TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia C-479/25

 

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 2294 DE 2023-Estarse a lo resuelto en la sentencia C-448 de 2024

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL RELATIVA-Configuración

 

(…) en el presente asunto operó la cosa juzgada formal y relativa explícita. La cosa juzgada es formal porque existe una decisión previa del juez constitucional en relación con el mismo texto normativo demandado en el caso sub judice. De otro lado, la cosa juzgada es relativa, en la medida en que, en la Sentencia C-448 de 2024, se analizó únicamente el cargo de inconstitucionalidad propuesto y, con sustento en él, se declaró la exequibilidad de los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372 de la Ley 2294 de 2023. Por último, la cosa juzgada es explícita, dado que en la parte resolutiva de la Sentencia C-448 de 2024 se precisó el cargo respecto del cual se adelantó el juicio de constitucionalidad, el cual resulta idéntico al formulado en el presente proceso.

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Requisitos para su configuración 

 

(…) la cosa juzgada constitucional se configura cuando se presentan los siguientes elementos: identidad de objeto, identidad de causa petendi e identidad del parámetro de control de constitucionalidad. Respecto de la identidad de objeto, la Corte debe verificar si la demanda “propon[e] estudiar el mismo contenido normativo de la misma proposición normativa, ya estudiada en una sentencia anterior”. En cuanto a la identidad de causa petendi —voz latina que significa “causa de pedir”—, se debe determinar si la demanda formula las mismas razones de inconstitucionalidad analizadas en una sentencia previa. Finalmente, la identidad del parámetro de control de constitucionalidad exige establecer “que no exista un cambio de contexto o nuevas razones significativas que de manera excepcional hagan procedente la revisión, lo que la jurisprudencia ha referido como un nuevo contexto de valoración”

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos/COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL-Distinción/COSA JUZGADA ABSOLUTA Y COSA JUZGADA RELATIVA-Distinción

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA EXPLICITA O IMPLICITA-Concepto

 

La cosa juzgada relativa explícita ocurre cuando en la parte resolutiva se exponen los cargos por los cuales se adelantó el juicio de constitucionalidad precedente y resultan idénticos. Por su parte, la cosa juzgada relativa implícita se configura cuando, aunque no se expresa en la parte resolutiva, el cargo puede extraerse de forma inequívoca y clara de la parte motiva de la decisión.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

SENTENCIA C-479 DE 2025

 

Referencia: expediente D-15.465.

 

Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2294 de 2023, “[p]or medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de Vida’”.

 

Demandante: Paola Andrea Holguín Moreno.

 

Jurisprudencia relevante: sentencia C-448 de 2024

 

Magistrado ponente:

Héctor Alfonso Carvajal Londoño

 

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en virtud de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha dictado la siguiente:

 

SENTENCIA

Síntesis de la decisión

 

La Sala Plena analizó una demanda de inconstitucionalidad promovida en contra de la Ley 2294 de 2023. La actora consideró que, en el trámite legislativo, se incurrió en un vicio que desconoció el principio de publicidad previsto en la Constitución. Indicó que el informe de conciliación del proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso después de su aprobación en la Plenaria del Senado, lo cual vulneró el derecho de los congresistas a conocer el texto conciliado.

 

La Corte determinó que se configuró la cosa juzgada constitucional, toda vez que existe identidad de objeto, causa y parámetro de control respecto de la Sentencia C-448 de 2024. Resaltó que, mediante el Auto 705 de 2024, la Corporación constató el vicio de procedimiento por la falta de publicación oportuna del informe de conciliación y ordenó su subsanación al Senado de la República.

 

En el trámite de ese mismo expediente^[1], la Sala Plena profirió la Sentencia C-448 de 2024, en la cual concluyó que el vicio de procedimiento se había subsanado y declaró exequibles los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372 de la Ley 2294 de 2023, por ser estos los contenidos en el informe de conciliación, respecto del cargo analizado. En consecuencia, la Sala decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-448 de 2024.

 

I. ANTECEDENTES

 

1.   El 8 de agosto de 2023, la ciudadana Paola Andrea Holguín Moreno presentó acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 2294 de 2023^[2]. Lo anterior, por el presunto desconocimiento del principio de publicidad, previsto en los artículos 157, 160 y 161 (inciso segundo) de la Constitución y 156 de la Ley 5ª de 1992.

