un servicio público con función social

 

SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA DOCENTE PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO-Creación de planta de cargos específica pretende la dedicación específica de aquellos docentes que en virtud de este procedimiento especial de selección ingresen

 

TRASLADO DE DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO-Reglamentación especial cuando el servicio educativo se presta en instituciones ubicadas en zonas afectadas por el conflicto armado

 

(…), los traslados de docentes vinculados mediante el concurso de méritos de carácter especial solo podrán efectuarse a cargos dentro de las plantas de esa misma naturaleza adoptadas por las entidades territoriales certificadas en educación, cuya vigencia será igual a la de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

 

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Protección constitucional e internacional

 

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Concepto y alcance/DERECHO A LA SALUD MENTAL-Marco normativo

 

DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Derecho a gozar de un estado completo de bienestar físico, mental y social dentro del nivel más alto posible

 

La dignidad no solo es un principio ético y jurídico que orienta las decisiones normativas, sino que también es un derecho exigible y justiciable. Esto implica que los ciudadanos pueden demandar del Estado y de la sociedad el respeto de su dignidad, así como el acceso a condiciones materiales que aseguren una existencia digna, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

—Sala Cuarta de Revisión—

 

SENTENCIA T- 536 DE 2024

 

Referencia: Expedientes T-9.974.595 y T-10.051.603 (acumulados)

 

Asunto: Acción de tutela de Carlos Rodríguez contra la Secretaría de Educación Departamental de Delta y Juan Pérez contra la Secretaría de Educación Departamental de Omega.

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade

Síntesis de la decisión

 

La Corte estudió dos casos de educadores que solicitaban el traslado docente por razones de salud mental. En el primer caso, el accionante afirmó que la entidad encargada de autorizar el traslado desconoció sus derechos fundamentales y los de sus dos hijas menores de edad a la salud mental, al trabajo en condiciones dignas, a la unidad familiar y al debido proceso. Lo anterior, al abstenerse de realizar el traslado definitivo al Municipio de Eta (Delta), que garantice la unidad familiar y las condiciones adecuadas para su salud mental, sin considerar sus circunstancias personales y las de su familia, en particular, las afectaciones psicológicas del núcleo familiar y, en su lugar, exigir la escogencia de cinco municipios. En el segundo caso, el educador alegó que la accionada desconoció sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso y a la protección especial a las personas con discapacidad, pues esa entidad negó su traslado argumentando la falta de plazas disponibles, sin considerar su particular situación de salud.

 

En este contexto, la Sala estableció dos problemas jurídicos: (i) si ¿la Secretaría de Educación Departamental de Delta vulneró los derechos fundamentales de Carlos Rodríguez al trabajo en condiciones dignas, a la salud y al debido proceso, así como los derechos fundamentales de sus dos hijas menores de edad a la unidad familiar y al interés superior de las niñas, al abstenerse de realizar el traslado definitivo, sin considerar sus circunstancias personales y las de su familia, en particular, las afectaciones psicológicas del núcleo familiar?; y (ii) si ¿la Secretaría de Educación Departamental de Omega vulneró los derechos fundamentales de Juan Pérez a la salud, al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso y a la protección especial y reforzada, al no tener en cuenta en sus reiteradas solicitudes de traslado la situación de salud del accionante, en particular, las recomendaciones médicas de su caso?

 

En relación con el primer problema jurídico, la Sala evidenció que el actor y sus hijas, incluyendo a su pareja, presentan graves afectaciones en su salud mental como consecuencia de la situación de violencia que tuvieron que afrontar en el municipio de Zeta al que actualmente se encuentra vinculado el educador, sin que ello fuera considerado con suficiencia por la accionada y por los jueces de instancia. También, advirtió que, pese a que actualmente el actor está en comisión en el municipio de Eta, el señor Rodríguez permanece vinculado a la institución educativa del municipio del cual fue desplazado por la violencia, junto con su familia.

 

Asimismo, la Corte constató que el accionante solicitó a la Secretaría de Educación accionada el traslado por expresos motivos de salud y unidad familiar, presentándole como opción el municipio de Eta (Delta), priorizado en los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (en adelante PDET). No obstante, la accionada limitó su respuesta a los motivos de seguridad y no abordó, de manera suficiente, los motivos familiares y de salud aducidos por el actor. Además, las actuaciones de la accionada (por ejemplo, indicarle que debía trasladarse a una zona PDET fuera de ese municipio y pedirle algunas correcciones), constituyeron un obstáculo administrativo y generaron incertidumbre sobre su situación laboral y en la estabilidad emocional de él y sus hijas menores, situación especialmente crítica dada la afectación psicológica del núcleo familiar. Así, la posibilidad de regresar a la entidad territorial de la que fue desplazado por la violencia y a la cual, en algún momento deberá regresar por ser el lugar al cual está vinculado, evidencia la afectación a sus derechos y los de sus hijas.

 

En este orden de ideas, la Sala concluyó que la accionada vulneró los derechos fundamentales del accionante y de sus hijas al omitir realizar un análisis integral sobre su solicitud de traslado que considerara las pruebas aportadas, en particular, las historias clínicas, que evidenciaban las afectaciones psicológicas del actor y su núcleo familiar y, limitarse a exigir la escogencia de cinco municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En consecuencia, ordenó que, en el término de ocho (8) días posteriores a la notificación de esta sentencia, la Secretaría de Educación resuelva de manera integral y fundamentada la solicitud de traslado presentada por el accionante, teniendo en cuenta la importancia de proteger la salud mental, el derecho de las niñas a la unidad familiar, la protección de su interés superior y las necesidades del servicio educativo en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de acuerdo con lo señalado en esta providencia.

 

En relación con el segundo expediente, la Corte determinó que los traslados de docentes, particularmente aquellos motivados por razones de salud, deben regirse por los principios de buena fe, celeridad y dignidad humana. Estos principios exigen que las autoridades impulsen los procedimientos y eviten cualquier dilación y retraso injustificado. En ese sentido, concluyó que la Secretaría de Educación de Omega había vulnerado los derechos fundamentales del docente. Esto se fundamentó en que, durante el trámite de tutela, se evidenció que el accionante sufre trastornos de salud mental y había solicitado varias veces su traslado, lo cual está respaldado por informes médicos. Pese a ello, la entidad accionada no ha dado una respuesta suficiente al accionante, alegando una presunta ausencia de vacantes, con información contradictoria sobre este punto y sin observar las recomendaciones médicas emitidas en el caso del actor.

 

La Sala de Revisión concluyó que estas acciones vulneraron los derechos fundamentales del docente, pues el ejercicio de las facultades administrativas de la Secretaría de Educación no justifica omitir las recomendaciones médicas que apuntan a garantizar su bienestar y salud mental. Por lo tanto, le ordenó a la Secretaría de Educación de Omega que, en el término de ocho (8) días posteriores a la notificación de esta sentencia, resuelva de manera integral la solicitud de traslado presentada por el accionante, evaluando específicamente el dictamen del comité médico laboral y las recomendaciones médicas relacionadas con su bienestar mental. Asimismo, precisó el deber de la accionada de actuar con diligencia, evitando cualquier tipo de trabas u obstáculos administrativos que desconozcan los derechos del accionante, asegurando que su pronunciamiento incluya un análisis detallado de las pruebas aportadas y respetando las recomendaciones médicas emitidas por el comité laboral, en atención a su situación de salud mental.

 

Bogotá D.C., 19 de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, han proferido la siguiente sentencia:

 

Aclaración preliminar: Los expedientes T-9.974.595[1] y T-10.051.603[2] involucran aspectos relacionados con la información reservada de los accionantes y su núcleo familiar. Por ende, esta Sala de Revisión emitirá dos copias del mismo fallo, la versión que publique la Corte Constitucional en su página web sustituirá el nombre de los accionantes y su familia por unos ficticios, con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015 y en la Circular 10 de 2022 de esta Corporación.

 

I.                   ANTECEDENTES

 

A.               Hechos

 

Expediente T-9.974.595

 

1.                 Carlos Rodríguez indicó que su núcleo familiar está compuesto por su compañera permanente[3], sus dos hijas de 6 y 8 años de edad[4] y su abuela de 90 años de edad, quienes dependen económicamente de él[5]. Afirmó que su familia pertenece a la comunidad indígena étnica[6] y que actualmente residen en el municipio de Eta (Delta)[7].

 

2.                 De acuerdo con la acción de tutela, el 1° de marzo de 2021 el accionante fue nombrado como docente, en periodo de prueba, en la Institución Educativa Rural La Granja, en el municipio de Zeta (Delta)[8]. Posteriormente, fue nombrado en propiedad mediante la Resolución 1265 del 25 de febrero de 2022[9]. En tal sentido, el señor Carlos Rodríguez matriculó a sus hijas en la institución educativa La Cumbre [10], adquirió un terreno y construyó una vivienda con el fin de establecerse cerca a su lugar de trabajo.

 

3.                 Según el tutelante, en el año 2022, hubo un incremento de violencia en esa zona y grupos ilegales convirtieron su área de residencia (ubicada cerca de la carretera), en un punto para la realización de retenes y actividades relacionadas con el conflicto armado. Mencionó que esos grupos utilizaron su vivienda como un “lugar de escampe” y que se registraron enfrentamientos entre aquellos y el Ejército Nacional, así como varias masacres, incluida una, en la que asegura, fallecieron 18 personas[11].

 

4.                 El accionante resaltó que, debido a esa situación y al impacto psicológico y emocional que esto le causó a sus hijas, se vio obligado a regresarlas a Eta (Delta). Agregó que las menores de edad iniciaron un tratamiento psicológico en la IPS de Delta S.A.S[12] y que, en el Hospital Psiquiátrico Del Carmen de la ciudad de Pasto (Nariño), fueron diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático y trastorno de ansiedad[13]. Asimismo, mencionó que él fue diagnosticado con trastorno de ansiedad mixta[14] y que su compañera permanente recibe tratamiento psicológico desde enero de 2023[15] en la ciudad de Pasto, pues en Eta no existe un centro de atención psiquiátrica adecuado para su tratamiento lo que, para el tutelante, agrava su situación como padre cabeza de familia.

 

5.                 El 20 de enero del 2023[16] (según la Resolución 0200) el accionante obtuvo la condición temporal de amenazado por parte de la Secretaría de Educación del Delta. Mediante la Resolución 0760 del 27 de febrero del mismo año, fue trasladado a la Institución Educativa Rafael Núñez del municipio de Eta (Delta), hasta que se determinara con carácter definitivo esa condición. Posteriormente, el 27 de marzo del 2023[17], fue incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) por los hechos victimizantes de “desplazamiento forzado y amenaza”[18].