 

2.   El 25 de agosto de 2023, previo sorteo realizado por la Sala Plena, la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho del magistrado Alejandro Linares Cantillo para que le impartiera el trámite correspondiente.

 

3.   Mediante Auto del 7 de septiembre de 2023, el magistrado Linares inadmitió la demanda y esta fue corregida por la actora.

 

4.   El 26 de septiembre siguiente, el despacho aludido admitió el libelo. Adicionalmente, ordenó “incorporar como pruebas en el proceso radicado D-15.465 las recaudadas en virtud de los resolutivos séptimo y octavo del auto admisorio en el expediente D-15.380^[3], destinadas a establecer el trámite legislativo que precedió a la Ley 2294 de 2023”^[4].

 

5.   Del mismo modo, comunicó al presidente de la República, al Departamento Nacional de Planeación, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) acerca del inicio del proceso. Igualmente, ordenó la fijación en lista de las normas acusadas e invitó a intervenir en el trámite a diferentes instituciones públicas y privadas^[5]. Por último, corrió traslado a la procuradora general de la Nación para que rindiera el concepto respectivo.

 

6.   El magistrado Linares Cantillo terminó su periodo constitucional el 4 de diciembre de 2023.

 

7.   El 11 de enero de 2024, el magistrado Vladimir Fernández Andrade –quien fue designado en reemplazo del magistrado Alejandro Linares Cantillo– se declaró impedido para conocer del asunto de la referencia. En sesión del 14 de febrero de 2024, la Sala Plena declaró fundado ese impedimento. Por consiguiente, en razón del sorteo realizado, el expediente fue remitido a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger dos días después.

 

8.   Adicionalmente, en el trámite del expediente D-15.357^[6], la Sala Plena profirió el Auto 705 del 10 de abril de 2024. En dicha providencia, la Corte concluyó que se configuró un vicio de procedimiento en la publicación del informe de conciliación del proyecto de ley que culminó en la Ley 2294 de 2023^[7]. Asimismo, precisó que tal irregularidad no afectó los 372 artículos que componen la Ley 2294 de 2023 sino que sólo recayó sobre los artículos que fueron objeto del informe de conciliación, es decir, los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372. En consecuencia, ordenó al presidente del Senado de la República que, en los términos del inciso 2 del artículo 161 de la Constitución, sometiera “a debate y votación de la Plenaria del Senado de la República el informe de conciliación sobre el proyecto de ley número 274 de 2023 Senado, 338 de 2023 Cámara, antecedente legislativo de la Ley 2294 de 2023, publicado en la Gaceta 427 de 2023”^[8].

 

9.   En el ordinal tercero del Auto 705 de 2024, la Corporación dispuso la suspensión de “los términos para la tramitación de los procesos que cursen ante la Corte Constitucional, por demandas instauradas contra los artículos objeto de conciliación sobre el proyecto de ley número 274 de 2023 Senado, 338 de 2023 Cámara, antecedente legislativo de la Ley 2294 de 2023, hasta el día hábil siguiente a la fecha en la que se profiera decisión sobre la constitucionalidad de la misma dentro del presente expediente”^[9].

 

10.             El 7 de mayo de 2024, la Secretaría General de la Corporación notificó por estado el Auto 705 de 2024^[10].

 

11.             Mediante Auto del 15 de abril de 2024, es decir, con anterioridad a la notificación del Auto 705 de 2024, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger estimó que las pruebas trasladadas eran suficientes para adelantar el juicio de constitucionalidad y, por consiguiente, ordenó continuar con el trámite del proceso^[11]. En virtud de lo anterior, la Secretaría General fijó en lista la norma acusada entre el 18 de abril y el 2 de mayo de 2024^[12] y, simultáneamente, dio traslado a la procuradora general de la Nación para que rindiera su concepto.

 

12.             El 3 de mayo de 2024 (esto es, al día siguiente en que venció el término de fijación en lista), mediante escritos separados, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitaron que: (i) se diera aplicación a lo dispuesto en el ordinal tercero de dicha providencia, correspondiente a la suspensión de los términos en el asunto de la referencia desde el 10 de abril de 2024 –fecha en que la Corporación aprobó el Auto 705 de 2024– o, en su defecto, a partir del 16 de abril –día en que la Corte publicó el comunicado de prensa de esa decisión–; y, como consecuencia de lo anterior, (ii) se dejaran sin efectos las actuaciones procesales surtidas con posterioridad a esas fechas. En concreto, la fijación en lista del expediente y las comunicaciones de que trata el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991^[13], efectuadas el 17 de abril de 2024 por la Secretaría General^[14].

 

13.             El 7 de mayo de 2024, la Secretaría General de la Corporación dejó constancia en el expediente de que, en atención a lo dispuesto en el ordinal tercero de la parte resolutiva del Auto 705 de 2024, se procedía “a la suspensión de términos del presente proceso a partir de esa fecha, vale decir, diez (10) de abril de dos mil veinticuatro”^[15]. Por lo tanto, las precitadas actuaciones quedaron comprendidas dentro del término suspendido ordenado en el Auto 705 del 10 de abril de 2024.

 

14.             El 23 de octubre de 2024, la Sala Plena dictó la Sentencia C-448^[16]. En ella, la Corte encontró subsanado el vicio de procedimiento alegado por el demandante y declaró la exequibilidad de los artículos contenidos en el informe de conciliación. De igual manera, en el ordinal primero de esta providencia la Sala Plena dispuso que se levantara, a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia, “la suspensión de términos ordenada en el numeral tercero de la parte resolutiva del Auto 705 de 2024”. La Sentencia de constitucionalidad en mención fue notificada mediante edicto fijado entre el 11 y el 13 de febrero de 2025.

 

15.             El 16 de enero de 2025, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifestó su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada^[17]. Mediante Auto 280 de 2025, la Sala Plena declaró fundado dicho impedimento^[18].

 

16.             Posteriormente, a través del Auto 501 de 2025, la Sala Plena consideró necesario “adoptar una medida para proteger el debido proceso de la demandante, las entidades a las que se refieren los numerales quinto y sexto del Auto dictado el 26 de septiembre de 2023 y las diferentes instituciones públicas y privadas invitadas a intervenir en el proceso”. Por consiguiente, ordenó nuevamente dar trámite a los ordinales tercero, quinto, sexto y séptimo del Auto del 26 de septiembre de 2023^[19], mediante el cual se admitió la demanda en el asunto de la referencia.

 

17.             El 24 de abril de 2025, el Viceprocurador General de la Nación Silvano Gómez Strauch manifestó su impedimento para rendir el concepto de rigor dentro del expediente D-15.465. Mediante Auto 707 de 2025, la Sala Plena declaró fundado el impedimento aludido^[20]. Por consiguiente, dispuso la remisión del expediente al procurador general de la Nación para que designara al funcionario encargado de rendir el concepto previsto en el artículo 242 superior^[21].

 

18.             El 15 de mayo de 2025 culminó el periodo constitucional de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger. En razón de ello, entre el 16 de mayo y el 2 de julio de 2025, la magistrada encargada Carolina Ramírez Pérez asumió la sustanciación del expediente. Posteriormente, el 3 de julio de 2025, el doctor Héctor Alfonso Carvajal Londoño –quien fue designado en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger– asumió el conocimiento del expediente.

 

19.             Con el fin de facilitar la comprensión del trámite procesal, a continuación la Sala presentará dos líneas de tiempo separadas: (i) la correspondiente al expediente D-15.357, que culminó con la Sentencia C-448 de 2024; y (ii) la relativa al expediente D-15.465, objeto de decisión en la presente providencia.

 

 

 

 

20.             Cumplidos los trámites constitucionales y legales pertinentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a pronunciarse respecto de la demanda de la referencia.