 

6.                 De acuerdo con la acción de tutela, en junio de 2023, el señor Carlos Rodríguez solicitó a la Secretaría de Educación del Delta un traslado por motivos de salud y unidad familiar[19]. En julio del mismo año, la Secretaría le informó al accionante que el traslado no podía ser concedido al municipio de Eta (Delta), sino que debía tramitarse a una zona PDET[20], fuera de ese municipio, lo que le implicaría abandonar nuevamente a su familia y agravar su situación psicológica y emocional.

7.                 El 24 de mayo de 2023, en el marco de otra acción de tutela, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Delta, ordenó a la Secretaría de Educación del Delta, presentar un listado de todas las vacantes existentes en el Municipio de Eta (Delta) pero, según lo afirmado por el accionante, esa entidad no dio respuesta[21].

 

Expediente T-10.051.603

 

8.                 Juan Pérez indicó que está vinculado con la Secretaría de Educación departamental de Omega bajo la modalidad de nombramiento en propiedad[22].

 

9.                 En 2012 fue diagnosticado con trastorno depresivo recurrente y trastorno de adaptación[23]. Según el accionante, la sintomatología se mantiene a la fecha de presentación de la presente acción de tutela[24]. Explicó que por esa razón debe tomar diariamente los medicamentos de Venlafaxina, Levomepromazina y Lorazepam[25]. Según el tutelante, su situación de salud se debe al acoso laboral sufrido durante años lo que, afirma, motivó traslados previos en 2012 y en 2021.

 

10.            De acuerdo con la acción de tutela, diferentes informes médicos recomiendan medidas para mejorar su situación laboral y salud mental. Entre las que se encuentran la reubicación en otro puesto de trabajo, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral y el seguimiento a las recomendaciones médicas. A pesar de estas recomendaciones, el accionante asegura que la Secretaría de Educación accionada no ha tomado las medidas para implementarlas de manera adecuada, lo que ha tenido un impacto negativo en su salud mental.

 

11.            Asimismo, indica que la Institución Tecnológica de Beta (ITB) -su lugar de trabajo- no ha cumplido con las medidas terapéuticas sugeridas a raíz de las prescripciones médicas del 04 de octubre de 2022[26], lo que -reitera- ha ocasionado un notable deterioro en su salud mental. Además, asegura que, tras una evaluación del puesto de trabajo realizada el 21 de marzo de 2023 por la Unión Temporal Medisalud UT[27], se generaron recomendaciones que, según el actor, tampoco fueron implementadas por esa Institución.

 

12.            De acuerdo con la acción de tutela, el 04 de mayo de 2023 la Unión Temporal Riesgos Laborales 2020 emitió nuevas sugerencias, incluida la reubicación laboral del accionante, para evitar el agravamiento de sus síntomas y garantizar su estabilidad emocional. A pesar de esto, el demandante asegura que la Institución Tecnológica de Beta no adoptó ninguna medida.

 

13.            El 06 de mayo de 2023, el accionante solicitó a la Secretaría de Educación de Omega la implementación de las recomendaciones médicas, incluyendo su reubicación laboral[28], teniendo en cuenta “el concepto de Medicina Laboral del 11 de abril de 2023, suscrito por el Galeno Francisco Romero, el Dictamen Médico Laboral del 4 de mayo de 2023, suscrito por la Doctora Sandra Gomez y 7 profesionales más de la Unión Temporal Riesgos Laborales 2020, y el informe de resultados 'ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE PUESTO DE TRABAJO' del 21 de marzo de 2023, elaborado por Roberto Meneses[29]”.

 

14.            Mediante respuesta del 08 de mayo de 2023[30], la entidad accionada comunicó al accionante que se había iniciado un proceso de verificación para identificar las plazas disponibles que permitieran su traslado a una institución educativa donde pudieran implementarse las recomendaciones médicas y, le informó que, una vez concluidos los trámites correspondientes, se le informaría el procedimiento a seguir.

 

15.            Posteriormente, en comunicado del 06 de julio de 2023, la accionada le informó al tutelante que el traslado había sido discutido en la mesa técnica del 19 de mayo de ese mismo año[31]. La Secretaría detalló que, aunque no se disponía de vacantes en el área de interés del demandante (formación artística y música) en el municipio de Beta (Omega), adjuntó una lista provisional de plazas a nivel departamental en esa área para su conocimiento y posible aceptación. De manera textual la accionada señaló: “[i]gualmente, y sobre las recomendaciones de traslado me permito informarle que el tema fue tratado el día 19 de mayo de 2023 en comité de mesa técnica de traslados, en el cual se establece que se realizará solicitud sobre los cargos que se encuentran disponibles en el área de su interés con el fin de que usted tenga conocimiento y de ser de su interés se realice el respectivo traslado de la manera más pronta posible”[32].

 

16.            El 13 de julio de 2023[33] el accionante le solicitó a la Secretaría de Educación el traslado a la Institución Educativa San Francisco - Sede Principal.  El 04 de agosto de 2023 esta le comunicó que su solicitud sería evaluada en la próxima sesión de la denominada “mesa técnica de traslados”[34]. Ante la falta de respuesta definitiva por parte de la entidad, el tutelante elevó una nueva petición el 10 de agosto de 2023[35].

 

17.            El 01 de septiembre del mismo año, la entidad accionada le comunicó al actor que la mesa técnica de traslados se reuniría el 05 de septiembre siguiente[36], con el fin de resolver el tema que había sido discutido en el mes de mayo. El accionante presentó nuevas solicitudes el 11 de septiembre y 5 de octubre de 2023[37], exigiendo una respuesta clara, definitiva y de fondo sobre su traslado.

 

18.            El 24 de octubre de 2023[38] la accionada le informó al actor que no era factible acceder al traslado debido a la ausencia de vacantes. Para el tutelante, esta respuesta contradecía lo mencionado en el comunicado del 06 de julio de 2023, en el que se le había asegurado la disponibilidad de plazas en el área de su interés a nivel departamental.

 

19.            Finalmente, el accionante expuso que, la falta de atención efectiva a las recomendaciones médicas por parte de la entidad accionada ha generado un “ambiente laboral precario y una situación de acoso laboral continuo”. En ese sentido, considera que la omisión de la Secretaría de Educación y su falta de gestión frente dichas recomendaciones, ha afectado sus derechos, a pesar de los informes médicos que respaldan la necesidad de tomar “medidas urgentes”.

 

B.               Trámite de las acciones de tutela acumuladas

 

Expediente T-9.974.595

 

Presentación y admisión de la acción de tutela

 

20.            El 23 de agosto de 2023[39], Carlos Rodríguez, interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación del Delta por la presunta vulneración de sus derechos a “la igualdad, al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y seguras, a la vida, a la integridad personal, al núcleo familiar, la unificación familiar y los derechos fundamentales de los menores de edad”. En consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y que se le ordenara a la entidad accionada, su traslado a una institución educativa en el municipio de Eta (Delta), para ocupar el cargo de docente, ante la disponibilidad de plazas “las cuales fueron reportadas por la secretaria de educación de Delta, [...] próximamente por retiro forzoso o provisionalidad”.

 

21.            El 05 de septiembre de 2023, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Mocoa (Delta), admitió la acción de tutela de la referencia, notificó a la entidad accionada y vinculó a esta acción constitucional a la IPS Delta, al Hospital Del Carmen de Pasto, al Hospital Infantil, al Ministerio de Educación Nacional, al Ejército Nacional, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la I.E. Rural La Granja (Zeta- P), y a la I.E Rafael Núñez (Eta), al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito y al Tribunal Administrativo [40].

 

Respuesta de la accionada y sujeto(s) vinculado(s)

 

22. La Secretaría de Educación del Delta. La accionada señaló que, en el marco del Decreto 1075 de 2015, se regulan los procedimientos de traslado en el ámbito educativo. Respecto de los traslados no sujetos al proceso ordinario, como los traslados por razones de seguridad, la Secretaría indicó que se permite a la autoridad nominadora efectuarlos en cualquier época del año lectivo[41]. En el caso del actor, afirmó que no se han cumplido los procedimientos requeridos para solicitar un traslado por razones de seguridad, evidenciándose que el actor haya iniciado un proceso formal con esa solicitud. Por lo tanto, consideró que, al no agotar estos procedimientos, no se cumple con el requisito de subsidiaridad para interponer una acción de tutela y solicitó declarar su improcedencia.

 

23. Hospital Infantil. El Hospital indicó que la acción de tutela está dirigida específicamente contra la Secretaría de Educación y no contra esa institución, por lo que solicitó el archivo de la actuación en lo que respecta a su vinculación[42].

 

24. La Comisión Nacional del Servicio Civil. Informó que ya existe una acción de tutela presentada por el señor Carlos Rodríguez ante el Juzgado Segundo Administrativo (radicado No. 86001333002 2023 00000 00). Refirió que en esa oportunidad se buscó resolver los mismos hechos y pretensiones que se exponen en esta acción de tutela, lo que la hace improcedente. Además, señaló que esa entidad no tiene competencia sobre los traslados de docentes ya que este proceso es responsabilidad exclusiva de las entidades territoriales certificadas en educación[43].

 

25. El Tribunal Administrativo. Remitió el enlace para acceder al expediente de tutela[44], en particular, lo considerado en la providencia de fecha 10 de julio de 2023, en la que se confirmó la decisión tomada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Delta[45].

 

 

Expediente T-10.051.603

 

Presentación y admisión de la acción de tutela

 

26. El 29 de noviembre de 2023[46], Juan Pérez interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación de Omega, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, salud, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas, protección especial y reforzada de personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad manifiesta[47]. En consecuencia, solicitó el amparo de estos derechos y que se ordene a la Secretaría de Educación accionada realizar el traslado extraordinario a la Institución Educativa San Francisco Sede Principal del Municipio de Gama (Omega), conforme a las recomendaciones establecidas en el “Análisis Psicosocial de Puesto de Trabajo” y en el dictamen médico laboral[48]. Además, requirió la remisión de copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario o a la Procuraduría Provincial para iniciar investigaciones disciplinarias en contra de la Secretaría de Educación de Omega, los funcionarios de la Mesa Técnica de Traslados y otros funcionarios particulares, por supuestas negligencias, omisiones y desidia en su proceso de traslado.

 

27. El 01 de diciembre de 2023, el Juzgado de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia, notificó a la entidad accionada y vinculó a esta acción constitucional a la Institución Tecnológica de Beta (ITB), a la Institución Cooperativa, al Hospital Regional, a la Unión Temporal Riesgos Laborales 2020, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPAST), a Medisalud UT, y a Potencial Más Humano S.A.S[49].

 

i.Respuesta de la accionada y sujeto(s) vinculado(s)

 

28. La Secretaría de Educación de Omega. La accionada solicitó desestimar las pretensiones de la acción de tutela. Señaló que, si bien el accionante sufre una “patología emocional”, su solicitud de traslado fue ejecutada conforme al Decreto 1075 de 2015. Explicó que, según tal regulación, cuando no hay vacantes disponibles no es procedente atender esa solicitud. En tal sentido, reiteró que no existían vacantes disponibles en las instituciones educativas del departamento para el área de educación artística-música. Agregó que las solicitudes de traslado por razones de salud deben ser estudiadas en una mesa técnica específica y que, hasta el momento, no se habían recibido instrucciones relacionadas con el accionante. Respecto a las recomendaciones médicas puestas de presente, aseveró que tal actuación requería de un proceso previo y que la reubicación del actor en todo caso no era una medida principal e inmediata.

 

29. Adicionalmente, la accionada informó que el tutelante ya había presentado una acción de tutela ante el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales  , bajo el radicado Tutela No. 2013-00000-00, con los mismos hechos y pretensiones que ahora presenta. Señaló que la acción de tutela no debe ser utilizada repetidamente contra la misma parte por los mismos motivos.

 

30. El Hospital Regional. La entidad de salud solicitó la desvinculación del presente proceso, pues no vulnerado ningún derecho fundamental[50].

 

31. Medisalud UT. La entidad alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y responsabilizó a la Secretaría de Educación departamental[51].

 

32. Las demás entidades guardaron silencio.

 

C.               Decisiones judiciales objeto de revisión

 

Expediente T-9.974.595

 

Primera instancia

 

33. En sentencia del 25 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Penal Municipal , negó la acción de tutela. Esta decisión se fundamentó en que el accionante había presentado previamente acción de tutela con número de radicación 86001333002 2020 00000 00, ante el mismo juzgado en la que se discutieron los mismos hechos y pretensiones, siendo esta decisión confirmada por el Tribunal Administrativo. Asimismo, concluyó que tal conducta constituía temeridad[52].

 

Impugnación

 

34. El accionante impugnó la decisión anterior. Argumentó que el juez de primera instancia pasó por alto la existencia de nuevos hechos que evidencian la violación a sus derechos fundamentales como la salud, seguridad social, administración de justicia, igualdad, trabajo, y los derechos de su núcleo familiar en conexión con los derechos fundamentales de los menores de edad. Además, destacó que, el despacho no considerara su pretensión de traslado por condiciones de salud.

 

35. El impugnante expuso que había presentado una solicitud de traslado por salud y unificación familiar a la Secretaría de Educación del Delta el 06 de junio de 2023. La respuesta del 24 de julio de 2023 le indicó que podría tramitar el traslado a una zona PDET, fuera del municipio de Eta (Delta), lo que implicaba abandonar nuevamente a su familia y agravar la situación de salud mental de sus hijas y pareja. Asimismo, puso de presente la circular 343 emitida por esa Secretaría de Educación el 28 de diciembre de 2022[53], en la que se evidencian vacantes disponibles para docentes de primaria, y precisó la existencia de puestos disponibles que permitían considerar su traslado al referido municipio por razones de salud[54].

 

Segunda instancia

 

36. El Juzgado Tercero Penal, en sentencia del 05 de diciembre de 2023, confirmó el fallo de tutela de primera instancia. Argumentó que, si bien el actor ya contaba con un fallo de tutela previo, al haber incorporado nuevos hechos y pretensiones, no se consideró un acto temerario. Sin embargo, respecto a la negativa de traslado por parte de la entidad demandada, determinó que, si bien el accionante hizo referencia al estado de salud de sus hijas, no acreditó su situación de salud mediante un dictamen del comité de medicina laboral, por lo que decidió confirmar la decisión impugnada[55].

 

Expediente T-10.051.603

 

37. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Beta (Omega), en sentencia del 13 de diciembre de 2023, estableció que el problema jurídico a resolver se centraba en la posible vulneración del derecho de petición del actor, ante la falta de respuesta a la solicitud elevada por el accionante el 05 de octubre de 2023. En este sentido, expuso que la respuesta proporcionada por la Secretaría de Educación accionada, aunque tardía, fue clara, precisa y congruente con lo solicitado[56]. En consecuencia, negó el amparo al considerar que no se había vulnerado ese derecho fundamental.

 

38. La decisión no fue objeto de impugnación.

 

D.               Trámite ante la Corte Constitucional

 

39.  La Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte Constitucional, seleccionó para revisión los expedientes de la referencia y dispuso acumularlos entre sí, por presentar unidad de materia, con el fin de que fueran repartidos conjuntamente a una misma Sala de Revisión, siendo asignados para estudio a la Sala Cuarta de Revisión^[57], presidida por el magistrado Vladimir Fernández Andrade.

 

40. Auto de pruebas del 08 de julio de 2024[58]. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, previa verificación de los expedientes acumulados, la Sala Cuarta de Revisión, ordenó la práctica de pruebas adicionales y la suspensión de términos en el proceso de la referencia.

 

41. En el expediente T-9.974.595, la Corte solicitó al actor información sobre su situación laboral actual, su historia clínica y la de su núcleo familiar, así como algunas precisiones sobre sus solicitudes de traslado por motivos de salud. Igualmente, requirió a la Secretaría de Educación del Delta para que suministrara información relacionada con la ubicación del lugar de trabajo del accionante, los centros de salud mental cercanos y las plazas docentes disponibles. Además, pidió al Juzgado Segundo Administrativo  la copia íntegra del expediente de tutela radicado bajo el número 86001333002 2020 0000 00.

 

42. En el expediente T-10.051.603, la Corte solicitó al actor información sobre su ambiente laboral y su historia clínica en el último año. También requirió a la Secretaría de Educación de Omega para que proporcionara información sobre las actuaciones relacionadas con la situación de salud y las solicitudes de traslado docente realizadas por el accionante. Además, pidió al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas la copia íntegra del expediente de tutela radicado bajo el número 15001410500120130000000.

 

Expediente T-9.974.595

 

43. El accionante informó que “actualmente se desempeña como docente de aula en la Institución Educativa Rafael Nuñez, [ubicada en el Municipio de Eta (Delta)] en el grado 2-1”, y que su nombramiento se realizó mediante la Resolución Número 4645 del 20 de diciembre de 2023[59]. A continuación, se presenta el contenido del informe rendido por el actor[60]:

 

 

44. El siguiente cuadro presenta la información remitida por la accionada (Secretaría de Educación del Delta[61]):

 

 

 

Expediente T-10.051.603

 

45.  El señor Juan Pérez, y la Secretaría de Educación Departamental de Omega, no remitieron la información solicitada por el Magistrado Sustanciador, a pesar de haber sido debidamente notificados.

 

46. En cuanto a los despachos judiciales requeridos en los dos expedientes acumulados, se recibieron respuestas del Juzgado 02 Administrativo el 1 de agosto de 2024, quien proporcionó acceso al expediente 8600133300220130000 00; y del Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales el 15 de julio de 2024, quien proporcionó acceso al expediente 1500141050012023000000.

 

 

II.              CONSIDERACIONES

 

A.               COMPETENCIA

 

47. La Sala de Revisión es competente para revisar las acciones de tutelas de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991; así como en virtud del auto del 22 de marzo de 2024,^[62] proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.

 

B.               CUESTIÓN PREVIA – VERIFICACIÓN DE LA EVENTUAL CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y TEMERIDAD

 

48. El inciso primero del artículo 243[63] de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está sujeta a los parámetros de la cosa juzgada constitucional. En consecuencia, las sentencias proferidas por las diferentes salas de revisión de tutelas de la Corte Constitucional, así como aquellas que no son seleccionadas para revisión, hacen tránsito a cosa juzgada. La cosa juzgada constitucional es una “institución procesal con un efecto impeditivo para emitir un nuevo pronunciamiento judicial sobre un asunto ya decidido”[64]. En tal sentido, asegura que las controversias que ya han sido resueltas por las autoridades judiciales competentes no sean reabiertas, con lo cual se garantiza la seguridad jurídica de los fallos judiciales.

 

49. La jurisprudencia ha establecido tres requisitos para que se configure la cosa juzgada constitucional: (i) identidad de objeto o pretensiones y de los derechos invocados; (ii) identidad de los hechos o causa; y finalmente, (iii) identidad entre las partes. La coincidencia entre estos tres elementos ha sido denominada la triple identidad.[65]

 

50. Por su parte, la actuación temeraria requiere, además de la existencia de la triple identidad que da lugar a la cosa juzgada constitucional, debe estar acompañada de un comportamiento probado de mala fe de quien “promueve injustificada e irracionalmente la misma acción de tutela ante distintos operadores judiciales, ya sea de forma simultánea o sucesiva”[66], conducta que es ciertamente reprochable y con la que se “desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal”[67].

 

51. En consecuencia, y en armonía con la presunción de buena fe respecto de todas las actuaciones de los asociados[68], ante la acusación de estar procediendo de mala fe, es deber del Juez “analizarla de manera especialmente cuidadosa, de forma tal que la declaración de temeridad no se derive de una simple inferencia mecánica de los requisitos de procedencia, sino que se base en la acreditación cierta de la mala fe del accionante”.

 

52. De tal suerte que, cuando se ha promovido la misma acción de tutela, simultánea o sucesivamente ante autoridades judiciales diferentes, hay lugar a explicar y justificar los motivos de dicha actuación, para argumentar que no se trata de un abuso del derecho, y una vez verificada con certeza la existencia de temeridad y la plena convicción del juez en este sentido, la acción de tutela no sólo es declarada improcedente, sino que son impuestas las sanciones contenidas en el inciso tercero del artículo 25 y en el inciso segundo del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

 

53. Ha dicho esta corporación que detrás de un actuar temerario existe un propósito desleal de satisfacer el interés subjetivo del actor a como dé lugar. Esta actitud deja al descubierto “el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia”[69]. 

 

54. En la Sentencia T-1103 de 2005 la Corte estableció los criterios necesarios para determinar la temeridad en la presentación de acciones de tutela. Se requiere demostrar la identidad de partes, causa y objeto entre las acciones presentadas. No obstante, la Corte ha señalado que, incluso cuando estos elementos concurren, el juez constitucional debe considerar si existen razones justificadas para la presentación de una nueva acción, tales como la situación de indefensión del actor, asesoramiento equivocado, la aparición de hechos nuevos o la existencia de una sentencia de unificación posterior.

 

55. Además, esta Corporación ha enfatizado que la presentación de múltiples acciones de tutela no constituye automáticamente temeridad o cosa juzgada. En casos donde surgen nuevos eventos, o cuando el actor se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, es posible que no se configure la temeridad. La Corte también recordó, en la Sentencia T-661 de 2013, que cuando existe cosa juzgada constitucional sobre un asunto, las tutelas subsiguientes deben ser declaradas improcedentes, salvo que se identifiquen circunstancias excepcionales que justifiquen una nueva revisión.