 

II. NORMA DEMANDADA

 

21.             La demandante ataca, en su integralidad y por vicios de forma en su expedición, la Ley 2294 de 2023, publicada en el Diario Oficial n.° 52.400 del 19 de mayo de 2023. Dada su extensión, el texto de la norma podrá consultarse en el siguiente enlace: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2294_2023.html

 

III. LA DEMANDA

 

22.             La demandante presentó un único cargo. Indicó que, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, el informe de conciliación debe publicarse en la Gaceta del Congreso por lo menos un día antes de su debate y votación. Añadió que, de conformidad con la misma norma, para agilizar el trámite del proyecto, el presidente de la cámara respectiva podrá autorizar la reproducción del informe por cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la comisión. Esto, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.

 

23.             Indicó que, en virtud de lo anterior, está demostrado que en el trámite para la aprobación de la Ley 2294 de 2023 se desconoció el principio de publicidad. Ello, por cuanto se omitió la publicación del informe de conciliación antes de su aprobación en la Plenaria del Senado de la República.

 

24.             Relató que, en la sesión plenaria del 4 de mayo de 2023, a las 23:49, el informe de conciliación del proyecto de ley fue anunciado para su discusión y votación el día siguiente. La votación de dicho informe se surtió entre la 01:18 y la 01:19 del 5 de mayo siguiente. Sin embargo, el informe en comento fue publicado en la Gaceta del Congreso N.° 427 del 5 de mayo de 2023 a la 1:58:44. Por lo anterior, la actora sostuvo que el informe fue publicado después de su aprobación. Adicionalmente, destacó que, con antelación a la votación, la Mesa Directiva del Senado no les entregó a los senadores una copia física del informe de conciliación, como lo autoriza el artículo 156 de la Ley Orgánica 5 de 1992.

 

25.             En consecuencia, aseveró que “los senadores no tuvieron acceso al texto conciliado ni siquiera al momento de la votación, afectando grave y sustancialmente la debida conformación de la voluntad democrática dado el derecho a ser informados y estudiar el contenido de lo acordado por los congresistas que integraron la comisión accidental y los derechos de las minorías, especialmente de la oposición (Ley 1909 de 2018)”^[22].

 

IV. INTERVENCIONES

 

26.             A continuación, la Sala Plena presentará la síntesis de las intervenciones institucionales y ciudadanas que se recibieron en el expediente de la referencia^[23].

 

 

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

27.             El Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales (ad hoc)^[28] solicitó a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en el Auto 705 del 2024 y en la Sentencia C-448 de 2024. Explicó que el cargo propuesto en el presente expediente coincide plenamente con el analizado en el proceso D-15.357, en el cual se examinó la presunta vulneración al principio de publicidad por la falta de publicación oportuna del informe de conciliación del proyecto de ley que dio origen a la Ley 2294 de 2023.

 

28.             Refirió que, en el trámite de la demanda de constitucionalidad mencionada, la Corte Constitucional encontró que efectivamente se configuró un vicio de procedimiento en la publicación del informe de conciliación del proyecto de ley en la Plenaria del Senado de la República. Sin embargo, mediante el Auto 705 de 2024 la Sala Plena determinó que el vicio de procedimiento era subsanable. Por lo tanto, dispuso que se sometiera a debate y votación de la Plenaria del Senado el informe de conciliación sobre el proyecto de ley número 274 de 2023 Senado y 338 de 2023 Cámara, antecedente legislativo de la Ley 2294 de 2023.

 

29.             El Ministerio Público destacó que el Senado de la República cumplió oportunamente con la orden impartida por la Corte Constitucional. En consecuencia, mediante la Sentencia C-448 de 2024, esta Corporación declaró subsanado el vicio de procedimiento por desconocimiento del principio de publicidad y declaró exequibles las normas que fueron objeto de conciliación^[29], por el cargo analizado. Esta decisión constituye un pronunciamiento de fondo sobre la acusación, que hace tránsito a cosa juzgada constitucional en los términos del artículo 243 superior. En efecto, la identidad de objeto, causa y pretensiones entre ambos procesos impide que la Corte efectúe un nuevo examen sobre el cargo por vulneración al principio de publicidad en el trámite de conciliación de la Ley 2294 de 2023.

 

30.             Por lo expuesto, solicitó que la Corte se esté a lo resuelto en la Sentencia C-448 de 2024.

 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

1.   Competencia

 

31.             De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4° y el parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política y por el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de la Ley 2294 de 2023 conforme a la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.