 

56. A continuación, se procederá a estudiar si en las acciones de tutela interpuestas por Carlos Rodríguez y Juan Pérez las cuales son objeto de revisión por esta Sala, se configuró la cosa juzgada constitucional y si existió la alegada temeridad en el ejercicio de la acción de tutela, respecto de las acciones de tutela previas interpuestas (respectivamente) ante los juzgados Segundo Administrativo, bajo el radicado 8600133300220230000000 y Municipal de Pequeñas Causas Laborales bajo el radicado 15001410500120230000000;.

 

Expediente T-9.974.595

 

 

 

57. En este caso, si bien existe identidad de partes y objeto entre las dos acciones de tutela presentadas por el accionante, y gran parte de los hechos tienen un origen común, es preciso considerar los nuevos hechos que surgieron con posterioridad a la interposición de la primera acción constitucional. Estos nuevos hechos incluyen el inicio de tratamiento psicológico para las hijas menores del accionante, quienes fueron diagnosticadas con desnutrición con posterioridad a los hechos de desplazamiento forzado sufridos por la familia[70]. Adicionalmente, la Secretaría de Educación del Delta, en respuesta a la solicitud de traslado del 6 de junio de 2023 elevada por el actor, presentó una lista de vacantes en retiro forzoso que, según el accionante, permitirían el traslado a una zona PDET dentro del municipio de Eta, lo que representa otra variable a ser considerada por este tribunal constitucional.

 

58. En consecuencia, la presentación de esta nueva acción de tutela no constituye automáticamente un acto de temeridad ni configura cosa juzgada constitucional, dado que los nuevos hechos y la situación de indefensión del accionante justifican la necesidad de una nueva evaluación judicial. La Corte Constitucional ha establecido que, incluso cuando se cumplen los requisitos de la triple identidad, el juez constitucional debe considerar si existen razones justificadas para la presentación de una nueva acción, tales como la aparición de hechos nuevos o la existencia de una situación de especial vulnerabilidad, como la que se presenta en este caso.

 

59. Finalmente, la falta de una resolución definitiva y de una orden judicial coercitiva en la primera acción de tutela refuerza la conclusión de que no se configura cosa juzgada constitucional ni temeridad en el expediente T-9.974.595.

 

Expediente T-10.051.603

 

 

 

60. En el caso, aunque existe identidad de partes y objeto entre las dos acciones de tutela, la causa petendi presenta diferencias significativas que justifican la presentación de una nueva acción de tutela. En particular, la segunda acción de tutela se basa en hechos nuevos que surgieron después de la primera tutela, como la negativa específica de traslado a una vacante aceptada y el incumplimiento de las recomendaciones del informe psicosocial y del dictamen médico laboral. Estos nuevos hechos, que agravan la condición de salud mental del accionante, deben ser considerados como elementos que impiden la configuración de la cosa juzgada constitucional.

 

61. Adicionalmente, el accionante ha sido diagnosticado con un trastorno depresivo recurrente y de adaptación desde 2012, persistiendo su sintomatología hasta la fecha. Esta situación de indefensión se ve agravada por el incumplimiento de las recomendaciones médicas que sugieren la reubicación laboral para evitar la exacerbación de sus síntomas. La presencia de estos factores de salud mental y la importancia del traslado para evitar un deterioro mayor de su condición justifican la presentación de la segunda tutela y excluyen la mala fe que caracterizaría un acto temerario.

 

62. Por lo tanto, no se configura la cosa juzgada constitucional ni la temeridad en el expediente T-10.051.603, ya que la segunda acción de tutela está fundamentada en nuevos eventos que surgieron tras la primera acción y en la situación de indefensión del accionante, lo que amerita una nueva evaluación judicial de su situación.

 

C.               PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

 

63. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991 la acción de tutela debe acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos a fin de establecer su procedencia: (i) la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva; (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad. En este sentido, a continuación, la Sala analizará la procedencia de la acción de tutela presentada en el expediente de la referencia.

 

(i)               Legitimación en la causa

 

64. Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política^[71] dispone que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, puede interponer acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. En los expedientes T-9.974.595 y T-10.051.603, se satisface este requisito de legitimación, teniendo en cuenta que, tanto Carlos Rodríguez y Juan Pérez, presentaron acción de tutela en nombre propio, por ser las personas directamente afectadas con la negativa de traslado laboral.

 

65. Así mismo, Carlos Rodríguez (expediente T-9.974.595) está legitimado para solicitar la protección de los derechos fundamentales de sus hijas, a la unidad familiar y al interés superior de las niñas ya que es el padre de las dos menores de edad[72]. Al respecto, es necesario precisar dos aspectos: (i) el accionante no indica de manera explícita que actúa en nombre y representación de sus hijas, su escrito de tutela narra circunstancias que evidencian la afectación que podrían estar sufriendo las menores de edad[73] y (ii) el actor busca inequívocamente proteger los derechos constitucionales de sus hijas, pues solicitó el amparo de los derechos “a la unidad familiar y los derechos de las menores”[74]. En este escenario, dado que la tutela no está sujeta a fórmulas rígidas ni requisitos formales que obstaculicen la protección de los derechos de quienes la invocan[75], es claro que el actor pretendía actuar en nombre y representación de sus hijas[76].

 

66. Legitimación por pasiva: Esta corporación ha señalado^[77] que, para satisfacer este presupuesto, es necesario acreditar dos elementos: por un lado, que contra quien se interpone la acción de tutela debe ser uno los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y por otro, que la conducta que amenaza o vulnera el derecho se pueda vincular, directa o indirectamente por acción u omisión de la entidad. Se observa que, este requisito se cumple en ambos casos porque, tanto la Secretaría de Educación Departamental del Delta y la Secretaría de Educación Departamental de Omega, son entidades públicas y fungen como la entidad nominadora de los accionantes con funciones en el nivel territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001; en consecuencia, les corresponde decidir de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.5.1.5. y 2.4.5.2.2.1.1. del Decreto 1075 de 2015 sobre los traslados de los docentes.

 

67. Terceros vinculados: La Corte ha señalado “no tienen la condición de partes. Sin embargo, puede ocurrir que dichos terceros se encuentren vinculados a la situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que se discute, al punto de que a la postre puedan resultar afectados por el fallo que se pronuncie. (…) En este evento, el interés del cual son titulares los legitima para participar en el proceso, con el fin de que se les asegure la protección de sus derechos”[78].

 

68. En el expediente T-9.974.595 se vincularon a las siguientes entidades: IPS Delta, al Hospital Del Carmen de Pasto, al Hospital Infantil, al Ministerio de Educación Nacional, al Ejército Nacional, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la I.E. Rural La Granja (Zeta- P), y a la I.E Rafael Núñez (Eta), al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito y al Tribunal Administrativo. Al respecto, no existe legitimación por pasiva de estas entidades frente a la pretensión formulada por el accionante; sin embargo, se mantendrá su vinculación al proceso de amparo constitucional en calidad de terceros con interés en el resultado de proceso y pasibles de la formulación de posibles órdenes por parte del juez constitucional.

 

69. Igualmente, en relación con el expediente T-10.051.603, en instancia se vinculó a la Institución Tecnológica de Beta (ITB), la Institución Técnico Comercial, el Hospital Regional, la Unión Temporal Riesgo Laborales 2020, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copast), Medisalud UT, y Potencial Más Humano S.A.S. Al respecto, no se cumple el requisito de legitimación por pasiva frente a la pretensión formulada por el accionante y respecto a estas entidades; sin embargo, se mantendrá su vinculación al proceso de amparo constitucional como terceros con interés en el resultado de proceso y, por lo tanto, pasibles de la formulación de posibles órdenes por parte del juez constitucional.

 

(ii)             Inmediatez

 

70. La acción de tutela puede ser ejercida en todo momento. Así, aunque no es posible consagrar un plazo o término para la instauración de la acción, dada la vocación de la acción para ser una respuesta inmediata a una violación o amenaza del derecho, la tutela debe ser interpuesta en un tiempo prudente y razonable, a partir de la existencia del hecho que amenaza o vulnera los derechos^[79].

 

71. Con base en lo anterior, en el expediente T-9.974.595, se satisface el citado requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que, la última solicitud interpuesta por el accionante fue radicada el día 6 de junio del 2023, en la que pidió el traslado por temas de salud y unificación familiar. La respuesta de la Secretaría de Educación Departamental del Delta se emitió el 24 de julio del 2023. Por su parte, la acción de tutela se presentó el 22 de agosto de 2023, es decir, el mecanismo constitucional se interpuso casi un mes después de la respuesta de la accionada. Por ende, la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable y cumple con el mencionado requisito.

 

72. En el expediente T-10.051.603, se acredita el requisito de inmediatez. El accionante radicó su última solicitud el 5 de octubre de 2023, en la cual pidió una decisión definitiva sobre su traslado. La Secretaría de Educación Departamental de Omega respondió el 24 de octubre de 2023 y negó el traslado por falta de vacantes. Por su parte, la acción de tutela se presentó el 29 de noviembre de 2023. En ese sentido, la citada acción se interpuso un mes después de la respuesta presuntamente desconocedora de los derechos fundamentales del actor. Por ende, el amparo se interpuso en un plazo razonable y cumple con el requisito de inmediatez.

 

(iii)          Subsidiaridad

 

73. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y el artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela procederá cuando: (i) el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo para proteger sus derechos fundamentales; o (ii) sea necesaria, como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable^[80]. En varias oportunidades, la Corte ha reconocido que los jueces constitucionales deben establecer, en cada caso concreto, la existencia de un medio judicial ordinario de defensa, su idoneidad y eficacia.

 

74. En los casos de traslado docente, la acción de tutela, en principio, no procede porque esa solicitud debe agotar el proceso administrativo, ordinario o extraordinario, dispuesto en el Decreto 1075 de 2015. Una vez que el trámite termine, la eventual respuesta otorgada por la administración es susceptible de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de los medios de control de nulidad. No obstante, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que la acción de tutela puede proceder cuando se acrediten circunstancias excepcionales en las que se acredite “una amenaza o violación grave e irremediable a los derechos fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar”[81] y, en particular, cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional que enfrenta una situación urgente e inminente de vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales.

 

75. En este sentido, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo cuando los mecanismos ordinarios no ofrecen una respuesta integral y oportuna ante el riesgo de afectación a los derechos fundamentales. De manera que el juez constitucional está habilitado para pronunciarse sobre una decisión de traslado docente, ante la evidencia de: (i) una decisión claramente arbitraria, es decir, resoluciones que notoriamente pasen por alto las circunstancias particulares del trabajador[82]; (ii) el rompimiento de la unidad familiar del trabajador o el riesgo a su salud, vida o integridad familiar o de su familia, y (iii) una afectación clara, grave y directa a los derechos fundamentales del trabajador o de su familia[83]. Todo lo anterior, analizado a la luz del caso en concreto[84].

 

76. Además, la jurisprudencia constitucional[85] ha determinado que las personas con afectaciones en su salud mental son sujetos de especial protección constitucional y requieren una mayor atención de su entorno familiar y de la sociedad en general. En este sentido, la protección reforzada por parte del Estado debe contribuir a garantizar el nivel más alto de bienestar posible de estas personas. Asimismo, tratándose de sujetos pertenecientes a grupos étnicos, el juez de tutela debe velar por una protección diferenciada, considerando asimetrías históricas, exclusión y discriminación, que requieren de acciones específicas, tendientes a proteger sus derechos fundamentales a partir de un enfoque diferencial. Por lo tanto, en el examen de subsidiariedad se deben tener en cuenta “las circunstancias particulares de los sujetos de especial protección constitucional, cuando éstas devienen en situaciones de vulnerabilidad que les impiden o dificultan sustancialmente gestionar los medios necesarios para satisfacer sus necesidades y para perseguir la protección de sus derechos fundamentales por las vías judiciales ordinarias”[86].

 

77. El expediente T-9.974.595 cumple con el requisito de subsidiaridad. El accionante solicita el amparo de sus derechos a “la igualdad, al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y seguras, a la vida, a la integridad personal, al núcleo familiar, la unificación familiar y los derechos fundamentales de las menores de edad”, presuntamente vulnerados por la Secretaría de Educación Departamental del Delta. El tutelante indica que la Secretaría accionada no ha considerado adecuadamente su especial situación familiar al ordenar el traslado docente a zonas PDET, sin tener en cuenta la salud mental del tutelante y la de su familia, sin dejar de lado la situación de desplazamiento forzado que sufrieron.

 

78. En este caso se observa que el tutelante y su familia han sido víctimas de hostigamientos y amenazas, lo cual está acreditado en el expediente de tutela; así como la situación de salud del señor Carlos Rodríguez y la de sus dos hijas menores de edad. Asimismo, se encuentra que el actor y su familia pertenecen a la comunidad indígena “Étnica, que ha sido históricamente afectada por la violencia[87].

 

79. En este contexto, la secretaría accionada trasladó, de forma transitoria al señor Carlos Rodríguez al municipio de Eta (Delta), por lo que, en principio, el tutelante debería esperar la respuesta a su solicitud de traslado y, en caso de no estar de acuerdo, interponer los recursos y acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, las circunstancias apremiantes y de vulnerabilidad del tutelante y sus hijas, las cuales se encuentran acreditadas en el expediente de tutela, exigen una respuesta inmediata por parte del juez constitucional. En efecto, los mecanismos para la defensa del señor Carlos y de sus hijas, no resultan eficaces, al no ofrecer una solución oportuna a la situación de la familia, agravada por la situación de violencia y desplazamiento que vivieron y a las afectaciones psicológicas de las dos niñas. Además, la posibilidad de un nuevo traslado a una zona PDET, sin que medie una consideración detallada a las circunstancias especiales del tutelante y su familia, pone en riesgo su salud mental, y podría implicar una nueva ruptura familiar. Esto implica que la situación del tutelante requiera de una respuesta urgente que los mecanismos ordinarios de defensa no proporcionan de manera oportuna e integral. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de subsidiaridad en el expediente T-9.974.595.

 

80. El expediente T-10.051.603 cumple con el requisito de subsidiaridad. El accionante indicó que la Secretaría de Educación Departamental de Omega vulneró sus derechos fundamentales de “petición, a la salud, dignidad humana, al trabajo en condiciones de dignidad, la protección especial y reforzada de personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad manifiesta”, al negar su traslado a la Institución Educativa San Rafael Sede Principal con el argumento de que no había vacantes.

 

81. En este caso, la accionada negó el traslado del accionante sin tener en cuenta su situación de salud mental, quien ha sido diagnosticado con trastornos de depresión y de adaptación. Así mismo, la Secretaría de Educación Departamental de Omega, ha ignorado las recomendaciones médicas de reubicación laboral para evitar que se agraven los síntomas del tutelante. Esta actuación, en principio arbitraria, habría impactado de forma clara, grave y directa los derechos del actor al no permitir su reubicación como requisito para el tratamiento de su salud mental.

 

82. El señor Juan Pérez, en principio, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para solicitar que el acto administrativo que se abstuvo de acceder al traslado pueda ser anulado y, por ende, se ordene su traslado. No obstante, este medio no es eficaz en concreto al no ofrecer una solución inmediata que, en sus especiales circunstancias, apunte a proteger su salud mental, lo cual implica la procedencia del presente amparo. La situación de salud mental del accionante, que presuntamente no fue considerada por la entidad accionada y cuya evidencia obra en el expediente de tutela, exige una respuesta integral, expedita e inmediata por parte de esa Secretaría, aunado a que la actuación que este reprocha se traduce, en el caso sub examine, en una carga posiblemente desproporcionada que pone en peligro sus derechos, en particular, la salud mental. En consecuencia, para la Sala se cumple el requisito de subsidiaridad en el expediente T-10.051.603.

 

83. Acreditada la procedencia de la acción de tutela en ambos casos, la Sala analizará los temas de fondo que permitirán responder a los problemas jurídicos que orientarán esta providencia.

 

D.               PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y METODOLOGÍA DE LA DECISIÓN

 

84. De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional debe establecer: (i) si ¿la Secretaría de Educación Departamental del Delta vulneró los derechos fundamentales de Carlos Rodríguez a la salud y al debido proceso, así como los derechos fundamentales de sus dos hijas menores de edad a la unidad familiar y al interés superior de las niñas, al abstenerse de realizar el traslado definitivo, sin considerar sus circunstancias personales y las de su familia, en particular, las afectaciones psicológicas del núcleo familiar?; y (ii) si ¿la Secretaría de Educación Departamental de Omega vulneró los derechos fundamentales de Juan Pérez a la salud y al debido proceso, al no tener en cuenta en las solicitudes de traslado su situación de salud mental, en particular, las recomendaciones médicas de su caso?

 

85. De manera previa a responder los problemas jurídicos planteados, la Sala de Revisión verificará si en el expediente T-9.974.595 se ha configurado el fenómeno de carencia de objeto por hecho superado, dado que durante el trámite de la acción de tutela la accionada expidió la Resolución 4645 del 20 de diciembre de 2023, razón por la cual el actor actualmente se desempeña como docente en el municipio de Eta (Delta)[88].

 

Cuestión Previa. Verificación de la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto en el expediente T-9.974.595

 

86. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el hecho superado tiene lugar cuando la entidad accionada ha cesado definitivamente la vulneración alegada, cumpliendo en su totalidad la actuación requerida y eliminando la afectación a los derechos fundamentales[89]. Paralelo a ello, en relación con el presente caso y de acuerdo con la normatividad aplicable, un traslado docente se produce cuando se provee un cargo vacante de manera definitiva[90].

  

87. En el caso en estudio, las condiciones de salud mental y unidad familiar que motivaron al actor a presentar el amparo y que, según se observa en el expediente de tutela, se generan ante la incertidumbre que padece el actor y su familia sobre la decisión de traslado a otra zona PDET por parte de la accionada, no ha sido resuelta.

 

88. En la situación de provisionalidad que enfrenta el actor, permanece latente la zozobra acerca de la decisión final de traslado a otra zona PDET, de manera que no ha desaparecido el hecho generador de la supuesta afectación de los derechos fundamentales invocados, en particular, la salud mental del actor y sus dos hijas. Pese a que la Resolución 4645, expedida el 20 de diciembre de 2023, autorizó una comisión de servicios del docente, persiste tal incertidumbre e inquietud lo que a su turno afecta la situación mental de sus dos hijas menores de edad y la propia. En particular, la pretensión que originó el presente amparo consiste que se ordene el traslado del actor a una institución educativa en el municipio de Eta (Delta), teniendo en cuenta la disponibilidad de plazas por retiro forzoso o provisionalidad, de manera que no es posible colegir que, a partir de la citada resolución, la solicitud de amparo del señor Carlos Rodríguez haya sido resuelta. Así pues, para esta Sala de Revisión, en el presente caso, no hay lugar a la configuración de un hecho superado y se procederá a analizar el caso concreto.

 

89. En este punto, para responder a los problemas jurídicos planteados la Sala: (i) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar; (ii) se referirá al traslado docente por motivos de salud; (iii) revisará el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en los municipios cobijados por el Programas de Desarrollo con Enfoque (PDET) y la necesidad de provisión docente; (iv) reiterará la jurisprudencia constitucional en materia del derecho fundamental a la salud mental y su fundamento en la dignidad humana; y (v) resolverá el caso en concreto en los dos expedientes de tutela sujetos a revisión.

 

(i)               El derecho de los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar. Reiteración de jurisprudencia

 

90. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, reiterada en la Sentencia T-070 de 2023, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar está enmarcado en un estatus de protección constitucional reforzada. Este derecho fundamental, consagrado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el artículo 44 de la Constitución Política, establece que los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los demás derechos. Esta cláusula de prevalencia impone que toda actuación que involucre o afecte a los niños, niñas y adolescentes, sea de carácter oficial o privado, debe orientarse prevalentemente a la satisfacción de sus derechos e intereses.

 

91. En línea con este mandato, la Corte Constitucional ha sostenido que los niños, niñas y adolescentes requieren del afecto y cuidado de sus familiares para asegurar su crecimiento armónico y su desarrollo integral. La ruptura, ausencia o incertidumbre de estos lazos familiares puede afectar gravemente su bienestar emocional y psicológico, lo que se traduce en una vulneración de sus derechos fundamentales. En este sentido, solo con fundamento en razones excepcionales y debidamente justificadas, es posible sustentar la afectación a la unidad familiar[91]. En otras palabras, cualquier medida que afecte la unidad familiar debe ser estrictamente justificada, priorizando el bienestar y el interés superior de los menores de edad, como sujetos de especial protección constitucional.

 

(ii)             El traslado docente por motivos de salud.

 

92. La relación laboral entre docentes y la administración pública incluye el ejercicio del ius variandi, una facultad que permite modificar las condiciones laborales de los docentes, siempre que con ello no se desconozca el Texto Superior.  En este sentido, el ius variandi se refiere al poder del empleador de cambiar, dentro de ciertos límites, las condiciones de trabajo de sus trabajadores, incluyendo modificaciones en el lugar, tiempo y modo de trabajo. En el ámbito de la educación pública, la Corte Constitucional ha reconocido que el Estado tiene un margen considerable para ajustar las condiciones de trabajo de sus funcionarios, lo que incluye la posibilidad de trasladar a los docentes para asegurar una prestación continua y eficiente del servicio educativo[92].