 

2.   Primera cuestión previa: oportunidad de la demanda

 

32.             El numeral 3 del artículo 242 de la Constitución dispone que “[l]as acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto”. En el presente caso, la ciudadana formuló un cargo por vicios de procedimiento en la formación de la Ley 2294 de 2023^[30]. La demanda de la referencia fue radicada el 8 de agosto de 2023, esto es, dentro del lapso de un año contado a partir de la fecha de publicación de la norma acusada en el Diario Oficial^[31]. Por lo tanto, la demanda fue promovida de manera oportuna.

 

3.   Segunda cuestión previa: configuración del fenómeno de la cosa juzgada

 

33.             Por las razones que pasan a explicarse, la Sala Plena deberá estarse a lo resuelto en la Sentencia C-448 de 2024. En dicha sentencia, la Corporación declaró la exequibilidad de los artículos ​​3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372 de la Ley 2294 de 2023, al constatar que el vicio de procedimiento consistente en la falta de publicación del informe de conciliación antes de su aprobación en la Plenaria del Senado fue debidamente subsanado por esa célula legislativa.

 

3.1.          El fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Reiteración de jurisprudencia^[32]

 

34.             El artículo 243 de la Constitución dispone que “[l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. En consecuencia, dichos fallos tienen “el carácter de inmutables, vinculantes y definitivos”^[33]. Por ello, el juez constitucional no podrá “volver a conocer y decidir sobre lo resuelto”^[34]. De ahí que la cosa juzgada constitucional persigue dos propósitos fundamentales: (i) otorga eficacia al principio de supremacía constitucional (artículo 4 de la CP) y (ii) garantiza el principio de seguridad jurídica^[35], “la estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales”^[36].

 

35.             En concordancia con la jurisprudencia, la cosa juzgada constitucional se configura cuando se presentan los siguientes elementos: identidad de objeto, identidad de causa petendi e identidad del parámetro de control de constitucionalidad. Respecto de la identidad de objeto, la Corte debe verificar si la demanda “propon[e] estudiar el mismo contenido normativo de la misma proposición normativa, ya estudiada en una sentencia anterior”^[37]. En cuanto a la identidad de causa petendi —voz latina que significa “causa de pedir”—, se debe determinar si la demanda formula las mismas razones de inconstitucionalidad analizadas en una sentencia previa. Finalmente, la identidad del parámetro de control de constitucionalidad exige establecer “que no exista un cambio de contexto o nuevas razones significativas que de manera excepcional hagan procedente la revisión, lo que la jurisprudencia ha referido como un nuevo contexto de valoración”^[38].

 

36.             En este orden, la Corte ha distinguido entre cosa juzgada formal y material, y cosa juzgada absoluta y relativa. La cosa juzgada formal “se produce cuando una demanda se dirige contra una disposición previamente demandada”^[39]. Por su parte, la cosa juzgada material “ocurre cuando se cuestiona la misma norma (contenido interpretado), aunque se encuentre en otra disposición”^[40]. Es decir, la primera tiene lugar “cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con el mismo texto normativo demandado en el caso sub judice”^[41]; y, la segunda, cuando “existen dos disposiciones distintas que tienen identidad de contenido normativo, una de las cuales fue sometida, de manera previa, al control de constitucionalidad a cargo de esta Corte”^[42]. En otros términos, la cosa juzgada formal recae sobre el texto legal o enunciado jurídico (disposición jurídica) y la cosa juzgada material, sobre los contenidos normativos propiamente dichos (norma jurídica)^[43].

 

37.             A su vez, la Corporación ha diferenciado entre la cosa juzgada material en sentido estricto y en sentido amplio. La cosa juzgada material en sentido estricto se configura cuando “existe una sentencia previa que declara la inexequibilidad del contenido normativo que se demanda por razones de fondo”^[44], caso en el cual le “corresponde a la Corte decretar la inconstitucionalidad de la nueva norma objeto de análisis”^[45]. En cambio, la cosa juzgada material en sentido amplio ocurre cuando “una sentencia previa declara la exequibilidad o la exequibilidad condicionada del contenido normativo que se demanda”^[46], evento en el cual el alcance de la cosa juzgada puede verse debilitado bajo supuestos excepcionales.