 

93. Esta facultad de modificar las condiciones de trabajo no solo se refleja en el ius variandi, también responde a la necesidad de cumplir con los mandatos constitucionales relacionados con la prevalencia del interés superior de los menores de edad, la eficiente prestación del servicio público de educación, y el respeto por los derechos fundamentales del trabajador.

 

94. En lo que se refiere al traslado docente, el derecho fundamental al debido proceso implica que la administración, pese a contar con un ámbito de discrecionalidad para los traslados, debe someterse a los parámetros establecidos en la ley. Además, para tomar la decisión, la administración tiene la obligación de consultar el estado de salud, el escenario familiar, el lugar y tiempo de trabajo, las condiciones salariales, el rendimiento demostrado, entre otras variables relevantes en el marco del derecho al trabajo en condiciones dignas. Precisamente, la Corte ha señalado que este poder de subordinación debe ser empleado sin generar una afectación desproporcionada a los derechos fundamentales del trabajador, pues, evidentemente, en ciertas circunstancias una reubicación laboral puede llegar a afectar la vida familiar más allá de lo razonable, imponiendo cargas excesivas en términos de garantía a derechos como la salud o la integridad del núcleo familiar[93]”.

 

95.  En términos generales, el traslado docente se encuentra regulado por la Ley 715 de 2001 que otorga a los nominadores la potestad de trasladar a docentes según las necesidades del servicio, y el Título 5 del Decreto 1075 de 2015 que establece las condiciones bajo las cuales estos traslados pueden realizarse en un escenario ordinario. En este sentido, la normativa prevé dos modalidades principales de traslado: el traslado ordinario, que se realiza dentro de un cronograma establecido, y el traslado extraordinario, que puede efectuarse en cualquier momento del año bajo circunstancias excepcionales, como problemas de salud[94]. Así mismo, la Corte ha establecido que el traslado extraordinario puede proceder en casos en los que se acredite un contexto de vulnerabilidad de algún miembro del núcleo familiar del docente, que haga que la decisión de negar un tratamiento preferencial, sea desproporcional a los derechos fundamentales[95].

 

96.  En particular, el traslado de docentes por razones de salud se erige como una medida fundamental para garantizar la protección de derechos fundamentales como la salud, la vida digna y la unidad familiar. Esta prerrogativa, respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[96], busca salvaguardar el bienestar integral de los educadores y sus familias cuando las condiciones laborales actuales representan un riesgo o impacto negativo en su salud.

 

97. El traslado de docentes por razones de salud se encuentra regulado en el Decreto 520 de 2010[97], compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, en su artículo 2.4.5.1.5. Este tipo de traslado busca garantizar la salud del docente o directivo docente cuando su situación médica lo requiera. Esta Corporación, en la Sentencia T-352 de 2014, estableció que “la finalidad del 'traslado no sujeto al proceso ordinario' es proteger los derechos de aquellos docentes que se encuentren en circunstancias tales que la falta del traslado contribuiría al deterioro de sus condiciones de salud”; esto evidencia que el objetivo primordial de esta medida es preservar la integridad física y mental del docente, facilitando su traslado a un entorno laboral que no afecte negativamente su salud.

 

98. El artículo 2.4.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015 prevé que, fuera del proceso ordinario de traslados, la autoridad nominadora podrá ordenar el traslado por razones de salud del docente, “previo dictamen médico del comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud”. Esto significa que, una vez acreditada la afectación en salud, el nominador puede reubicar al docente en cualquier momento del año lectivo, mediante un acto administrativo motivado.

 

99. No obstante, la Corte Constitucional, en sentencias como la T-029 de 2010[98], T-308 de 2015[99], T-079 de 2017[100] y T-105 de 2024[101], ha reconocido que en algunos casos concretos la exigencia estricta de un dictamen médico laboral podría no ser razonable si ello dificulta la protección inmediata de derechos fundamentales como la salud y la unidad familiar. Aunque la Corte no ha indicado que dicha exigencia deba ser interpretada como desproporcionada, su jurisprudencia ha resaltado que, en situaciones de especial vulnerabilidad del núcleo familiar del docente, la administración debe realizar una valoración integral que considere las particularidades del caso, evitando imponer barreras administrativas que puedan generar un impacto injustificado en los derechos fundamentales involucrados.

 

100. Así mismo, en la Sentencia T-029 de 2010, la Corte precisó las condiciones para que proceda un traslado por razones de salud del docente o de su familia, a saber: (i) que en el lugar de destino no sea posible brindar el cuidado médico requerido o no existan las condiciones médicas adecuadas; (ii) que la afectación a la salud sea de entidad importante; (iii) que exista una relación causal entre la negativa del traslado y el deterioro de la salud del docente o su familiar, de modo que la reubicación resulte necesaria para lograr una mejoría o evitar un mayor deterioro; y (iv) que exista relación de dependencia entre el familiar afectado y el trabajador. Estas subreglas permiten al juez constitucional determinar el nexo entre la afectación en salud y la necesidad del traslado, así como verificar la razonabilidad de la medida.

 

(iii)          El derecho a la educación y su relación con la provisión de docentes en los municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET

 

101. La educación es un derecho fundamental y un servicio público a cargo del Estado, quien debe velar por su acceso, disponibilidad y calidad. En esta línea, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la educación tiene cuatro dimensiones: (i) disponibilidad, que consiste en la existencia de medios que satisfagan la demanda educativa; (ii) accesibilidad, el Estado debe garantizar la demanda educativa de tal forma que se asegure el derecho a la no discriminación, así como la accesibilidad material y económica; (iii) la permanencia en el sistema educativo; y (iv) la calidad de la educación[102].

 

102. En este contexto, los municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron reglamentados por el Decreto Ley 893 de 2017, con base a los puntos 1.2 y 6.2.3 del acuerdo final de paz. Estos municipios. reglamentados por el Decreto Ley 893 de 2017, con base a los puntos 1.2 y 6.2.3 del Acuerdo Final de Paz, deben apuntar a “transformar el campo y el ámbito rural, en relación con la ciudad en las zonas priorizadas conforme a los criterios de (i) los niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; (ii) el grado de afectación derivado del conflicto; (iii) la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y (iv) la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas[103]”.

 

103. La educación es una de las áreas con menos avance en los municipios PDET. Según el DANE, en el año 2023, el 14,9% de la población que vive en estos municipios es analfabeta y el 61,6% tiene un bajo logro educativo[104]. Así mismo, las personas que habitan en zonas rurales cuentan con menores oportunidades educativas que quienes se encuentran en zonas urbanas, por múltiples razones, como barreras de acceso a la educación, la falta de docentes cualificados y capacitados, falta de adaptabilidad, entre otras[105].

 

104. En el marco jurídico del traslado de docentes vinculados mediante el concurso de méritos especial en las zonas priorizadas para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el traslado se produce a vacantes que pertenezcan a las plantas de carácter especial, adoptadas por las entidades territoriales certificadas en educación, lo que asegura la continuidad en la prestación del servicio educativo en estas zonas afectadas por el conflicto. En particular, los traslados de docentes vinculados mediante el concurso de méritos de carácter especial solo podrán efectuarse a cargos dentro de las plantas de esa misma naturaleza adoptadas por las entidades territoriales certificadas en educación, cuya vigencia será igual a la de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)[106].

 

105. Asimismo, según la Circular No. 044 de 2023[107], los traslados se deben realizar de manera justa, equitativa y transparente, respetando los procedimientos establecidos y evitando cualquier forma de favoritismo. La evaluación de los docentes para efectos de traslado debe basarse en criterios objetivos, conforme a la Resolución 4972 de 2018, lo cual contribuye a la transparencia y equidad en la asignación de los cargos. Esta circular precisa que, el traslado de docentes por situaciones excepcionales, como amenazas o razones de salud, debe ser tratado con prioridad y celeridad.

 

106. El traslado docente, entendido como el cambio de un profesor de una institución educativa a otra, implica que un docente que dicta clases en una institución educativa cambia a otra, ya sea por solicitud propia o por orden del nominador. Esto supone un impacto directo en la educación de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en los municipios PDET, donde los niveles de analfabetismo y el bajo logro educativo, reflejan serias necesidades en la oferta de docentes.[108] Por ello, la Resolución 4972 de 2018 establece que los educadores que se encuentren en los municipios PDET, pueden ser trasladados a cargos que pertenezcan a las plantas de carácter especial adoptadas por las entidades territoriales certificadas en educación, lo cual asegura la continuidad de la prestación del servicio educativo en zonas vulnerables.

 

(iv)           El derecho fundamental a la salud mental y su fundamento en la dignidad humana. Reiteración de jurisprudencia

 

107. La protección de la salud mental encuentra sustento en el artículo 49 de la Constitución Política, el cual consagra el derecho fundamental a la salud. La Corte Constitucional ha reconocido, en sentencias como la T-010 de 2016, que la salud mental es un componente esencial de la salud integral, equiparándola con la salud física en cuanto a su protección jurídica. Este reconocimiento se refuerza por el artículo 13 de la Constitución, que ordena al Estado brindar especial protección a personas en condiciones de debilidad manifiesta, por ejemplo, quienes sufren trastornos mentales.

 

108. En el ámbito internacional, la salud mental está contemplada en diversos instrumentos que obligan a Colombia a adoptar medidas eficaces para garantizarla. Entre estos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece en su artículo 12 el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS)[109] y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también han emitido directrices que resaltan la importancia de integrar la salud mental en las políticas públicas[110].

 

109. El marco internacional de derechos humanos ha jugado un papel crucial en la evolución del derecho a la salud mental. La OMS ha promovido la integración de la salud mental en los sistemas de salud pública mediante estrategias como el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, que enfatiza la necesidad de políticas multisectoriales que consideren los determinantes sociales de la salud. Además, el Informe Mundial sobre Salud Mental de la OMS subrayó la importancia de abordar la salud mental como un tema prioritario en la agenda de los gobiernos, llamando la atención sobre las altas tasas de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales que afectan la productividad laboral y la cohesión social.

 

110. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un concepto que trasciende la ausencia de patologías. Se define como un estado de bienestar integral en el cual las personas reconocen sus habilidades, enfrentan las presiones de la vida cotidiana y participan de manera productiva en su entorno, contribuyendo activamente a su comunidad. Este enfoque subraya que la salud mental no se limita a evitar trastornos, sino que implica un bienestar psicosocial completo que permita a los individuos desarrollarse de manera plena y equilibrada.

 

111. De manera complementaria[111] se ha resaltado que la salud mental abarca la capacidad de interacción entre el individuo, su entorno y la comunidad, promoviendo el bienestar personal y colectivo. Este concepto va más allá de la mera prevención de enfermedades mentales, al señalar que el desarrollo óptimo de habilidades cognitivas y emocionales, en consonancia con principios de equidad y justicia, es fundamental para el logro de metas individuales y colectivas

 

112. La Ley 1616 de 2013 establece un marco normativo para la garantía del derecho fundamental a la salud mental. Su objetivo principal, tal como se enuncia en el artículo 1°, es “garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental de la población colombiana (…) mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental”.

 

113. Aunque la ley establece que su aplicación abarca únicamente a entidades dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (artículo 2°), su artículo 3° también define la salud mental como “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. Este enfoque resalta que la salud mental no es solo un aspecto de la atención médica, sino que constituye un bien de interés público, un derecho fundamental, y un componente esencial del bienestar general y la mejora de la calidad de vida de los colombianos.

 

114. La jurisprudencia constitucional, en sus primeras aproximaciones al derecho a la salud mental, se centró esencialmente en garantizar el acceso a los servicios de salud y a tratamientos médicos. Sin embargo, en esos mismos fallos, la Corte abordó de manera indirecta las profundas consecuencias que las afectaciones psíquicas pueden tener sobre la vida laboral, familiar y personal del individuo, reconociendo que estos trastornos no se limitan al ámbito médico.

 

115. En casos como la Sentencia T-659 de 2003 y la SentenciaT-548 de 2011, la Corte reconoció que la negación de un tratamiento adecuado no solo afectaba la salud física de las personas, sino también su bienestar psíquico y emocional, que a su vez impacta directamente en su capacidad de trabajar y mantener relaciones sociales y familiares estables. Estas decisiones evidenciaron que las instituciones no pueden limitarse a tratar los síntomas físicos de un paciente, sino que deben abordar las consecuencias integrales de su condición mental, que pueden manifestarse en graves problemas laborales y sociales.

 

116. Por otro lado, la Corte Constitucional[112] ha puesto especial atención al derecho a la salud mental en el marco de la estabilidad laboral reforzada. Recientemente, en la Sentencia T-076 de 2024, se estudió el caso de un trabajador desvinculado mientras se encontraba en tratamiento médico, concluyendo que las enfermedades mentales, aunque no siempre visibles, pueden ser tan incapacitantes como las físicas.

 

117. La Política Nacional de Salud Mental, adoptada por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 4886 de 2018, aboga por una visión holística de la salud mental. Esta política establece la necesidad de abordar la salud mental desde un enfoque intercultural y basado en la evidencia, reconociendo las diversas necesidades de los diferentes grupos poblacionales.

 

118. Con base en la Ley 1616 de 2013 y la Resolución 4886 de 2018, es posible argumentar que el enfoque transectorial e intersectorial en la promoción y atención de la salud mental es un pilar fundamental de la política pública en salud mental. El artículo 5 de la Ley 1616 establece que la promoción de la salud mental debe transformar los determinantes que afectan la calidad de vida, articulando diferentes sectores como el laboral, educativo y social para lograr una atención integral que incluya la integración de las personas con trastornos mentales de sus entornos familiares, laborales y comunitarios.

 

119. El artículo 11 de la misma Ley complementa esta visión al señalar que la atención integral en salud mental no debe limitarse al tratamiento clínico, sino que debe incorporar acciones que faciliten la inclusión social y laboral de las personas afectadas. En esa misma línea, el artículo 31 de la Ley en mención obliga al Estado a formular una Política Nacional de Salud Mental que articule acciones entre diversos sectores, reconociendo la necesidad de prevenir la exacerbación de los síntomas mediante una intervención oportuna y adecuada.

 

120. De acuerdo con la Resolución 4886 de 2018, se resalta que la rehabilitación en salud mental requiere de una estrategia intersectorial que promueva no solo la inclusión social y laboral de las personas, sino también la creación de entornos resilientes que favorezcan su bienestar integral. En este contexto, la intervención temprana y la prevención de la exacerbación de los síntomas de las personas con trastornos mentales, mediante el respeto de los términos y procesos en las instancias administrativas, se vuelve esencial para evitar mayores afectaciones a la salud de las personas y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

 

121. En esta línea, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4.5.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015, los traslados de docentes, particularmente aquellos motivados por razones de seguridad o salud, deben regirse por los principios de buena fe, celeridad y dignidad humana. Estos principios exigen que las autoridades impulsen oficiosamente los procedimientos y eviten cualquier retraso injustificado.

 

122. La dignidad humana es uno de los pilares fundamentales de los Estados constitucionales modernos y de los sistemas normativos occidentales. Este concepto ha sido reconocido en diversos instrumentos normativos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos[113], la Convención Americana sobre Derechos Humanos[114] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[115], entre otros[116]. En Colombia, el artículo 1 de la Constitución Política establece que el Estado colombiano se funda en el respeto a la dignidad humana, lo que le otorga una relevancia central en el sistema jurídico (C.P., art. 1).

 

123. La dignidad humana es universal, inalienable e inviolable. Esto significa que toda persona goza de dignidad por el solo hecho de ser humana, y ninguna entidad o individuo puede atentar contra esta, ni puede ser renunciada o transferida. Esta protección absoluta garantiza que los derechos derivados de la dignidad humana prevalezcan sobre otros principios en caso de conflicto. Asimismo, la dignidad humana se manifiesta en tres facetas esenciales: la autonomía o libertad, la igualdad y la solidaridad. El respeto a estas facetas implica que las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida sin interferencias injustificadas, a ser tratadas con igualdad y a recibir apoyo en situaciones de vulnerabilidad.

 

124. La dignidad no solo es un principio ético y jurídico que orienta las decisiones normativas, sino que también es un derecho exigible y justiciable. Esto implica que los ciudadanos pueden demandar del Estado y de la sociedad el respeto de su dignidad, así como el acceso a condiciones materiales que aseguren una existencia digna, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional[117].

 

125. Es por lo anterior que, el respeto a la dignidad humana adquiere especial relevancia en contextos donde las personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los docentes que solicitan traslados por razones de salud mental. La dignidad humana implica que el docente debe ser tratado con el respeto y la consideración que merece su situación, atendiendo cada faceta de la dignidad: la autonomía, que se ve afectada cuando la demora en las decisiones impide que el docente tome medidas inmediatas para mejorar su salud; la igualdad, que se vulnera al no reconocer las necesidades particulares de quienes enfrentan trastornos de salud mental; y la solidaridad, que exige una respuesta oportuna para evitar un agravamiento de los síntomas y la angustia derivada de la espera injustificada. En estos casos, la intervención oportuna y respetuosa de la autoridad administrativa es esencial para evitar un agravamiento de su situación y la vulneración de sus derechos fundamentales.

 

(v)             Análisis del caso concreto

 

Expediente T-9.974.595

 

126. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente de tutela, en el caso del señor Carlos Rodríguez, se indicó que la Secretaría de Educación del Delta se abstuvo de conceder el traslado definitivo al Municipio de Eta (Delta) porque el docente debía trasladarse a una zona PDET. Sin embargo, en tal respuesta la accionada no valoró la situación familiar, psicológica y emocional del accionante y de su núcleo familiar, en particular, de sus dos hijas menores de edad. Por ende, le corresponde a la Sala establecer si ¿la Secretaría de Educación Departamental del Delta vulneró los derechos fundamentales de Carlos Rodríguez a la salud y al debido proceso, así como los derechos fundamentales de sus dos hijas menores de edad a la unidad  familiar y al interés superior de las niñas, al abstenerse de realizar el traslado definitivo del actor, sin valorar sus circunstancias personales y las de su familia, en particular, las afectaciones psicológicas del núcleo familiar?

 

127. En el presente caso se encontró que: (i) Carlos Rodríguez fue nombrado en propiedad como docente PDET a partir del 1 de marzo de 2021, tras superar el período de prueba conforme a la Resolución No. 1265 de 25 de febrero de 2022 y fue vinculado a la I.E. Rural La Cumbre en el municipio de Zeta(Delta) de donde fue desplazado de manera forzada, junto con toda su familia. No obstante, por razones de seguridad fue trasladado temporal y provisionalmente a Eta (Delta) y presta sus servicios en la Institución Educativa Rafael Núñez de ese municipio, (ii) el tutelante y su núcleo familiar son víctimas de desplazamiento forzado debido a la situación de violencia que se ocasionó en el Municipio de Zeta en el año 2022; (iii) el docente presenta afectaciones psicológicas relacionadas con el conflicto armado. En efecto, en el presente trámite se puedo evidenciar que el actor padece de ansiedad y estrés[118]. Asimismo, (iv) la hija mayor del accionante, quien cursa el cuarto grado en el municipio de Eta (Delta), fue diagnosticada con trastorno por estrés postraumático[119]; (v) la hija menor del accionante, quien cursa el primer grado en el mismo municipio, presenta síntomas de ansiedad, tristeza e inestabilidad emocional[120]; y (vi) la pareja del accionante también sufre de ansiedad y debido a ello debe recibir atención psicológica permanente.

 

128. En este contexto, la Sala observó que el 23 de abril de 2023, el tutelante había solicitado a la accionada el traslado definitivo por motivos de salud y unidad familiar, entre otros, al municipio de Eta, donde actualmente reside su familia (pareja, hijas menores de edad y madre)[121]. De hecho, justificó tal solicitud en que el traslado a otro lugar implicaría separarse de sus hijas y agravar su situación psicológica y emocional. Por su parte, la accionada se abstuvo de conceder la solicitud del actor aduciendo, sin mayores consideraciones, la ausencia de un dictamen del comité médico laboral que reflejara la situación de salud del educador y que, respecto al traslado por su condición de desplazamiento, el accionante podía solicitarlo en virtud de su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), con el procedimiento correspondiente e incluyendo una propuesta de cinco (5) opciones, de acuerdo con las condiciones establecidas.

 

129. Mediante el presente amparo el actor solicita que se ordene a la entidad accionada el traslado definitivo a una institución educativa en el municipio de Eta (Delta), para ocupar el cargo de docente. Si bien el 27 de febrero de 2023 el accionante fue trasladado al municipio de Eta, ello fue “hasta que se determinara con carácter definitivo” la condición de amenazado y aunque el 20 de diciembre de 2023 fue nombrado provisionalmente en ese municipio, actualmente el educador continúa vinculado en el municipio de Zeta(de donde fue desplazado junto con su familia), de manera que la garantía de sus derechos y los de sus dos hijas menores de edad aún no ha sido definida por la autoridad accionada. En efecto, ante esta Sala el accionante expresó temor a radicar nuevas solicitudes de traslado ante la secretaría accionada por miedo a que se adoptara finalmente su traslado; la posibilidad de regresar a la entidad territorial [Delta] de la que fue desplazado y a la que actualmente sigue efectivamente vinculado, refleja la situación actual del actor.