 

38.             Cuando se configura la cosa juzgada formal, la decisión deberá declarar el estarse a lo resuelto en la providencia anterior^[47]. Si se trata de una cosa juzgada material, la decisión será “estarse a lo resuelto en providencia anterior y declarar la exequibilidad simple o condicionada de la disposición acusada”^[48].

 

39.             De otro lado, la cosa juzgada absoluta se produce, en principio, en dos casos: cuando la Corte declara la inexequibilidad de una norma jurídica o luego de que se ha contrastado la norma con toda la Constitución^[49]. En estos eventos, la norma no podrá ser objeto de un nuevo control de constitucionalidad y, por consiguiente, “la demanda que se presente con posterioridad deberá rechazarse o, en caso de haberse surtido la admisión, será necesario [dictar] un fallo en el que se esté a lo resuelto en la decisión anterior”^[50]. Lo anterior, “con independencia del parámetro de constitucionalidad que desconoció la norma invalidada”^[51]. En estas circunstancias, no resulta necesario confrontar las razones que fundamentaron la decisión previa con la demanda, pues el texto legal ya no forma parte del ordenamiento jurídico. Como es natural, esto impide un nuevo juicio de constitucionalidad^[52].

 

40.             Por el contrario, la cosa juzgada relativa se presenta cuando en la sentencia previa, que declara la inexequibilidad parcial o exequibilidad de la norma, la Corte limita el alcance del control de constitucionalidad realizado, ya sea porque circunscribe de manera expresa los efectos de su decisión o porque el examen se concentra únicamente en algunos de los problemas de constitucionalidad planteados^[53]. En estos eventos, el control no se entiende agotado frente a toda la Constitución, lo que deja abierta la posibilidad de formular nuevos cargos de inconstitucionalidad distintos a aquellos que fueron efectivamente analizados en la providencia anterior^[54]. No obstante, si la decisión previa declaró la exequibilidad de la norma con base en el mismo cargo planteado en la demanda, “en principio, la Corte deberá estarse a lo resuelto en aquella providencia para garantizar la seguridad jurídica de sus decisiones”^[55].

 

41.             En desarrollo de esa categoría, la Corporación ha distinguido la cosa juzgada relativa explícita de la implícita. La cosa juzgada relativa explícita ocurre “cuando en la parte resolutiva se exponen los cargos por los cuales se adelantó el juicio de constitucionalidad precedente y resultan idénticos”^[56]. Por su parte, la cosa juzgada relativa implícita se configura cuando “aunque no se expresa en la parte resolutiva, el cargo puede extraerse de forma inequívoca y clara de la parte motiva de la decisión”^[57].

 

2.2. Configuración de la cosa juzgada constitucional en el presente caso

42.             En el presente asunto se configura cosa juzgada constitucional formal y relativa explícita respecto del cargo principal formulado contra la Ley 2294 de 2023. En efecto, esta Corporación ya se pronunció de manera previa sobre un reproche sustancialmente idéntico en la Sentencia C-448 de 2024, proferida dentro del expediente D-15.357.

43.             En dicha oportunidad, la Corte examinó un cargo por vicios de procedimiento en la expedición de la Ley 2294 de 2023, fundado en el presunto desconocimiento del principio de publicidad consagrado en los artículos 157.1 y 161 de la Constitución Política. En particular, se alegó que el Senado de la República no publicó oportunamente en la Gaceta del Congreso el informe de conciliación del proyecto de ley número 274 de 2023 Senado y 338 de 2023 Cámara, con anterioridad a su debate y aprobación en la plenaria.

44.             Durante el trámite de ese proceso, mediante el Auto 705 del 10 de abril de 2024, la Sala Plena precisó que la irregularidad identificada no comprometía la validez de la totalidad de las disposiciones que integran la Ley 2294 de 2023, sino únicamente de aquellas que fueron objeto del informe de conciliación, es decir, los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372 de la Ley 2294 de 2023. Asimismo, concluyó que el vicio procedimental advertido, si bien no había sido convalidado y revestía relevancia constitucional, era susceptible de subsanación en los términos previstos en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución. En consecuencia, ordenó al Presidente del Senado de la República someter nuevamente a debate y votación de la plenaria el referido informe de conciliación, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 161 superior.

45.             Una vez surtido el trámite de subsanación ordenado, la Corte, en la Sentencia C-448 de 2024, se pronunció de manera definitiva sobre el cargo admitido y concluyó que el vicio de procedimiento por desconocimiento del principio de publicidad había sido efectivamente subsanado. Por tal razón, declaró la exequibilidad de las disposiciones de la Ley 2294 de 2023 que habían sido objeto del informe de conciliación del proyecto de ley número 274 de 2023 Senado y 338 de 2023 Cámara.

46.             Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena concluye que debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-448 de 2024, en virtud de la configuración de la cosa juzgada constitucional^[58]. Como ya se advirtió, en esa providencia, la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372 de la Ley 2294 de 2023, al constatar que el vicio de procedimiento consistente en la falta de publicación del informe de conciliación antes de su aprobación en la Plenaria del Senado fue subsanado en esa célula legislativa. En esa ocasión, la Corte constató que, como en el presente caso, si bien la demanda se dirigió contra la totalidad de la norma citada, el informe de conciliación solo versó respecto de algunos de sus artículos, por lo que el vicio por violación del principio de publicidad sólo podía afectar a dichos artículos y no a la totalidad de la ley^[59].

 

47.             Esta conclusión se ve reforzada si se examinan los elementos que configuran la cosa juzgada constitucional porque, respecto de la Sentencia C-448 de 2024, existe identidad de objeto, identidad de causa petendi e identidad del parámetro de control de constitucionalidad. Aunque la demanda de la referencia se dirige en contra del contenido completo de la Ley 2294 de 2023, tal como se demandó en el expediente D-15.357, el objeto de la acusación sólo recae sobre las disposiciones contenidas en el informe de conciliación que fueron previamente cuestionadas, esto es, exclusivamente los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372^[60]. Además, aquella se sustenta en las razones de inconstitucionalidad ya analizadas en el expediente D-15.357, que culminó con la Sentencia C-448 de 2024. Tanto en aquella oportunidad como en la demanda D-15.465 se alegó la violación del principio de publicidad porque se omitió la publicación del informe de conciliación antes de su aprobación en la plenaria del Senado de la República. Finalmente, también se presenta identidad del parámetro de control de constitucionalidad en tanto los artículos 157 y 161 de la Constitución no han sido modificados y, por ende, no ha variado el patrón que sirvió de sustento para la decisión precedente. Si bien en la demanda de la referencia se hizo alusión adicional al artículo 160 de la Constitución, esta circunstancia no afecta la identidad del parámetro de control exigida para la configuración de la cosa juzgada, en la medida en que dicha disposición también desarrolla el principio de publicidad en el trámite legislativo.

 

48.              A continuación, la Sala presentará un cuadro comparativo con el fin de exponer las razones por las que se configura la cosa juzgada constitucional.

 

 

 

49.             En suma, en el presente asunto operó la cosa juzgada formal y relativa explícita. La cosa juzgada es formal porque existe una decisión previa del juez constitucional en relación con el mismo texto normativo demandado en el caso sub judice. De otro lado, la cosa juzgada es relativa, en la medida en que, en la Sentencia C-448 de 2024, se analizó únicamente el cargo de inconstitucionalidad propuesto y, con sustento en él, se declaró la exequibilidad de los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372 de la Ley 2294 de 2023. Por último, la cosa juzgada es explícita, dado que en la parte resolutiva de la Sentencia C-448 de 2024 se precisó el cargo respecto del cual se adelantó el juicio de constitucionalidad, el cual resulta idéntico al formulado en el presente proceso.

 

VII. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

Único. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-448 de 2024 que declaró la exequibilidad de los artículos 3, 8, 13, 16, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 51, 55, 69, 83, 96, 100, 101, 121, 172, 173, 174, 180, 194, 200, 207, 210, 215, 224, 233, 275, 289, 293, 297, 312, 327, 337, 339, 342, 356, 371 y 372 de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’”, en lo que respecta al cargo por la vulneración del principio de publicidad en el debate y la votación del informe de conciliación en la plenaria del Senado, en los términos de esta providencia.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Con impedimento aceptado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General