 

130. Asimismo, pese a la probada situación de salud del accionante y de sus dos hijas, ello no mereció una valoración particular por parte de la accionada. En efecto, el actor precisó ante la entidad nominadora y a los jueces de instancia que su solicitud de traslado del municipio de Zeta se fundamentaba en razones de salud y unidad familiar, lo que no obtuvo un pronunciamiento suficiente por parte de la entidad nominadora. Por lo contrario, la secretaría ha postergado injustificadamente la garantía de los derechos del accionante y de sus hijas y, en particular, la certeza de su protección, con argumentos formales en los que se le solicita corregir tres de los cinco municipios que presentó como alternativa de traslado (incluyendo al municipio de Eta como su primera opción) al no corresponder a municipios PDET.

 

131. De conformidad con la información que reposa en el expediente de tutela, el municipio de Eta (Delta), donde el accionante actualmente se desempeña en comisión, cuenta con una vacante[122]. Por su parte, la Secretaría de Educación del Delta, no especificó si tal plaza (mencionada en el informe presentado en sede de revisión)[123] corresponde o no a una zona PDET[124]. Sin embargo, conforme a la respuesta de la accionada, el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 04972 del 22 de marzo de 2018 determinó que, la zona rural del municipio de Eta hace parte de las zonas PDET. Adicionalmente, y de acuerdo con la pretensión de amparo, el accionante solicitó el traslado a una institución educativa “ubicada en el municipio de Eta (Delta)” al ser este el lugar en donde, según se evidenció, están actualmente matriculadas sus dos hijas y reside el núcleo familiar del actor (madre y pareja).

 

132. Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas a este tribunal, las historias clínicas indican que las afectaciones mentales de la familia están directamente vinculadas con la situación de violencia a la que se han enfrentado en el municipio de Delta. Los informes médicos sugieren particularmente que la reunificación familiar es una medida prioritaria para mitigar esta problemática, y precisan que la incertidumbre laboral del padre y accionante mantiene los síntomas que afectan la salud mental de las niñas. Por lo tanto, en el presente caso, la estabilidad emocional del núcleo familiar depende de la intervención del juez de tutela para la protección de sus derechos fundamentales y hace necesario que la entidad accionada adopte una decisión, de fondo y completa, sobre la situación laboral del actor en la que valore con profundidad y suficiencia la situación de salud no solo de este, sino de sus hijas menores de edad. Si bien su provisionalidad le ha permitido desempeñar sus funciones en condiciones cercanas a su familia, persiste la incertidumbre debido a su naturaleza transitoria y la consiguiente afectación a sus derechos. Así, la elección del lugar para el traslado del accionante debe asegurar las condiciones necesarias para proteger la unidad familiar y la salud mental del accionante y de sus dos hijas.

 

133. En este orden de ideas, la Sala evidencia que, en el presente caso, la Secretaría de Educación de Delta desconoció los derechos del accionante al omitir un análisis integral de la solicitud de traslado que considere su particular situación familiar, especialmente las probadas afectaciones psicológicas de sus dos hijas menores de edad. La ausencia de esta consideración y la falta de una respuesta integral, aunado a la exigencia de requisitos formales, mantuvieron al accionante en incertidumbre laboral, lo que, según consta en el expediente, agrava la delicada situación de salud mental de las menores de edad.

 

134. En este sentido, la Sala le ordenará a la Secretaría de Educación del Delta resolver, de manera integral y fundamentada, la solicitud de traslado presentada por el accionante y en la que deberá: (i) identificar y valorar todos los elementos probatorios, incluyendo las historias clínicas que evidencian las afectaciones psicológicas del accionante, en especial de sus hijas menores de edad; (ii) priorizar la existencia de vacantes PDET en el municipio de Eta (Delta) en las que se considere la unidad familiar y el interés superior de las niñas como factor determinante en la actuación y (iii) evitar la imposición de cualquier barrera administrativa o dilación injustificada en el trámite efectivo de la solicitud del accionante, así como el regreso a la entidad territorial [Delta] de la que fue desplazado.

 

135. En este contexto, la Corte revocará las decisiones del Juzgado Segundo Penal (Delta) y del Juzgado Tercero Penal del Circuito (Delta) que negaron la presente acción de tutela. En su lugar, amparará los derechos fundamentales mencionados y le ordenará a la Secretaría de Educación del Delta que, en el término máximo de ocho (08) días, posteriores a la notificación de esta sentencia, resuelva de manera integral y fundamentada la solicitud de traslado presentada por Carlos Rodríguez, teniendo en cuenta las medidas necesarias para asegurar que su actuación considere los aspectos señalados en esta providencia, en particular, la importancia de proteger la salud mental, el derecho de las niñas a la unidad familiar, la protección de su interés superior, las necesidades del servicio educativo en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y evitando la imposición de cualquier obstáculo administrativo que pueda agravar la situación del educador y/o de su familia.

 

Expediente T-10.051.603

 

136. El señor Juan Pérez solicitó a la Secretaría de Educación de Omega el traslado docente debido a su situación de salud mental. En ese sentido, le corresponde a la Sala establecer si ¿la Secretaría de Educación Departamental de Omega vulneró los derechos fundamentales del accionante a la salud, al debido proceso y a la protección especial y reforzada, al no tener en cuenta en sus reiteradas solicitudes de traslado la situación de salud del accionante, en particular, las recomendaciones médicas de su caso?

 

137. En el caso se encuentra probado que: (i) el tutelante ha sido diagnosticado con trastorno depresivo recurrente y trastorno de adaptación, por lo que sigue un tratamiento médico constante, incluyendo la toma de medicamentos; (ii) los informes médicos, han recomendado expresamente, entre otras medidas, la reubicación laboral del tutelante para mejorar su estado de salud; (iii) el accionante ha solicitado en varias ocasiones a la Secretaría de Educación de Omega el cambio de lugar de trabajo. Sin embargo, la accionada ha respondido con dilaciones, argumentando la falta de vacantes en el área de formación artística y música en el municipio de Gama (Omega) y con argumentos formales (i.e. la reunión de comités), pese a que le proporcionó un listado de plazas disponibles a nivel departamental; (iv) el accionante solicitó una de las plazas informadas. Sin embargo, la accionada negó su traslado debido a una falta de vacantes, lo que para la Sala evidencia una contradicción de información al tiempo que una actuación por parte de la accionada que desconoce la garantía efectiva de los derechos del actor; y (v) la accionada, a pesar de las constantes solicitudes del accionante y recomendaciones médicas, no ha realizado ninguna actuación tendiente a materializar el traslado del docente.

 

138. Con base en lo anterior, la Sala considera que la accionada vulneró los derechos fundamentales del actor al omitir un análisis integral y fundamentado de su solicitud de traslado. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que los traslados extraordinarios por razones de salud son una medida esencial para proteger los derechos fundamentales de los docentes[125]. En este contexto, la omisión por parte de la Secretaría de Educación de Omega en atender de manera adecuada las recomendaciones médicas representa un incumplimiento de los deberes como empleadora y de sus obligaciones como entidad estatal de garantizar al actor un entorno laboral digno, seguro y saludable..

 

139. La Corte ha señalado que el ius variandi otorga a la administración la potestad de modificar las condiciones laborales de los docentes. No obstante, su ejercicio debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad por razones de salud. En este caso, las dilaciones y las contradicciones en la actuación de la Secretaría de Educación, evidencian una falta de oportunidad y eficacia en la toma de decisiones respecto a la solicitud de traslado presentada por el actor, afectando su estabilidad mental y emocional.

 

140. Además, la falta de acción oportuna para implementar las recomendaciones médicas afecta el derecho al debido proceso, el cual incluye garantías como la toma de decisiones libres de dilaciones injustificadas y con respeto a las formas previstas en el ordenamiento jurídico[126]. La respuesta negativa de la entidad, basada en la supuesta ausencia de vacantes, sin evaluar de manera integral la situación especial de vulnerabilidad del accionante, implica la violación de sus derechos fundamentales.

 

141. Así las cosas, la Sala le ordenará a la Secretaría de Educación de Omega resolver de manera integral y fundamentada la solicitud de traslado presentada por el señor Juan Pérez y en la que deberá: (i) realizar un análisis detallado de los elementos probatorios obrantes en el caso del accionante, particularmente, los informes médicos y dictámenes laborales que confirman su diagnóstico de trastorno depresivo recurrente y trastorno de adaptación, así como las recomendaciones de reubicación laboral para mejorar su situación de salud; (ii) priorizar la existencia de vacantes en el área de formación artística y música en el municipio de Gama (Omega) o en municipios cercanos que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar el bienestar del tutelante, en la que se considere su situación de salud y evitando la imposición de cualquier barrera administrativa o dilación injustificada en el trámite efectivo de la solicitud del accionante.

 

142. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 13 de diciembre de 2023 emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Beta (Omega) y ordenará a la accionada que, en el término máximo de ocho (08) días, posteriores a la notificación de esta decisión, se pronuncie de manera integral sobre la solicitud de traslado presentada por el accionante. La entidad deberá actuar con diligencia, evitando cualquier tipo de trabas u obstáculos administrativos, y adoptará las medidas necesarias para garantizar que su actuación considere los aspectos señalados en esta providencia, en particular, las necesidades de salud del accionante y su bienestar emocional.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

Primero.- En el expediente T-9.974.595, REVOCAR la sentencia del 25 de octubre de 2023 proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal que negó la acción de tutela interpuesta por Carlos Rodríguez en contra de la Secretaría de Educación Departamental del Delta, así como la sentencia del 05 de diciembre de 2023 del Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio que confirmó esa decisión. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de Carlos Rodríguez a la salud y al debido proceso, así como los derechos fundamentales de Sofía Rodríguez y Laura Rodríguez a la unidad familiar y al interés superior de las menores de edad.

 

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Secretaría de Educación del Delta que, en el término máximo de ocho (08) días, posteriores a la notificación de esta sentencia, resuelva de manera integral la solicitud de traslado presentada por Carlos Rodríguez, de acuerdo con las consideraciones señaladas en esta providencia.

 

Tercero.- En el expediente T-10.051.603, REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2023 emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal que negó la acción de tutela presentada por Juan Pérez en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Omega. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y al debido proceso de Juan Pérez.

 

Cuarto. – Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Secretaría de Educación Departamental de Omega que, en el término máximo de ocho (08) días, posteriores a la notificación de esta sentencia, resuelva de manera integral la solicitud de traslado presentada por Juan Pérez, de acuerdo con las consideraciones señaladas en esta sentencia.

 

Quinto- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General